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01Ene/14

Ley 25.750 de 18 de junio de 2003, de Preservación de los bienes y patrimonios culturales

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1º .- En orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural; y sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales destinadas a tutelar los intereses estratégicos de la Nación, la política del Estado nacional preservará especialmente:

a) El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural;

b) Las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país;

c) Actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional;

d) El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación.

Artículo 2º .- Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que la propiedad de los medios de comunicación, que se definen en el artículo 3º de la misma, deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.

Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permiten.

No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma:

a) Los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas extranjeras;

b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la licencia celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y que aún no hayan sido aprobados por los organismos competentes.

Las empresas culturales no podrán ceder el control sobre los contenidos de su producción.

Artículo 3º .– A los efectos de la presente ley, son considerados medios de comunicación los siguientes:

a) Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general;

b) Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión comprendidos en la Ley nº 22.285;

c) Productoras de contenidos audiovisuales y

d) Personas jurídicas constituidas en el país o en el exterior, controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad argentina y domiciliadas en el país.

A los efectos de esta ley se entenderá por empresa extranjera:

a) Personas físicas de nacionalidad extranjera o;

b) Personas jurídicas constituidas en el país o en el exterior controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad extranjera.

Artículo 5º .- Establécese que el procedimiento y las disposiciones reguladas por el artículo 48 de la Ley nº 24.522 en la redacción establecida por el artículo 13 de la Ley nº 25.589, no regirán para los medios de comunicación enumerados en el artículo 3º de la presente ley en tanto éstos sean de propiedad nacional, tanto como se define en el artículo 2º de la presente. En caso de no alcanzarse acuerdo en los procedimientos concursales, a solicitud de la concursada la propuesta de participación directa o indirecta de empresas extranjeras en la propiedad de los medios de comunicación de empresas nacionales, deberá ser previamente autorizada por el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 6º .- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

REGISTRADA BAJO EL nº 25.750

EDUARDO O. CAMAÑO

DANIEL O. SCIOLI

Eduardo D. Rollano

Juan Estrada

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 22 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi et à la gestion thérapeutique des patients en hématologie.

Arrêté du 22 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi et à la gestion thérapeutique des patients en hématologie.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 avril 2006 portant le numéro 1150667,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'hôpital d'instruction des armées Percy, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé «gestion thérapeutique», mis en oeuvre par le service d'hématologie et dont la finalité est le suivi et la gestion thérapeutique des patients.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;

– à la santé (antécédents médicaux, personnels et familiaux, facteurs de risques, historique de la pathologie et de son traitement, biométrie, traitements, consultations, hospitalisations, thérapeutiques reçues).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées vingt ans.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les médecins du service ;

– les attachés de recherche clinique ;

– les secrétaires du service.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du service de santé des armées (bureau des systèmes d'information et de communication), BP 125, 00459 Armées.

Article 6. Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Percy est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées, B. Lafont

01Ene/14

Ley 28.303 de 23 de julio de 2004, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TÍTULO I.- OBJETO, DECLARATORIA DE INTERÉS NACIONAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS

Artículo 1º.- Objeto y definición

La presente Ley tiene por objeto normar el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel) en el país.

Define las atribuciones, alcances y medios de acción del Estado en este ámbito.

Artículo 2º.- Declaratoria de interés nacional

El desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel), son de necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación

La presente Ley es de aplicación a las entidades del sector público y privado y personas que realizan actividades en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en el país.

Artículo 4º.- Principios fundamentales

Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica se rigen por:

a) El respeto a la ética para asegurar el rigor científico y la calidad

b) La contribución efectiva al bien común

c) La libertad de investigación

d) El reconocimiento del saber colectivo y del aporte nacional al conocimiento universal.

e) El respeto al derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos

f) El reconocimiento del valor social del desarrollo científico y tecnológico y sus repercusiones en la cultura nacional y en la posición del país en el contexto mundial.

g) El planeamiento de la CTel en armonía con las exigencias económicas, sociales, culturales y ambientales del presente y con la visión colectiva del desarrollo futuro.

h) La Innovación y la creatividad que promuevan el bienestar colectivo, la producción y la aplicación de nuevos conocimientos

i) El establecimiento de los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico y tecnológico.

j) La vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores públicos, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y tecnología, así como para la formación de profesionales de la ciencia y tecnología.

TITULO II.- ROL DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 5º.- Rol del Estado y los objetivos nacionales

Corresponde al Estado normar, orientar, coordinar, planificar, fomentar, supervisar y evaluar el desarrollo de la CTel, para el cumplimiento de los siguientes objetivos nacionales:

a) La generación, conservación, transferencia y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos, en el ámbito nacional y de las diversas regiones para el óptimo aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la nación, el impulso a la productividad y la integración beneficiosa del Perú en la sociedad global del conocimiento y en la economía mundial.

b) La descentralización y adaptación de las actividades de CTel a nivel regional y local

c) La seguridad humana, el desarrollo económico y social descentralizado, la superación de las desigualdades y el estímulo a la productividad

d) La prevención de desastres naturales, mediante instrumentos científico-tecnológicos, para el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales

e) El fomento y promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en los sectores de la producción con el fin de incentivar la creatividad, la competitividad y la producción de nuevos bienes y servicios, con miras al mercado nacional y mundial

f) La protección del conocimiento tradicional y el rescato, utilización y difusión de las tecnologías tradicionales

g) La protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos

h) El desarrollo de la cultura, la integración y la unidad de la Nación, valorando la diversidad etnocultural y ecológica del país y la difusión, democratización, descentralización y uso social del conocimiento científico

i) La defensa de la soberanía nacional, la seguridad del territorio y la atención preferente al desarrollo de las zonas fronterizas del país

j) La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de recursos humanos altamente calificados en ciencia, tecnología e innovación tecnológica en las diferentes regiones del país

k) Facilitar la retención y repatriación de profesionales investigadores nacionales y la promoción de la demanda en CTel para su adecuada inserción

l) La promoción, divulgación e intercambio de CTel en los diferentes niveles del sistema educativo a través de museos, ferias, premios nacionales y otros mecanismos que propicien la valoración social del conocimiento, la identificación y promoción de talentos y la adopción de hábitos permanentes de investigación e innovación.

m) El desarrollo de proyectos de CTel que permitan la incorporación productiva y la integración económica y social de las personas con discapacidad

n) Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población

o) Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica asociada a la actuación y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia y la tecnología en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad.

Artículo 6º.- Responsabilidades de las entidades del Estado

Es responsabilidad de las entidades del Estado concurrir a las convocatorias del CONID y coordinar con el ente rector del sistema nacional del CTel, la articulación de sus planes estratégicos sectoriales y planes operativos institucionales con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de logar la interconexión progresiva de sus sistemas de información en una red nacional de información científica e interconexión telemática.

TÍTULO III

CAPÍTULO I.- SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Artículo 7°.- Definición y conformación

Él Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) es el conjunto de instituciones y personas naturales del país, dedicadas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología y a su promoción.

Está conformado de manera enunciativa y no limitativa por:

a) El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), como  organismo rector del SINACYT.

b) El Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (FONDECYT), para el fomento de los planes, programas y proyectos del SINACYT.

c) El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la CTel, (CONID), como órgano consultivo multidisciplinario e intersectorial del SINACYT.

d) Las instancias de los Gobiernos Regionales y Locales dedicadas a las actividades de CTel  en sus respectivas jurisdicciones.

e) Las universidades públicas y privadas, sector empresarial, programas nacionales y especiales de CTel, instituciones e integrantes de la comunidad científica.

f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, para la protección y difusión de los derechos intelectuales en CTel, y el registro y difusión de las normas técnicas y metrológicas.

g) Las comunidades campesinas y nativas, como espacios activos de preservación y difusión del conocimiento tradicional, cultural y folclórico del país.

Artículo 8º.- Suministro de información

Los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica suministran anualmente al CONCYTEC, la información necesaria para la elaboración de los indicadores y estándares que permitan evaluar el estado de CTel a nivel nacional y regional, así como para la formulación del Plan Nacional de CTel, su evaluación y actualización.

CAPÍTULO II.- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC)

Artículo 9º.- Organismo rector del sistema

El CONCYTEC es el organismo rector del Sistema, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Su presidente dirige el SINACYT y es el responsable de la política nacional de CTel.

Artículo 10º.- Régimen legal

El CONCYTEC es un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.

Artículo 11º.- Funciones

Son funciones del CONCYTEC:

a)      Normar, dirigir, orientar, coordinar y articular el SINACYT, así como el proceso de planeamiento, programación, seguimiento y evaluación de las actividades de CTel.

b)      Formular la política y planes nacionales de desarrollo científico y tecnológico, articulando las propuestas sectoriales, regionales e institucionales de CTel, con los planes de desarrollo socioeconómico, ambientales y culturales del país.

c)      Promover la descentralización y adaptación de las actividades de CTel en el ámbito regional y local.

d)      Coordinar con los sectores y entidades del Estado y sector privado, sus planes estratégicos sectoriales y planes operativos institucionales, a fin de articularlos con el Plan Nacional de CTel y de lograr la interconexión progresiva de sus sistemas de información en una red nacional de información científica e interconexión telemática.

e)      Promover y desarrollar mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos en coordinación con los organismos competentes.

f)        Promover y desarrollar mecanismos de protección del conocimiento tradicional y fomentar el rescate, utilización y difusión de las tecnologías tradicionales en coordinación con los organismos competentes.

g)      Brindar asesoría a las instancias del Gobierno y a los poderes del Estado en materia de CTel.

h)      Promover la articulación de la investigación científica y tecnológica, y la producción del conocimiento con los diversos agentes económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la productividad y competitividad del país.

i)        Implementar mecanismos de coordinación, intercambio y concertación entre las instituciones integrantes del SINACYT, así como con el empresariado, universidades, embajadas y otras entidades del país y del exterior.

j)        Aprobar los programas nacionales y compatibilizar los programas regionales y especiales de CTel.

k)      Desarrollar y ejecutar programas especiales de CTel orientados a la formación, perfeccionamiento, retención y colaboración de científicos y tecnólogos, así como para el apoyo a la investigación universitaria y para la promoción de proyectos de innovación, transferencia, difusión, intercambio y divulgación de la CTel.

l)        Coordinar con las entidades competentes la recopilación, sistematización y control de calidad de la información e indicadores de CTel, los procedimientos de normalización, calificación y registro de entidades de CTel, concursos de méritos, premios, licitaciones, contratos y convenios de CTel.

m)    Diseñar y proponer a las instancias correspondientes las normas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, así como la reglamentación y directivas para la implementación de esquema promocional y el régimen de incentivos.

n)      Elaborar los informes periódicos sobre el estado de situación general de la CTel y sobre el avance, de la ejecución presupuestal respectiva; así como los informes de evaluación sobre el desempeño de las entidades integrantes del Sistema.

o)      Proponer la asignación de recursos disponibles y el régimen de incentivos en CTel, de acuerdo a ley.

p)      Diseñar las políticas sobre transferencia de tecnología; así como los mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales en materia de CTel.

q)      Calificar a las instituciones e investigadores que conforman el SINACYT de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la presente Ley.

r)       Emitir opinión sobre proyectos normativos o institucionales vinculados con la CTel.

s)       Promover el estudio del conocimiento y las tecnologías tradicionales.

t)        Promover el establecimiento y desarrollo de una red nacional de información científica e interconexión telemática, para un manejo ágil, oportuno y eficiente de la estadística científico-tecnológica que permita la obtención de la información necesaria para el planeamiento, operación y promoción de CTel.

u)      Otras establecidas por ley.

Artículo 12º.- Consejo Directivo

El Consejo Directivo está integrado por trece (13) miembros designados por decreto supremo por un período de cinco (5) años. Está constituido en la forma siguiente:

–        El Presidente del CONCYTEC, que lo preside.

–        Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

–        El Presidente del Directorio del FONDECYT.

–        Un representante elegido entre los directores o autoridades de mayor jerarquía de las entidades estatales que forman parte del SINACYT.

–        Un representante de los Gobiernos Regionales.

–        Un representante del INDECOPI.

–        Cuatro representantes del sector empresarial, de los cuales, al menos uno representará a las PYMES.

–        Dos representantes de las universidades integrantes del SINACYT, uno de las universidades públicas y uno de las universidades privadas.

–        Un representante de las Academias Nacionales de CTel.

Artículo 13º.- Presidencia

El Presidente del CONCYTEC es designado por decreto supremo entre una terna propuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros, para un período de cinco (5) años.

Para ser designado Presidente se requiere:

1)      Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2)      Tener un mínimo de veinte (20) años de reconocida trayectoria científica y/o tecnológica validada con publicaciones especializadas.

3)      Tener el más alto grado académico otorgado en el país, en su especialidad.

4)      Tener experiencia en gestión en ciencia y tecnología.

Artículo 14º.- Recursos

Son recursos del CONCYTEC:

a)      Los montos que le asigne el Presupuesto de la República.

b)      Los recursos provenientes de la cooperación internacional.

c)      Las donaciones y legados de personas naturales y jurídicas.

d)      Los recursos directamente recaudados.

e)      Otros que se establezcan.

Artículo 15º.- Cooperación internacional

El CONCYTEC en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional formulará un Programa de Cooperación Técnica y Financiera Internacional para CTel, el mismo que será parte de los programas de inversión pública y de financiamiento externo.

CAPÍTULO III.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FONDECYT)

Artículo 16º.- Creación

Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) adscrito al CONCYTEC, con personería jurídica de derecho público interno, con patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera. Está encargado de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos, de fuente nacional y extranjera, destinados a las actividades del SINACYT en el país.

El FONDECYT desarrolla sus actividades dentro del marco de las prioridades, criterios y lineamientos de política establecidos en el Plan Nacional de CTel y los que apruebe el CONCYTEC. Los recursos del FONDECYT son intangibles.

Artículo 17º.- Directorio

El FONDECYT es administrado por un Directorio de siete (7) miembros designados por decreto supremo, cuyas funciones son ejercidas ad honórem. Está integrado por:

a)      Un miembro del Consejo Directivo Nacional del CONCYTEC, quien lo preside.

b)      Un representante de COFIDE.

c)      Un representante de la Asociación de Bancos del Perú.

d)      Un representante de las universidades integrantes del SINACYT.

e)      Un representante de los institutos de investigación integrantes del SINACYT.

f)        Un representante de las empresas privadas integrantes del SINACYT.

g)      Un representante de los Gobiernos Regionales.

Artículo 18º.- Funciones

Para el cumplimiento de sus fines, el FONDECYT tiene las siguientes funciones:

a)      Calificar la viabilidad económico-financiera de los proyectos de CTel.

b)      Intervenir en el financiamiento de los programas y proyectos regionales de CTel.

c)      Suscribir convenios sobre estudios y proyectos de investigación e innovación tecnológica con regiones y universidades.

d)      Disponer fondos para el financiamiento de proyectos de ciencias básicas.

e)      Administrar los programas de financiamiento de CTeI.

f)        Coordinar con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para la obtención de fuentes de financiamiento de la cooperación técnica internacional.

g)      Suscribir los contratos de financiamiento de los proyectos seleccionados, los Contratos de Incentivos en CTel y cualquier otro instrumento legal necesario para el cumplimiento de sus fines.

h)      Otorgar donaciones, subsidios y financiar becas.

i)        Conceder financiamientos directos e indirectos (fianzas, garantías y avales).

j)        Contratar la realización de estudios, proyectos e investigaciones.

k)      Contraer obligaciones de créditos directos e indirectos.

l)        Emitir y colocar toda clase de obligaciones.

m)    Administrar fondos cuyo destino sea compatible con los fines del CONCYTEC.

n)      Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

o)      Ejecutar las actividades, actos y contratos que sean requeridos para el cumplimiento de sus fines.

p)      Otras establecidas por ley.

Asimismo, el FONDECYT podrá encargar la administración de sus fondos a COFIDE o a otra institución financiera con participación mayoritaria del Estado.

Artículo 19º.- Recursos

Están constituidos por:

a)      Los Fondos que le transfiera el CONCYTEC, con cargo a su Presupuesto, de acuerdo a sus prioridades.

b)      Las donaciones, legados, fondos de cooperación internacional y otras contribuciones y recursos financieros, de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a ley.

c)      Los fondos que se obtengan por endeudamiento externo e interno.

d)      Las transferencias y los fondos en administración, de las entidades públicas y privadas.

e)      Los ingresos propios recaudados por la venta de publicaciones y regalías provenientes de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos.

CAPÍTULO IV.- CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 20º.- Definición

El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es un órgano de consulta del SINACYT, conformado por las máximas autoridades de las instituciones estatales dedicadas a la investigación, innovación tecnológica y promoción de la CTel, convocados para fines específicos y con participación ad honórem. Tiene como finalidad promover la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones integrantes del SINACYT.

Los recursos requeridos para el funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, serán atendidos con cargo al Presupuesto Institucional del CONCYTEC.

Artículo 21º.- Secretaría Técnica

Encárgase al CONCYTEC la Secretaría Técnica del CONID, la misma que tendrá la responsabilidad de convocar, asistir, difundir y coordinar la ejecución de sus acuerdos, recomendaciones y propuestas.

CAPÍTULO V.- DE LAS INSTANCIAS REGIONALES, UNIVERSIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS ORIGINARIOS

Artículo 22º.- Representación

Los Gobiernos Regionales están representados en el Consejo Directivo del CONCYTEC y en el Directorio del FONDECYT. Las instancias de los Gobiernos Regionales que ejecutan actividades de CTel podrán convocar a las universidades, organizaciones y empresas de su jurisdicción para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 23º.- De la utilización de los conocimientos originarios

El Estado, a través de las universidades y en coordinación con las comunidades campesinas y nativas, promueve la investigación y utilización de los conocimientos originarios para la innovación tecnológica y científica, preservando y respetando los conocimientos tradicionales y folclóricos de dichas comunidades.

CAPÍTULO VI.- RED NACIONAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA E INTERCONEXIÓN TELEMÁTICA

Artículo 24º.- Red nacional de información

El CONCYTEC promueve el establecimiento y desarrollo de la red nacional de información científica e interconexión telemática, para un manejo ágil, oportuno y eficiente de la estadística científico-tecnológica y para la obtención de la información necesaria para el planeamiento, la investigación y la promoción de CTel.

La red promoverá la difusión sistemática de los conocimientos académicos, técnicos e industriales disponibles, así como, la interacción entre los distintos integrantes del SINACYT, facilitando su acceso a fuentes de información nacionales y extranjeras. Su operación está a cargo de la correspondiente unidad especializada del CONCYTEC.

TÍTULO IV.- POLÍTICA Y PLANES DE CTel

Artículo 25º.- Lineamientos

La política y el Plan Nacional de CTel fijan los alcances de la acción del Estado en este ámbito y se establecen en concordancia con las políticas de Estado y las suscritas en los espacios de concertación u otros que se convoquen para garantizar la consolidación democrática y la gobernabilidad.

Artículo 26º.- Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

El Plan Nacional de CTel es el instrumento de propuesta y ejecución de la política nacional de CTel, forma parte de las políticas de Estado y responde a una visión geoestratégica del corto, mediano y largo plazo. Tiene como base para su elaboración el establecimiento de líneas estratégicas, la fijación de prioridades y el diseño y la articulación e implementación de programas nacionales, regionales y especiales propuestos por los sectores y entidades que conforman el SINACYT.

El Plan Nacional establece directivas y políticas vinculantes para el sector público y orientadoras para el sector privado. Su elaboración está a cargo del CONCYTEC y su aprobación se formaliza mediante decreto supremo.

TÍTULO V.- FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS PARA CTel

Artículo 27º.- Financiamiento de CTel

Comprende los recursos financieros destinados a fomentar y hacer posible la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y equidad para su distribución y utilización.

Artículo 28º.- Asignaciones regionales

Los Gobiernos Regionales podrán considerar en sus respectivos presupuestos anuales una asignación para el financiamiento de proyectos de investigación científica y de innovación tecnológica en su jurisdicción, de acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 29º.- Régimen de incentivos

El Régimen de Incentivos de CTel articula los mecanismos promocionales, a fin de racionalizarlos y adecuarlos a las prioridades y disponibilidades del país, potenciando su impacto y resultados, en particular, en la interacción comunidad científica-empresa.

Artículo 30º.- Contrato de Incentivos

El Contrato de Incentivos para la Promoción y el Desarrollo de la CTel, es el instrumento a través del cual se formaliza el otorgamiento de incentivos y beneficios que la ley establece para las empresas, instituciones, organizaciones e investigadores que ejecuten actividades o proyectos de CTel o de su transferencia y difusión, provenientes de fuente nacional o extranjera.

El contrato será suscrito por el FONDECYT.

Artículo 31º.- Incentivos para la creación de parques tecnológicos

El Estado a nivel nacional, a través del CONCYTEC, en colaboración con los Gobiernos Regionales, las universidades, las empresas privadas, fomenta la creación de Parques Tecnológicos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Con tal fin se elaborará el respectivo anteproyecto, el que será pre publicado dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a la promulgación de la presente Ley.

SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días naturales siguientes e improrrogables a la aprobación de la presente Ley, remite al Congreso de la República las iniciativas legislativas sobre:

1)      Ley de adecuación del CONCYTEC, y

2)      Ley de incentivos, promoción de la inversión, exoneraciones y régimen tributario especial para las actividades de CTel.

TERCERA.- En tanto se dé la ley a que se refiere la Segunda Disposición Transitoria, seguirá vigente el actual CONCYTEC, tal como está normado en el Decreto Legislativo nº 112. En lo que corresponda, adecuará su funcionamiento a lo establecido en la presente Ley.

CUARTA.- Las diversas entidades públicas vinculadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, adecuarán su funcionamiento a lo dispuesto en la presente Ley.

Los gastos que demande esta adecuación, se atenderán únicamente con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

QUINTA.– El incremento del presupuesto destinado a la investigación científica y al desarrollo experimental, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley, se realizará gradual y progresivamente.

SEXTA.– El CONCYTEC, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días naturales, elaborará el primer Proyecto Piloto de Parques Tecnológicos.

SÉTIMA.– El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica que se crea en el Capítulo III, del Título III de esta Ley, entrará en vigencia a partir del ejercicio presupuestal del año 2005.

OCTAVA.– Forman parte de la presente Ley, los siguientes anexos:

Anexo 1 – Glosario de Términos.

Anexo 2 – Entidades Integrantes del Sistema.

NOVENA.– Deróganse o modifícanse, según sea el caso, las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA, Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

ANEXOS DE LA LEY MARCO DE CIENCÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO Nº 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

1.- Actividades de Ciencia y Tecnología (ACT): Son aquellas actividades sistemáticas, estrechamente relacionadas con la generación, producción, difusión y aplicación del conocimiento científico y técnico en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Incluyen actividades tales como:

– Investigación y Desarrollo Experimental (I+D)

– Enseñanza y la formación científico-técnica

– Servicios científicos y técnicos

2.- Ciencia: Término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como «ciencia pura», para distinguirla de la «ciencia aplicada» -la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico- y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

3.- Enseñanza y formación Científico-Técnica (EFCT): Corresponde a las actividades de nivel superior especializado no universitario, de enseñanza y formación superiores tendentes a la obtención de un título universitario, de formación y de perfeccionamiento post-universitario, y de formación permanente organizada de científicos e ingenieros.

4.- Investigación Científica y Desarrollo Experimental (I+D): Comprende el trabajo creativo llevado a cabo en una forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la naturaleza, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones.

Puede incluir el desarrollo de prototipos y plantas piloto. Comprende la investigación básica y aplicada y el desarrollo experimental.

5.- Innovación Tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades; implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio nuevo y los cambios tecnológicos significativos de los mismos. Implica también cambios en las formas de organización y administración: métodos de organización, reingeniería de procesos, planeamiento estratégico, control de calidad, etc.

6.- Servicios Científicos y Tecnológicos (SCT): Son las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo experimental que contribuyen a la producción, difusión y aplicación de conocimientos científicos y técnicos. La UNESCO los divide en nueve tipos de servicios:

-Bibliotecas, centros de información, etc.

– Museos

– Traducción y publicación de documentación de CyT

– Trazados e informes (geológicos, hidrológicos, etc)

– Análisis prospectivos

– Obtención de datos socioeconómicos

– Normalización, control de calidad, etc.

– Asesoramiento en temas agrícolas e industriales  

– Actividades de patentes y licencias

7.- Tecnología: Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales para alcanzar un objetivo específico, generalmente el de producir y distribuir un bien o servicio.

ANEXO Nº 2.- ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Centros e institutos de Investigación de Universidades públicas y privadas que califiquen

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. CONIDA

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos. CONACS

Instituto Antártico Peruano. IAP

Instituto Geográfico Nacional. IGN

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. IIAP

Instituto del Mar del Perú. IMARPE

Instituto Geofísico del Perú. IGP

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. INGEMMET

Instituto Nacional de Becas y Créditos Educativo. INABEC

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI

Instituto Nacional de Investigación Agraria. INIA

Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. INICTEL

Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA

Instituto Nacional de Salud. INS

Instituto Peruano de Energía Nuclear. IPEN

Instituto Tecnológico Pesquero. ITP

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. SENAMHI

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. SENASA.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 2 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des pathologies apparues en mission en Guyane.

Arrêté du 2 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des pathologies apparues en mission en Guyane.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 mars 2006 portant le numéro 1149659,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service de santé des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «2SE-FAG-(SPE) en Guyane» mis en oeuvre par le département d'épidémiologie et de santé publique de l'institut de médecine tropicale et dont les finalités sont le suivi pathologique et géographique des militaires en mission en Guyane.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse) ;

– à la vie professionnelle (numéro matricule, grade, unité -d'affectation, élémentaire d'affectation, date d'arrivée, effectif-) ;

– aux missions (identifiant, dates de départ et de retour, nom, unités participant à la mission, effectif, relevé géographique [identifiant de la mission, jour du relevé, latitude, longitude, date d'acquisition GPS, localisation sur carte]) ;

– à la santé (consultation, examens, résultats biologiques, bilan).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées cinq ans à compter du départ de l'intéressé de Guyane.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les médecins d'unité en Guyane ;

– les personnels paramédicaux d'unités en Guyane ;

– les médecins biologistes de l'Institut Pasteur de Cayenne ;

– les médecins du département d'épidémiologie et de santé publique de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du département d'épidémiologie et de santé publique de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées, allée du Médecin-Colonel-Jamot, parc du Pharo, BP 46, 13998 Marseille Armées.

Toutefois, lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


Article 6.
Le directeur de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

B. Lafont

01Ene/14

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia efectiva son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las políticas regulatorias de las actividades económicas.

En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración.

La existencia de organismos independientes se justifica por la complejidad que, en determinados sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos de mercado, tienen las tareas de regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.

El origen de los organismos reguladores independientes se remonta a 1887, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector ferroviario a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así comenzó un proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade Comission en 1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia americana de las llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado en la forma típica de las actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la administración por agencias y ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico y estructura administrativa que no se han planteado en los Derechos europeos.

En este lado del Atlántico, los países europeos corrigieron los fallos de funcionamiento de los mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad. Por otro lado, las corrientes europeas de los años setenta del siglo pasado cristalizaron en fórmulas organizativas independientes a la búsqueda de una neutralidad y criterios de especialización técnica en sectores con presencia de intereses sociales muy relevantes, como el bursátil, el de la protección de datos informáticos o el audiovisual.

Confluyendo con las anteriores tendencias, no sería hasta los años ochenta y noventa cuando un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España, impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red, tales como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso proceso liberalizador en el marco del mercado único, que trajo consigo reformas tendentes a asegurar la competencia efectiva en los mercados, la prestación de los servicios universales y la eliminación de las barreras de entrada y las restricciones sobre los precios.

En este contexto surgió un amplio debate sobre el grado en que los nuevos mercados que se abrían a la competencia debían estar sometidos a las normas y autoridades de defensa de la competencia nacionales o si, por el contrario, debían ser los nuevos organismos sectoriales independientes los que llevaran a cabo la supervisión.

En el caso de España, se optó por una separación de funciones. Las autoridades sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las empresas entre los sectores regulados y sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar el libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron a los nuevos organismos potestades de inspección y sanción, así como distintas funciones de proposición normativa económica y técnica y la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.

Por su parte, la Autoridad de Defensa de la Competencia ha venido ejerciendo lo que se denomina un control ex post de la libre competencia, investigando y sancionando las conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia, y un control ex ante, examinando las operaciones de concentración empresarial.

Transcurrido cierto tiempo desde la implantación de este sistema, que ha reportado indudables ventajas para el proceso de liberalización y transición a la competencia de los sectores regulados, es necesario revisarlo.

Desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos. Hasta entonces eran cinco: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, previó la constitución de un sexto, el organismo regulador del sector del transporte. Más tarde, se aprobó la creación de la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. A ellos hay que unir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regulado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

A la hora de plantear la revisión del sistema, el primer elemento que ha de tomarse en consideración es algo que debe caracterizar, no ya a cualquier mercado, sino a todos los sectores de la actividad económica: la seguridad jurídica y la confianza institucional. Estas se consiguen con unas normas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuación conocidos y predecibles por todos los agentes económicos. Cuanto mayor sea la proliferación de organismos con facultades de supervisión sobre la misma actividad, más intenso será el riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en el control de cada operador y decisiones contradictorias en la misma materia.

En segundo lugar, de modo especialmente importante en el entorno de austeridad en el que se encuentra la Administración Pública, se deben aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías y procedimientos de actuación similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya utilización en común resulta obligada.

En tercer lugar, las instituciones han de adaptarse a la transformación que tiene lugar en los sectores administrados. Debe darse una respuesta institucional al progreso tecnológico, de modo que se evite el mantenimiento de autoridades estancas que regulan ciertos aspectos de sectores que, por haber sido objeto de profundos cambios tecnológicos o económicos, deberían regularse o supervisarse adoptando una visión integrada.

En los últimos años, se detecta una clara tendencia a nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo de convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares o a un modelo multisectorial para sectores con industrias de red. Las ventajas que han motivado la adopción de estos modelos son las de optimizar las economías de escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las industrias de red. Además, se ha argumentado que el riesgo de captura del regulador, tanto por el sector privado como por el gobierno, es menor en el caso de las autoridades multisectoriales, al reducirse la importancia relativa de un determinado sector o de un determinado ministerio para la autoridad.

Por último, en algunos casos, como el de los Países Bajos, se han integrado las autoridades reguladoras de ciertos sectores en la autoridad de competencia. Con ello se consigue una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores a través de instrumentos de procesamiento de datos más potentes.

La situación actual en España, en la que se ha aprobado la creación de ocho organismos supervisores vinculados a los mercados de productos y de servicios y se ha previsto la creación de otro más, debe evolucionar hacia los modelos que se están implantando en los países de nuestro entorno. La filosofía que subyace en la existencia de todos estos organismos es fundamentalmente velar por unos mercados competitivos y unos servicios de calidad, en beneficio de los ciudadanos. La presencia de todas estas entidades de forma separada, con sus respectivos órganos de gobierno y medios materiales, exige una reforma de calado teniendo en cuenta la existencia de funciones, procedimientos, metodologías y conocimientos que, por su identidad o semejanza, bien podrían ejercerse o aplicarse por una sola institución.

La normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras nacionales independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias concretas. No obstante, las competencias de las comisiones en España son más amplias que las requeridas por la normativa europea, en lo referente a la política sectorial, la concesión y revocación de títulos habilitantes para el ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el estudio e investigación de los sectores.

Por ello, el objeto de esta Ley es la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

II

La Ley consta de treinta y nueve artículos agrupados en cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y un anexo.

El Capítulo I, «Naturaleza y régimen jurídico», procede a la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo objeto es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado, así como la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. La Comisión se configura como un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La Comisión está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial. Sin perjuicio de su independencia, la Comisión velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su actividad.

El Capítulo II, «Funciones», expone las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dichas funciones pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter general, en el conjunto de mercados para la defensa y promoción de la competencia en los mismos. Estas funciones son tanto de supervisión como de arbitraje y consultivas.

Es de destacar que las funciones de defensa de la competencia recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se atribuyen íntegramente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta reforma no afecta al contenido sustantivo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, que permanece igual salvo en el esquema institucional de aplicación de la norma.

Por otro lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter singular, en determinados sectores y mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. Estos sectores o ámbitos son los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del sector ferroviario.

Las funciones que la Comisión ejercerá sobre los citados sectores han sido tradicionalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse la independencia respecto de los intereses públicos que pudiesen confluir. En particular, abarcan funciones de supervisión y control, así como funciones de resolución de conflictos, más amplias y flexibles que las de mero arbitraje.

Respecto de las funciones a desarrollar por el nuevo organismo, cabe señalar que se ha procedido a una reordenación de funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los departamentos ministeriales correspondientes. Las disposiciones adicionales sexta a undécima aclaran qué funciones concretas asumirá cada Ministerio. Con esta reestructuración funcional, la Ley persigue ante todo la eficacia de la intervención pública. En general, los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Ello permite que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concentre su actuación en las funciones que verdaderamente sirven a su objeto fundamental, velar por un funcionamiento correcto de los mercados y la libre concurrencia.

El Capítulo III, «Organización y funcionamiento», regula la composición, el régimen de nombramiento y cese y las funciones de los órganos rectores de la Comisión, que comprenden el Consejo y el Presidente de la Comisión.

El Consejo se configura como el órgano colegiado de decisión de la Comisión y entre sus funciones se encuentran las de resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión tiene atribuidos y la de resolver los procedimientos sancionadores. El Consejo actúa en pleno y en salas, una dedicada a temas de competencia y otra a temas de supervisión regulatoria.

El Consejo se compone de diez miembros: un Presidente, un Vicepresidente y ocho consejeros. Todos los miembros del Consejo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, pudiendo el Congreso vetar el nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso se refuerza la legitimidad democrática de la Comisión. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección.

Por otro lado, se regula la estructura básica de los órganos de dirección, estableciéndose cuatro direcciones de instrucción, una para la instrucción de los expedientes de defensa de la competencia y otras tres para la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales, de la energía y, por último, de los transportes y del sector postal.

Debe subrayarse la atribución a la Dirección de Competencia de todas las funciones de instrucción recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, que, como actualmente, seguirán ejerciéndose manteniendo la unicidad, coherencia y el carácter horizontal de la normativa de defensa de la competencia.

Finalmente, se sientan las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión, que serán desarrolladas por el Gobierno mediante Real Decreto, con la aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por el propio Consejo de la Comisión, a través del Reglamento de funcionamiento interno. El Estatuto determinará la estructura interna de las Direcciones y demás áreas de responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución.

El Capítulo IV, «Régimen de actuación y potestades», regula los aspectos esenciales en relación a las facultades de inspección y supervisión, a la potestad sancionadora, al régimen de contratación y del personal y al régimen económico-financiero, patrimonial y presupuestario. Por último, para garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión, se prevé que las resoluciones adoptadas por el Consejo, tanto en pleno como en salas, pongan fin a la vía administrativa, siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Capítulo V, «Transparencia y responsabilidad», delimita todos aquellos asuntos que la Comisión deberá hacer públicos y regula el control que el Congreso y el Senado ejercerán sobre la Comisión. Lo regulado en este Capítulo se inspira en gran medida en las novedades introducidas en la materia por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

La transparencia de la actuación de la Comisión es un elemento que refuerza su legitimidad y contribuye a infundir la necesaria confianza de los ciudadanos en la institución. En este sentido, se requiere a la Comisión que haga públicos todos aquellos informes que emita, la memoria anual de actividades y los planes anuales o plurianuales. La Comisión también deberá hacer públicos los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo y la organización y funciones de cada uno de sus órganos y dispondrá de un órgano de control interno. El control parlamentario se efectúa a través de las comparecencias del Presidente ante el Congreso, que tendrán como mínimo una periodicidad anual.

Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios destinados a permitir la reforma institucional introducida por esta Ley. Se prevé la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley; la extinción de los organismos cuyas funciones se asumen por la Comisión; la integración de los bienes sobrantes de la fusión en el patrimonio de la Administración General del Estado; las funciones que asumen los distintos departamentos ministeriales en relación a los mercados regulados; y la integración del personal de los organismos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o en la Administración General del Estado, según proceda.

Por su parte, las disposiciones transitorias regulan determinados aspectos necesarios para la puesta en marcha del nuevo organismo, relativos al primer mandato de los consejeros; al desempeño de funciones por los organismos reguladores que se extinguirán mientras la nueva Comisión no se ponga en funcionamiento; a la continuación de los expedientes pendientes por la Comisión o el Ministerio competente, según proceda; a los presupuestos de la Comisión y al régimen de personal.

Las disposiciones derogatoria y finales efectúan las derogaciones y modificaciones de las normas con rango de ley que resultan afectadas por la entrada en vigor de esta norma, prevén el desarrollo reglamentario, la habilitación competencial y la entrada en vigor de la Ley.

El Anexo incluye las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en la Ley, cuyo ingreso se efectuará en el Tesoro Público.

CAPÍTULO I.- Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 1.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.

3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores económicos.

Artículo 2.- Naturaleza y régimen jurídico.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la legislación especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisión a que hacen referencia los artículos 6 a 11 de esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional décima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del ordenamiento jurídico.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá su sede principal en Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 5 a 12 de esta Ley.

Artículo 3.- Independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.

2. En el desempeño de las funciones que le asigna la legislación, y sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Artículo 4.- Coordinación y cooperación institucional.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en todo el territorio mediante la coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y la cooperación con la Administración General del Estado y con los órganos jurisdiccionales.

2. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantendrá una colaboración regular y periódica con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial, con la Comisión Europea y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros, fomentando la coordinación de las actuaciones respectivas en los términos previstos en la legislación aplicable. En particular, fomentará la colaboración y cooperación con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y con el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.

CAPÍTULO II.- Funciones

Artículo 5. Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de carácter general y para preservar y promover la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.

1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará las siguientes funciones:

a) Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.

b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos.

El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El procedimiento arbitral se regulará mediante Real Decreto y se ajustará a los principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e igualdad.

c) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la jurisdicción competente.

d) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de control de concentraciones económicas.

e) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de ayudas públicas.

f) Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente.

g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras comisiones nacionales de competencia de los Estados miembros previstos en la normativa comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo.

h) Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como informes generales sobre sectores económicos.

i) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como órgano consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos. En particular, podrá ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios. En ejercicio de esta función, llevará a cabo las siguientes actuaciones:

a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen jurídico.

b) Informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente.

c) Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.

d) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los mercados de comunicaciones electrónicas y comunicación audiovisual, en el sector eléctrico y en el sector de gas natural, en el sector ferroviario, en materia de tarifas aeroportuarias y el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará a lo dispuesto en los artículos 6 a 11 de esta Ley.

4. En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

5. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá, de conformidad con lo establecido por el Capítulo IV de esta Ley en materia presupuestaria, de recursos financieros y humanos adecuados, incluidos los necesarios para participar activamente en las actividades de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y contribuir a las mismas.

Artículo 6.- Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.

2. Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva.

3. Establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

4. Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se refiere el artículo 12.1.a) de la presente Ley.

5. Realizar las funciones atribuidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

6. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 7.- Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector eléctrico y del sector del gas natural. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Establecer mediante circulares, dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación:

a) La metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, que se establecen en el artículo 17.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de acuerdo con el marco tarifario y retributivo establecido en dicha Ley y en su normativa de desarrollo.

A estos efectos, se entenderá como metodología de cálculo de los peajes, la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y generadores.

b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, de acuerdo con el marco normativo de acceso a las infraestructuras y de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica y a los criterios que se determinen reglamentariamente.

c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema, que desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria, proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo, de acuerdo con el marco normativo para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

d) La metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, dentro del marco tarifario y retributivo definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo.

e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus entradas y salidas del sistema gasista dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

f) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

2. Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones, así como los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.

A estos efectos, velará por la adecuada publicación de la información necesaria por parte de los gestores de red de transporte y, en su caso, de distribución, sobre las interconexiones, la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes interesadas.

3. Supervisar y, en su caso, certificar, la separación de las actividades de transporte, regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el sector del gas, y de las actividades de generación, transporte, distribución y suministro en el sector eléctrico, y en particular su separación funcional y la separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre dichas actividades.

4. Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se establezcan relacionados con los cambios de suministrador.

5. En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de Gas Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así como otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento por parte de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los almacenamientos no básicos de gas natural.

6. Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad.

7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su modificación.

8. Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de suministro interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que sean compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.

9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las redes.

10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en su caso, por los propietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y distribución, de las obligaciones impuestas en la normativa aplicable, incluyendo las cuestiones transfronterizas. Asimismo, velará por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión Europea.

11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y sus normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, para la adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de servicio público y a la protección de los consumidores.

12. Asegurar el acceso de los clientes a los datos de su consumo, en formato comprensible, armonizado y de forma rápida.

13. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar.

14. Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.

15. Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como el minorista, incluidas entre otras, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y de gas natural, y las subastas reguladas de contratación a plazo de energía eléctrica.

A estos efectos, podrá tomar en consideración la información remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la que se hace referencia en la Disposición adicional octava.

16. Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita garantizar la seguridad del suministro.

17. Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el propietario de las instalaciones, actuar como órgano de resolución de conflictos entre ambos, así como aprobar las inversiones del Gestor de Red Independiente.

18. Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de transporte de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países.

19. Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución para garantizar la exclusión de conductas discriminatorias.

20. Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los procesos de mercado a escala regional.

21. Determinar con carácter anual los operadores principales y dominantes, así como el resto de funciones relativas a dichos operadores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

22. En relación con el déficit de las actividades reguladas y sus mecanismos de financiación, mantener y proporcionar la información que se determine, emitir los informes, declaraciones, certificaciones y comunicaciones que le sean requeridos, y realizar los cálculos necesarios en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como asesorar técnicamente a la Comisión Interministerial del Fondo de Titulización del Déficit de Tarifa del Sistema Eléctrico conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y la normativa que desarrolla la regulación del proceso de gestión y titulización de los déficit del sistema eléctrico.

23. Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

24. Publicar los precios finales del mercado de electricidad, a partir de la información del operador del mercado y del operador del sistema.

25. En materia de protección al consumidor, gestionar el sistema de comparación de los precios del suministro de electricidad y gas natural sobre la base de las ofertas que realicen las empresas comercializadoras, así como la elaboración de informes que contengan la comparación y evolución de los precios del suministro de electricidad y gas y de los mercados minoristas.

26. Actuar como organismo supervisor de las subastas para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último recurso, el gas talón de tanques y gasoductos y el gas colchón de almacenamientos subterráneos, así como de la capacidad de los almacenamientos básicos, cuando la normativa en la materia así lo disponga.

27. Elaborar los modelos normalizados de solicitud formal de acceso a las instalaciones del sistema gasista y de contratos de acceso, que propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.

28. Elaborar los modelos normalizados para la publicación de la capacidad contratada y disponible, así como la metodología para su determinación, que propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.

29. Aprobar el contrato entre el propietario de las instalaciones y el Gestor de Red Independiente en el que se detallen las condiciones contractuales así como las responsabilidades de cada uno.

30. Tramitar expedientes de exención de acceso de terceros a las instalaciones gasistas.

31. Emitir el preceptivo informe y propuesta en las autorizaciones para ejercer la comercialización de gas natural en los casos previstos en el artículo 80 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

32. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los comercializadores de gas natural y de energía eléctrica, así como de los gestores de cargas y consumidores directos en mercado.

33. Calcular anualmente el saldo de mermas de cada red de transporte.

34. Emitir informe en los expedientes de autorización, modificación o cierre de instalaciones, en el proceso de planificación energética, en expedientes de aprobación o autorización de regímenes económicos o retributivos (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, distribución, transporte, instalaciones singulares, entre otros), en materia de calidad de suministro y de pérdidas, así como cuando sea requerido en materia de medidas eléctricas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Asimismo, en relación con las actividades de transporte y distribución, informará las propuestas de la retribución de las actividades.

35. Informar los expedientes de autorización, modificación, transmisión o cierre de instalaciones de la red básica de gas natural, así como en los procedimientos para su adjudicación. Emitir informes en relación a las condiciones de calidad de suministro y calidad de servicio, así como las consecuencias del incumplimiento de las mismas, las Normas de Gestión Técnica del Sistema y sus Protocolos de Detalle, costes de retribución de instalaciones y en los procesos de planificación de instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su normativa de desarrollo.

36. Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo que le habiliten para ello y que se dicten en desarrollo de la normativa energética.

37. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 8.- Supervisión y control del mercado postal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado postal. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Velar para que se garantice el servicio postal universal, en cumplimiento de la normativa postal y la libre competencia en el sector, ejerciendo las funciones y competencias que le atribuye la legislación vigente, sin perjuicio de lo indicado en la Disposición adicional undécima de esta Ley.

2. Verificar la contabilidad analítica del operador designado y el coste neto del servicio postal universal y determinar la cuantía de la carga financiera injusta de la prestación de dicho servicio de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.

3. Gestionar el Fondo de financiación del servicio postal universal y las prestaciones de carácter público afectas a su financiación de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.

4. Supervisar y controlar la aplicación de la normativa vigente en materia de acceso a la red y a otras infraestructuras y servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.

5. Realizar el control y medición de las condiciones de prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.

6. Gestionar y controlar la utilización del censo promocional conforme a lo definido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a lo que se determine reglamentariamente.

7. Dictar circulares para las entidades que operen en el sector postal, que serán vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Emitir el informe previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, para el seguimiento de las condiciones de prestación del servicio postal universal.

9. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 9.- Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal, y por los demás prestadores a los que les sea de aplicación, de las obligaciones relativas a la emisión anual de obras europeas y a la financiación anticipada de la producción de este tipo de obras en los términos de lo dispuesto en el artículo 5 la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para garantizar la transparencia en las comunicaciones audiovisuales conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

3. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. En el ejercicio de esta función, la Comisión se coordinará con el departamento ministerial competente en materia de juego respecto a sus competencias en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, a efectos de hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad.

4. Supervisar la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

5. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

6. Controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

7. Controlar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos para la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas regulares, en los términos previstos en los artículos 19 a 21 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional duodécima de esta Ley.

8. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

9. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, adoptando las medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, cuando dichos servicios infrinjan de manera grave y reiterada la legislación en materia de protección de los menores frente a la programación audiovisual o contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad.

10. Adoptar las medidas de salvaguarda de la legislación española cuando el prestador de un servicio de comunicación audiovisual televisiva establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más estrictas, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

11. Resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o de carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

12. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 10.- Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones en materia de tarifas aeroportuarias:

1. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta llevado a cabo por el gestor aeroportuario, conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y declarar la inadmisión de la propuesta de la entidad gestora del aeropuerto o la inaplicación de las modificaciones tarifarias establecidas por la entidad gestora del aeropuerto, según proceda, cuando la propuesta o las modificaciones tarifarias se hayan realizado prescindiendo de dicho procedimiento.

2. Supervisar que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en el artículo 101 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

3. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 11.- Supervisión y control en el sector ferroviario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector ferroviario. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, así como velar por que éstos sean prestados en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

2. Garantizar la igualdad entre empresas, así como entre cualesquiera candidatos, en las condiciones de acceso al mercado de los servicios ferroviarios.

3. Supervisar las negociaciones entre empresas ferroviarias o candidatos y administradores de infraestructuras sobre los cánones y tarifas e intervenir en las mismas cuando prevea que el resultado de dichas negociaciones puede contravenir las disposiciones vigentes.

4. Velar por que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y no sean discriminatorios.

5. Determinar, a petición de las autoridades competentes o de las empresas ferroviarias o candidatos interesados, que el objeto principal de un servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros es transportar viajeros entre estaciones españolas y las de otros Estados miembros de la Unión Europea.

6. Determinar si el equilibrio económico de los contratos de servicio público ferroviario pueden verse comprometidos cuando las estaciones españolas en que se pretende tomar y dejar viajeros estén afectadas por la realización del servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros.

7. Informar las propuestas de resolución, cuando así lo solicite el Ministerio de Fomento, en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios de transporte ferroviario declarados de interés público.

8. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 12.- Resolución de conflictos.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que le sean planteados por los operadores económicos en los siguientes casos:

a) En los mercados de comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten en relación con las obligaciones existentes en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo, entre operadores o entre operadores y otras entidades que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley, se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el Anexo II de dicha Ley. En particular, resolverá:

1.º Los conflictos en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad derivados de obligaciones que en su caso resulten de las actuaciones a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 11 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, así como de las obligaciones específicas a que se refiere el artículo 13 de dicha Ley.

2.º Los conflictos entre operadores en relación con la forma de sufragar los costes que produzca la conservación de los números telefónicos a que se refiere el artículo 18 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

3.º Los conflictos entre operadores en relación con las condiciones de uso compartido a que se refiere el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

4.º Los conflictos que se produzcan entre prestadores de servicios de consulta telefónica y operadores de redes públicas telefónicas fijas, de acuerdo con la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.

5.º Los conflictos que surjan sobre las condiciones en las que se ofertará el servicio mayorista de acceso a bandas de frecuencias de conformidad con el artículo 4.6 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.

6.º Los conflictos en materia de itinerancia.

7.º Los conflictos transfronterizos entre prestadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el que una de las partes esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

8.º Los conflictos que sobre la gestión del múltiple digital surjan entre los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual.

b) En los mercados de la electricidad y del gas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:

1.º Conflictos que le sean planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2.º Conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.

c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios relativas a la modificación del sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan las asociaciones u organizaciones representativas de compañías usuarias del aeropuerto, o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. Esta resolución incluirá la modificación tarifaria revisada que proceda, que sustituirá al contenido de la decisión del concesionario y, en su caso, los estándares que se correspondan con los indicadores y niveles de calidad de servicio que considere aceptables y consistentes con la modificación tarifaria revisada.

En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de la sociedad concesionaria de servicios aeroportuarios se ha producido conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 103.1 de dicha Ley, y responde a los principios de no discriminación, objetividad, eficiencia, transparencia, recuperación de costes y máxima flexibilidad para la fijación de las tarifas dentro de los límites que imponga la modificación tarifaria revisada.

En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión intentará evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea compatible con el resto de principios de los párrafos anteriores.

En el supuesto de apreciarse irregularidades en el procedimiento de consulta y transparencia previsto en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que no den lugar a una revisión de la modificación tarifaria, se podrán formular recomendaciones sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías no representadas por asociaciones u organizaciones representativas.

d) En el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá sobre:

1.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, entre el operador designado para prestar el servicio postal universal y otros operadores postales que prestan servicios en el ámbito del servicio postal universal respecto al acceso a la red postal y a otros elementos de infraestructura y servicios postales.

2.º Establecimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, a petición del operador interesado, de las condiciones de acceso a la red postal si las negociaciones entre titulares de autorizaciones singulares y el operador designado no hubieran concluido en la celebración de un contrato.

3.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, que se planteen entre operadores postales no designados para la prestación del servicio postal universal.

e) En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:

1.º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los mercados de comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión tenga atribuida competencia.

2.º Los conflictos que se susciten en relación con la cesión de canales de radio y televisión a que se refiere el artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

3.º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y recintos deportivos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

f) En el sector ferroviario, corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocer y resolver las reclamaciones que presenten las empresas ferroviarias y los restantes candidatos en relación con la actuación del administrador de infraestructuras ferroviarias, las empresas ferroviarias y los restantes candidatos que versen sobre:

1.º El otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones que éste comporte.

2.º La aplicación de los criterios contenidos en las declaraciones sobre la red.

3.º Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados.

4.º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas que se les exijan o puedan exigírseles.

5.º Cualquier trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a los servicios ligados a éstas que se produzca por actos llevados a cabo por otras empresas ferroviarias o candidatos.

6.º La prestación de servicios en los corredores ferroviarios internacionales de transporte de mercancías.

Las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho o la decisión correspondiente.

2. En la resolución de los conflictos a que hace referencia el apartado anterior, la Comisión resolverá acerca de cualquier denuncia y adoptará, a petición de cualquiera de las partes, una resolución para resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en un plazo de tres meses desde la recepción de toda la información.

La resolución que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los casos previstos en el apartado anterior será vinculante para las partes sin perjuicio de los recursos que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley.

CAPÍTULO III.- Organización y funcionamiento

Artículo 13.- Órganos de gobierno.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones a través de los siguientes órganos de gobierno:

a) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

b) El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo será también de su Consejo.

Artículo 14.- El Consejo.

1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar.

En todo caso, son facultades indelegables del Consejo la aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, el nombramiento del personal directivo, la impugnación de actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley y, en su caso, la potestad de dictar circulares y comunicaciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de regulación o supervisión en cada caso.

2. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está integrado por diez miembros.

3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo de la Comisión y cualquier integrante del personal no directivo que determine el Presidente, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo. No podrán asistir a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las Administraciones Públicas.

Artículo 15.- Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo.

1. Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.

2. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.

Artículo 16.- Funcionamiento del Consejo.

1. El Consejo actúa en pleno o en sala. La asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida la reunión.

2. A propuesta del Presidente, el Consejo en pleno, elegirá un Secretario no consejero, que deberá ser licenciado en derecho o titulación que lo sustituya y funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo del subgrupo A1, al servicio de la Administración General del Estado, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico del organismo dependerá de la Secretaría del Consejo.

3. El régimen de funcionamiento del Consejo en pleno y salas se desarrollará en el Reglamento de funcionamiento interno, que será aprobado por el pleno según lo dispuesto en el artículo 26.4.

Artículo 17.- El pleno del Consejo.

1. El Consejo en pleno está integrado por todos los miembros del Consejo. Lo preside el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el Vicepresidente o en su defecto, el consejero de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.

2. El pleno del Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del Presidente o persona que lo sustituya, el Secretario, y cinco miembros del Consejo.

Artículo 18.- Las salas del Consejo.

1. El Consejo consta de dos salas, una dedicada a temas de competencia y otra a supervisión regulatoria.

2. Cada una de las salas estará compuesta por cinco miembros del Consejo. La Sala de Competencia estará presidida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la de Supervisión regulatoria por el Vicepresidente. El Consejo en pleno determinará la asignación de los miembros del Consejo a cada sala y, en los términos establecidos reglamentariamente, aprobará y publicará el régimen de rotación entre salas de los consejeros, incluyendo los criterios de selección y periodicidad de las rotaciones. Cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá adoptar otras medidas tendentes a garantizar el adecuado funcionamiento de las salas.

3. La convocatoria de las salas corresponde a su Presidente, por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros.

4. Las salas del Consejo se entenderán válidamente constituidas con la asistencia de su Presidente, o persona que le sustituya, el Secretario del Consejo y, al menos, dos consejeros.

Artículo 19.- Funciones del Presidente.

1. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:

a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Convocar al Consejo en pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.

c) Ostentar la representación legal e institucional de la Comisión.

d) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Comisión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

e) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Comisión.

f) Impulsar la actuación de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas. En particular, la propuesta de los planes anuales o plurianuales de actuación, en los que se definan sus objetivos y prioridades.

g) Ejercer funciones de jefatura del personal de la Comisión, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica.

h) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Comisión, sin perjuicio de las funciones del Consejo; en particular coordinar, con la asistencia del Secretario del Consejo, el correcto funcionamiento de las unidades de la Comisión.

i) Dar cuenta al titular del Ministerio de adscripción de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

j) Aprobar los actos de ejecución de los presupuestos de la Comisión.

k) Ejercer las competencias que le correspondan en la contratación de la Comisión.

l) Cuantas funciones le delegue el Consejo.

m) Efectuar la rendición de cuentas de la Comisión, de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

n) Comparecer ante el Parlamento en los términos previstos en esta Ley.

o) Ostentar la presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia.

p) Cualesquiera otras que le atribuya el Estatuto al que se refiere el artículo 26 o el Reglamento de funcionamiento interno.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido en el ejercicio de sus funciones por el Vicepresidente.

Artículo 20.- Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos previstas en esta Ley. En particular, es el órgano competente para:

1. Resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene atribuidos por esta Ley y por el resto de la legislación vigente.

2. Resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación sectorial y en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y sus normas de desarrollo cuando no correspondan a otros órganos de la Administración General del Estado.

3. Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a la Comisión Europea, según lo previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas.

4. Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una concentración económica, de conformidad con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

5. Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de conductas prohibidas y de concentraciones.

6. Adoptar las comunicaciones previstas en el artículo 30.3 de esta Ley, así como las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

7. Aprobar las circulares previstas en esta Ley.

8. Interesar la instrucción de expedientes.

9. Adoptar los informes a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 5.2 de esta Ley, los informes, estudios y trabajos sobre sectores económicos y en materia de competencia y los informes en materia de ayudas públicas.

10. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley.

11. Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno, en el cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.

12. Resolver sobre las recusaciones, y correcciones disciplinarias del Presidente, Vicepresidente y consejeros y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones.

13. Nombrar y acordar el cese del personal directivo, a propuesta del Presidente del Consejo.

14. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo.

15. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular las cuentas del organismo.

16. Aprobar la memoria anual del organismo, así como los planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.

Artículo 21.- Competencias de pleno y salas.

1. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocerá de los siguientes asuntos:

a) Los que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.1 de la presente Ley, sean indelegables para el Consejo, con la excepción de la impugnación de actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4.

b) Aquellos en que se manifieste una divergencia de criterio entre la Sala de Competencia y la de Supervisión regulatoria.

c) Los asuntos que por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados o actividades sometidos a supervisión, recabe para sí el pleno, por mayoría de seis votos y a propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo.

2. Las salas conocerán de los asuntos que no estén expresamente atribuidos al pleno. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que, correspondiendo el conocimiento de un asunto a una de las salas, deba informar la otra con carácter preceptivo. En todo caso, deberá emitirse informe en los siguientes asuntos:

a) Por la Sala de Competencia, en los procedimientos que, previstos en los artículos 6 a 11 de esta Ley, afecten al grado de apertura, la transparencia, el correcto funcionamiento y la existencia de una competencia efectiva en los mercados.

b) Por la Sala de Supervisión regulatoria, en los procedimientos en materia de defensa de la competencia previstos por el artículo 5 de esta Ley que estén relacionados con los sectores a los que se refieren los artículos 6 a 11.

Artículo 22.- Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerán su función con dedicación exclusiva y tendrán la consideración de altos cargos de la Administración General del Estado.

2. Los miembros del Consejo no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que correspondan al personal directivo de la Comisión.

3. Los miembros del Consejo estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en sus disposiciones de desarrollo.

4. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con los sectores regulados y la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de esta Comisión, al cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado su cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

 

Artículo 23.- Causas de cese en el ejercicio del cargo.

1. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo:

a) Por renuncia aceptada por el Gobierno.

b) Por expiración del término de su mandato.

c) Por incompatibilidad sobrevenida.

d) Por haber sido condenado por delito doloso.

e) Por incapacidad permanente.

f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

2. Si durante el período de duración del mandato correspondiente a un determinado Consejero se produjera su cese, el sucesor será nombrado por el tiempo que restase al sustituido para la terminación de su mandato. Si el cese se hubiera producido una vez transcurridos cuatro años desde el nombramiento, no resultará de aplicación el límite anterior, y el sucesor será nombrado por el periodo de seis años previsto con carácter general.

3. Continuarán desempeñando su cargo en funciones los miembros del Consejo en los que concurran las causas de cese contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 hasta que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el real decreto de cese correspondiente.

 

Artículo 24.- Obligación de informar y garantías para la actuación imparcial.

1. El Presidente, el Vicepresidente, los consejeros, directivos y empleados, o sus representantes, que hayan prestado servicios profesionales en entidades de un mercado o sector en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce su supervisión, deberán notificar al Consejo cualquier derecho o facultad, cualquiera que sea su denominación, a reserva o recuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera ventajas de contenido patrimonial. En el caso de los miembros del Consejo dicha circunstancia deberá hacerse pública.

2. En aplicación de los principios de independencia y objetividad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia garantizará que sus empleados cuenten en sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas, predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben.

 

Artículo 25.- Órganos de dirección.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con cuatro direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de esta Ley:

a) La Dirección de Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de esta Ley.

b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 6, 9 y 12.1.a) y e) de esta Ley.

c) La Dirección de Energía, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 7 y 12.1.b) de esta Ley.

d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 8, 10, 11 y 12.1.c), d) y f) de esta Ley.

2. Las Direcciones mencionadas en el apartado anterior ejercerán sus funciones de instrucción con independencia del Consejo.

3. Los titulares de las Direcciones de instrucción ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de actividades establecido para los altos cargos en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y en sus disposiciones de desarrollo.

Su régimen de nombramiento y cese será el establecido para el personal directivo, según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta Ley.

 

Artículo 26.- Estatuto Orgánico y Reglamento de funcionamiento interno.

1. El Gobierno aprobará, mediante real decreto, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. El Estatuto Orgánico determinará la distribución de asuntos en el Consejo entre el pleno y las salas y las funciones y la estructura interna de las Direcciones de instrucción y demás áreas de responsabilidad, cualquiera que sea su denominación, al frente de las cuales se designará al personal directivo.

3. Corresponde al personal directivo la dirección, la organización, impulso y cumplimiento de las funciones encomendadas al área a cuyo frente se encuentre, de acuerdo con las instrucciones emanadas del Consejo y del Presidente de la Comisión, sin perjuicio de la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución en procedimientos sancionadores.

El personal directivo de otras áreas de responsabilidad diferentes a las Direcciones de instrucción, será nombrado y cesado por el pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a propuesta de su Presidente. La selección se realizará mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 de esta Ley.

4. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará el Reglamento de funcionamiento interno del organismo, en el que se regulará, respetando lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo, incluyendo el régimen de convocatorias y sesiones del pleno y de las salas y el procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción. La aprobación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, seis de los miembros del Consejo.

 

CAPÍTULO IV.- Régimen de actuación y potestades

Artículo 27.- Facultades de inspección.

1. El personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, debidamente autorizado por el director correspondiente, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de esta Ley.

2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:

a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades que los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.

b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.

c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos.

d) Retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos mencionados en la letra b).

e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

f) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las inspecciones que el órgano competente haya autorizado.

4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección o existiese el riesgo de tal oposición, el órgano competente de la Comisión deberá solicitar la correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de las funciones de inspección.

5. El personal funcionario de carrera encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones. Las actas extendidas tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización.

6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para las finalidades previstas en esta Ley y en la Ley 15/2007, de 3 de julio.

 

Artículo 28.- Requerimientos de información, deber de secreto y acceso a los registros estatales.

1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones de dicha Comisión.

Los requerimientos de información habrán de estar motivados y ser proporcionados al fin perseguido. En los requerimientos que dicte al efecto, se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende hacerse de la misma.

2. Los datos e informaciones obtenidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el desempeño de sus funciones, con la excepción de los previstos por las letras c), d), e) y f) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos al Ministerio competente, a las Comunidades Autónomas, a la Comisión Europea y a las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, así como a los tribunales en los procesos judiciales correspondientes.

Quien tenga conocimiento de estos datos estará obligado a guardar sigilo respecto de los mismos. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la violación del deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá acceso a los registros previstos en la legislación estatal reguladora de los sectores incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Asimismo, la Administración General del Estado tendrá acceso a las bases de datos que obren en poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

A estos efectos, se realizarán los desarrollos informáticos oportunos con el fin de facilitar el acceso electrónico a que se refiere el párrafo anterior, de forma que se puedan realizar consultas sobre información contenidas en las bases de datos y registros en condiciones que mantengan la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.

 

Artículo 29.- Potestad sancionadora.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá la potestad de inspección y sanción de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en el Título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en el Título VII de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará la debida separación funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal de la dirección correspondiente en virtud de la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo.

3. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo establecido en esta Ley en las leyes mencionadas en el apartado 1, así como, en lo no previsto en las normas anteriores, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia se regirá por las disposiciones específicas previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio.

4. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

 

Artículo 30.- Circulares, circulares informativas y comunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le habiliten expresamente para ello. Estas disposiciones adoptarán la forma de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las circulares tendrán carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación, una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

En el procedimiento de elaboración de las circulares se dará audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos que resulten afectados por las mismas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la circular, y se fomentará en general la participación de los ciudadanos.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá efectuar requerimientos de información periódica y dirigidos a la generalidad de los sujetos afectados. Estos requerimientos adoptarán la forma de circulares informativas.

Las circulares informativas habrán de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido y respetarán la garantía de confidencialidad de la información aportada, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta Ley.

En ellas se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que se hará de la misma.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar comunicaciones que aclaren los principios que guían su actuación.

 

Artículo 31.- Régimen jurídico del personal.

1. El personal que preste servicios en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será funcionario o laboral, en los términos establecidos en la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

2. El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.

La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.

3. El personal laboral se regirá por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la normativa convencional aplicable, y por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que expresamente le resulten de aplicación.

La selección del personal laboral se llevará a cabo, en ejecución de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, mediante convocatoria pública, con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una relación de puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, se determinarán en el Estatuto Orgánico los puestos de trabajo que por su especial responsabilidad, competencia técnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza directiva. El personal directivo será funcionario de carrera del subgrupo A1 y, con carácter excepcional, se podrán cubrir dichos puestos en régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan atribuido el ejercicio de potestades o funciones públicas incluidas en el ámbito del artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La cobertura de estos puestos se realizará en los términos previstos en el artículo 26.3 de esta Ley.

A los contratos de alta dirección les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial.

6. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo, como del resto del personal, requerirá el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto al personal directivo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y a las demás normas, en especial las de presupuestos, que sean aplicables.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, de conformidad con los criterios que a tal efecto haya establecido.

 

Artículo 32.- Régimen de contratación.

Los contratos que celebre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público, siendo su órgano de contratación el Presidente de la misma.

 

Artículo 33.- Régimen económico-financiero y patrimonial.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá patrimonio propio e independiente del patrimonio de la Administración General del Estado.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

 

Artículo 34.- Presupuesto, régimen de contabilidad y control económico y financiero.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Ministerio de Economía y Competitividad para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

2. El régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será el que se establezca en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobar los gastos y ordenar los pagos y efectuar la rendición de cuentas del organismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y rendirá sus cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá de un sistema de contabilidad analítica que proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.

5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Comisión Nacional bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.

 

Artículo 35.- Asistencia jurídica.

La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, corresponde al Servicio Jurídico del Estado cuyo centro directivo superior es la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico, mediante la formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.

 

Artículo 36.- Recursos contra los actos, las decisiones y las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Los actos y decisiones de los órganos de la Comisión distintos del Presidente y del Consejo podrán ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, respecto a los actos dictados en aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, únicamente podrán ser objeto de recurso aquéllos a los que hace referencia el artículo 47 de dicha Ley.

2. Los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo, en pleno y en salas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictados en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposición, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

CAPÍTULO V.- Transparencia y responsabilidad

Artículo 37.- Publicidad de las actuaciones.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará públicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes que las regulan, una vez notificados a los interesados, tras resolver en su caso sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores. En particular, se difundirán:

a) La organización y funciones de la Comisión y de sus órganos, incluyendo los currículum vítae de los miembros del Consejo y del personal directivo.

b) La relación de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo.

c) Los informes en que se basan las decisiones del Consejo.

d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales, la situación organizativa y la información relativa al personal y las actividades realizadas por la Comisión, con los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados, que se enviará a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

e) Los informes económicos sectoriales, de carácter anual, en los que se analizará la situación competitiva del sector, la actuación del sector público y las perspectivas de evolución del sector, sin perjuicio de los informes que puedan elaborar los departamentos ministeriales. El informe se enviará en todo caso a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y a los titulares del Ministerio competente en el sector de que se trate y del Ministerio de Economía y Competitividad y en su caso, al titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la parte relativa a las reclamaciones de los usuarios finales.

f) Otros informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores productivos, sin perjuicio de su remisión al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

g) El plan de actuación de la Comisión para el año siguiente, incluyendo las líneas básicas de su actuación en ese año, con los objetivos y prioridades correspondientes. Este plan de actuaciones se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

h) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector público.

i) Las reuniones de los miembros de la Comisión con empresas del sector, siempre que su publicidad no afecte al cumplimiento de los fines que tiene encomendada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

j) Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.

k) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.

l) La iniciación de un expediente de control de concentraciones.

m) La incoación de expedientes sancionadores.

n) La realización de inspecciones de acuerdo con la Ley 15/2007, de 3 de julio.

2. Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de actividades y el plan de actuación se harán públicos por medios electrónicos.

3. Cada tres años, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una evaluación de sus planes de actuación y los resultados obtenidos para poder valorar su impacto en el sector y el grado de cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas evaluaciones se enviarán también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

 

Artículo 38.- Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de supervisión.

1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos por el Capítulo IV de esta Ley en materia de control económico y financiero, la Comisión dispondrá de un órgano de control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses.

2. La Comisión elaborará anualmente una memoria sobre su función supervisora que incluirá un informe del órgano de control interno sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por la Comisión a la normativa procedimental aplicable. Esta memoria deberá ser aprobada por el Consejo y remitida a las Cortes Generales y al Ministerio de Economía y Competitividad.

 

Artículo 39.- Control parlamentario.

1. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Junto con el Presidente, podrán comparecer, a petición de la Cámara, uno o varios miembros del Consejo.

2. Las comparecencias anuales estarán basadas en la memoria anual de actividades y el plan de actuación.

3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, el Presidente comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso o del Senado, a petición de las mismas en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.

4. Cada tres años el Presidente comparecerá de forma especial para debatir la evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

Disposición adicional primera.- Constitución y ejercicio efectivo de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Inmediatamente después de la aprobación del Estatuto Orgánico, el Ministro de Economía y Competitividad propondrá al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo, quienes comparecerán ante el Congreso, que tendrá un mes para vetarlos en los términos del artículo 15 de esta Ley.

2. En el plazo de 20 días desde la publicación del real decreto de nombramiento de los miembros del Consejo, se procederá a la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de la constitución del Consejo. Una vez constituido, el Consejo procederá a nombrar al Secretario.

3. Constituida la Comisión, el Consejo contará con el plazo de un mes para llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Nombramiento del personal directivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3 de esta Ley.

b) Elaboración del Reglamento de funcionamiento interno.

c) Integración de medios personales y materiales que correspondan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. La puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que implicará el ejercicio efectivo por parte de sus órganos de las funciones que tienen atribuidas, se iniciará en la fecha que al efecto se determine por orden del Ministro de Economía y Competitividad y, en todo caso, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley. En esta fecha se tendrá que haber producido la transferencia del personal y de los medios presupuestarios suficientes para el desempeño de las funciones recogidas en esta Ley.

 

Disposición adicional segunda.- Extinción de organismos.

1. La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Comité de Regulación Ferroviaria se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o al ministerio correspondiente según la función de que se trate.

Las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las menciones a la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que se contienen en dicha Ley o en cualquier otra disposición, deberán entenderse realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a la Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que la sustituye y asume sus competencias, en los términos previstos en la Disposición adicional décima.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asumirá los medios materiales, incluyendo, en particular, sistemas y aplicaciones informáticas de los organismos extinguidos a los que se refiere el apartado 1, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, correspondiendo el resto a los ministerios que asuman las funciones atribuidas en las Disposiciones adicionales séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima.

5. Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad determinarán los saldos de tesorería y los activos financieros de los organismos que se extinguen que deban incorporarse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

6. Los bienes inmuebles y derechos reales de titularidad de los organismos reguladores extinguidos que resulten innecesarios para el ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se incorporarán al patrimonio de la Administración General del Estado.

 

Disposición adicional tercera.- Régimen especial de incompatibilidad e indemnización del Presidente, Vicepresidente y consejeros de los organismos que se extinguen.

1. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los organismos que se extinguen, no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto en empresas del sector como para empresas del sector, en el caso de los Organismos Reguladores. En el caso de la Comisión Nacional de la Competencia, al cesar en su cargo, y durante los dos años posteriores, el Presidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con la actividad de la Comisión.

2. En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los organismos que se extinguen, al cesar en su cargo, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

 

Disposición adicional cuarta.- Asignación de medios a la Administración General del Estado.

1. En el plazo previsto en la Disposición adicional primera de esta Ley para la puesta en funcionamiento de la Comisión, el Gobierno aprobará las modificaciones necesarias en los reales decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios afectados.

2. La entrada en vigor de las modificaciones de los reales decretos de estructura a que hace referencia esta Disposición, no se producirá hasta que los presupuestos de los ministerios no se adecúen a la nueva distribución competencial, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria cuarta.

 

Disposición adicional quinta.- Atribución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las competencias que las normas vigentes atribuyen a los organismos que se extingan cuando se constituya la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que esta Ley no haya atribuido expresamente a los departamentos ministeriales competentes de la Administración General del Estado serán ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

Disposición adicional sexta.- Integración del personal de los organismos públicos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. El personal funcionario que presta servicios en los organismos que se extinguirán de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda, se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o bien en la Administración General del Estado.

La integración se llevará a cabo, en ambos supuestos, de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.

El personal funcionario que se integre en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo hará en la situación de servicio activo en su correspondiente Cuerpo o Escala, con los mismos derechos y obligaciones que hasta ese momento tuviera reconocidos.

Igual situación administrativa y garantías tendrán los funcionarios que pasen a prestar servicios en la Administración General del Estado como consecuencia de las competencias que ésta asuma de los extintos organismos.

2. El personal laboral de los organismos que ahora se extinguen, se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los términos previstos en el artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con respeto a los derechos y obligaciones laborales que viniera ostentando hasta ese momento.

Para la integración de este personal laboral, se atenderá necesariamente a las funciones efectivas que vinieran desempeñando en el organismo extinguido.

Excepcionalmente, el personal laboral podrá integrarse en los departamentos ministeriales, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, cuando como consecuencia de las funciones que por esta Ley se atribuyen a los departamentos ministeriales se haga necesaria su integración, sin que en ningún caso puedan producirse incrementos retributivos con relación a la situación existente en los organismos de procedencia. Cuando queden vacantes los puestos de trabajo que se integren en la estructura orgánica de dichos departamentos por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, y siempre que esta no implique derecho al reingreso en el servicio activo, se amortizarán, dándose de alta como plazas de personal funcionario para garantizar la continuidad en la prestación de las citadas funciones, siempre y cuando ello resulte necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La reasignación de efectivos, amortización y, en su caso, creación de puestos de trabajo tendrá lugar en los términos y con el alcance que se determine por el órgano competente.

 

Disposición adicional séptima.- Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia audiovisual.

En materia audiovisual de ámbito estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejercerá, adicionalmente a las que ya tiene encomendadas, las siguientes funciones:

a) Recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

b) Llevar el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

c) Decidir sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los títulos habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción.

d) Verificar las condiciones de los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en materia de limitación de adquisición de participaciones entre operadores del servicio de comunicación audiovisual.

e) Certificar la emisión en cadena por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónica que así lo comunicasen, e instar su inscripción, cuando proceda, en el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

 

Disposición adicional octava.- Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de energía.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asumirá las siguientes funciones:

1. En el sector eléctrico:

a) Inspeccionar, dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, la correcta y efectiva utilización del carbón autóctono en las centrales eléctricas con derecho al cobro de la prima al consumo de carbón autóctono, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades energéticas, la disponibilidad efectiva de las instalaciones de generación en el régimen ordinario, la correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y comercializadoras a consumidores y clientes cualificados, la continuidad del suministro de energía eléctrica, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.

b) Acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado por no corresponder la incoación e instrucción de los mismos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas.

c) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.

d) Realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada y enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia toda la información necesaria para la elaboración de las metodologías de peajes.

e) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.

2. En el sector de hidrocarburos:

a) Inspeccionar dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades de hidrocarburos, la disponibilidad efectiva de las instalaciones gasistas, la correcta facturación y condiciones de venta a los consumidores de las empresas distribuidoras, en lo que se refiere al acceso a las redes, y comercializadoras, la continuidad del suministro de gas natural, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.

b) Acordar, en el ámbito de aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en el artículo 52.4 de la citada Ley ni de las competencias exclusivas de otros órganos de las Administraciones Públicas.

c) Realizar las liquidaciones correspondientes a los ingresos obtenidos por peajes y cánones relativos al uso de las instalaciones de la Red Básica, transporte secundario y distribución a que hace referencia el artículo 96 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y comunicarla a los interesados.

d) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las Administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de gas natural, y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.

e) Expedir los certificados y gestionar el mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes.

f) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.

g) Las competencias que la normativa vigente atribuye a la Comisión Nacional de la Energía en materia de hidrocarburos líquidos.

 

Disposición adicional novena.- Toma de participaciones en el sector energético.

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo conocerá de las siguientes operaciones:

a) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la operación del mercado de energía eléctrica o se trate de actividades en territorios insulares o extra peninsulares conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

b) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la gestión técnica del sistema gasista conforme a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, o desarrollen actividades en el sector de hidrocarburos tales como refino de petróleo, transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos.

c) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que sean titulares de los activos precisos para desarrollar las actividades recogidas en las letras a) y b), o bien de activos del sector de la energía de carácter estratégico incluidos en el Catálogo Nacional de infraestructuras críticas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y su normativa de desarrollo.

En todo caso, se considerarán activos estratégicos las centrales térmicas nucleares y las centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional, así como las refinerías de petróleo, los oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos.

d) Adquisición de los activos mencionados en la letra c) anterior.

2. Las sociedades que realicen actividades incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 anterior, deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que atendiendo a su valor o a otras circunstancias tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad que comunica la operación.

3. Igualmente deberá comunicarse a la Secretaría de Estado de Energía la adquisición de participaciones en un porcentaje de su capital social que conceda una influencia significativa en su gestión, en las sociedades que, directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, realicen actividades incluidas en el apartado 1 o sean titulares de los activos señalados. De la misma forma, deberá comunicarse la adquisición directa de los activos mencionados en la letra d) del apartado 1.

Además, para la determinación del porcentaje de participación que precisa de comunicación se tomarán en consideración los acuerdos que la sociedad adquirente pueda tener con otros adquirentes o socios para el ejercicio conjunto o coordinado de derechos de voto en la sociedad afectada.

4. Cuando la adquisición señalada en el apartado 3 se realice por entidades de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se estará a lo dispuesto en el apartado 7 de esta Disposición.

5. Asimismo, serán objeto de comunicación por el adquiriente aquellas modificaciones que aisladamente o en su conjunto consideradas puedan suponer un cambio significativo en su participación.

6. Las comunicaciones a las que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la realización de la correspondiente operación, pudiendo indicarse de forma justificada, qué parte de los datos o información aportada se considera de trascendencia comercial o industrial a los efectos de que sea declarada su confidencialidad.

7. Si el Ministro de Industria, Energía y Turismo considerase que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos en el ámbito de las actividades del adquirente, podrá establecer condiciones relativas al ejercicio de la actividad de las sociedades sujetas a las operaciones comunicadas de acuerdo a los apartados 2 y 4 de esta Disposición, así como las obligaciones específicas que se puedan imponer al adquirente para garantizar su cumplimiento.

Estos riesgos se referirán a los siguientes aspectos:

a) La seguridad y calidad del suministro entendidas como la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios en el mercado a precios razonables en el corto o largo plazo para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica.

b) La seguridad frente al riesgo de una inversión o de un mantenimiento insuficientes en infraestructuras que no permitan asegurar, de forma continuada, un conjunto mínimo de servicios exigibles para la garantía de suministro. A estos efectos, se tendrá en cuenta el nivel de endeudamiento para garantizar las inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos al respecto.

c) El incumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica, económica y financiera del adquiriente o de la empresa adquirida, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa específica de aplicación y, en particular, en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en sus normas de desarrollo.

A estos efectos, se tomarán en consideración las participaciones que el adquirente tenga o pretenda adquirir en otras sociedades o activos objeto de la presente Disposición.

Las condiciones que se impongan respetarán en todo caso el principio de proporcionalidad y de protección del interés general.

Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo supervisar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas, debiendo las empresas afectadas atender los requerimientos de información que pudieran dictarse a estos efectos.

La resolución deberá adoptarse de forma motivada y notificarse en el plazo máximo de 30 días desde la comunicación, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe no tendrá carácter vinculante y habrá de ser evacuado en el plazo de 10 días.

8. Cuando la adquisición de participaciones afecte a los gestores de red de transporte de electricidad o de gas, incluyendo los gestores de red independientes, se estará a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

 

Disposición adicional décima.- Funciones que asume la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de juego.

La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asumirá el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego.

 

Disposición adicional undécima.- Funciones que asume el Ministerio de Fomento en relación con el sector postal.

En materia postal, el Ministerio de Fomento asumirá las siguientes funciones:

1. Informar a los usuarios sobre los operadores postales, las condiciones de acceso, precio, nivel de calidad e indemnizaciones y plazo en el que serán satisfechas y en todo caso, realizar la publicación en el sitio web del Ministerio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.

2. Conocer de las controversias entre los usuarios y los operadores de los servicios postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan sido sometidos a las Juntas Arbitrales de Consumo.

3. Conocer de las quejas y denuncias de los usuarios por incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores postales, en relación con la prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo establecido el Título II de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.

El Ministerio de Fomento informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.

4. Ejercer la potestad de inspección y sanción en relación con las funciones mencionadas en los apartados anteriores.

5. Otorgar las autorizaciones singulares y recibir las declaraciones responsables que habilitan para la actividad postal y gestionar el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título IV de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.

 

Disposición adicional duodécima.- Funciones que asume el Ministerio de la Presidencia en materia audiovisual.

Corresponde al Ministerio de la Presidencia aprobar el Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, previa consulta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las competiciones deportivas.

 

Disposición adicional decimotercera.- Remisión de informes al Instituto Nacional de Consumo.

Sin perjuicio de las funciones asumidas por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, en materia de energía, y de Fomento, en relación con el sector postal, previstas en la letra c) del apartado 1, y letra d) del apartado 2, de la Disposición adicional octava, y en el apartado 1, de la Disposición adicional undécima, los mencionados Ministerios remitirán al Instituto Nacional del Consumo, dentro del primer trimestre de cada año natural, un informe referido al año anterior en el que se incluya información comprensiva del número de reclamaciones planteadas por los consumidores atendidas, objeto de las mismas, resoluciones estimatorias y desestimatorias adoptadas, sanciones, en su caso, a las que dieron lugar, así como cualquier otro aspecto que se considere relevante.

 

Disposición adicional decimocuarta.- Tasas, prestaciones patrimoniales e ingresos derivados del ejercicio de las funciones previstas en esta Ley.

1. Los Ministerios y los organismos que desarrollen las funciones previstas en esta Ley, con ocasión de las cuales se produce la exigencia de tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público que se recogen en los apartados I.1, I.3, I.4 y I.5 y en el apartado II.1 del Anexo, llevarán a cabo su gestión y recaudación en periodo voluntario, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria novena.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo la gestión y recaudación en período voluntario de la tasa prevista en el apartado I.2 y de la prestación patrimonial indicada en el apartado II.2 del Anexo.

3. La recaudación por los derechos a que se refiere esta Disposición adicional, incluida la que correspondiera a los organismos que se extinguen conforme a esta Ley, se ingresará en el Tesoro Público, salvo por lo que respecta al sistema de financiación de la Corporación de Radio Televisión Española y al Fondo de financiación del servicio postal universal, que se regirán por sus respectivas disposiciones.

4. La recaudación en período ejecutivo de los recursos de naturaleza pública a que se refieren los apartados anteriores se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

5. Los recursos a que se refieren los apartados anteriores se regirán, en lo que no se oponga a esta Ley, por la normativa vigente a la entrada en vigor de la misma.

 

Disposición adicional decimoquinta.- Consejos consultivos.

1. Se crea el Consejo Consultivo de Energía, como órgano de participación y consulta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las materias competencia de la Secretaría de Estado de Energía.

El Consejo Consultivo de Energía estará presidido por el Secretario de Estado de Energía, o persona en quien delegue, y tendrá entre sus funciones el estudio, deliberación y propuesta en materia de política energética y minas.

Asimismo, conocerá sobre los asuntos que el Gobierno o el Ministro de Industria, Energía y Turismo le sometan.

2. Podrán crearse igualmente consejos consultivos en los sectores de telecomunicaciones, audiovisual, de transportes y postal.

3. Reglamentariamente se determinarán las funciones, la composición, la organización y las reglas de funcionamiento de los consejos consultivos. La constitución y el funcionamiento de los consejos no supondrán incremento alguno del gasto público y serán atendidos con los medios materiales y de personal existentes en los departamentos respectivos.

4. En todo caso, los consejos consultivos informarán en la elaboración de disposiciones de carácter general y de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe equivaldrá a la audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos.

 

Disposición adicional decimosexta.- Ejercicio temporal de las funciones de supervisión en materia de tarifas aeroportuarias.

1. Las funciones establecidas en el artículo 10, letras a) y b), del Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena, pasarán a ser ejercidas por el Comité de Regulación Ferroviaria desde la entrada en vigor de esta Ley, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 11 a 13, ambos inclusive, del citado Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto y en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

2. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Comité de Regulación Ferroviaria pasará a denominarse Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.

3. En el ejercicio de las funciones previstas en esta Disposición el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria actuará con independencia funcional plena, respecto de la organización, de las decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de decisiones, del gestor aeroportuario y de las compañías aéreas, y ejercerá sus funciones de modo imparcial y transparente.

4. En tanto desempeñe las funciones que le atribuye el apartado 1, se entenderán referidas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria cuantas menciones se contengan en la normativa aplicable en relación con la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

Asimismo, las menciones contenidas en la normativa vigente al Comité de Regulación Ferroviaria deberán entenderse realizadas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.

5. El ejercicio temporal de estas funciones, más allá de lo previsto en esta Disposición, no alterará lo previsto en los artículos 82 a 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

6. La presente atribución temporal de funciones se prolongará asimismo una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y finalizará en el momento de la puesta en funcionamiento de dicha Comisión.

 

Disposición adicional decimoséptima.- Fomento de la corregulación publicitaria.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, en particular, en relación con el control del cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales, con aquellos sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan lo previsto en el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En el acuerdo se determinarán los efectos reconocidos a las actuaciones del sistema de autorregulación.

 

Disposición adicional decimoctava.- Otras sedes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá tener otras sedes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de esta Ley.

Su ubicación se realizará manteniendo la actualmente existente para las telecomunicaciones, donde se situará la Dirección de Telecomunicaciones del Sector Audiovisual (Instrucción de Telecomunicación y Servicios Audiovisuales), para el aprovechamiento de los recursos e infraestructuras actuales.

 

Disposición transitoria primera.- Primer mandato de los miembros de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

1. En la primera sesión del Consejo se determinarán, preferentemente de forma voluntaria y supletoriamente por sorteo, los tres consejeros que cesarán transcurrido el plazo de dos años desde su nombramiento y los tres que cesarán transcurrido el plazo de cuatro años.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, los miembros del Consejo afectados por la primera renovación parcial podrán ser reelegidos por un nuevo mandato de seis años.

 

Disposición transitoria segunda.- Nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente.

Lo establecido en la Disposición transitoria primera de esta Ley no afectará al nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente del organismo que, de acuerdo con el artículo 15.2 de la misma, tendrán un mandato de seis años no renovable.

 

Disposición transitoria tercera.- Continuación de funciones por los organismos que se extinguen.

Desde la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta su puesta en funcionamiento, los organismos supervisores continuarán ejerciendo las funciones que desempeñan actualmente. Durante este periodo los miembros del Consejo permanecerán en su cargo en funciones y los organismos tendrán plena capacidad para desempeñar su actividad.

 

Disposición transitoria cuarta.- Desempeño transitorio de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En relación con las funciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, deban traspasarse a los ministerios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez haya entrado en funcionamiento, las desempeñará hasta el momento en el que los departamentos ministeriales dispongan de los medios necesarios para ejercerlas de forma efectiva.

 

Disposición transitoria quinta.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose por los órganos de la autoridad a los que esta Ley atribuye las funciones anteriormente desempeñadas por los organismos extinguidos.

2. La constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se podrá considerar una circunstancia extraordinaria que, conforme a la legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.

 

Disposición transitoria sexta.- Puestos de trabajo de personal funcionario que venían siendo desempeñados por personal laboral.

Con carácter excepcional, el personal laboral fijo de los organismos públicos extintos que viniese ocupando puestos con funciones que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, deban ser desempeñadas por personal funcionario, podrá seguir ocupando dichos puestos.

Asimismo, los puestos que se puedan crear, así como los que queden vacantes, deberán ajustar su naturaleza a las previsiones del régimen jurídico de personal del artículo 31 de esta Ley.

 

Disposición transitoria séptima.- Presupuestos aplicables hasta la aprobación de los presupuestos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto en cuanto no disponga de un presupuesto propio, se mantendrán los presupuestos de los organismos que, de conformidad con la Disposición adicional segunda, queden extinguidos.

 

Disposición transitoria octava.- Régimen transitorio contable y de rendición de cuentas anuales.

1. Las operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2013 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se registrarán en la contabilidad y el presupuesto de cada uno de los organismos extinguidos, según el ámbito al que correspondan dichas operaciones.

2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y aprobará por cada uno de los organismos extinguidos una cuenta del ejercicio 2013 que incluirá las operaciones realizadas por cada organismo y las indicadas en el apartado 1 anterior, procediendo también a su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

3. La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 de los organismos extinguidos y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá a los cuentadantes de dichos organismos o al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, si ésta ya se hubiera constituido.

 

Disposición transitoria novena.- Gestión y liquidación de las tasas previstas en el Anexo.

1. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.1, en sus epígrafes A) y B), del Anexo de esta Ley se ajustarán, en tanto no se proceda a su nueva regulación, a lo establecido en la Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

2. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.4 del Anexo de esta Ley se ajustará, en tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no disponga de los medios necesarios para ejercer sus funciones de forma efectiva, a lo establecido en la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

 

Disposición transitoria décima.- Órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía.

Los órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía previstos en la Disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, seguirán ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el Consejo Consultivo de Energía previsto en la Disposición adicional decimoquinta de esta Ley.

 

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y de manera específica:

a) El apartado 7 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) La Disposición adicional undécima, excepto el apartado sexto, que permanece vigente, y la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

c) El artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a excepción de su apartado 4.

d) Los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

e) Los artículos 12, 17 y 40 y el Título III de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

f) La Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

g) El Título V de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.

h) El Capítulo II del Título I y la Disposición final cuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

i) El artículo 20, los apartados 15 y 16 del artículo 21, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, el apartado 2 del artículo 34, la Disposición transitoria quinta y el párrafo primero de la Disposición final segunda de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.

j) El Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de AENA.

 

Disposición final primera.- Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se modifica en los siguientes términos:

«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.»

 

Disposición final segunda.- Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se modifica en los siguientes términos:

«5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.»

 

Disposición final tercera.- Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

El apartado 4 del artículo 116 queda modificado como sigue:

«4. La Comisión Nacional de Energía será competente para imponer sanciones en los siguientes casos:

a) Infracciones muy graves previstas en el artículo 109.1.h), i), q), r) y ac).

Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d), g) y j) del artículo 109.1 siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones tipificadas en el párrafo ab) cuando afecte a materias de su competencia.

b) Infracciones graves prevista en el artículo 110.l, t), u) y w).

Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d) y f) del artículo 110, siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones tipificadas en el párrafo v) cuando afecte a materias de su competencia.

c) Infracciones leves en relación con incumplimientos de decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.»

 

Disposición final cuarta.- Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade una nueva Disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico del personal laboral de Aena.

La negociación colectiva, la contratación y el régimen jurídico del personal laboral de la Entidad Pública Empresarial Aena que no tenga la condición de controlador de tránsito aéreo será el legalmente establecido para el personal de Aena Aeropuertos, S.A.»

Dos. Se añade una nueva Disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimocuarta. Procedimientos en materia de tarifas aeroportuarias.

1. En el caso de inadmisión de la propuesta cuando ésta se haya efectuado prescindiendo del procedimiento contemplado en el artículo 98 de esta Ley, se concederá al gestor aeroportuario un plazo para subsanar las deficiencias detectadas, transcurrido el cual sin que se hayan subsanado o manteniéndose las condiciones de inadmisión de la propuesta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá la propuesta de modificación tarifaria que considere razonable, debidamente justificada y en la que consten las irregularidades identificadas, al órgano competente para su incorporación al anteproyecto de ley que corresponda.

En otro caso, la constatación de irregularidades en el procedimiento de consulta y transparencia previsto en el artículo 98 de esta Ley dará lugar a la emisión de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías usuarias del aeropuerto no asociadas a las asociaciones u organizaciones representativas de usuarios.

2. En el ejercicio de la función de supervisión de que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en los artículos 91 y 101.1 de esta Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de Ley que corresponda, las propuestas del gestor aeroportuario que cumplan con dichos criterios.

En otro caso, la Comisión comunicará al gestor aeroportuario la modificación tarifaria revisada o, en su caso, los criterios que habría de seguir para que la propuesta garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior y el plazo para presentar la nueva propuesta ajustada a dichos criterios. Recibida la comunicación del gestor aeroportuario o transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberla obtenido, la Comisión remitirá la modificación tarifaria revisada que proceda al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda. En la propuesta de la Comisión se hará constar de forma clara y precisa la modificación tarifaria propuesta por dicha Comisión así como el punto de vista del gestor aeroportuario.

En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión procurará evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea compatible con los principios establecidos en el artículo 91 y 101.1 de esta Ley.»

Tres. Se añade una nueva Disposición adicional decimoquinta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoquinta. Consulta sobre tarifas aeroportuarias.

En aquéllos aeropuertos en los que los usuarios de aeronaves de aviación general o deportiva, trabajos aéreos y de aeronaves históricas tengan una presencia significativa se dará participación en el procedimiento de consulta a que se refieren los artículos 98 y 102 a las asociaciones u organizaciones representativas de dichos operadores.»

 

Disposición final quinta.- Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 13 bis queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13 bis. Separación funcional.

1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusión de que las obligaciones impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.

Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.

2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:

a) pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,

b) pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable,

c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y

d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:

a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada,

b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad,

c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente,

d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones,

e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y

f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentación identificadas en el apartado 1 del artículo 46, hayan emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea.

5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.

6. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder significativo en uno o varios mercados pertinentes, se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con anterioridad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las empresas informarán también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.

En este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.

7. Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido, la separación funcional podrán estar sujetas a cualquiera de las obligaciones enumeradas en el artículo 13 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como poseedoras de poder significativo en el mercado.»

Dos. El apartado 1 del Anexo 1 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Tasa general de operadores.

1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68.

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.

2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca.

3. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, anteriormente referidos.

A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará pública antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley.

La memoria contemplará, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, que servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta Ley.

El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones.

Reglamentariamente se determinará el sistema de gestión para la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotación con el objeto de que éste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones.»

Tres. El apartado 5 del Anexo I queda redactado en los siguientes términos:

«5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará y recaudará en período voluntario las tasas de este Anexo.»

 

Disposición final sexta.- Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 95, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 95. Competencia para la imposición de sanciones.

Corresponderá la imposición de las sanciones por infracciones leves a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y por infracciones graves al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el Ministro de Fomento.

Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la imposición de las sanciones por el incumplimiento de sus resoluciones tipificado como infracción en los artículos 88.b) y 89.a).»

Dos. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 96 con la siguiente redacción:

«12. Las actuaciones reguladas en este artículo serán realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando se trate de procedimientos incoados como consecuencia de las infracciones a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 95.»

 

Disposición final séptima.- Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 70 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:

«3. La recaudación de las multas corresponderá a la Administración General del Estado en periodo voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»

 

Disposición final octava.- Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Uno. Se suprime el apartado 7 del artículo 13 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado como sigue:

«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro de su ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas, podrá imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas por las infracciones administrativas tipificadas como muy graves en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 60.a) de la presente Ley, así como por aquellas tipificadas en los números 8, 9 y 10 del citado artículo 60.a), en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia para sancionar la comisión de las infracciones graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, en el caso de las tipificadas en los números 4, 5 y 22 del artículo 61.a) de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la citada Comisión en el ámbito de sus competencias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia para sancionar aquellas infracciones leves tipificadas en el artículo 62 de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.

En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo verticalmente integrado a dicha empresa integrada verticalmente, según los casos.»

 

Disposición final novena.- Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en:

a) El artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

b) El artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general.

c) El artículo 149.1.21ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; correos y telecomunicaciones.

d) El artículo 149.1.25ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen minero y energético.

e) El artículo 149.1.27ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión.

 

Disposición final décima.- Habilitación normativa.

1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

2. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, el Estatuto Orgánico a que hace referencia el artículo 26 de esta Ley, en el que se establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes:

a) La estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

b) La distribución de competencias entre los distintos órganos.

c) El régimen de su personal.

 

Disposición final undécima.- Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 4 de junio de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

 

ANEXO.- Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en esta Ley

I. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades

1. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector postal

A) Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción y renovación de la inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

2. Devengo.

La tasa se devengará con la inscripción y renovación anual de la misma.

3. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que presten servicios postales y figuren inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

Las empresas que presten simultáneamente servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal y servicios no incluidos en dicho ámbito, deberán estar inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales en las secciones correspondientes a tales servicios. Cada acto de inscripción y de renovación dará lugar al abono de la tasa pertinente.

4. Cuantías.

La cuota a ingresar será de 400 euros, que deberá abonarse en el momento en que se realice la inscripción en el Registro o la renovación de la misma.

5. Gestión.

La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga en orden ministerial dictada al efecto.

B) Tasa por la expedición de certificaciones registrales.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificaciones registrales emitidas por el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

No será aplicable la tasa en el caso de certificaciones emitidas con ocasión de la inscripción inicial o renovación de la misma en dicho Registro.

2. Devengo.

La tasa se devengará con la solicitud de la certificación registral.

3. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas que soliciten la certificación.

4. Cuantías.

La cuota a ingresar será de 100 euros, que deberá abonarse de forma simultánea a la presentación de la solicitud.

5. Gestión.

La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga en orden ministerial dictada al efecto.

C) Tasas por la concesión de autorizaciones administrativas singulares.

La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento seguirá exigiéndose en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

2. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con las operaciones de concentración

Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del análisis de las concentraciones sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa la Competencia.

2. Devengo.

La tasa se devengará con la presentación de la notificación prevista en el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

Si se presentare la autoliquidación sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía de apremio, sin perjuicio de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia instruya el correspondiente expediente.

3. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas que resulten obligadas a notificar de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

4. Cuantías.

1.º Una cuota fija de 1.500 euros para aquellas concentraciones que requieran su tramitación a través del formulario abreviado de notificación previsto en el artículo 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. No obstante, si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decide, conforme a lo establecido en el artículo mencionado, que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán realizar la liquidación complementaria correspondiente.

2.º En el supuesto de análisis de operaciones de concentración económicas sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la cuota de la tasa será:

a) De 5.502,15 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros.

b) De 11.004,31 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 240.000.000 de euros e igual o inferior a 480.000.000 de euros.

c) De 22.008,62 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o inferior a 3.000.000.000 de euros.

d) De una cantidad fija de 43.944 euros cuando el volumen de negocios en España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 11.004,31 euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de negocios supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 109.806 euros.

5. Devolución.

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, la devolución de tasas exigidas solo procederá cuando el hecho imponible no se hubiere realizado por causas no imputables al sujeto pasivo.

6. Gestión.

La liquidación de la tasa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustará a lo que se disponga en la orden ministerial dictada al efecto.

3. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de las telecomunicaciones

Corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la liquidación de las siguientes tasas:

A) Tasa general de operadores, regulada en el apartado 1 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

B) Tasas por numeración telefónica, reguladas en el apartado 2 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

C) Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, reguladas en el apartado 3 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

D) Tasas de telecomunicaciones, reguladas en el apartado 4 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

4. Tasas previstas para el ejercicio de las funciones del sector energético

1. A los efectos previstos en la presente Ley, se establecen las siguientes tasas:

Primero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos líquidos.

a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con el sector de los hidrocarburos líquidos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por las ventas anuales de gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos y gases licuados del petróleo a granel y envasado expresadas en toneladas métricas (Tm), cuya entrega se haya realizado en territorio nacional. A estos efectos, no tendrán la consideración de ventas las realizadas entre operadores, ni las ventas realizadas por los operadores a los que se refiere el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, a distribuidores de gases licuados del petróleo por canalización a consumidores finales.

Las ventas a que se refiere el párrafo anterior se calcularán anualmente, con base en las realizadas en el año natural anterior y se aplicarán a partir del 1 de enero. Mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se determinarán las ventas anuales que corresponden a cada operador y que servirán de base para el cálculo de la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público. En tanto en cuanto no se dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo efectuará la liquidación prevista en la letra f) de este apartado conforme a las ventas anuales establecidas para el ejercicio inmediatamente anterior. Una vez dictada la resolución por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, éste efectuará las regularizaciones que, en su caso, procedan de acuerdo con la determinación de ventas que la misma hubiese establecido.

c) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.

d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son los operadores al por mayor a que se refieren los artículos 42 y 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

e) Tipo de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140817 euros/Tm.

f) Normas de gestión. La tasa será objeto de liquidación mensual por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ascendiendo el importe de cada liquidación practicada a la doceava parte de la cuota tributaria definida en la letra e) anterior.

El ingreso de la tasa liquidada y notificada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se realizará por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior en los plazos fijados en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Segundo. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos.

a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el sector de los hidrocarburos gaseosos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total derivada de la aplicación de peajes y cánones a que se refiere el artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

c) Devengo. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.

d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que realicen las actividades de regasificación, almacenamiento en tanques de GNL, almacenamiento básico, transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

e) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140 por ciento.

f) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante Resolución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaración-liquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de períodos y facturas.

El plazo para el ingreso de las tasas correspondientes a la facturación de cada mes, será, como máximo, el día 10, o el siguiente día hábil, del mes siguiente al siguiente a aquel a que se refiera el período de facturación liquidado.

g) Integración de la tasa en la estructura de peajes y cánones prevista en la Ley 34/1998, de 7 de octubre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos tiene la consideración de coste permanente del sistema gasista, integrándose a todos los efectos en la estructura, peajes y cánones establecida por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y disposiciones de desarrollo de la misma.

Tercero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector eléctrico.

a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el sector eléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

b) Exenciones y bonificaciones. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, por la que se determina el régimen de exenciones y coeficientes reductores aplicable a las cuotas a que se refiere el artículo 5 del citado Real Decreto.

Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta del citado Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre.

c) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total derivada de la aplicación de los peajes de acceso a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

d) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.

e) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que desarrollan las actividades de transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

f) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,150 por ciento, para los peajes a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

g) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos pasivos definidos en la letra e) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante resolución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaración-liquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de periodos y facturas.

El ingreso de las tasas correspondientes a la facturación del penúltimo mes anterior se realizará antes del día 10 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.

h) Integración de la tasa en la estructura de peajes prevista en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico tiene la consideración de coste permanente del sistema, en los términos previstos en el artículo 16.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, integrándose a todos los efectos en la estructura de peajes establecida por la citada Ley y disposiciones de desarrollo de la misma.

2. La gestión y recaudación en período voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa de aplicación.

La competencia para acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pago en período voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición, corresponderá, asimismo, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. La recaudación en vía ejecutiva será competencia de los órganos de recaudación de la Hacienda Pública, de acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria.

3. En lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y normas de desarrollo de las mismas.

4. Los tipos de gravamen serán revisados por el Gobierno con carácter cuatrienal, adaptándolos a las necesidades de financiación que justifiquen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

La primera revisión se realizará al año siguiente en que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejerza de forma efectiva las funciones encomendadas en la Disposición adicional octava de esta Ley.

5. La prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a que se hace referencia en los apartados Primero a), Segundo a) y Tercero a) incluirá aquellos realizados por organismos adscritos al mismo a los que el citado Ministerio encomiende la prestación o realización de los servicios y actividades.

6. En las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se determinará qué porcentaje de lo recaudado por las tasas previstas en los apartados Segundo y Tercero se destinará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de sus funciones en el ámbito del sector energético.

5. Tasa por la gestión administrativa del juego

La gestión de esta tasa será realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

II. Prestaciones patrimoniales de carácter público

1. Aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma, reguladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación Radio y Televisión Española.

2. Contribución postal regulada en el artículo 31 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion et à l'administration du personnel civil de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est.

Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion et à l'administration du personnel civil de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 avril 2005 portant le numéro 1059315,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «gestion des personnels» mis en oeuvre par le bureau organisation ressources de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est et dont la finalité principale est l'aide à la gestion et à l'administration du personnel civil.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom -patronymique, marital ou d'usage-, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresses -postale et professionnelle de courrier électronique-, numéros de téléphone, identifiant défense, photographie) ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants -prénoms, sexe, date(s) de naissance, à charge ou non, date de décès éventuel-, personne à prévenir en cas d'urgence -nom, prénom, lien de parenté, adresse, téléphone-, prénom du conjoint, profession) ;

– à la situation militaire (grade, arme, spécialité, durée des services, affectation, dégagé, sursitaire, exempté, position sous les drapeaux, affectation dans la réserve, numéro matricule au recrutement) ;

– à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, formation professionnelle -nature et date des cours, stages ou autres actions de formation-, niveau général et scolaire, récompenses, décorations) ;

– à la vie professionnelle (mode de recrutement -concours, examens, recrutement direct-, régime juridique [statutaire ou contractuel], position administrative -activité à temps complet ou à temps partiel, détachement, position hors cadre, disponibilité, congé parental-, congés -annuels, maladie, longue maladie, longue durée, maternité, liés aux charges parentales, de formation professionnelle, de formation syndicale-, grades ou emplois et affectations successifs et actuels, indices de traitement -bruts ou réels majorés- successifs et actuels, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidences administratives successives et actuelle, notation effectuée selon les garanties statutaires, demandes de mutation ou orientation souhaitée) ;

– à la santé (calendrier des visites médicales).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.

Les données nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

La conservation des données relatives aux motifs d'absences est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

– les agents responsables de la gestion des personnels ;

– les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

– les membres des corps d'inspection.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'aticle 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est (bureau organisation ressources), quartier Ostérode, BP 28, 69998 Lyon Armées.

Article 6. Le directeur régional du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, C. Guerlavais

01Ene/14

Ley nº 7607 de 29 de mayo de 1996. Reforma de los artículos 24 y 46 de la Constitución de Costa Rica

Artículo 1º.- Reformas

Refórmanse los artículos 24 y 46 de la Constitución Política, cuyos textos dirán:

«Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, la ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuanto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.

 

Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.«

 

Artículo 2º.- Vigencia.

Rige a partir de su publicación.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l'accès au restaurant scolaire

Délibération nº 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l'accès au restaurant scolaire (décision d'autorisation unique nº AU-009).

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention nº 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 (8° et II) ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Après avoir entendu M. Francis Delattre, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

Le contrôle de l'accès au restaurant scolaire peut s'effectuer grâce à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main.

Dès lors, de tels dispositifs relèvent de l'article 25 (8°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 25-II aux termes duquel les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission ;

Le responsable de traitement mettant en oeuvre un dispositif reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le respect des dispositions de cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation ;

Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en oeuvre ces traitements.

Article 1. Finalités et caractéristiques techniques du traitement.

Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance du contour de la main mis en oeuvre par les établissements publics locaux d'enseignement du second degré et les établissements privés d'enseignement du second degré.

Ces traitements ont pour finalité le contrôle de l'accès des élèves et des personnels au restaurant scolaire et sont interconnectés avec une application de gestion de la restauration ainsi qu'avec un système de paiement associé.

Le système envisagé repose d'une part, sur la mise en oeuvre d'un fichier de gestion recensant les élèves fréquentant la cantine scolaire et d'autre part, sur un dispositif de contrôle d'accès.

Ce dernier est composé d'une borne d'accès, située à l'entrée du restaurant, reliée à un lecteur biométrique, lequel contient une base de données comportant les gabarits biométriques et les codes d'accès.

Le dispositif biométrique de reconnaissance du contour de la main doit présenter les caractéristiques suivantes :

– aucune photographie de la main des personnes concernées n'est conservée ;

– les éléments pris en compte reposent exclusivement sur la géométrie de la main ;

– seul le gabarit du contour de la main, résultat du traitement des mesures par un algorithme, est enregistré dans la base de données où il peut être associé à un code ou numéro d'authentification de la personne.

Article 2. Données à caractère personnel traitées.

Seules les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :

a) S'agissant des élèves :

– les données de gestion utiles pour l'accès au restaurant : identité (nom, prénom), la classe, le numéro d'ordre dans l'établissement, les coordonnées du responsable légal, un code horaire et un code tarif ;

– les gabarits biométriques de la main associés à un code d'accès personnel ;

b) S'agissant des personnels :

– les données de gestion utiles pour l'accès au restaurant : identité (nom, prénom), les codes horaire et tarif.

– les gabarits biométriques de la main associés à un code d'accès personnel.

Article 3. Destinataires des informations.

Peuvent être destinataires des données visées à l'article 2, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, le responsable d'établissement ainsi que les seules personnes habilitées qui assurent la gestion du service de la restauration scolaire.

Les personnes habilitées énumérées ci-dessus ne peuvent avoir accès au gabarit de l'empreinte digitale que de façon temporaire et pour les stricts besoins de son inscription sur le support individuel ou de sa suppression.

Article 4. Durée de conservation.

Les données relatives à l'identité de l'élève sont conservées pendant la durée de sa scolarité dans l'établissement. Les données relatives à l'identité des personnels sont conservées pendant la durée de leur affectation au sein de l'établissement.

Les gabarits biométriques du contour de la main associés à un code d'accès personnel sont conservés pendant la durée de l'année scolaire. Si une personne quitte l'établissement ou est désinscrite du service de restauration scolaire en cours d'année, les données biométriques sont effacées dans la semaine suivant son départ ou sa désinscription.

Article 5. Mesures de sécurité.

Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.

Les accès individuels au traitement s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuel, régulièrement renouvelé, ou par tout autre moyen d'authentification.

Article 6. Information des personnes.

L'information des élèves majeurs et des représentants légaux des élèves mineurs ainsi que des personnels sur l'identité du responsable du traitement, les finalités poursuivies, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, les conséquences éventuelles, à leur égard d'un défaut de réponse, les destinataires des données et l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données les concernant est assurée par la diffusion d'une note explicative, préalablement à la mise en oeuvre du traitement.

Les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs doivent être individuellement informés du droit de s'opposer, par un moyen simple, à l'informatisation des données biométriques les concernant ou concernant leurs enfants. En cas d'opposition à l'utilisation du dispositif biométrique, les élèves ont la possibilité de se voir délivrer un badge ou tout autre moyen d'accès à la cantine.

L'information des représentants des parents d'élèves, des élèves et des personnels doit également être assurée lors des réunions des instances délibératives de l'établissement.

Article 7. Exercice des droits d'accès et de rectification.

Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi du 6 janvier modifiée s'exerce auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés. Cette information figure sur le formulaire d'inscription au service de restauration scolaire.

Article 8. Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 25 (8°) et 30 de la loi modifiée du 6 janvier 1978.

Article 9. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président, A. Türk

01Ene/14

Ley Estatutaria 1581 de 17 de octubre de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de los datos personales (Diario Oficial 48587 de octubre 18 de 2012)

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

 

TÍTULO I.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1º.- Objeto.La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación:

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico.

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley;

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia;

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales;

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008;

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993.

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley.

 

Artículo 3º.- Definiciones.Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

 

TÍTULO II.- PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 4º.- Principios para el Tratamiento de datos personales.En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios:

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.

 

TÍTULO III.- CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS

Artículo 5º.- Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Artículo 6º.- Tratamiento de datos sensibles.Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización;

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular;

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.

 

Artículo 7º.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes.En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley.

 

TÍTULO IV.- DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Artículo 8º.- Derechos de los Titulares.El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

 

Artículo 9º.- Autorización del Titular.Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.

Artículo 10.- Casos en que no es necesaria la autorización.La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

b) Datos de naturaleza pública;

c) Casos de urgencia médica o sanitaria;

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.

 

Artículo 11.- Suministro de la información.- La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.

El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento deberán suministrar la información del Titular, atendiendo a la naturaleza del dato personal, Esta reglamentación deberá darse a más tardar dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley.

 

Artículo 12.- Deber de informar al Titular.El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente:

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo;

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes;

c) Los derechos que le asisten como Titular;

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.

Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta.

 

Artículo 13.Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas:

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.

 

TÍTULO V.- PROCEDIMIENTOS

Artículo 14.- Consultas.Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. El Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento deberán suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular.

La consulta se formulará por el medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta.

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en leyes especiales o los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional podrán establecer términos inferiores, atendiendo a la naturaleza del dato personal.

 

Artículo 15.- Reclamos.El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga «reclamo en trámite» y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

 

Artículo 16.- Requisito de procedibilidad.El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento.

TÍTULO VI.- DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

Artículo 17.- Deberes de los Responsables del Tratamiento.Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular;

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada;

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento;

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley;

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular;

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley;

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos;

l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo;

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Artículo 18.- Deberes de los Encargados del Tratamiento.Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la presente ley;

d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la presente ley;

f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los Titulares;

g) Registrar en la base de datos las leyenda «reclamo en trámite» en la forma en que se regula en la presente ley;

h) Insertar en la base de datos la leyenda «información en discusión judicial» una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal;

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio;

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella;

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares;

l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo. En el evento en que concurran las calidades de Responsable del Tratamiento y Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los deberes previstos para cada uno.

 

TÍTULO VII.- DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN

CAPÍTULO I.- De la autoridad de protección de datos

Artículo 19.- Autoridad de Protección de Datos.- La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley.

Parágrafo 1º.El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley incorporará dentro de la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio un despacho de Superintendente Delegado para ejercer las funciones de Autoridad de Protección de Datos.

Parágrafo 2º.La vigilancia del tratamiento de los datos personales regulados en la Ley 1266 de 2008 se sujetará a lo previsto en dicha norma.

Artículo 20.- Recursos para el ejercicio de sus funciones.La Superintendencia de Industria y Comercio contará con los siguientes recursos para ejercer las funciones que le son atribuidas por la presente ley:

a) Los recursos que le sean destinados en el Presupuesto General de la Nación.

 

Artículo 21.- Funciones.La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales;

b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los mismos;

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva;

d) Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento de datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a la protección de datos;

e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley;

f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones.

g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos;

h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento;

i) Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional;

j) Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la recolección internacional de datos personajes;

k) Las demás que le sean asignadas por ley.

 

CAPÍTULO II.- Procedimiento y sanciones

Artículo 22.- Trámite.La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes.

En lo no reglado por la presente ley y los procedimientos correspondientes se seguirán las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo.

 

Artículo 23.- Sanciones.La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones:

a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó;

b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar;

c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio;

d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles;

Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.

 

Artículo 24.- Criterios para graduar las sanciones.- Las sanciones por infracciones a las que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:

a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;

b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión de la infracción;

c) La reincidencia en la comisión de la infracción;

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio;

e) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;

f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

 

CAPÍTULO III.- Del Registro Nacional de Bases de Datos

Artículo 25.- Definición.- El Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país.

El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos.

Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará, dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, la información mínima que debe contener el Registro, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en este los Responsables del Tratamiento.

 

TÍTULO VIII.- TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES

Artículo 26.- Prohibición.Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.

Esta prohibición no regirá cuando se trate de:

a) Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia;

b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública;

c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable;

d) Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad;

e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular;

f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

Parágrafo 1º.En los casos no contemplados como excepción en el presente artículo, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales. Para el efecto, el Superintendente queda facultado para requerir información y adelantar las diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.

Parágrafo 2º.Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán aplicables para todos los datos personales, incluyendo aquellos contemplados en la Ley 1266 de 2008.

TÍTULO IX.- OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 27.- Normas Corporativas Vinculantes.- El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas Vinculantes para la certificación de buenas prácticas en protección de datos, personales y su transferencia a terceros países.

 

Artículo 28.- Régimen de transición.Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ejerzan alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuarse a las disposiciones contempladas en esta ley.

Artículo 29.- Derogatorias.La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias a excepción de aquellas contempladas en el artículo 2°.

Artículo 30.- Vigencia.La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República, ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE.

El Secretario General del honorable Senado de la República, GREGORIO ELJACH PACHECO.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.

La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, FLOR MARINA DAZA RAMÍREZ.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-748 de 2011 proferida por la Corte Constitucional, se procede a la sanción del proyecto de ley, la cual ordena la remisión del expediente al Congreso de la República, para continuar el trámite de rigor y posterior envío al Presidente de la República.

 

Dada en Bogotá, D. C., a 17 días del mes de octubre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho, RUTH STELLA CORREA PALACIO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, MAURICIO CÁRDENAS SANTA MARÍA.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, SERGIO DIAZ-GRANADOS GUIDA.

El Ministro de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, DIEGO MOLANO VEGA.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Décret nº 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 719-1 et L. 719-2 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004,

Décrète :

Article 1. Les opérations de vote pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions peuvent être réalisées par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés .

Les dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé leur sont applicables, à l'exception des articles 29, 30, 31, 32, 34 et des troisième et quatrième alinéas de l'article 35.


Article 2.
L'élection par voie électronique est mise en oeuvre sur décision du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement et consultation des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions.

La mise en place du vote par voie électronique exclut toute autre modalité de vote.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste des établissements pouvant mettre en oeuvre le vote électronique qui figure en annexe de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 3. La mise en place du vote par voie électronique est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 4. Le président ou le directeur de l'établissement choisit, après avis favorable du conseil d'administration, le système automatisé qui doit garantir l'égalité des candidatures, le caractère personnel et le secret du vote et la possibilité d'opérer un contrôle sur la régularité du scrutin.

Lorsque l'établissement a recours à un prestataire de services pour la conception ou la mise en oeuvre du système automatisé, le cahier des charges comporte des clauses destinées à assurer la garantie effective de ces règles et principes.

Les modalités de mise en oeuvre du vote électronique font l'objet d'une concertation avec les élus étudiants des conseils visés à l'article 1er du présent décret. Elles permettent à l'électeur d'être informé de l'intégralité du processus de vote, des conditions de prise en compte de son vote et des cas où celui-ci sera comptabilisé comme vote blanc ou nul.

Article 5. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2004.

 

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon

01Ene/14

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima -28/02/2003 (Periódico Oficial del Estado de Colima)

DECRETO nº 318.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ArtículoS 33 FRACCIÓN XLII Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 30 de abril del año 2002, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa para la expedición de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, misma que fue turnada en la fecha señalada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto, de Gobernación y Poderes y de Peticiones, mediante oficio número 1517/02, suscrito por los Diputados Secretarios José Mancilla Figueroa y Fernando Ramírez González.

La exposición de motivos de esta iniciativa establece lo siguiente:

«En el año de 1977 se adicionó el Artículo 6° de nuestra Constitución federal para consagrar en su texto, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el derecho a la información, como una garantía individual. Desde esta adición, la última parte de este Artículo establece que «el derecho a la información será garantizada por el Estado».

Sin embargo, desde esta importante reforma constitucional a la fecha, no se cuenta con una ley reglamentaria federal que haga en la práctica la utilización de este derecho, indispensable para garantizar que las personas tengan acceso a una información veraz, suficiente y oportuna. Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. En consecuencia y para continuar con el proceso de elaboración de leyes, pasó a la Cámara de Senadores para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, donde se encuentra actualmente este proyecto de ley. A nivel local, es oportuno señalar que muy pocos estados de la República ya cuentan con una legislación reglamentaria que garanticen este derecho, sabemos que en los estados de Jalisco y Sinaloa ya cuentan con este tipo de ley. En nuestro estado de Colima no contamos con una ley reglamentaria en esta materia, por lo que se hace imprescindible presentar esta iniciativa de ley para que en nuestra entidad se cuente con una ley que garantice el acceso a la información pública.

Es importante dar este paso en nuestro estado por ser una materia de gran relevancia, ya que la información responde a la necesidad básica que tiene el hombre de expresarse y de saber lo que los demás han expresado, es una exigencia que responde al derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos de expresarnos, de informar y de informarnos, facultad que deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad civil. Con relación a esto es oportuno señalar que estamos conscientes que el derecho a la información es una garantía jurídica con un sentido muy amplio y que no sólo se puede circunscribir al acceso a la información del estado, pero éste sí es una de sus partes torales y que en esta pretendida ley se busca garantizar.

Consideramos que al legislar en esta materia, estaremos contribuyendo a construir un estado más democrático y justo, otorgando una herramienta indispensable para que el gobernado pueda llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y así poder evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo. Con trasparentar la información pública y permitir el libre acceso a ésta, sin duda, se estará fomentando que la administración pública sea más eficiente y se facilite el combate a la corrupción. Con esto, también, la rendición de cuentas al ciudadano se hará en forma permanente.

Con este ánimo, los suscritos presentamos la presente iniciativa para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la información pública. En esta ley pretendemos establecer el principio de la publicidad de la información en posesión del Estado y en consecuencia el derecho de los particulares de conocerla y tener acceso a ésta, con sus excepciones en la información reservada y confidencial. Es importante señalar el ámbito de aplicación que proponemos para esta ley, estableciendo como sujetos obligados a los tres poderes del Estado, a los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos y a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos estatales.

En sus apartados, en primer lugar proponemos transparentar la información, al obligar a los sujetos obligados a tener cierta información, por lo menos, a disposición del público en forma permanente y sin que medie una solicitud de acceso a la información, que bien se podrá establecer de esta manera a través del internet.

En otro capítulo se atiende todo lo relacionado con el procedimiento por el cual los particulares podrán requerir información a los sujetos obligados, que deberá ser atendida a más tardar en 15 días hábiles, con una prórroga de 10 días más, debidamente justificada. Destacando que la omisión de contestar a la solicitud no se entenderá como negativa ficta, sino al contrario se establece que en esta situación irregular, la entidad estará obligado a dar la información.

Por otro lado, también se reglamenta otra vertiente del derecho a la información, el derecho de acceso a todo individuo a sus datos concernidos a su propia persona, denominado como el derecho de «hábeas data». De esta manera la persona podrá solicitar rectificaciones o supresiones a estos registros relacionados con él mismo.

Para vigilar el cumplimiento de esta ley y para ser la autoridad en materia de acceso a la información, se propone crear la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, como órgano autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por tres comisionados propuestos por el Ejecutivo del Estado y electos por el Congreso del Estado.

Como medio de defensa de los particulares ante las resoluciones de los sujetos obligados, la iniciativa plantea contemplar dos recursos, uno, el de inconformidad, ante el propio sujeto obligado para que puede reconsiderar su determinación, y como segunda instancia, ante la Comisión Estatal referida se podrá interponer el recurso de revisión, dejando a salvo el derecho del particular de interponer cualquier otra acción legal ante una autoridad jurisdiccional.

Por último se propone un capítulo que determine como faltas administrativas el no acatar las disposiciones de esta ley, para que sean sancionadas en los términos que establece la ley de la materia, es decir, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.»

SEGUNDO.- Con fecha 6 de mayo del año 2002, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron iniciativa para la expedición de una Ley de Acceso a la Información y de Transparencia en la Función Pública del Estado, misma que fue turnada en la fecha señalada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto, de Gobernación y Poderes y de Peticiones, mediante oficio número 1522/02, suscrito por los Diputados Secretarios José Mancilla Figueroa y Fernando Ramírez González.

La exposición de motivos de esta iniciativa establece lo siguiente:

«Que el acceso a la información es universalmente reconocido como un derecho inherente del sistema democrático como lo consignan los principales instrumentos del derecho internacional:

La Convención Americana de los Derechos Humanos, precisa en su Artículo 13 la libertad de pensamiento y expresión que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consigna en su Artículo IV la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 19 establece el derecho individual de investigar y recibir informaciones y opiniones; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla en su Artículo 19.1 la libertad de toda persona a buscar, recibir, y difundir informaciones de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En México, el derecho a la información es una garantía constitucional consagrada en el Artículo sexto, independientemente que en términos del Artículo 133 de la carta magna y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados estas disposiciones del derecho internacional precisen su vigencia en el territorio nacional.

El derecho a la información, de acuerdo con Jorge Carpizo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nace en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se trata, explica, de «una garantía fundamental que toda persona posee para atraerse información, informar y ser informada, definición de la que se desprenden otros tres aspectos importantes:

a) El derecho a atraerse información que incluye las facultades de

I) acceso a los archivos, registros y documentos públicos,

II) la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.

b) El derecho de informar, que incluye

I) las libertades de expresión y de imprenta, y

II) el de constitución de sociedades y empresas informativas.

c) El derecho a ser informado que incluye las facultades de

I) recibir información objetiva y oportuna,

II) la cual debe ser completa; es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y,

III) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna».

El derecho a la información, tiene no obstante, antecedentes lejanos en el tiempo.

Tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca en 1766, sobre libertad de prensa en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. Luego, en 1789, los hombres de la Revolución Francesa, en el Artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisaron: «La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre». La comunicación a la que aludía tal disposición se refería a la información o flujo de intercambios que debían existir entre los hombres a lo que ellos pensaban y conocían, a efectos de que con todo ello se transformara en un saber compartido.

No es casual por ello que sea justamente en el continente europeo donde a partir del vertiginoso avance tecnológico ha surgido el concepto «sociedad de la información abierta» y que el acceso a la información pública esté regulado con legislaciones propias en la mayoría de los países, no sólo como un valor fundamental de las democracias, sino como medida necesaria para el desarrollo económico.

Leyes de acceso a la información pública y/o códigos sobre la materia existen en Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, y los Países Bajos. Y si bien Alemania no dispone de normas generales de acceso a la información del sector público, existen normas sectoriales que ofrecen acceso a tipos concretos de información, en lo que se refiere a quejas administrativas o información del medio ambiente.

El uso de los mecanismos que permite el avance de la tecnología es fundamental en el acceso a la información que brinda la mayoría de países europeos. Desde marzo de 1995, el gobierno federal belga mantiene un amplio sitio en internet en cuatro lenguas, neerlandés, francés, inglés y alemán, en el que dispone de enlaces con todos los departamentos federales y contiene información general sobre Bélgica, decisiones del consejo de ministros, las direcciones de organismos administrativos e iniciativas sobre la información del sector público.

En Dinamarca, todas las publicaciones oficiales están disponibles electrónicamente y los entes públicos disponen de correo electrónico; en Grecia, los organismos de la administración pública también han desarrollado sistemas de información electrónica para que sus contenidos sean accesibles a los ciudadanos y las empresas. En Francia, desde enero del 98, el gobierno ofrece en Internet los datos esenciales de la administración pública.

Adicionalmente, debe señalarse que en Francia, como en otros países, —Grecia, Irlanda, Italia y Austria, entre otros—, el sector privado participa activamente en el mercado de la información pública.

En septiembre de 1996, en su resolución sobre el plan de acción de la Comisión para la Sociedad de la Información, el Parlamento Europeo solicitó que las nuevas formas de difusión electrónica se utilizaran para transmitir información pública a todos los ciudadanos a escala europea y nacional en los Estados miembros.

En Europa el acceso a la información pública y las acciones de transparencia de las instituciones públicas van de la mano. Al Tratado de Amsterdam, se incorporó una disposición mediante la cual cualquier ciudadano de la Unión Europea, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones europeas, con el propósito de impulsar la mayor transparencia posible. Según el principio de transparencia, el tratado constituye un paso adelante en el proceso de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en las que las decisiones se tomen del modo más transparente y más cercano a los ciudadanos que sea posible.

En los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1966 está vigente la Ley de Libertad de Acceso a la Información a la que en 1974 se le hicieron algunas enmiendas para ampliar aun más el acceso a las informaciones gubernamentales. Si la ley original del 66 sólo disponía que las dependencias federales tuvieran datos disponibles para ser consultados o copiados a solicitud del público, las reformas del 74, les exige la publicación de datos relacionados incluso con opiniones finales sobre sus acuerdos, sus regulaciones y los manuales de personal administrativo.

Esta ley exige a las dependencias federales, presenten un informe anual al Congreso que incluya un listado de todos los casos en los que se decidió no entregar las informaciones solicitadas al amparo de la ley, así como los motivos de esas decisiones, las apelaciones, los nombres de los funcionarios que estuvieron involucrados y autoriza a las cortes a ordenar el pago de los gastos de abogados a las personas que ganen las demandas basadas en la ley.

Además de esta legislación federal, existen leyes estatales propias en la materia. La Ley de Información Pública, contenida en el Capítulo 552 del Código de Gobierno de Texas permite tener acceso a los récords del gobierno y ningún oficial de información pública o sus agentes pueden preguntar por qué se desea accesar a tales récords al establecerse el principio que toda la información del gobierno está disponible al público.

En Latinoamérica, el acceso a la información pública, la transparencia de la función pública y el combate a la corrupción en las entidades públicas, son temas que han ido de la mano y han ocupado el interés de los organismos internacionales, incluso en la actualidad.

Antecedentes se encuentran por ejemplo en la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1966, en la que luego de mostrar el convencimiento de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos sobre la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de la corrupción en las instituciones públicas, se declara el propósito de promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, mediante un conjunto de medidas preventivas en las que se destaca crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y para la publicación de tales declaraciones; sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

Por otra parte, el informe anual del 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye el primer informe de una recién creada Relatoría para la Libertad de Expresión, que destaca a su vez:

«…dado el reconocimiento por parte de varios Estados de buscar estrategias para combatir los altos índices de corrupción que acechan las democracias del hemisferio, el Relator Especial desea enfatizar que la promulgación de leyes de acceso a la información como forma de fiscalización efectiva de la gestión gubernamental, así como también garantizar una protección amplia a la libertad de expresión, pueden contribuir significativamente a promover la transparencia en la gestión del gobierno…el derecho de acceso a la información se erige como mecanismo de fortalecimiento de los principios fundamentales de transparencia, apertura y escrutinio del accionar del gobierno dentro de una democracia representativa. Contar con procedimientos que garanticen ese derecho es uno de los mecanismos más afectivos para combatir la corrupción».

Elaborada por la misma Relatoría Especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó en octubre de 2000, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en la que al reafirmar que el Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio para su transmisión, adopta entre otros, los principios 2 y 4 siguientes:

2.- Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todas las Personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

4.- El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista peligro real o inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

Celebrada en Quebec. Canadá, en abril del 2001, la III Cumbre de las Américas, los gobiernos de los Estados miembros de la OEA retomaron el tema y al celebrar un plan de acción para fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, inician con el reconocimiento que la buena gestión en de los asuntos públicos exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y públicamente responsables a todos los niveles, al igual que la participación ciudadana, controles efectivos y el equilibrio y separación de poderes, teniendo en cuenta la función que desempeñan las tecnologías de la información y comunicación.

En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, el plan de acción aconseja firmar, ratificar o adherirse lo antes posible, según sea el caso, la Convención Interamericana contra la Corrupción y fortalecer la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas. Y en lo que respecta a la libertad de opinión y expresión acuerda apoyar la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión a través del Relator Especial sobre Libertad de Expresión; proceder a la difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada , y entre otras medidas, buscar que la legislación nacional sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales asegurando el acceso a la información de todos los ciudadanos.

Mientras tanto, el 14 de noviembre del 2001 México presentó una propuesta de elementos sustantivos para una futura Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y mediante un proyecto formal de los trabajos de la Convención a celebrarse durante el 2002 en Viena, en el Artículo 24 propone, entre otras siguientes Medidas Preventivas:

g) Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones, cuando proceda;

h) Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. Dichos sistemas considerarán la restricción al máximo posible de la atribución de facultades discrecionales a los funcionarios públicos respecto del otorgamiento de autorizaciones y resoluciones administrativas así como mecanismos para la supervisión estricta de las facultades discrecionales que se dejen subsistentes;

j) Mecanismos que permitan transparentar la gestión de los asuntos públicos, incluyendo la relación entre las autoridades y los ciudadanos y que proporcionen obligatoriamente información sobre los resultados de los trámites y las gestiones realizadas ante ellas;

p) Mecanismos eficaces para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, al través de, vervigratia, su inclusión en los procesos de decisión, a través de comités de vigilancia; su involucramiento en los procesos de licitación y el libre acceso a la información.

Es justamente en este contexto de una amplia discusión internacional, que la Organización de Estados Americanos elaboró el septiembre de 2000 la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción, misma que de su preámbulo son las siguientes consideraciones:

«A fin de alcanzar un nivel de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y de permitir una mayor participación ciudadana en los asuntos de interés social, se requiere la construcción, promoción y fomento del derecho de acceso a la información.

El desarrollo de este derecho forma parte de las metas del así llamado Estado Proactivo, esto es, de un Estado que se preocupa no sólo por la realización del ciudadano en su esfera pública y privada, sino también de la promoción de su participación activa en los asuntos públicos, asumiendo responsabilidad por la fiscalización del ejercicio de las funciones y competencias públicas.

La vinculación entre el derecho del ciudadano al acceso a la información y el ejercicio de otros derechos constitucionales no es causal: precisamente la garantía de aquel acceso resulta ser el fundamento básico para el ejercicio libre y responsable de otros derechos fundamentales. Esto resulta particularmente claro cuando se tiene en cuenta que si un ciudadano no recibe información amplia, veraz actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, no podrá ejercer muchos derechos previstos en las Constituciones Políticas, como el derecho a la educación, el mismo derecho a la información, el derecho al voto, el derecho a la libre autodeterminación y, en general, el derecho a una participación libre y democrática de la sociedad. Todos los derechos mencionados requieren diversos niveles de información para poder adquirir un cierto rango de ejecutividad y, por supuesto, la carencia de datos y valoraciones que requiere podría provocarle disfunciones en el ejercicio de sus derechos o incluso el temor o el miedo a su realización. Un ciudadano que enfrenta vacíos y lagunas de información sobre asuntos públicos tampoco tendrá oportunidad de expresar su pensamiento sobre dichos asuntos, lo que socavaría uno de los fundamentos más esenciales del Estado de Derecho.

Este derecho de acceso a las informaciones públicas adquiere una dimensión importantísima cuando se le observa a partir de las connotaciones tecnológicas y sociales de la así llamada sociedad de la información. En efecto, en esta sociedad donde el valor de la información ha adquirido un valor económico en proporciones verdaderamente insospechadas, se están gestando las condiciones para una sociedad más abierta y transparente. La sociedad de la información no sólo ha transformado los conceptos sociales de distancia y tiempo, sino que también ha influido decididamente en el concepto de opinión pública, la cual ahora, puede formarse con tal prescindencia de las condiciones existentes en un determinado país y coyuntura temporal. Estas condiciones también han permitido poner a disposición de los ciudadanos medios para acceder a informaciones y datos esenciales para la toma de decisiones en todos los campos, también en aquellos que son interesantes para la participación política activa. Estos datos e informaciones circulan en todas direcciones, están disponibles en cualquier momento y ya no dependen de limitaciones tales como las horas de servicio de oficina pública o de las posibilidades reales de traslación física al lugar donde dichas informaciones están conservadas. Probablemente estas características pueden traer consigo la promesa de conseguir algún día una sociedad más abierta que permita desarrollar una democracia participativa.

(…) La publicidad de los actos de gobierno y demás informaciones públicas busca permitir que las personas puedan conocer mejor su entorno vital en el que interactúan y puedan así expresar sus pensamientos y opiniones acerca de todo ello, no sólo alcanzando un enriquecimiento general del grupo, sino también una participación efectiva en el quehacer cotidiano de la sociedad.

La publicidad también permite que el ciudadano pueda controlar dichos actos, no sólo por medio de una contratación de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. Se trata entonces de un control en manos de los gobernados que junto con los otros controles ideados en el marco del Estado de Derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia de la función pública y la reducción de los ámbitos posibles de la corrupción.

La corrupción es un fenómeno de difícil control, no sólo por su vocación de realizarse a escondidas y en forma consensual, sin ninguna transparencia, como porque casi siempre se acude a mecanismos de autovigilancia por parte de la misma administración pública, los que pueden depender de la eficiencia de la misma administración para promover una deontología funcional dentro de sus cuadros.

En las leyes de acceso a la información se trata de corregir esta lógica, promoviendo un conocimiento amplio por parte de los ciudadanos de las gestiones de los diversos órganos, su ejecución presupuestaria, el grado de avance en el cumplimiento de sus objetivos, así como los planes para mejorar las condiciones de vida, en general, de la colectividad. La idea es que tales actos e informaciones le servirán al ciudadano para conocer mejor los diversos procesos de funcionamiento de la administración pública y generar un control de alguno de los campos sensibles en los que puede producirse algún acto de corrupción».

La ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción que consta de cuatro capítulos y 30 Artículos, considera elementos de legislaciones americanas y europeas, de ahí que le brinden actualidad y acercamiento a los fenómenos tecnológicos implícitos para una normativa de este nivel.

Basados en esa propuesta, se formularon proyectos de legislación de acceso a la información en Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. En tanto, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó el 10 de diciembre del 2001 la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada y promulgada apenas el 22 de enero del 2002 que aunque basada en ese mismo modelo, surgió de un proyecto de ley de libre acceso a la información pública elaborado por Transparencia Internacional y del proyecto de ley de Transparencia de la Gestión de Gobierno presentado por la Asociación panameña de ejecutivos de empresa. Brasil, Argentina, Perú y Ecuador a su vez, permiten no sólo el acceso a las informaciones públicas, sino que además incluyen en sus legislaciones el derecho del ciudadano a acceder a sus propios datos en poder de los entes oficiales a fin de controlar la veracidad, exactitud y la identidad de los mismos, aunque el denominador común tanto en los proyectos presentadas como en las legislaciones vigentes es el de establecer el principio de la publicidad en los actos de gobierno y de garantizar el acceso a la información de tales actos, como uno de los pilares fundamentales de las democracias.

En México, el derecho a la información es un tema que se discute desde 1976 y que aparenta concluir con la recién aprobada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Adicionalmente debe mencionarse que aunque la Ley de Imprenta en el país no ha sufrido ninguna reforma desde su promulgación en 1917 quedando por completo descontextualizada del ámbito del derecho internacional, en la República Mexicana, sólo un estado, el de Jalisco cuenta desde el 20 de diciembre del 2001 con una ley en la materia, que es la de Transparencia e Información Pública aunque es de reconocerse que rescata algunas de las disposiciones de la Ley Modelo impulsada por organismos americanos.

El tema sin embargo, ha merecido atención reciente en algunos estados. Mientras en Colima, hace unos días, el Club de Reporteros, llevó a cabo un foro de consulta sobre esta importante materia, y el Partido Acción Nacional ha presentado el pasado martes 2 de mayo una iniciativa al respecto.«

TERCERO.- Con fecha 13 de junio del año 2002, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron iniciativa para la expedición de una Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, misma que fue turnada en la fecha señalada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante oficio número 1597/02, suscrito por los Diputados Secretarios José Mancilla Figueroa y Fernando Ramírez González.

La exposición de motivos de esta iniciativa establece lo siguiente:

«Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, haciendo realidad el derecho a la información que el Estado debe garantizar, tal como fue incluido a nivel constitucional, con la reforma al Artículo 6º a nuestra Carta Magna publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977.

Así mismo, el Gobernador del Estado de Sinaloa, a principios del año en curso, envió al Congreso de esa entidad, una iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, que fue muy publicitada y ponderada en los medios nacionales de información, que regula a nivel estatal la disposición señalada del Artículo 6º constitucional.

En nuestro Estado se carece a la fecha de una ley que regule el derecho de los habitantes de la entidad, a recibir información de las autoridades públicas. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta esta iniciativa para que el Congreso del Estado expida la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado.

El documento que ahora se presenta a la consideración de esta Honorable Representación Popular consta de 56 Artículos, integrados en ocho Capítulos, además de siete transitorios.

El ámbito de aplicación de la ley lo constituye la información creada, administrada o en posesión de los órganos públicos previstos en la misma, considerándose un bien público accesible a cualesquier persona.

Define y regula el derecho de acceso a la información, que es aquel que corresponde a toda persona de saber y accesar a ella.

Por otra parte, establece el objeto y los objetivos de dicho ordenamiento, determina la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas responsables, propende a fomentar una cultura de apertura a la información, señala el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, crea a un órgano administrativo encargado de vigilar su adecuada aplicación, instaura los recursos para que los particulares hagan valer la efectiva vigencia de su derecho y establece las infracciones y sanciones a la misma.

Un aspecto importante de esta propuesta, lo constituye las disposiciones relativas a la restricción de este derecho, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.

Con respecto a esto último, la iniciativa precisa que: «La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. Esta información, así como la garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, denominada Hábeas Data, se regulará en los términos de su respectiva legislación.» Se trata de la Ley de Protección de los Datos Personales, cuya iniciativa fue enviada recientemente al Congreso por el titular del Poder Ejecutivo.

De ahí que se propone que no sea la Ley de Acceso a la Información Pública la que regule esta cuestión, sino que la misma esté contenida en otro ordenamiento como el referido. Sin embargo, creemos que sería conveniente que el mismo órgano administrativo encargado de regular el derecho de acceso a la información pública, fuera el mismo para garantizar el derecho a la privacidad de las personas en sus datos personales, contenido en archivos públicos o privados.»

CUARTO.- Que con el propósito de formular y consensuar el dictamen correspondiente, los integrantes de las comisiones dictaminadoras llevamos a cabo varias sesiones de trabajo, habiéndonos puesto de acuerdo en redactar un documento que tomara en cuenta las propuestas contenidas en cada una de las iniciativas presentadas, esencialmente con respecto a los puntos fundamentales que debe contener una ley de estas características.

En primer lugar, se determinó que el título más adecuado para este ordenamiento fuera el de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, atendiendo a su naturaleza y características.

Por otra parte, las Comisiones que suscriben consideraron que el contenido de la ley que se analiza debe circunscribirse a la información pública y no así a la relativa a la información privada o confidencial de las personas, que esté consignada en archivos públicos, tomando en cuenta que ese ámbito constituye una garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, por una parte; y por la otra, dado que el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó iniciativa para la expedición de una Ley de Protección de Datos Personales, que regula esa garantía. Ambas comisiones acordaron que la protección a la información privada o confidencial, sea regulada en otro ordenamiento, a partir de la iniciativa antes referida.

También fue objeto de consenso el régimen relativo al tipo de información clasificada, reservada y confidencial, dado que las tres iniciativas coincidían en lo esencial en ello, pero diferían en aspectos secundarios. Se determinó facultar a los titulares de cada una de las entidades públicas para expedir acuerdos de clasificación de información reservada, únicamente en los casos que la propia ley señala en el Artículo 21, que tendrían que ver con la seguridad del estado, la seguridad pública, la estabilidad económica o financiera de la entidad, la impartición de justicia, etc.

Así mismo, se consideró un tipo de información reservada que tendría esta categoría sin necesidad de acuerdo del titular de la entidad pública, estableciendo en el Artículo 24 que dicha información lo es por disposición legal. Es el caso, por ejemplo, de la información relativa a las averiguaciones previas, a los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado las sentencias respectivas y los procesos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, entre otros.

En otro sentido, en el Artículo 26 se consensó regular, únicamente de manera genérica, la información confidencial y hacer el reenvío correspondiente a la legislación de la materia, tal como se señaló anteriormente.

La creación de un órgano público encargado de la promoción, difusión e investigación del derecho de acceso a la información pública, que tuviera además el carácter de autoridad, con autonomía e independencia del poder público, fue un aspecto esencial en el que también hubo coincidencias de parte de los integrantes de las comisiones dictaminadoras.

En otro aspecto, se determinó enriquecer el capítulo relativo al régimen de responsabilidades aplicable a aquellos servidores públicos que no cumplan con las disposiciones de la ley, con el propósito de desalentar el surgimiento de cualquier práctica que tenga como consecuencia vulnerar el derecho de toda persona a tener acceso a la información pública.

Finalmente, se hicieron ajustes mínimos al sistema de transitoriedad regulado en las tres iniciativas, con el ánimo de prever adecuadamente las acciones que deberán ejecutar las entidades públicas para dar cumplimiento a la ley, una vez que comience a ser obligatoria.

En lo que respecta a los aspectos secundarios que fueron consensados por las comisiones, a partir de las iniciativas presentadas, mencionemos los siguientes.

Se precisó en el Artículo 1º que el proyecto que se analiza es, además, reglamentario de la fracción IV del Artículo 1º de la Constitución Política del Estado.

En el Artículo 2º se adecuaron convenientemente sus objetivos, dándoles una redacción más amplia, clara y sencilla.

Se reestructuraron y ampliaron las remisiones genéricas a los términos más utilizados, consignados en el Artículo 9º, principalmente los relativos a los datos personales y a los documentos públicos.

Asimismo, se ordenaron y redactaron con mayor precisión, en el Artículo 10, las hipótesis de información que obligatoriamente deberán difundir las entidades públicas.

Los supuestos de clasificación de información reservada, básicamente coincidentes en las tres iniciativas, fueron ampliados en el Artículo 21, en lo relativo a la prohibición temporal de entregar información respecto de los servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, de otros servidores públicos o de terceros.

Por último, en varios capítulos se hizo un reacomodo en el orden de prelación de los Artículos, para seguir una secuencia más lógica, tomando en cuenta el desarrollo de los temas tratados.

Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente:

D E C R E T O nº 318

Artículo ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en los siguientes términos:

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

(Artículo reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, reglamentaria de los Artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción IV, así como 1° Bis de la Constitución Política del Estado y tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la información pública en el Estado de Colima.

Artículo 2°.- La presente Ley tiene como objetivos:

I. Contribuir a consolidar el sistema democrático del estado, garantizando el principio de publicidad de los actos gubernamentales y de la rendición de cuentas;

II. Permitir que toda persona tenga acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; y

III. Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transparencia de los documentos públicos.

Artículo 3°.- El derecho de acceso a la información pública es aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta.

La información creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la misma.

(Artículo reformado por el Decreto nº 284 de 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de máxima publicidad de la información.

(Artículo reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 4°.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento.

El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo.

(Artículo reformado por el Decreto nº 284 de 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Artículo 5°.- Todas las entidades públicas están sometidas al principio de máxima publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.

Los partidos políticos y las asociaciones políticas con registro oficial, rendirán información respecto a los recursos públicos recibidos.

Artículo 6°.- Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.

(Artículo reformado por el Decreto nº 284 de 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Toda la información en poder de cualquier autoridad pública, órgano y organismo estatal y municipal, es pública y estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial en los términos que fije la ley respectiva.

Artículo 7º.- Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las mismas de otorgar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Las entidades públicas están obligadas a proporcionarla de manera gratuita, pero su reproducción deberá tener un costo directamente relacionado con el material utilizado, según lo dispongan los ordenamientos correspondientes.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, será sancionada en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos.

Artículo 8°.- La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. Esta información, así como la garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, se regulará en los términos de su respectiva legislación.

Artículo 9°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Comisión: La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública;

II. Congreso: El Congreso del Estado;

III. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

IV. Derecho de acceso a la información pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los términos de la presente Ley;

V. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otras, la relativa a su origen étnico o racial o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, estado civil, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad;

VI. Documentos: los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

VII. Entidades públicas: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; los Ayuntamientos; los organismos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; los organismos descentralizados y paramunicipales; los tribunales administrativos; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las asociaciones políticas con registro oficial; así como las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención;

VIII. Información pública: Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta Ley;

IX. Información reservada: La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;

X. Información confidencial: La información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad;

XI. Interés público: Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y examen de la información pública, a efectos de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática;

XII. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima;

XIII. Ley de Responsabilidades: a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XIV. Persona: Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme a la ley; y

XV. Servidor público: Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico.

CAPÍTULO II.- DE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10.- Las entidades públicas deberán poner a disposición del público, en forma permanente, la siguiente información:

I. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa, la normatividad que las rige, así como información de su organización y funcionamiento;

II. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes;

III. Presupuestos de egresos, su aplicación así como la remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación;

IV. Las motivaciones y fundamentaciones finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios;

V. Normas básicas de competencia que incluya trámites, requisitos y formatos, manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas;

VI. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales;

VII. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;

VIII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

IX. Los balances generales y su estado financiero;

X. Los informes que por ley tienen que presentarse;

XI. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados;

XII. El Periódico Oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares, bandos y demás disposiciones de observancia general;

XIII. Las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos;

XIV. Las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos;

XV. Iniciativas y dictámenes que se presenten en el Congreso, así como actas de sesiones, puntos de acuerdo, decretos, acuerdos, leyes, transcripciones magnetofónicas y Diario de los Debates;

XVI. Sentencias y resoluciones que hayan causado estado, pudiendo las partes oponerse a la publicación de sus datos personales, así como la aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia;

XVII. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión;

XVIII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, así como la aplicación semestral de los recursos públicos que reciban;

(Inciso reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

XIX. La conformación de las organizaciones ciudadanas que participan en la toma de decisiones de las entidades públicas;

(Inciso reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

XX. La información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión; y

(Inciso adicionado por el Decreto nº 328 de 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

XXI. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Artículo 11.- Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:

I. La identificación precisa del contrato;

II. El monto;

III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato;

IV. El plazo para su cumplimiento; y

V. Los mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 12.- Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar:

I. Nombre o razón social del titular;

II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y

III. Vigencia.

Artículo 13.- Tratándose de obra directa que ejecute cualquier entidad pública y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:

I. El monto;

II. El lugar;

III. El plazo de ejecución;

IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y

V. Mecanismos de vigilancia y supervisión de la sociedad civil.

Artículo 14.- Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la información a que se refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida de oficio por las entidades públicas.

Artículo 15.- Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso y comprensión de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en internet.

De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital o en cualquier otro medio o formato que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Artículo 16.- En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos se proveerá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en este Capítulo.

Las entidades públicas deberán atender las recomendaciones que para el efecto haga la Comisión.

CAPÍTULO III.- DE LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE APERTURA A LA INFORMACION

Artículo 17.- Las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.

Artículo 18.- La Comisión procurará que en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data en una sociedad democrática. Para tal fin, coadyuvará con las autoridades educativas competentes en la preparación de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de dichos planes y programas.

Artículo 19.- Las universidades públicas y privadas procurarán, dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares, incluir temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data. La Comisión impulsará, conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración de un centro de investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la información pública que promueva la socialización del conocimiento sobre el tema y coadyuve con la Comisión en sus tareas sustantivas.

CAPÍTULO IV.- DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Artículo 20.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.

Artículo 21.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. La clasificación de la información procede sólo en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;

II. Cuando su difusión pueda dañar la estabilidad económica o financiera del Estado;

III. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes;

IV. La información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley;

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;

VI. La que se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, de otros servidores públicos o de terceros;

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades; y

VIII. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.

(reforma Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

En todo momento la Comisión tendrá acceso a la información prevista en este Artículo para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso, haciendo prevalecer en todo caso el principio de máxima publicidad.

Artículo 22.- El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:

I.- La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley;

II.- La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley; y

III.- El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Artículo 23.- El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar:

I. La fuente de la información;

II. La justificación por la cual se clasifica;

III. Las partes de los documentos que se reservan, en su caso;

IV. El plazo de reserva; y

V. La designación de la autoridad responsable de su conservación.

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público.

No podrá invocarse el carácter de reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Artículo 24.- Se considerará información reservada, sin necesidad de acuerdo:

I. Las averiguaciones previas;

II. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado las sentencias definitivas correspondientes;

III. Los procesos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, declaración de procedencia o juicio político, en tanto no se dicte resolución definitiva;

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; y

V. La que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada;

Artículo 25.- La información clasificada o considerada como reservada tendrá este carácter hasta por doce años. Ésta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación, a juicio de la Comisión.

Asimismo, las entidades públicas correspondientes podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 26.- Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial:

I.- La compuesta por datos personales, en los términos previstos en la definición contenida en el Artículo 9°, fracciones V y X, y en el Artículo 8° de la presente Ley; y

II.- La entregada con tal carácter por los particulares a las entidades públicas, de conformidad con las disposiciones de este Artículo.

Artículo 27.- Cuando los particulares entreguen a las entidades públicas la información a que se refiere la fracción II del Artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, las entidades públicas la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

CAPÍTULO V.- DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 28.- Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante la entidad pública que la posea.

Para el efecto, las entidades públicas deben dar a conocer cuál es la oficina encargada para la recepción de solicitudes y entrega de la información, la persona a cargo y los requisitos formales.

La solicitud deberá hacerse en términos respetuosos y por escrito, entregándose por duplicado, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso la entidad registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

(Adición según Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Podrá ser verbal cuando sea para fines de orientación, medie consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medios.

Artículo 29.- La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos:

I. Identificación de la entidad pública a quien se dirija;

(reforma Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

II. Nombre del solicitante;

III. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere;

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones;

(reforma Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

V. derogada

VI. La fecha de su expedición.

Opcionalmente el solicitante podrá señalar cualquier dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda y la modalidad en la que prefiera que se le otorgue el acceso a la información.

Si la solicitud es obscura o no contiene todos los datos requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete. Trascurrido dicho plazo sin que se hubiere cumplido con tal prevención, se declarará improcedente su solicitud, debiéndole notificar personalmente al interesado a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes tal situación por escrito, en el cual se funde y motive tal determinación.

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad pública para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo.

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.

En ningún caso las entidades públicas podrán inquirir al solicitante sobre el destino de la información solicitada.

Artículo 30.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información.

En ningún caso el plazo excederá de veinte días hábiles.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 31.- Cumplido el plazo previsto en el Artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiere satisfecho, el solicitante podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes.

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial.

Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a lo previsto en el Artículo 44, fracción I, de la Ley de Responsabilidades.

Artículo 32. En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por escrito al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar fundada y motivada.

Las entidades públicas podrán negar las solicitudes cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 33.- El examen de la información pública que soliciten las personas será gratuito. La reproducción habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se establecerá en la ley o acuerdo respectivo. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y

II. El costo de envío.

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de información.

Artículo 34.- Las entidades públicas consideradas en la presente Ley, están obligadas a entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.

(Adicionado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Los Poderes del Estado, los Municipios, los organismos paraestatales y municipales, deberán contar con los sistemas electrónicos que permitan que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información.

CAPÍTULO VI.- DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Reforma según Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Artículo 35.- Se crea la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como autoridad encargada de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública con carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía operativa, de gestión y de decisión

Artículo 36.- La Comisión estará integrada por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente.

Los comisionados serán electos por mayoría calificada por el Congreso, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Para realizar las propuestas, el Ejecutivo escuchará previamente las proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de éstas enviará al Congreso las propuestas. El Congreso tendrá treinta días para resolver, y si no resolviese en dicho término se tendrán por aprobadas las propuestas del Gobernador; en caso de que se negara o no se alcanzara la mayoría calificada en el Congreso, se le comunicará al Gobernador para que envíe otra propuesta.

Artículo 37.- Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y residente en el Estado;

II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación;

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura y haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;

IV. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;

V. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de ningún culto religioso cuando menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación; y

VI. No haber sido condenado por delito doloso.

Los comisionados durarán en su encargo un período de siete años, sin posibilidad de reelección.

Los comisionados no podrán ser retirados de sus cargos durante el período para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica.

El presidente será nombrado por los propios comisionados por un período de dos años, pudiendo ser reelecto.

Artículo 38.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;

II. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información;

III. Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;

IV. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley;

V. Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos para el acceso a la información pública;

VI. Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley;

VII. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10 de la presente Ley;

VIII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y la protección de los datos personales, en los términos de la legislación respectiva;

IX. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

X. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones;

XI. Promover el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública;

XII. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XIII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para que lo integre a la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;

XIV. Designar a los servidores públicos a su cargo, de conformidad con la estructura administrativa establecida en el presupuesto; y

XV. Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento.

Artículo 39.- Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia.

El reglamento correspondiente establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.

Artículo 40.- En los dos primeros meses de cada año, todas las entidades públicas deberán presentar a la Comisión un informe correspondiente al año anterior. Dicho informe deberá incluir:

el número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

Artículo 41.- En el mes de abril, el Presidente de la Comisión presentará por escrito un informe anual de labores y resultados, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por las entidades públicas comprendidas en esta Ley; el número de asuntos atendidos por la Comisión, así como las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley. El informe anual será publicado y difundido con amplitud.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

CAPÍTULO VII.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA Y REVISIÓN

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 42.- Los solicitantes que se consideren afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el acceso a la información, podrán interponer los recursos de queja y de revisión, que serán presentados y sustanciados ante la Comisión.»

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 43.- El recurso de queja procederá en los casos a que se refieren los Artículos 31 y 38, fracción IV, de la presente Ley, y será sustanciado con un escrito de quien no reciba oportunamente la respuesta a una solicitud de información que hubiera presentado o de cualquier persona que denuncie conductas que pudieran considerarse transgresoras del contenido de la Ley, de parte de las entidades públicas. La Comisión, tan luego como tenga formalmente conocimiento de la queja, solicitará un informe a la entidad pública omisa quien deberá rendirlo en un plazo máximo de 5 días hábiles.

La Comisión estará obligada a emitir la resolución respectiva en un término no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo que tenga por rendido el informe o declare precluido el término en el que la autoridad debió haberlo rendido.»

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 44.- El Recurso de Queja deberá presentarse por escrito cumpliendo los siguientes requisitos:

I.- Estar dirigido a la Comisión;

II.-Hacer constar el nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario;

III.- Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

IV.- Acompañar copia del documento presentado a la entidad pública omisa, mediante el cual requiere la entrega de información o, en su caso, los elementos de los que derive el incumplimiento denunciado;

V.- Mencionar, en su caso, de manera expresa y clara que no ha habido respuesta de la entidad pública correspondiente, respecto de la solicitud de información que formulara; y

VI.- La firma del promovente.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 45.- De no cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo anterior, la Comisión prevendrá al quejoso para que en un término de 3 días los subsane, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, será desechado el Recurso.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 46.- Para desahogar y resolver el Recurso, la Comisión podrá:

I.- Desecharlo;

II.- Sobreseerlo;

III.- Declarar la procedencia de la entrega de la información al solicitante;

IV.- Declarar improcedente la entrega, total o parcial, de la información solicitada, por considerarla de naturaleza confidencial o reservada; y

V.- Declarar la existencia o inexistencia de incumplimiento a la ley, de parte de la entidad pública denunciada.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 47.- Procede el sobreseimiento, cuando:

I.- El recurrente se desista del Recurso;

II.- La autoridad omisa haga entrega de la información solicitada o de respuesta negativa al solicitante, así también al subsanarse la omisión que motive el incumplimiento a la ley, de tal manera que quede sin materia la reclamación; y

III.- El recurrente fallezca.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 48.- La resolución final deberá emitirse por escrito. En los casos en que se determine la improcedencia de liberar información, la Comisión estará obligada a fundar y motivar adecuadamente sus resoluciones.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 49.- El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones dictadas por las entidades públicas, respecto de solicitudes de información que les fueren presentadas. Deberá hacerse valer por el solicitante de información dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. En su trámite se observarán las formalidades previstas para el recurso de queja y deberá ser resuelto dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se pongan los autos en estado de resolución.

Serán aplicables a este Recurso las disposiciones que regulan el Recurso de Queja.

Las resoluciones de la Comisión podrán:

I. Desechar el recurso por improcedente o bien sobreseerlo;

II. Confirmar la decisión del sujeto obligado; o

III. Revocar o modificar las decisiones de entidad pública que permita al particular el acceso a la información solicitada o los datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 50.- Las resoluciones de la Comisión serán definitivas e inatacables.

La Comisión podrá expedir los lineamientos necesarios para que los Recursos de Queja y Revisión sean presentados empleando los formatos y mecanismos de transmisión de datos que, a través de los medios electrónicos disponibles, se establezcan, mismos que deberán cumplir, en lo conducente, con los requisitos establecidos en el Artículo 44 de la presente Ley.

La Comisión dispondrá lo necesario a efecto de que a los formatos electrónicos de los recursos puedan acompañarse los documentos a que se refiere el Artículo anterior, que hayan sido previamente digitalizados por los quejosos. Los documentos digitalizados presumirán la existencia de los originales, sin embargo, en caso de ser objetados o de que la Comisión lo considere necesario, se requerirá al recurrente por la exhibición de éstos, concediéndole al efecto un plazo no mayor de 5 días, con el apercibimiento que de no aportarlos oportunamente se desechará el recurso.

CAPÍTULO VIII.- DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

Artículo 51.- El titular de la entidad pública que incumpla con el deber de publicidad mínima de oficio previsto en el Artículo 10 de la presente Ley, será sancionado con amonestación por la Comisión. Si en un período no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones temporalmente en los términos del Artículo 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades.

Artículo 52.- El servidor público que:

I. Oculte información para no liberar contenidos informativos o incumpla con el deber de poner a disposición del público la información señalada en el Artículo 10 de la presente Ley o niegue intencionalmente información no clasificada, no considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, será sancionado con amonestación pública, en los términos de la fracción II del Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades. En caso de reincidencia, será sancionado en los términos de la siguiente fracción;

II. Destruya indebidamente, en forma total o parcial, información pública que tenga a su cargo, o entregue información clasificada, reservada o confidencial, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar;

III. Actúe con negligencia, dolo o mala fe al dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o bien que no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, será sancionado de conformidad con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades. En caso de reincidencia, será duplicada la sanción anteriormente impuesta y si incurriere en otra reincidencia, con destitución del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción IV del Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades;

IV. A sabiendas haya autorizado una clasificación indebida de la información, será requerido por la Comisión para ser apercibido de manera oral. En caso de reincidencia, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades; y

V. No cumpla de manera expedita las resoluciones administrativas de la Comisión para liberar información en los términos y condiciones que establece esta Ley, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades. En caso de reincidencia, será sancionado con destitución del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción IV del Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades.

 

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima», bajo las modalidades previstas en los Artículos siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública serán nombrados dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la publicación de la presente Ley.

Para la integración inicial de la Comisión y por única vez, los comisionados serán elegidos por cinco, seis y siete años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal y profesional.

La Comisión expedirá su Reglamento Interior en un período no mayor a noventa días a partir de su constitución.

A partir de su toma de posesión, los miembros de la Comisión deberán instrumentar las acciones concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que revisten los derechos de acceso a la información, en una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.

ARTÍCULO TERCERO.- Las entidades públicas a que se refiere el presente ordenamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública un año después de la entrada en vigor de la Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Las entidades públicas deberán realizar la difusión de la información mínima de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley.

ARTÍCULO SEPTIMO.- El Gobernador del Estado instruirá a la Secretaría de Finanzas para que transfiera a la Comisión los recursos que sean necesarios para su funcionamiento, durante el resto del presente ejercicio fiscal.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil tres.

 

C. Nabor Ochoa López, Diputado Presidente.- C. José Mancilla Figueroa, Diputado Secretario.- C. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno a los 28 días del mes de febrero del año dos mil tres.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO PEÑA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA

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DECRETO 284, APROBADO EL 24 DE ABRIL DE 2008 (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 3 DE MAYO DE 2008)

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial «El Estado de Colima».

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TRANSITORIOS

(DECRETO. 328, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 5 DE JULIO DE 2008)

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima».

SEGUNDO.- Lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contenido en esta reforma, será aplicable a partir del 21 de Julio de 2009.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil ocho.

C. Arturo García Arias, Diputado Presidente. Rúbrica. C. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Diputado Secretario. C. Fernando Ramírez González, Diputado Secretario.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, al día 01 del mes de julio del año dos mil ocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. HÉCTOR MICHEL CAMARENA.  

01Ene/14

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE VALENCIA DE 7 DICIEMBRE 2.000

En valencia, a siete de diciembre de 2.000

Vistos por la Ilma. Sra. Dª Ana Delia Muñoz Jiménez, Magistrada del Juzgado de lo social Nº Siete de los de Valencia, los presentes autos de juicio verbal del Orden Social, en materia de tutela de derechos fundamentales seguidos a demanda de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (C.G.T. P.V.), representada por el letrado IGV, en nombre e interés de Dª ASH, D. ECG, Dª FFG, Dª YRE, D. RRS, Dª IGMB y Dª ABC, contra la empresa ATENTO Comunicaciones España, S.A.U. representada por la Letrada Dª TMH, con intervención del Ministerio Fiscal representado por D. RN

ANTECEDENTES DE HECHO

I Que a este Juzgado correspondió por reparto la demanda iniciadora de las presentes actuaciones en la que la parte actora terminaba suplicando se dictase sentencia condenando a la demandada a estar y pasar por lo en ella solicitado.

II Que, admitida y tramitada en legal forma la demanda se celebró el acto del juicio en el día señalado con la asistencia de las partes, que formularon las alegaciones que estimaron pertinentes en los términos que constan en el acta obrante en los autos, pidiendo la primera la condena y la segunda la absolución, aportando las pruebas oportunas y elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, dándose seguidamente el juicio por concluso.

III -Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado sustancialmente las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

I Los demandantes Dª ASH, D. ECG, Dª FFG, Dª YRE, D. RRS, Dª IGMB y Dª ABC vienen prestando servicios por cuenta de la empresa ATENTO Comunicaciones España, S.A.U., dedicada a la actividad de tele-marketing, fundamentalmente a la prestación de servicios telefónicos, con categoría profesional de Teleoperadores, consistiendo la actividad desarrollada por los actores en proporcionar información a los clientes mediante conversación telefónica mantenida con los mismos, obteniendo dicha información mediante la consulta de datos en un ordenador.

II -La empresa insertó en los contratos de trabajo de los demandantes una cláusula (sexta de los mismos) que indicaba que el trabajador quedaba informado y consciente de la posibilidad de que la empresa, dentro de sus controles internos de calidad del servicio, pudiera realizar, si así lo considerase pertinente, ESCUCHAS Y GRABACIONES de las conversaciones del trabajador en el desempeño de su trabajo, estando inserta dicha cláusula en la generalidad de los contratos que concierta la empresa para la prestación de servicios de los teleoperadores.

III La escucha y grabación de las conversaciones telefónicas de los trabajadores se realiza por trabajadores de la empresa con categoría profesional de Coordinadores.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I La parte actora pretende que se declare la nulidad de la cláusula sexta de los contratos de trabajo de los actores, por considerarse atentaría al derecho a la intimidad personal de los trabajadores (artículo 18 CE y 4.2 e) E.T.) por permitir a la empresa tener acceso a conversaciones privadas de los trabajadores. Se probó por la documental aportada lo que consta en los hechos probados, salvo el inciso final II, que fue reconocido por la representación de la empresa. Se opuso la demandada a la pretensión actora, alegando interés de la empresa en las escuchas como medio de control de la actividad del teleoperador, sobre todo en relación al trato con el cliente sin perjuicio de otros aspectos, tal y como consta en el modelo de informe que aporta. No se negó por la representación de la empresa el derecho a la intimidad del trabajador, pero estima que el medio de control empleado (escucha y grabación telefónica), que posibilita el Artículo 20.3 E.T., es adecuado y el único de posible empleo, dado que la actividad del trabajador se desarrolla precisamente, mediante conversación telefónica. No puede negarse el interés de la empresa en controlar la actividad de los trabajadores, e incluso la posibilidad de que se realice por medio de escucha de las conversaciones mantenidas con los cliente que usas el servicio telefónico que ofrece la empresa, dadas las peculiares características de la actividad. Pero la redacción de la cláusula del contrato, sin hacerse constar ninguna limitación y con referencia «al desempeño del trabajo» permitiría una interpretación amparadora del uso de escucha y grabación durante toda la jornada laboral, en cuyo decurso es previsible se produzcan conversaciones, comentarios, etc. de índole privada que no afectan al contenido de la prestación y respecto de los cuales no puede estimarse exista interés en la empresa en conocerlos. Por la propia naturaleza de la actividad, también, existen momentos en que el trabajador no desarrolla la actividad propia, es decir no habla por teléfono ni atiende consultas, y puede sostener conversaciones con otros compañeros de trabajo o realizar llamadas telefónicas de carácter personal, posibilidad que admitió la empresa, conversaciones a los que ésta tendría acceso, lo que se considera vulnerador del derecho a la intimidad del trabajador. La doctrina del T. C. (sentencia 98/200 de 10.4.00 con cita de mucha anteriores) en relación al conflicto entre la intimidad personal y la facultad empresarial de control establecido por el artículo 20.3 E.T. mediante grabaciones audiovisuales, ha considerado que en aquellos lugares de la empresa en los que se desarrolla la actividad laboral pueda producirse intromisiones ilegítimas por parte del empresario en el derecho a la intimidad de los trabajadores, como podría ser la grabación de conversaciones entre un trabajador y un cliente, o entre los propios trabajadores, en las que se aborden cuestiones ajenas a la relación laboral que se integran en lo que el propio T.C. denomina esfera de desenvolvimiento del individuo, indicando que debe estarse a las circunstancias concretas de cada caso, finalidad perseguida, etc. en relación a la implantación de tales medios de control audio-visual para dilucidad se esos medios respetan el derecho a la intimidad de los trabajadores. Se señala también que caben modulaciones de las libertades constitucionales derivadas del contrato de trabajo para el correcto desarrollo de la actividad productiva, pero tienen que ser las indispensables y estrictamente necesarias para satisfacer un interés empresarial digno de tutela, aplicando, en definitiva el principio de proporcionalidad. En el presente caso la redacción de la cláusula impugnada permite una grabación continua e indiscriminada de la conversaciones del trabajador durante el tiempo de trabajo, lo que se estima una limitación desproporcionada al derecho a la intimidad del trabajador. Al respecto, la empresa alegó que hacia uso de medidas de auto-control en relación al uso de la facultad que previamente se había reservado en el contrato, de escucha y grabación (solo unas horas al día, no escucha de conversaciones que no se realizaren por teléfono de estas cuando tuvieran un contenido personal…). Pero tales extremos fueron una mera alegación de la parte demandad que no practicó prueba alguna encaminada a la justificación de los mencionados alegatos, ni siquiera acreditó cual fuere el sistema técnico que empleaba para las escucha y grabaciones y si el mismo permitía dicha limitaciones… En consecuencia dicha cláusula, en los términos en que aparece redactada, y la utilización por la empresa de la facultad de escucha y grabación de las conversaciones de los actores amparada en ella han de considerarse atentatorios al derecho a la intimidad de los trabajadores demandantes y ha de ser estimada la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (C.G.T. P.V.) en nombre e interés de Dª ASH, D. ECG, Dª FFG, Dª YRE, D. RRS, Dª IGMB y Dª ABC contra la empresa ATENTO Comunicaciones España, S.A.U. se declara que la cláusula secta de los contratos de trabajo de los demandantes, por cuya virtud la empresa puede realizar escuchas y grabaciones de las conversaciones de los actores durante el desempeño de su trabajo vulnera el derecho a la intimidad personal establecido en artícuo 18 CE, DECLARÁNDOSE LA NULIDAD de la citada cláusula y de las actuaciones empresariales que deriven de ella.

Notifíquese la presente Resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma puede interponerse Recurso de Suplicación.

Así por ésta sentencia, que se publicará debidamente, lo pronuncio mando y firmo.

Juzgado de lo social número siete de Valencia.

01Ene/14

Lietuvos Respublikos. Elektroniniu Ryšiu  Istatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77

(Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 87-3468, Nr. 131-5037, Nr. 137-5383)

 

1.- straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Abonentas .- asmuo, kuris yra viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties su šiu paslaugų teikėju šalis.

2. Aparatūra ir (arba) įrenginiai .- elektriniai ir (arba) elektroniniai gaminiai ir įranga, turintys elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių.

3. Apsaugotosios paslaugos .- už atlygį, naudojant sąlyginę prieigą, teikiamas televizijos programų transliavimas, radijo programų transliavimas kabeliais arba erdve, taip pat ir palydoviniu ryšiu, skirtas visuomenei priimti, ir informacinės visuomenės paslaugos ar sąlyginės prieigos teikimas išvardytoms paslaugoms kaip savarankiška paslauga.

4. Asmens duomenų saugumo pažeidimas .- pažeidimas, dėl kurio atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be asmens sutikimo atskleidžiami asmens duomenys arba sudaroma galimybė naudotis tais duomenimis, kai jie buvo perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas.

5. Asmuo .- fizinis arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas.

6. Atsieta prieiga prie vietinės linijos .- visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos ir iš dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos. Atsietos prieigos suteikimas nesuteikia nuosavybės teisių į vietinę liniją.

7. Dalinė vietinė linija .- vietinės linijos dalis, jungianti tinklo galinį tašką su koncentracijos tašku arba nustatytu artimiausiu viešojo fiksuotojo ryšio tinklo prieigos tašku.

8. Elektromagnetiniai trikdžiai .- elektromagnetinės prigimties reiškinys, kuris gali bloginti aparatūros ir (arba) įrenginių veikimą. Elektromagnetiniai trikdžiai gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje radijo bangų sklidimo aplinkoje.

9. Elektromagnetinis suderinamumas .- aparatūros ir (arba) įrenginių geba patenkinamai veikti elektromagnetinėje aplinkoje, neskleidžiant neleistinų elektromagnetinių trikdžių, galinčių kam nors šioje aplinkoje pakenkti.

10. Elektroniniai ryšiai .- signalų perdavimas laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

11. Elektroninio pašto pranešimas .- viešuoju ryšių tinklu nusiųstas tekstinis, balso, garso, vaizdo ar kitokios formos pranešimas, kuris gali būti saugomas tinkle arba paslaugų gavėjo galiniame įrenginyje, iki jį paslaugų gavėjas pasiima.

12. Elektroninių ryšių infrastruktūra .- fizinės infrastruktūros, kurią sudaro aparatūra, įrenginiai, įskaitant antenas, linijos, vamzdynai, kabeliai, kanalai, kolektoriai, šuliniai, atraminės konstrukcijos, bokštai, stiebai, statiniai, statinių įvadai, statinių inžinerinės sistemos, skirstomosios spintos ir kitos priemonės, visuma, skirta elektroninių ryšių veiklai vykdyti.

13. Elektroninių ryšių ištekliai .- radijo dažniai (kanalai), telefono ryšio numeriai ir kiti elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai, įskaitant radijo šaukinius, orbitiniai ištekliai, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, taip pat kiti ištekliai, reikalingi elektroninių ryšių veiklai vykdyti, elektroninių ryšių tinklams arba radijo ryšio įrenginiams ar galiniams įrenginiams naudoti, elektroninių ryšių paslaugoms teikti.

14. Elektroninių ryšių išteklių skyrimas .- teisės suteikimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau .- Ryšių reguliavimo tarnyba) nustatytomis sąlygomis naudoti elektroninių ryšių išteklius, išduodant leidimą.

15. Elektroninių ryšių paslauga .- paprastai už atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo (siuntimo) paslaugas transliavimui (retransliavimui) naudojamais tinklais. Elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroninių ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų, tarp jų informacinės visuomenės paslaugų, kurių visiškai ar daugiausia nesudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais.

16. Elektroninių ryšių tinklas .- perdavimo sistemos ir (arba) komutavimo bei maršruto parinkimo įranga, kitos priemonės, įskaitant pasyviuosius tinklo elementus, leidžiančios perduoti signalus laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, įskaitant palydovinius tinklus, fiksuotuosius (kanalų ir paketų komutavimo, įskaitant internetą) ir judriuosius antžeminius tinklus, elektros perdavimo kabelines sistemas (kiek jos naudojamos signalams perduoti), tinklus, naudojamus radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), ir kabelinės televizijos bei mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklus neatsižvelgiant į perduodamos informacijos pobūdį.

17. Elektroninių ryšių tinklo teikimas .- elektroninių ryšių tinklo steigimas, valdymas, kontrolė ir (arba) galimybės juo naudotis suteikimas.

18. Elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai .- elektroninių ryšių tinklo taškus, tarp jų ir tinklo galinius taškus, ar prie elektroninių ryšių tinklo prijungtus galinius įrenginius identifikuojančios adresavimo priemonės, kad būtų galima perduoti informaciją į šiuos elektroninių ryšių tinklo taškus ar atitinkamus galinius įrenginius arba identifikuoti informacijos siuntėją.

19. Elektroninių ryšių veikla .- elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų teikimas.

20. Europos Sąjungos rinka .- Europos Komisijos apibrėžta atitinkama rinka, apimanti Europos Sąjungą ar didelę jos dalį, esančią daugiau negu vienoje valstybėje narėje.

21. Faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas .- fizinis asmuo, asmeniniams ar verslo tikslams naudojantis viešąsias elektroninių ryšių paslaugas. Šis asmuo nebūtinai turi būti šiu paslaugų abonentas.

22. Galinis įrenginys .- leidžiantis priimti ir (arba) perduoti informaciją įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie viešųjų ryšių tinklų.

23. Galutinis paslaugų gavėjas .- paslaugų gavėjas, kuris neteikia viešųjų ryšių tinklų ar viešųjų elektroninių ryšių paslaugų.

24. Informacinės visuomenės paslaugos .- paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu paslaugų gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

25.  dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos .- vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti tam tikrą šios linijos dalį, įskaitant ne balso juostos dažnių spektrą.

26. Išimtinės teisės .- ūkio subjektui valstybės suteiktos teisės, jam vieninteliam užtikrinančios teises teikti tam tikras paslaugas ar verstis elektroninių ryšių ir (arba) kita veikla tam tikroje geografinėje teritorijoje.

27. Ypatingos aplinkybės .- nepaprastoji ar karo padėtis, ekstremaliosios situacijos, tarp jų gaivalinės nelaimės, ir kitos nenugalimos jėgos ir panašios aplinkybės.

28. Kabelinės televizijos tinklas .- daugiausia laidinė infrastruktūra, kurios pagrindinė paskirtis .- viešas radijo ar televizijos programų pristatymas ar paskirstymas.

29. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė .- Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintas dokumentas, kuriame nustatomas radijo dažnių paskirstymas radijo ryšio, įskaitant transliavimą, gamybos, mokslo, medicinos ir kitiems poreikiams.    

30. Naudotojo atpažinimo kodas .- elektroninių ryšių paslaugų naudotojui suteiktas unikalus kodas.

31. Nesėkmingas skambutis .- ryšys, kai skambutis buvo sėkmingai sujungtas, bet į jį nebuvo atsakyta arba buvo tinklo valdymo intervencija.

32. Operatorius .- ūkio subjektas, teikiantis ar turintis teisę teikti viešąjį ryšių tinklą ar susijusias priemones.

33. Paslaugų gavėjas .- asmuo, kuriam teikiamos viešosios elektroninių ryšių paslaugos ar kuris kreipėsi dėl jų teikimo.

34. Patobulinta skaitmeninės televizijos įranga .- įrenginių, skirtų prijungti prie televizoriaus, rinkinys ar integruota skaitmeninės televizijos įranga, galinti priimti skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugas.

35. Plačiaekranės skaitmeninės televizijos paslaugos .- televizijos paslaugos, kurias visiškai ar daugiausia sudaro programos, pagamintos ir suredaguotos rodyti viso aukščio plačiaekraniu formatu. Plačiaekranės televizijos paslaugos nurodomos kaip formatas 16:9.

36. Pranešimas .- informacija, kuri perduodama arba kuria, naudojantis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis, apsikeičia baigtinis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų skaičius. Pranešimu nelaikoma informacija, perduodama elektroninių ryšių tinklais kaip dalis transliavimo paslaugos, išskyrus tą jos dalį, kurią sudaro individualizuotos informacijos perdavimas identifikuojamam abonentui arba viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojui.

37. Pridėtinės vertės paslauga .- kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo apsauga, .- paslauga, kuriai reikalingas srauto ar vietos nustatymo duomenų tvarkymas, apimantis didesnį informacijos kiekį, negu yra būtina informacijai perduoti ar apskaitai tvarkyti.

38. Prieiga .- laikantis nustatytų sąlygų, išimtiniu ar neišimtiniu pagrindu elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant patalpas, tinklų ir (arba) paslaugų suteikimas kitam ūkio subjektui elektroninių ryšių paslaugoms teikti, įskaitant atvejus, kai elektroninių ryšių paslaugos naudojamos informacinės visuomenės ir transliavimo (retransliavimo) paslaugoms perduoti. Be kita ko, prieiga apima:

1) prieigą prie tinklo elementų ir susijusių priemonių, įskaitant galimybes fiksuotuoju ar judriuoju būdu prijungti įrangą (ypač prieigą prie vietinės linijos ir prie priemonių bei paslaugų, reikalingų paslaugoms teikti naudojantis vietine linija);

2) prieigą prie fizinės infrastruktūros, įskaitant patalpas, kabelių kanalus ir stiebus;

3) prieigą prie programinių sistemų, tarp jų veiklos palaikymo sistemų;

4) prieigą prie informacinių sistemų ar duomenų bazių, skirtų užsakymams, įskaitant išankstinius užsakymus, taip pat teikimo, priežiūros ir remonto prašymams pateikti ir sąskaitoms parengti;

5) prieigą prie numerių keitimo arba funkciniu požiūriu ekvivalentinių sistemų;

6) prieigą prie fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų, ypač tarptinklinio ryšio tikslui;

7) prieigą prie skaitmeninės televizijos paslaugų sąlyginės prieigos sistemų;

8) prieigą prie virtualiojo tinklo paslaugų.

39. Radijo bangos .- laisvai sklindančios erdvėje elektromagnetinės bangos.

40. Radijo mėgėjas .- fizinis asmuo, užsiimantis radijo ryšio veikla asmeniniais ir su verslu nesusijusiais tikslais ir iš jos nesipelnantis.

41. Radijo ryšio įrenginys .- įrenginys arba atitinkama jo dalis, leidžiantys palaikyti radijo ryšį siunčiant ir (arba) priimant radijo bangas naudojant radijo ryšiui skirtą radijo spektro dalį.

42. Radijo ryšio kanalas .- radijo dažnių juosta nustatytai techninių priemonių ir radijo bangų sklidimo aplinkos visumai, skirta tam tikrai informacijai perduoti ir priimti.

43. Radijo ryšio reglamentas .- Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos oficialus leidinys, nustatantis radijo ryšio valdymą.

44. Radijo ryšio stotis .- vienas ar keli siųstuvai ar imtuvai arba siųstuvų ir imtuvų grupė bei pagalbiniai įrenginiai, kurių reikia tam tikroje vietoje radijo ryšio arba radioastronomijos tarnybų veiklai vykdyti.

45. Radijo ryšys .- informacijos perdavimas, siuntimas ir (arba) priėmimas radijo bangomis.

46. Radijo stebėsena .- radijo bangų aplinkos parametrų kontrolė.

47. Radijo trikdžiai .- elektromagnetiniai trikdžiai, veikiantys radijo bangų diapazone.

48. Radijo trukdžiai .- aparatūros ir (arba) įrenginio, radijo ryšio ar sistemos veikimo blogėjimas dėl radijo trikdžių poveikio.

49. Registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas .- asmuo, kuris, nebūdamas viešųjų elektroninių ryšių paslaugų abonentas, identifikuojamas pagal elektroninių ryšių paslaugų naudotojo atpažinimo kodą ir registravimosi metu pateiktą informaciją.

50. Ryšių kabelių kanalų sistema .- elektroninių ryšių infrastruktūros dalis, sudaryta iš ryšių kabelių kanalų, vamzdžių, šuliniu ir kitų įrenginių (šuliniu liukų, dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti, sujungti, taisyti bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.

51. Sąlyginė prieiga .- techninė ir (arba) kita priemonė, leidžianti naudotis apsaugotąja paslauga tik gavus išankstinį individualų tokios paslaugos teikėjo leidimą.

52. Sąsaja .- tinklo galinis taškas ir (arba) belaidė sąsaja, apibrėžianti radijo ryšį tarp radijo ryšio įrenginių ir jų technines specifikacijas.

53. Saugumo incidentas .- įvykis, veiksmas ar neveikimas, kuris sukelia ar gali sukelti neteisėtą prisijungimą ar sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie informacinės sistemos ar elektroninių ryšių tinklo, sutrikdyti ar pakeisti, įskaitant valdymo perėmimą, informacinės sistemos ar elektroninių ryšių tinklo veikimą, sunaikinti, sugadinti, ištrinti ar pakeisti elektroninius duomenis, panaikinti ar apriboti galimybę naudotis elektroniniais duomenimis, taip pat sudaryti sąlygas pasisavinti ar kitaip panaudoti neviešus elektroninius duomenis tokios teisės neturintiems asmenims.

54. Siuntėjas .- ūkio subjektas, išskyrus transliuotojus ir (arba) retransliuotojus, turinčius Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, elektroninių ryšių tinklu perduodantis radijo ir (arba) televizijos programų signalus visuomenei ir turintis teisę naudoti šiam perdavimui būtinus radijo dažnius (kanalus), skirtus radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti).

55. Skambutis .- viešųjų telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas sujungimas, suteikiantis dvipusio ryšio galimybę.

56. Specialiosios teisės .- valstybės ribotam skaičiui ūkio subjektų suteiktos teisės, kai atitinkamoje geografinėje teritorijoje:

1) paskiriami du ar daugiau ūkio subjektų, turinčių teisę teikti paslaugas arba verstis veikla, arba kai tokių ūkio subjektų skaičius apribojamas iki dviejų ar daugiau kitu būdu nei pagal objektyvius, proporcingus ir nediskriminacinius kriterijus;

2) ūkio subjektams kitu būdu nei vadovaujantis objektyviais, proporcingais ir nediskriminaciniais kriterijais suteikiamos teisinės arba administracinės privilegijos, kurios gali labai paveikti bet kurio kito ūkio subjekto galimybes teikti tas pačias paslaugas arba verstis tokia pačia elektroninių ryšių ir (arba) kita veikla toje pačioje geografinėje teritorijoje iš esmės vienodomis sąlygomis.

57. Srauto duomenys .- duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai.

58. Standartinis pasiūlymas .- šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus skelbiamos sąlygos, kuriomis jis įsipareigoja suteikti prieigą, įskaitant tinklų sujungimą, bet kuriam to pageidaujančiam ūkio subjektui.

59. Susijusios paslaugos .- su elektroninių ryšių tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga susijusios paslaugos, kurios sudaro galimybę teikti elektroninių ryšių paslaugas naudojantis šiuo tinklu ir (ar) paslauga ir (ar) palengvina tokį teikimą arba sudarytų tokią galimybę, jeigu jomis būtų naudojamasi, ir kurios apima inter alia telefono ryšio numerių keitimo ar funkciniu požiūriu ekvivalentines sistemas, sąlyginės prieigos sistemas ir elektroninius programų vadovus, taip pat kitas paslaugas, įskaitant tapatybės, vietos ir prisijungimo būsenos nustatymo paslaugas.

60. Susijusios priemonės .- susijusios paslaugos, elektroninių ryšių infrastruktūra, kitos su elektroninių ryšių tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga susijusios priemonės arba susiję elementai, kurie sudaro galimybę teikti elektroninių ryšių paslaugas naudojantis šiuo tinklu ir (arba) paslauga ir (ar) palengvina tokį teikimą arba sudarytų tokią galimybę, jeigu būtų naudojami.

61. Taikomųjų programų sąsaja .- taikomųjų programų, kurias pateikia transliuotojai (retransliuotojai) ar paslaugų teikėjai, programinės įrangos sąsajos ir ištekliai skaitmeninės televizijos ir radijo paslaugoms patobulintoje skaitmeninės televizijos įrangoje.

62. Taksofonas .- viešai prieinamas telefonas, už kurio naudojimą galima mokėti monetomis ar (ir) kitomis mokėjimo priemonėmis.

63. Telekomunikacijų galinis įrenginys .- leidžiantis palaikyti ryšį įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie viešųjų telekomunikacijų tinklų (tai yra tinklų, visiškai ar iš dalies skirtų viešosioms telekomunikacijų paslaugoms teikti).

64. Telekomunikacijų paslauga .- paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, išskyrus televizijos ir (arba) radijo programų perdavimo tinklais, naudojamais transliavimui (retransliavimui), paslaugas.

65. Tinklo galinis taškas .- fizinis taškas, kuriame suteikiama galimybė prijungti abonento įrangą prie viešojo ryšių tinklo. Tinkluose, kuriuose atliekamas maršruto parinkimas arba komutavimas, tinklo galinis taškas identifikuojamas konkrečiu tinklo adresu, kuris gali būti susietas su abonento telefono ryšio numeriu arba pavadinimu.

66. Tinklų sujungimas .- fizinis ar loginis viešųjų ryšių tinklų, naudojamų to paties ar kito ūkio subjekto, sujungimas, kad vieno ūkio subjekto elektroninių ryšių paslaugų gavėjai galėtų naudotis tarpusavio ryšiu ir (arba) ryšiu su kito ūkio subjekto paslaugų gavėjais arba ūkio subjekto, tarp jų visų prieigą prie atitinkamų tinklų turinčių ūkio subjektų, teikiamomis paslaugomis. Tinklų sujungimas yra speciali prieigos rūšis.

67. Ūkio subjektas .- asmuo ar asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu jie būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje.

68. Universaliosios paslaugos .- minimalus skaičius nustatytos kokybės paslaugų, kurios, nepaisant geografinės vietos, už prieinamą kainą turi būti teikiamos visiems tokias paslaugas pageidaujantiems gauti galutiniams paslaugų gavėjams.

69. Vartotojas .- fizinis asmuo, kuris naudojasi ar pareiškia norą naudotis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis nesusijusiems su jo amatu, verslu ar profesija tikslams, tai yra vartotojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

70. Veiksminga konkurencija .- situacija atitinkamoje rinkoje, kai nėra didelę įtaką toje rinkoje turinčių ūkio subjektų.

71. Vertikaliai integruotas ūkio subjektas .- ūkio subjektas, kuris verčiasi dviejų ar daugiau rūšių veikla, priklausančia tai pačiai vertės kūrimo grandinei.

72. Viešasis fiksuotojo ryšio tinklas .- viešasis ryšių tinklas, kurio galiniai taškai yra fiksuoti.

73. Viešasis judriojo ryšio tinklas .- viešasis ryšių tinklas, kurio galiniai taškai nėra fiksuoti.

74. Viešasis ryšių tinklas .- elektroninių ryšių tinklas, kuris visiškai ar daugiausia naudojamas viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, įskaitant elektroninių ryšių tinklą, kuriuo galima perduoti informaciją iš vieno tinklo galinio taško į kitą.

75. Viešosios elektroninių ryšių paslaugos .- viešai teikiamos elektroninių ryšių paslaugos.

76. Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos .- viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu.

77. Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos .- viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu.

78. Viešosios telefono ryšio paslaugos .- visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti ir gauti nacionalinius arba nacionalinius ir tarptautinius skambučius naudojant atitinkamą telefono ryšio numerį ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.

79. Vietinė linija .- fizinė linija, jungianti tinklo galinį tašką su viešojo fiksuotojo ryšio tinklo skirstomuoju stovu ar ekvivalentine priemone.

80. Vietinės linijos gavėjas .- turintis teisę teikti elektroninių ryšių paslaugas ūkio subjektas, kuriam gali būti ar yra suteikta atsieta prieiga prie vietinės linijos.

81. Vietos nustatymo duomenys .- elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą.

82. Vietovės žyma (Cell ID) .- vietovės, kurioje skambutis inicijuojamas ar baigiamas viešajame judriojo ryšio tinkle, atpažinimo kodas.

83. Visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos .- vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti visus šios linijos dažnius.

84. Žalingieji trukdžiai .- radijo trukdžiai, keliantys grėsmę radijo navigacinių tarnybų ar bet kurių kitų saugumo tarnybų funkcionavimui ar labai bloginantys, trukdantys ar nuolat pertraukiantys teisėtai veikiantį radijo ryšį.

85. Šio Įstatymo devintajame skirsnyje vartojamos sąvokos, neapibrėžtos šiame Įstatyme, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.»

 

2.- straipsnis. Įstatymo antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Įstatymo antrojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „bei strategijos» ir pavadinimą išdėstyti taip:

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS POLITIKOS FORMAVIMO IR REGULIAVIMO SISTEMA«.

 

3.- straipsnis. 4 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. 4 straipsnio pavadinime išbraukti žodžius „bei strategijos» ir pavadinimą išdėstyti taip:

4 straipsnis. Elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo ir reguliavimo institucijos«.

2. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalįir ją išdėstyti taip:

„1. Elektroninių ryšių veiklos politiką Lietuvos Respublikoje formuoja Vyriausybė ir jos įgaliota institucija.»

 

4.- straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos kompetencija elektroninių ryšių srityje

1. Vyriausybė, formuodama elektroninių ryšių veiklos politiką:

1) nustato universaliųjų paslaugų kainų aukščiausią ribą, tvirtina universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles;

2) tvirtina elektroninių ryšių plėtros ir radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti Lietuvos Respublikoje planavimo dokumentus.

2. Vyriausybės įgaliota institucija, formuodama ir įgyvendindama elektroninių ryšių veiklos politiką:

1) koordinuoja valstybės elektroninių ryšių srities investicinių projektų rengimą, vertina šiuos projektus ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

2) bendradarbiauja su užsienio valstybių elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo institucijomis, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, komitetuose ir grupėse, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (arba) radijo spektro valdymu;

3) renka informaciją, reikalingą elektroninių ryšių veiklos politikai formuoti ir įgyvendinti;

4) nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinant valstybės saugumą ir viešąją tvarką, įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoda ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus;

5) paskelbia (notifikuoja) sertifikacijos ir kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas, atsakingas už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą Vyriausybės nustatyta tvarka;

6) imasi priemonių, kad fiziniams asmenims būtų užtikrinta galimybė naudotis suderintų socialinių paslaugų numeriu 116000 teikiama paslauga.»

 

5.- straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalįir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba .- elektroninių ryšių veiklą reguliuojanti ir šio Įstatymo nuostatų, išskyrus šio Įstatymo nuostatas, už kurių įgyvendinimą ir laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atsakingos kitos valstybės institucijos, laikymąsi prižiūrinti ir jas įgyvendinanti savarankiška valstybės įstaiga, veikianti nepriklausomai pagal ši ir kitus įstatymus bei savo nuostatus. Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Ryšių reguliavimo tarnyba yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su šio Įstatymo reguliavimo dalyku, prasme.»

 

6.- straipsnis. 7 straipsnio 6 dalies 5 punkto ir 8 dalies 3 punkto pakeitimas

1. 7 straipsnio 6 dalies 5 punkte vietoj žodžio „strateginius» įrašyti žodį „strateginį», vietoj žodžio „planus» įrašyti žodį „planą» ir ši punktą išdėstyti taip:

„5) tvirtina Ryšių reguliavimo tarnybos strateginį veiklos planą;».

2. 7 straipsnio 8 dalies 3 punkte po žodžių „Ryšių reguliavimo tarnybos» įrašyti žodį „metinę», vietoj žodžių „pajamų ir išlaidų» įrašyti žodį „programos» ir ši punktą išdėstyti taip:

„3) derina Ryšių reguliavimo tarnybos metinę biudžeto programos sąmatą;».

 

7.- straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ryšių reguliavimo tarnybos uždaviniai:

1) užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių, pirmiausia perduodant informacijos turinį elektroninių ryšių tinklais, rinkose, taip pat užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas, bei skatinti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą ir vystymą;

2) užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų, įskaitant neįgaliųjų, senyvo amžiaus ir specialių socialinių poreikių turinčių paslaugų gavėjų (fizinių asmenų, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčių, neįgijusių arba praradusių gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime), teisių ir teisėtų interesų apsaugą, ypač užtikrindama paprastas ir nebrangias ginču sprendimo procedūras ir skatinant viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygų ir tarifų skaidrumą, ir pagal kompetenciją užtikrinti galimybę naudotis universaliosiomis paslaugomis bei galimybę galutiniams paslaugų gavėjams turėti prieigą prie pasirinktos informacijos ir ją platinti teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat galimybę naudotis pasirinkta programine įranga ir paslaugomis;

3) skatinti efektyvias ilgalaikes investicijas ir naujovių diegimą, taip pat elektroninių ryšių plėtrą;

4) užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, taip pat kad būtų pakankamai nacionalinių telefono ryšio numerių išteklių, reikalingų viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, kad numeracijos planai ir procedūros būtų taikomi tokiu būdu, kuris užtikrintų vienodas visų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų galimybes, ypač užtikrindama, kad ūkio subjektai, kuriems skirti nacionalinių telefono ryšio numerių ištekliai, nediskriminuotų kitų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, kiek tai susiję su numeracijos sekomis, naudojamomis jų paslaugoms pasiekti;

5) pagal savo kompetenciją užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje naudojama aparatūra ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomus reikalavimus, užtikrinti aparatūros ir įrenginių elektromagnetinį suderinamumą;

6) pagal kompetenciją skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių reguliavimą Europos Sąjungoje;

7) bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, tarp jų ir su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, kad būtų užtikrinta žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisė, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu;

8) užtikrinti, kad operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai vykdytų įpareigojimus, kurie gali būti nustatyti valstybės gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais;

9) užtikrinti, kad viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai įgyvendintų tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti.»

 

8.- straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos funkcijos

Ryšių reguliavimo tarnyba:

1) prižiūri ir įgyvendina šio Įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas, išskyrus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, kurių priežiūra ir įgyvendinimas pagal šio Įstatymo nustatytą kompetenciją priklauso kitoms valstybės institucijoms;

2) rengia ir tvirtina reikalavimus aparatūrai ir įrenginiams ir jų naudojimo sąlygas, teisės aktų nustatytais atvejais išduoda leidimus naudoti aparatūrą ir įrenginius, įvežti ir naudoti radijo stebėsenos ir radijo ryšio slopinimo įrenginius;

3) rengia ir tvirtina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, kartu su Lietuvos radijo ir televizijos komisija rengia ir tvirtina radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą;

4) bendradarbiauja su užsienio valstybių elektroninių ryšių veiklos reguliavimo institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų bei grupių, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (arba) radijo spektro valdymu, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumu, veikloje, taip pat Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos veikloje, reikiamais atvejais skiria ekspertus, kurie dalyvautų atitinkamuose komitetuose ir grupėse, atlieka tarptautinį radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių koordinavimą bei tarptautinę radijo ryšio stočių (radijo dažnių) ir orbitinių išteklių apsaugą. Lietuvos Respublikos vardu prisiimti įpareigojimus Ryšių reguliavimo tarnyba gali tik teisės aktų nustatyta tvarka gavusi įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis ar Europos Sąjungos teisė atitinkamas funkcijas, kurios patenka į Ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją, vykdyti paveda Lietuvos Respublikos telekomunikacijų (elektroninių ryšių) administracijai ar nacionalinei telekomunikacijų (elektroninių ryšių) reguliavimo institucijai. Šiuo atveju Ryšių reguliavimo tarnyba atitinkamas funkcijas atlieka ir su jomis susijusius įsipareigojimus prisiima taikydama atitinkamos tarptautinės sutarties ar Europos Sąjungos teisės nuostatas ir neturi papildomai gauti įgaliojimų ir atlikti kitų procedūrų pagal atitinkamas Tarptautinių sutarčių įstatymo normas;

5) rengia ir teikia Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl elektroninių ryšių veiklos politikos;

6) rengia ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl universaliųjų paslaugų kainų aukščiausios ribos, rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles;

7) nustato universaliųjų paslaugų teikimo taisykles, įpareigojimus nepaskirtiems teikti universaliąsias paslaugas ūkio subjektams, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias paslaugas;

8) Vyriausybės nustatyta tvarka kaupia ir saugo informaciją apie tai, kokius techninių įvykių duomenis apie elektroninius ryšius fiksuoja ir saugo ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas;

9) vykdo nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio veiklą;

10) yra atsakinga už tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio Įstatymo reguliavimo dalyką, nuostatų vykdymo priežiūrą, išskyrus atvejus, kai pagal šio Įstatymo 12 straipsnio 5 dalį tai yra Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kompetencija;

11) šio Įstatymo ir kitų teisės aktų pagrindu priima teisės aktus, atlieka kitas šio ir kitų įstatymų, Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.»

 

9.- straipsnis. 10 straipsnio 6 punkto pripažinimas netekusiu galios

10 straipsnio 6 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

10.- straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

11 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „jį įgyvendinančių» įrašyti žodžius „jo įgyvendinamųjų», po žodžių „priimdama teisės aktus» įrašyti žodžius ir skaičius „nustatydama ar keisdama radijo dažnių naudojimo sąlygas pagal šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalį ir 59 straipsnį», vietoj skaičiaus „13″ įrašyti skaičių „18″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Šio Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų pagrindu priimdama teisės aktus, nustatydama ar keisdama radijo dažnių naudojimo sąlygas pagal šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalį ir 59 straipsnį, turėsiančius reikšmingą poveikį atitinkamai rinkai, išskyrus atvejus, nurodytus šio Įstatymo 16 straipsnio 18 dalyje, taip pat išskyrus teisės aktus, kuriais išsprendžiamas ginčas, Ryšių reguliavimo tarnyba savo nustatyta tvarka ir sąlygomis viešai paskelbia šiu teisės aktų projektus ir nustato suinteresuotiems asmenims protingumo kriterijų atitinkantį terminą pastaboms pateikti.»

 

11.- straipsnis. 12 straipsnio 5 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

1) prižiūri, kaip vykdomos šio Įstatymo devintojo skirsnio, išskyrus šio Įstatymo 61 straipsnio 5 dalį, 64 straipsnio 7 dalį ir 68 straipsnio 2 dalį, nuostatos, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja skundus dėl duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos ir surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, atlieka šio Įstatymo 77 straipsnio 2 dalyje ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas;

2) bendradarbiauja su Ryšių reguliavimo tarnyba asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje;

3) yra atsakinga už tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio Įstatymo devintojo skirsnio, išskyrus šio Įstatymo 61 straipsnio 
5 dalį, 64 straipsnio 7 dalį ir 68 straipsnio 2 dalį, reguliavimo dalyką, nuostatų vykdymo priežiūrą;

4) vykdo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo nuostatas, kiek tai susiję su šio Įstatymo 69 straipsnio reguliavimo dalyku.»

2. 12 straipsnio 7 dalyje išbraukti žodžius „bei strategijos» ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Lietuvos nacionalinė standartizacijos institucija bendradarbiauja su Vyriausybės įgaliota elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo institucija ir Ryšių reguliavimo tarnyba, kai šios Standartizacijos įstatymo nustatyta tvarka dalyvauja standartizacijos, susijusios su elektroninių ryšių tinklų, paslaugų, susijusių priemonių ir paslaugų teikimu, įskaitant radijo ir (ar) televizijos programų transliavimą, techninėmis sąsajomis ir (ar) tinklų funkcionavimu, galinių įrenginių, įskaitant radijo ir televizijos programų priėmimo įrangą, sąveika, procese, keičiasi su standartizacija susijusia informacija.»

 

12.- straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos institucijomis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis

1. Valstybės institucijos bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei jų institucijomis laikydamosi Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų. Dokumentams, surašytiems, išduotiems ar patvirtintiems Europos Sąjungos institucijų, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ar Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų, taip pat jų nuorašams ir vertimams netaikomi jokie legalizavimo reikalavimai.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms informaciją, jeigu šios pagrįstai jos pareikalauja. Jeigu Europos Komisijai Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia informaciją, kuri ar kurios dalis yra anksčiau gauta iš ūkio subjektų Ryšių reguliavimo tarnybos pareikalavimu, Ryšių reguliavimo tarnyba praneša atitinkamiems ūkio subjektams, kad atitinkama informacija yra pateikta.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba teikia Europos Komisijai informaciją apie Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio Įstatymo reguliavimo dalyką, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

4. Kai su šio Įstatymo reguliavimo dalyku susijusios Europos Sąjungos teisės nuostatos taikomos Europos ekonominės erdvės valstybėms, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, šiame Įstatyme Europos Sąjunga suprantama ir kaip Europos ekonominė erdvė.»

 

13.- straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Rinkos tyrimas

1. Rinkos tyrimą atlieka Ryšių reguliavimo tarnyba. Ryšių reguliavimo tarnybos atliekamo rinkos tyrimo tikslas .- siekti, kad elektroninių ryšių srityje būtų užtikrinta veiksminga konkurencija, o didelę įtaką turintiems ūkio subjektams būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato rinkos tyrimo taisykles.

2. Rinkos tyrimo procedūrą sudaro šie etapai:

1) atitinkamos rinkos (produktų (paslaugų) ir geografinės), kurios charakteristikos gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų šio Įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, apibrėžimas;

2) tyrimas, ar konkurencija atitinkamoje rinkoje yra veiksminga, ir, jeigu konkurencija nėra veiksminga, didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčių ūkio subjektų įvardijimas;

3) šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytų įpareigojimų nustatymas, pakeitimas ir (arba) panaikinimas didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba atlieka rinkos tyrimą Europos Komisijai priėmus rekomendaciją, nustatančią atitinkamas produktų ir paslaugų rinkas, arba sprendimą, nustatantį Europos Sąjungos rinką, arba pakeitus šiuos teisės aktus.

4. Ryšių reguliavimo tarnyba taip pat turi teisę atlikti rinkos tyrimą:

1) suinteresuotų ūkio subjektų prašymu;

2) valstybės ar savivaldybių institucijų prašymu;

3) savo iniciatyva.

5. Rinkos tyrimas pradedamas Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę atlikti ne visą rinkos tyrimo procedūrą, bet tik atskiras jos dalis, jeigu motyvuotai ir pagrįstai mano, kad kitas dalis atlikti nėra tikslinga.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba, tirdama rinkas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teise ir atsižvelgia į Europos Komisijos gaires bei rekomendacijas, taip pat Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos priimtas nuomones ir bendrąsias pozicijas.

7. Ryšių reguliavimo tarnyba, atlikdama rinkos tyrimą, turi teisę konsultuotis su Konkurencijos taryba. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo gauti Konkurencijos tarybos nuomonę dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, jeigu rinkos apibrėžimas skiriasi nuo Europos Komisijos rekomendacijos, nurodytos šio straipsnio 3 dalyje. Galutinį sprendimą visais atvejais priima Ryšių reguliavimo tarnyba.

8. Jeigu rinkos tyrimas atliekamas Europos Komisijai priėmus sprendimą, apibrėžiantį Europos Sąjungos rinką, Ryšių reguliavimo tarnyba atlieka rinkos tyrimą kartu su atitinkamų kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų su kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis nustatyta tvarka ir sąlygomis.

9. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo atlikti atitinkamos rinkos tyrimą ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus nuo ankstesnio galutinio sprendimo dėl šios rinkos tyrimo rezultatų priėmimo, tuo atveju, jeigu atitinkama rinka anksčiau buvo tirta, arba ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus Europos Komisijai pakeitus rekomendaciją, nustatančią atitinkamas produktų ir paslaugų rinkas, jeigu atitinkama rinka nebuvo tirta. Ryšių reguliavimo tarnyba, suderinusi su Europos Komisija, turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą 3 metų terminą, bet ne ilgiau kaip 3 papildomais metais.

10. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba nebaigia rinkos tyrimo per šio straipsnio 9 dalyje nurodytus terminus, ji turi teisę kreiptis į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją su prašymu suteikti pagalbą atliekant atitinkamos rinkos tyrimą ir nustatant didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams taikytinus įpareigojimus. Gavusi pagalbą, Ryšių reguliavimo tarnyba per 6 mėnesius, vadovaudamasi šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, pateikia sprendimą suinteresuotiems asmenims ir Europos Komisijai.

11. Ryšių reguliavimo tarnyba rinkos tyrimo procedūrą atlieka per 4 mėnesius nuo sprendimo pradėti rinkos tyrimą pradžios, neįskaitant konsultacijų dėl rinkos tyrimo, nustatytų 11 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 12.-16 dalyse, trukmės. Motyvuotu Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 3 kartus, kiekvieną kartą tyrimą pratęsiant ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Ryšių reguliavimo tarnyba siekia, kad rinkos tyrimas būtų atliktas per įmanomai trumpiausią laiką. Rinkos tyrimas baigiamas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus sprendimu dėl rinkos tyrimo rezultatų. Sprendime išdėstomi visų atliktų rinkos tyrimo etapų rezultatai.

12. Prieš priimdama sprendimą, kuriuo būtų apibrėžta atitinkama produktų ar paslaugų rinka ar nustatyti arba nenustatyti ūkio subjektai, turintys didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ar nustatyti, nenustatyti ar panaikinti vienas ar keli šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodyti įpareigojimai šiems ūkio subjektams, jeigu toks sprendimas paveiktų prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių narių, Ryšių reguliavimo tarnyba, pasibaigus vadovaujantis šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam viešo konsultavimosi terminui, privalo pateikti tokio sprendimo projektą Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Europos Komisija, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinės reguliavimo institucijos gali pateikti savo nuomonę per vieną mėnesį. Europos Komisijai priėmus gaires ir (arba) rekomendacijas, nustatančias kitokią, nei šiame straipsnyje nustatyta, viešo konsultavimosi tvarką ir terminus, taikoma Europos Komisijos gairėse ir (arba) rekomendacijose nustatyta viešo konsultavimosi tvarka ir terminai.

13. Jeigu šio straipsnio 12 dalyje nurodytu sprendimo projektu siekiama apibrėžti atitinkamą rinką kitaip, negu ji apibrėžta šio straipsnio 3 dalyje nurodytoje Europos Komisijos rekomendacijoje, arba nustatyti ar nenustatyti ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir Europos Komisija nurodė Ryšių reguliavimo tarnybai, kad mano, jog toks sprendimas sukurtų kliūtis bendrajai rinkai, arba rimtai abejoja, ar toks sprendimo projektas atitinka Europos Sąjungos teisę, Ryšių reguliavimo tarnyba negali tokio sprendimo projekto priimti 2 mėnesius nuo tokio nurodymo. Jeigu Europos Komisija per ši terminą nurodo Ryšių reguliavimo tarnybai nepriimti tokio sprendimo projekto, Ryšių reguliavimo tarnyba per šešis mėnesius privalo pakeisti tokį sprendimo projektą arba jo nepriimti. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgusi į Europos Komisijos nurodymą, pakeičia savo sprendimo projektą, ji, vadovaudamasi šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, pateikia pakeistą sprendimo projektą suinteresuotiems asmenims ir Europos Komisijai.

14. Jeigu šio straipsnio 12 dalyje nurodytu sprendimo projektu siekiama nustatyti, pakeisti ir (arba) panaikinti vieną ar kelis šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytus įpareigojimus ūkio subjektams ir Europos Komisija nurodė Ryšių reguliavimo tarnybai, kad mano, jog toks sprendimo projektas sukurtų kliūtis bendrajai rinkai, arba rimtai abejoja, ar toks sprendimo projektas atitinka Europos Sąjungos teisę, Ryšių reguliavimo tarnyba negali tokio sprendimo projekto priimti 3 mėnesius nuo tokio nurodymo priėmimo Europos Komisijoje. Per ši 3 mėnesių terminą Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į suinteresuotų asmenų nuomonę ir į poreikį užtikrinti nuoseklią reguliavimo praktiką, glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, siekdama nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią įpareigojimą. Pasibaigus nurodytam 3 mėnesių terminui, Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgusi į šioje dalyje nurodytą Europos Komisijos nurodymą ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos nuomonę ir pasiūlymus, pakeičia, nepriima arba palieka nepakeistą savo sprendimo projektą.

15. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba pakeičia savo sprendimo projektą arba palieka jį nepakeistą, ji negali priimti galutinio sprendimo dar vieną mėnesį nuo šio straipsnio 14 dalyje nurodyto 3 mėnesių termino pabaigos. Jeigu Europos Komisija per šioje dalyje nurodytą vieno mėnesio terminą priima rekomendaciją, kurioje nurodo Ryšių reguliavimo tarnybai pakeisti savo sprendimo projektą arba jo nepriimti, ir Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama galutinį sprendimą į ją neatsižvelgia, Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti Europos Komisijai motyvuotus paaiškinimus.

16. Ryšių reguliavimo tarnyba galutinį sprendimą šio straipsnio 14 dalyje nurodytu atveju priima per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 15 dalyje nurodyto vieno mėnesio termino pabaigos. Į ši terminą neįskaitoma konsultacijų dėl rinkos tyrimo, numatytų šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, trukmė.

17. Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina gautas Europos Komisijos, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų nuomones ir gali priimti sprendimą savo nuožiūra, išskyrus šio straipsnio 13 dalyje nurodytą atvejį. Galutinį sprendimą Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai ir Europos Komisijai.

18. Ryšių reguliavimo tarnyba išimtinėmis aplinkybėmis, kai, jos nuomone, būtina imtis skubių veiksmų, nesilaikant šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatytos procedūros, siekdama apsaugoti konkurenciją ir paslaugų gavėjų interesus, gali nedelsdama imtis proporcingų laikinųjų priemonių .- tai yra apibrėžti atitinkamą rinką, nustatyti ar nenustatyti ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir (arba) nustatyti, nenustatyti ar panaikinti šiems subjektams vieną ar kelis šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytus įpareigojimus. Šios laikinosios priemonės gali būti nustatomos ne ilgesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju Ryšių reguliavimo tarnyba privalo nedelsdama pranešti Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms apie šias priemones, kartu jas pagrįsdama. Ryšių reguliavimo tarnyba gali padaryti šias priemones nuolatinėmis arba pratęsti jų taikymo terminą, vadovaudamasi šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatyta procedūra.

19. Atitinkamų rinkų, kuriose nustatyti didelę įtaką turintys ūkio subjektai, sąrašą ir didelę įtaką šiose rinkose turinčių ūkio subjektų sąrašą bei jiems nustatytus įpareigojimus, taip pat informaciją apie priemones, nustatytas šio straipsnio 18 dalyje, ir bet kuriuos tokios informacijos pasikeitimus Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Europos Komisijai.

20. Atlikdama rinkos tyrimą, kurio metu sprendžia, ar ūkio subjektas turi didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir nustato įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams, Ryšių reguliavimo tarnyba atsižvelgia į atitinkamas tarptautinių sutarčių ir (arba) susitarimų nuostatas ir pagal kompetenciją užtikrina šiu sutarčių ir (arba) susitarimų laikymąsi ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Ryšių reguliavimo tarnyba, įgyvendindama tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus ir užtikrindama jų laikymąsi, turi teisę, pasikonsultavusi su Europos Komisija, mutatis mutandis taikydama šio straipsnio ir 14.-18 dalyse nustatytą tvarką ir sąlygas, nustatyti, pakeisti ar panaikinti šio Įstatymo 17 straipsnyje nustatytus įpareigojimus ūkio subjektams, neturintiems didelės įtakos atitinkamoje rinkoje.»

 

14.- straipsnis. 17 straipsnio 1, 2, 4 ir 7 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti ir papildyti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nustato šiuos įpareigojimus, atsižvelgdama į tai, kurie iš jų tinkami konkrečiu atveju, ir nustatydama tokių įpareigojimų vykdymo pradžios momentą:

1) skaidrumo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 18 straipsnio nuostatas;

2) nediskriminavimo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 19 straipsnio nuostatas;

3) apskaitos atskyrimo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 20 straipsnio nuostatas;

4) įpareigojimą suteikti prieigą pagal šio Įstatymo 21 ir 22 straipsnių nuostatas;

5) kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus pagal šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatas;

6) funkcinio atskyrimo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 231 straipsnio nuostatas;

7) įpareigojimus, susijusius su paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimu, pagal šio Įstatymo 32 straipsnio nuostatas.»

2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio Įstatymo 26 straipsnyje nustatytais atvejais ūkio subjektai, turintys didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, privalo vykdyti atitinkamus įpareigojimus be atskiro Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo. Be atskiro Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo ūkio subjektai taip pat turi vykdyti papildomą įpareigojimą, nurodytą šio Įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje. Šios dalies pirmajame sakinyje nurodytus įpareigojimus ūkio subjektas privalo vykdyti nuo jo pripažinimo turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, o įpareigojimą, nurodytą antrajame sakinyje, .- nuo momento, kai ūkio subjektas privalo pradėti vykdyti pagrindinį įpareigojimą. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti kitą šioje dalyje nurodytų įpareigojimų vykdymo pradžios momentą, tačiau ne ankstesnį negu nurodytieji šioje dalyje.»

3. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Išimtinėmis aplinkybėmis (tai yra, kai Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į šio straipsnio 6 dalį ir (arba) 16 straipsnio 20 dalį, nustato, kad šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytų įpareigojimų nepakaktų 16 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams pasiekti) Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems operatoriams nustatyti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nenumatytus įpareigojimus, susijusius su prieiga, įskaitant tinklų sujungimą, jeigu Europos Komisija tai leidžia.»

4. 17 straipsnio 7 dalyje vietoj skaičiaus „14″ įrašyti skaičių „19″, vietoj žodžių „Valstybės žinių» priede „Informaciniai pranešimai» įrašyti žodžius „Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje» ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Jeigu atlikus atitinkamos rinkos tyrimą nustatoma, kad jos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų šiame straipsnyje, taikymo ir (arba) joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų, Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis nenustato šiame straipsnyje nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (ar) panaikina didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei tokie buvo nustatyti. Panaikindama įpareigojimus, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę motyvuotu sprendimu nustatyti jų vykdymo pabaigos terminą, ne ilgesnį kaip 28 dienos nuo atitinkamos šio Įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.»

 

15.- straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Skaidrumo įpareigojimas

1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti operatorių, turintį didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, viešai paskelbti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytos apimties informaciją, susijusią su prieiga, įskaitant tinklų sujungimą, taip pat:

1) apskaitos informaciją;

2) technines specifikacijas;

3) tinklo charakteristikas;

4) prieigos teikimo bei naudojimo sąlygas, įskaitant galimybės naudotis paslaugomis ir (arba) taikomosiomis programomis teisėtus ribojimus;

5) prieigos ir susijusių paslaugų kainas.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčius operatorius skelbti standartinį pasiūlymą suteikti prieigą, įskaitant tinklų sujungimą. Pasiūlymas turi būti pakankamai detalus ir užtikrinti, kad iš ūkio subjektų nebūtų reikalaujama mokėti už prašomai paslaugai nebūtinas priemones, jame turi būti aprašyti atitinkami pasiūlymai, pagal rinkos poreikius išskaidyti į komponentus, ir su jais susijusios sąlygos, įskaitant kainas. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintis operatorius per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus terminus pakeistų standartinio pasiūlymo sąlygas, kad būtų įgyvendinti šiame Įstatyme numatyti įpareigojimai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems operatoriams.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti informacijos, reikalaujamos skelbti pagal šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalis, apimtį, jos detalumo reikalavimus, paskelbimo būdą ir kitas paskelbimo sąlygas.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse nurodyta informacija, įskaitant geografinius tinklų sujungimo taškus, sujungimo testavimo, bendro elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo ir atsiskaitymo sąlygas, elektroninių ryšių paslaugų teikėjo pasirinkimo sąlygas bei tarifus, negali būti laikoma komercine paslaptimi.

5. Operatorius, įpareigotas suteikti didmeninę prieigą prie fizinės infrastruktūros, įskaitant visiškai ar iš dalies atsietą prieigą, fiksuotoje vietoje, privalo Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis, įskaitant standartinio pasiūlymo turinio reikalavimus, paskelbti standartinį pasiūlymą. Tokiam standartiniam pasiūlymui taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos.»

 

16.- straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Įpareigojimas suteikti prieigą

1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti operatorių, turintį didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių ar juos (jas) naudoti, tarp jų:

1) suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir (arba) priemonių kitiems ūkio subjektams, įskaitant prieigą prie pasyviųjų tinklo elementų, ir (arba) atsietą prieigą prie vietinės linijos, kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniam ir (arba) individualiam viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimui, ir (arba) pateikti pasiūlymą dėl didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti;

2) sąžiningai derėtis su ūkio subjektais, prašančiais suteikti prieigą;

3) nenutraukti prieigos prie jau suteiktų priemonių;

4) teikti nustatytas paslaugas turint tikslą jas perparduoti;

5) suteikti atvirą prieigą prie techninių sąsajų, protokolų ar kitų technologijų, kurios yra būtinos paslaugų suderinamumui ar virtualiojo tinklo paslaugoms teikti;

6) suteikti prieigą prie patalpų ar kitus elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo būdus;

7) suteikti konkrečias paslaugas, būtinas užtikrinti paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;

8) suteikti prieigą prie veiklos palaikymo sistemų ar kitų panašių programinių sistemų, būtinų sąžiningai paslaugų teikimo konkurencijai užtikrinti;

9) sujungti tinklus ar tinklų priemones, įskaitant galimybę sujungti tinklus bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;

10) suteikti prieigą prie susijusių paslaugų, įskaitant tapatybės, vietos ir prisijungimo būsenos nustatymo.

2. Priimdama sprendimą nustatyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įpareigojimus ar juos panaikinti, Ryšių reguliavimo tarnyba atsižvelgia į šio Įstatymo principus, tikslus ir šiuos veiksnius:

1) technines ir ekonomines galimybes naudoti ar įrengti konkuruojančias technines priemones pagal rinkos išsivystymo lygį, atsižvelgiant į prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, prigimtį ir tipą, taip pat galimybę naudotis prieiga prie kitų priemonių;

2) galimybes suteikti prašomą prieigą, atsižvelgiant į laisvus pajėgumus (išteklius);

3) priemonių savininko pradines investicijas, atsižvelgiant į padarytas viešojo sektoriaus investicijas ir investavimo riziką;

4) būtinybę užtikrinti ilgalaikę konkurenciją, taip pat elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą ir vystymo ekonominį naudingumą;

5) intelektinės nuosavybės teises;

6) paslaugų, apimančių daugiau kaip vieną Europos Sąjungos valstybę narę, teikimą.

3. Nustatydama konkretų įpareigojimą, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti prieigos teikėjui ir (arba) gavėjui privalomas prieigos suteikimo veiklos ir (arba) technines sąlygas, būtinas tinkamai tinklo veiklai užtikrinti.»

 

17.- straipsnis. 22 straipsnio 2, 3 ir 6 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ryšių reguliavimo tarnyba skatina ir, kai to reikia, šio Įstatymo nustatyta tvarka užtikrina tinkamos prieigos suteikimą ir paslaugų suderinamumą, skatindama efektyvumą, ilgalaikę konkurenciją, efektyvias investicijas ir naujovių diegimą ir didžiausią įmanomą naudą galutiniams paslaugų gavėjams. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatyti įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams, taip pat nustatyti įpareigojimus ir kitiems ūkio subjektams, tarp jų:

1) įpareigojimus ūkio subjektams, kontroliuojantiems prieigą prie galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant įpareigojimus sujungti nesujungtus tinklus, kiek tai būtina siekiant užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų;

2) įpareigojimus operatoriams užtikrinti prieigą prie taikomųjų programų sąsajų ir elektroninių programų vadovų sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, kiek tai būtina siekiant užtikrinti galimybę galutiniams paslaugų gavėjams naudotis konkrečiomis skaitmeninio radijo ar televizijos transliavimo paslaugomis;

3) įpareigojimus ūkio subjektams, kontroliuojantiems prieigą prie galutinių paslaugų gavėjų, kiek tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų suderinamumą.»

2. 22 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „10″ įrašyti skaičių „12″, vietoj skaičių „12, 13″ įrašyti skaičius „14.-18″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„3. Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimai suteikti prieigą ir (ar) nustatytos prieigos suteikimo sąlygos turi būti objektyvios, skaidrios, proporcingos ir nediskriminacinės, o atitinkami sprendimai priimami vadovaujantis šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams taikomomis taisyklėmis bei mutatis mutandis šio Įstatymo 16 straipsnio 12 ir 14.-18 dalyse nustatytomis taisyklėmis.»

3. 22 straipsnio 6 dalyje po žodžių „dėl prieigos» įrašyti žodžius „įskaitant tinklų sujungimą», vietoj žodžių ir skaičių „dalies 1 ar 2 punkte» įrašyti žodį „dalyje» ir šia dalį išdėstyti taip:

„6. Vadovaudamasi šio Įstatymo principais ir kai tai pateisinama šio Įstatymo tikslais, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę savo iniciatyva ar šio Įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka, spręsdama ūkio subjektų ginčą, priimti ūkio subjektams privalomą sprendimą dėl prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo, įskaitant ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų dėl konkrečios prieigos nustatymą.»

 

18.- straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Kainų kontrolė ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai

1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti operatoriui, turinčiam didelę įtaką rinkoje, įpareigojimus, susijusius su sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, įskaitant įpareigojimus teikti prieigą tokiomis kainomis, kurios būtų pagrįstos sąnaudomis (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą), bei įpareigojimus, susijusius su sąnaudų apskaitos sistemomis, skirtomis konkrečioms prieigos rūšims teikti, kai rinkos tyrimo metu nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos trūkumas (ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, buvimas) reiškia, kad atitinkamas operatorius galėtų palaikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo darydamas žalą galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant skatinti operatorių investicijas, įskaitant investicijas į elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir technologijų vystymąsi, nustatant įpareigojimus atsižvelgiama į operatoriaus teisę gauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, apskaičiuotą įvertinus naujų investicijų į elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir technologijų vystymąsi riziką.

2. Nustatytas sąnaudų padengimo mechanizmas ir (arba) kainų nustatymo metodikos turi skatinti efektyvumą ir ilgalaikę konkurenciją ir, kiek įmanoma, padidinti naudą vartotojams. Tam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba gali atsižvelgti į kainas, siūlomas palyginamose konkurencingose rinkose.

3. Įrodinėjimo našta, kad operatoriaus, įpareigoto kainas grįsti sąnaudomis, kainos yra pagrįstos sąnaudomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, tenka operatoriui, įpareigotam kainas grįsti sąnaudomis. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti sąnaudų apskaitos taisykles siekdama, kad būtų skaičiuojamos efektyvaus paslaugų ir (arba) tinklų teikimo sąnaudos. Ryšių reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, kad operatorius, įpareigotas kainas grįsti sąnaudomis, įrodytų nustatytų kainų pagrįstumą sąnaudomis, ir nustatyti privalomą protingumo kriterijus atitinkantį terminą tam atlikti. Jeigu operatorius per ši terminą kainų pagrįstumo sąnaudomis neįrodo, laikoma, kad jo nustatytos kainos yra sąnaudomis nepagrįstos. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad operatoriaus teikiami duomenys būtų operatoriaus lėšomis patikrinti audito. Kol operatorius, įpareigotas kainas grįsti sąnaudomis, įrodys kainų pagrįstumą sąnaudomis, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti laikiną aukščiausią kainų ribą, atsižvelgdama į netiesioginiais sąnaudų vertinimo metodais gautus duomenis apie atitinkamas sąnaudas, tarp jų lygindama atitinkamų paslaugų kainas, atsižvelgdama į geriausią Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, panašaus išsivystymo valstybių praktiką, Lietuvos Respublikos praktiką, taip pat vertindama atitinkamų didmeninių ir mažmeninių kainų santykį.

4. Ryšių reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, kad operatorius, kuriam nustatytas įpareigojimas, susijęs su kainų kontrole, pagrįstų kainas, ir nustatyti privalomą protingumo kriterijus atitinkantį terminą tam atlikti. Operatoriui per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą terminą neįrodžius kainų pagrįstumo, laikoma, kad kainos yra nepagrįstos. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad operatoriaus teikiami duomenys būtų operatoriaus lėšomis patikrinti audito. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti pakeisti kainas arba nustatyti aukščiausią kainų ribą lygindama atitinkamų paslaugų kainas, atsižvelgdama į geriausią Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, panašaus išsivystymo valstybių praktiką, Lietuvos Respublikos praktiką, taip pat vertindama atitinkamų didmeninių ir mažmeninių kainų santykį.

5. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba, siekdama užtikrinti kainų kontrolę, įpareigoja operatorių įgyvendinti sąnaudų apskaitos sistemą, operatorius privalo per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus terminus ir šios institucijos nustatytomis sąlygomis bei tvarka parengti sąnaudų apskaitos sistemą, paskelbti jos aprašymą, jį pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai ir laikytis šios sąnaudų apskaitos sistemos. Ši sąnaudų apskaitos sistema ir jos skelbimo būdas turi atitikti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas sąnaudų apskaitos taisykles. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, privalomą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems operatoriams ar konkrečiam operatoriui. Tokią apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį Ryšių reguliavimo tarnyba privalo paskelbti savo interneto svetainėje. Ar operatoriaus sąnaudų apskaita atitinka sąnaudų apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, jo parengtą ir (arba) Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, turi būti patikrinta audito. Audito išvada turi būti skelbiama kartą per metus pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas taisykles.»

 

19.- straipsnis. Įstatymo papildymas 231 straipsniu

Papildyti įstatymą 231 straipsniu:

231 straipsnis. Funkcinio atskyrimo įpareigojimas

1. Išimtinėmis aplinkybėmis (tai yra, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsnius, nepakanka veiksmingai konkurencijai užtikrinti ir esant svarbių bei nuolat pasikartojančių konkurencijos atitinkamoje rinkoje problemų, susijusių su prieigos teikimu) Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalį, turi teisę įpareigoti vertikaliai integruotą ūkio subjektą visą didmeninių atitinkamų prieigų teikimo veiklą atskirti nuo likusios šio ūkio subjekto vykdomos veiklos, perkeliant ją į atskirą juridinį asmenį.

2. Ūkio subjektas, kuriam nustatytas funkcinio atskyrimo įpareigojimas, turi teikti prieigą visiems ūkio subjektams, įskaitant vertikaliai integruoto ūkio subjekto, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, dukterines įmones, tokiais pačiais terminais ir sąlygomis, įskaitant kainą ir paslaugų kokybę, ir naudojant tas pačias sistemas ir procesus.

3. Apie ketinimą nustatyti funkcinio atskyrimo įpareigojimą Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pranešti Europos Komisijai, nurodydama:

1) motyvus, kuriais grindžiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įpareigojimo nustatymas;

2) motyvuotą vertinimą, kad per pagrįstą laikotarpį neatsiras veiksmingos ir ilgalaikės elektroninių ryšių infrastruktūros konkurencijos arba ji bus nepakankamai veiksminga;

3) laukiamą poveikį Ryšių reguliavimo tarnybai, ūkio subjektui, kuriam nustatomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įpareigojimas, visų pirma šio ūkio subjekto darbuotojams, ir visai elektroninių ryšių rinkai bei paskatoms investuoti elektroninių ryšių rinkoje siekiant užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims, įskaitant laukiamą poveikį konkurencijai ir tikėtinas pasekmes vartotojams;

4) priežasčių, pagrindžiančių šio įpareigojimo veiksmingumo įgyvendinimo priemonių konkurencijos atitinkamoje rinkoje prieigos teikimo problemoms pašalinti, įvertinimą.

4. Sprendime, kuriuo ketinama nustatyti funkcinio atskyrimo įpareigojimą, Ryšių reguliavimo tarnyba nurodo:

1) tikslų funkcinio atskyrimo pobūdį ir lygmenį;

2) atskiriamą turtą ir teiktiną prieigą;

3) valdymo tvarką, užtikrinančią darbuotojų struktūrinį ir skatinimų nepriklausomumą;

4) įpareigojimo laikymosi užtikrinimo taisykles;

5) veiklos procesų skaidrumo užtikrinimo taisykles, visų pirma suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu;

6) įpareigojimo laikymosi stebėsenos programą, įskaitant metinės ataskaitos skelbimą.

5. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas nustatyti, palikti galioti, pakeisti ar panaikinti įpareigojimus priimamas tik atlikus didmeninių atitinkamų prieigų teikimo rinkų tyrimą bei vadovaujantis šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams taikomomis taisyklėmis ir mutatis mutandis šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba ūkio subjektui, kuriam nustatytas funkcinio atskyrimo įpareigojimas, turi teisę bet kurioje atitinkamoje rinkoje nustatyti šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytus įpareigojimus arba kitus pagrįstus, atitinkančius nustatytos problemos prigimtį, proporcingus ir pateisinamus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais ir tikslais, šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nenurodytus įpareigojimus, jeigu Europos Komisija tai leidžia.»

 

20.- straipsnis. Įstatymo papildymas 232 straipsniu

Papildyti įstatymą 232 straipsniu:

232 straipsnis. Vertikaliai integruoto ūkio subjekto savanoriškas atsiskyrimas

1. Ūkio subjektas, turintis didelę įtaką vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, ketindamas atskirti viso prieigos prie tinklo turto ar didelės jo dalies valdymą nuo kitos šio ūkio subjekto vykdomos veiklos arbaketindamas perduoti su prieiga prie tinklo susijusį turtąar didelę jo dalį nuosavybės teise atskiram ūkio subjektui, su kuriuo jis nėra susijęs kontrolės ar priklausomybės santykiais, ir tokiu būdu teikti analogiškas prieigos paslaugas visiems mažmeninėje rinkoje veikiantiems viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, įskaitant savo paties mažmeninės prekybos padalinius, privalo apie tai Ryšių reguliavimo tarnybos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis informuoti Ryšių reguliavimo tarnybą, kad ji galėtų įvertinti numatomo sandorio poveikį. Ūkio subjektas taip pat privalo pranešti Ryšių reguliavimo tarnybai apie visus savanoriško atsiskyrimo ketinimų pasikeitimus ir galutinius savanoriško atsiskyrimo rezultatus Ryšių reguliavimo tarnybos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, nustato, palieka galioti, pakeičia ar panaikina įpareigojimus tik atlikusi atitinkamų prieigos prie tinklo teikimo rinkų tyrimą ir vadovaudamasi šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams taikomomis taisyklėmis ir mutatis mutandis šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis ir įvertinusi ūkio subjekto, turinčio didelę įtaką vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, numatomo savanoriško atsiskyrimo poveikį įpareigojimams, nustatytiems šiam ūkio subjektui.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę ūkio subjektui, perėmusiam viso prieigos prie tinklo turto ar didelės jo dalies valdymą ir kontrolę, nustatyti šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytus įpareigojimus arba kitus pagrįstus, atitinkančius nustatytos problemos prigimtį, proporcingus ir pateisinamus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais ir tikslais, šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nenurodytus įpareigojimus, jeigu Europos Komisija tai leidžia.»

 

 

21.- straipsnis. 27 straipsnio 6 dalies pakeitimas

27 straipsnio 6 dalyje po žodžio „forma» įrašyti žodžius „įskaitant skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams» ir šia dalį išdėstyti taip:

„6. Taikomųjų programų sąsajų savininkai privalo sąžiningomis, protingumo kriterijus atitinkančiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis už tinkamą atlyginimą pateikti visą informaciją, kuri reikalinga, kad skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjai galėtų teikti visas taikomųjų programų sąsajos palaikomas paslaugas visiškai funkcionalia forma, įskaitant skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams.»

 

 

22. straipsnis. 28 straipsnio 8, 10, 15, 17 ir 18 dalių pakeitimas

1. 28 straipsnio 8 dalies pirmojoje pastraipoje vietoj žodžio „ginčą» įrašyti žodį „prašymą» ir šia pastraipą išdėstyti taip:

„8. Ryšių reguliavimo tarnyba palieka prašymą nenagrinėtą, jeigu nagrinėjant ginčą paaiškėjo šio straipsnio 6 dalies 4 ar 5 punktuose nurodytos aplinkybės, taip pat jei:».

2. 28 straipsnio 10 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „147 straipsnio» įrašyti žodžius „penktojo skirsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą» ir šia dalį išdėstyti taip:

„10. Ryšių reguliavimo tarnyba bet kurios ginčo šalies ar kitų suinteresuotų ūkio subjektų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nustatyti įpareigojimą susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo ar atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų nesiėmus Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybai pateikto prašymo išspręsti ginčą įvykdyti gali tapti sunkiau arba to padaryti bus nebeįmanoma. Taikant laikinąsias apsaugos priemones mutatis mutandis, taikomos Civilinio proceso kodekso penktojo skirsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nuostatos. Laikinosios priemonės galioja iki Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo dėl ginčo įsigaliojimo, išskyrus, kai jas Ryšių reguliavimo tarnyba bet kurios ginčo šalies ar kitų suinteresuotų ūkio subjektų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva panaikina ar pakeičia anksčiau. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių per 7 dienas nuo tokio sprendimo įteikimo suinteresuotam ūkio subjektui ar asmeniui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Skundo padavimas teismui nesustabdo ginčo nagrinėjimo Ryšių reguliavimo tarnyboje. Skundas teismui pateikiamas ir nagrinėjamas šio straipsnio 17 dalyje nustatyta tvarka.»

3. Pakeisti 28 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas įsiteisėja ir yra privalomas vykdyti pasibaigus terminui, nustatytam šio straipsnio 18 dalyje, per kurį ginčo šalys turi teisę kreiptis tiesiogiai į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Ryšių reguliavimo tarnybos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant ginčą, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti nuo jų priėmimo dienos.»

4. Pakeisti 28 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Ryšių reguliavimo tarnybos procedūriniai sprendimai atsisakyti priimti prašymą, palikti ginčą nenagrinėtą, sustabdyti prašymo nagrinėjimą, taip pat kiti procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant ginčą, užkertantys kelią tolesniam ginčo nagrinėjimui, per 7 dienas nuo tokio sprendimo įteikimo suinteresuotam ūkio subjektui ar asmeniui dienos gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui, mutatis mutandis vadovaujantis Civilinio proceso kodekso XVI skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl tokio Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo neskundžiama.»

5. Pakeisti 28 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Ginčo šalys per 14 dienų nuo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis tiesiogiai į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Tokiu atveju ginčo šaliu procesinė padėtis nesikeičia.»

 

23. straipsnis. 29 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Ūkio subjektai, atitinkantys Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktų, nustatančių bendrąsias sąlygas, kuriomis jie turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, nuostatas, turi teisę prašyti išduoti standartinį Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie savo veiklos pradžią, kai tokį pranešimą būtina pateikti, ir detalizuojama, kokiomis aplinkybėmis bet kuris ūkio subjektas, teikiantis elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas, veikdamas pagal teisės aktų, kuriuose nustatytos vertimosi atitinkama elektroninių ryšių veikla sąlygos, nuostatas, turi teisę įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, derėtis dėl tinklų sujungimo ir (arba) gauti prieigą. Patvirtinimas išduodamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo ūkio subjekto tinkamo prašymo išduoti tokį patvirtinimą gavimo. Už patvirtinimo išdavimą imama valstybės rinkliava.Patvirtinimo išdavimo tvarką ir sąlygas nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.»

 

24.- straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Teisės aktų, kuriuose nustatomos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos, nuostatos

1. Ryšių reguliavimo tarnybos nustatomos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos turi būti nediskriminacinės, skaidrios ir proporcingos. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato tik sąlygas, kurios yra specifinės elektroninių ryšių sektoriui ir kurių nenumato kiti teisės aktai. Teisės aktuose, nustatančiuose bendrąsias vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas, turi būti nurodyti kriterijai ir procedūros, pagal kurias nustatomi įpareigojimai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams ir (arba) ūkio subjektams, kurie skiriami teikti universaliąsias paslaugas, arba pateiktos nuorodos į atitinkamus teisės aktus.

2. Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktų, nustatančių bendrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, nuostatos gali būti susijusios tik su:

1) įmokų, susijusių su universaliųjų paslaugų teikimu, mokėjimo sąlygomis;

2) užmokesčių Ryšių reguliavimo tarnybai mokėjimu;

3) paslaugų suderinamumo ir tinklų sujungimo sąlygomis;

4) telefono ryšio numerių, nurodytų Nacionaliniame numeracijos plane, Europos telefono ryšio numeracijos erdvės ir nemokamo pokalbio tarptautinių telefono ryšio numerių, ir, kai tai įmanoma techniniu ir ekonominiu požiūriu, kitų Europos Sąjungos valstybių narių numeracijos planuose nurodytų numerių, prieinamumu galutiniams paslaugų gavėjams;

5) aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo teisės aktų įgyvendinimu, taip pat sąlygomis, susijusiomis su teisės naudotis žemės valda (žemėvalda) suteikimu ir bendru patalpų bei elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimu, įskaitant finansines ar technines garantijas, kurios būtinos tinkamam infrastruktūros darbų atlikimui užtikrinti;

6) privalomojo televizijos ir radijo programų siuntimo (perdavimo) taisyklėmis;

7) asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklėmis, specifinėmis elektroninių ryšių sektoriui;

8) elektroninių ryšių sektoriui specifinėmis vartotojų teisių apsaugos taisyklėmis, inter alia apimančiomis ir neįgaliųjų galutinių paslaugų gavėjų galimybę naudotis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis;

9) ribojimais, susijusiais su neteisėto ar žalingo turinio informacijos perdavimu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

10) informacijos teikimu;

11) galimybių sudarymu kompetentingoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka perimti elektroninių ryšių srautą;

12) kompetentingų institucijų naudojimosi elektroniniais ryšiais, siekiant pranešti visuomenei apie gresiantį pavojų arba sumažinti katastrofų padarinius, sąlygomis;

13) elektroninių ryšių naudojimo stichinių nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų atveju sąlygomis, užtikrinančiomis ryšį tarp pagalbos tarnybų, institucijų, aptarnaujančių pagalbos skambučius, bei kitų pagalbos institucijų;

14) elektroninių ryšių tinklų sukeltų viešai skleidžiamų elektromagnetinių laukų ribojimo priemonėmis;

15) įpareigojimais suteikti prieigą, išskyrus įpareigojimus, nustatytus didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams ar ūkio subjektams, paskirtiems teikti universaliąsias paslaugas;

16) viešųjų ryšių tinklų integralumo palaikymu, įskaitant sąlygas, užkertančias kelią elektromagnetiniams trukdžiams tarp elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų;

17) viešųjų ryšių tinklų apsauga nuo neteisėtos prieigos;

18) radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis, kai teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) suteikiama be atskiro leidimo, atsižvelgiant į tai, kad radijo ryšio įrenginių naudojimas gali būti ribojamas tik dėl priežasčių, susijusių su veiksmingu ir tinkamu radijo spektro naudojimu, žalingųjų trukdžių išvengimu ar su visuomenės sveikata;

19) priemonėmis, skirtomis užtikrinti standartų specifikacijų, rekomendacijų ir (arba) techninių reikalavimų atitiktį;

20) skaidrumo įpareigojimais, nustatytais viešųjų ryšių tinklų teikėjams, teikiantiems viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, siekiant užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų, taip pat informacija apie prieigos prie paslaugų bei taikomųjų programų teikimo ir naudojimo sąlygas, įskaitant galimybės naudotis paslaugomis ir (arba) taikomosiomis programomis teisėtus ribojimus, ir tokių ribojimų teisėtumui patikrinti reikalingos informacijos pateikimą Ryšių reguliavimo tarnybai.

3. Elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas teikiantys ūkio subjektai privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai savo veiklos ataskaitas šios institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4. Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktų, nustatančių bendrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, nuostatos gali būti keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Apie numatomą pakeitimą turi būti paskelbta Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje ir suteikta galimybė suinteresuotoms šalims, įskaitant paslaugų gavėjus ir vartotojus, per terminą, kuris, išskyrus išimtines aplinkybes, turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su suinteresuotais ūkio subjektais.»

 

25. straipsnis. 31 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 7 dalių pakeitimas, 6 dalies pripažinimas netekusia galios ir straipsnio papildymas 8 dalimi

1. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrintas šiu universaliųjų paslaugų teikimas:

1) prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir viešųjų telefono ryšio paslaugų;

2) taksofonu arba kitose viešai prieinamose viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimo vietose teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų;

3) informacijos teikimo apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus;

4) galimybių neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis.»

2. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vyriausybė nustato universaliųjų paslaugų kainų aukščiausią ribą ir universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles.»

3. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdestyti taip:

„3. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato universaliųjų paslaugų teikimo taisykles, reglamentuojančias universaliųjų paslaugų mastą, kokybės reikalavimus, šiu paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, įpareigojimų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikti universaliąsias paslaugas nustatymo, keitimo ir (arba) panaikinimo tvarką, sąlygas ir atvejus, taip pat informacijos apie paslaugų kokybę skelbimo taisykles. Įpareigojimai teikti universaliąsias paslaugas gali būti susiję ir su didelės įtakos atitinkamoje rinkoje turėjimu. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti ūkio subjektams, nepaskirtiems teikti universaliąsias paslaugas, įpareigojimus, kurie būtini, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias paslaugas.»

4. 31 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „Vyriausybės» įrašyti žodžius „universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių», po žodžio „Europos» išbraukti žodį „Bendrijų» ir šia dalį išdėstyti taip:

„5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimo nuostoliai universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis kompensuojami viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų lėšomis. Vyriausybė turi teisę nustatyti ir kitus universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo šaltinius. Vyriausybė gali įgalioti Ryšių reguliavimo tarnybą nustatyti nuostolių apskaičiavimo taisykles, įgyvendinti nuostolių kompensavimo mechanizmą, taip pat konkrečiu atveju nustatyti nuostolių dydį. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę tikrinti ūkio subjekto sąskaitas ir kitą informaciją, kuria vadovaujantis nustatomas nuostolių dydis, taip pat turi teisę įpareigoti ūkio subjektą pateikti audito išvadą. Nuostolių apskaičiavimas ir Ryšių reguliavimo tarnybos patikrinimo ir (ar) audito išvada yra vieši. Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja Europos Komisiją apie nuostolių kompensavimo mechanizmą, kai nuostoliai kompensuojami viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų lėšomis.»

5. 31 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

6. 31 straipsnio 7 dalyje po žodžio „Europos» išbraukti žodį „Bendrijų», po žodžių „universaliąsias paslaugas» įrašyti žodžius „ir apie universaliąsias paslaugas, kurias teikti yra įpareigoti ūkio subjektai, ir» ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja Europos Komisiją apie ūkio subjektus, įpareigotus teikti universaliąsias paslaugas, ir apie universaliąsias paslaugas, kurias teikti yra įpareigoti ūkio subjektai, ir apie bet kokius tokios informacijos pasikeitimus.»

7. Papildyti 31 straipsnį 8 dalimi:

„8. Kai ūkio subjektas, įpareigotas teikti universaliąsias paslaugas, ketina perleisti savo visą prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje turtą ar didelę jo dalį nuosavybės teise kitam ūkio subjektui, jis apie tai iš anksto Ryšių reguliavimo tarnybos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis praneša Ryšių reguliavimo tarnybai, kad ji galėtų įvertinti numatomo sandorio poveikįprieigos prie viešojo ryšiųtinklo fiksuotoje vietoje ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimui. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi šioje dalyje nurodytą informaciją, gali nustatyti, keisti ar panaikinti šio Įstatymo 32 straipsnyje nustatytus įpareigojimus.»

 

26.- straipsnis. 32 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba, nusprendusi, kad įpareigojimų, galimų nustatyti pagal šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 231 straipsnius, taip pat pagal šio Įstatymo 33 straipsnį, nepakanka, ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nustato tinkamus, atsižvelgiant į nustatytą problemą pagrįstus, proporcingus ir siekiamais tikslais pateisinamus įpareigojimus, įskaitant reikalavimus nenustatyti pernelyg didelių kainų, nekliudyti patekti į rinką ar neriboti konkurencijos, nustatant grobuoniškas kainas, nesuteikti geresnių sąlygų atskiriems galutiniams paslaugų gavėjams ar nepagrįstai nesieti paslaugų, taip pat įpareigojimus užtikrinti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą paslaugų kokybę. Ryšių reguliavimo tarnyba, apsaugodama galutinių paslaugų gavėjų interesus ir skatindama veiksmingą konkurenciją, turi teisę nustatyti aukščiausias kainų ribas, taikyti individualių tarifų kontrolės priemones ir įpareigojimus tarifus grįsti sąnaudomis ar tarifais, nustatomais palyginamose rinkose. Jeigu ūkio subjektas įpareigojamas tarifus grįsti sąnaudomis, tarifams pagrįsti sąnaudomis mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies nuostatos.»

2. 32 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Valstybės žinių» priede „Informaciniai pranešimai» įrašyti žodžius „savo interneto svetainėje» ir šia dalį išdėstyti taip:

„2. Ūkio subjektą, kuriam nustatyti su paslaugų tarifų reguliavimu susiję įpareigojimai ar kiti atitinkami įpareigojimai, Ryšių reguliavimo tarnyba įpareigoja tvarkyti sąnaudų apskaitą pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas taisykles. Įpareigotas ūkio subjektas privalo per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus terminus parengti sąnaudų apskaitos sistemą, paskelbti jos aprašą, pateikti ši aprašą Ryšių reguliavimo tarnybai ir laikytis sąnaudų apskaitos sistemos. Ši sąnaudų apskaitos sistema turi atitikti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas sąnaudų apskaitos taisykles. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, privalomą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams ar konkrečiam ūkio subjektui. Tokią apskaitos sistemą Ryšių reguliavimo tarnyba privalo paskelbti savo interneto svetainėje. Ar ūkio subjekto sąnaudų apskaita atitinka sąnaudų apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, jo parengtą ir (ar) Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą sąnaudų apskaitos sistemą ir (arba) metodą ir (ar) modelį, turi būti patikrinta audito. Audito išvada turi būti skelbiama kartą per metus pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas taisykles.»

 

27.- straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ūkio subjektai, turintys didelę įtaką prisijungiant prie viešojo ryšių tinklo ir jį naudojant fiksuotoje vietoje, privalo Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis. Su šiu abonentų teisių įgyvendinimu susijusios prieigos kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis. Šiam tikslui taikomos šio Įstatymo 23 straipsnyje nustatytos taisyklės. Už naudojimąsi tokia teise abonentams nustatyti tarifai negali stabdyti naudojimosi tokiomis galimybėmis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti aukščiausią šiu tarifų ribą

 

28.- straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Viešųjųelektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų pareigos ir teisės

1. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis yra viešoji sutartis. Paslaugos turi būti teikiamos ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis sudaroma pagal Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintas elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles.

2. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo viešai skelbti skaidrią, palyginamą, pakankamą ir naujausią informaciją apie teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, visus užmokesčius, mokėtinus nutraukus sutartį, standartines paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kokybę ir priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti lygiavertes galimybes neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis. Tokia informacija galutiniams paslaugų gavėjams turi būti nurodoma aiškiai, išsamiai ir lengvai prieinama forma. Šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta Ryšių reguliavimo tarnybai. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato informacijos skelbimo ir pateikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisykles, įskaitant informacijos apimtį, turinį, pateikimo ir (arba) skelbimo terminus, formą ir būdą, kokybės vertinimo taisykles.

3. Siekdama užtikrinti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybę, Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti viešųjų ryšių tinklų teikėjams minimalius kokybės reikalavimus. Prieš nustatydama tokius reikalavimus Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Europos Komisijai ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai tokio sprendimo projektą, kuriame nurodo motyvus, reikalavimus, kuriuos ketinama nustatyti, taip pat kitą būtiną informaciją. Priimdama galutinį sprendimą dėl šioje dalyje nurodytų reikalavimų, Ryšių reguliavimo tarnyba atsižvelgia į Europos Komisijos pastabas ar rekomendacijas.

4. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, suteikdamas paslaugų gavėjui galinį įrenginį nemokamai ar siūlydamas jį įsigyti mažesne kaina negu galinio įrenginio savikaina, privalo elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje nurodyti galinio įrenginio pardavimo su paslaugų teikimo sutartimi ir be jos kainų skirtumą, laikotarpį ir būdą šiam skirtumui kompensuoti.

5. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti gaunamus prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl jo teikiamų ar numatomų teikti elektroninių ryšių paslaugų ir atsakyti per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos.

6. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo nemokamai lengvai prieinama forma pranešti abonentui apie suteiktas paslaugas, tarifus ir kainą, jeigu abonentas to pageidauja.

7. Viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai, suteikiantys galutiniams paslaugų gavėjams prisijungimą prie viešojo ryšių tinklo, privalo užtikrinti informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimą. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų teikimo taisykles. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti ūkio subjektams, kurie kontroliuoja galutinių paslaugų gavėjų galimybes pasinaudoti informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslauga objektyvius, nešališkus, nediskriminacinius ir skaidrius įpareigojimus, siekdama užtikrinti, kad visi galutiniai paslaugų gavėjai, kuriems teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos, galėtų naudotis informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugomis.

8. Visi viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai, skiriantys telefono ryšio numerius abonentams, privalo užtikrinti savo viešųjų telefono ryšio abonentų teisę būti įrašytiems į viešuosius spausdintus ir (arba) elektroninius abonentų sąrašus, taip pat sąžiningu, sąnaudomis pagrįstu ir nediskriminaciniu būdu patenkinti visus pagrįstus informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų teikėjų prašymus šio Įstatymo 67 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti šiu viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų sąrašų informaciją. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti detalius tokios informacijos teikimo reikalavimus.

9. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, abonentų pageidavimu neteikia tretiesiems asmenims informacijos, koks yra galinio įrenginio numeris, kokia jo įrengimo vieta ir kam jis priklauso, išskyrus atvejus, nustatytus Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu jai pavestiems uždaviniams vykdyti ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu nustatytoms viešosios tvarkos palaikymo įstaigoms joms pavestiems uždaviniams vykdyti ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.

10. Visi viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis privalo nemokamai užtikrinti savo abonentams ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojams, įskaitant taksofonų naudotojus bei neįgaliuosius abonentus ir (arba) naudotojus, galimybę naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis.

11. Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais savo lėšomis užtikrina abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio paslaugų teikėjas ar paslaugų teikimo vieta arba būdas. Su šiu abonentų teisių įgyvendinimu susijusios prieigos kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę taikyti šio Įstatymo 23 straipsnyje nustatytas taisykles visiems pagal šia dalį įpareigotiems ūkio subjektams. Už naudojimąsi tokia teise Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytais leistinais atvejais ir sąlygomis abonentams taikomi tarifai negali stabdyti naudojimosi tokiomis galimybėmis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti aukščiausią kainų ribą.

12. Abonento prašymu viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai turi sudaryti galimybę abonentui pasirinkti mokėjimo planą, kuriame viešųjų telefono ryšio paslaugų apmokestinimas būtų atliekamas naudojant sekundinę apskaitą, išskyrus tuos atvejus, kai viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas duomenų perdavimo apskaitą atlieka pagal perduotų duomenų kiekį.

13. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai informaciją apie tai, kokius techninių įvykių duomenis apie elektroninius ryšius jie fiksuoja ir saugo, ir šiu duomenų saugojimo terminą.

14. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, privalo paskirti fizinius asmenis, kurie dirbtų su operatyvinės veiklos subjektų pranešimais apie jų tinkluose vykdomą techninių priemonių naudojimą specialia tvarka ar būtų atsakingi už operatyvinės veiklos subjektų, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokurorų, teismų ar teisėjų paklausimų reikalavimų vykdymą. Šie fiziniai asmenys turi būti įstatymų nustatyta tvarka patikrinti ir gavę leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

15. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo užtikrinti neįgaliųjų galutinių paslaugų gavėjų galimybę naudotis elektroninių ryšių paslaugomis, kuriomis naudojasi dauguma galutinių paslaugų gavėjų, taip pat užtikrinti, kad neįgalieji galutiniai paslaugų gavėjai galėtų naudotis daugumos galutinių paslaugų gavėjų pasirinktų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir jų paslaugų teikiamais privalumais. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams reikalavimus, susijusius su galimybės neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis užtikrinimu.

16. Teismas nustatęs, kad viešieji ryšių tinklai ir (arba) viešosios elektroninių ryšių paslaugos buvo neteisėtai naudoti ar panaudoti sukčiavimui, turi teisę nurodyti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams nutraukti minėtų paslaugų teikimą arba blokuoti skambučius į tam tikrus telefono ryšio numerius, ir konfiskuoti pajamas, gautas teikiant neteisėtai naudotas ar panaudotas sukčiavimui viešąsias elektroninių ryšių paslaugas.»

 

29.- straipsnis. 35 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

35 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

30.- straipsnis. 36 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Ginčo šalys per 30 dienų nuo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis tiesiogiai į bendrosios kompetencijos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Tokiu atveju ginčo šaliu procesinė padėtis nesikeičia.»

 

31. straipsnis. 37 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 7, 8 dalimis

1. Pakeisti 37 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais.»

2. Papildyti 37 straipsnį 7 dalimi:

„7. Detalius reikalavimus bendro naudojimo statinio inžinerinėms sistemoms, vietiniams ir komunaliniams inžineriniams tinklams, skirtiems elektroninių ryšių tinklams įrengti, tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.»

3. Papildyti 37 straipsnį 8 dalimi:

„8. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo techninės veiklos pagrindinių sričių reglamentus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo techninės veiklos pagrindinės sritys:

1) ikiprojektiniai tyrinėjimai;

2) projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra;

3) projekto ekspertizė;

4) įrengimo darbai ir jų užbaigimas;

5) įrengimo techninė priežiūra.»

 

32.- straipsnis. 39 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu viešųjų ryšių tinklų teikėjas negali įgyvendinti teisės įrengti reikalingą elektroninių ryšių infrastruktūrą arba jeigu tokios teisės įgyvendinimo išlaidos yra neproporcingai didelės, Ryšių reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, kad bet kuris elektroninių ryšių tinklų teikėjas ar kitas asmuo, valdantis tinkamą infrastruktūrą, nediskriminaciniais pagrindais leistų bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, šuliniais, atraminėmis konstrukcijomis, įskaitant bokštus, stiebais, statiniais, statinių įvadais, statinių inžinerinėmis sistemomis, ir kitokiais įrenginiais ar įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, kai tai yra ekonomiškai tikslinga ir nereikia papildomų esminių darbų. Tokiu atveju Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis konsultuojasi su suinteresuotais asmenimis.»

2. Pakeisti 39 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Naudojimosi elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, šuliniais, atraminėmis konstrukcijomis, įskaitant bokštus, stiebais, statiniais, statinių įvadais, statinių inžinerinėmis sistemomis ir kitokiais įrenginiais ar elektroninių ryšių infrastruktūros statybos tvarka ir sąlygos nustatomos sutartimi. Asmuo, valdantis tinkamą infrastruktūrą, šio Įstatymo nustatytais atvejais negali atsisakyti sudaryti su viešųjų ryšių tinklų teikėju tokią sutartį, reikalauti ją pakeisti, nutraukti, jeigu yra vykdomi sutartyje nustatyti įpareigojimai, taip pat ir motyvuodamas tuo, kad nėra elektroninių ryšių infrastruktūros valdymo teisėtumą patvirtinančių dokumentų.»

 

33.- straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu viešųjų ryšių tinklų teikėjas negali įgyvendinti teisės įrengti elektroninių ryšių tinklus nei juos bendrai įrengdamas su kitais asmenimis, nei bendrai naudodamas infrastruktūrą, nei kitomis šio Įstatymo nustatytomis priemonėmis, taip pat kai nepavyksta derybos su nuosavybės, kurią galima būtų panaudoti rengiant konkrečią elektroninių ryšių infrastruktūrą, esančią viešojo ryšių tinklo dalimi, savininkais dėl tokios nuosavybės panaudojimo, tas viešųjų ryšių tinklų teikėjas turi teisę kreiptis į teismą, kad šis, jeigu yra galimybė ir tai nesudaro nepagrįstų sunkumų tos nuosavybės savininkui, suteiktų teisę naudoti valstybės, savivaldybės ar privačią nuosavybę elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti, nustatydamas servitutą atitinkamai nuosavybei. Teismo sprendimas dėl servituto nustatymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ieškinio priėmimo dienos. Su servitutu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Apie numatomą pakeitimą turi būti tinkamu būdu pranešta suinteresuotoms šalims ir suteikta galimybė per pakankamą terminą, kuris, išskyrus išimtines aplinkybes, turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičia nustatyto teisinio reglamentavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su suinteresuotomis šalimis. Draudžiama apriboti ar panaikinti servitutą, kol nesibaigė jo terminas, išskyrus pateisinamus atvejus ir kai servituto turėtojui tinkamai kompensuojama už tokį apribojimą ar panaikinimą.»

 

 

34.- straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsauga

1. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zoną sudaro žemės, kaip ji apibrėžta Žemės įstatyme, ruožas, esantis išilgai viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų ir aplink elektroninių ryšių infrastruktūros objektus, su jame esančia augmenija ir statiniais. Šioje zonoje draudžiama statyti statinius, sandėliuoti įrenginius ir medžiagas, kasinėti, gręžti gręžinius, sprogdinti ir atlikti kitus darbus, kurių metu ar dėl jų gali būti pažeista elektroninių ryšių infrastruktūra, be išankstinio elektroninių ryšių infrastruktūros savininkų sutikimo.

2. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų matmenis nustato Vyriausybė. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdus, darbų atlikimo šiose zonose tvarką nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.

3. Už viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūrą yra atsakingi infrastruktūros savininkai.»

 

35.- straipsnis. Įstatymo papildymas 421 straipsniu

Papildyti Įstatymą 421 straipsniu:

421 straipsnis. Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumas ir vientisumas

1. Viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų ir (arba) paslaugų saugumui užtikrinti. Šios priemonės turi užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį iškilusią grėsmę, ir užkirsti kelią saugumo incidentams arba sumažinti jų poveikį viešųjų ryšių tinklams ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjams.

2. Viešųjų ryšių tinklų teikėjai privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų vientisumui užtikrinti, tokiu būdu užtikrinant šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų nepertraukiamą teikimą.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti techninius ir organizacinius reikalavimus viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti.

4. Ryšių reguliavimo tarnyba, siekdama užtikrinti viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą ir vientisumą, užkirsti kelią saugumo incidentams plisti, mažinti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų dėl saugumo incidentų patiriamos žalos atsiradimo riziką, turi teisę duoti privalomus nurodymus ir nustatyti nurodymų įvykdymo terminą viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, įskaitant teisę reikalauti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų lėšomis atlikti nepriklausomą saugumo auditą ir pateikti šio audito rezultatus. Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymai turi būti motyvuoti, pagrįsti ir proporcingi tikslui pasiekti.

5. Įvykus viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimams, kurie turėjo didelę įtaką tinklų veikimui arba paslaugų teikimui, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Ryšių reguliavimo tarnybą jos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Prireikus apie įvykusį viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimą Ryšių reguliavimo tarnyba praneša kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai ir visuomenei.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba kaupia informaciją apie pagal šio straipsnio 5 dalį pateiktus viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pranešimus ir įvykdytus veiksmus ir kiekvienais metais pateikia apibendrintą informaciją Europos Komisijai ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai.»

 

36.- straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

48 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių valdymo pagrindai

1. Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdo elektroninių ryšių išteklius. Pagal šio Įstatymo nuostatas valdomi radijo dažniai (kanalai), telefono ryšio numeriai ir kiti elektroninių ryšių ištekliai.

2. Radijo dažniai (kanalai) valdomi pagal Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, Ryšių reguliavimo tarnybos, vadovaujantis Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, tvirtinamą radijo dažnių (kanalų) naudojimo planą ir radijo ryšio plėtros planus bei atsižvelgiant į atitinkamas tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus, įskaitant Radijo ryšio reglamentą.

3. Telefono ryšio numeriai, naudojami viešuosiuose ryšių tinkluose, valdomi pagal Ryšių reguliavimo tarnybos tvirtinamą Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą. Ryšių reguliavimo tarnyba tvirtina Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano diegimo tvarkos ir sąlygų aprašą.

4. Kitų elektroninių ryšių išteklių valdymo taisykles nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.

5. Valstybės institucijos siekia, kad būtų derinamas elektroninių ryšių išteklių valdymas ir naudojimas Europos Sąjungoje.»

 

37.- straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

49 straipsnis. Radijo dažnių (kanalų) skyrimas ir naudojimas radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti)

1. Radijo dažniai (kanalai) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) skiriami ir naudojami pagal Ryšių reguliavimo tarnybos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patvirtintą radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą. Radijo dažniai (kanalai), radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatyti antžeminiam analoginiam radijui ir (arba) televizijai, skiriami transliuotojams ir (arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, ir siuntėjams. Kiti radijo dažniai (kanalai), atitinkamame radijo ryšio plėtros plane numatyti radijui ir (arba) televizijai, skiriami siuntėjams. Šiame Įstatyme nustatytos bendrosios radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir skyrimo sąlygos ir tvarka taikomos radijo dažnių (kanalų), skyrimui ir naudojimui radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) tiek, kiek šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

2. Informaciją apie sukoordinuotus radijo dažnius (kanalus), pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą numatytus transliuotojams ir (arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, kurios būtinos išduodant transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijas, Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Ryšių reguliavimo tarnyba, paskyrusi radijo dažnius (kanalus) siuntėjams, informaciją apie šiuos radijo dažnius (kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijoms išduoti, pateikia Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Gavusi šioje dalyje nurodytą informaciją, Lietuvos radijo ir televizijos komisija Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoda licencijas transliuoti ir (arba) retransliuoti radijo ir (arba) televizijos programas.

3. Į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduodamą transliavimo ir (arba) retransliavimo licenciją kartu su radijo dažniais (kanalais) įrašomos elektroninių ryšių tinklų pagrindinės veiklos sąlygos turi atitikti Ryšių reguliavimo tarnybos pateiktas radijo dažnių (kanalų) bei elektroninių ryšių tinklų, skirtų radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (arba) retransliuoti, pagrindines veiklos sąlygas. Į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduodamą transliavimo ir (arba) retransliavimo licenciją, suteikiančią teisę naudotis siuntėjo paslaugomis, papildomai įrašomas konkretus siuntėjas. Jeigu radijo dažnis (kanalas) pakeičiamas kitu radijo dažniu (kanalu) ar pakeičiamos elektroninių ryšių tinklų pagrindinės veiklos sąlygos (tai yra pakeičiamos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos), Lietuvos radijo ir televizijos komisija atitinkamai pakeičia transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijos sąlygas.

4. Radijo dažnius (kanalus), pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą numatytus transliuotojams ir (arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, Ryšių reguliavimo tarnyba tokiems transliuotojams ir (arba) retransliuotojams skiria netaikydama šio Įstatymo 51.-56 straipsnių nuostatų, išskyrus šio Įstatymo 51 straipsnio 4 dalį. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato tokių radijo dažnių (kanalų) skyrimo taisykles.

5. Transliuotojas ir (arba) retransliuotojas netenka teisės naudoti šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka skirtą radijo dažnį (kanalą), kai panaikinama jam išduota licencija. Lietuvos radijo ir televizijos komisija apie licencijos panaikinimą praneša Ryšių reguliavimo tarnybai.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba, suderinusi su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, turi teisę pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą), jeigu to pageidauja radijo dažnio (kanalo) naudotojas. Ryšių reguliavimo tarnyba, suderinusi su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, turi teisę panaikinti leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), jeigu to pageidauja radijo dažnio (kanalo) naudotojas.

7. Ryšių reguliavimo tarnyba radijo dažniams (kanalams), skirtiems radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), netaiko šio Įstatymo 58 straipsnio 
7 dalies nuostatų.

8. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę, įspėjusi radijo dažnio (kanalo) naudotoją prieš 6 mėnesius, pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą) kitu tai pačiai paskirčiai naudojamu radijo dažniu (kanalu) arba, įspėjusi radijo dažnio (kanalo) naudotoją prieš 12 mėnesių, panaikinti radijo dažnio (kanalo) skyrimą, jeigu:

1) to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai;

2) keičiama Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė ir kartu keičiama radijo dažnių juostos paskirtis dėl tarptautinių įsipareigojimų ar Europos Sąjungos teisės aktų, įskaitant rekomendacijas. Jeigu radijo dažnio skyrimas keičiamas ar naikinamas nepasibaigus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminui, sprendimas derinamas su Lietuvos radijo ir televizijos komisija;

3) radijo dažnis (kanalas) pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane nurodytus kriterijus naudojamas neveiksmingai ar neefektyviai;

4) keičiamas radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planas.

9. Ryšių reguliavimo tarnyba, šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis priėmusi sprendimą sustabdyti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, informuoja Lietuvos radijo ir televizijos komisiją. Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, priėmusi sprendimą panaikinti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, kreipiasi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, kad ši sustabdytų ar panaikintų išduotą licenciją. Tokiu atveju Lietuvos radijo ir televizijos komisija Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka gali panaikinti licencijos galiojimą.

10. Ryšių reguliavimo tarnyba, išduodama siuntėjui leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planu, pagal naudojamą radijo dažnį (kanalą) ir technologiją bei atsižvelgdama į teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje taikomus techninius standartus, nustato siuntėjui privalomą perduoti minimalų skaičių radijo ir (arba) televizijos programų ir (arba) minimalią skaitmeniniu radijo ryšio kanalu perduodamo srauto dalį, kurią sudaro radijo ir (arba) televizijos programos. Siuntėjai privalo perduoti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą minimalų skaičių radijo ir (arba) televizijos programų ir minimalią skaitmeniniu radijo ryšio kanalu perduodamo srauto dalį, kurią sudaro radijo ir (arba) televizijos programos, siųsdami transliuotojų ir (arba) retransliuotojų, turinčių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę naudotis nurodyto siuntėjo paslaugomis, programas šiose licencijose bei susitarimuose su transliuotojais ir (arba) retransliuotojais nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (arba) siųsdami pačių transliuojamas ir (arba) retransliuojamas radijo ir (arba) televizijos programas, Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka gavę atitinkamas transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijas. Siuntėjai, nepažeisdami radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, taip pat atitinkamo leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) sąlygų, gali panaudoti radijo dažnius (kanalus) papildomoms elektroninių ryšių paslaugoms (įskaitant ir didesniam radijo ir (arba) televizijos programų skaičiui pagal atitinkamas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijas teikti, bet tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai nekliudo perduoti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą minimalų skaičių radijo ir (arba) televizijos programų ir minimalią skaitmeniniu radijo ryšio kanalu perduodamo srauto dalį, kurią sudaro radijo ir (arba) televizijos programos.

11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, išduodama šio straipsnio 4 ir 10 dalyse nurodytas licencijas, užtikrina Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos teisę transliuoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatytą radijo ir televizijos programų skaičių. Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai vietoj licencijos išduodamas leidimas, suteikiantis atitinkamai šio straipsnio 4 ir 10 dalyse nurodytas teises.

 

38.- straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

50 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo pagrindai

1. Elektroninių ryšių ištekliai skiriami ir naudojami šio Įstatymo ir Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Elektroninių ryšių ištekliai gali būti naudojami:

1) be atskiro leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad atitinkamus elektroninių ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo;

2) siekiant užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, elektroninių ryšių paslaugų kokybę ir išvengti žalingųjų trukdžių, gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, radijo dažnių (kanalų) naudojimo planu ir radijo ryšio plėtros planais, skiria radijo dažnius (kanalus) ir kitus elektroninių ryšių išteklius, reikalingus veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas funkcijas Ryšių reguliavimo tarnyba atlieka netaikydama šio Įstatymo 51-56 straipsnių nuostatų. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato atitinkamų elektroninių ryšių išteklių skyrimo taisykles.

5. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius terminą nustato Ryšių reguliavimo tarnyba. Šis terminas gali būti pratęstas elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis ir atsižvelgiant į šio Įstatymo 51 straipsnio 6 dalies nuostatas.

6. Kai radijo dažnių (kanalų) naudojimas yra suderintas, dėl galimybės naudotis sąlygų ir tvarkos yra susitarta, o ūkio subjektai, kuriems turi būti skirti radijo dažniai (kanalai), yra parinkti pagal tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus ir Europos Sąjungos taisykles, Ryšių reguliavimo tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) pagal atitinkamas taisykles. Jeigu visos Lietuvos Respublikoje nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos yra įvykdomos bendro parinkimo procedūros metu, radijo dažnių (kanalų) naudojimui nenustatomos jokios papildomos sąlygos, kriterijai ar procedūros, kurios ribotų, pakeistų ar uždelstų teisingą bendro radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros įgyvendinimą.

7. Asmenys, kurie prašo skirti elektroninių ryšių išteklius, ir (arba) asmenys, kuriems jie yra skiriami, tai pat asmenys, kurie turi teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, moka Ryšių reguliavimo tarnybai užmokesčius už Ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, nustatytus šio Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, įskaitant užmokesčius už elektroninių ryšių išteklių naudojimo priežiūrą.»

 

39. straipsnis. 51 straipsnio 1, 4, 10 ir 12 dalių pakeitimas

1. 51 straipsnio 1 dalyje po žodžio „išteklių» įrašyti žodžius „skyrimo ir», po žodžio „naudojimo» išbraukti žodžius „ir skyrimo» ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Kai Ryšių reguliavimo tarnybos nėra nustatyta, kad atitinkamus elektroninių ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo, asmuo, prieš pradėdamas naudoti elektroninių ryšių išteklius, privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai nustatytos formos paraišką skirti elektroninių ryšių išteklius elektroninių ryšių ištekliųskyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.»

2. Pakeisti 51 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Asmuo gali pradėti naudoti elektroninių ryšių išteklius nuo leidimo išdavimo dienos, jeigu leidime nenurodyta kitaip. Leidimas naudoti elektroninių ryšių išteklius išduodamas asmenims, kuriems nuspręsta skirti elektroninių ryšių išteklius, Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už leidimo naudoti elektroninių ryšių išteklius išdavimą imama valstybės rinkliava.»

3. 51 straipsnio 10 dalyje vietoj žodžių „Pastarasis terminas taikomas» įrašyti žodžius „Šioje dalyje nurodyti terminai taikomi» ir šia dalį išdėstyti taip:

„10. Sprendimas skirti elektroninių ryšių išteklius turi būti priimtas, išsiųstas pareiškėjui ir paskelbtas kaip įmanoma greičiau po to, kai Ryšių reguliavimo tarnyba gauna išsamų, nustatytus reikalavimus atitinkantį prašymą (visą informaciją ir dokumentus) .- per 21 dieną telefono ryšio numerių skyrimo atveju ir per 42 dienas radijo dažnių (kanalų) skyrimo atveju. Šioje dalyje nurodyti terminai taikomi nepažeidžiant tarptautinėse sutartyse ir (arba) susitarimuose nustatytų terminų.»

4. 51 straipsnio 12 dalyje vietoj žodžių „Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ši jį vykdo» įrašyti žodį „vykdyti» ir šia dalį išdėstyti taip:

„12. Už suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius įmokos, kurias įsipareigoja sumokėti konkurso ar aukciono laimėtojai, mokamos į valstybės biudžetą. Jeigu konkurso ar aukciono laimėtojas uždelsia sumokėti įmoką ar jos dalį, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę priimti sprendimą įpareigoti konkurso ar aukciono laimėtoją šia įmoką sumokėti ir nustatyti sumokėjimo terminą. Toks Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, kurio neįvykdžius, sprendimas pateikiamas vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos.»

 

40.- straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

52 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo procedūros

1. Ryšių reguliavimo tarnyba skiria elektroninių ryšių išteklius:

1) tiesiogiai jų prašančiam asmeniui;

2) konkurso tvarka;

3) aukciono būdu.

2. Elektroninių ryšių ištekliai skiriami laikantis atvirų, objektyvių, skaidrių, nediskriminacinių ir proporcingų procedūrų, nustatytų šio Įstatymo 53.-56 straipsniuose.»

 

41.- straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

54 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių skyrimas konkurso tvarka

Konkursas dėl elektroninių ryšių išteklių skyrimo organizuojamas elektroninių išteklių skyrimo taisyklėse ir Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintose viešojo konkurso sąlygose nustatyta tvarka, laikantis šio Įstatymo reikalavimų. Konkurso sąlygose turi būti nustatyti konkurso dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai, apibrėžta rinka, kurioje elektroninių ryšių ištekliai bus naudojami, elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygos. Konkurso sąlygose turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos bus išrenkamas konkurso laimėtojas. Šie kriterijai turi būti pagrįsti specialiomis žiniomis ir veiklos efektyvumu, veiklos planų tinkamumu teikti elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, teiksimų paslaugų kainomis, paslaugų įdiegimo rinkoje terminais, investicijų dydžiu ir veiksmingos konkurencijos skatinimu.»

 

42.- straipsnis. 56 straipsnio 1 dalies papildymas 8 punktu

Papildyti 56 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

„8) pareiškėjas nesumokėjo atitinkamos valstybės rinkliavos.»

 

43.- straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

57 straipsnis. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius perleidimas

Asmuo turi teisę kitam asmeniui Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis perleisti, įskaitant laikiną teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius perleidimą, teisę naudoti jam skirtus elektroninių ryšių išteklius, išskyrus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių paskirtis .- radijo ir (arba) televizijos programų transliavimas (retransliavimas).»

 

44.- straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

58 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimas

1. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius nustatytos sąlygos turi būti nediskriminacinės, skaidrios ir proporcingos. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius nekartojamos teisės aktų, reglamentuojančių bendrąsias vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas, nustatytos sąlygos.

2. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytos sąlygos gali būti susijusios tik su:

1) paskirties (paslaugos, tarnybos arba technologijos tipo), kuriai radijo dažniai (kanalai) skiriami, taip pat aprėpties ir kokybės reikalavimų nurodymu;

2) veiksmingu ir efektyviu radijo dažnių (kanalų) naudojimu;

3) techninėmis ir veiklos sąlygomis, reikalingomis, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių ir apriboti viešai skleidžiami elektromagnetiniai laukai, kai tokios sąlygos skiriasi nuo Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų;

4) atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį, veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir investicijų atsiperkamumą nustatytu maksimaliu teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminu;

5) teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimu šiu teisių turėtojo iniciatyva ir tokio perleidimo sąlygomis. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo įtraukti šias sąlygas į leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus);

6) užmokesčiais už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą ir mokesčiais bei įmokomis į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka;

7) bet kuriais asmens įsipareigojimais, prisiimtais konkurso ar aukciono metu;

8) įpareigojimais pagal atitinkamas tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu;

9) įpareigojimais, susijusiais su eksperimentiniu radijo dažnių (kanalų) naudojimu.

3. Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti telefono ryšio numerius nustatytos sąlygos gali būti susijusios tik su:

1) paskirties (paslaugos), kuriai telefono ryšio numeriai naudojami, nurodymu, įskaitant atitinkamų paslaugų teikimo reikalavimus, taip pat tarifų nustatymo principais ir didžiausiomis kainomis, kurios gali būti taikomos konkrečiam telefono ryšio numerių intervalui;

2) veiksmingu ir efektyviu telefono ryšio numerių naudojimu;

3) abonento teise išlaikyti telefono ryšio numerį;

4) įpareigojimais teikti informaciją apie abonentus;

5) maksimaliu teisės naudoti telefono ryšio numerius terminu;

6) teisės naudoti telefono ryšio numerius perleidimu šiu teisių turėtojo iniciatyva ir tokio perleidimo sąlygomis. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo įtraukti šias sąlygas į leidimus naudoti telefono ryšio numerius;

7) užmokesčiais už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą ir mokesčiais bei įmokomis į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka;

8) bet kuriais asmens įsipareigojimais, prisiimtais konkurso ar aukciono metu;

9) įpareigojimais pagal atitinkamas tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus, susijusius su telefono ryšio numerių naudojimu.

4. Asmenys privalo naudoti elektroninių ryšių išteklius veiksmingai ir efektyviai. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo veiksmingumo ir efektyvumo kriterijai nustatomi elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius.

5. Ryšių reguliavimo tarnyba, siekdama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių rinkoje, nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudotojai nesilaiko jiems nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, ir siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tęstinumą, turi teisę įpareigoti radijo dažnių (kanalų) naudotojus perleisti jiems suteiktą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas įpareigoti radijo dažnių (kanalų) naudotojus perleisti jiems suteiktą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) turi būti motyvuotas, pagrįstas šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais.

6. Kai teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) yra suteikiama 10 ar daugiau metų ir nenumatyta galimybė perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymą ir nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir (arba) skyrimo tvarka ir sąlygos yra pasikeitusios, atitinkamai pakeičia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, leidžia perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, arba panaikina leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), jeigu nustato, kad atitinkamus radijo dažnius (kanalus) galima naudoti be atskiro leidimo. Įgyvendindama šios dalies nuostatas, Ryšių reguliavimo tarnyba mutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 59 straipsnio nuostatomis.

7. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę, prieš 6 mėnesius įspėjusi elektroninių ryšių išteklių naudotojus, pakeisti skirtus elektroninių ryšių išteklius kitais tos pačios paskirties ištekliais arba, prieš 12 mėnesių įspėjusi elektroninių ryšių išteklių naudotojus, panaikinti leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius, jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis arba elektroninių ryšių ištekliai naudojami neveiksmingai ar neefektyviai. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę pakeisti skirtus elektroninių ryšių išteklius kitais tos pačios paskirties elektroninių ryšių ištekliais arba panaikinti leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius nesilaikydama šioje dalyje nurodytų sąlygų, jeigu to pageidauja elektroninių ryšių išteklių naudotojas arba jis su tuo sutinka. Įgyvendindama šios dalies nuostatas, Ryšių reguliavimo tarnybamutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 59 straipsnio nuostatomis. Ryšių reguliavimo tarnybai panaikinus leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis, radijo dažnio (kanalo) naudotojui proporcingai sutrumpinamam radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminui kompensuojama už teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) suteikimą sumokėta sumos dalis, išskyrus už leidimo naudoti elektroninių ryšių išteklius išdavimą sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Ūkio subjektas, netekęs teisės verstis elektroninių ryšių veikla, praranda teisę naudoti atitinkamus elektroninių ryšių išteklius.»

 

45.- straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 59 straipsnio 1 dalį, papildyti straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

59 straipsnis. Naudojimosi elektroninių ryšių ištekliais sąlygų keitimas

1. Su elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, taikomas perleidžiant teisę naudoti radijo dažnius (kanalus). Apie numatomą pakeitimą turi būti tinkamai pranešta suinteresuotoms šalims, įskaitant elektroninių ryšių paslaugų gavėjus ir vartotojus, ir suteikta galimybė per pakankamą terminą, kuris, išskyrus išimtines aplinkybes, turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičia nustatyto teisinio reglamentavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su elektroninių ryšių išteklių naudotojais. Jeigu keičiant radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane nustatytus kriterijus keičiasi radijo ir (arba) televizijos programų, kurias transliuoti (retransliuoti) Lietuvos radijo ir televizijos komisija yra išdavusi licenciją, transliavimo (retransliavimo) aprėpties teritorija, toks keitimas suderinamas su Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba, nuspręsdama pratęsti teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius kitomis nei leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius nustatytomis sąlygomis terminą, mutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 51 straipsnio 6 dalies nuostatomis.»

 

46.- straipsnis. 61 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Saugoti informaciją arba suteikti galimybę naudotis jau saugoma informacija abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galiniame įrenginyje leidžiama tik su sąlyga, kad atitinkamam abonentui ar faktiniam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu suteikus aiškią ir išsamią informaciją, įskaitant informaciją apie tvarkymo tikslus, jis davė sutikimą. Šios nuostatos nedraudžia techninio saugojimo ar naudojimosi duomenimis, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas.»

 

47.- straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

62 straipsnis. Duomenų tvarkymo saugumas

1. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų paslaugų saugumui užtikrinti, o prireikus kartu su viešųjų ryšių tinklų teikėjais imtis tokių pat priemonių viešųjų ryšių tinklų saugumui užtikrinti. Šios priemonės turi atitikti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus, užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį iškilusią grėsmę, ir užtikrinti:

1) kad su asmens duomenimis galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo įgalioti darbuotojai teisėtais tikslais;

2) tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo ar pakeitimo ir neteisėto saugojimo, tvarkymo, susipažinimo ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

3) kad būtų įgyvendinama asmens duomenų saugumo politika asmens duomenų tvarkymo srityje.

2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija rengia metodines rekomendacijas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis užtikrintino saugumo lygio ir jas viešai skelbia savo interneto svetainėje.

3. Iškilus ypatingai elektroninių ryšių tinklo saugumo pažeidimo grėsmei, viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo informuoti abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus apie tokią grėsmę ir tais atvejais, kai teikėjo taikomos priemonės nepanaikina grėsmės priežasčių, taip pat informuoti abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus apie visas įmanomas saugos priemones ir nurodyti tikėtinas jų kainas.

4. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas nedelsdamas privalo pranešti apie ši pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tuo atveju, jeigu asmens duomenų saugumo pažeidimas gali turėti neigiamą poveikį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo arba kito asmens duomenų ar privatumo saugumui, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas taip pat privalo apie tai pranešti abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui arba kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai įrodo, kad įgyvendino tinkamas technines priemones, kurios buvo taikomos saugumo pažeidimo paveiktiems asmens duomenims. Šios priemonės turi užtikrinti, kad tam neįgalioti asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.

5. Nepaisant šio straipsnio 4 dalyje viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjui nustatyto įpareigojimo pranešti abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui arba kitam asmeniui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įvertinusi asmens duomenų saugumo pažeidimo neigiamą poveikį, gali įpareigoti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją pranešti apie tai abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui arba kitam asmeniui, jeigu viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas dar nėra to padaręs.

6. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytame pranešime viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas apibūdina asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdį ir pateikia kontaktinius duomenis, kuriais galima gauti daugiau informacijos, ir nurodo rekomenduojamas priemones, skirtas asmens duomenų saugumo pažeidimo neigiamam poveikiui sumažinti. Pranešime Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai papildomai turi būti nurodytos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurias pasiūlė ar kurių ėmėsi viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas asmens duomenų saugumo pažeidimui išaiškinti.

7. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustato šio straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo tvarką ir sąlygas.

8. Viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai registruoja asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejus ir kaupia informaciją apie tokių pažeidimų priežastis, jų poveikį ir priemones, kurių buvo imtasi, bei kitokio pobūdžio informaciją, kuri leistų patikrinti, kaip buvo laikomasi šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų.

9. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis tikrina:

1) kaip viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai įgyvendina šio straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones;

2) ar viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai tinkamai vykdo šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytą pareigą pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.»

 

48.- straipsnis. 63 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

63 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

49. straipsnis. 64 straipsnio 7 dalies pakeitimas ir 8 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 64 straipsnio 7 dalyje vietoj skaičiaus „8″ įrašyti skaičių „10″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama, institucijoms, aptarnaujančioms pagalbos skambučius, kad šios institucijos galėtų atsakyti į abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo skambučius ir tinkamai reaguoti. Šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio Įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis.»

2. 64 straipsnio 8 dalį pripažinti netekusia galios.

 

50.- straipsnis. 66 straipsnio 5 dalies pakeitimas

66 straipsnio 5 dalyje vietoj skaičiaus „2″ įrašyti skaičių „3″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„5. Abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo srauto duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duomenys yra reikalingi įsiskolinimui išieškoti bei šio Įstatymo 77 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.»

 

51. straipsnis. 68 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 68 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „šio Įstatymo 66 straipsnio 1 dalyje nurodytus» įrašyti žodį „srauto» ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Gavęs abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo išankstinį sutikimą, viešojo ryšių tinklo ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas srauto duomenis gali naudoti elektroninių ryšių paslaugų rinkodaros ar pridėtinės vertės paslaugų teikimo tikslams arba perduoti trečiajai šaliai, kai ji yra faktinė pridėtinės vertės paslaugų šiam abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui teikėja. Tokį sutikimą pareiškusiam abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui turi būti užtikrintos lengvai įgyvendinamos ir nemokamos priemonės bet kada jį pakeisti, sustabdyti ar atšaukti.»

2. Pakeisti 68 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai kiekvieno pagalbos skambučio atveju neatlygintinai teikia vietos nustatymo duomenis (įskaitant ir srauto duomenis) be abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimo Bendrajam pagalbos centrui. Vietos nustatymo duomenys kiekvieno pagalbos skambučio atveju neatlygintinai Bendrajam pagalbos centrui pateikiami iš karto, kai tik Bendrasis pagalbos centras atsako į tą pagalbos skambutį. Bendrasis pagalbos centras teikia pasiūlymus Ryšių reguliavimo tarnybai dėl informacijos apie skambinančio asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijų. Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į Bendrojo pagalbos centro pasiūlymus, nustato informacijos apie skambinančio asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus. Įrangos (ir susijusios programinės įrangos), nebūtinos teikėjo ūkinei veiklai užtikrinti, bet reikalingos vietos nustatymo duomenims (įskaitant ir srauto duomenis) teikti Bendrajam pagalbos centrui, įsigijimo, įdiegimo (pritaikymo), atnaujinimo ir veikimo palaikymo išlaidos viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka. Kitos šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio Įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis.»

 

52.- straipsnis. 69 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 69 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Draudžiama tiesioginės rinkodaros tikslu siųsti elektroninio pašto pranešimus slepiant siuntėjo, kurio vardu informacija siunčiama, tapatybę pažeidžiant Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus, nenurodant galiojančio adreso, kuriuo gavėjas galėtų pareikalauti nutraukti tokios informacijos siuntimą, arba kuriais gavėjai skatinami apsilankyti interneto svetainėse, neatitinkančiose Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme nustatytų reikalavimų.»

 

53. straipsnis. 71 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 71 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę gauti iš valstybės, įskaitant ir Europos Sąjungos institucijų bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių, ir savivaldybės institucijų, elektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjų ir radijo dažnių (kanalų), telefono ryšio numerių, kitų elektroninių ryšių išteklių naudotojų, taip pat asmenų visą jai, taip pat Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikalingą su pavestų uždavinių vykdymu ir funkcijų įgyvendinimu susijusią informaciją, įskaitant ir finansinę informaciją bei informaciją, susijusią su būsima elektroninių ryšių tinklo ar elektroninių ryšių paslaugų plėtra, kuri galėtų turėti įtakos kitųelektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjųteikiamoms didmeninėms paslaugoms, taip pat operatorių, turinčių didelę įtaką atitinkamoje didmeninėje rinkoje, apskaitos duomenis apie su ta didmenine rinka susijusias mažmenines rinkas, nepaisant šioje dalyje nurodytos informacijos konfidencialumo. Elektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjai ir radijo dažnių (kanalų), telefono ryšio numerių, kitų elektroninių ryšių išteklių naudotojai, taip pat asmenys privalo pateikti informaciją pareikalavus Ryšių reguliavimo tarnybai pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus protingumo kriterijų atitinkančius terminus ir prašomos informacijos detalumo lygį.»

2. Pakeisti 71 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Iš ūkio subjektų, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla, Ryšių reguliavimo tarnyba, kiek tai susiję su vertimusi elektroninių ryšių veikla ar elektroninių ryšių išteklių naudojimu arba įpareigojimais, nustatytais ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, turi teisę reikalauti tik tokios informacijos, kuri proporcinga ir objektyviai pateisinama šiais tikslais (ši dalis netaikoma informacijos, susijusios su elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimu, teikimui):

1) sisteminiu ar vienkartiniu patikrinimu, kaip ūkio subjektas laikosi šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su veiksmingu ir efektyviu elektroninių ryšių išteklių naudojimu, universaliųjų paslaugų teikimo finansavimu ar užmokesčiais Ryšių reguliavimo tarnybai, taip pat įmokomis į valstybės biudžetą, susijusiomis su teise naudoti elektroninių ryšių išteklius, taip pat kaip ūkio subjektas laikosi įpareigojimų, nustatytų ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas;

2) konkrečiu tikrinimo, kaip ūkio subjektas laikosi vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų, atveju;

3) elektroninių ryšių išteklių skyrimo procedūromis ir atitinkamų prašymų vertinimu;

4) palyginamųjų paslaugų kokybės ir kainų apžvalgų skelbimu vartotojų naudai;

5) aiškiai apibrėžtais statistiniais tikslais;

6) rinkos tyrimo tikslais;

7) elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų plėtros, galinčios turėti įtakos didmeninėms paslaugoms, kuriomis galėtų naudotis kiti ūkio subjektai, įvertinimu;

8) galimybės bendrai naudoti elektroninių ryšių infrastruktūrą įvertinimu, elektroninių ryšių infrastruktūros pobūdžio, prieinamumo ir geografinės buvimo vietos išsamaus sąrašo sudarymu;

9) viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir (arba) vientisumo įvertinimu;

10) efektyvaus radijo dažnių (kanalų) naudojimu ir veiksmingo radijo dažnių (kanalų) valdymo užtikrinimu.»

3. Papildyti 71 straipsnį 7 dalimi:

„7. Šiame straipsnyje nurodytos informacijos gavimui ir teikimui taip pat taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos.»

 

54.- straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba, nustačiusi, kad ūkio subjektas nesilaiko vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų arba nevykdo vieno ar daugiau įpareigojimų, nustatytų ūkio subjektui, kaip turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ar paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, arba nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį, raštu praneša ūkio subjektui apie nustatytus pažeidimus ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą.»

2. Pakeisti 72 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas būtų nutrauktas nedelsiant ar per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą arba imasi kitų tinkamų ir proporcingų priemonių, užtikrinančių teisės aktų vykdymą, įskaitant šio Įstatymo 74 straipsnyje nustatytų ekonominių sankcijų skyrimą. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę paskirti efektyvias, proporcingas ir atgrasančias ekonomines sankcijas, net ir tuo atveju, jeigu pažeidimas buvo nutrauktas.»

3. Papildyti 72 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Ryšių reguliavimo tarnyba, nustačiusi, kad ūkio subjektas, pripažintas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nesilaiko jam nustatyto prieigos įpareigojimo, kas sukelia didelę žalą konkurencijai, gali įpareigoti ūkio subjektą nutraukti arba sustabdyti konkrečios paslaugos ar susietai teikiamų paslaugų teikimą.»

4. Papildyti 72 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Ryšių reguliavimo tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo taikyti priemones pagal šio straipsnio 2 ir 5 dalis priėmimo, informuoja ūkio subjektą apie priemones, kurių imamasi, ir jų priežastis, nustatydama protingumo kriterijų atitinkantį terminą, per kurį ūkio subjektas turi įvykdyti šias priemones.»

5. Buvusią 72 straipsnio 5 dalį laikyti 7 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„7. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi įrodymų apie vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo arba įpareigojimų, nustatytų ūkio subjektui, kaip turinčiam didelę įtaką rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, pažeidimus, kai tokie pažeidimai kelia tiesioginę ir rimtą grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai arba gali sukelti rimtų ekonominių ar veiklos problemų kitiems elektroninių ryšių paslaugų teikėjams arba elektroninių ryšių tinklų naudotojams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugų gavėjams, nesilaikydama šio straipsnio 1, 2 ir 6 dalių nuostatų, turi teisę imtis skubių laikinųjų priemonių, įskaitant laikiną daiktų, kurie buvo šio Įstatymo pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, sulaikymą ir (arba) laikiną uždraudimą verstis elektroninių ryšių veikla ar naudoti elektroninių ryšių išteklius. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba ėmėsi tokių priemonių, ji suteikia suinteresuotam ūkio subjektui galimybę išdėstyti savo nuomonę ir siūlyti priemones susidariusiai padėčiai išspręsti. Ryšių reguliavimo tarnyba laikinąsias priemones gali nustatyti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, kurį gali pratęsti, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.»

6. Buvusias 72 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

 

55.- straipsnis. 73 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, prižiūrėdami, kaip vykdomas šis Įstatymas, pateikę tarnybinį pažymėjimą bei Ryšių reguliavimo tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus ir atliekamas funkcijas, turi šias teises, kurias įgyvendina Ryšių reguliavimo tarnybos vardu:

1) pagal šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas sąlygas ir procedūras gauti jiems reikalingą informaciją;

2) pateikę teismo išduotą leidimą, įeiti ir atlikti patikrinimą ūkio subjekto naudojamose patalpose, teritorijoje ir transporto priemonėse, peržiūrėti tyrimui reikalingus ūkio subjekto dokumentus, gauti jų kopijas ir išrašus, kompiuteriuose ir magnetinėse laikmenose esančią informaciją;

3) gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamų ūkio subjektų veikla, reikalauti, kad jie atvyktų duoti paaiškinimus į tyrimą atliekančio įgalioto pareigūno tarnybines patalpas;

4) gauti duomenis ir dokumentus arba jų nuorašus apie tikrinamo ūkio subjekto ūkines operacijas iš kitų ūkio subjektų, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir asmenų;

5) patikrinti ūkio subjekto ūkinę veiklą (atlikti reviziją), pagal tikrinimo medžiagą iš ekspertizės įstaigų gauti išvadas, atlikti išsamų ūkio subjekto sąnaudų ir (arba) pajamų apskaitos sistemos (sistemų) patikrinimą;

6) laikinai .- iki 30 dienų .- paimti dokumentus ir daiktus, kurie būtini ar turi įrodomosios reikšmės tiriant pažeidimą, palikdami motyvuotą sprendimą dėl dokumentų ir (arba) daiktų poėmio bei paimtų dokumentų ir (arba) daiktų apyrašą; išreikalauti nurodytų dokumentų kopijas;

7) tyrimui pasitelkti specialistų ir ekspertų;

8) laikydamiesi įstatymų nustatytos tvarkos, tyrimo metu naudoti technines priemones;

9) patikrinti aparatūrą ir (arba) įrenginius, taip pat ir paimti aparatūrą ir (arba) įrenginius;

10) kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas teises.»

 

56.- straipsnis. 74 straipsnio 1 dalies pakeitimas

74 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „sprendimų, priimtų išsprendus ginčą» įrašyti žodžius „įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį» ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Ūkio subjektui, kuris nesilaiko vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų, įskaitant vartotojų, paslaugų gavėjų teisių arba nevykdo įpareigojimų, nustatytų kaip ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, arba nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį, arba nesilaiko radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento arba elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę skirti baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš veiklos, susijusios su elektroniniais ryšiais, o jei tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, .- iki 300 000 litų.»

 

57.- straipsnis. 75 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 75 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, kai yra šio Įstatymo 72 straipsnio 2, 3, 4 ar 5 dalyse nurodyti pagrindai, inicijuojama Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno teikimu. Teikime išdėstomos šio Įstatymo pažeidimo aplinkybės ir nurodoma siūloma ekonominė sankcija. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavę Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno tarnybinį pranešimą, surengia posėdį dėl ekonominės sankcijos skyrimo. Apie posėdį informuojamas ūkio subjektas, kuriam ketinama skirti sankciją. Ūkio subjektas, kuriam ketinama skirti sankciją, privalo pateikti visus įrodymus, patvirtinančius, kad nėra šio Įstatymo pažeidimo sudėties, lengvinančių aplinkybių ar kitus tinkamam ekonominės sankcijos skyrimui reikalingus įrodymus iki šio posėdžio pradžios.»

 

58.- straipsnis. 77 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 77 straipsnį nauja 2 dalimi:

„2. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, vykdydami šio straipsnio 1 dalies nuostatas, turi patvirtinti prašymų ir (arba) paklausimų pateikti informaciją tvarkymo vidaus taisykles. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pareikalavus, ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, pateikia jai informaciją apie šias procedūras, gautų prašymų ir (arba) paklausimų skaičių, jų teisinį pagrindą ir pateiktus atsakymus.»

2. Buvusias 77 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

3. Buvusią 77 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„6. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, apie savo tinkle ar savo ir kitų elektroninių ryšių operatorių sujungimo taškuose numatomus daryti pakeitimus, galinčius turėti įtakos įrangos, nurodytos šio straipsnio 1 ir (arba) 4 dalyse, veikimui ir pateikiamos informacijos kiekiui, privalo Vyriausybės įgaliotai institucijai .- operatyvinės veiklos subjektui .- ir Ryšių reguliavimo tarnybai pranešti, kai tik apie tai sužino.»

4. Buvusią 77 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

59.- straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

                                                                                    „Lietuvos Respublikos

                                                                                    elektroninių ryšių įstatymo

                                                                                    2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1997 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 97/838/EB dėl Europos bendrijos pritarimo, kiek tai susiję su jos kompetencija, PPO derybų dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų rezultatams (OL 2004 m.specialusis leidimas, 11 skyrius, 27 tomas, p. 69).

2. 1998 m. kovo 30 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl principų, taikomų organizacijoms, atsakingoms už vartotojų ginču sprendimą ne teismo tvarka.

3. 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 3 tomas, p. 147).

4. 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254).

5. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL 2004 m.specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 317).

6. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 323) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37).

7. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37).

8. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37).

9. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 367) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL 2009 L 337, p. 11).

10. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 514) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL 2009 L 337, p. 11).

11. 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyva 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 178).

12. 2003 m. liepos 25 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl vietos nustatymo informacijos elektroninių ryšių tinkluose siekiant teikti vietos nustatymu pagrįstas pagalbos skambučių paslaugas tvarkymo.

13. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB (OL 2004 L 390, p. 24).

14. 2008 m. birželio 20 d. Europos Komisijos direktyva 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose (OL 2008 L 162, p. 20).»

 

60.- straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d.

2. Procedūros, tarp jų rinkos tyrimas, ekonominių sankcijų skyrimas, elektroninių ryšių išteklių skyrimas (įskaitant konkursus, aukcionus), pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Procedūros pabaiga laikomas Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo dėl jos rezultatų priėmimas, o jeigu pabaigus procedūrą išduodamas leidimas, .- atitinkamo leidimo išdavimas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos ir Ryšių reguliavimo tarnyba iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Asmenims iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) galioja tiek, kiek jie neprieštarauja šiam įstatymui.

 

Skelbiu ši Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ  DALIA GRYBAUSKAITĖ

01Ene/14

REAL DECRETO NÚMERO 1369, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1992M OIR EK QYE SE ANOKÑUA CIB CARÁCTER PROVISIONAL LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES A LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE DETERMINADOS PAÍSES Y TERRITORIOS NO PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.

La disposición final tercera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo siguiente, autoriza al Gobierno para modificar el artículo 3.3, con el fin de ampliar el derecho a la protección de personas originarias de terceros países o territorios, que no pertenezcan a la Comunidad Económica Europea y que no se beneficien de la protección, cuando así se establezca por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989, de 7 de julio, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas originarias de los países y territorios que figuran en su anexo, tenía carácter provisional y sus efectos se extendieron únicamente hasta el día 7 de noviembre de 1990.

Por su parte, el Consejo de las Comunidades Europeas ha adoptado la Decisión 90/511 de la CEE, de 9 de octubre de 1990, por la que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, con carácter provisional, a algunos países y territorios a fin de disponer del tiempo suficiente para fijar las condiciones de una protección mutua ilimitada.

Haciendo uso de la autorización al Gobierno prevista en la disposición final tercera, primer párrafo, de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y teniendo en cuenta la Decisión 90/511/CEE adoptada por el Consejo de las Comunidades Europeas procede establecer la correspondiente norma nacional relativa a la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas originarias de los países y territorios que figuran en el anexo de la presente disposición.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 1992.

DISPONGO:

Artículo 1. Beneficiarios de la protección

1. Se beneficiarán de la protección prevista en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, las personas naturales que sean nacionales de un país o territorio que figure en el anexo de esta disposición o que tengan su residencia habitual en uno de dichos países o territorios.

2. Se beneficiarán igualmente de la misma protección las personas jurídicas de un país o territorio que figure en el citado anexo y que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en dicho país o territorio a condición de que las personas jurídicas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas que tengan derecho a la protección, prevista en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, se beneficien de la protección en el país o territorio de que se trate.

Artículo 2. Duración de la protección

1. La ampliación de protección jurídica de las personas naturales y jurídicas contempladas en el artículo 1 se extenderá desde el día 8 de noviembre de 1990 hasta el día 31 de diciembre de 1992.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cualquier derecho exclusivo adquirido en virtud del presente Real Decreto, seguirá surtiendo efectos durante la duración prevista en el artículo 7 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Países y territorios:

Anguila

Bermudas

Dependencias de Santa Elena (Ascención, Tristán da Cunha)

Estados Unidos de América

Finlandia

Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur

Hong-Kong

Isla de Man

Islandia

Islas Anglonormandas

Islas Caiman

Islas Malvinas (Falkland)

Islas Vírgenes Británicas

Islas Turcas y Caicos

Liechtenstein

Montserrat

Noruega

Pitcairn

Sana Elena

Suiza

Territorio Británico del Océano Índico.

01Ene/14

Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. (JORF n°0293 du 18 décembre 2007)

LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article 1

 

I. ― Avant le premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

» Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

 

II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : » terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, « sont supprimés, et les mots : » lesdits véhicules « sont remplacés par les mots : » celui-ci » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

» Pour l’application du présent article, on entend par » véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »

 

III. ― L’article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

» Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d’un séjour du véhicule dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat. » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

IV. ― Après l’article L. 211-4 du même code, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

 

» Article L. 211-4-1.-Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

 

» 1° Lorsqu’il porte une plaque d’immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

 

» 2° Lorsque, bien que soumis à l’obligation d’immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l’accident survient sur le territoire français ;

 

» 3° Lorsqu’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. »

 

V. ― Dans la seconde phrase des articles L. 351-6-1 et L. 362-3 du même code, les mots : «, qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, « sont supprimés.

 

VI. ― L’article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :

 

» Article L. 421-1.-I. ― Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.

 

» 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :

 

» a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

 

» b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;

 

» c) Lorsque l’assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

 

» 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :

 

» a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;

 

» b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;

 

» c) Lorsque l’assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

 

» Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident.

 

» Lorsqu’il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l’entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l’article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu’il a versées.

 

» II. ― Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

 

» 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :

 

» a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;

 

» b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.

 

» 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :

 

» a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;

 

» b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;

 

» c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré ;

 

» d) Lorsque l’animal responsable du dommage est identifié mais n’a pas de propriétaire ;

 

» e) Lorsque l’animal responsable du dommage n’est pas identifié, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne.

 

» III. ― Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.

 

» Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

 

» IV. ― Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l’exercice 2003, les majorations de rentes prévues à  l´article 1er de la loi nº 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d’ordre civil et à l´article 1er de la loi nº 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l’exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

 

» V. ― Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l’absence d’assurance de responsabilité civile automobile.

 

» VI. ― Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. « 

 

Article 2

 

Dans la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-9-4 du code des assurances, les mots : » septième alinéa « sont remplacés par les mots : » premier alinéa du III «. 

 

Article 3

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d’assurance, en veillant à une information transparente et sincère des investisseurs.

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. 

 

Article 4

 

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rétablie :  

 

» Section 6.- » Dispositions particulières aux prestations ditinérance intranationale  

 

» Article L. 34-10.-Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, dun département doutre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client dun opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de larticle 3 du règlement (CE) nº 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant litinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à lintérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE dans sa rédaction applicable à la date dentrée en vigueur de la loi nº 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

 

» Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d’un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d’un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l’article 4 du règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2007-1774 du 17 décembre 2007 précitée.

 

» Le présent article cesse d’être applicable le 1er juillet 2010. « 

 

Article 5

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

1° Dans le 3° de l’article L. 36-7, après les mots : » du présent code «, sont insérés les mots : «, du règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE» ;

 

2° Dans la première phrase du 1° de l’article L. 36-11, après les mots : » pris pour son application «, sont insérés les mots : » ou du règlement (CE) nº 717/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE «. 

 

Article 6

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à justifier très précisément toute levée des options en matière de libre prestation de service.

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance. 

 

Article 7

 

I. ― La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 

1° Lintitulé : » Sous-section 1.-  Définition « est supprimé;

 

2° La sous-section 2 est abrogée.

 

II. Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :  

 

» Section 8.- » Dispositions communes aux produits dépargne générale à régime fiscal spécifique  

 

» Article L. 221-35.-Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à larticle L. 518-1 douvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant dune aide publique, notamment sous forme dexonération fiscale, en particulier les produits dépargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de léconomie, ou daccepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

 

» Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies dune amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 EUR.

 

» Un décret fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. « 

 

Article 8

 

I. Les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont abrogés.

 

II. Après larticle L. 221-34 du même code, sont insérés un article L. 221-36 et un article L. 221-37 ainsi rédigés :

 

» Article  L. 221-36. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

 

» ― par les comptables du Trésor ;

 

» ― par les agents des administrations financières.

 

» Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l’économie.

 

» Article  L. 221-37. – En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l’article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France. « 

 

Article 9

 

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

 

1º Ordonnance nº 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;

 

2º Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés dinstruments financiers ;

 

3º Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises dinvestissement et aux sociétés de crédit foncier. 

 

Article 10

 

I. Dans le premier alinéa du I de larticle L. 233-7 du code de commerce, après les mots : » marché réglementé «, sont insérés les mots : » dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen «.

 

II. ― La première phrase du II de l’article L. 233-8 du même code est ainsi modifiée :

 

1° Après les mots : » Les sociétés «, sont insérés les mots : » mentionnées au I de l’article L. 233-7 » ;

 

2° Après les mots : » marché réglementé «, sont insérés les mots : » d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen «.

 

III. ― Dans la première phrase de l’article L. 233-13 du même code, après les mots : » des deux tiers «, sont insérés les mots : » , des dix-huit vingtièmes «.

 

IV. ― Dans le premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code, après les mots : » marché réglementé «, sont insérés les mots : » d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen «.

 

V. ― L’article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les références : » L. 451-1-1 et L. 451-1-2 « sont remplacées par les références : » L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, « et, après les mots : » violation par l’émetteur «, sont insérés les mots : » ou par la personne tenue à l’information mentionnée au I de l´article L. 233-7 du code de commerce» ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : » l’émetteur ou les établissements financiers chargés du placement « sont remplacés par les mots : » l’émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce «, et le mot : » périodique « est supprimé.

 

VI. ― La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est complétée par un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

 

» Article  L. 451-2-1. – L’information mentionnée  au I de l´article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et relève de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation prévue à l’article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l’article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. « 

 

Article 11

 

Après le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

» Article  III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre. « 

 

Article 12

 

I. ― Après l’article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

 

» Article  L. 111-7. – I. ― Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

 

» Les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.

 

» Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l’économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 310-1.

 

» II. ― Un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

 

» Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

» III. ― Le présent article s’applique aux contrats d’assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l´article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux opérations mentionnées à l’article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement. «

 

II. ― Le présent article est applicable aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007. 

 

Article 13

 

I. ― L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

» Article  L. 141-1. – I. ― Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

 

» 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

 

» 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

 

» 3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

 

» 4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

 

» 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

 

» 6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

 

» 7° Le chapitre II du titre II du livre III.

 

» II. ― Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu’au I, à l’exception des pouvoirs d’enquête de l´article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

 

» 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

 

» 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

 

» 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l’article R. 122-1 ;

 

» 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

 

» 5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

 

» 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

 

» III. Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

 

» 1° Du titre III de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

 

» 2º De l´article 4 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986;

 

» 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

 

«4º Du titre II de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

» IV. ― Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

 

» V. Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

 

» VI. Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, sil y a lieu, à la juridiction administrative dordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression dune clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge dordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’Etat. «

 

II. ― L’article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

» Article  L. 3351-8. – Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l´article L. 141-1 du code de la consommation.» 

 

Article 14

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

 

 

Fait à Paris, le 17 décembre 2007. 

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre, François Fillon 

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde 

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand 

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin 

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 25 FEBRERO 2000

Estimación parcial del recurso de suplicación planteado por la empresa demandada declarando la existencia de vulneración del derecho a la intimidad del demandante. La Sala, considera que el registro efectuado por la empresa en el ordenador del trabajador y la copia de sus ficheros personales sin estar él presente constituyen una violación de su derecho a la intimidad del trabajador, garantizada en el plano laboral por el art. 4,2 e) ET y con carácter general en el art. 10 CE.

Presidente: Francisco Javier Vela Torres

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D. José sobre tutela libertad sindical siendo demandado el Instituto Municipal de la Vivienda y Ministerio Fiscal habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 1 de junio de 1999 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1º).- El actor, D. José, mayor de edad y domiciliado en Torremolinos (Málaga), presta sus servicios laborales para el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga con antigüedad de 1 de junio de 1983 y categoría profesional de Oficial de 2ª administrativo.

2º).- El actor ostentó el cargo de confianza de Jefe del Servicio Administrativo y Financiero de la entidad demandada desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1997, pasando el 1 de mayo de 1997 a desempeñar en comisión de servicios las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio, dependiente del Jefe del Servicio de Gestión y Administración del Patrimonio.

3º).-Mediante Acuerdo del Director-Gerente del Organismo demandado de fecha 24 de abril de 1998, el actor cesó en la misma fecha en la comisión de servicios antes mencionada, pasando a realizar las funciones propias de su Categoría profesional de origen. Este Acuerdo obra en autos (documentos número 32 del Ramo de prueba de la parte actora) y se da por reproducido.

4º).- El 11 de febrero de 1998 se presentó en el Instituto demandado un escrito del Sindicato Democrático de Trabajadores comunicando que se había decidido la creación de una Sección Sindical y nombrar Delegado Sindical al actor. El 16 de febrero de 1998 se presentó esta misma comunicación dirigida al CMAC. El 12 de febrero de 1998 el Instituto demandado dirigió al citado Sindicato una comunicación (con registro de salida de 17 de febrero de 1998) en la que se ponía en conocimiento del destinatario «que en base al artículo 29-1 del vigente Convenio Colectivo del I.M.V., ese Sindicato, no cumple las premisas mínimas necesarias para que legalmente puedan constituir una sección Sindical en este Centro, primero por no haber obtenido el 10% de los votos en las últimas elecciones sindicales del comité de Empresa; y en segundo lugar por no gozar de la condición de sindicato más representativo en el ámbito estatal o de Andalucía,. Como Consecuencia, tampoco puede ser aceptada la designación p ara ocupar el puesto de Delegado Sindical que Vds., refieren por cuanto no puede ser Delegado de una sección inexistente e inviable legalmente, con independencia de que dentro del uso de sus derechos fundamentales esté la afiliación al sindicato o sindicatos que le interese.» Los tres documentos de referencia (el parcialmente transcrito y las dos comunicaciones del Sindicato) obran en autos (documentos 23 a 25 del ramo de prueba de la parte actora) y se dan por reproducidos.

5º).- Se da igualmente por reproducida la Sentencia del Juzgado de lo Social número Dos de Málaga dictada el 10 de marzo de 1998 en los autos 685-7/97 con el número de sentencia 230/98, que adquirió firmeza (documento número 12 del ramo de prueba de la parte demandada).

6º).- Se da por reproducido el Informe emitido por el Organismo demandado el día 22 de Diciembre de 1998 (como resultado de diligencia para mejor proveer y obrante en autos). El actor carece de titulación superior (está en posesión de un título de grado medio). Dª Rosa es Arquitecta. D. Nicolás continúa siendo Jefe de Servicio. El actor percibió en 1996 la cantidad íntegra total de 7.968.119 ptas.; en 1997 la de 8.440.006 ptas., y en el primer trimestre de 1998 la de 1.834.834 ptas. Se dan también por reproducidos los Informes de la Comisión de seguimiento del Convenio Colectivo de fechas 2 de marzo y 19 de abril (aclaratorio del anterior) de 1999, aportados a los autos como resultado de diligencias para mejor proveer.

7º).- La demanda referente al Acuerdo de 24 de abril de 1998 fue presentada el 19 de mayo de 1998. La referente a diferencias salariales (previa presentación en este caso de reclamación previa el 19 de abril de 1998, que no fue objeto de contestación expresa) se presentó el 24 de junio de 1998. Para su íntegra constancia, se dan por reproducidas ambas demandas.

TERCERO.– Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte actora, recurso que formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que contra la sentencia de instancia que desestima la demanda sobre tutela de derechos fundamentales promovida por el actor y absuelve a la empresa demandada, interpone recurso de suplicación el demandante formulando un primer motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, para solicitar la nulidad de actuaciones y la reposición de los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión. Alega en primer lugar el recurrente la violación de lo preceptuado en los artículos 90 y 87-2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24-1 de la Constitución. Aduce el trabajador que el Magistrado de instancia decidió unilateralmente suprimir parte de la prueba testifical propuesta por el mismo y admitida por el juez, sin que razonara dicha decisión.

Debe desestimarse esta primera causa de nulidad alegada, pues si bien es cierto que el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Laboral señala que las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la ley, no lo es menos que el artículo 92-1 del texto procesal indica que cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, el Juez podrá limitarlos discrecionalmente. Pues bien, ello es justamente lo que ha ocurrido en el presente caso, pues la parte actora propuso la declaración de cinco testigos, recibiéndose declaración en el acto del juicio a tres de ellos y considerando el Magistrado de instancia que no era necesario recibir declaración a los otros dos, sin que esto pueda considerarse una infracción de normas de procedimiento causantes de indefensión a la parte, pues el Magistrado se limitó a utilizar una facultad discrecional que le concede la Ley, sin que esta determinación del Juez haya producido indefensión a la parte, dado el número de testigos que prestaron declaración, las manifestaciones similares que todos ellos realizaron y el hecho de que el recurrente no acredita que los testimonios desechados fueran esenciales para apoyar su pretensión y no una inútil reiteración de lo declarado por los otros testigos.

SEGUNDO.– Que con idéntico amparo procesal, se denuncia la infracción de lo preceptuado en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Laboral y en el artículo 340-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alega el recurrente que el Magistrado acordó como diligencia para mejor proveer la práctica de la prueba de confesión judicial del organismo demandado, vulnerando con ello el principio dispositivo y el principio de igualdad de las partes en el proceso, pues se concedió una nueva posibilidad al demandado de hacer nuevas alegaciones una vez concluido el juicio. El artículo 88 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que, terminado el juicio y dentro del plazo para dictar sentencia, el Juez o Tribunal podrá acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, para mejor proveer, con intervención de las partes; debiendo ponerse de manifiesto a las partes el resultado de las diligencias practicadas a fin de que las mismas puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de s u alcance o importancia. En el presente caso, el Magistrado acordó, como diligencia para mejor proveer, requerir a la representación del organismo demandado para que en el plazo de diez días emitiera informe en confesión judicial en torno al tratamiento indiciariamente acreditado como desigual en materia de abono de diferencias consecuente al nuevo Convenio Colectivo, emitiéndose dicho informe por el Director Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda y efectuando las partes alegaciones sobre el contenido del mismo. La Sala considera que la práctica de dicha prueba como diligencia para mejor proveer no ha infringido ningún precepto procesal, ni ha causado la indefensión del actor, pues el Magistrado de Instancia se limitó a utilizar una facultad discrecional que le concede la Ley para solventar sus propias dudas sobre el material probatorio ya aportado o confirmar o desmentir algún extremo importante de éste. A mayor abundamiento, la parte recurrente no formuló protesta alguna contra la práctica de dicha prueba como diligencia para mejor proveer, ni en el momento en que la misma fue acordada por el Magistrado, ni posteriormente cuando efectuó alegaciones sobre el resultado de la misma, faltando por tanto un requisito esencial para que pueda prosperar la nulidad de actuaciones pretendida.

TERCERO.– Que igualmente al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la violación de lo preceptuado en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el principio dispositivo y el de igualdad de las partes en el proceso, que infringió la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo 24 de la Constitución y que produjo la indefensión a la parte. Aduce la parte recurrente que las posteriores diligencias para mejor proveer acordadas por el Magistrado de instancia con fecha 15 de enero de 1999 y 25 de marzo de 1999, por las que se efectuaban sendos requerimientos a la comisión de seguimiento del Convenio Colectivo para que expresase su opinión acerca del supuesto trato desigual dispensado al actor en materia de retribuciones, infringieron el principio de igualdad de las partes en el proceso y causaron la indefensión del actor. Debe desestimarse igualmente este motivo de nulidad básicamente por las mismas razones a las que ya aludíamos en el fundamento jurídico anterior, siendo de resaltar que aquí tampoco el recurrente formuló protesta contra la decisión del Magistrado que acordaba la práctica de dichas diligencias para mejor proveer, lo que por sí mismo es suficiente para desestimar el motivo de nulidad, pues lo que no resulta admisible es que la parte muestre su tácita conformidad con la realización de dichas diligencias y posteriormente, cuando el resultado de las mismas considera que no le ha sido favorable, alegar que ello le ha producido indefensión.

CUARTO.– Que al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se formula el siguiente motivo de recurso para solicitar la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida, pretendiendo las siguientes modificaciones fácticas:

A) Modificación del hecho probado primero para hacer constar que la actual categoría profesional del actor es la de Jefe de Negociado/Jefe de Departamento;

B) Redacción alternativa del hecho probado segundo, el cual quedaría del siguiente tenor literal: «El actor fue designado con fecha 28 de noviembre de 1988 como Jefe del Servicio Administrativo y Financiero del Patronato Municipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales, tras superar la correspondiente selección realizada por un Tribunal seleccionador constituido a fin de cubrir dicha plaza. Con fecha 1 de mayo de 1997 fue cesado como Jefe de dicho Servicio, pasando a desempeñar, en comisión de servicios, las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio del Instituto demandado. Cuando fue cesado, pasó a reconocérsele la categoría profesional de Jefe de Negociado/Jefe de Departamento»;

C) Supresión del hecho probado sexto;

D) Adición de un hecho probado nuevo del siguiente tenor: «El día 22 de junio de 1998, y sin la presencia del actor, se procedió a la inspección de la terminal de ordenador que usaba el actor en la empresa, procediéndose a copiar dos carpetas existentes en el mismo denominadas «Mis documentos» y «Pepote». Uno de los miembros del Comité de Empresa presentes en dicha Inspección Registro, preguntó acerca de la legalidad de dicha actuación sin que estuviera presente el usuario del ordenador (el actor), sin que obtuviera respuesta alguna a su pregunta»;

E) Adición de un hecho probado para hacer constar que «El actor está adscrito a «Partido Político I.» – Convocatoria por Andalucía en la localidad de Torremolinos y afiliado al Sindicato Democrático de Trabajadores, siendo designado por dicho sindicato como Delegado Sindical en la empresa demandada desde el 8 de febrero de 1998″;

F) Adición de un hecho probado nuevo del siguiente tenor: «En una reunión de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empresa demandada, celebrada el día 23 de mayo de 1997, al efecto de concretar el importe de los atrasos a percibir para los trabajadores afectados, uno de los representantes de la empresa (D. Ángel) planteó no abonarle al actor los atrasos que le correspondía percibir como Jefe de Servicio desde Enero de 1996 al 1 de mayo de 1997 (fecha del cese como Jefe de Servicio). El actor fue el único de los Jefes de Servicio que no percibió dichos atrasos. La suma que debía percibir por tal concepto era de 1.205.514 pesetas desde el 1 de enero de 1996 al 30 de abril de 1997 y 876.640 pesetas desde el 1 de mayo de 1997 al 30 de marzo de 1998»;

y G) Adición de un hecho probado nuevo para hacer constar que «Con fecha 15 de julio de 1997, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el Convenio Colectivo de la empresa Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuyo ámbito temporal surtía efectos desde el 1 de enero de 1996».

Deben desestimarse las modificaciones fácticas propuestas en los apartados A) y B), pues las mismas no encuentran debido apoyo en prueba documental que ponga de manifiesto de una manera directa e inequívoca, sin necesidad de hipótesis, conjeturas o razonamientos, el error del juzgador de instancia al afirmar que la categoría profesional del actor era la de oficial de segunda administrativo, si bien desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1997 ostentó el cargo de confianza de Jefe del Servicio Administrativo y Financiero de la entidad demandada, pasando el 1 de mayo de 1997 a desempeñar en comisión de servicios las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio, por lo que la categoría de Jefe de Negociado/Jefe de Departamento sólo la ha tenido en régimen de comisión de servicios. Asimismo, debe desestimarse la supresión fáctica postulada en el apartado C), pues no es cierto que el hecho probado sexto de la sentencia de instancia contenga conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, pues se limita a señalar la titulación ostentada por el actor y por los otros trabajadores que se encontraban como Jefe de Departamento en comisión de servicios, así como a reflejar las retribuciones percibidas por el actor durante los años 1996, 1997 y el primer semestre de 1998. Igualmente deben rechazarse las adiciones fácticas propuestas en los apartados E) y F), pues la del apartado E) se refiere a extremos ya recogidos en la sentencia recurrida, ya que en el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia se reconoce la pertenencia del actor al Sindicato Democrático de Trabajadores y se relatan las incidencias habidas en su nombramiento como Delegado Sindical, y en cuanto a la del apartado F) la misma no se base en prueba documental hábil a estos efectos revisorios, dado que no puede atribuirse tal carácter a la demanda del actor y el supuesto documento obrante al folio 168 de los autos en realidad tiene el carácter de prueba testifical documentada por escrito, pues se trata de unas manifestaciones de un tercero acerca del conocimiento que tiene sobre unos determinados hechos, tercero que además declaró como testigo en el acto del juicio. Por contra, ningún inconveniente hay en aceptar las adiciones solicitadas en los apartados D) y G), pues las mismas si tienen respaldo en la prueba documental obrante en los autos, concretamente en el acta de inspección de las tres terminales de ordenador situadas en el centro de trabajo del organismo demandado (folios 313 y 314) y en el Convenio Colectivo de la empresa demandada (folios 297 a 305).

QUINTO.– Que al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la infracción por interpretación errónea del artículo 59-2 del Estatuto de los Trabajadores. Alega el recurrente que no puede considerarse que las cantidades reclamadas correspondientes al período de 1 de enero de 1996 al 30 de marzo de 1997 se encuentren prescritas, pues dichas cantidades sólo pudieron reclamarse desde la publicación del nuevo Convenio Colectivo de la empresa demandada, la cual se produjo el 15 de julio de 1997, si bien con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1996. La Sala considera que efectivamente en el presente caso no cabe hablar de prescripción si las cantidades reclamadas fueran consecuencia de los incrementos salariales establecidos en el nuevo Convenio con efectos económicos desde el 1 de enero de 1996. Ahora bien, dichos incrementos, consistentes básicamente en un aumento del 3'5% en la cuantía de las retribuciones, ya han sido abonados al actor, como se desprende claramente del informe de la Comisión de seguimiento del Convenio Colectivo obrante en autos y aparece reflejado en el ordinal sexto del relato de hechos probados de la sentencia recurrida. En cuanto a las diferencias salariales que se hayan podido generar por otros conceptos, nos está vedado el estudio de dicha cuestión por no haber sido planteada en el recurso, siendo especialmente significativo que el recurrente en ningún momento denuncie como infringido el artículo 16-5 del Convenio Colectivo, precepto en el que al parecer basaba su reclamación de diferencias salariales, por lo que, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación, la Sala no puede entrar a analizar la posible existencia de unas diferencias salariales que estarían generadas por un precepto Convencional al que no se hace la menos mención en el escrito de formalización del recurso, pues el Tribunal Superior sólo puede examinar aquellas cuestiones que expresamente le sean planteadas en esa fase procesal de recurso.

SEXTO.- Que con idéntico amparo procesal, se denuncia la infracción del artículo 34 del Convenio Colectivo del Instituto Municipal de la Vivienda. Aduce el recurrente que el cese del actor en su puesto de trabajo como Jefe de departamento debe considerarse como discriminatorio y motivado por la militancia sindical del demandante. De lo actuado se desprende que el actor, que ostenta la categoría profesional de oficial de segunda administrativo, desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1997 desempeñó el cargo de confianza de Jefe del Servicio Administrativo y Financiero de la entidad demandada, pasando el 1 de mayo de 1997 a ocupar en comisión de servicios las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio, cesando en la comisión de servicios antes mencionada el 24 de abril de 1998, pasando a desempeñar a partir de dicha fecha las funciones propias de su categoría profesional de origen.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Diciembre de 1987 señala que quien invoca la discriminación debe ofrecer un indicio racional fáctico que le sirva de apoyo y la Sentencia de 29 de Julio de 1988 insiste en que la inversión de la carga de la prueba no surge ante la mera invocación del tratamiento discriminatorio, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de la constatación de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente (Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de Marzo de 1984). La jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca, pues, la necesidad de que quien afirma la discriminación acredite la existencia de un panorama o de un clima propicio a la conducta discriminatoria que haga verosímil su imputación, de tal manera que para imponer al empresario la carga probatoria no basta afirmar la existencia de discriminación o de la vulneración del derecho fundamental sino que es preciso acreditar unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de discriminación, correspondiendo entonces al empresario alcanzar resultado probatorio de la existencia de un motivo razonable y objetivo que destruya esa apariencia o presunción. Precisamente así lo ha entendido el Legislador al señalar en el artículo 179-2 de la Ley de Procedimiento Laboral que en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Pues bien, en el presente caso no existe el menor indicio de que el cese del actor el 24 de abril de 1998 como Jefe de Departamento fuese discriminatorio y motivado por la militancia del mismo en el Sindicato Democrático de Trabajadores, por lo que no se produce la inversión de la carga de la prueba y la empresa demandada no está obligada a acreditar la ausencia de móviles discriminatorios. Efectivamente, la Sala considera que el cese del actor como jefe de servicio, ocurrido el 30 de abril de 1997, ya fue objeto de un pronunciamiento judicial anterior, pues por sentencia firme del Juzgado de lo Social número dos de Málaga de fecha 10 de marzo de 1998 se declaró dicho cese como correcto y ajustado a Derecho, por considerar que las Jefaturas de Servicio eran puestos de libre designación y no una categoría profesional, pronunciamiento que constituye cosa juzgada y que, por tanto, no puede ser objeto de revisión y análisis en el presente recurso. En cuanto, al posterior cese, ocurrido el 24 de abril de 1998, en virtud del cual el actor dejaba de realizar las funciones de Jefe de Departamento, la Sala considera que también es correcto y ajustado a Derecho, pues el demandante venía realizando las tareas de Jefe de Departamento en comisión de servicios, la cual por su propia naturaleza tiene carácter temporal, pues el artículo 36 del Convenio Colectivo de la empresa demandada señala que mientras se produce el proceso de provisión de puestos de trabajo, se podrán realizar por el Instituto Municipal de la Vivienda nombramientos en comisión de servicio, los cuales tendrán una duración máxima de doce meses, puesto que en dicho plazo se deberá proceder a cubrir el puesto mediante el sistema de provisión que corresponda, sin que la comisión de servicio pueda tenerse en cuenta como mérito al acceso al puesto de trabajo. Por lo tanto, el cese del actor en la comisión de servicios no fue sino una consecuencia de lo dispuesto en el artículo 36 del Convenio, sin que exista el menor indicio de la discriminación alegada.

SÉPTIMO.– Que finalmente se denuncia por el recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución y en los artículos 4-2 e) y 18 del Estatuto de los Trabajadores. Considera el recurrente que el registro efectuado por la empresa en su ordenador sin estar presente el mismo y la copia de sus ficheros personales constituye una violación de su derecho a la intimidad. De lo actuado se desprende que con fecha 22 de junio de 1998 se procedió por parte de la empresa a la inspección de tres terminales de ordenador, la del actor y la de otros dos trabajadores, encontrándose presentes varios miembros del Comité de Empresa, copiándose de la terminal de ordenador del actor, el cual se encontraba ausente en dicho momento, la carpeta denominada «mis documentos» en un disco, y la carpeta denominada «Pepote» en dos discos más. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual la empresa realizó el registro informático, autoriza la realización de registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo; debiéndose en su realización respetar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y debiéndose contar con la presencia de algún representante legal de los trabajadores. Por lo tanto, dicho precepto autoriza el registro en la terminal de ordenador que utiliza el trabajador, pues el ordenador a estos efectos puede asimilarse a la taquilla, ya que no podemos olvidar que dicho ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa y que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la actividad laboral, por lo que no cabe hablar de documentos personales incorporados al mismo. Ahora bien, esta posibilidad de efectuar registros en las terminales de ordenador de los trabajadores no es un derecho absoluto e incondicionado de la empresa, pues el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual la demandada efectuó el registro, lo condiciona a que ello sea necesario para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, cosa que la demandada ni siquiera ha alegado en el supuesto de autos, pues de un somero examen del acta de registro se desprende que la empresa ni siquiera adujo causa o motivo alguno para la realización del registro en cuestión. Por ello, consideramos que dicho registro violó el derecho a la intimidad del trabajador, garantizada en el plano estrictamente laboral por el artículo 4-2 e) del Estatuto de los Trabajadores y con carácter general en el artículo 10 de la constitución. Todo lo anterior, nos lleva a estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto para declarar que se ha producido una lesión del derecho de intimidad del demandante, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración, debiendo estimarse en este punto concreto el recurso.

OCTAVO.– Que por lo que se refiere a la indemnización solicitada, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de junio de 1993, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, ha declarado que en el proceso de tutela de la libertad sindical, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental, se presume la existencia del daño y debe decretarse la indemnización correspondiente, sin necesidad de que el sujeto que haya sido víctima de la lesión pruebe que se le ha producido un perjuicio. La Sala entendía que esa interpretación era la adecuada, pues así se desprende del artículo 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que establece con carácter imperativo que el órgano judicial decretará el cese inmediato del comportamiento antisindical, así como la reparación de sus consecuencias ilícitas, si entendiese probada la violación del derecho fundamental, criterio que se refuerza con el mandato del artículo 180-1 de la Ley de Procedimiento Laboral de re parar, en tal caso, las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que proceda. Ahora bien, la anterior doctrina -presunción del daño moral resarcible con motivo de la violación del derecho fundamental- no significa que la parte quede exonerada automáticamente del deber de alegar en su demanda los indicios o fundamentos que permitan apoyar su concreta pretensión indemnizatoria, justificando suficientemente que la compensación exigida procede en el específico supuesto de hecho, por ser razonable y proporcionada al perjuicio sufrido, atendidas las circunstancias caso y la gravedad de la lesión sufrida (en ese sentido, sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1997 y 2 de febrero de 1998, dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina).

En el presente caso, la Sala considera que la indemnización que debe fijarse en favor del actor debe alcanzar la suma de cincuenta mil pesetas, pues, aunque resulta incuestionable que la vulneración del derecho de intimidad ha producido un perjuicio al demandante, dicho perjuicio debe cuantificarse en la suma antes indicada, ponderando las circunstancias concurrentes en el caso, la naturaleza de la lesión, la ausencia de perjuicios materiales acreditados, el período de tiempo que ha durado la vulneración del derecho fundamental y la falta de prueba del demandante de los indicios o elementos que sustenten la cuantía concreta de la indemnización reclamada.

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por D. José contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número tres de Málaga con fecha 1 de junio de 1999, en autos sobre tutela de derechos fundamentales seguidos a instancias de dicho demandante contra el Instituto Municipal de la Vivienda, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, revocando la sentencia recurrida para declarar que se ha producido una lesión del derecho a la intimidad del demandante, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a abonar al acto una indemnización de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.) por los perjuicios ocasionados, absolviendo a la empresa demandada del resto de los pronunciamientos instados en su contra en el presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Adviértase a la parte demandada que en caso de recurrir habrá de efectuar las siguientes consignaciones:

– La suma de 50.000 pesetas en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Sala 4ª del Tribunal Supremo en Madrid.

– La cantidad objeto de la condena, si no estuviera consignada con anterioridad en la c/c número 2928 del Banco de Bilbao Vizcaya a nombre de esta Sala de lo Social con el título cuenta de depósitos y consignaciones, al tiempo de prepararse el recurso, pudiendo sustituirse esta última consignación por aval bancario en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Antonio Navas Galisteo.- Luis Jacinto Maqueda Abreu.- Francisco Javier Vela Torres.

01Ene/14

Loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

Dahir n° 1-13-57 du 8 chaabane 1434 (17 juin 2013) portant promulgation de la loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur 1

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 8 chaabane 1434 (17 juin 2013).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

Article 1

Sont abrogées les dispositions prévues par les tirets 6, 12 et 13 du 3ème alinéa de l'article 29 de la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir nº 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi nº 29-06, promulguée par le dahir nº 1-07-43 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007).

 

Article 2

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois courant à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

01Ene/14

Circular 1/1998, de 27 de enero del Banco de España, a entidades miembros del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, Sistema Nacional de Intercambios Norma SNCE007, sobre Subsistema General de Efectos de Comercio. (B.O.E. nº 36 del 11 de febrero de 1998)

ENTIDADES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA SISTEMA NACIONAL DE INTERCAMBIOS

Norma SNCE007

SUBSISTEMA GENERAL DE EFECTOS DE COMERCIO

Norma primera. Ámbito legal.

El presente Subsistema de Intercambios se integra en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (en adelante, SNCE), como un Subsistema de «ámbito general», según definición de la norma tercera punto 2.1.1 de la Circular del Banco de España 8/1988 (Reglamento del SNCE).

Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 1369/1987, de creación del SNCE, por la Orden de 29 de febrero de 1988, y por el Reglamento que lo desarrolla, así como por la presente Norma SNCE007 y sus instrucciones operativas correspondientes (en adelante, instrucciones), a cuyo cumplimiento se someten las entidades participantes, miembros del SNCE, que, con anterioridad a su incorporación al Subsistema, deberán, además, haber suscrito el «Convenio de intercambio de efectos de comercio» (en adelante, el Convenio).

Norma segunda. Objeto.

Este Subsistema tiene por objeto el tratamiento de los documentos que se enumeran en la norma tercera, mediante el intercambio de sus datos representativos, de acuerdo con las especificaciones contenidas en las instrucciones, la compensación de los importes correspondientes, el cuadre y, finalmente, el establecimiento de las posiciones respectivas resultantes que, posteriormente se comunican al Servicio de Liquidación del Banco de España, para la liquidación por éste del Subsistema, dentro ya del Sistema Nacional de Liquidación (en adelante SNL).

Norma tercera. Documentos.

1. Este Subsistema contempla el tratamiento de las letras de cambio, los recibos y los pagarés, entre los que se incluyen también los pagarés de c/c negociados, a los que se hará referencia en lo sucesivo como «documentos» o «efectos», que cumplan los requisitos que se indican en la presente norma y los que se establezcan, en cada caso, en las instrucciones:

Satisfacer los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Satisfacer los requisitos de normalización contenidos en los anejos correspondientes a las instrucciones.

Haber sido tomados, bien directamente a clientes cedentes, bien por aplicación de otras entidades por entidades participantes en el Subsistema, tanto en soporte papel como en soporte informático, si la naturaleza del documento lo permite.

Tener domiciliado su pago en cuentas abiertas en entidades participantes en cualquier plaza del territorio nacional, según lo dispuesto al efecto en las instrucciones, sin perjuicio de la tramitación de documentos no domiciliados a los efectos previstos en la norma cuarta.

A los efectos de su tramitación en el Subsistema se entenderá por pagarés de c/c negociados aquellos en los que la operación interbancaria subyacente suponga para la entidad tomadora bien su descuento o anticipo de fondos, bien la custodia y subsiguiente gestión de cobro.

2. Se excluyen del tratamiento en el Subsistema los documentos afectados por una o más de las excepciones que se detallan a continuación:

Los susceptibles de protesto notarial emitidos con anterioridad al 1 de enero de 1986.

Los de importe superior a 500.000 pesetas, cuando se trate de documentos a abonar y/o domiciliados en cuentas de no residentes.

Los efectos cuyo vencimiento sea anterior en más de noventa días naturales a la fecha de su compensación.

Los que no estén librados o emitidos en pesetas.

Norma cuarta. Tramitación de documentos no domiciliados.

En la forma establecida en las instrucciones, podrán tramitarse a través de este Subsistema documentos no domiciliados, previo pacto con la destinataria de los mismos a los efectos de la realización por parte de ésta de las gestiones necesarias para su domiciliación, como paso previo y necesario para su compensación en el Subsistema.

Norma quinta. Tratamiento de los documentos en el Subsistema.

Este Subsistema, como parte integrante que es del SNCE, tiene por objeto de intercambio no los propios documentos originales mencionados en las normas tercera y cuarta, sino los datos representativos de éstos especificados en las instrucciones, que se transmiten electrónicamente y basándose en los cuales se lleva a cabo la operativa del Subsistema.

No obstante lo que antecede, en el Subsistema se establece una separación entre documentos «truncables», y «no truncables», cuya diferencia fundamental, a los efectos de estas normas, consiste en la existencia de una operativa complementaria, a la que deben ser sometidos los documentos ano truncables,, que se tramitan en este Subsistema.

Se define como truncamiento la inmovilización física de los documentos por parte de la entidad tomadora.

En las instrucciones se detallan qué documentos de entre los definidos en la norma tercera, por sus caracteristicas, han de tener el tratamiento de documentos «no truncables, y la operativa a la que serán sometidos.

Norma sexta. Devoluciones.

Cuando, no obstante, realizar todas cuantas gestiones sean necesarias para conseguir el cobro del efecto tramitado a través de este Subsistema, ello no resulte posible, las entidades domiciliatarias o destinatarias realizarán la devolución del efecto también a través del Subsistema, en la forma y plazos establecidos en las instrucciones, en las que igualmente se especifican los motivos de devolución.

Norma séptima. Entidades participantes.

Las definiciones que precisan el cometido de las distintas entidades participantes en este Subsistema son las contenidas en el Reglamento del SNCE, normas duodécima y vigésima quinta, con la particularidad de que la entidad «originante», se corresponde con la entidad tenedora de los documentos, y la entidad «destinataria» se identifica con la entidad domiciliataria, en el caso de los documentos previstos en la norma tercera, o, en el caso de los previstos en la norma cuarta, con la entidad encargada de realizar la gestión de domiciliación.

Norma octava. Condiciones generales de participación en el Subsistema.

Toda entidad miembro del SNCE que desee participar en este Subsistema enviará su solicitud al Banco de España, la cual se tramitará de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa vigente, debiendo hacer constar en ella el compromiso expreso de la entidad de satisfacer las siguientes condiciones:

1. Cumplir lo establecido en el Reglamento del SNCE y en las normas e instrucciones de este Subsistema.

2. Haber suscrito el Convenio.

3. Pertenecer a los Organos de dirimir incidencias (DIRIBAN, INTERCAJAS, SERDI Y SERDIRRUR), según corresponda, a través de los cuales se resolverán las posibles incidencias conforme a las reglas fijadas en la norma vigésima tercera del Reglamento del SNCE.

4. Estar adherida al procedimiento de comunicación del fichero de oficinas de entidades de depósito.

5. Tener normalizados, de conformidad con lo especificado en las instrucciones operativas correspondientes, todos los documentos que, emitidos por ella misma o por sus clientes, debidamente autorizados por ella, sean susceptibles de tratamiento en el Subsistema.

6. Utilizar el Subsistema para presentar y recibir todos los documentos susceptibles de tratamiento en él, según lo establecido en las normas tercera y séptima de esta Circular, y en las instrucciones operativas, a partir de la fecha de su incorporación al Subsistema.

7. Realizar, en los casos en que sea necesario y según lo previsto en la norma vigésima sexta del Reglamento, la declaración equivalente al protesto utilizando el texto contenido en los modelos del anejo 1 de la presente Circular y de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las instrucciones.

Además de las responsabilidades frente a terceros y de las que, según lo establecido en la norma del Reglamento indicada en el párrafo anterior, asumen las entidades participantes frente al Sistema Nacional por cualquier perjuicio que pudiera derivarse de la omisión de la declaración equivalente en tiempo y forma, será de aplicación el régimen de reparto de responsabilidades entre entidades establecido en el Convenio.

Norma novena. Fechas del Subsistema.

1. Fecha de intercambios (D).

Día hábil del Sistema Nacional de Intercambios (SNI) en el cual se llevan a cabo las sesiones de intercambios de datos entre entidades.

2. Fecha de compensación y reembolso.

Día hábil del SNI posterior a la fecha de intercambios, de acuerdo con los plazos que se regulan en las instrucciones.

3. Fecha de liquidación.

La misma de compensación y reembolso, si ésta es hábil en el SNL, o siguiente día hábil del SNL si no lo fuera.

Norma décima. Ciclos del Subsistema.

Este Subsistema tiene unos ciclos temporales específicos de presentación, devolución y reembolso, entendiéndose por ello el que los documentos intercambiados con fecha del día hábil (D), que pueden corresponder a más de una fecha de compensación y reembolso, son liquidados por el Servicio de Liquidación del Banco de España, y posteriormente reembolsados a través de éste, en la fecha de liquidación correspondiente.

Las particularidades propias de los referidos ciclos se desarrollarán en las instrucciones operativas de esta Norma SNCE007.

Norma undécima. Características del Subsistema.

Las normas de funcionamiento aplicables con las particularidades que, en su caso, se indican, serán las mismas dictadas en la Circular del Banco de España 11/1990, que a continuación se relacionan:

Operatividad.

Condiciones particulares de participación.

Procedimiento de incorporación.

Modificaciones en la participación.

Bajas de participación, con la particularidad de que el plazo de antelación con que las solicitudes de baja deberán ponerse en conocimiento del Banco de España será el que se especifica en las instrucciones, en las que asimismo se precisan los criterios con los que se determinarán las fechas del periodo de adaptación que se estime necesario.

Medios de comunicación para la transmisión de los datos representativos de los documentos y para el intercambio físico de los mismos.

Modalidad de transmisión.

Reembolso, con las particularidades, en cuanto a plazos, que se especifican en las instrucciones operativas.

Centro de proceso.

Procedimiento de excepción.

Procedimiento alternativo de transmisión.

Norma duodécima Garantía de la información intercambiada

La introducción en el Subsistema de los datos representativos del documento original se efectúa siempre por la entidad presentadora, que en todo momento garantiza y responde del cumplimiento de las normas de este Subsistema, y, en especial, de la fidelidad de los datos intercambiados, tanto por sus operaciones propias como solidariamente, por las de entidades a las que representa bien se hayan transcrito desde los propios documentes originales, bien hayan sido completados por las propias entidades, de acuerdo con los procedimientos de verificación y validación descritos en las instrucciones.

Norma decimotercera. Seguridad y protección de la información.

El funcionamiento de este Subsistema se fundamenta en la confianza mutua que se otorgan las entidades que en él participan, en cuanto a que conforme a los datos que se transmiten, representativos de los documentos se efectúa la gestión de cobro y/o los cargos corres pendientes en el domicilio de pago.

Para asegurar la inalterabilidad e inviolabilidad de los datos durante su transmisión, una vez esté garantizada, mediante su captura adecuada, la fiabilidad de dichos datos se aplicará a un procedimiento criptográfico a todo él conjunto de datos a transmitir, de conformidad con los métodos y procedimientos que se establecen en la Norma SNCE002 y en la forma que se dispone en las instrucciones.

Norma decimocuarta. Instrucciones operativas.

Las instrucciones operativas exigibles para un adecuado cumplimiento de las normas fijadas por esta Circular, así como sus sucesivas actualizaciones, las recibirán las entidades adheridas al Subsistema a través de la Unidad Administrativa del Banco de España responsable del SNCE.

Las instrucciones operativas complementan estas normas en los aspectos técnicos, operativos y de normalización necesarios y exigibles para un adecuado funcionamiento del Subsistema.

Norma decimoquinta. Liquidación del Subsistema.

La liquidación del Subsistema se efectuará de conformidad con las normas establecidas en la Circular del Banco de España número 13/1992 y en sus instrucciones técnicas y operativas complementarias.

Los totales operacionales, según se definen en las instrucciones operativas de esta Norma SNCE007, deberán comunicarse por las entidades asociadas a este Subsistema, de conformidad con las normas antes citadas y con las relativas a formatos de comunicación y horarios que oportunamente serán publicadas por la Unidad Administrativa del Banco de España responsable del SNCE, mediante instrucciones del SNCE.

Entrada en vigor La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid 27 de enero de 1998.El Gobernador, Luis Angel Roló Duque.

ANEJO 1 (Circular 1/1998)

Modelos de sello de declaración equivalente

A) Primer caso. Impago por importe total.

Conforme al Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, y a los efectos previstos en la Ley 19/1985 Cambiarla y del Cheque, la entidad tenedora abajo firmante, por cuenta y en nombre del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, declara que, presentado a compensación este documento en tiempo hábil, ha sido denegado su pago por la entidad domiciliataria.

. , de de 19

(ENTIDAD TENEDORA) Por poder.

B) Segundo caso.Impago por importe parcial.

Conforme al Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, y a los efectos previstos en la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, la entidad tenedora abajo firmante, por cuenta y en nombre del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, declara que, presentado a compensación este documento en tiempo hábil, ha sido denegado su pago, por importe …….., por la entidad domiciliataria.

. , de de 19

(ENTIDAD TENEDORA) Por poder.

01Ene/14

Resolución 2525/99 de la Secretaría de Comunicaciones de 21 de octubre de 1999, sobre la obligación establecida en el artículo 1 ° de la Resolución S.C. nº 18771/99, estableciendo que las obligaciones de asegurar la prestación de los diferentes servicios

VISTO la Ley nº 24848; los Decretos 1807/93, 292/95, 492/95, 1018/98 y 1520/98; las resoluciones S.C. nº 2288/98 y S.C. nº 18771/99; el expediente nº 12/98 del Registro de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION y el expediente nº 5081/99 del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES ; y

CONSIDERANDO:

Que el punto 7) de la declaración segunda del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento establece, como obligación del Estado Nacional, asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumentos de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores;

Que los Decretos nº 292/95 y 492/95 establecieron rebajas en los aportes patronales, disponiendo, además, que las empresas que brindaran servicios públicos con precios regulados debían ser autorizadas previamente por el Ente Regulador correspondiente para acceder a los beneficios de dichas disminuciones.

Que por decreto 1520/98 se dispuso, en su artículo 1 ° la disminución de las contribuciones a cargo de los empleadores sobre la nómina de salarios con destino al Sistema Único de Seguridad Social, las que quedaron fijadas en las alícuotas que, para las distintas áreas y regiones que se categorizan en el Anexo I, se detallan en los Anexos I, II y IV, según fueren los distintos períodos alcanzados con el beneficio.

Que el mencionado Decreto estableció, además, que las nuevas alícuotas indicadas en los anexos II, III y IV, serían de aplicación para las remuneraciones que se devenguen a partir del 1 de abril, 1 de agosto y 1 de diciembre de 1999, respectivamente. Que, en ese contexto, resulta necesario precisar que las reducciones de costos derivadas de la aplicación del Decreto 1520/98 son susceptibles de ser a ser afectados al financiamiento de proyectos sociales de telecomunicaciones en tanto éstos signifiquen beneficios para los usuarios y consumidores.

Que en efecto, y tal como señala la Declaración Segunda, punto 7 del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, los entes reguladores de servicios públicos privatizados tienen el deber de asegurar que las medidas impositivas que se adopten en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal que puedan implicar directa o indirectamente reducciones de costos o aumentos de los beneficios de las prestadoras resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios.

Que por medio de la presente se dispone la utilización de los fondos generados por las reducciones de aportes patronales establecidas en el Decreto 1520/98 para el financiamiento de los diferentes programas integrantes de la iniciativa presidencial «[email protected]» establecida por el Decreto 1018/98. Que puede mencionarse al Decreto nº 554/97 como antecedente directo de esta iniciativa, el que declaró como de Interés Nacional «el acceso de los habitantes de la República Argentina a la red mundial INTERNET, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia».

Que, en esta misma línea de difusión de INTERNET como una verdadera política de estado, el Gobierno Nacional estableció, mediante Decreto 1279/97 que «el servicio de INTERNET se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social» ; y que esta disposición impide toda censura previa del gobierno sobre los contenidos presentes en la red, base fundamental para la ampliación y mejoramiento continuo de su oferta a los consumidores.

Que, posteriormente, el Decreto 1018/98 creó el programa [email protected], estableciendo los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en todo el país, procurando el acceso universal a la misma en condiciones de equidad geográfica y social; 
b) Estimular el desarrollo de redes nacionales y regionales sobre la base de la infraestructura de telecomunicaciones cuya implementación se propicia; 
c) Promover el acceso universal a INTERNET y a la tecnología de la información; y d) Promover en el ámbito nacional la constitución de CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) como medio para el cumplimiento de los objetivos del presente decreto.

Que la Autoridad de Aplicación de este impulso oficial a la difusión de INTERNET y de las tecnologías de la información es la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que en el mencionado Decreto nº 554/97, se encomienda a esta Secretaría a «desarrollar un plan estratégico para la expansión de INTERNET en la República Argentina; (a) analizar la incorporación de INTERNET dentro de los parámetros de análisis y las características definitorias del servicio universal; (b) analizar y proponer alternativas de política tarifaria a los efectos de estimular y diversificar la utilización de INTERNET; y (c) fomentar el uso de INTERNET como soporte de actividades educativas, culturales, informativas, recreativas y relativas a la provisión de servicios de salud», mientras que en el Decreto 1018/98 la Secretaría es convocada a «planificar, dirigir y evaluar la ejecución» del programa [email protected].

Que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION es la responsable de planificar, dirigir y evaluar el Programa [email protected], conforme a lo dispuesto por el Artículo 2° de Decreto 1018/98 y que, en tal carácter, le fue encomendada la tarea de celebrar un convenio con la UIT mediante la disposición contenida en el Artículo 4° del Decreto mencionado.

Que, conforme a tal mandato, la Secretaría suscribió, el 18 de Septiembre de 1998, el «Acuerdo Administrativo de Cooperación Técnica nº 2/98 entre la Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina y la UIT» con el propósito de «diseñar, desarrollar e implementar» el mencionado programa, registrándolo bajo Resolución S.C. nº 2288/98 y que, posteriormente, la UIT estableció el proyecto EQT-9/ARG/98/008 destinado a materializar la letra y el espíritu del Acuerdo Administrativo, actualmente en ejecución con singular éxito.

Que, en virtud de estos antecedentes, la aplicación del Decreto 1520/98 a los programas integrantes de [email protected] es una forma de dar cumplimiento a la finalidad del Pacto establecido en el Decreto 1807/93, esto es, promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones.

Que puede concluirse que, de acuerdo a las características del sector de las telecomunicaciones, la completa transferencia de beneficios a los usuarios de los montos derivados de las reducciones de costos de las LSB originadas con motivo del dictado del Decreto 1520/98 se verifica en la aplicación de los montos de tales reducciones al programa [email protected], amén que tal transferencia implica una modalidad que contribuye en forma directa y concreta al cumplimiento del objeto del Pacto.

Que la modalidad establecida significa una medida relevante en orden a contribuir el desarrollo armónico del país y sus regiones puesto que, sin duda, la expansión homogénea de las comunicaciones telemáticas y las tecnologías de la información en el mundo actual, aparece como uno de los presupuestos indispensables para el desarrollo de un país y el incremento de las habilidades de su pueblo.

Que la Resolución S.C. nº 18771/99 estableció que los costos resultantes de la prestación de los diferentes servicios de comunicaciones inherentes a los programas de la iniciativa [email protected] serían asegurados por las LICENCIATARIAS DEL SERVICIO BASICO TELEFONICO (LSB) en función de la disminución de las contribuciones patronales establecidas por el Decreto 1520/98 o por los saldos «que resultaron de la aplicación de los Price Cap correspondientes al año 1997 y al año 1998».

Que, asimismo, la mencionada Resolución estableció en su Anexo I los costos de provisión de servicios de telecomunicaciones para cada uno de los programas de [email protected].

ue, en función de la aplicación de esta normativa, esta Secretaría ha receptado una serie de inquietudes asociadas a cuestiones procedimentales y de interpretación que es conveniente aclarar.

Que de acuerdo con su Constitución, la UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) tiene la responsabilidad, como Agencia Especializada del Sistema de Naciones Unidas y como Agencia Ejecutora, de la implementación de proyectos de cooperación técnica bajo el programa del PNUD y bajo otros medios de financiamiento.

Que es necesario señalar, asimismo, que las actividades de cooperación técnica desarrolladas por la UIT en cumplimiento de sus funciones de Agencia Ejecutora están en general orientadas a la ejecución de proyectos, los que tienen como meta lograr objetivos de desarrollo de las telecomunicaciones o de las comunidades beneficiarias de sistemas de telecomunicaciones, de manera que se contribuya al crecimiento económico, el desarrollo humano o el avance de las técnicas pedagógicas.

Que la ejecución de tales proyectos corren por cuenta del Sector de Desarrollo de la UIT, a través de su Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT/UIT).

Que los programas integrantes de la iniciativa [email protected] se encuentran plenamente comprendidos dentro de la misión y objetivos del BDT/UIT. Que por lo expuesto, es altamente recomendable que la UIT actúe como administrador de los fondos generados a través del sistema normativo de reducciones de Aportes Patronales, generado a través de los Decretos nº 1807/93, nº 292/95 y nº 1520/98, y que avalan esta decisión de la Secretaría los antecedentes de cooperación y asistencia técnica de la Unión con el gobierno argentino desde 1992.

Que los antecedentes antes mencionados, junto con la reconocida capacidad de gestión de la UIT de los proyectos de carácter social en todo el mundo, hacen de esta Agencia Especializada de las Naciones Unidas el fideicomisario adecuado para que los programas de [email protected] tengan viabilidad en el tiempo y logren modificar positivamente la vida de millones de argentinos en condiciones de desventaja económica o de desfavorable localización geográfica.

Que ha se ha expedido a este respecto el Director Ejecutivo del Programa [email protected].

Que, asimismo, la Dirección de Asuntos Legales de esta Secretaría ha tomado debida intervención. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto nº 1620/96 y el Decreto nº 1018/98.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES RESUELVE:

Artículo 1º.- Aclárase que la obligación establecida en el artículo 1 ° de la Resolución S.C. nº 18771/99, estableciendo que las obligaciones de asegurar la prestación de los diferentes servicios propios de los programas integrantes de la iniciativa presidencial [email protected] por parte de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S . A. y TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., alcanzan únicamente a aquellas bonificaciones establecidas en el Anexo I de la referida resolución.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 3 ° de la Resolución S.C. nº 18 771/99 por el siguiente: «Establécese que el costo que demanden los pagos de los servicios descriptos en el Anexo I para cada programa deberán ser imputados a las rebajas que las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico efectúen en función de la disminución de las contribuciones patronales establecidas por el Decreto nº 1520/98, en tanto y en cuanto dicha disminución siga siendo aplicable «.

Artículo 3º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución S.C. nº 18.771/99, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4º.- Establécese que para el pago de los costos descriptos en el Anexo I de la presente, correspondientes a los programas detallados en el Anexo I de la ya mencionada Resolución S.C. nº 18771/99, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB) deberán girar los montos correspondientes a un fondo especial administrado por la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), hasta los límites del financiamiento anual disponible para los costos mencionados.

Artículo 5º.- Establécese que las LSB deberán abonar el costo de los servicios descriptos en el Anexo II de la presente, correspondiente a los programas descriptos en el Anexo I de la Resolución S.C. N| 18771/99, hasta los límites del financiamiento anual disponible para estos montos.

Artículo 6º.- Instrúyese a la Dirección ejecutiva del programa [email protected] a celebrar, dentro de los diez (10) días de publicada la presente, un Acuerdo con la UIT con el objetivo y alcances establecidos en el artículo 5°.

Artículo 7º.- Los programas de [email protected] estarán sujetos a financiación por los mecanismos dispuestos en la Resolución S.C. nº 18771/99 y en la presente por el término de cuatro años o hasta el agotamiento de los fondos destinados a los mismos, lo que ocurra primero. Transcurrido este período, la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN podrá prorrogar la vigencia de estos programas siempre y cuando subsistan las fuentes de financiamiento establecidas en la mencionada Resolución.

Artículo 8º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Dr. Alejandro B. Cima Secretario de Comunicaciones- Presidencia de la Nación 

 

01Ene/14

Anexos. Primer Seminario Internacional e interdisciplinario sobre la Protección de los Datos Personales

Para los participantes de Ecomder:

Se tiene el agrado de invitarlos a participar de siguiente evento:

Miércoles 2 de julio a las 15 y jueves 3 de julio de 10 a 19.30
2/7: En Sarmiento 329, piso 11, Sede MJSyDDHH; y 3/7: en Uruguay 412, piso 5, Sede C.P.A.C.F.

Primer Seminario Internacional e Interdisciplinario sobre la «PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES»
Autoridades Institucionales: Dr. Juan Antonio Travieso (Director Nacional – DNPDP), Dr. Hugo Germano (Presidente – CPACF)
Directores Académicos: Dres. Rodolfo Daniel Uicich, Daniel Ricardo Altmark, Eduardo Molina Quiroga

Programa
MIERCOLES 2/7:

a las 15: ACTO INAUGURAL: Inauguración por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación – Palabras del Dr. Hugo Germano – Conferencia: a cargo del Dr. Michel Gentot (Francia) – Conferencia: «La Protección de los Datos Personales en la República Argentina»: Dr. Juan Antonio Travieso – Conferencia: a cargo del Dr. Raúl Sapena Brugada (Paraguay) – Conferencia: a cargo del Dr. Marcelo Bauza Reilly (Uruguay)

JUEVES 3/7:
– a las 10: Primera Sesión – Panel: «El Derecho a la Autodeterminación Informativa» – Relator: Dr. Rodolfo D. Uicich – Coordinador: Dr. Oscar Puccinelli – Panelistas: Representante de la Defensoría de la Nación, Dr. Adrián Ventura, Dra. María Angélica Gelli, Dr. Carlos A. Acquistapace – 12 hs.: Receso
– a las 14: Segunda Sesión – Panel: «La Actividad Económica y el Tratamiento de los Datos Personales» – Relator: Dr. Eduardo Molina Quiroga – Coordinador: Dr. Esteban Ruiz Martinez – Panelistas: Dr. Ramón G. Brenna, Dra. Alejandra Gils Carbó, Dr. Alberto Bueres, Dr. Carlos Regunaga, Dr. Rodolfo Lira, Dr. Bernardo Casagne
– a las 16: Tercera Sesión – Panel: «La adecuación de los Bancos de Datos a la ley 25.326» – Relator: Dr. Daniel Ricardo Altmark – Coordinador: Dr. Jorge Bekerman – Panelistas: Ing. Jorge Pintos, Dr. Horacio Granero, Representante del Hospital Italiano, Representante de la Cámara de Empresas de Informes Comerciales
– a las 18: Cuarta Sesión – Panel: «Los Bancos de Datos Públicos» – Relator: Dr. Pablo Tiscornia Gálvez – Coordinadores: Dra. Paula Rómulo, Dr. Guillermo Méndez – Panelistas: Dra. Graciela Conway, Dra. Mabel Luján, Lic. Ramiro Soria, Dr. Eliseo Devoto
– a las 19.30: ACTO DE CLAUSURA: Palabras de los Organizadores

01Ene/14

Resolución Administrativa nº 15-2011-CED-CSJLI/PJ de 9 marzo 2011, que aprueba la continuidad de labores y la reconformación de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónica (SINOE-PJ) y

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.

CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

Lima, 9 de marzo de 2011

VISTA:

La Resolución Administrativa nº 183-2009-CED-CSJLI/PJ, de echa diecisiete de julio de dos mil nueve; la Resolución Administrativa nº 12-20-10-CED-CSJLI/PJ, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Administrativa nº 183-2009-CED-CSJLI/PJ se dispuso ampliar las facultades otorgadas a la Comisión Encargadas de la Organización, Coordinación y Supervisión del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que, en adición a su labor de seguimiento, monitoreo y supervisión de la implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial (SINOE-PJ) en esta Corte Superior de Justicia, se encargue del seguimiento, monitoreo y supervisión de la implantación del Servicio de Notificación (SERNOT) en este Distrito Judicial.

Que, por Resolución Administrativa nº 12-2010-CED-CSJLIP/PJ se estableció la conformación de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) se estableció la conformación de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) y de Coordinación y Monitoreo del Servicio de Notificaciones (SERNOT) en la Corte Superior de Justicia de Lima para el año Judicial 2010; asimismo, se dispuso -entre otras cosas- que la Comisión eleve al Consejo Ejecutivo Distrital un informe mensual conteniendo los avances de su labor, así como sugerencias y propuestas destinadas a la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas en este Distrito Judicial.

Que, si bien es cierto la Resolución Administrativa nº 12-2010-CED-CSJLI/PJ estableció la conformación de la Comisión, para el año 2010, el Colegiado estima, que el trabajo encomendado a la Comisión no ha finalizado, siendo en cambio de profunda actualidad; debido a ello, estima prudente la continuidad de las labores de la citada Comisión; correspondiendo -asimismo- el reconformarla, a fin de coadyuvar al logro de sus objetivos.

Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso de sus atribuciones previstas en el numeral 19) del artículo 96º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la continuidad  de las labores de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) y de Coordinación y Monitoreo del Servicio de Notificaciones (SERNOT) en la Corte Superior de Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- RECONFORMAR la Comisión precitada, la misma que estará integrada por:

Dr. Julio Martín Wong Abad            Juez Superior, quien la Presidirá

Dra. Carolina Lizarraga Houghton    Juez Superior

Dr. Roberto Vilchez Dávila              Juez Especializado

Dra. Henry Antonio Huerta Saenz    Juez Especializado

Dra. Raquel Centeno Huamán          Juez Especializado

Dr. Alexis López Aliaga Vargas       Juez Especializado

Dr. José Luis Chipana Saavedra      Jefe de la Oficina de Administración Distrital

Dr. Elvis Espinoza Castillo               Jefe del Área de Desarrollo de la Presidencia

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo Educativo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General, Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Oficina de Administración Distrital y de los miembros de la Comisión para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE,  Presidente

LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

WILLIAM CIRO CONTRERAS CHÁVEZ    

01Ene/14

Comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

 

 

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Entidades del Mercado de Valores

 

A los Presidentes de las Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades Gestoras de Cartera , SIM y SIMCAV sin Gestora y Depositarios de Instituciones de Inversión Colectiva

 

Madrid, 20 de marzo de 2001

 

Muy Sr. mío:

 

Con objeto de agilizar la verificación y el registro de los folletos explicativos de las lIC; así como sus posteriores actualizaciones, la Orden Ministerial de Folletos, de inminente publicación, va a establecer la necesaria utilización del sistema CIFRADOC/CNMV para la remisión de dichos folletos a la CNMV.

 

Este sistema, implantado en 1998 y que viene ya utilizándose por un amplio número de Gestoras para el envío de la información de estados financieros periódicos, consiste básicamente en la remisión por vía telemática de un fichero informático a la CNMV. Para asegurar la confidencialidad de la información y la autenticidad del remitente se usa un sistema de cifrado y firma electrónica. La utilización del sistema precisa la autorización de la CNMV y la aceptación del usuario.

 

Teniendo en cuenta la obligatoria utilización de CIFRADOC/CNMV para la remisión y trámite de los Folletos a la CNMV, les rogamos encarecidamente que, si su entidad (Gestora o Depositaria) no se ha dado de alta aún en el sistema, inicie a la mayor brevedad los trámites necesarios para ello.

 

Al ser necesaria la doble firma de Gestora y Depositaria para la mayoría de los trámites ante la CNMV y por supuesto para los de Folletos, el sistema CIFRADOC/CNIVIV ha sido complementado con esta facilidad de doble firma electrónica. Por ello deberán utilizar el sistema y previamente estar autorizados, tanto la Gestora como la Depositaria. A las Gestoras que ya están autorizadas y lo utilizan regularmente, la CNMV les proporcionará la nueva versión del sistema que incorpora esta nueva facilidad de doble firma.

 

Los pasos a dar para la solicitud y autorización de CIFRADOC/CNMV son:

 

1. Remitir a la CNMV, a la atención del Director General de Sistemas de Información, por correo o por fax (número 91.585.09.16), un escrito en que se solicita el uso del sistema CIFRADOC/CNMV, indicando:

 

– Denominación y CIF de la entidad.

– Nombre, CIF y cargo de la persona facultada para firmar electrónicamente el envío (en general, la misma persona que actualmente firma los folletos).

– Nombre, CIF y cargo de, al menos, dos personas más, que actuarían como usuarios u operadores del sistema.

 

Para su comodidad, se adjuntan Modelos de solicitud para Gestora y Depositario.

 

2. La CNMV se pondrá en contacto la Entidad, con objeto de fijar una fecha para la firma del documento de aceptación, el intercambio de las claves iniciales reservadas y la entrega gratuita de los programas informáticos correspondientes.

 

3. Una vez firmado el documento e instalada la aplicación, el sistema ya podrá ser utilizado por la Entidad.

 

En la espera de que el contenido de esta carta pueda ser de utilidad, les saluda atentamente,

 

Juan Carlos Basallote

Director General

 

Solicitud de autorización para la utilización del sistema CIFRADOC/CNMV:

 

 

 

 

 

01Ene/14

Resolución Ministerial nº 181-2003-PCM de 4 de junio de 2003, crea la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI)

Lima, 4 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Peruano, acorde con el principio constitucional consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, busca promover políticas y medios que permitan el desarrollo de la persona humana;

Que, en tal sentido, constituye interés del Estado establecer políticas en materia de tecnología de la información coherentes con los fines de la Ley nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y que, asimismo, se defina la forma de incorporarlas al servicio de las personas;

Que, en ese orden de ideas resulta importante establecer los mecanismos necesarios que posibiliten el acceso de las personas a las ventajas que se derivan de la revolución de las comunicaciones y la expansión de la tecnología informática y sus consecuencias, en el marco del proceso de globalización imperante;

Que, la Sociedad de la Información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de las personas y organizaciones de la sociedad para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. La facilidad para el acceso a información originado por nuevas tecnologías de la información y comunicación, por el uso generalizado de las redes abiertas, como Internet, y de la telefonía celular, genera grandes cambios en las actividades de las personas y en diversos sectores, como son la educación, el trabajo, la administración pública, la industria y el comercio, llegando incluso a transformar las formas de las relaciones humanas y sociales;

Que, en numerosos países, la Sociedad de la Información se encuentra en un elevado nivel de desarrollo, siendo que en muchos casos este grupo de países, no sólo está conformado por los denominados países desarrollados o de primer orden, sino que también incorpora a aquellos otros países que, sin pertenecer a dicho grupo, han aprovechado y regulado de manera eficiente el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, logrando importantes mejoras en su sociedad y en su gobierno, acortando así la denominada «brecha digital», término que se utiliza para establecer la frontera con los países que se mantienen al margen del concierto de naciones impulsoras y beneficiarias de la Sociedad de la Información;

Que, el adecuado desarrollo, dirección y promoción de un Plan para crear las bases que permitan la implementación de la Sociedad de la Información generará mejoras en el comercio y la industria, incrementará la eficiencia en la prestación de los servicios públicos estatales, mejorará la generación de productividad y de beneficios empresariales lo que incidirá directamente en una mejora en la competitividad del Estado en un entorno económico caracterizado por el fenómeno de la globalización;

Que, para los fines del establecimiento de una Sociedad de la Información corresponde al Estado garantizar y mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones y asimismo, procurar una infraestructura de sistemas y de comunicaciones segura, que garantice la intimidad de las personas, el secreto de las comunicaciones, la seguridad de las transacciones por medios electrónicos, la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otros;

Que, sobre la base de una pertinente y eficiente infraestructura de sistemas y de comunicaciones, el Estado podrá realizar de mejor manera sus planes de contenido social, mejorar la participación de las personas en el acceso a la información pública y en las decisiones de gobierno, fortalecer el proceso de descentralización e instaurar una Administración moderna y eficiente orientada a la prestación de servicios en línea;

Que, en el país se vienen observando iniciativas de agentes económicos, instituciones educativas, asociaciones gremiales y profesionales, así como de diversas entidades del sector público, que han desarrollado proyectos cuya ejecución han tenido como denominador común el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación;

Que, con el propósito de coordinar, fortalecer y optimizar las diversas iniciativas y proyectos desarrollados por el sector público y privado, resulta necesario conformar una Comisión Multisectorial que elabore un Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, el mismo que deberá contener un diagnóstico de la situación actual del Perú en el contexto de la Sociedad de la Información, las acciones necesarias a ejecutar para el desarrollo de la misma y los proyectos de normas y dispositivos que coadyuven al adecuado desarrollo, implementación y promoción de la Sociedad de la Información en el Perú;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley nº 21292, Decreto Legislativo nº 560, modificado por Ley nº 27779 y el Decreto Supremo nº 083-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- De la Creación de la CODESI

Créase la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI, en adelante CODESI, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- Del Objeto y Funciones de la CODESI

La CODESI tiene como objeto elaborar un Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, el mismo que deberá contener un diagnóstico de la situación actual del Perú en el contexto de la Sociedad de la Información, las acciones necesarias a ejecutar para el desarrollo de la misma y los proyectos de normas y dispositivos que coadyuven al adecuado desarrollo, implementación y promoción de la Sociedad de la Información en el Perú.

Entre sus funciones están además, la promoción y ejecución de programas que promuevan un uso seguro de internet, de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información por parte del Estado, con la finalidad de fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información en beneficio de las personas.

Excepcionalmente, cuando el caso lo requiera, la CODESI podrá solicitar a otros organismos, instituciones, gremios y entidades en general, públicas o privadas, y a especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de su objeto. (1)

Artículo 3º.- De los Integrantes de la CODESI

La CODESI estará conformada como sigue:

– El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá;
– Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; (4)
– Un representante del Ministerio de Educación;
– Un representante del Ministerio de Agricultura; (3)
– Un representante del Ministerio de Salud; (5)
– Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; (6)
– Un representante de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; (7)
– Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC;
– Un representante del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL;
– Un representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI; (2)
– Un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI;
– Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores – ANr. (8)
«- Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores (8)(10)
– Un representante del Ministerio de la Producción (8)(9)
– Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y, (8)
– Un representante del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL» (8)

Artículo 4º.- De la Secretaría Técnica de la CODESI y sus funciones

La Secretaría Técnica de la CODESI estará a cargo del representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Entre las funciones a cargo de la Secretaría Técnica están las siguientes:

a. Convocar por encargo del Presidente de la CODESI a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
b. Preparar la agenda y los documentos que correspondan para cada sesión;
c. Redactar las actas de las sesiones y servir de depositario de ellas;
d. Brindar apoyo administrativo a la CODESI;
e. Presentar en cada reunión de la CODESI, informes sobre el avance de las labores encomendadas por ésta;
f. Presentar a la CODESI, para su aprobación, planes, proyectos técnicos, programas, proyectos de dispositivos normativos, otros trabajos realizados al interior de ésta relacionados con el tema de la Sociedad de la Información, así como trabajos recibidos por otras entidades para su consideración;
g. Solicitar, recibir, registrar, procesar y evaluar planes, programas, proyectos, dispositivos normativos, entre otros proyectos presentados a su consideración por otras entidades públicas, entidades privadas, especialistas o representantes de la sociedad civil organizada;
h. Las demás que le encomiende la CODESI.

Artículo 5º.- De la instalación de la CODESI

La instalación de la CODESI se realizará en la fecha convocada por su Presidente, lo cual deberá ocurrir dentro de los diez (10) días útiles posteriores a la fecha de publicación de la presente Resolución.

Artículo 6º.- De la designación de los integrantes de la CODESI

Los integrantes de la CODESI serán designados por Resolución del Titular de la entidad correspondiente a la que representan, en el plazo de cinco (5) días útiles, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

Artículo 7º.- De las solicitudes de apoyo a otras entidades.

La CODESI, directamente o por intermedio de su Secretaría Técnica, podrá solicitar a las entidades públicas o privadas y especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de la labor encomendada.

Artículo 8º.- Del Informe

La CODESI deberá entregar al Presidente del Consejo de Ministros el informe que contenga el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados desde la fecha de su instalación. (11)

Artículo 9º.- De los recursos y gastos de la CODESI

Los gastos que irrogue la aplicación de lo dispuesto en el presente dispositivo, deberán ser cubiertos con cargo a los presupuestos institucionales que correspondan. No se demandarán recursos adicionales del tesoro público.

La CODESI, por intermedio de la Presidencia del Consejo de Ministros podrá recibir y ser beneficiaria de recursos provenientes de la cooperación internacional a título de donaciones o recursos no reembolsables para el desarrollo y logro de sus objetivos. También le estará permitido recibir donaciones provenientes de instituciones educativas u otras instituciones similares sin fines de lucro.

Artículo 10º.- De las labores de coordinación de la CODESI

La CODESI actuará como órgano de coordinación con los órganos cuya competencia esté directa o indirectamente vinculada con las tecnologías de la información y comunicación, cualquiera sea su naturaleza.

Artículo 11º.- De la Reglamentación

La CODESI aprobará su Reglamento Interno dentro de un plazo de veinte (20) días útiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Artículo 12º.- De la Vigencia

La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE, Presidente del Consejo de Ministros

 

—————————————————————————————-

(1) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Resolución Ministerial nº 397-2003-PCM, publicada el 14-12-2003, cuyo texto es el siguiente:
» La CODESI solicitará a otros organismos, instituciones, gremios y entidades en general, públicas o privadas, y a especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de su objeto, buscando involucrar a la sociedad civil en la formulación del Plan encomendado».

(2) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Jefatural nº 185-2003-INEI, publicada el 14-06-2003, se designa a la Lic. Cherly Oré Ramírez, como representante del INEi ante la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(3) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 0528-2003-AG, publicada el 20-06-2003, se designa al señor Javier Alberto López Velarde, como representante del Ministerio de
Agricultura ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(4) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 453-2003-MTC-03, publicada el 23-06-2003, se designa al doctor Juan Antonio Pacheco Romaní, Viceministro de Comunicaciones, como representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información-CODESI.

(5) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 805-2003-SA-DM, publicada 12-07-2003, se designa al Ing. Tulio Edgardo Gálvez Escudero, como representante del Ministerio de Salud ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(6) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 333-2003-EF-10, publicada el 15-07-2003, se designa al señor Julio Molina Gárate, como representante del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(7) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 234-2003-PCM, publicada el 16-07-2003, se designa al señor Ing. Rafael Parra Erkel como representante titular y al Dr. Iván Ferrando Perea como representante alterno de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

(8) Miembros incorporados por el Artículo 2 de la Resolución Ministerial nº 397-2003-PCM, publicada el 14-12-2003.

(9) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 087-2004-PRODUCE, publicada el 06-03-2004, se designa al señor Ing. Enrique Garrido Lecca Risco, como representante titular y al señor Percy Solorzano Díaz, como representante alterno del Ministerio de la Producción.

(10) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 0165-2004-RE, publicada el 11-03-2004, se designa como Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI, a los siguientes funcionarios diplomáticos: Embajador en el Servicio Diplomático de la República, José Alberto Carrión Tejada, Director Ejecutivo de la Subsecretaría de Política Cultural Exterior, Representante Titular; y, Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la República, Carlos Amézaga Rodríguez, funcionario de la Subsecretaría de Política Cultural Exterior, Representante Alterno.

(11) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 222-2004-PCM, publicada el 23-07-2004, se amplía en sesenta (60) días útiles el plazo conferido a la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI para que haga entrega del informe que contenga el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información al Presidente del Consejo de Ministros.

01Ene/14

Recomendación 99/2, de 3 de mayo de 1999

Recomendación 99/2, sobre la protección de la intimidad en el contexto de la interceptación de las telecomunicaciones, adoptada por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el 3 de Mayo de 1999 (DG XV D 5005/99/final WP 18)

WP 18 Grupo de trabajo sobre la protección de las personas por lo que respecta al tratamiento de datos personales

Recomendación 2/99 sobre la protección de la intimidad en el contexto de la interceptación de las telecomunicaciones

Adoptada el 3 de Mayo de 1999

EL GRUPO DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS POR LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES,

Creado por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(1),

Considerando del artículo 29 y los apartados 1 y 3 del artículo 30 de la Directiva(2),

Considerando su reglamento interno, y en particular los artículos 12 y 14 de este último,

Ha adoptado la presente recomendación:

El objetivo de la recomendación consiste en recordar la aplicación de las medidas adoptadas a nivel europeo en cuanto a interceptación de las telecomunicaciones, de los principios de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y, en particular, de su intimidad y del secreto de la correspondencia.

El ámbito de aplicación de la presente recomendación contempla las interceptaciones en sentido amplio, es decir, la interceptación del contenido de las telecomunicaciones, pero también los datos correspondientes a las telecomunicaciones, y, en particular, posibles medidas preparatorias (tales como el «monitoring» y el «datamining» de los datos de tráfico) que se pudieran prever con el fin de decidir la oportunidad de la interceptación del contenido de la telecomunicación(3)

(1) Directiva de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos DO L 281 de 23.11.1995, p 31.

(2) Los tres miembros que representan respectivamente el Registertilsynet (Dinamarca), la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, Francia) y el Data Protection Register (Reino Unido), no participaron en el voto de esta recomendación, considerando que el asunto tratado no era competencia del grupo. Con todo dan su apoyo, de un modo general, en cuanto al fondo de la recomendación.

(3) Este carácter amplio del concepto de interceptación de las telecomunicaciones corresponde al ámbito de aplicación de la Resolución del Consejo del 17 de enero de 1995 relativa a la interceptación legal de las telecomunicaciones, ya citada (Capítulo A.1.), y al marco general de las disposiciones jurídicas aplicables sobre este tema (véase más adelante, Capítulo B.).

 

A. Alcance de las disposiciones adoptadas a nivel europeo en cuanto a interceptación de las comunicaciones

La recomendación se aplica así a la interceptación de las telecomunicaciones no públicas en Internet. Se presta especial atención a la problemática general del tratamiento de datos personales vinculada al desarrollo de la red Internet por el grupo de protección de las personas respecto al tratamiento de los datos personales, en el marco de trabajos realizados en paralelo por el «grupo de trabajo Internet» del grupo.

1. La Resolución del Consejo de 17 de enero de 1995 relativa a la interceptación legal de las telecomunicaciones(4) enumera las condiciones técnicas necesarias para la interceptación de las telecomunicaciones, sin abordar la cuestión de las condiciones en las que deberían tener lugar tales interceptaciones. El texto de la Resolución prevé una obligación por parte los operadores de redes o proveedores de servicios de proporcionar ya descifrados a los «servicios autorizados» los datos interceptados.

Estos datos abarcan las llamadas telefónicas, móviles o no, los correos electrónicos, los mensajes fax y télex, los flujos de datos Internet, tanto por lo que se refiere al conocimiento del contenido de las telecomunicaciones como de los datos sobre las telecomunicaciones (en particular, los datos de tráfico, pero también todas las señales emitidas por la persona supervisada – apartado 1.4.4. de la Resolución).

Los datos se refieren a la persona supervisada, a las personas que la llaman y a las personas a quienes ésta llama(5).

La Resolución prevé también que la localización geográfica de los abonados de servicios móviles constituya un dato al cual deben tener acceso los servicios autorizados (6).

Esta Resolución de 18 de enero de 1995 está actualmente siendo objeto de una revisión, uno de cuyos principales objetivos es adaptarla a las nuevas tecnologías de la comunicación. El texto en proyecto precisa en particular la aplicación de las medidas de interceptación a las telecomunicaciones por satélite(7).

2. Las reflexiones del grupo de trabajo se refieren al ámbito de aplicación de las medidas previstas por la Resolución del Consejo de 17 de enero de 1995. Una versión no publicada del documento antes citado y posterior a éste («declaración de intenciones» con fecha de 25 de octubre de 1995) prevé que los signatarios del texto puedan ponerse en contacto, por lo que se refiere a las especificaciones en cuanto a interceptación de las telecomunicaciones, con el director del «Federal Bureau of Investigation» de los Estados Unidos. El texto prevé por otro lado que, con el consentimiento de los «participantes», otros Estados puedan participar en el intercambio de información, en la revisión y en la actualización de las especificaciones.

El grupo observa, por una parte, que el estatuto jurídico de este texto – en particular su firma efectiva por los países implicados – no queda claro y que no constituye, en el sentido de la jurisprudencia citada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , una medida accesible al ciudadano al no ser objeto de publicación alguna. Por otra parte, este texto confirma la voluntad de desarrollar medidas técnicas de interceptación de las telecomunicaciones en concertación con Estados no sujetos a las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE.

(4) DO C329 de 14.11.1996.

(5) Artículo 1.4 del Anexo de la Resolución del Consejo de 17 de enero de 1995.

(6) Artículo 1.5, ibid.

(7) Documento 10951/1/98, Enfopol 98 Rev 1 (http://www.heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6332/1.htm). Parece que una versión aún más reciente ha recibido el acuerdo del grupo de trabajo sobre cooperación policial del Consejo y que se ha transmitido al Parlamento Europeo para que éste pueda adoptarlo o modificarlo. Se prevé al parecer que el Consejo adopte la nueva Resolución los días 27-28 de mayo de 1999 (véase «Datenschutz- Berater», 15.02.99, p 5, que hace referencia a una versión no pública de 20.01.99). La comisión jurídica del Parlamento europeo recomendó a la comisión sobre libertades públicas (coordinador) rechazar el proyecto de revisión de la recomendación del Consejo tal como se propone en ENFOPOL 98, entre otras cosas por razones de protección de la intimidad y por la entrada en vigor inminente del Tratado de Amsterdam (véase informe Florio). La comisión de libertades públicas no siguió este dictamen y propondrá al Pleno que apruebe ENFOPOL 98 sobre la base del informe Schmid. El Parlamento Europeo debería tomar una decisión a principios de mayo.

3. El grupo constata que el texto de la Resolución del Consejo pretende resolver cuestiones técnicas relativas a las modalidades de interceptación de las comunicaciones, sin poner en causa las disposiciones nacionales que regulan las escuchas desde el punto de vista jurídico. Resulta, sin embargo, que algunas medidas previstas por la Resolución y destinadas a ampliar las posibilidades de interceptación de las comunicaciones están en contradicción con las disposiciones nacionales, más protectoras, de ciertos países de la Unión Europea (en particular: apartado 1.4, comunicación de los datos correspondientes a las llamadas, incluidas las llamadas de los usuarios móviles, sin tomar en consideración los servicios anónimos y pagados por adelantado actualmente disponibles; apartado 1.5, localización geográfica de los usuarios móviles; apartado 5.1, prohibición a los operadores de revelar a posteriori las interceptaciones realizadas).

4. Si bien la Resolución del Consejo se inscribe en un objetivo «de protección de los intereses nacionales, de seguridad nacional e investigación de crímenes graves», el grupo desea llamar la atención sobre los riesgos de deriva por lo que respecta a los objetivos de las escuchas, riesgos que se verían aumentados por una extensión a un número creciente de países – exteriores algunos a la Unión Europea – de las técnicas de interceptación y descifrado de las telecomunicaciones.

Una resolución oficial del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1998 sobre las relaciones transatlánticas(8), «considera que la importancia creciente de la red Internet, de las telecomunicaciones a escala mundial, en general, pero sobre todo del sistema ECHELON, así como los riesgos de su utilización abusiva, exigen la adopción de medidas de protección de las informaciones económicas y de un cifrado eficaz.»

Estas consideraciones ponen de relieve los riesgos vinculados a una interceptación de las telecomunicaciones que sobrepase el marco estricto de las cuestiones de seguridad nacional – e incluso el marco del «tercer pilar» de la Unión Europea. Plantean asimismo la cuestión de su legitimidad, en particular, a la luz de las obligaciones que se derivan de los textos de derecho comunitario en cuanto a protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y, en particular, de su intimidad.

5. El grupo destaca finalmente que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam implicará un cambio de base jurídica a nivel europeo por lo que se refiere a las medidas de interceptación de las telecomunicaciones. La competencia actual del Consejo para elaborar el texto de la Resolución, basada en el apartado 9 del artículo K.1 y en el apartado 2 del artículo K.3 del Tratado relativos a la cooperación policial y judicial, se convertirá en una competencia de iniciativa de la Comisión Europea sobre la base del apartado 2 del nuevo artículo K.6.

(8) Sesión plenaria, parte II, B4-0803, 0805, 0806 y 0809/98.

B. Cuadro jurídico general

6. El grupo recuerda que cada interceptación de telecomunicación, entendida como el conocimiento de una tercera parte del contenido y/o de los datos asociados a las telecomunicaciones privadas entre dos o varios corresponsales, en particular los datos de tráfico vinculados a la utilización de los servicios de telecomunicación, constituye una violación del derecho a la intimidad de los individuos y del secreto de la correspondencia.

Sólo puede por lo tanto admitirse una interceptación si responde a tres requisitos fundamentales, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950(9), y de la interpretación reservada a esta disposición por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un fundamento jurídico, la necesidad de tal medida en una sociedad democrática y la conformidad con uno de los objetivos legítimos enumerados en el Convenio(10).

El fundamento jurídico deberá definir precisamente los límites y modalidades de su ejercicio, por medio de normas claras y detalladas, necesarias sobre todo debido al perfeccionamiento continuo de los medios técnicos utilizables(11). Este texto legal debe ser accesible al público para que el ciudadano pueda prever las consecuencias de su comportamiento(12).

En este contexto jurídico debe prohibirse la vigilancia exploratoria o general de las telecomunicaciones a gran escala(13).

7. En la Unión Europea, la Directiva 95/46/CE (14) consagra el principio de la protección del derecho a la intimidad inscrito en los sistemas jurídicos de Estados miembros. Esta Directiva precisa los principios contenidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 y en el Convenio de 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales. La Directiva 97/66/CE (15) concreta las disposiciones de esta Directiva y precisa la obligación de los Estados miembros de proteger el secreto de las comunicaciones por medio de normativas nacionales que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas a través de redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones accesibles al público.

(9) Conviene destacar que las garantías fundamentales reconocidas por el Consejo de Europa en cuanto a interceptación de las comunicaciones generan obligaciones a cargo de los Estados independientemente de las distinciones que existan en la Unión Europea en función del carácter comunitario o intergubernamental de los ámbitos abordados.

(10) El Convenio nº 108 del Consejo de Europa prevé también que sólo se tolerará una medida de injerencia cuando constituya una medida necesaria en una sociedad democrática para la protección de los intereses nacionales enumerados en el apartado 2 de su artículo 9 (se tendrá en cuenta que los intereses nacionales enumerados en el Convenio 108 y en el Convenio de Protección de Derechos Humanos no son exactamente iguales), y cuando esté estrictamente definida respecto a esta finalidad.

(11) Véanse a este respecto, más adelante, las obligaciones previstas por el artículo 4 de la recomendación n§ 4 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos personales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, respecto, en particular, a los servicios telefónicos, de 7 de febrero de 1995

(12) Sentencias Huvig y Kruslin contra Francia de 25 de abril de 1990, serie A nº 176 A y B, p 15 y s.

(13) Véanse, en particular, las sentencias Klass, de 6 de septiembre de 1978, serie A nº 28, p 23 y s, y Malone, de 2 de agosto de 1984, serie A nº 82, p 30 y s.

La sentencia Klass, así como la sentencia Leander de 25 de febrero de 1987, hacen hincapié en la necesidad de «garantías suficientes contra los abusos, ya que un sistema de vigilancia secreta destinado a proteger la seguridad nacional crea el riesgo de minar, o incluso de destruir, la democracia pretendiendo defenderla» (Sentencia Leander, serie A nº 116, p 14 y s).

El Tribunal observa en la sentencia Klass (apartados 50 y s) que la valoración de la existencia de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos depende de todas las circunstancias de la causa. Considera en la sentencia en cuestión que las medidas de vigilancia previstas por la legislación alemana no autorizan la vigilancia exploratoria o general y no infringen el artículo 8 del Convenio europeo de protección de los derechos humanos. Las garantías previstas por la ley alemana son las siguientes: sólo pueden efectuarse medidas de vigilancia cuando ciertos indicios permitan sospechar que alguien proyecta realizar, realiza o ha realizado infracciones graves; sólo pueden prescribirse si el esclarecimiento de los hechos por otros medios está llamado al fracaso o presenta considerables obstáculos; incluso en ese caso la vigilancia sólo podrá referirse a la persona del sospechoso o a las personas presuntamente en contacto con éste.

Según el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE, un Estado miembro puede adoptar medidas legislativas destinadas a limitar el alcance de determinadas obligaciones (por ejemplo acerca de la recogida de datos) y determinados derechos (por ejemplo el derecho a ser informado en caso de recogida de datos) previstos por la Directiva16. Estas excepciones se enumeran taxativamente: la limitación debe constituir una medida necesaria para proteger los intereses públicos enunciados de manera exhaustiva en las letras a) a g) de este artículo, tales como la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública o la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales.

En el apartado 1 del artículo 14, la Directiva 97/66/CE precisa también que los Estados miembros sólo pueden restringir la obligación de confidencialidad de las comunicaciones a través de redes públicas cuando tal medida constituya una medida necesaria para salvaguardar la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales.

 

C. Obligaciones de los operadores y de los proveedores de servicios de telecomunicación

 

8. Hay que hacer hincapié en el hecho de que las obligaciones de seguridad y confidencialidad de los datos a las que se somete a los operadores de telecomunicaciones, a los proveedores de servicios y a los Estados miembros, respectivamente sobre la base de los apartados 1 y 2 del artículo 17 de la Directiva 95/46 (14) y sobre la base de los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva 97/66/CE (15), constituyen el principio y no la excepción.

El grupo recuerda que estas obligaciones se imponen también de manera general a los operadores con arreglo al artículo 7 del Convenio del Consejo de Europa nº 108 para la protección de las personas respecto al tratamiento de los datos personales, de 28 de enero de 1981, y del artículo 4 de la Recomendación nº 4 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, de 7 de febrero de 1995(17), que tiene en cuenta, en particular, a los servicios telefónicos.

(14) Se deberá tener en cuenta que el artículo 3 de la Directiva 95/46/CE excluye de su ámbito de aplicación los tratamientos de datos personales en el ejercicio de actividades no incluidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, y los tratamientos cuyo objeto sea la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado relativas a ámbitos de derecho penal. La mayoría de los Estados miembros que transponen esta Directiva no han establecido sin embargo hasta ahora, en sus leyes nacionales, una distinción según la cual esta ley no se aplicaría a las materias no cubiertas por el Derecho comunitario.

Hay que añadir que, a partir del momento en que se aplica en el marco de la Directiva un tratamiento de datos (por ejemplo, la lista de las llamadas registradas para facturación por un operador), pero que en una segunda fase es objeto de un tratamiento consistente en una interceptación de estos datos, deben aplicarse las disposiciones de Derecho comunitario. La Directiva 95/46/CE prevé a este respecto una serie de garantías que deben respetarse en el marco de estas interceptaciones, y que se exponen a continuación.

(15) Directiva de 15 de diciembre de 1997 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, DO L 24 de 30 de enero de 1998, p.1.

(16) Previstos en el apartado 1 del artículo 6 – principios relativos a la calidad de los datos, en el artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11 – información a la persona en cuestión, y en los artículos 12 – derecho de acceso y 21 – publicidad de los tratamientos.

9. Estas obligaciones implican, por una parte, que los operadores de telecomunicación y los proveedores de servicios sólo pueden tratar los datos relativos al tráfico y a la facturación de las telecomunicaciones cumpliendo determinadas condiciones: a partir del principio de que los datos referentes al tráfico relativos a abonados y usuarios deben borrarse o tornarse anónimos en cuanto termina la comunicación, se deduce que las finalidades para las cuales pueden tratarse los datos, la duración de su posible conservación, así como el acceso a dichos datos están estrictamente limitados(18).

10. Por otra parte, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben adoptar las medidas necesarias con el fin de hacer técnicamente difíciles o imposibles, según el estado actual de la técnica, la interceptación de las telecomunicaciones por instancias no autorizadas por la ley.

El grupo destaca a este respecto que la aplicación de medios eficaces de interceptación de las comunicaciones con fines legítimos, utilizando precisamente las técnicas más avanzadas, no debe tener por consecuencia reducir el nivel general de confidencialidad de las comunicaciones y de protección de la intimidad de las personas.

Estas obligaciones toman un sentido particular cuando las telecomunicaciones entre personas situadas en el territorio de los Estados miembros transiten o puedan transitar por el exterior del territorio europeo, en particular en la utilización de satélites o de Internet.

11. En la medida en que sea de aplicación la Directiva 95/46/CE, el hecho de hacer accesibles tales telecomunicaciones en el exterior de la Unión Europea podría por otra parte constituir una violación de su artículo 25, dado que los organismos extranjeros que interceptan los datos no necesariamente pueden pretender garantizar un nivel adecuado de protección.

(17) «4.1. No deberían comunicarse los datos personales recogidos y tratados por los concesionarios de red o los proveedores de servicios, a menos que el abonado interesado haya dado por escrito su consentimiento claro y explícito y que la información comunicada no permita identificar a los abonados llamados.

El abonado puede retirar su consentimiento en cualquier momento pero no con efecto retroactivo.

4.2. Los datos personales recogidos y tratados por los concesionarios de red o los proveedores de servicios pueden comunicarse a las autoridades públicas si esta comunicación está prevista por la ley y constituye una medida necesaria, en una sociedad democrática:

a. para la protección de la seguridad del Estado, la seguridad pública, los intereses monetarios del Estado o la represión de las infracciones penales;

b. para la protección de la persona en cuestión y los derechos y libertades de otros.

4.3. En caso de comunicación de datos personales a autoridades públicas, el derecho interno debería

regular:

a. el ejercicio de los derechos de acceso y rectificación por parte de la persona interesada;

b. las condiciones en las cuales las autoridades públicas competentes tendrán derecho a negarse a dar información a la persona interesada o a diferirla;

c. la conservación o destrucción de estos datos.»

(18) Véanse en particular las obligaciones del artículo 6 de la Directiva 97/66/CE.

Estas obligaciones plantean algunos interrogantes en cuanto a las prácticas que se desarrollan actualmente entre los prestadores de servicios de telecomunicación y que consisten en un examen general y previo de los datos de tráfico de los suscriptores, con objeto de identificar el comportamiento sospechoso de algunos abonados – y eventualmente permitir la interceptación específica del contenido de ciertas telecomunicaciones.

 

D. Respeto de las libertades fundamentales por parte de las autoridades públicas en el ámbito de las interceptaciones

 

12. Es importante que el derecho nacional precise de manera rigurosa y tomando en cuenta todas las disposiciones previamente mencionadas:

_ las autoridades habilitadas para permitir la interceptación legal de las telecomunicaciones, los servicios autorizados para proceder a las interceptaciones y el fundamento jurídico de su intervención,

_ las finalidades según las cuales pueden tener lugar tales interceptaciones, que permitan apreciar su proporcionalidad respecto a los intereses nacionales en juego,

_ la prohibición de cualquier vigilancia exploratoria o general de las telecomunicaciones a gran escala,

_ las circunstancias y condiciones precisas (por ejemplo elementos de hecho que justifiquen la medida, duración de la medida) a las cuales están sometidas las interceptaciones, en cumplimiento del principio de especificidad al que se supedita toda injerencia en la intimidad de otros(19),

_ el respeto de este principio de especificidad, corolario de la prohibición de cualquier vigilancia exploratoria o general, que implica, por lo que se refiere concretamente a los datos de tráfico, que las autoridades públicas no pueden tener acceso a estos datos sino con carácter particular, y no de manera general y proactiva.

_ las medidas de seguridad por lo que se refiere al tratamiento y el almacenamiento de los datos, y la duración de su conservación,

_ por lo que se refiere a las personas implicadas de manera indirecta o aleatoria(20) en las escuchas, las garantías particulares referentes al tratamiento de los datos personales: en particular, los criterios que justifican la conservación de los datos, y las condiciones de la comunicación de estos datos a terceros,

_ la información a la persona supervisada, lo antes posible(21),

_ los tipos de recurso que puede ejercer la persona supervisada(22) ,

_ las modalidades de vigilancia de estos servicios por una autoridad de control independiente(23),

_ la publicidad – por ejemplo en forma de informes estadísticos regulares – de la política de interceptación de las telecomunicaciones efectivamente practicada(24),

_ las condiciones precisas en las que pueden comunicarse los datos a terceros en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales.

(19) Véase más arriba, nota 13.

(20) Los datos que aquí se contemplan se refieren a personas que no son objeto de medidas de vigilancia, pero cuyo corresponsal sí es objeto de tales medidas; por ejemplo: número de teléfono marcado por la persona supervisada y correspondiente a uno de los progenitores de este último; localización geográfica de personas en contacto por teléfono móvil con la persona objeto de escucha.

(21) La persona bajo vigilancia debería en efecto poder ser informada a partir del momento en que la información no perjudica o ya no perjudica más a la investigación.

(22) La sentencia Leander antes citada recuerda que el órgano ante el cual puede presentarse el recurso «no es necesario que sea una institución judicial strictu sensu, pero sí que sus poderes y las garantías de procedimiento de que dispone permitan apreciar la eficacia del recurso». Este recurso «debe ser un recurso lo más efectivo posible, habida cuenta de las limitaciones inherentes a todo sistema de vigilancia secreta destinado a proteger la seguridad nacional» (83 y 84).

(23) La sentencia Leander contempla el control democrático de las interceptaciones cuando precisa que «incumbe al Parlamento y a instituciones independientes [del Gobierno] velar por el buen funcionamiento del sistema» (64).

(24) Esta exigencia de publicidad, así como, en particular, la necesidad de un control de las interceptaciones por una autoridad independiente, se mencionan en el «Common position on public accountability in relation to interceptation of private communications» adoptada en Hong Kong el 15 de abril de 1998 por el grupo internacional de trabajo sobre protección de datos en el sector de las telecomunicaciones

 

Hecho en Bruselas, a 3 de Mayo de 1999

En nombre del grupo

Peter HUSTINX

Presidente

01Ene/14

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord. Vastu võetud 20.12.2007 nr 262. RT I 2007, 73, 449. jõustumine 01.01.2008. Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 11.12.2008 nr 173 (RT I 2008, 55, 312)

1. peatükk.- ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord ning riigisaladuseks oleva teabe alaliigid, teabe alaliigi salastamistase ja -tähtaeg.

§ 2. Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) salastatud teave – riigisaladus või salastatud välisteave;
2) töötlev üksus – salastatud teavet töötlev asutus, põhiseaduslik institutsioon või juriidiline isik või töötlemisloa alusel salastatud teavet töötlev füüsiline isik;
3) administratiivala – töötleva üksuse kasutuses olev selge välispiiriga ala, millele sisenenud kõik isikud ja sõidukid tuvastatakse;
4) avalik ruum – ala, mis ei ole turva- ega administratiivala;
5) salastamisandmete parandamine – õigusliku aluseta riigisaladusena töödeldava teabe salastatuse kustutamine; valel tasemel, valel õiguslikul alusel või vale tähtajaga salastatud riigisaladuse taseme, õigusliku aluse või tähtaja muutmine;
6) avatud hoiuala – turvaala, kus ei pea kasutama seifi ega lukustatavat kappi või sahtlit;
7) kuller – isik, kes edastab salastatud teabekandjat.

§ 3. Ministeeriumi kantsleri volitamine

Minister võib ministeeriumi kantslerit volitada tegema kõiki toiminguid ja otsuseid, mida minister saab käesoleva korra kohaselt teha asutuse juhina.

2. peatükk.- RIIGISALADUSE ALALIIGID

§ 4. Välissuhete riigisaladuse alaliigid

(1) Välissuhtlemisasutuse loodud rahvusvahelisi suhteid käsitleva sellise teabe ja välissuhtlemisasutuse loodud sellise teabe osas, mille avalikuks tulek kahjustaks oluliselt Eesti Vabariigi välissuhtlemist, on riigisaladuseks:
1) välissuhtlemisasutuse töötaja või esindaja rahvusvahelisel kohtumisel saadud või kohtumist käsitlev teave, mille avalikustamine võib oluliselt kahjustada riigi julgeolekut. Selline teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
2) välissuhtlemisasutuse töötaja või esindaja rahvusvahelisel kohtumisel saadud või kohtumist käsitlev teave, mille avalikustamine võib kahjustada riigi julgeolekut või oluliselt kahjustada välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel kohtumisel osalenud poolte kokkulepitud tähtpäeva või sündmuse saabumiseni, kuid mitte kauemaks kui 50 aastaks;
3) välissuhtlemisasutuse loodud teave rahvusvaheliste läbirääkimiste või kohtumiste ettevalmistamise ja läbiviimise kohta, mille avalikuks tulek enne läbirääkimiste või kohtumise toimumist võib kahjustada riigi julgeolekut või oluliselt kahjustada välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel kuni kohtumise toimumiseni või 50 aastaks, kui teabe avalikustamine pärast kohtumist või kohtumise ärajäämise korral kahjustaks riigi julgeolekut või oluliselt kahjustaks välissuhtlemist;
4) rahvusvaheliste visiitide või tseremooniate (selles punktis edaspidi 
üritus) ettevalmistamist või läbiviimist kajastav teave, välja arvatud juhul, kui selle avalikuks tulek ei kahjusta riigi julgeolekut ega kahjusta oluliselt välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel kuni ürituse toimumiseni või 50 aastaks, kui teabe avalikustamine pärast üritust või ürituse ärajäämise korral kahjustaks riigi julgeolekut või oluliselt kahjustaks välissuhtlemist;
5) rahvusvahelisel kohtumisel saadud või kohtumist kajastav välissuhtlemisasutuse loodud teave, mida kaitstakse avalikuks tuleku eest rahvusvaheliste tavade kohaselt või mille kaitsmises on kohtumisel või muul üritusel osalejate vahel kokku lepitud. Selline teave salastatakse osalejate kokkuleppel või rahvusvahelise tava kohaselt määratud tasemel ja tähtajaks, kuid mitte kõrgemal kui salajasel tasemel ja mitte kauemaks kui 50 aastaks;
6) välissuhtlemisasutuse loodud teave, mis käsitleb rahvusvahelisi suhteid, välisriiki või rahvusvahelist institutsiooni või nende esindajat, kui teabe sisu, selle edastamise viisi või allika avalikustamine kahjustaks riigi julgeolekut või kahjustaks oluliselt välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel 50 aastaks.

(2) Strateegilise kauba sisseveo, väljaveo, transiidi, sõjalise kaubaga seotud teenuse väljaveo ja strateegilise kauba lõppkasutuse kohta Välisministeeriumi juures tegutseva strateegilise kauba komisjoni kogutud ja koostatud teabe osas on riigisaladuseks:
1) strateegilise kauba komisjoni ülesannete täitmiseks kogutud teave strateegilise kauba sisseveo, väljaveo, transiidi, sõjalise kaubaga seotud teenuse väljaveo ja strateegilise kauba lõppkasutuse kohta, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;
2) strateegilise kauba komisjoni ülesannete täitmiseks strateegilise kauba sisseveo, väljaveo, transiidi, sõjalise kaubaga seotud teenuse väljaveo ja strateegilise kauba lõppkasutuse kohta koostatud teave, milles analüüsitakse strateegilise kauba levikut ja sellega seotud ohtu julgeolekule. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
3) strateegilise kauba kontrolli rahvusvahelisele kontrollsüsteemile – Wassenaari kokkuleppe osalistele – ja Euroopa Liidu tavarelvastuse töögrupile edastatav teave strateegilise kauba komisjoni poolt sõjalise kauba, välja arvatud massihävitusrelvadega seotud materjalid, rajatised ja seadmed, sisseveo- või väljaveolitsentsi, transiidiloa või lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumise kohta; samuti teave sellist keeldumist arutanud strateegilise kauba komisjoni koosolekul käsitletu kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
4) strateegilise kauba kontrolli rahvusvahelistele kontrollsüsteemidele – tuumatarnijate grupile ja Austraalia grupile – edastatav strateegilise kauba komisjoni koostatud teave massihävitusrelvadega seotud materjalide, rajatiste ja seadmete sisseveo- või väljaveolitsentsi, transiidiloa või lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumise kohta; samuti teave sellist keeldumist arutanud strateegilise kauba komisjoni koosolekul käsitletu kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks.

§ 5. Riigikaitse riigisaladuse alaliigid

(1) Sõjalise riigikaitse ettevalmistamist, juhtimist ja tegevust käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:

1) kaitseväe reservüksuse ja sõjaaja üksuse koosseisu ja varustuse koondandmeid kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või kuni mobilisatsiooni väljakuulutamiseni;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

11) kaitseväe väeüksuste tüüpsuurusi käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

2) [Kehtetu – RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

3) kaitseväe kaitsetegevuse riigi ulatuses operatiivplaneerimist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
4) kaitseväe kaitsetegevuse operatiivplaneerimist kaitseringkonna ulatuses kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;

5) kaitseväe kaitsetegevuse operatiivplaneerimist sõjaaja üksuse ulatuses kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

6) kaitseväe tegevuskava erakorralise seisukorra ajal. See teave salastatakse salajasel tasemel 20 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel erakorralise seisukorra ajal;
7) kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ning täieliku valmisoleku puhul riigi ulatuses. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
8) kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ja täieliku valmisoleku korral kaitseringkonna ulatuses. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;

9) kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ning täieliku valmisoleku korral sõjaaja üksuses. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

10) kaitseväe sõjalisel operatsioonil osalemist, selle juhtimist ja läbiviimist kajastav, üksuste kaitseks vajalik teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
11) teave kaitseväe sõjaaja struktuuri ja juhtimissüsteemi kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
12) kaitseväe sõjaaja info- ja sidesüsteemide ning nende kaitsevahendite ülesehitust kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
13) teave sõjaaja raadiosageduste kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
14) kaitseväe mereseiresüsteemide andmeedastusseadmete parameetrid ja tegevusvõime. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
15) kaitseväe sõjalaevade magnet- ja akustiliste väljade mõõtmise tulemused. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
16) sadamate sõjalise kaitse kava. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
17) kaitseväe relvastatud jõu kasutamise reeglid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;

18)  kaitseväe kaitsetegevuse operatiivjuhtimist kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(2) Mobilisatsiooni ettevalmistamist ja läbiviimist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks mobilisatsiooni riiklikusse keskregistrisse kantud andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks.

(3) Mobilisatsioonivaru käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave mobilisatsioonivaru üldkoguste kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks.

(4) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväerelvi ja lahingumoona käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväerelvade ja lahingumoona koondandmeid ja -jaotust kajastav teave, välja arvatud teave, mille avaldamine on kohustuslik välislepingu alusel. See teave salastatakse salajasel tasemel 20 aastaks;

2) [Kehtetu – RT I 2008, 55, 312– jõust. 1.01.2009]

3) mereväe relvasüsteemide taktikalised andmed, välja arvatud rannakaitse relvasüsteemide taktikalised andmed. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks.

(5) Kaitseväe radariteabe ja seiresüsteemidelt kogutud teabe osas on riigisaladuseks:
1) piirivalve radariteave ja seiresüsteemide seadmete tehnilised parameetrid ja tegevusvõime. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
2) õhuväe õhuseireradari võime parameetrid, mille avalikuks tulek võib kahjustada õhuseiret. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
3) teave radari elektroonilise sõjapidamise võime ning elektroonilise sõjapidamise olukorras rakendatavate vastumeetmete kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
4) radari andmetöötluse algoritmid, filtreeritud alad ja sihtmärgi kriteeriumid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
5) radari ja passiivse seiresüsteemi tegevusseisund ja plaanilised hooldusajad. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
6) statsionaarsete radarite paiknemise koondandmed, mille avalikuks tulek võib kahjustada õhuseire võimet, ja mobiilse radari täpne geograafiline asukoht kraadi ja minuti täpsusega. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
7) radari hoolduse ja analüüsi tulemused. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
8) teave objekti tuvastamist võimaldava krüpteeritud sekundaarradari signaali kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
9) õhuseiresüsteemi poolt kogutud ja töödeldud terviklik radariteave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 5 aastaks;
10) õhuväe passiivse õhuseiresüsteemi poolt kogutud ja selle alusel analüüsitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
11) teave õhukaitsesüsteemi paiknemise, tegevusfunktsiooni ja koodnimetuse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
12) teave õhuseire vastutus- ja jälgimisala kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
13) teave õhukaitsesüsteemi tegevusfunktsioonide kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
14) õhuseiresüsteemi tegevusseisund. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
15) passiivses seiresüsteemis kasutatavad seadmed ja nende tehnilised parameetrid. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
16) mereseirevahenditega kogutud ja analüüsitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
17) teave mereseiresüsteemi merepildi tuvastus- ja analüüsivõime kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
18) teave konkreetsetes kasutustingimustes laevadele paigutatud mereseiresüsteemide seadistuse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks.

(6) Riigikaitselisi leiutisi ja uuringuid ning nende tulemusi käsitleva teabe osas on riigisaladuseks riigikaitselisi leiutisi ja uuringuid käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel või madalamal tasemel kuni 15 aastaks.

(7) Kaitseväeluurega tegeleva kaitseväe struktuuriüksuse kogutud ja sünteesitud teabe osas on riigisaladuseks:

1) sideluure vahenditega kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave, mille põhjal on võimalik tuvastada kogumisviis. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;

2) elektroonilise luure vahenditega kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

3) varjatud jälgimise teel kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

4) käesoleva lõike punktis 3 nimetatud teave, kui selle avaldamisega kaasneks oht inimese elule või tervisele. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;

5) teave, mis kajastab riigikaitselisi ja sõjalisi ohuallikaid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 15 aastaks;

6) teave, mis kajastab välisriike, rahvusvahelisi organisatsioone, välismaiseid sõjalisi tegureid ja tegevust. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks;

7) kaitseväeluuret teostava kaitseväe struktuuriüksuse poolt koostatud ohuhinnangut käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;

8) kaitseväeluuret teostava kaitseväe struktuuriüksuse poolt julgeolekuasutuste korraldatud luure- ja vastuluureoperatsioonide käigus kogutud teave või selle alusel sünteesitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

9) välisriigi, rahvusvahelise organisatsiooni, rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsiooni või julgeolekuasutuste teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks ajaks, kui on sätestatud käesoleva lõike punktides 5 ja 6, salastatakse lähteandmete kõrgeimat taset ja pikimat tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel;

10) piltluure kaudu kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]


(8) «Kaitseväe korralduse seaduse» § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväe struktuuriüksuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe Peastaabi struktuuriüksuse koosseisu, ülesandeid ja eelarve jaotust käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) struktuuriüksuse või allüksuste struktuurid, koosseisu käsitlev teave ja ametikohtade jaotus ning paiknemine struktuuriüksustes eraldiseisvalt ja andmekoguna, välja arvatud struktuuriüksuste ülemate ametikohad ja teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
2) struktuuriüksuse või allüksuse ülesanded ja nende teenistujate tööülesanded ning tööülesandeid käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
3) struktuuriüksuse või allüksuse teenistujate koondandmed, samuti andmed kaitseväe luure värbamisstatistika ja ametikohtade komplekteerimise ning täituvuse osas. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
4) struktuuriüksuse või allüksuse eelarve kulude liigendus, eelarve täitmise aruandlus, eelarve planeering ja investeeringud, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(9) [Kehtetu – RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(10) «Kaitseväe korralduse seaduse» § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluuret teostava kaitseväe struktuuriüksusepoolt teabe kogumist kajastava teabe, kaasa arvatud kogumiseks kasutatavate meetodite, vahendite ja jälgitavaid objekte käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) struktuuriüksuse poolt teabe varjatud kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid ning neid kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
2) signaalluure ja muude tehniliste luurevahendite võimeid käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
3) signaalluure ja muude tehniliste luurevahendite võimet tagavad süsteemid või vahendid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
4) teabe kogumise alustamiseks ja lõpetamiseks tehtud otsuseid käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(11) Kaitseväeluurealast rahvusvahelist koostööd käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktides 2–4 nimetatud teavetvõi ei kahjusta riigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) teave koostöö kohta välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooniga, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetatud teavet. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;
3) rahvusvahelise koostöö käigus varjatult kogutud teave ja selle teabe vahetamist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
4) koos välisriigi politsei- või julgeolekuasutusega varjatult kogutud luure- ja vastuluure alane teave ja selle kogumist kajastav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]


(12) Kaitseväe ja Kaitseliidu militaargeograafia valdkonda käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:


1) mõõtkavas 1:50
.000 kaitsejõudude ruumiandmebaas, kolmemõõtmelised maastikumudelid, töödeldud kaugseireandmed. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]


2) kaitseväe poolt Eesti riigi territooriumi kohta koostatud strateegilise ja taktikalise tasandi maastikuanalüüsid, riigikaitseliste objektide geokoordineeritud plaanid ja kaitseväe poolt koostatud riigikaitseliste objektide kolmemõõtmelised geograafilised mudelid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
3) kaitseväe poolt välisriigi territooriumi kohta koostatud strateegilise ja taktikalise tasandi maastikuanalüüsid, riigikaitseliste objektide koordineeritud plaanid, töödeldud kaugseireandmed ja kolmemõõtmelised mudelid. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks.

§ 6. Korrakaitse riigisaladuse alaliigid

(1) Jälitusasutuste poolt jälitustegevuse käigus kogutud teabe ning teabe kogumisel kasutatud meetodeid, taktikat ja vahendeid käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) tunnistajakaitse teostamiseks jälitustegevuse käigus kogutud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
2) jälitusasutuse poolt jälitustoiminguga kogutud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks. Sellise teabe salastatus kustub selles ulatuses, mis on kantud kriminaaltoimikusse või mida tutvustatakse isikule, kelle suhtes jälitustoiming tehti, või isikule, kelle perekonna- või eraelu puutumatust jälitustoiminguga riivati;
3) jälitusasutuse poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isikult saadud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 50 aastaks;
4) Keskkriminaalpolitsei poolt koostatud organiseeritud ja muu raske kuritegevuse ohuhinnangutes ning ülevaadetes kajastuv jälitustegevuse käigus kogutud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 50 aastaks;
5) jälitustegevuses kasutatavaid meetodeid, taktikat ja vahendeid kajastav teave, välja arvatud teave, mis on tuletatav õiguspäraselt avaldatud jälitustoiminguga kogutud teabest. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
6) teave jälitusasutuse poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isiku tasu, hüvitise ja neilt tasutud maksude ning neid kajastavate dokumentide kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
7) andmed jälitusasutuse poolt teeseldud isiku või organi kohta, mis võivad paljastada tema seotust jälitusasutusega. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.

(2) Jälitusasutuste poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isiku ja variisiku kohta käivate andmete osas on riigisaladuseks andmed jälitusasutuse poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isiku ja variisiku identiteedi kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(3) Andmed jälitusasutuste politseiagendi kohta on riigisaladus. See teave salastatakse piiratud tasemel 75 aastaks. Sellise teabe salastatus kustub selles ulatuses, mis on kantud kriminaaltoimikusse. Kriminaaltoimikusse kandmata teabe salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(4) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse struktuuri, koosseisu ja ülesandeid kajastava teabe osas on riigisaladuseks Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse struktuuri, koosseisu ja selle ametikohtadel töötavaid isikuid ning nende ülesandeid kajastav teave Keskkriminaalpolitsei juhi käskkirjaga määratud ulatuses. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

(5) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse kasutuses olevat vara ja eelarve jaotust kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse poolt kasutatavate transpordivahendite kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks tunnistajakaitse kohaldamist või tunnistajakaitse struktuuriüksuse või kaitse alla võetud isiku turvalisust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
2) teave Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse poolt kasutatava vara kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks tunnistajakaitse kohaldamist või tunnistajakaitse struktuuriüksuse või kaitse alla võetud isiku turvalisust. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
3) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse eelarve kulude liigendus ja eelarve täitmise aruandlus. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.

(6) Tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamise meetodeid ja taktikat käsitleva teabe osas on riigisaladuseks tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamise meetodeid ja taktikat käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

(7) Konkreetse isiku suhtes tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamist kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) konkreetse isiku suhtes tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamist kajastav teave, välja arvatud teave, mis kajastab üksnes tunnistajakaitse alla võtmise fakti. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui tunnistajakaitse all olnud isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte vähem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates;
2) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse eelarve kulude liigendus ja eelarve täitmise aruandlus, kui selles kajastuvad konkreetse isiku suhtes rakendatavad kaitseabinõud. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui tunnistajakaitse all olnud isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte vähem kui 50 aastat dokumendi salastamisest arvates.

(8) Riiklikus kriisireguleerimisplaanis erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal tegutsemist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks riiklikus kriisireguleerimisplaanis erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal tegutsemist käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal.

(9) «Turvaseaduse» tähenduses kõrgendatud ohuga valveobjekte ja nende turvalisuse tagamise erinõudeid kajastava teabe osas on riigisaladuseks kõrge füüsilise rünnakuriskiga objektide loetelu, riskianalüüs ja kaitseplaan. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.

(10) Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi kriisireguleerimisplaanis hädaolukorra ajal tegutsemist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi kriisireguleerimisplaanis hädaolukorra ajal tegutsemist käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel hädaolukorras.

§ 7. Julgeolekuasutuste riigisaladuse alaliigid

(1) Julgeolekuasutuste rahvusvahelist koostööd kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) julgeolekuasutuse koostatud teave julgeolekualase välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktides 2–4 nimetatud teavet. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) julgeolekuasutuse julgeolekualast koostööd välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooniga kajastav teave, kui see ei hõlma käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetatud teavet. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seda teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;
3) julgeolekuasutuse rahvusvahelise koostöö käigus edastatav varjatult kogutud teave ja selle teabe vahetamist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
4) julgeolekuasutuse poolt koos välisriigi politsei- või julgeolekuasutusega varjatult kogutud teave ja selle kogumist kajastav või selle käigus vahetatav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(2) Julgeolekuasutuse kasutatava vara ja julgeolekuasutuse eelarve jaotust kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave julgeolekuasutuse kasutatava vara kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks julgeolekuasutuse ülesande täitmist või julgeolekuasutuse turvalisust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni vara kasutamise või hoone või rajatise valdamise lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui 25 aastaks;
2) teave teabe varjatult kogumiseks kasutatavate tehniliste vahendite kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks julgeolekuasutuse ülesande täitmist. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
3) julgeolekuasutuse eelarve kulude liigendus ja eelarve täitmise aruandlus. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.

(3) Hädaolukorra lahendamisel julgeolekuasutuse tegevust kajastava teabe osas on riigisaladuseks julgeolekuasutuse hädaolukorra lahendamise kava, sealhulgas kasutatavad meetodid ja taktika ning hädaolukorra lahendamisel osalevate ametnike tegevusjuhised. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel hädaolukorras.

(4) Julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel varjatult kogutud teabe ja selle kogumist kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) «Julgeolekuasutuste seaduse» alusel varjatult kogutud ja kogutav teave ning kavad ja juhised selle teabe kogumiseks. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks. Salastatus kustub, kui julgeolekuasutuse ülesannete täitmiseks on julgeolekuasutuse peadirektori otsusel vajalik teabe avalik kasutamine. Käesolevat punkti ei kohaldata elektroonilise side ettevõtja või isikuandmete töötleja seadmes automaatselt talletatavate logide kohta;
2) punktis 1 nimetatud teave, kui selle avaldamisega kaasneks oht inimese elule või tervisele või täiesti salajasel tasemel salastatud teabe kaitstusele. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;
3) punktis 1 nimetatud teabe kogumise meetodid ja taktika. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
4) signaalluure meetodeid ja allikaid kajastav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 25 aastaks;
5) «Julgeolekuasutuste seaduse» alusel teabe varjatud kogumise toimingute loetelusid sisaldav aruandlus, milles ei kajastu täiesti salajasel tasemel salastatav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
6) Vabariigi Valitsuse ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni poolt julgeolekuasutusele teabe kogumiseks antavad ülesanded. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
7) Kaitsepolitseiameti poolt «Julgeolekuasutuste seaduse» alusel teabe varjatud kogumise käigus laekunud teave toimepandud või ettevalmistatavate kuritegude kohta, mis ei ole Kaitsepolitseiameti uurimisalluvuses, juhul kui selles ei avaldu teabe allikad, kogumise taktika või käesoleva lõike punktides 2–6 nimetatud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.

(5) Julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teabe osas on riigisaladuseks:
1) julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teave, mis kajastab välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks;
2) julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teave, mis kajastab riigisiseseid või välismaiseid ohuallikaid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 15 aastaks;
3) julgeolekuasutuse poolt koostatud ohuhinnangud. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
4) ürituse või isiku julgestamise eesmärgil julgeolekuasutuse poolt koostatud ohuhinnang. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks;
5) julgeolekuasutuse analüüsitud või sünteesitud teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks ajaks, kui on sätestatud punktides 1–4, salastatakse lähteandmete kõrgeimat taset ja pikimat tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel;
6) punktide 1–5 alusel ei salastata teavet, mis koostatakse eesmärgiga avalikkuse teavitamise teel ennetada ohtu või riigi huvide kahjustamist või teavitada avalikkust julgeolekuasutuse tegevusest. Samuti ei salastata teabe seda osa, mis kantakse kriminaaltoimikusse.

(6) Julgeolekuasutuse struktuuriüksusi, koosseisu ja nende ülesandeid kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) julgeolekuasutuse struktuur, välja arvatud struktuuriüksused, mis avaldatakse vastava julgeolekuasutuse põhimääruses. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
2) julgeolekuasutuse struktuuriüksuste ja teenistujate ülesanded, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
3) julgeolekuasutuse teenistujate koondandmed ja üksnes teabe varjatud kogumisega seonduvaid tööülesandeid täitvate teenistujate koosseis. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
4) julgeolekuasutuse dokumendiregistris sisalduv teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks või kõrgemal tasemel ja pikemaks tähtajaks, kui register sisaldab vastava salastatuse taseme ja tähtajaga teavet.

(7) Andmed julgeolekuasutuse poolt salajasele koostööle kaasatud isiku ja variisiku kohta, välja arvatud § 6 lõikes 2 nimetatud teave, on riigisaladus. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(8) Andmed isiku kohta, kes «Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse» § 5 lõike 2 punktis 1 sätestatud korras on Kaitsepolitseiametile esitanud isikliku ülestunnistuse julgeoleku- või luureorgani teenistuses olemise või sellega koostöö tegemise kohta, välja arvatud juhul, kui julgeoleku- või luureorgani teenistuses olnud või sellega koostööd teinud isik on eelnimetatud teenistuse või koostööga seonduvalt pannud toime õigusrikkumise, mis Eesti Vabariigis kehtiva õiguse kohaselt on karistatav esimese astme kuriteona, või on toime pannud kuriteo inimsuse vastu või sõjakuriteo ning õigusrikkumise või kuriteo toimepanemine selle isiku poolt on kohtulikult tõendatud jõustunud kohtulahendiga või kui julgeoleku- või luureorgani teenistuses oli või tegi sellega koostööd Vabariigi President või Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või Riigikohtu liige, on riigisaladus. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks. Salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(9) Julgeolekuasutuste tegevuse koordineerimist, nende koostööd kaitseväega ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) Riigikantseleis julgeolekuasutuste töö koordineerimisega ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamisega seotud ametnike koostatud teave julgeolekualase välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse julgeolekualast koostööd välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooniga kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seda teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;
3) teave Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni ning selle alakomisjoni istungitel käsitletavate teemade kohta, välja arvatud teave, mis Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni otsusega avalikustatakse eesmärgiga avalikkuse teavitamise teel ennetada ohtu või riigi huvide kahjustamist või teavitada avalikkust julgeolekukomisjoni tegevusest. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
4) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse ja teenistujate ülesanded, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
5) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse poolt koostatud ohuhinnangud ja riigi teabehanke eelistuskava. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
6) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuurüksuse poolt julgeolekuasutuste teabe alusel analüüsitud ning koostatud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
7) teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks tähtajaks, kui on sätestatud käesoleva lõike punktides 3 ja 6, salastatakse lähteandmete kõrgeimat taset ja pikimat tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel.

(10) Julgeolekuasutuse poolt teeseldud isikute ja organite ning kasutatavate variandmete kohta käiva teabe osas on riigisaladuseks teave, millest nähtub teeseldud isikute ja organite või kasutatavate variandmete seotus julgeolekuasutusega. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

§ 8. Infrastruktuuri ja teabe kaitse riigisaladuse alaliigid

(1) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste valve-, häire-, side- ja infosüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu-, häire- või videovalvesüsteemi koondteave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete asukoha, tüübi, margi, mudeli, nendevaheliste ühenduste, samuti valvealade või -tsoonide kohta või süsteemi üldist kirjeldust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
2) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu-, häire- või videovalvesüsteemide kohta käivad analüüsid ja hinnangud, mis kajastavad süsteemide toimimist ja efektiivsust. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
3) Vabariigi Presidendi Kantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv koondteave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, milles sisalduvad andmed süsteemi kuuluvate keskseadmete asukohtade kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
4) Vabariigi Presidendi Kantselei, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu ja Kaitseressursside Ameti elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv koondteave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, milles sisalduvad andmed süsteemi kuuluvate lõppseadmete (andurite) asukoha ja tüüpide ning nendest moodustatavate valvealade ja -tsoonide kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
5) julgeolekuasutuse ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv teave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, milles sisalduvad andmed süsteemi kuuluvate lõppseadmete (andurite) asukoha ja tüüpide ning nendest moodustatavate valvealade ja -tsoonide või valveala asukoha ja oleku kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
6) Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv teave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete markide, mudelite ja teiste täpsete tehniliste näitajate kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
7) julgeolekuasutuse ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilises läbipääsu- või häiresüsteemis töödeldav teave kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
8) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- või häiresüsteemi seadistusinfo kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
9) Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste videovalvesüsteemi kohta käiv teave ühe hoone või tervikuna käideldava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete ja nende markide ning mudelite kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
10) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste videovalvesüsteemi kohta käiv koondteave hoone või tervikuna käideldava hooneosa ulatuses, mis kajastab süsteemis kasutatavate keskseadmete asukohti. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
11) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste videovalvesüsteemi seadistusinfo kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
12) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste automaatse tulekahjusignalisatsiooni kohta käiv koondinfo ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete asukoha, tüübi, margi, mudeli ja nendevaheliste ühenduste kohta ning süsteemi üldist kirjeldust. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
13) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu-, valve- ja videovalvesüsteemi ning automaatse tulekahjusignalisatsiooni kohta käiv teave, mis kajastab nende süsteemide ühendusi teiste samas hoones või hooneosas asuvate tehnosüsteemidega. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
14) Vabariigi Presidendi Kantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti, kaitseväe ja Kaitseliidu füüsiliste julgeolekumeetmete kohta käivad analüüsid ja hinnangud, mis kajastavad julgeolekumeetmete toimimist ja efektiivsust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
15) teave kaitseväes signaalluureks, õhuseireks, mereseireks, objektide turbeks ja valveks ning sõjaliseks juhtimiseks sõjaajal, eri- või erakorralises olukorras püsivalt kasutatavate raadiosageduste kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
16) teave kaitsejõudude üleriigiliste sidevõrkude ja infosüsteemide andmete loetelude kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
17) teave kaitseväe kaitseringkonna sideplaani ja sideskeemi, kommunikatsiooniplaanide ning nende andmete loetelude kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
18) kaitseväe ja Kaitseliidu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet töötlevate side- ja infosüsteemide, milles ei töödelda salastatud teavet, ülesehitust, turbemeetodeid, turbevahendeid ning spetsiaaltarkvara käsitlev teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või andmete juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppemiseni;
19) kaitseväe sõjaaja sidesüsteemide ning nende kaitsevahendite ülesehitust käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
20) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatava krüptoseadme kirjelduse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
21) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatava võtmeta krüptoseadme kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
22) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatava võtmega krüptoseadme kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
23) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatavate sidelinkide skeemide kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
24) teave õhuseiresüsteemide andmeedastusseadmete parameetrite ja tegevusvõime kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
25) teave Välisministeeriumi ja välisesinduste side- ja infosüsteemide loogilise arhitektuuri, sealhulgas võrkude kaabelduse kohta ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses. Selline teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks või kuni võrgu võõrandamiseni või kasutamise lõppemiseni;
26) Teabeameti poolt eriside korraldamiseks ning kontrollimiseks kasutatavaid meetodeid ja vahendeid kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks.

(2) Riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlussüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) kaitseministri kehtestatavad krüptomaterjalide ning nende töötlemise ja kaitse nõuded. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) kaitseministri kehtestatavad kiirgusturbe tagamise nõuded. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
3) töötlussüsteemi asukoha ruumide kiirgusturbe mõõtmise tulemused. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
4) krüptomaterjalide registris või allregistris olevad andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
5) salastatud teabe valdajale spetsiaalselt salastatud teabe töötlemiseks loodud tarkvara lähtekood. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
6) piiratud tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
7) konfidentsiaalse või kõrgema taseme salastatud teabe töötlussüsteemis teabe töötlemise tingimused ja kasutajate ülesannete jagunemine salastatud teabe töötlemisel. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
8) konfidentsiaalsel tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
9) salajasel tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
10) täiesti salajasel tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks.

(3) Lõike 2 punktides 6 ja 8–10 nimetatud salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave on teave, millest nähtuvad:
1) töötlussüsteemi seadmete kiirgusturbe mõõtmise tulemused, kui neid pole avaldanud tootja ise;
2) töötlussüsteemi tehniline kirjeldus;
3) töötlussüsteemi võrguskeem;
4) tehniline teave töötlussüsteemi teise infotöötlussüsteemiga ühendamise kohta ning teave rakendatavate turvameetmete kohta;
5) töötlussüsteemis elektrooniliste krüptovõtmete haldamise tarkvara seadistus;
6) õigusaktis sätestatud elektroonilise teabeturbe nõude täitmata jätmise kompenseerimiseks rakendatav turvameede;
7) töötlussüsteemi riskianalüüsi tulemused;
8) töötlussüsteemi jääkriskide hinnangud;
9) töötlussüsteemi haavatavuse analüüsi tulemused.

(4) «Kaitseväe korralduse seaduse» § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluure ülesannet täitva kaitseväe struktuuriüksuse või allüksuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe Peastaabi struktuuriüksuse kasutuses olevaid hooneid ja rajatisi käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave struktuuriüksuse hoonete ja erivajadusteks kohandatud ruumide kohta, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks või hoone või rajatise valduse lõppemiseni.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(5) Kaitseväe ja Kaitseliidu relva- ja lahingumoonaladusid käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave relva- või lahingumoonalao turvalisuse tagamise erinõuete kohta, välja arvatud valve- ja häiresüsteemide kohta kehtestatud nõuded. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või kuni relva- või laskemoonalao valduse lõppemiseni;
2) kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväerelvade ja lahingumoona ladude andmed kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.

(6) Teabevaldaja salastatud teabekandjate evakueerimist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks konfidentsiaalsel või kõrgemal tasemel salastatud teavet sisaldavate teabekandjate evakueerimist käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks.

(7) Teabevaldaja turvaala valve- ja häiresüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave salastatud teabe valdaja turvaalale paigaldatud signalisatsioonisüsteemi plaanide ja skeemide ning süsteemis kasutatavate ja turvaalal asuvate seadmete loetelu kohta. Kui turvaalale paigaldatud süsteem on suurema signalisatsioonisüsteemi osa, salastatakse vaid turvaalale paigaldatud seadme kohta käivad plaanid, skeemid ja loetelud. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni ruumi turvaalana kasutamise lõpetamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks.

3. peatükk.- RIIGISALADUSE SALASTATUSE KUSTUTAMINE, SALASTAMISALUSE, -TASEME JA -TÄHTAJA MUUTMINE

1. jagu Riigisaladuse salastatuse ennetähtaegne kustutamine

§ 9. Salastatuse ennetähtaegse kustutamise taotluse esitamine

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kellel puudub pädevus kustutada enda loodud riigisaladuse salastatust enne tähtaja möödumist, esitab «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 13 lõikes 4 sätestatud juhul taotluse riigisaladuse salastatuse ennetähtaegseks kustutamiseks Vabariigi Valitsusele ministri kaudu, kelle valitsemisalasse ta kuulub. Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon ei asu ühegi ministeeriumi valitsemisalas, esitab ta taotluse Vabariigi Valitsusele siseministri kaudu.

(2) Taotluses märgitakse salastatuse ennetähtaegse kustutamise vajaduse põhjendused, millisele asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile on see teave edastatud ja kas teave oleks pärast kustutamist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Taotlusele lisatakse selle kohta esitatud vastuväited. «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 13 lõikes 2 nimetatud teabe korral lisatakse taotlusele ka füüsilise isiku kirjalik nõusolek.

(3) Ministril on õigus suunata taotlus Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile arvamuse andmiseks.

§ 10. Taotluse kohta vastuväidete esitamine

(1) Paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud asutus või põhiseaduslik institutsioon peab enne salastatuse kustutamise taotlemist teavitama taotluse esitamise kavatsusest kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastuväidete esitamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja. Samuti teavitatakse vajaduse korral asutust ja põhiseaduslikku institutsiooni, kelle ülesandeid see teave võib puudutada.

(2) Salastatuse ennetähtaegse kustutamise kavatsuse teates märgitakse salastatuse ennetähtaegse kustutamise vajaduse põhjendused ja kas teave oleks pärast salastatuse kustutamist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab riigisaladuse salastatuse ennetähtaegsele kustutamisele vastuväited hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Minister kaalub taotluse Vabariigi Valitsusele esitamisel taotlusele esitatud vastuväiteid.

§ 11. Kustutamiseks pädeva asutuse poolt kustutamise kavatsusest teavitamine

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kes on pädev kustutama enda loodud riigisaladuse salastatust enne tähtaja möödumist, peab kustutamise kavatsusest teavitama kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja. Samuti teavitatakse vajaduse korral asutust ja põhiseaduslikku institutsiooni, kelle ülesandeid see teave võib puudutada.

(2) Kustutamise kavatsuse teates märgitakse salastatuse ennetähtaegse kustutamise põhjendused, kavandatav kustutamise kuupäev ja selgitus, kas teave oleks edaspidi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab salastatuse ennetähtaegse kustutamise kohta vastuväited käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Lõikes 1 nimetatud asutuse või põhiseadusliku institutsiooni juht kaalub salastatuse ennetähtaegse kustutamise otsustamisel asutuste ja põhiseaduslike institutsioonide vastuväiteid.

§ 12. «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutuse ja põhiseadusliku institutsiooni teavitamine salastatuse ennetähtaegsest kustutamisest

Kui §-des 10 ja 11 nimetatud teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon on kõnealuse riigisaladuse edastanud «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab ta seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni riigisaladuse ennetähtaegse kustutamise kavatsuse teate saamisest. Sel viisil teavitatud asutusel ja põhiseaduslikul institutsioonil on õigus esitada oma vastuväited samas korras, salastatuse ennetähtaegse kustutamise taotluse esitamist või ennetähtaegset kustutamist kavatseva asutuse või põhiseadusliku institutsiooni antud tähtaja jooksul.

§ 13. Ennetähtaegsest kustutamisest teavitamine

(1) Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon on kustutanud enda loodud riigisaladuse salastatuse enne tähtaja möödumist, teavitab ta sellest viivitamata kõiki töötlevaid üksusi, kes seda riigisaladust sisaldavat teabekandjat valdavad.

(2) Kui Vabariigi Valitsus kustutab riigisaladuse salastatuse enne tähtaja möödumist ministri taotluse või ministri edastatud taotluse alusel, teavitab minister salastatuse kustutamisest viivitamata kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(3) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kes on edastanud salastatud teabekandja, mille salastatus on kustutatud, «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab salastatuse kustutamisest viivitamata ka seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

2. jagu Riigisaladuse salastamistähtaja pikendamine

§ 14. Salastamistähtaja pikendamise taotlus

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kellel puudub pädevus pikendada enda loodud riigisaladuse salastamistähtaega, esitab taotluse salastamistähtaja pikendamiseks Vabariigi Valitsusele ministri kaudu, kelle valitsemisalasse ta kuulub. Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon ei asu ühegi ministeeriumi valitsemisalas, esitab ta taotluse Vabariigi Valitsusele siseministri kaudu.

(2) Riigisaladuseks oleva teabe salastamistähtaja pikendamise taotlus esitatakse Vabariigi Valitsusele võimaluse korral vähemalt kolm kuud enne salastamistähtaja lõppu.

(3) Taotluses märgitakse salastamistähtaja pikendamise vajaduse põhjendused ja millisele asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile on see teave edastatud. Taotlusele lisatakse selle kohta esitatud vastuväited.

(4) Ministril on õigus suunata taotlus Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile arvamuse andmiseks.

§ 15. Salastamistähtaja pikendamise kohta vastuväidete esitamine

(1) Paragrahvi 14 lõikes 1 nimetatud asutus või põhiseaduslik institutsioon peab enne salastamistähtaja pikendamise taotlemist teavitama taotluse esitamise kavatsusest kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja.

(2) Pikendamise kavatsuse teates märgitakse salastamistähtaja pikendamise põhjendused.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab riigisaladuse salastamistähtaja pikendamisele vastuväited käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Minister kaalub taotluse Vabariigi Valitsusele esitamisel taotlusele esitatud vastuväiteid.

§ 16. Salastamistähtaja pikendamisest teavitamine

(1) Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon on pikendanud enda loodud riigisaladuse salastamistähtaega, teavitab ta sellest viivitamata kõiki töötlevaid üksusi, kes seda riigisaladust sisaldavat teabekandjat valdavad.

(2) Kui Vabariigi Valitsus on pikendanud riigisaladuse salastamistähtaega ministri taotluse või ministri poolt edastatud taotluse alusel, teavitab minister salastatuse pikendamisest viivitamata kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(3) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kes on edastanud salastatud teabekandja, mille salastamistähtaega on pikendatud, «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab salastatuse pikendamisest viivitamata ka seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

3. jagu Salastamisandmete parandamine

§ 17. Salastamisandmete parandamise taotluse esitamine

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kelle töötajal või teenistujal puudub pädevus salastamisandmete parandamiseks, esitab «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 15 lõikes 1 sätestatud juhul taotluse salastamisandmete parandamiseks vastavalt Vabariigi Valitsusele või siseministrile selle ministri kaudu, kelle valitsemisalasse ta kuulub. Töötlemisloaga isik esitab taotluse riigisaladuse töötlemise loa saamist toetanud asutuse kaudu.

(2) Taotluses märgitakse salastamisandmete parandamise põhjendused ja selgitus, kas teave oleks edaspidi juurdepääsupiiranguta avalik või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave või millisel alusel või millise tähtajaga salastatud teave ning millistele asutustele ja põhiseaduslikele institutsioonidele on see teave edastatud. Taotlusele lisatakse selle kohta esitatud vastuväited.

(3) Ministril on õigus suunata taotlus Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile arvamuse andmiseks.

§ 18. Salastamisandmete parandamise taotluse esitamise kavatsusest teavitamine

(1) Enne salastamisandmete parandamise taotluse esitamist peab taotluse esitamise kavatsusest teavitama kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja.

(2) Salastamisandmete parandamise teates märgitakse salastamisandmete parandamise põhjendused ja selgitus, kas teave oleks edaspidi juurdepääsupiiranguta avalik või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave või millisel alusel või millise tähtajaga salastatud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab riigisaladuse salastamisandmete parandamisele vastuväited hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Salastamisandmete parandamine otsustatakse taotluse ja sellele esitatud vastuväidete alusel.

§ 19. Enda loodud riigisaladuse salastamisandmete parandamise kavatsusest teavitamine

(1) Töötlev üksus peab enne enda loodud riigisaladuse salastamisandmete parandamist sellest kavatsusest teavitama kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, andes vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja.

(2) Teates märgitakse salastamisandmete parandamise põhjendused ja selgitus, kas teave oleks edaspidi juurdepääsupiiranguta avalik või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave või millisel alusel või millise tähtajaga salastatud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab vastuväited salastamisandmete parandamisele käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Lõikes 1 nimetatud töötlev üksus kaalub salastamisandmete parandamise otsustamisel teiste asutuste ja põhiseaduslike institutsioonide vastuväiteid.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 20. «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutuse ja põhiseadusliku institutsiooni teavitamine salastamisandmete parandamise kavatsusest

Kui teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon on riigisaladuse edastanud «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või institutsioonile, teavitab ta seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni riigisaladuse salastamisandmete parandamise kavatsuse teate saamisest. Sel viisil teavitatud asutusel või põhiseaduslikul institutsioonil on õigus esitada oma vastuväited samas korras parandamise kavatsuse teate saanud asutuste ja põhiseaduslike institutsioonidega, salastamisandmete parandamisele vastuväidete esitamiseks antud tähtaja jooksul.

§ 21. Salastamisandmete parandamisest teavitamine

(1) Kui töötlev üksus parandab salastamisandmeid, teavitab ta sellest viivitamata kõiki töötlevaid üksusi, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(2) Kui salastamisandmete parandamise on otsustanud Vabariigi Valitsus taotluse alusel, teavitab taotluse esitanud ministeerium sellest kõiki töötlevaid üksusi, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(3) Kui salastamisandmeid parandatakse väärteo- või kohtuotsusega, teavitab Kaitsepolitseiamet kõiki töötlevaid üksusi, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(4) Töötlev üksus, kes on edastanud salastatud teabekandja, mille salastamisandmed on parandatud, «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab salastamisandmete muutmisest viivitamata seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

4. peatükk.- SALASTATUD TEABE KAITSE KORRALDAMISE NÕUDED

§ 22. Riigisaladust valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitse juhendile esitatavad nõuded

(1) Riigisaladust valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitse juhendis reguleeritakse järgmisi küsimusi, arvestades töötleva üksuse eripära:
1) väljastpoolt saabuvate ja väljapoole saadetavate salastatud teabekandjate vastuvõtmise ja edastamise kord;
2) salastatud teabekandjate registreerimise kord;
3) seifi võtme ja ligipääsukoodi hoiustamise kord;
4) juurdepääsuloa ja juurdepääsusertifikaadi käitlemise kord;
5) salastamisandmete parandamise kord;
6) salastatud koosolekute pidamise kord;
7) turvaala asukoht;
8) turvaala valve, turvaalale pääsemise, sellel liikumise ja sealt lahkumise kord;
9) salastatud teabe kaitse plaan ohuolukorras;
10) teavitamine isikust, kes püüab mis tahes viisil saavutada ebaseaduslikku juurdepääsu salastatud teabele, ning «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» või selle alusel antud õigusakti nõuete rikkumisest;
11) loend kõikide asutuses, põhiseaduslikus institutsioonis ja juriidilises isikus kehtivate selliste kordade, juhendite ja muude eeskirjade kohta, mis reguleerivad riigisaladuse töötlemist;
12) salastatud teabekandja hävitamise meetod ja kord;
13) administratiivala ulatus;
14) relva ning tehnilise vahendi ja muu eseme, mida saab kasutada tehnilise vahendina pealtkuulamiseks või salvestamiseks, turvaalale viimise kord;
15) sissepääsuloa või sissepääsu tagava vahendi kaotamise, kaotamiskahtluse või muu valduse kaotamisest teavitamise kord;
16) selle isiku määramine, kellele tuleb anda hoiule konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja säilitamiseks kasutatava seifi luku varuvõti ja luku kood.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatutele võib riigisaladuse kaitse juhendis sätestada näiteks:
1) töötleva üksuse piires salastatud teabekandjate vastuvõtmise ja edastamise korra (turvaala piires, administratiivala kaudu);
2) salastatud teabekandjate edastamise täpsema korra;
3) salastatud teabekandjate reprodutseerimise korra;
4) kohapealse mehitatud valve kontrollkäikude korra;
5) turvaalale iseseisva sissepääsuõigusega isikute sissepääsuloa erisused samas töötlevas üksuses töötavate isikute kohta;
6) külalise turvaalale lubamise erisused samas töötlevas üksuses töötavate isikute kohta;
7) riigisaladuse töötlussüsteemi turvanõuete rakendamise juhendi kehtestamine.

(3) Riigisaladuse kaitse juhendi osa, mis peab olema salastatud, kehtestatakse juhendi lisana või eraldi dokumendina.

§ 23. Salastatud teavet valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldava isiku või struktuuriüksuse tegevusele esitatavad nõuded

Salastatud teavet valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldav isik või struktuuriüksus peab:
1) korraldama salastatud teabe kaitset ning «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» ja selle alusel antud aktide nõuetest kinnipidamist;
2) nõustama töötajaid salastatud teabe töötlemisel;
3) korraldama juurdepääsuõigust omavate isikute koolitust salastatud teabe kaitse küsimustes, sealhulgas elektroonilise teabeturbe alal;
4) korraldama turvaala valvurite tööd ja teostama järelevalvet nende tegevuse üle, kui seda ülesannet ei ole antud teisele ametiisikule;
5) kontrollima nõusolekute, kinnituste, juurdepääsuloa ja töötlemisloa ning nende kehtivuse pikendamise taotluste ning juurdepääsuloa ja töötlemisloa taotleja ankeedi vormilist nõuetele vastavust enne edastamist;
6) pidama arvestust töötajate riigisaladusele juurdepääsu lubade ja juurdepääsusertifikaatide üle;
7) pidama arvestust salastatud teabekandjate üle;
8) pidama seifide kasutajate nimekirja;

9) edastama iga 90 päeva järel vastavalt Kaitsepolitseiametile, Kaitseväe Peastaabile või Teabeametile info juurdepääsuluba mitteomavate isikute ametisse nimetamisest ametikohale, millel on ette nähtud piiratud tasemel riigisaladusele juurdepääsu õigus, samuti sellisel ametikohal oleva isiku ametikohalt vabastamisest ning teenistusvälistele isikutele piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu lubamise otsustamisest;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

10) korraldama elektroonilise teabeturbe nõuete täitmist ja andma Teabeametile sellekohast teavet viimase nõudmisel;
11) turvanõuete rakendamise juhendi kohaselt dokumenteerima teabe töötlussüsteemide ja nende osade kohta;
12) töötama koostöös süsteemi- ja võrguhalduritega välja süsteemi turvanõuete rakendamise juhendi ning tagama selle tutvustamise ja kättesaadavuse;
13) määrama kindlaks isikud, kes omavad töötlussüsteemile või selle osale juurdepääsu õigust, ning juurdepääsuõiguse sisu ja ulatuse, kui seda ei ole määranud töötleva üksuse juht;
14) väljastama salasõnu ja muid teabele juurdepääsu andvaid füüsilisi ja elektroonilisi vahendeid ning tagama selliste vahendite perioodilise vahetamise ja nende üle arvestuse pidamise;
15) jälgima ja dokumenteerima töötlussüsteemide hooldamist ja remontimist ning nende konfiguratsiooni muutmist;

16) pidama arvestust salastatud teavet sisaldavate töötlussüsteemi osade, sealhulgas diskettide ja muude teisaldatavate salvestuskandjate ja nende kasutajate üle ning kontrollima perioodiliselt salvestuskandjate tegelikku olemasolu, sisu, hoiutingimusi ja märgistust;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

17) selgitama välja sündmuse või protsessi mittetoimumise või töötlussüsteemi volitustevastase kasutamise asjaolud;
18) teavitama viivitamatult Kaitsepolitseiametit ja vastavalt Kaitseväe Peastaapi, Teabeametit või riigi julgeoleku volitatud esindajat, kui talle on teatavaks saanud «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumine või teabe teatavaks saamine vastava taseme juurdepääsuõigust mitteomavale isikule;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

19) võtma seletusi isikutelt, kes on rikkunud «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» või selle alusel antud õigusakti nõudeid.

5. peatükk.- SALASTATUD TEABE JA SALASTATUD TEABEKANDJA TÖÖTLEMISE NÕUDED

1. jagu Turvaala

1. jaotis Turvaala üldnõuded

§ 24. Turvaala üldnõuded

(1) Turvaalal peab olema määratletud ja kaitstud välispiir, millel on võimalik kontrollida kõiki sisse- ja väljapääse, ning sisse- ja väljapääsukontrolli süsteem, mis võimaldab turvaalale iseseisvalt siseneda ainult nõutava tasemega juurdepääsuõigusega isikul.

(2) Ala turvaalana kasutamine peab olema eelnevalt kooskõlastatud vastavalt Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi või Teabeametiga.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(3) Kaitsepolitseiamet, Kaitseväe Peastaap või Teabeamet võivad teha käesolevas määruses sätestatud turvaalale esitatavates nõuetes konkreetse hoone või töötleva üksuse suhtes erandeid, kui nõuete rakendamine ei ole tehniliselt või seadusest tulenevatel põhjustel võimalik või kui turvaala nõuetekohasuse võib tagada muude meetmete abil.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(4) Turvaala üldisi nõudeid kohaldatakse ajutisele ja liikuvale turvaalale niivõrd, kuivõrd käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(5) Ala turvaalana kasutamise lõpetamisel tuleb sellest teavitada kooskõlastanud asutust 30 päeva jooksul kasutamise lõpetamisest arvates.

§ 25. Turvaala asukoht

(1) Turvaala peab asuma riigisaladust valdava töötleva üksuse otseses valduses olevates ruumides. Väljaspool töötleva üksuse otseses valduses olevat turvaala võib teavet töödelda ainult konkreetsele teabele juurdepääsuvajadust ja õigust omava töötleva üksuse turvaalal.

(2) Enne turvaala rajamise planeerimist tuleb konsulteerida kooskõlastamiseks pädeva asutuse esindajatega, et määrata turvaala parim asukoht hoones.

(3) Võimaluse korral ei rajata turvaala hoone esimesele ega viimasele korrusele.

(4) Võimaluse korral tuleb turvaala asukoht hoones valida selliselt, et akende olemasolul avaneksid need riigisaladust töötleva asutuse valduses olevale territooriumile.

(5) Riigisaladust ja salastatud teabekandjaid töötlevad isikud ja struktuuriüksused tuleb võimaluse korral paigutada asutuses lähestikku, näiteks ühte ja samasse ruumi või hoone ühte tiiba.

§ 26. Liikuv ja ajutine turvaala

(1) Erandkorras võib turvaala rajada ka liikuvatele platvormidele (edaspidi liikuv turvaala) või aladele, mis tavaliselt ei ole kasutuses turvaalana (edaspidiajutine turvaala). Liikuvaks ja ajutiseks turvaalaks võib olla näiteks sõiduk, haagis, laev, punker, konteiner, soojak, telk, ülesande täitmiseks sobiv olemasolev ehitis. Võimaluse korral tuleb ajutise turvaalana kasutada püsiehitist.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(2) Sellise turvaala kasutusele võtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada vastavalt Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi või Teabeametiga, salastatud välisteabega turvaala korral ka riigi julgeoleku volitatud esindajaga. Liikuva või ajutise turvaala kooskõlastamist taotleval asutusel tuleb kooskõlastuse saamiseks esitada kooskõlastavale asutusele kirjalik taotlus vähemalt 30 päeva enne sellise turvaala kasutusele võtmist.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(3) Kiireloomulistel asjaoludel võib lõikes 2 nimetatud tähtaega lühendada kooskõlastava asutuse nõusolekul.

(4) Liikuvale ja ajutisele turvaalale kohaldatakse võimalusel kõiki turvaala nõudeid, võimaluse puudumisel tagatakse salastatud teabe turvalisus muude meetmetega.

(5) Erandina võib eriolukorra, erakorralise seisukorra, mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal ning kaitseväe sõjalise valmisoleku suurendamise korral liikuva või ajutise turvaala luua iga riigisaladust valdava asutuse juhi suulise korralduse alusel. Suuliselt antud korraldus tuleb esimesel võimalusel ka kirjalikult jäädvustada. Asutused, kelle tegevus eeldab nimetatud olukordades liikuva või ajutise turvaala loomist, peavad kajastama sellekohase info asutuse ja teiste tasandite, näiteks maakonna ja ministeeriumi kriisiplaanides ning teavitama sellest kooskõlastavat asutust.

(6) Liikuval ja ajutisel turvaalal töödeldakse vaid konkreetse ülesande täitmiseks vajalikke salastatud teabekandjaid. Kui töötlemisvajadus on lõppenud, viiakse salastatud teabekandjad viivitamata alalisele turvaalale.

(7) Liikuva või ajutise turvaala koha valikul tuleb eelkõige arvestada ülesande tõhusat ja turvalist täitmist.

(8) Asutuse juht peab määrama isiku, kes vastutab liikuval või ajutisel turvaalal salastatud teabekandjate kaitseks rakendatavate julgeolekumeetmete eest (edaspidi vastutav isik).

(9) Kui turvaala kasutamisel ilmneb lahknevusi eelnevalt kooskõlastamisele esitatud andmetest, siis tuleb vastutaval isikul sellest kirjalikult teavitada kooskõlastavat asutust hiljemalt 30 päeva pärast muudatuse toimumist.

§ 27. Turvaala sein, lagi ja põrand

(1) Turvaala sein, lagi ja põrand peavad olema valmistatud betoonist, terasest või kivist nii, et detaile, millest sein, lagi või põrand koosneb, ei oleks võimalik väljastpoolt lihtsalt eemaldada.

(2) Kahe turvaala vaheline sein või turvaala sisesein võivad olla kergkonstruktsiooniga. Turvaala välissein, lagi või põrand võib olla kergkonstruktsiooniga, kui hoones on pidev mehitatud valve või kui neid on tugevdatud füüsiliste tõkete lisamisega või tehniliste valveseadmetega.

(3) Turvaala helipidavus peab olema selline, et seal toimuv ei kostaks ümbritsevatesse ruumidesse.

§ 28. Turvaala uks

(1) Turvaala välispiiril asuv uks (edaspidi turvaala uks) peab olema kooskõlastava asutuse hinnangul piisavalt turvaline, et valvepersonal jõuaks sissetungikatsele reageerida enne, kui sissetungija on ületanud füüsilised tõkked.

(2) Turvaala uks peab kinnituma ukselengi külge vähemalt kolme hingega, hingedepoolsel küljel peavad olema turvatapid, mis ukse sulgemisel sulguvad lengi sisse. Turvaala uksel peab olema automaatne sulgur, mis tagab ukse iseenesliku sulgumise määratud aja jooksul, ja andur, mis annab märguande, kui uks on olnud avatud üle määratud aja.

(3) Kui nõuetekohast turvaala ust ei ole võimalik paigaldada, tuleb turvaala ust valvata täiendavate valve- ja häiresüsteemiseadmetega.

(4) Turvaala uks peab olema varustatud vähemalt kahe lukuga, millest vähemalt üks peab olema automaatselt lukustuv ja vähemalt üks mehaaniline turvalukk. Turvaluku keel peab olema kaitstud.

(5) Turvaala mehaanilised ukselukud ei tohi olla avatavad sama võtmega, millega saab avada hoones asuvaid teisi mehaanilisi ukselukke. Kui seda nõuet ei ole võimalik järgida, tuleb võtmeid hoida samadel tingimustel seifivõtmetega.

§ 29. Turvaala aken

(1) Kergesti ligipääsetavas kohas, näiteks katusel, rõdul ja hoonelaiendusel asuv turvaala aken tuleb varustada sissemurdmist takistavate turvaelementidega. Vajaduse korral tuleb kasutada akna turvalisuse suurendamiseks muid füüsilisi tõkkeid või valve- ja häiresüsteemiseadmeid.

(2) Turvaala aken tuleb katta kardina või toonkilega, et väljastpoolt ei oleks võimalik jälgida turvaalal toimuvat.

§ 30. Turvaala muu avaus

Turvaalal asuv muu avaus peab olema kaitstud füüsiliste tõkete või valve- ja häiresüsteemiseadmetega, et välistada turvaalale tehniliste seadmete ebaseaduslik paigaldamine või turvaalal hoitaval salastatud teabekandjal sisalduva teabe muul viisil ohustamine.

§ 31. Avatud hoiuala

Avatud hoiuala välissein, lagi ega põrand ei tohi olla kergkonstruktsiooniga.

§ 32. Liikuva ja ajutise turvaala konstruktsiooniline kaitse

(1) Liikuval ja ajutisel turvaalal peab olema füüsilise tõkkega selgelt määratud ja kaitstud välispiire, milles on võimalik kontrollida kõiki sisse- ja väljapääse. Kooskõlastava asutuse nõudel peab muutma turvaala asukohta, tugevdama turvaala konstruktsiooni ja kasutama lisapiirdeid.

(2) Liikuva ja ajutise turvaala konstruktsioon peab tagama, et väljastpoolt oleks välistatud juurdepääs salastatud teabele või selle ohustamine.

§ 33. Evakuatsiooniplaan

(1) Turvaala kohta peab olema koostatud ohuolukorras tegutsemiseks salastatud teabekandjate evakueerimise plaan.

(2) Evakuatsiooniplaanis peavad olema kajastatud erinevad võimalikud ohuolukorrad, millal tuleb salastatud teabekandjad evakueerida või hävitada.

(3) Lõike 2 alusel määratletud iga ohuolukorra kohta tuleb ette näha, kuidas toimub evakuatsioon või hävitamine, kellel on õigus anda selleks korraldus, kes seda läbi viib, milliseid vahendeid selleks kasutatakse, kuhu evakueeritakse salastatud teabekandjad.

2. jaotis Turvaala valve nõuded

§ 34. Turvaala valve üldnõuded

(1) Turvaalal peab olema sissetungimisvastane häiresüsteem (edaspidi häiresüsteem) ja kohapealne mehitatud valve.

(2) Kohapealse mehitatud valve nõue ei kehti juhul, kui turvaala tehniline valve ja füüsilise kaitse meetmed võimaldavad mehitatud valvel reageerida sissetungikatsele enne, kui sissetungija on ületanud füüsilised tõkked.

(3) Turvaala või selle osa peab olema valve all, kui sellel ei viibita.

§ 35. Tehnilise valve süsteemi nõuded

(1) Tehnilise valve süsteem peab:
1) andma häire, kui toimub sissetung või selle katse;
2) olema selline, et mehitatud valve jõuaks reageerida enne, kui sissetungija on ületanud füüsilised tõkked;
3) võimaldama turvaala valvet eraldi sisse ja välja lülitada, sisse- ja väljalülitamist ning häire aega hiljem elektrooniliselt tuvastada. Neid toiminguid kajastavaid andmeid tuleb säilitada vähemalt üks aasta;
4) automaatselt tuvastama süsteemi rikked.

(2) Tehnilise valve süsteemi rikke korral peab süsteem andma kohe häire mehitatud valvele.

(3) Riigisaladuse kaitseks kasutatava tehnilise valve süsteemi reservtoide peab tagama süsteemi toimimise põhielektrisüsteemi tõrke korral turvaala mehitatud valve alla võtmiseni.

§ 36. Liikuva ja ajutise turvaala mehitatud valve

(1) Liikuvat või ajutist turvaala peavad kaitsma liikuvad või püsipositsioonidel relvastatud valvurid, kes jälgivad kogu kaitstavat ala. Sellest nõudest võib teha erandeid ainult kooskõlastava asutuse loal lähtuvalt turvaala asukohale antud ohuhinnangust. Turvaala valvamiseks võib kasutada nii valvemeeskonna valvureid kui ka turvaalal ööpäevaringselt töötavaid instrueeritud isikuid.

(2) Kui liikuva või ajutise turvaala pidevat mehitatust ei suudeta tagada, siis tuleb liikuvale või ajutisele turvaalale paigaldada häiresüsteem, mis edastab häiresignaali instrueeritud isikutele, s.t valvemeeskonnale või turvaala töötajatele, kes peavad jõudma turvaalale kooskõlastava asutusega kooskõlastatud reageerimisaja jooksul. Reageerimisaeg ei tohi olla pikem ajast, mis kulub sissetungijal füüsiliste tõkete ületamiseks.

§ 37. Kohapealse mehitatud valve ringkäigud

(1) Kohapealse mehitatud valve ringkäigud peavad väljaspool tööaega, puhkepäevadel ja riigipühadel toimuma eri intervalliga. Ringkäikude intervall ei tohi ületada kahte tundi, välja arvatud valvekaamerate kasutamise korral.

(2) Kohapealne mehitatud valve peab kindlaks tegema kõik turvaalal töötavad isikud ja nende tööruumid. Igal järgmisel ringkäigul tuleb üle kontrollida need ruumid, kus viimase ringkäigu ajal isikud töötasid.

(3) Järgmistel ringkäikudel peab kohapealne mehitatud valve jälgima, et juhuslikult valitud ruumide kontrollimise käigus oleksid kolme ringkäiguga üle kontrollitud kõik ruumid. Samuti peab ringkäigul kontrollima, et turvaalal ei oleks ühtegi märki sissetungijatest ning kõik ringkäigu marsruudile jäävad uksed, aknad ja muud sissepääsud turvaalale on suletud ja puutumata.

(4) Juurdepääsuõigusest ja teadmisvajaduse nõudest lähtuvalt võib töötleva üksuse juht piirata mehitatud valve sissepääsu turvaalale või selle osale.

§ 38. Kohapealse mehitatud valve õigus juurdepääsuks riigisaladusele

Turvaalal ringkäiku tegeval kohapealsel mehitatud valvel peab olema vähemalt selle taseme riigisaladusele juurdepääsu luba, mis tasemel salastatud teavet kontrollitaval turvaalal töödeldakse.

3. jaotis Isikute viibimine ja töötamine turvaalal

§ 39. Isikute viibimine turvaalal

Isikute turvaalal viibimise korraldus peab arvestama isiku riigisaladusele juurdepääsu õigust, teadmisvajadust ning tegema kindlaks isiku turvaalale sisenemise ja sealt väljumise.

§ 40. Iseseisva sissepääsuõigusega isiku pääs turvaalale

(1) Turvaalale iseseisva sissepääsuõigusega isikule antakse sissepääsuluba, millele kantakse loa number. Sissepääsuluba ei pea andma, kui turvaala koosneb ühest või kahest ruumist.

(2) Töötlev üksus peab pidama arvestust turvaalale pääsevate isikute sissepääsuõiguse, sissepääsu tagavate vahendite ja sissepääsulubade üle.

(3) Turvaalal töötav isik kannab sissepääsuluba nähtaval kohal, et oleks võimalik tuvastada tema isik. Sissepääsuloa nähtaval kohal kandmise nõue ei kehti julgeolekuasutuste puhul. Väljaspool turvaala ja administratiivala ei tohi sissepääsuluba nähtaval kohal kanda.

(4) Turvaala sisse- ja väljapääsukorraldus peab tagama iseseisva sissepääsuõigusega isikute tuvastamise sisenemisel ja väljumisel.

(5) Sissepääsuloa või sissepääsu tagava eseme kaotamise, kaotamiskahtluse või muu valduse kaotuse korral tuleb sellest viivitamata teavitada töötlevas üksuses määratud isikut, kes võtab meetmed sissepääsuloa või sissepääsu tagava eseme kasutamise takistamiseks.

§ 41. Külalise viibimine turvaalal

(1) Turvaalale võib lubada külalise töötleva üksuse riigisaladuse kaitse juhendis sätestatud korras.

(2) Külalisele antakse numbriga külastusluba, millele on märgitud sõna «KÜLALINE» ja mis võimaldab tuvastada loa saanud isiku. Külaline peab kandma külastusluba nähtaval kohal.

(3) Külastusluba ei pea väljastama, kui turvaala koosneb ühest või kahest ruumist.

(4) Külastusloa andmine ja selle tagastamine, külalise saabumise ja lahkumise aeg, külalise ees- ja perekonnanimi tuleb registreerida. Külaline tuleb identifitseerida kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

(5) Külaline võib turvaalal liikuda üksnes koos vastuvõtjaga või temale määratud saatjaga. Külalist on keelatud jätta turvaalale üksinda,

§ 42. Liikuval ja ajutisel turvalal töötamise nõuded

(1) Ajutise turvaala eest vastutav isik peab turvaala kolimise korral hüljatud turvaala üle vaatama ja veenduma, et alale ei ole jäänud salastatud teabekandjaid.

(2) Kui töö ajutisel turvaalal on lõppenud, tuleb salastatud teabekandjad toimetada asutuse alalisele turvaalale andmete võrdlemiseks ja eesmärgi täitnud materjali hävitamiseks.

(3) Ajutise turvaala olemasolevaid füüsilise julgeoleku meetmeid tuleb vajaduse korral tugevdada ka pärast seda, kui turvaala kasutamine on kooskõlastatud.

4. jaotis Salastatud teavet käsitleva koosoleku pidamise nõuded

§ 43. Koosoleku pidamise üldnõuded

Salastatud teavet käsitleva nõupidamise, koosoleku, konverentsi või muu kohtumise (edaspidi koosolek) korraldamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) salastatud teavet käsitleva koosoleku korraldaja peab tagama, et koosolekule on juurdepääs ainult isikutel, kellel on käsitletava taseme salastatud teabele juurdepääsu õigus ning teadmisvajadus;
2) koosolekuruumis toimuvat ei või olla võimalik väljastpoolt näha ega kuulda.

§ 44. Koosoleku pidamine turvaalal ja administratiivalal

(1) Koosoleku pidamiseks kasutatavad ruumid peavad asuma turvaalal.

(2) Piiratud taseme riigisaladust käsitleva koosoleku läbiviimiseks kasutatavad ruumid võivad asuda ka administratiivalal ja neile ei pea kohaldama käesolevas jaos järgnevalt sätestatud nõudeid.

§ 45. Koosolekuruumide perioodiline kontrollimine

Koosolekuruume tuleb perioodiliselt kontrollida, et vältida lubamatut audio- või videosalvestamist. Koosolekuruumis ei tohi koosoleku toimumise ajal olla ühtegi tehnilist vahendit ega eset, mis on eelnevalt kontrollimata või mida saab kasutada pealtkuulamiseks või lubamatuks salvestamiseks.

§ 46. Koosolekul tehtud märkmete registreerimine

Iga koosolekul osaleja poolt koosolekul tehtud märkmed, kokkuvõtted ja muu sellise materjali vaatab läbi ja tagastab või edastab koosoleku korraldaja osalejatele alles siis, kui riigisaladust sisaldavad märkmed on märgistatud ja registreeritud.

2. jagu Salastatud teabekandjate arvestus

§ 47. Salastatud teabekandjate registreerimise üldnõuded

Salastatud teabekandjate registreerimisel juhindutakse «Avaliku teabe seaduse» § 58 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest käesolevas määruses sätestatud erisustega.

§ 48. Dokumendi originaal

Mitmes eksemplaris loodud salastatud dokumendi originaaliks loetakse dokumendi esimest eksemplari. Muid eksemplare käsitatakse ja töödeldakse koopiatena.

§ 49. Salastatud teabekandjate register

(1) Salastatud teabekandjate registreerimiseks peavad riigisaladust valdavad asutused, põhiseaduslikud institutsioonid ja isikud sisse seadma salastatud teabekandjate registri (edaspidi register).

(2) Olenevalt salastatud teabekandjate hulgast võib sisse seada eraldi registrid täiesti salajase, salajase, konfidentsiaalse ja piiratud taseme salastatud teabekandjate registreerimiseks.

(3) Piiratud tasemel salastatud teabekandjaid võib töötleva üksuse juhi otsusega registreerida ka üldises dokumendiregistris, kui on tagatud, et salastatud teave ei saa seetõttu teatavaks kõrvalistele isikutele.

(4) Salastatud teabekandjate allregistri võib töötleva üksuse juhi otsusega sisse seada asutuse igas struktuuriüksuses.

§ 50. Nõuded registrile

(1) Salastatud teabekandjate registrit võib pidada elektrooniliselt või paberil.

(2) Registrikanne ise ei tohi võimaluse korral sisaldada salastatud teavet.

(3) Töötlev üksus peab tagama registriandmete säilimise.

§ 51. Registrisse kantav teave

(1) Salastatud teabekandjate registrisse märgitakse:
1) teabekandja identifitseerimiseks vajalikud andmed: registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, koostamise kuupäev, selle asutuse nimetus, kust teabekandja on saabunud, ja edastaja registreerimisnumber, dokumendi puhul ka pealkiri ning dokumendi koostaja ja allkirjastaja. Koopiale ei pea andma uut registreerimisnumbrit, kui märgitakse koopia järjekorranumber;
2) teabekandja liik;
3) teabekandja salastamise alus, salastatuse tase ja tähtaeg, nende muudatus ja muudatuse tegemise alus;
4) eksemplaride arv ja numbrid; eksemplaride arvu ei pea registrisse kandma piiratud ja konfidentsiaalsel tasemel salastatud teabekandja puhul;
5) teabekandja osade ja dokumendi lehtede arv. Kui dokument on vormistatud lehe mõlemale küljele, registreeritakse salastatud teabekandjate registris selle dokumendi lehtede arv, märkides juurde, et dokument on vormistatud lehe mõlemale küljele;
6) koopiate arv; koopiate arvu ei pea registrisse kandma konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel salastatud teabekandja puhul;
7) selle töötleva üksuse nimetus, kellele salastatud teabekandja või selle koopia on edastatud, ning edastamise aeg; vastuvõtja allkiri või üleandmis-vastuvõtmisakti number;
8) märge selle kohta, kui teisele töötlevale üksusele on antud luba edastada salastatud teabekandjal sisalduvat salastatud teavet kolmandale töötlevale üksusele;
9) märge hävitamise kohta.

(2) Teisaldatavate elektrooniliste salvestuskandjate kohta märgitakse salastatud teabekandjate registrisse:
1) salvestuskandja liik – näiteks kõvaketas, diskett, mälupulk;
2) registreerimisnumber;
3) registreerimise kuupäev;
4) salvestuskandjal sisalduva teabe kõrgeim salastatuse tase;
5) töötlev üksus, kellele salvestuskandja edastati, edastamise aeg.

§ 52. Salastatud teabekandjate registreerimine

(1) Salastatud teabekandja registreeritakse selle koostamise või saabumise päeval.

(2) Salastatud teabekandja registreeritakse üldjuhul üks kord. Põhiregistris registreeritud salastatud teabekandjat ei pea registreerima sama töötleva üksuse allregistris.

(3) Kui salastatud dokumentide kogum sisaldab ka salastamata teabekandjaid, võib kogumisse kuuluvad salastamata teabekandjad registreerida salastatud teabekandjate registris. Kui kogum koosneb eraldi kasutatavatest salastatud dokumentidest, võib iga kogumi osaks oleva dokumendi registreerida eraldi.

§ 53. Registripidaja

Registrisse kandeid tegeval isikul (edaspidi registripidaja) peab olema registreeritavate teabekandjate kõrgeimale salastatuse tasemele juurdepääsu õigus. Registripidaja või registripidajad ja vajaduse korral nende asendajad määrab töötleva üksuse juht.

§ 54. Tutvumisleht

(1) Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjas sisalduva teabega tutvumise kohta tehakse märge ja tutvuja annab allkirja tutvumise kohta teabekandja juures olevale tutvumislehele või teabekandjale endale.

(2) Tutvumislehti säilitatakse sama kaua kui registriandmeid.

3. jagu Salastatud teabekandja märgistamine

1. jaotis Märgistamise üldnõuded

§ 55. Riigisaladust sisaldava salastatud teabekandja märgistamine

(1) Kui märgistamine ei sea ohtu riigisaladuse salastatust, tuleb teha salastatud teabekandjale selgelt nähtav salastusmärge «täiesti salajane», «salajane», «konfidentsiaalne» või «piiratud»:
1) sõrendatud paksus kirjas, vähemalt 16-punktiste suurtähtedega trükituna või
2) punaselt sama suurusega ja samal kujul templijäljendiga, kleepsuga või muul sellisel viisil.

(2) Kui teabekandja suuruse tõttu ei ole võimalik seda märgistada, võib märgistuse kanda teabekandja külge kinnitatud sildile. Väikeste teabekandjate puhul võib põhjendatud juhtudel märgistus olla väiksem lõike 1 punktis 1 sätestatust, tingimusel et märgistus on hõlpsasti nähtav ja loetav.

(3) Riigisaladust sisaldavale salastatud teabekandjale märgitakse ka teabe salastamise alus järgmisel kujul: «Riigisaladus … alusel». Lünka tuleb märkida viide käesolevale määrusele, vastavale paragrahvile, lõikele ja punktile. Kui salastatud teabekandja on salastatud mitmel alusel, tuleb teabekandjale märkida kõik alused.

(4) Salastatud teabekandjale tuleb veel märkida teabekandja registreerimise kuupäev, number ja salastamistähtaeg.

(5) Teabekandja üldine salastatus peab vastama selle osade kõrgeimale salastatuse tasemele.

(6) Riigisaladust sisaldava teabekandja edastamisel välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile kantakse teabekandjale välislepingu nõuetele vastavad salastusmärked ning esilehele inglise keeles märge ka selle kohta, et tegemist on Eesti Vabariigi teabega.

§ 56. Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja märgistamine

Salastatud välisteavet sisaldavale teabekandjale ja selle osadele, mis sisaldavad salastatud välisteavet, kantakse salastatud välisteabe avaldaja salastatuse taseme märgistus, kui see on välislepinguga ette nähtud, ja sellele vastava taseme riigisaladuse märgistus. Teabekandja esilehe ülemisse paremasse nurka tehakse täiendav märge «salastatud välisteave» suurtähtedes ja märgitakse salastatud välisteabe avaldaja nimi, salastatuse tase ja tähtaeg, kui salastatuse tähtaeg on välisteabe avaldaja poolt määratud.

§ 57. Salastatud teabekandja koopia ja väljavõtte märgistamine

(1) Koopiale märgitakse «KOOPIA». Kui dokumendi originaalil olevad märked ei kandu reprodutseerimisel automaatselt üle koopiale, kantakse koopiale samad märked, mis on originaalil.

(2) Väljavõttele märgitakse «VÄLJAVÕTE», millisest originaaldokumendist on väljavõte tehtud ja originaali salastamismärked.

§ 58. Lisamärgistus turvameetmete ja juurdepääsuõigust omavate isikute kohta

(1) Kui teabekandja märgistatakse lisatähisega täiendavate turvameetmete või teabekandjale juurdepääsu õigust omavate isikute ringi kohta, tehakse vastav märge salastamisaluse märke juurde.

(2) Salastatud krüptomaterjalidele tehakse lisamärge «KRÜPTO».

§ 59. Pakendatud teabekandja täiendavad salastusmärked

(1) Kui salastatud teabekandjat või andmekogumit säilitatakse kokkupakituna, -rullituna, konteinerisse või karpi panduna või muul viisil nii, et pakend varjab salastusmärget, tuleb teabekandjale või pakendile teha täiendavad salastusmärked selliselt, et asjaolu, et tegemist on riigisaladust sisaldava teabekandjaga, on tuvastatav nii pakitud kui lahtipakitud teabekandja korral kui ka teabekandjat töödeldes.

(2) Teabekandja pakendamisel selle edastamiseks kohaldatakse käesoleva peatüki 7. jao sätteid.

§ 60. Märgistuse kustutamine ja muutmine

(1) Salastatuse kustumisel salastamistähtaja möödumisel kriipsutatakse salastusmärge läbi.

(2) Salastatuse ennetähtaegsel kustutamisel kriipsutatakse salastusmärge läbi ning märgitakse salastamise aluse märke juurde «Salastatus kustutatud … alusel», viidates kustutamise otsuse teinud organile, otsuse rekvisiitidele ja otsuse jõustumise ajale.

(3) Salastamistähtaja pikendamisel märgitakse salastamise aluse märke juurde «Salastamistähtaeg pikendatud … alusel», viidates pikendamise otsuse teinud organile ja otsuse rekvisiitidele, ning märgitakse uus salastamistähtaeg.

(4) Salastamisandmete parandamisel kriipsutatakse vale märgistus läbi ja selle alla märgitakse «Salastatus parandatud …» vastavalt salastamisandmete parandamise otsusele. Juurde märgitakse otsuse teinud organi nimetus ning otsuse rekvisiidid või otsuse teinud ametniku ametinimetus, nimi ja allkiri.

(5) Uus märgistus tehakse üldises korras lõigetes 2–4 nimetatu juurde.

2. jaotis Dokumendi märgistamine

§ 61. Dokumentide vormistamise üldnõuete kohaldamine

Salastatud dokumendi koostamisel ja vormistamisel juhindutakse dokumentide vormistamise üldnõuetest, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 62. Lehtede nummerdamine

Salastatud dokumendi lehed peavad olema nummerdatud alates esilehest, samuti tuleb igale dokumendi lehele märkida lehtede koguarv. Kui dokument on vormistatud lehe mõlemale küljele, tuleb nummerdada ja märkida vastavalt leheküljed.

§ 63. Dokumendi märgistamine

(1) Salastatud dokumendi esilehele tehakse üles paremale märge teabe salastamise taseme ja aluse, teabekandja registreerimise kuupäeva, numbri ning salastamistähtaja kohta. Kõikidele dokumendi lehtedele märgitakse salastusmärge lehe keskele ülemisse ja alumisse serva vastavalt lehel sisalduva teabe kõrgeimale salastatuse tasemele.

(2) Salastatud dokumendil tervikuna on tema eri osade kõrgeim riigisaladuse tase, mille kohta tehakse salastusmärge dokumendi esilehele, samuti tiitellehele, esi- ja tagakaanele, kui need on olemas.

§ 64. Dokumendi lisa märgistamine

Kui dokumendi lisa on kasutatav algdokumendita, tuleb see märgistada ja vormistada nagu eraldi dokument.

§ 65. Tekstilõikude ja illustratsioonide kaupa märgistamine

Kui teabekandja märgistatakse täiendavalt tekstilõikude ja illustratsioonide kaupa, tuleb salastatuse taseme märge teha salastatud lõigu esimese rea algusesse ja viimase rea lõppu või illustratsiooni ette ja järele. Salastatuse taseme märge kirjutatakse suurtähtedega paksus kirjas nurk- või looksulgudes. Salastatuse taseme märget võib lühendada, märkides salastatuse taseme esitähe.

§ 66. Märgistamine dokumendil oleva teabe salastatuse kustumisel ja salastamisandmete parandamisel

(1) Märge dokumendi salastatuse kustumise, ennetähtaegse kustutamise või salastamistähtaja pikendamise, samuti salastamisaluse ja -tähtaja muutmise kohta tehakse dokumendi esilehe ülemisse parempoolsesse nurka teabekandja salastamise aluse kohta tehtud märke juurde.

(2) Teistel lehtedel kriipsutatakse salastatuse kustumisel ja kustutamisel salastusmärge lehe all- ja ülaservas läbi.

§ 67. Dokumentide kogumi märgistamine

(1) Salastatud dokumentidest moodustatud kogum märgistatakse kogumis sisalduva kõrgeima taseme riigisaladuse märkega.

(2) Toimikuks liidetud või muul viisil kaante vahele kogutud kogumi puhul tehakse salastusmärge toimiku esi- ja tagakaane ülemisse ja alumisse serva.

(3) Muudel juhtudel tehakse salastusmärge kogumi esimeseks dokumendiks oleva dokumendi esimese lehe ülemisse ja alumisse serva.

(4) Kui kogumi esileht ei sisalda riigisaladust, tehakse dokumendi paremasse ülemisse nurka lisaks ka märge: «Märgistatud riigisaladusena kui kogumi esileht».

3. jaotis Muu teabekandja märgistamine

§ 68. Salastatud foto, transparendi ja slaidi märgistamine

Salastatud foto, transparendi ja slaidi märgistamiseks tehakse salastusmärge igale fotole, transparendile või slaidile.

§ 69. Heli-, filmi- ja videosalvestise märgistamine

Heli-, filmi- ja videosalvestisel peab olema märgistus nii selle pakendil kui teabekandjal ning selguma ka teabekandja sisust selle kasutamisel.

4. jaotis Elektroonilise teabe märgistamine

§ 70. Faili märgistamine

(1) Salastatud teavet sisaldava faili salastatuse tase märgitakse suurtähtedega faili nime algusesse, kui see on võimalik, ja faili metaandmetesse.

(2) Kui fail sisaldab dokumenti, siis märgistatakse lisaks failile ka failis sisalduv dokument dokumendi märgistamise nõuete kohaselt. Failis sisalduva dokumendi märgistamisel tuleb parimal võimalikul moel tagada, et salastusmärge oleks kestvalt nähtav riigisaladust sisaldava andmekogumi kuvamisel, projitseerimisel või muul viisil tajutavaks muutmisel.

§ 71. Elektrooniliste sõnumite märgistamine

(1) Elektrooniliste sõnumite salastatuse märge kantakse suurtähtedega sõnumi pealkirja ning sõnumi põhiosa algusesse ja lõppu dokumendi märgistamise nõuete kohaselt.

(2) Sõnumi pealkirja ei pea salastatuse märget kandma juhul, kui sõnumile lisatud salastatud teabekandja on krüpteeritud ja sõnumi krüpteerimata osa ega pealkiri ei sisalda riigisaladust.

4. jagu Salastatud teabekandja säilitamine

1. jaotis Säilitamistingimustele ja -vahenditele esitatavad nõuded

§ 72. Seif

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjaid tuleb säilitada koodlukuga seifis, mille murdmiskindlus vastab vähemalt standardi EVS-EN 1143-1 1. klassi nõuetele.

(2) Piiratud tasemel salastatud teabekandjat võib säilitada ka lukustatud kapis või sahtlis, mis on kaitstud kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.

(3) Seif, milles säilitatakse konfidentsiaalsel või kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat, peab paiknema turvaalal.

(4) Kui seifi kasutab mitu isikut, tuleb seif jagada füüsiliselt osadeks lähtuvalt teadmisvajaduse põhimõttest. Seifil peavad niisugusel juhul olema eraldi lukustatavad osad.

(5) Kooskõlastava asutuse loal võib salastatud teabekandjaid säilitada avatud hoiualal. Kooskõlastav asutus määrab sellel töödeldava teabe lubatud kõrgeima salastatuse taseme.

§ 73. Salastatud teabekandjate säilitamine nende kasutamise ajal

(1) Salastatud teabekandjad peavad pärast nende väljavõtmist seifist või muust säilituskohast olema pideva järelevalve all. Kui salastatud dokumente parajasti ei kasutata, tuleb neid hoida tühi lehekülg ülespoole või kinnikaetult.

(2) Ruumist lahkumisel peab salastatud teabekandja lukustama vastavalt salastatuse tasemele seifi, kappi või sahtlisse.

§ 74. Erandid üldistest säilitustingimustest

(1) Kui salastatud teabekandjate säilitamise nõudeid ei ole töötlevas üksuses võimalik täita, tuleb salastatud teabekandjad anda ajutisele hoiule riigiasutusele, kus salastatud teabekandjate säilitamise nõuded on täidetud.

(2) Kooskõlastav asutus võib lubada liikuval ja ajutisel turvaalal kasutada § 72 lõikes 1 sätestatust madalama murdvarguskindluse klassiga seife.

(3) Kooskõlastav asutus võib lubada erandjuhul kasutada salastatud teabekandjate säilitamiseks ka muid võimalusi, näiteks säilitamine pakendatuna vastuvõtva baasi või staabi turvaalal, lukustatavas metallkastis, nahktaskus või mujal.

(4) Salajasel või konfidentsiaalsel tasemel salastatud teabekandjat võib asutuse juhi loal erandjuhtudel lühiajaliselt, näiteks sobiva suurusega seifi hankimiseni, säilitada metallist dokumendikapis või sahtlis, kui hoidmispaik asub turvaalal ja on varustatud vähemalt ühe sulgemisrauaga või kolmeosalise võtmekombinatsiooniga lukuga.

2. jaotis Säilituspaiga võtmete ja lukukoodide kaitse

§ 75. Seifi lukukood

(1) Seifi lukukoodi tohib teada ainult selle seifi kasutaja.

(2) Lukukood ei tohi koosneda numbrite või tähtede reast, mida on kerge ära arvata, näiteks tähtpäevade kuupäevad, telefoninumbrid, aritmeetilised jadad.

(3) Lukukoode peab muutma:
1) kasutaja vahetumisel;
2) pärast avamist kasutaja juuresolekuta;
3) kui on põhjust arvata, et kood on saanud teatavaks kõrvalisele isikule;
4) 12 kuu möödumisel viimasest muutmisest.

§ 76. Seifi võti ja lukk

(1) Tööajal asub seifi võti selle seifi kasutaja käes.

(2) Töökohalt lahkudes tuleb seifi võti sulgeda võtmete kappi.

(3) Seifi lukud tuleb vahetada, kui on põhjust arvata, et seifi võti on sattunud kõrvalise isiku kätte.

§ 77. Võtmete kapp

(1) Võtmete kapp peab olema metallist, lukustatav ja asuma pideva valve all.

(2) Kui võtmete kappi kasutab mitu isikut, peab olema tagatud, et kasutaja saab võtta ainult talle vajaliku võtme.

§ 78. Seifi võtme varueksemplari ja lukukoodi hoidmine

(1) Seifi võtme varueksemplar ja seifi lukukood antakse pitseeritud ümbrikus riigisaladuse kaitse juhendis määratud isikule, kes hoiab neid eraldi seifis.

(2) Seifi võtit ja lukukoodi võib hoida panga seifis.

(3) Muud seifiluku koodi ülestähendused on keelatud.

§ 79. Piiratud tasemel salastatud teabekandja säilitamiseks kasutatava kapi või sahtli võti

Piiratud tasemel salastatud teabekandja säilitamiseks kasutatava kapi või sahtli võtit tuleb hoida nii, et see oleks kaitstud kõrvaliste isikute kätte sattumise eest.

5. jagu Salastatud teabekandja reprodutseerimine ja sellest väljavõtte tegemine

§ 80. Reprodutseerimise põhimõtted

(1) Töötlev üksus peab välistama salastatud teabekandja kontrollimatu reprodutseerimise ja sellest väljavõtte tegemise.

(2) Salajasel ja täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandja reprodutseerimine ja sellest väljavõtte tegemine teabekandja koostanud töötleva üksuse kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lubatud on nõusolekuta reprodutseerida salastatud teavet töötleva üksuse töötlussüsteemis kasutamiseks.

(3) Salajasel ja täiesti salajasel tasemel teabekandjat võib reprodutseerida ja sellest väljavõtte teha ainult registripidaja.

(4) Reprodutseerimise käigus reprodutseerimisvahendis jäädvustunud teavet tuleb kaitsta ebaseadusliku juurdepääsu eest.

§ 81. Reprodutseerimisseade

(1) Konfidentsiaalsel, salajasel ja täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandja reprodutseerimise seade peab asuma turvaalal ning töötlev üksus peab tagama, et nendele reprodutseerimisseadmetele ei pääse juurde kõrvalised isikud. Salastatud teabekandja reprodutseerimiseks ja väljavõtte tegemiseks tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud reprodutseerimisseadmeid.

(2) Piiratud tasemel salastatud teabekandja reprodutseerimine ja sellest väljavõtte tegemine on lubatud administratiivalal selleks ettenähtud reprodutseerimisseadmega.

6. jagu Salastatud teabekandja hävitamine

§ 82. Salastatud teabekandja hävitamise põhimõtted

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja hävitamise seade peab asuma turvaalal.

(2) Kasutuskõlbmatuks muutunud salastatud teabekandja tuleb hävitada esimesel võimalusel, välja arvatud siis, kui seda on vaja säilitada eriotstarbeks.

§ 83. Salastatud teabekandja hävitamine

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud paberkandja hävitamiseks kasutatav paberipurustaja peab paberi purustama tükkideks, mis ei tohi olla suuremad kui 2 x 15 mm.

(2) Piiratud tasemel salastatud paberkandja hävitamiseks kasutatav paberipurustaja peab paberi purustama tükkideks, mis ei tohi olla suuremad kui 4 x 40 mm.

(3) Teisaldatava salvestuskandja hävitamise seadmed tuleb kooskõlastada Teabeametiga.

(4) Lõigetes 1–3 nimetamata seadmeid võib kasutada salastatud teabekandja hävitamiseks vastavalt Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi või Teabeameti nõusolekul.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 84. Salastatud teabekandja hävitamine juriidiliste isikute poolt

(1) Eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle valduses on salastatud teave, edastavad hävitamisele kuuluva konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja, sealhulgas originaali, koopia ja väljavõtte, hävitamiseks salastatud teabekandja koostanud või juriidilise isiku juurdepääsuloa taotlemist toetanud asutusele.

(2) Kaitsepolitseiameti kirjalikul loal võib juriidiline isik hävitada lõikes 1 nimetatud salastatud teabekandja ka iseseisvalt, järgides käesolevas määruses kehtestatud nõudeid.

§ 85. Salastatud teabekandjat hävitavad füüsilised isikud

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja hävitamises peab osalema vähemalt kaks isikut, kes allkirjastavad salastatud teabekandja hävitamise akti.

(2) Hävitamises osalevatel isikutel peab olema vastaval tasemel riigisaladusele juurdepääsu õigus.

§ 86. Salastatud teabekandja hävitamise akt

(1) Salastatud teabekandja hävitamisel koostatakse salastatud teabekandja hävitamise akt.

(2) Salastatud teabekandja hävitamise aktis peavad olema märgitud:
1) salastatud teabekandjat identifitseerivad andmed;
2) teabekandja hävitanud isikute andmed;
3) hävitamismeetod.

(3) Salastatud teabekandja hävitamise akte säilitatakse turvaalal vähemalt viis aastat.

(4) Salastatud teabekandja hävitamise akti koostamata võib hävitada konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel salastatud teabekandja registreerimata koopia.

7. jagu Salastatud teabekandja edastamine

1. jaotis Salastatud teabekandja edastamise üldpõhimõtted

§ 87. Vastuvõtja õigus juurde pääseda asjakohase taseme salastatud teabele

Riigisaladuse valdaja peab enne salastatud teabekandja edastamist olema veendunud, et salastatud teabekandja vastuvõtjal on asjakohasel tasemel salastatud teabele juurdepääsu õigus.

§ 88. Salastatud teabekandja edastamise pakend

(1) Salastatud teabekandja edastamiseks tuleb salastatud teabekandja panna läbipaistmatusse topeltpakendisse.

(2) Salastatud teabekandja peab olema pakendatud turvaliselt viisil, mis võimaldab tagantjärele tuvastada pakendi avamist. Vajaduse korral peab rakendama lisameetmeid pakendi sisu kaitsmiseks õigustamata isikute juurdepääsu eest.

(3) Välispakendile märgitakse saaja töötleva üksuse nimi, pakendis sisalduvate teabekandjate registreerimise numbrid ja vajaduse korral ka aadress.

(4) Sisepakendile märgitakse adressaadiks vastuvõtva töötleva üksuse salastatud teabekandjate register, samuti selles oleva teabekandja salastamistase, registreerimisnumber ja ühikute arv.

§ 89. Edastamise korraldamine

(1) Salastatud teabekandja edastamisel lepivad teabekandja edastaja ning saaja teabekandja edastamises kokku, järgides käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

(2) Kui salastatud teabekandja edastamise kohta kehtestatud nõudeid ei ole töötleval üksusel võimalik järgida, peab ta pöörduma salastatud teabekandja edastamise korraldamiseks Kaitsepolitseiameti või Kaitseväe Peastaabi poole.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 90. Edastamisviis

(1) Salastatud teabekandja tuleb edastada viisil, mis tagab teadmisvajaduse põhimõtte arvestamise.

(2) Salastatud teabekandja edastatakse viivitamata. Salastatud teabekandja edastamiseks tuleb valida võimalikult lühike teekond ja ohutu viis.

(3) Kuller peab salastatud teabekandjat kuni üleandmiseni hoidma kogu aeg enda otseses valduses.

(4) Kui konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat ei ole võimalik kohe edastada, tagastatakse see saatja registripidajale või riigisaladuse kaitset korraldavale isikule.

(5) Piiratud tasemel salastatud teabekandjat võib edastada posti teel väljastusteatega tähtsaadetisena. Väljastusteadet säilitatakse registri juures.

§ 91. Kulleri õigus juurde pääseda salastatud teabele

Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja edastamiseks peab kulleril olema asjakohasel tasemel salastatud teabele juurdepääsu õigus.

§ 92. Salastatud teabekandja väljaviimine turvaalalt

Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja võib turvaalalt välja viia ainult töötleva üksuse juhi, registripidaja või töötleva üksuse riigisaladuse kaitse juhendis määratud muu isiku loal transportimiseks mõeldud lukustatavas kotis või kastis või pitseeritud diplomaatilise posti kotis.

§ 93. Salastatud teabekandja üleandmis-vastuvõtmisakt

(1) Salastatud teabekandja edastamise kohta koostab edastaja üleandmis-vastuvõtmisakti. Piiratud tasemel salastatud teabekandja edastamise kohta ei pea akti koostama.

(2) Üleandmis-vastuvõtmisakti peab olema märgitud:
1) teabekandja koostamise kuupäev, registreerimise number, kõrgeim salastatuse tase ning edastatavate ühikute arv. Üleandmis-vastuvõtmisakti ei tohi märkida pakendis sisalduva salastatud teabekandja pealkirja ega muud viidet teabekandja sisule;
2) adressaadiks oleva töötleva üksuse nimi ja aadress;
3) vastuvõtja nimi ja allkiri;
4) üleandja nimi ja allkiri.

(3) Vastuvõtja allkirjastab üleandmis-vastuvõtmisakti pärast edastatud pakendil ja aktis olevate kirjete võrdlemist.

(4) Üleandmis-vastuvõtmisakti säilitatakse registri juures turvaalal vähemalt viis aastat.

(5) Ühes ja samas üleandmis-vastuvõtmisaktis võib kajastada mitme salastatud teabekandja edastamist.

§ 94. Salastatud teabekandja vastuvõtja kohustused

(1) Salastatud teabekandja vastuvõtmisel kontrollitakse, kas saadetis on terviklik, kinnine ja avamisjälgedeta.

(2) Avatud saadetise või avamisjälgedega saadetise või sellise kahtluse korral peab sellest kohe teavitama registripidajat või muud riigisaladuse kaitse juhendis sätestatud isikut.

(3) Pärast välispakendi avamist tuleb sisepakend edastada viivitamata registreerimiseks registripidajale, kes edastab selle riigisaladuse kaitse juhendis sätestatud korras.

(4) Registripidaja peab kontrollima, kas teabekandjad ja neis sisalduv vastavad märgitud ühikute arvule.

2. jaotis Salastatud teabekandja edastamine ühelt turvaalalt teisele administratiivala kaudu

§ 95. Administratiivala kaudu edastavad isikud

(1) Konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel salastatud teabekandjat võib administratiivala kaudu edastada isiklikult, registripidaja või kulleriga.

(2) Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat võib ühelt turvaalalt teisele administratiivala kaudu edastada registripidaja, kes võib kasutada kullerit.

§ 96. Edastamise üldnõuete välistamine administratiivala kaudu edastamisel

Teabekandja edastamisele ühelt turvaalalt teisele ei kohaldata § 88 ja 92.

3. jaotis Salastatud teabekandja edastamine avaliku ruumi kaudu

§ 97. Edastamine kahe füüsilise isiku poolt

Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat edastavad kaks füüsilist isikut. Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi, riigi julgeoleku volitatud esindaja ja Teabeameti loal võib edastada ka üks isik.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 98. Sõiduki kasutamine avaliku ruumi kaudu edastamisel

(1) Salajasel ja kõrgemal taseme salastatud teabekandjat edastatakse üldjuhul autoga.

(2) Auto aknad hoitakse suletud ja uksed lukustatud ning autojuht peab olema edastamist korraldava töötleva üksusega töö- või teenistussuhtes.

(3) Paragrahvis 99 nimetatud isikud ei või teabekandjat edastades samal ajal juhtida autot.

§ 99. Relva kandmine avaliku ruumi kaudu edastamisel

Täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandjat edastav kuller peab kandma sõjaväe- või teenistusrelva või temaga peab olema kaasas sõjaväe- või teenistusrelva kandev isik.

4. jaotis Salastatud teabekandja edastamine välismaale, välismaal ja välismaalt

§ 100. Välismaale, välismaal ja välismaalt kulleriga edastamine

(1) Välismaale, välismaal ja välismaalt edastatakse konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja diplomaatilise või sõjalise kulleriga, kellel on asjakohasel tasemel salastatud teabele juurdepääsu õigus.

(2) Vastavalt Kaitsepolitseiamet, Kaitseväe Peastaap, riigi julgeoleku volitatud esindaja või Teabeamet võib anda kirjaliku loa lõikes 1 nimetatud teabekandjate edastamiseks diplomaatilise või sõjalise kullerita juhul, kui kulleri kasutamine tooks kaasa ebasoovitava viivituse või kui teistsuguse edastamise vajadus on tingitud objektiivsest olukorrast.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(3) Lõikes 2 nimetatud luba peab sisaldama nõudeid, mida peab saadetise edastamisel täitma, eelkõige teekonna ja edastamiseks kasutatavate transpordivahendite kohta.

§ 101. Kuller välismaale, välismaal ja välismaalt edastamisel

(1) Välismaale, välismaal ja välismaalt edastamiseks peab kulleril olema diplomaatilise kulleri tunnistus, mille väljastab Välisministeerium, või diplomaatiline puutumatus.

(2) Sõjaliste missioonide piirkonnas edastamiseks peab kulleril olema sõjalise kulleri tunnistus, mille väljastab Kaitseministeerium.

8. jagu Salastatud teabe edastamine tehnilise sidekanali kaudu

§ 102. Akrediteeritud süsteemi kasutamine

Salastatud teabe edastamine tehnilise sidekanali kaudu on lubatud ainult juhul, kui kasutatakse asjakohasel tasemel teabe edastamiseks akrediteeritud süsteemi.

§ 103. Hädaolukorras tehniliste sidekanalite kaudu edastamine

(1) Asjakohasel tasemel salastatud teabe edastamiseks akrediteerimata süsteemi kasutades võib salastatud teavet, välja arvatud täiesti salajasel tasemel teave, edastada ainult hädaolukorras ja salastatud teavet valdava töötleva üksuse juhi ühekordsel loal. Salastatud teavet valdava riigiasutuse juht võib anda loa, kui riigisaladuse kiire edastamine on möödapääsmatu ja salastatud teavet ei ole aja või vastavate vahendite puudumise tõttu võimalik krüpteerida. Salastatud teabe krüpteerimata edastamisest teatatakse esimesel võimalusel Kaitsepolitseiametile ja Teabeametile.

(2) Kui salastatud välisteabe edastamiseks kasutatakse akrediteerimata süsteemi, tuleb sellest viivitamata teavitada ka riigi julgeoleku volitatud esindajat, välja arvatud «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 52 lõikes 3 sätestatud juhul.

9. jagu Elektrooniline teabeturve

§ 104. Mõisted

Käesolevas jaos kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) elektrooniline teabeturve – teabe käideldavuse, salajasuse ja terviklikkuse tagamine salastatud teabe töötlussüsteemides;
2) töötlussüsteemi akrediteerimine – töötlussüsteemi elektroonilise teabeturbe nõuetele vastavuse hindamine;
3) käideldavus – teabe kasutamise ja teabele juurdepääsu võimalus volitatud isiku nõudel;
4) salajasus – teabe volitamata isikutele mittekättesaadavus või mittearusaadavus;
5) terviklikkus – teabe omadus olla volitamata isikute poolt muutmata, täiendamata või hävitamata;
6) oht – teabe käideldavuse, salajasuse või terviklikkuse potentsiaalne kahjustumine;
7) turvarike – olukord, kus teave või selle kaitsmist toetavad süsteemitoimingud ja -vahendid kaotasid või võisid kaotada varguse, sabotaaži, terrorismiaktide, muu lubamatu tegevuse või turvaaukude tõttu salajasuse, terviklikkuse või käideldavuse (sealhulgas teabe kadumine, volitamata isikutele teatavakssaamine, volitamata isikute poolt muutmine või hävitamine või rünne süsteemi suhtes);
8) turvarisk – turvarikke esinemise tõenäosus;
9) riskihaldus – vara, teabe, ohu, turvarikke ja turvariski analüüs, mille põhjal määratakse kindlaks teabe ja selle kaitsmist toetavate süsteemitoimingute ja -vahendite turvameetmed. Riskihaldus hõlmab süsteemi turvameetmete planeerimist, korraldamist, kasutamist ja kontrollimist, selleks et vältida turvariski väljumist vastuvõetavatest piiridest ja turvarikkeid;
10) haavatavuse analüüs – süsteemi üksikasjalik kontrollimine, et selgitada välja süsteemi turvaaugud, ohud süsteemis töödeldava teabe salajasusele, terviklikkusele ja käideldavusele ning süsteemi vastuvõtlikkus mis tahes ründele või ohule;
11) töötlussüsteemi turvanõuete loetelu – süsteemi kohustuslike turvanõuete loetelu, mis sätestab, kuidas saavutada süsteemi piisav turvalisus ning kuidas tagada ja kontrollida teabe turvalisust süsteemis;
12) töötlussüsteemi turvanõuete rakendamise juhend – dokument, mis kirjeldab detailselt süsteemi turvanõuete loetelus ettenähtud turvanõuete täitmise korda ja iga konkreetse töötaja või muu isiku ülesandeid teabe turvalisuse tagamisel;
13) väline turvakeskkond – süsteemi paiknemiskohta ümbritsev keskkond, sealhulgas hoone või ala, milles toimuvad sündmused võivad mõjutada süsteemi turvalisust;
14) sisemine turvakeskkond – välise turvakeskkonnaga piirnev ruum või ala, kus paiknevad süsteemi komponendid või kus neid kasutatakse;
15) elektrooniline turvakeskkond – piirdub süsteemi komponentidega, mille abil teavet elektrooniliselt töödeldakse ning mille kaitseks süsteemi käitav personal rakendab elektroonilisi turvameetmeid.

§ 105. Elektroonilise teabeturbe põhimõtted

(1) Käesolevas osas sätestatakse elektroonilise teabeturbe nõuded salastatud teabe kaitseks selle elektroonilisel töötlemisel.

(2) Salastatud teavet võib elektrooniliselt töödelda salastatud teabe töötlussüsteemis, mis vastab elektroonilise teabeturbe nõuetele ning millel on Teabeameti antud kehtiv vastavussertifikaat või ajutine kasutusluba.

(3) Salastatud teavet on lubatud töödelda ainult sisemises turvakeskkonnas paiknevate arvutite ja kohtvõrkude abil.

(4) Arvuti, milles töötlemiseks lubatud kõrgeim salastatud teabe tase on piiratud, võib viia väljapoole sisemist turvakeskkonda, kui:
1) salastatud teave on krüpteeritud nõuetele vastavate krüptovahenditega;
2) arvutil ei ole märgistust, mis viitaks töödeldava salastatud teabe salastatuse tasemele.

(5) Elektroonilise teabeturbe tagamisel salastatud välisteabe kaitseks võetakse täiendavalt arvesse salastatud välisteabe avaldaja poolt ettenähtud nõudeid.

(6) Elektroonilise teabeturbe tagamisel arvestatakse eelkõige järgmisi turvapõhimõtteid:
1) kasutada võib üksnes funktsioone, protokolle või teenuseid, mis on vajalikud teabe töötlemiseks või selle turvalisuse tagamiseks – minimaalsuse põhimõte;
2) katkematult peab toimuma süsteemi turvariskide ohjamine, sealhulgas vältimine, vähendamine, kõrvalejuhtimine ja lubatav aktsepteerimine – turvariskide pideva haldamise põhimõte – ja süsteemi turvalisuse regulaarne kontrollimine;
3) süsteemi kasutajatel ja administraatoritel on ainult tööülesannete täitmiseks vajalikud kasutajaõigused – privileegide piiratuse põhimõte;
4) eeldatakse kõigi süsteemiga ühendatud teiste süsteemide ebausaldusväärsust ning nendega teabe vahetamisel peab rakendama piisavaid turvameetmeid – isekaitsvate sõlmede kasutamise põhimõte;
5) ühe kasutatava turvameetme rikke korral ei tohi süsteem muutuda ebaturvaliseks – sügavuti kaitse põhimõte.

§ 106. Töötlussüsteemile esitatavad nõuded

(1) Salastatud teabe töötlussüsteemis peab olema tagatud salastatud teabe käideldavus, salajasus ja terviklikkus.

(2) Salastatud teabe töötlussüsteem peab võimaldama:
1) tuvastada ja registreerida isikud, kes omasid või võisid omada juurdepääsu salastatud teabele ja selle kaitsmist toetavatele süsteemitoimingutele ja -vahenditele;
2) eristada süsteemi kasutajaid salastatud teabele juurdepääsu õiguse põhjal;
3) juurdepääsu teabele ja selle kaitsmist toetavatele süsteemitoimingutele ja -vahenditele üksnes juurdepääsuõiguse ja põhjendatud teadmisvajaduse olemasolul;
4) kontrollida teabe ning selle kaitsmist toetavate süsteemitoimingute ja -vahendite salajasust, terviklikkust, käideldavust, samuti nende päritolu, usaldatavust ja ühendusi;
5) saavutada olukorra, kus elektroonilise teabeturbe kaitsemehhanismid toimivad nõuetekohaselt süsteemi kogu kasutusaja jooksul;
6) ära hoida ja kõrvaldada turvarikkeid ning vältida või vähendada nende tekkimisega kaasnevat kahju;
7) käsitleda turvarikkeid, mille käigus määratakse kindlaks ja registreeritakse süsteemile või selle osale avaldunud oht ja selle tagajärjel teabele tekkinud kahju ning selle kõrvaldamiseks võetud meetmed.

(3) Süsteemi kohta käiv teave dokumenteeritakse süsteemi turvanõuete loetelus ja süsteemi turvanõuete rakendamise juhendis.

(4) Töötlev üksus teostab süsteemi suhtes pidevat riskihaldust.

§ 107. Süsteemi turvanõuete loetelu

(1) Süsteemi turvanõuete loetelus esitatakse:
1) süsteemi tehniline kirjeldus;
2) ülevaade süsteemi riskianalüüsi tulemustest;
3) süsteemile esitatavate turvanõuete kirjeldus;
4) süsteemis rakendatavate turvameetmete loetelu;
5) süsteemi turvalisuse korraldamise kirjeldus.

(2) Süsteemi turvanõuete loetelu töötab välja töötlev üksus. Enne salastatud teabe töötlemiseks uue süsteemi ehitamist või kasutusele võtmist kooskõlastab töötlev üksus loetelu Teabeametiga.

(3) Süsteemi turvanõuete loetelu täpsustatakse süsteemi ehitamise ja kasutamise käigus, juhul kui toimuvad muudatused, näiteks kui muutub süsteemi kasutusotstarve, struktuur, ilmnevad uued olulised ohud või muutub süsteemis töödeldava salastatud teabe tase. Süsteemi turvanõuete loetelu muudatused kooskõlastab töötlev üksus Teabeametiga.

§ 108. Süsteemi turvanõuete rakendamise juhend

(1) Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendis esitatakse:
1) süsteemi turvalisuse eest vastutavate isikute ülesanded, õigused ja kohustused;
2) süsteemi kasutajad ning nende ülesanded, õigused ja kohustused;
3) süsteemi riist- ja tarkvara konfiguratsioonihalduse kirjeldus;
4) juhised salastatud teabe elektrooniliseks töötlemiseks;
5) süsteemis kasutatavate teabekandjate töötlemise kirjeldus;
6) süsteemi logifailide ülevaatamise ja intsidentide halduse kirjeldus.

(2) Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendi töötab välja töötlev üksus, lähtudes süsteemi turvanõuete loetelust, ning kooskõlastab loetelu Teabeametiga, enne kui süsteemis alustatakse salastatud teabe töötlemist.

(3) Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendit täpsustatakse süsteemi ekspluateerimise käigus, juhul kui toimuvad muudatused, näiteks kui muutub süsteemi kasutusotstarve, struktuur, ilmnevad uued olulised ohud või muutub süsteemis töödeldava salastatud teabe tase. Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendi muudatused kooskõlastatakse Teabeametiga.

§ 109. Süsteemi akrediteerimine

(1) Süsteemi akrediteerimise eesmärk on saada piisav veendumus, et süsteem vastab elektroonilise teabeturbe tagamiseks kehtestatud nõuetele.

(2) Süsteemi akrediteerimisel lähtub Teabeamet:
1) süsteemi füüsilistest turvameetmetest;
2) süsteemiga seotud turvariskidest;
3) süsteemi turvanõuete loetelust;
4) süsteemi turvanõuete rakendamise juhendist;
5) süsteemi asukoha kiirgusturbe tsoneerimise tulemustest;
6) teabest elektroonilise teabeturbe nõuete täitmise kohta töötleva üksuse poolt.

(3) Teabeamet algatab süsteemi akrediteerimise töötleva üksuse taotlusel või omal algatusel. Töötlev üksus lisab süsteemi akrediteerimise taotlusele süsteemi turvanõuete loetelu ja turvanõuete rakendamise juhendi. Ülejäänud lõikes 2 nimetatud teabe esitab töötlev üksus Teabeameti nõudmisel.

(4) Akrediteerimise tulemusena antakse töötlevale üksusele vastavussertifikaat Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

(5) Süsteemile akrediteerimise tulemusena antav ajutine kasutusluba antakse Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

(6) Teabeamet keeldub süsteemile vastavussertifikaati või ajutist kasutusluba väljastamast ja keelab selle kasutamise salastatud teabe töötlemiseks, kui süsteem ei vasta elektroonilise teabeturbe nõuetele. Vastav otsus tehakse Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

§ 110. Teabe andmise kohustus

Teabeameti nõudel on töötlev üksus kohustatud viivitamata andma, sealhulgas kirjalikus vormis, teavet tema valduses oleva süsteemi ja elektroonilise teabeturbega seotud asjaolude kohta ning tagama Teabeametile tööajal pideva ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel eelnevalt kokkulepitud ajal juurdepääsu süsteemi osadele, sõltumata nende paiknemiskohast.

§ 111. Vastavussertifikaadi ja ajutise kasutusloa kehtivuse pikendamise kord

(1) Vastavussertifikaadi pikendamiseks esitab töötlev üksus Teabeametile taotluse vähemalt kaks kuud enne vastavussertifikaadi kehtivuse lõppemist.

(2) Ajutise kasutusloa kehtivust võib Teabeamet pikendada omal algatusel ja töötleva üksuse taotluse alusel.

(3) Vastavussertifikaadi ja ajutise kasutusloa pikendamisele kohaldatakse süsteemi akrediteerimise sätteid.

§ 112. Vastavussertifikaadi ja ajutise kasutusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Teabeamet tunnistab vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa kehtetuks:
1) töötleva üksuse taotluse alusel;
2) kui töötlev üksus ei ole täitnud Teabeameti ettekirjutust elektroonilise teabeturbe nõude rikkumise või rikkumise ohu kõrvaldamiseks;
3) ilmneb vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa andmisest keeldumise aluseks olev asjaolu.

(2) Vastavussertifikaat või ajutine kasutusluba tunnistatakse kehtetuks Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

(3) Vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa kehtetuks tunnistamine tehakse töötlevale üksusele teatavaks kirjalikult.

§ 113. Riigi julgeoleku volitatud esindaja teavitamine

Teabeamet teavitab süsteemile vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa andmisest, vastavussertifikaadi kehtivuse pikendamisest või kehtetuks tunnistamisest riigi julgeoleku volitatud esindajat, kui süsteemis töödeldakse salastatud välisteavet.

10. jagu Salastatud välisteabe kaitse

1. jaotis Salastatud välisteabe töötlemine

§ 114. Salastatud välisteabe töötlemise põhimõtted

Salastatud välisteabe töötlemine toimub riigisaladuse töötlemisega samadel alustel ja korras, arvestades välislepingutest tulenevaid erisusi. Käesolevas jaos sätestatud töötlemisnõudeid ei kohaldata Teabeametis arvele võetud krüptomaterjalile ning «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 52 lõikes 3 nimetatud teabele.

§ 115. Salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate arvestus

Salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate arvestust peetakse riigisaladuse arvestusest eraldi, nii et on tagatud registriandmetele ja teabekandjatele juurdepääsu piirang teadmisvajaduse ja juurdepääsuõiguse alusel. Registris tuleb arvestust pidada iga salastatud välisteabe avaldaja kohta eraldi.

§ 116. Riigi julgeoleku volitatud esindaja peetav salastatud välisteabe põhiregister

Riigi julgeoleku volitatud esindaja peab salastatud välisteabe põhiregistrit, kus registreeritakse kõik riigile edastatud või riigis loodud salajasel ja kõrgemal salastatuse tasemel salastatud välisteabe kandjad ja kuhu kogutakse andmed kõigi riigile edastatud või riigis loodud konfidentsiaalse tasemega salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate kohta.

§ 117. Töötleva üksuse peetav salastatud välisteabe register

(1) Salastatud välisteavet valdav töötlev üksus on kohustatud sisse seadma salastatud välisteabe registri ja teavitama sellest eelnevalt kirjalikult riigi julgeoleku volitatud esindajat.

(2) Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega, näiteks ATOMAL, BOHEMIAN või muu selline, salastatud välisteabe töötlemiseks ning registri ja selle allregistri pidamiseks peab töötlev üksus saama riigi julgeoleku volitatud esindajalt kirjaliku nõusoleku. Riigi julgeoleku volitatud esindaja väljastab nõusoleku pärast kontrolli, mille käigus tuvastatakse, kas töötlemisnõuded on täidetud.

§ 118. Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja registreerimine

(1) Salastatud välisteavet valdav töötlev üksus on kohustatud tema valduses olevad salajase ja kõrgema salastatuse taseme ning erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldavad teabekandjad registreerima lisaks töötleva üksuse registrile riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt peetavas põhiregistris esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui seitse tööpäeva pärast salastatud teabekandja loomist või töötlevasse üksusesse saabumist.

(2) Konfidentsiaalsel tasemel salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate kohta peab teavet valdav töötlev üksus edastama riigi julgeoleku volitatud esindajale andmed ühe kuu jooksul pärast salastatud teabekandja loomist või töötlevasse üksusesse saabumist.

(3) Töötlev üksus ei pea riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt peetavas põhiregistris registreerima neid teabekandjaid, mis on talle edastanud riigi julgeoleku volitatud esindaja.

(4) Salastatud välisteavet valdav töötlev üksus on kohustatud kandma riigi julgeoleku volitatud esindaja antud registreerimisnumbri igale salajase ja kõrgema salastatuse taseme ning erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldavale teabekandjale.

§ 119. Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja edastamine

(1) Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldav teabekandja võetakse vastu ning edastatakse teistele töötlevatele üksustele ainult riigi julgeoleku volitatud esindaja kaudu, välja arvatud juhul, kui registrit pidavale töötlevale üksusele on selleks antud riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjalik nõusolek.

(2) Salajasel ja madalamal salastatuse tasemel salastatud välisteavet sisaldava teabekandja edastamisest teisele töötlevale üksusele teavitatakse riigi julgeoleku volitatud esindajat ühe kuu jooksul pärast edastamise toimumist.

(3) Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja võib edastada ainult sellisele töötlevale üksusele, kes on eelnevalt sisse seadnud salastatud välisteabe registri.

§ 120. Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldava teabekandja reprodutseerimine ja hävitamine

(1) Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldavat teabekandjat reprodutseerib ja hävitab ainult riigi julgeoleku volitatud esindaja.

(2) Riigi julgeoleku volitatud esindaja võib anda riigiasutusele kirjaliku loa lõikes 1 nimetatud teabekandja reprodutseerimiseks või hävitamiseks.

§ 121. Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldava teabekandja tagastamine

(1) Täiesti salajase taseme või välisriigi erimärgistusega salastatud teabe registrit pidav töötlev üksus tagastab nimetatud teavet sisaldava teabekandja riigi julgeoleku volitatud esindajale kohe pärast teabekandja kasutamise vajaduse lõppemist.

(2) Juhul kui teabekandjat on vaja kasutada kauem kui üks aasta pärast teabekandja saamist, tuleb teabekandja pikem hoidmine registreerida riigi julgeoleku volitatud esindaja peetavas põhiregistris.

§ 122. Riigi julgeoleku volitatud esindaja kontroll

Riigi julgeoleku volitatud esindaja viib vähemalt korra kahe aasta jooksul läbi salastatud välisteavet valdavas töötlevas üksuses salastatud välisteabe kaitse tagamiseks rakendatavate turvameetmete ja nimetatud teavet töötlevate füüsiliste isikute juurdepääsu kontrolli. Salajase ja kõrgema salastatuse taseme teavet või erimärgistusega teavet valdavates asutustes viib riigi julgeoleku volitatud esindaja kontrolli läbi vähemalt iga kaheksateistkümne kuu järel.

2. jaotis Salastatud välisteabele juurdepääsu sertifikaadi väljastamise, selle väljastamisest keeldumise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise, juurdepääsuõiguse andmise, sellest keeldumise ja selle pikendamise kord

§ 123. Juurdepääs salastatud välisteabele

(1) Salastatud välisteabele juurdepääsu sertifikaat (edaspidi juurdepääsusertifikaat) antakse juurdepääsuks salastatud välisteabele, kui välislepingus on juurdepääsusertifikaadi andmine vastava taseme salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse saamiseks ette nähtud.

(2) Välislepinguga ettenähtud juhtudel väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja ka salastatud välisteabele juurdepääsuõiguse kinnituse (edaspidikinnitus).

(3) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 27 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutel tekib juurdepääsuõigus Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni piiratud tasemega salastatud teabele pärast §-s 130 nimetatud tutvustuse läbimist ja kohustuse allkirjastamist ning §-s 131 nimetatud teatise väljastamist.

(4) Lõikes 3 nimetamata füüsilisel isikul ja eraõiguslikul juriidilisel isikul tekib salastatud välisteabele juurdepääsu õigus või töötlemise õigus ainult juurdepääsusertifikaadi alusel.

§ 124. Juurdepääsusertifikaadi taseme vastavus riigisaladuse loa tasemele

Juurdepääsusertifikaati ei anta kõrgemal salastatuse tasemel, kui on füüsilise isiku või töötleva üksuse, kellele juurdepääsusertifikaati taotletakse, riigisaladusele juurdepääsu loa või töötlemisloa tase.

§ 125. Juurdepääsusertifikaadi kehtivus

(1) Juurdepääsusertifikaadi kehtivusaja otsustab riigi julgeoleku volitatud esindaja vastavalt taotluses märgitud soovitavale kehtivusperioodile, riigisaladusele juurdepääsu õiguse kehtivusele ja teadmisvajaduse põhjendatusele. Juurdepääsusertifikaat ei või kehtida kauem kui isiku õigus pääseda juurde riigisaladusele.

(2) Juhul kui isiku õigus pääseda juurde riigisaladusele lõpeb enne juurdepääsusertifikaadil märgitud kehtivusaja lõppu, kaotab juurdepääsusertifikaat kehtivuse.

(3) Kui juurdepääsusertifikaat kaotab kehtivuse varem kui sellele märgitud kehtivuse lõppkuupäeval, tuleb juurdepääsusertifikaat tagastada riigi julgeoleku volitatud esindajale.

§ 126. Juurdepääsusertifikaadi taotlemine füüsilisele isikule

Füüsilisele isikule juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks peab juurdepääsusertifikaati taotlev töötlev üksus esitama riigi julgeoleku volitatud esindajale järgmised dokumendid:
1) kirjalik taotlus, milles märgitakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele juurdepääsu taotletakse, taotletav juurdepääsusertifikaadi kehtivusaeg, samuti isiku nimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg, täpne sünnikoht, kodakondsus ja kontaktandmed;
2) isiku juurdepääsuloa või muu riigisaladusele juurdepääsu õigust kinnitava dokumendi koopia;
3) koopia isiku isikutunnistuse mõlemast küljest või passi isikuandmetega lehest.

§ 127.  Piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse taotlemine

(1) Piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse taotlemiseks § 123 lõikes 3 nimetatud isikule esitab asutus või põhiseaduslik institutsioon riigi julgeoleku volitatud esindajale kirjaliku taotluse, milles on märgitud isiku nimi, isikukood ja ametikoht ning lisatud koopia dokumendist, millega isikule on antud piiratud tasemel riigisaladusele juurdepääsu õigus.

(2) Vajaduse korral väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja kinnituse ka piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse tõendamiseks.

§ 128. Juurdepääsusertifikaadi taotlemine töötlemisloa alusel salastatud teavet töötlevale isikule

Juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks töötlemisloa alusel salastatud teavet töötlevale isikule peab juurdepääsu andmist toetav asutus esitama riigi julgeoleku volitatud esindajale järgmised dokumendid:
1) töötleva üksuse kirjalik taotlus, milles nimetatakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele juurdepääsu taotletakse, ning põhjendatakse isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajadust;
2) toetava asutuse kirjalik taotlus, milles nimetatakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele juurdepääsu taotletakse, ning põhjendatakse isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajadust, välja arvatud juhul, kui toetavaks asutuseks on riigi julgeoleku volitatud esindaja;
3) töötlemisloa koopia;
4) riigisaladuse kaitse juhendi koopia;
5) koopia dokumendist, millega määratakse juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldav isik ja tema nimi, samuti nende isikute nimekiri, kes hakkavad salastatud välisteavet töötlema, ning vajaduse korral dokumendid neile füüsilise isiku juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks.

§ 129. Juurdepääsusertifikaadi andmise otsustamine taotluse alusel

(1) Kui juurdepääsusertifikaadi andmise taotlus või sellele lisatud dokumendid ei vasta nõuetele, annab riigi julgeoleku volitatud esindaja füüsilisele isikule juurdepääsusertifikaati taotlenud töötlevale üksusele või töötlevale üksusele juurdepääsusertifikaadi andmist toetanud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile kümne tööpäeva jooksul teada puudustest ning määrab tähtaja nende kõrvaldamiseks.

(2) Juurdepääsusertifikaadi andmise või sellest keeldumise otsustab riigi julgeoleku volitatud esindaja ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Põhjendatud vajaduse korral võib tähtaega pikendada, teavitades sellest taotlevat või toetavat asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

§ 130. Välisteabe kaitse nõuete tutvustamine

(1) Riigi julgeoleku volitatud esindaja või tema poolt volitatud asutus tutvustab füüsilisele isikule enne esmakordset piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse või juurdepääsusertifikaadi andmist salastatud välisteabe kaitse aluseid. Vajadusel viib riigi julgeoleku volitatud esindaja tutvustamise läbi ka juurdepääsusertifikaadi või juurdepääsuõiguse korduval andmisel või kinnituse väljastamisel.

(2) Kui piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õigus või juurdepääsusertifikaat antakse töötlevale üksusele, tutvustakse salastatud välisteabe kaitse aluseid selle riigisaladuse kaitset korraldavale isikule.

(3) Juurdepääsuõiguse või juurdepääsusertifikaadi saavalt füüsiliselt isikult, töötleva üksuse puhul riigisaladuse kaitset korraldavalt isikult võtab riigi julgeoleku volitatud esindaja enne juurdepääsusertifikaadi üleandmist või teatise väljastamist allkirja kohustuse kohta hoida temale töö või teenistuse kaudu teatavaks saavat salastatud välisteavet.

§ 131. Juurdepääsusertifikaadi ja teatise edastamine

Riigi julgeoleku volitatud esindaja edastab juurdepääsusertifikaadi või teatise piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse tekkimisest viie tööpäeva jooksul vastavalt juurdepääsu taotlenud töötlevale üksusele või juriidilise isiku juurdepääsu toetanud asutusele. Töötlevale üksusele, kelle juurdepääsuõiguse taotlust toetati, edastatakse juurdepääsusertifikaadi koopia.

§ 132. Juurdepääsusertifikaadi vormistamine

(1) Juurdepääsusertifikaat vormistatakse riigi julgeoleku volitatud esindaja turvaelementidega kirjaplangil ja kinnitatakse riigi julgeoleku volitatud esindaja juhi allkirjaga. Juurdepääsusertifikaadil peavad olema vähemalt järgmised andmed:
1) väljaandmise kuupäev ja number;
2) juurdepääsusertifikaadi saanud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sünnikoht või juriidilise isiku nimi, aadress ja registrikood;
3) salastatud välisteabe kõrgeim tase ja erikategooriad, millele lubatakse isiku juurdepääs;
4) juurdepääsusertifikaadi kehtivusaeg;
5) vajaduse korral selle ürituse nimetus, toimumise aeg ja koht, millel osalemiseks juurdepääsusertifikaati taotleti.

(2) Juurdepääsusertifikaat vormistatakse inglise ja eesti keeles.

§ 133. Kinnituse taotlemine ja vormistamine

(1) Kinnituse taotlemiseks esitab töötlev üksus taotluse, millele lisatakse dokumendid ürituse või sündmuse kohta, millel osalemiseks kinnitust taotletakse, ja riigi julgeoleku volitatud esindaja nõudmisel täiendavad dokumendid, kui see tuleneb välislepingust.

(2) Kinnituse vormistamisel järgitakse juurdepääsusertifikaadi vormistamise nõudeid.

§ 134. Juurdepääsusertifikaadi kehtetuks tunnistamine

Juurdepääsusertifikaat tunnistatakse kehtetuks:
1) isiku teadmisvajaduse äralangemisel;
2) uue juurdepääsusertifikaadi väljastamisel enne eelmise juurdepääsusertifikaadi kehtivusaja lõppu;
3) juurdepääsusertifikaadile kantud isikuandmete muutumisel;
4) kui väljastatud juurdepääsusertifikaadi kehtimise ajal ilmneb mõni juurdepääsusertifikaadi väljastamist välistav asjaolu.

§ 135. Juurdepääsu- ja töötlemisloa, juurdepääsuõiguse ja -vajaduse lõppemisest teavitamine

Füüsilisele isikule salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse andmist taotlenud töötlev üksus ja töötleva üksuse taotlust toetanud asutus või põhiseaduslik institutsioon teavitab viivitamata riigi julgeoleku volitatud esindajat juurdepääsuõiguse saanud isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajaduse või riigisaladusele juurdepääsu loa või õiguse või töötlemisloa lõppemisest.

§ 136. Julgeolekukontrolli teostamiseks pädeva asutuse teavitamine

Riigi julgeoleku volitatud esindaja teavitab viivitamata isiku suhtes julgeolekukontrolli teostamiseks pädevat asutust füüsilisele või juriidilisele isikule salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse ja juurdepääsusertifikaadi andmisest, selle õiguse kehtetuks tunnistamisest või tühisuse tuvastamisest.

6. peatükk.- NÕUSOLEKU, KINNITUSE, JUURDEPÄÄSULOA JA TÖÖTLEMISLOA NING NENDE KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLUSE, JUURDEPÄÄSULOA JA TÖÖTLEMISLOA TAOTLEJA JA PIKENDAJA ANKEEDI VORMIDE KEHTESTAMINE

§ 137. Riigisaladusele juurdepääsu loa vormid

(1) Füüsiline isik esitab riigisaladusele juurdepääsu loa (edaspidi juurdepääsuluba) lisas 1 toodud taotluse vormil.

(2) Füüsiline isik esitab juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise lisas 2 toodud taotluse vormil.

(3) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa taotlemisel juurdepääsuloa taotleja ankeedi (lisa 3).

(4) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemisel juurdepääsuloa pikendaja ankeedi (lisa 4).

(5) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel ankeedi lisana nõusoleku vormi (lisa 5).

(6) Füüsiline isik kinnitab juurdepääsuloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel, et ta on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust (lisa 6).

§ 138. Riigisaladuse töötlemisloa vormid

(1) Juriidiline isik esitab riigisaladuse töötlemisloa (edaspidi töötlemisluba) taotluse lisas 7 toodud vormil.

(2) Juriidiline isik esitab töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotluse lisas 8 toodud vormil.

(3) Juriidiline isik täidab töötlemisloa taotlemisel töötlemisloa taotleja ankeedi (lisa 9).

(4) Juriidiline isik täidab töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotlemisel töötlemisloa pikendaja ankeedi (lisa 10)

(5) Juriidiline isik täidab töötlemisloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel ankeedi lisana nõusoleku vormi (lisa 11).

(6) Juriidiline isik kinnitab töötlemisloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel, et ta on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust (lisa 12).

(7) Lõikeid 1–6 kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjale.

7. peatükk.- MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 139. Määruse jõustumine

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

(2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktid 4, 5, 7, 8 ja 11 jõustuvad 1. jaanuaril 2009. a, välja arvatud teabe osas, mis oli riigisaladuseks enne 1. jaanuari 2008. a.

(3) Paragrahvi 70 lõige 1 jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

01Ene/14

PROCURA DELLA REPUBBLICA. Palermo 19 de abril de 1.999

Richiesta di emissione di decreto penale di condanna -artt. 554, 564 c.p.p.-

Al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Palermo

Il Pubblico Ministero Dr. T. Hmeljak;

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;
nei confronti di …………………….., n. a …………………. il ………………………., elettivamente domiciliato a Palermo c/o lo studio dell'avv……………… in via ……………; imputato dei reati p. e p. dagli artt.:

a) 7 e 34 legge 31.12.1996, n. 675 perchè, esercitando l'attività di promotore finanziario per conto della ……………………….., sede di Palermo, procedeva al trattamento dei dati personali relativi a diversi clienti del BANCO ………… – in particolare organizzando tali dati in un archivio informatico ed utilizzandoli per inviare alle persone ivi indicate lettere di contenuto promozionale – omettendo di procedere alla prescritta notificazione al Garante «per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

b) 11 e 35/I legge 31.12.1996 n. 675 perchè, esercitando l'attività di promotore finanziario per conto della ………………. – sede di Palermo, al fine di trarne profitto, procedeva al trattamento dei dati personali relativi a diversi clienti del BANCO ………- in particolare organizzando tali dati in un archivio informatico e utilizzandoli per inviare alle persone ivi indicate lettere di contenuto promozionale – senza il consenso espresso degli interessati ai dati medesimi.

c) 646 e 61 n.11 c.p. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di alcune carpette intestate «Banco ……..», appartenenti al Banco …….., delle quali aveva il possesso e commettendo il fatto con l'abuso della prestazione d'opera, in qualità di dipendente del predetto istituto di credito.

In Palermo il 2.12.1998.

Ritenuto che i reati per i quali si procede sono perseguibili d'ufficio e che deve applicarsi soltanto la pena pecuniaria, anche in sostituzione a quella detentiva;

Rilevato che fra i reati contestati si ravvisa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e che, pertanto, agli stessi può applicarsi il vincolo della continuazione;

Ritenuto che il reato più grave sia quello di cui al capo a);

Considerato che la pena finale può determinarsi nella misura di £. 6.750.000 di multa (p.b. mesi tre di reclusione, diminuita ex art. 63 bis c.p., vista l'incensuratezza dell'imputato, a mesi 2 di reclusione ed aumentata ex art. 81/II c.p. a mesi 3 di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria);

Visti gli artt. 554 e 565 c.p.p.

CHIEDE

emettersi nei confronti del sopra generalizzato imputato decreto penale di condanna alla pena di £. 6.750.000 di multa, nonchè alle pene accessorie della pubblicazione della pronunzia di condanna e della confisca di quanto in sequestro in quanto corpo di reato, oltre alle spese processuali;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 2.2.1999

IL PUBBLICO MINISTERO
Dr. Tania Hmeljak

uff. GIP Pretura Palermo

depositato in Cancelleria il 4.2.1999

f.to il Cancelliere

N.901/1999 decr. pen. N.1451/1999 R.G.G.i.p.

PRETURA CIRCONDARIALE DI PALERMO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Decreto penale di condanna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. M.L. Barone

letti gli atti ed esaminata la richiesta del P.M. depositata il 4.2.1999 nel procedimento penale n.19588/1998 r.g.n.r. e ritenuto che dalla comunicazione della notizia di reato e dagli allegati emerge in maniera evidente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato rubricato e che, con riferimento agli elementi di valutazione di cui all'art.133 cod. pen., appare adeguata la pena richiesta dal P.M.

P.Q.M.

Visto l'art.565 cod. proc. pen. Condanna ……………………………………………………………….., n. il ……………….. a …………………… e res. a …………………… elett. dom. in ………………………. presso l'avv.to ……………………..

In ordine ai reati di cui alla retroscritta richiesta del P.M.:

– con la concessione delle circostanze attenuanti generiche; – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sub a); – alla pena di £. 6.750.000 di multa, in sostituzione di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di £. 52.000.

– Ordina non farsi menzione della condanna nel certificato casellario giudiziale spedito su richiesta di privati e non per ragione di diritto elettorale.

– Ordina la confisca di quanto sequestrato.

AVVERTE

OMISSIS ……..

FISSA

OMISSIS ………..

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato

Palermo 19 aprile 1999

Il collaboratore di Cancelleria
Il Giudice : dr. M.L. Barone

depositato in cancelleria il 19.4.1999

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 18 MAYO 2010. SENTENCIA 316/2010

CASACION número 1873/2007
Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel
Votación y Fallo: 05/05/2010
Secretaría de Sala: 001

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
SENTENCIA número 316/2010

Excmos. Sres.
D. Xavier O’Callaghan Muñoz
D. Jesús Corbal Fernández
D. José Ramón Ferrándiz Gabriel
D. Antonio Salas Carceller

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Ruboskizo, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Elena GIL Bayo, contra la Sentencia dictada, el día veintinueve de junio de dos mil siete, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia. Es parte recurrida don J. M. M., representado por la Procurador de los Tribunales doña María Jesús Gutiérrez Aceves. Es parte en el procedimiento el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito presentado, ante el Juzgado Decano de Valencia, el día veintitrés de mayo de dos mil seis, el Procurador de los Tribunales don Carlos Eduardo Solsona Espriu, obrando en representación de don J. M. M., interpuso demanda de juicio ordinario en protección de su derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad, contra Ruboskizo, SL.

En dicha demanda alegó la representación procesal de don J. M. M. que éste ejercía como abogado en Valencia desde el año mil novecientos setenta y cinco. Que, en concreto, tenía como cliente de su despacho a Mutua Madrileña Automovilista, desde el año mil novecientos noventa y uno. Que dicha Mutua era su cliente más importante. Que Ruboskizo, SL era titular de una página «Web», denominada «quejasonline», en la que se recogían quejas contra la Mutua Madrileña Automovilista Que, el día cuatro de junio de dos mil cuatro, apareció en esa página una nota supuestamente emitida por una persona que le suplantó al utilizar su nombre, con el siguiente tenor: «Soy abogado de la Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar las expedientes con el fin de no pagar, tiene pinta de irse al garete». Que don J. M. M. comunicó la suplantación a Ruboskizo, SL y le requirió para que retirare la nota y le comunicara el nombre del remitente. Que la requerida le contestó que había retirado la nota, pero que no le daba el nombre del remitente de acuerdo con las normas sobre protección de datos, ya que necesitaría el consentimiento del autor y que, en todo caso, estaba dispuesta a colaborar. Que el demandante instó la iniciación de un procedimiento penal, terminado con el archivo de las actuaciones, ante la imposibilidad de conocer al infractor. Que la negligencia de la demandada era evidente y que le había causado daños patrimoniales y morales.

En el suplico de dicho escrito interesó la representación del demandante una sentencia que «declare: a) Que el demandado ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por la publicación de su nombre en una queja frente a Mutua Madrileña Automovilista. b) Se condene al demandado a difundir a su costa los fundamentos jurídicos y fallo de la sentencia una vez firme en la página de inicio de su página web quejasonline.com durante ciento diecinueve días c) Se condene al demandado al pago de la suma de seis mil ciento treinta y cinco euros con diecisiete céntimos en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. d) Todo ello con expresa condena en costas».

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario.
La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Elena Gil Bayo, que contestó la demanda, para oponerse a la estimación de la misma.

Alegó en dicho escrito que la demandada no era responsable del contenido de los mensajes de los usuarios de la página, por lo que carecía de legitimación pasiva. Añadió que no respondía conforme a la legislación vigente, ya que retiró la queja al recibir la protesta.

También dio intervención el Juzgado de Primera Instancia al Fiscal, que informó en el sentido de entender «que dada la especial situación del Ministerio Fiscal, a la vista de la contestación a la demanda y la prueba practicada, informará en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales, solicitando tenga al Ministerio Fiscal por comparecido y parte en los autos y por contestada la demanda»

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, propuesta y practicada la prueba que había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia dictó sentencia, con fecha treinta de noviembre de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: «Fallo. Que estimando la demanda deducida por don J. M.í M., representado por el Procurador don Carlos Eduardo Solsona Espriu, contra la mercantil Ruboskizo, SL, representada por la Procuradora doña Elena Gil Bayo; A. Debo declarar y declaro que la demandada he cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por la publicación de su nombre en una queja frente a Mutua Madrileña Automovilista B. Debo condenar y condeno a la demandada a que difunda a su costa el fallo de esta sentencia, una vez firrne, en la página de inicio de su página web quejasoline. como durante ciento diecinueve días. C Debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad de seis mil ciento treinta y cinco euros con diecisiete céntimos (6.135,17 euros), más los intereses del art. 576 Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000. Se imponen a la demandada las costas del procedimiento».

CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia fue recurrida en apelación. Elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Valencia, el recurso turnado a la Sección Sexta de la misma, que lo tramitó y dictó sentencia con fecha veintinueve de junio de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: Fallo. En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en nombre de S.M El Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada pro el pueblo español, Decide 1°) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad Mercantil Ruboskizc’, SL. 2°) Confirmar la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil seis. 3°) imponer a la parte apelante las costas procesales».

QUINTO. La representación procesal de la demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo admitió por providencia de diez de octubre de dos mil siete.

Elevadas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la misma, por auto de siete de julio de dos mil nueve, decidió: «1. Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Ruboskizo SL contra la Sentencia dictada con fecha veintinueve de junio de dos mil siete, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Sexta), en el rollo de apelación núm. 138/2007 dimanante de los autos núm. 627/2006 del Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia. 2° Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición y alegue lo que estime conveniente en cuanto a la cuestión prejudicial planteada, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría, y transcurrido dicho plazo y verificado, a los mismos fines, dese traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal»

SEXTO. El recurso de casación de Ruboskizo, SL se compone de dos motivos, formulados con amparo en el artículo 477, apartado 2, ordinales l°y 3º, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO: La infracción de los artículos 18 y 20 de la Constitución Española.

SEGUNDO. La infracción del artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, en relación con los artículos 14 y 15 de la Directiva 2.000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procuradora doña Maria Jesús Gutiérrez Aceves, en nombre y representación de don J. M. M., impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partas la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día cinco de mayo de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Don J. M. M. pretendió, en la demanda rectora del proceso del que deriva el recurso de casación que hemos de decidir, además de la declaración de la ilicitud, la condena de Ruboskizo. SL. servidora de la sociedad de la información, a indemnizarle por los daños morales y patrimoniales que afirmó le había causado la demandada en el ejercicio de la actividad de almacenamiento de datos, al haber alojado en su página «Web», a solicitud de una persona ajena al proceso, un comentario negativo sobre la seriedad del comportamiento frente a sus clientes de la sociedad aseguradora para la que el propio demandante prestaba, como abogado, servicios de defensa jurídica en la ciudad de Valencia.

Se ha declarado en la instancia que el actor, pese a que aparecía como autor del comentario, no lo era, sino que su nombre había sido utilizado indebidamente por quien redactó la nota

En ambas instancias la demanda fue estimada. La sentencia de la segunda ha sido recurrida en casación por la demandada, que niega su responsabilidad por los contenidos redactados por terceros, pese a estar alojados en sus servidores.

En el primer motivo del recurso señala Ruboskizo, SL como infringido el artículo 20, en relación con el 18, ambos de la Constitución Española. Afirma que la doctrina aplicada por el Tribunal de apelación significaba dejar sin protección la libertad de expresión en el ámbito de que se trata.

En el segundo motivo sostiene producida la infracción del artículo 16 de la Ley 34/2.002. de 11 de noviembre, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, al no haber considerado la Audiencia Provincial concurrente la causa de exclusión de responsabilidad que dicho precepto regula.

Los hechos que han sido declarados probados en las instancias son los siguientes;

1°) Mutua Madrileña Automovilista es uno de los clientes de don J. M. M., ejerciente de la profesión de abogado en Valencia.

2°) Ruboskizo, SL presta servicios de almacenamiento de datos, mediante una página «Web», denominada «quejasonline», en la que se recogen y hacen públicas las protestas de los destinatarios de aquellos respecto de las actividades de determinadas empresas.

3°) En junio de dos mil cuatro, en dicha página apareció un comentario sobre Mutua Madrileña Automovilista, a nombre del demandante – – que, como se dijo no fue el autor — del tenor siguiente: «Soy abogado de Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes, con el fin de no pagar Tiene pinta de irse al garete».

4°) El demandante comunicó a Ruboskizo, SL la suplantación y le requirió para que retirase de la página «Web’ aquel comentario. Lo que la requerida hizo seguidamente.

SEGUNDO. Con el propósito de poner fin a las divergencias normativas y jurisprudenciales existentes entre los Estados miembros sobre la materia, la Directiva 2.000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000, reguló — en la sección cuarta de su capitulo segundo – — el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información.

En particular, el artículo 15, apartado 1, niega la posibilidad de que los Estados miembros impongan a los prestadores de servicios «una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas» respecto del servicio de que se trata. A su vez, el artículo 16 dispone que los Estados miembros garantizarán que los prestadores de servicios consistentes en almacenar datos facilitados por el destinatario de los mismos, no responden, cuando se ejercite una acción por daños y perjuicios, siempre que no tengan «conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito» y, en el caso de que tuvieran dicho conocimiento, cuando actúen «con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible»

La Ley 34/2.002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, al incorporar al Ordenamiento jurídico español la Directiva, dispone — en el articulo 13, apartado 2- – que, para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, «se estará a lo establecido en los artículos siguientes», entre ellos, el 16 que, en relación con los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos — condición que es la de la demandada- proclama que los mismos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si es que lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

En la sentencia de 9 de diciembre de 2.009 nos pronunciamos sobre la interpretación de ese artículo 16 conforme a la Directiva 2.000/31/CE, en lo referente al conocimiento efectivo, a cuya ausencia se condiciona, en uno de los supuestos, la liberación de responsabilidad de la prestadora de servicios de alojamiento por la información almacenada a petición del destinatario de aquellos.

Pues bien, la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta ese conjunto normativo al declarar la responsabilidad de la demandada Ruboskizo, SL. Y, por ello, no ha extraído consecuencia alguna de que dicha sociedad no conociera ni pudiera razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia.

Procede estimar el segundo motivo del recurso de casación y, sin necesidad de examinar el primero, casar la sentencia recurrida y, en lugar de ella, hacer lo propio con el recurso de apelación de la demandada y desestimar la demanda.

TERCERO. No procede especial pronunciamiento sobre las costas de la casación y de la apelación, de conformidad con el artículo 498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Tampoco condenamos al demandante al pago de las costas de la primera instancia, por apreciar concurrente el supuesto excepcional que contiene el artículo 394, apartado 1, de la citada Ley procesal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.


FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por «Ruboskizo, SL» contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil siete, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual casamos y dejamos sin efecto.

Estimamos el recurso de apelación interpuesto, por Ruboskizo, SL, contra la sentencia dictada, el día treinta de noviembre de dos mil seis, por el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia, la cual dejamos sin efecto, y desestimamos la demanda interpuesta contra dicha recurrente por don J. M. M.

No pronunciamos condena en costas de las dos instancias ni de la casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Xavier O’Callaghan Muñoz.-Jesús Corbal Fernández,-José Ramón Ferrándiz GabrieL-Antonio Salas Carceller.-Rubricado.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de La misma, certifico.

01Ene/14

Tribunal Supremo Español. Sala II de lo Penal. Sentencia 247/2010, de 18 de marzo

En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil diez

En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, que condenó al acusado Arsenio como autor de un delito de posesión de pornografía infantil y le absolvió de otro de distribución o facilitación de la difusión de pornografía infantil, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan, se han constituido para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano, habiendo comparecido como recurrido el acusado Arsenio , representado por la Procuradora Sra. Solera Lama.

ANTECEDENTES

1.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria incoó Procedimiento Abreviado con el número 40/2008 contra Arsenio , y una vez concluso se remitió a la Audiencia Provincial de Álava, cuya Sección Segunda, con fecha dos de diciembre de dos mil ocho dictó sentencia que contiene los siguientes

HECHOS PROBADOS:

«Son Hechos Probados y así se declaran:

1.- La Unidad de Policía Judicial de la 7ª zona de la Guardia Civil, Área de Delincuencia económica-equipo de investigación tecnológica- realizó durante un tiempo, en el año 2006, unas búsquedas en Internet, al objeto de detectar la posible existencia de personas u organizaciones que se dedicasen al intercambio y/o posesión de imágenes o videos de menores en posturas o realizando actos de carácter sexual.

Fruto de tales búsquedas o investigaciones en Internet, dicha Unidad descubrió que 17 usuarios, definidos a través de direcciones I.P., utilizaban Internet para adquirir para su uso y distribuir o facilitar imágenes y vídeos de menores de edad en tales posturas o realizando dichos actos. Concretamente encontraron una dirección I.P. número NUM000 y otra dirección IP número NUM001 , con el mismo nombre o apodo (nick) » Chili » y con el código «hash» de usuario número NUM002 , que a cada usuario asigna el programa informático de intercambio de archivos «Emule».

También halló aquella Unidad que esa adquisición e intercambio de aquéllas imágenes y vídeos se efectuaba utilizando la infraestructura de las redes «Edonkey» y «Kademlia» y el «software» del programa «Emule».

2.- Como quiera que la Guardia Civil no podía conocer los datos de filiación del titular o titulares de aquellas dos direcciones de la IP antes reseñadas, solicitó de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acordara requerir a la empresa (Net-Arsys-Euro2/ para que ésta proporcionara a dicha Fiscalía cuantos datos obraran en su poder sobre el usuario o usuarios a los que le fueron asignadas esas dos direcciones IP, así como el número de teléfono desde el cual se hicieron unas conexiones de Internet determinadas, indicando la hora de inicio y de finalización de cada una de las conexiones, así como la titularidad del teléfono o teléfonos desde los que se habrían hecho las conexiones.

La mencionada Fiscalía accedió a dicha solicitud de la Guardia Civil y en las diligencias preprocesales número 350/06 acordó requerir a aquella entidad mercantil para que proporcionara tales datos de dicho usuario o usuarios, y efectivamente Net-Arsys- Euro2) indicó a la Fiscalía que el nombre del usuario de tales direcciones de IP era Arsenio con número de identificación NUM003 , con domicilio en la CALLE000 NUM004 – NUM005 de Vitoria-Gasteiz, Álava, y con el número de teléfono contacto a Internet número NUM006 .

3.- La referida Fiscalía, con los datos suministrados por la empresa Net-Arys-Euro2 ( y los extraídos de los oficios remitidos por otras empresas de telefonía), presentó una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Barcelona, que fue repartida al Juzgado de Instrucción número 27 de esa ciudad, que incoó las Diligencias Previas con número de registro 5472/2006 , formando una pieza separada respecto de las actuaciones relativas a Arsenio .

El día 7 de diciembre de 2006, el citado Juzgado de Instrucción dictó un auto, en el que indicaba que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le había solicitado la práctica de diligencias de entrada y registro referidas por la 7ª zona de la Guardia Civil de Cataluña, en el atestado de 19 de septiembre de 2006, por la Comisión de un delito de prostitución y corrupción de menores, en base a las razones que en el atestado policial se contienen y se daban por reproducidas, y decretaba la entrada y registro en el domicilio de Arsenio , con NIE NUM003 en la CALLE000 número NUM004 , piso NUM005 de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a efectos de intervenir cuantos instrumentos y objetos del delito de prostitución y corrupción de menores del art. 187 y 188 del Código Penal .

4.- El día 12 de diciembre de 2006 se realizó la diligencia de entrada y registro en el citado domicilio con intervención de los agentes de la Guardia Civil número NUM007 , NUM008 y NUM009 y la Secretaría del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz y en dicho domicilio se hallaron los siguientes efectos u objetos:

a) un ordenador portátil, marca Toshiba, modelo satélite 1955 S803, con s/n NUM010 .

b) dos discos duros (HD), marca Maxtor, de 250 y 320 GB de capacidad y con números de serie NUM011 y NUM012 respectivamente.

c) dos DVDs. marca Verbatim, que fueron etiquetados con la denominación XXX-1 y XXX3.

En dichos discos duros y DVDs, el acusado tenía guardados un total de 435 archivos, que contenían vídeos y fotografías en las que aparecían menores en posturas o actos de contenido sexual.

Asimismo en una carpeta de DVD marca Verbatim XXX-1 había 30 fotografías en las que aparecía desnuda la menor Lucía ; fotos que había realizado Arsenio , reflejando varias fotos, en un primer plano, la zona vaginal de la niña. Igualmente en el disco duro de 250 GB había un video de 26 segundos, en el que aparece desnuda Lucía , recogiendo algunos planos de la zona vaginal de la niña, habiendo realizado este video el acusado con la cámara Eastman Kodak Company Kodak V603 Zoom Digital Camera.

5.- Por orden del Juzgado de Instrucción de Barcelona antes indicado, y a partir del estudio de ese ordenador, dichos dos discos duros y dos DVDs mencionados, la Guardia Civil realizó un informe pericial, en el que se reflejaban una serie de conclusiones.

6.- No consta acreditado que Arsenio difundiera 27 ficheros/archivos que contenían imágenes y vídeos de menores en posturas o realizando actos sexuales; ni que 14 de dichos ficheros de video fueran descargados por Arsenio y compartidos y difundidos por él vía Internet, ni finalmente que fueran aceptadas por parte de otros usuarios de Internet peticiones efectuadas sobre los citados archivos en 317 ocasiones, transfiriendo a aquéllos un total de 837,78 Megabytes.

7.- Arsenio se casó en el año 1997 con Adriana , que tenía una hija, Lucía , que era fruto de otra relación. Lucía había nacido el día 4 de julio de 1994. Desde la celebración de dicho matrimonio, teniendo Lucía 2 años, Arsenio ha tratado y estimado a ésta como una hija, considerándola como hija adoptiva y cuidándola como tal, aunque no ha formalizado tal adopción, y Lucía le ha considerado su padre hasta el día de hoy. Los tres miembros de la familia conviven juntos desde ese año 1997 y concretamente desde el año 2002 en España y desde enero de 2004 en Vitoria-Gasteiz».

2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

«FALLAMOS:

1.- Condenamos a Arsenio , como autor responsable de un delito de posesión de pornografía infantil, ya definido, a la pena de 6 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y con las penas accesorias de prohibición de aproximarse a Lucía a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ella durante un tiempo de 2 años.

2.- Absolvemos a Arsenio del delito de distribución o facilitación de la difusión de pornografía infantil por el que estaba acusado en este procedimiento.

3.- Se le imponen al acusado el pago de la mitad de las cosas de este procedimiento.

4.- Para el cumplimiento de aquella pena privativa de libertad se le computará el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Para el cumplimiento de las penas de prohibición de aproximarse y comunicar en relación a Lucía se tendrá en cuenta el tiempo cumplido de tales penas como medida cautelar en este procedimiento de modo que el día 21 de diciembre de 2008 se extinguirán dichas penas.

5.- Comuníquese esta sentencia a la Diputación Foral de Álava, Consejo del Menor, al objeto de que eventualmente adopte las medidas de prevención del riesgo o desamparo, respecto de la menor Lucía en relación al acusado, previstas en la Ley de Protección Jurídica del Menor y en la Ley Vasca de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Frente a la presente resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, preparándose ante esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su notificación».

3.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional por el MINISTERIO FISCAL, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose dicho recurso.

4.- El recurso interpuesto por el MINISTERIO FISCAL se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN: Primero y único.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerar infringido por la Sala de instancia el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la prueba por cuanto la Audiencia Provincial dictó sentencia absolutoria respecto de determinados hechos por los que acusaba el Ministerio Fiscal tras declarar la nulidad de la prueba en que se sustentaba la acusación del Ministerio Público, por estimar vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal del acusado.

5.- Instruida la parte recurrida del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, la misma impugnó dicho recurso; la Sala lo admitió a trámite y quedaron conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6.- Hecho el correspondiente señalamiento, se celebró la votación y fallo del presente recurso el día 15 de Julio del año 2009.

Por auto dictado con fecha dieciséis de julio siguiente se acordó prorrogar el término para dictar sentencia hasta que se convoque a un Pleno no jurisdiccional de esta Sala en el que se resuelvan las cuestiones controvertidas planteadas. Pleno que fue convocado para el día 23 de febrero del año 2010.

En providencia de tres de marzo siguiente y una vez celebrado el pleno no jurisdiccional acordado se señala de nuevo para la deliberación, votación y fallo el día 9 de Marzo del año 2010 con la misma composición de la Sala excepto la sustitución del Excmo. Sr. D. Luis Román Puerta Luis, por jubilación del mismo, por el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En motivo único el Fiscal ataca la sentencia, parcialmente absolutoria, al amparo del art. 852 L.E.Cr . por considerar infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y a valerse de las pruebas pertinentes, todo ello al declarar la Audiencia la nulidad de parte de las probanzas en las que el Mº Público sustentaba la acusación.

1. El Fiscal acusaba por delito de corrupción de menores de los arts. 189.1.bis b) y 189.3. bis b) y f) del Código Penal y a su vez por otro delito del art. 189-2 del mismo cuerpo legal. La Audiencia condena por el último de los mencionados, por cuanto a pesar de declarar nula la mayor parte de la prueba por su origen vicioso, aplicó la doctrina del Tribunal Constitucional de desconexión de antijuricidad (véase S.T.C. nº 167/2002 ) y pudo apoyarse en la confesión del acusado para condenarle por posesión de pornografía infantil para usos propios, pero por el delito más grave de difusión de información pornográfica referida a menores fue absuelto.

La Audiencia Provincial tomó como base la doctrina de esa Sala contenida en las sentencias nº 236/2008 de 9 de mayo y la 292/08 de 28 de mayo . El Fiscal rechaza una afirmación de la Audiencia, en la que a su juicio no distingue entre el derecho al secreto de las comunicaciones y la reserva de los datos de identificación. En la sentencia se afirma: «…. hubiese sido preciso una resolución judicial, un auto motivado de un Juzgado de instrucción que, ponderando, por un lado, el derecho al secreto de las comunicaciones y, en todo caso, a la intimidad de las personas afectadas por la investigación y la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de limitar tales derechos de aquéllos, entre ellos el imputado, en la investigación de un delito grave como es la pornografía infantil, acordara que la empresa proveedora de servicios de Internet cediera o proporcionara los datos de que disponía que permitieran identificar a la persona que tenía asignada esas direcciones de IP».

2. El Fiscal argumenta la improcedencia de la decisión de expulsar del proceso las pruebas por varias razones:

a) En primer término nos dice que la cuestión ya fue resuelta al comienzo de las sesiones del juicio de conformidad al art. 786.2 L.E.Cr . y en tal ocasión la parte afectada, al rechazar cualquier nulidad de la prueba formuló la pertinente protesta. Al dictar sentencia cambia la Audiencia de posición y declara nula la mayor parte de la prueba practicada.

b) No puede jamás afirmarse que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones por conseguir la identidad que encerraba una clave de IP. El tema ha de quedar fuera del derecho al secreto de las comunicaciones.

c) Acepta, según doctrina del T. Constitucional (véase S. nº 123 de 9 de mayo de 2003 ) que el concepto de secreto de las comunicaciones no sólo cubre su contenido, sino la identidad subjetiva de los interlocutores. No obstante existen mecanismos como el llamado Protocolo WHOIS, que se utiliza para hacer consultas en una base de datos que permite determinar el propietario o titular de un «nombre de dominio» o una dirección I.P. No obstante quien interviene en el contrato no siempre es el que usa el terminal o actúa bajo la encriptada clave identificativa.

d) Asimismo en el ámbito de la intimidad existen distintos grados de afectación de tal derecho y por ende puede existir diversidad de exigencias para llevar a cabo un acto injerencial en función de la intensidad que comporte, sin que sea siempre y en todo caso necesaria la intervención de la autoridad judicial.

e) En las sentencias que se citan en la recurrida se está hablando de la necesidad que tiene la policía de interesar mandamiento judicial para desvelar la identidad de un internauta, pero el caso es distinto cuando tal diligencia la interesa el Mº Fiscal al servidor de Internet.

f) La petición efectuada por el Ministerio Fiscal es una actuación proporcional y está amparada por las leyes, en atención a la necesidad de facilitar el ejercicio de las funciones que le competen en la investigación y prevención de los delitos. La petición se canaliza dentro de una actuación procedimental del Fiscal, situación en la que las normas administrativas imponen la facilitación de tal identidad (véase Ley Orgánica de Protección de Datos nº 15/1999 ).

3. Respecto de la decisión denegatoria recaída al inicio de las sesiones del juicio, no es descabellada la tesis sostenida por el Ministerio Fiscal, ya que resuelta una cuestión durante las sesiones del juicio lo procedente sería desatender el problema durante la práctica de las pruebas. Por otro lado, es evidente que muchas de las cuestiones que deben someterse a decisión al inicio de las sesiones del plenario, necesariamente requieren un pronunciamiento en el momento (por ejemplo cuestiones de competencia, causas de suspensión del juicio, etc.), pero otras no es posible resolverlas en tal momento o puede en algunos casos faltar datos probatorios para decidir con justicia ciertos problemas planteados, que en buena medida dependerán de las pruebas. El Fiscal sostiene que es correcto que se defieran para sentencia, pero que se haga constar de forma expresa, pues el Tribunal adoptó una decisión y sobre ella se hizo la correspondiente protesta.

No obstante el Tribunal tuvo a bien matizar que la decisión adoptada se tomaba en consideración a los datos de que disponía en tal momento, pero se dejaba la puerta abierta para incidir sobre el tema, si la prueba modificaba el pronunciamiento inicial. Con esta matización el Fiscal ya no está indefenso y la aplicación del art. 267.1 LOPJ . que consagra el principio de la invariabilidad de las resoluciones judiciales, resultaría excesivamente riguroso, a pesar de lo sustentado por la S.T.C. nº 112/99 de 14 de junio .

SEGUNDO.- La cuestión planteada pasa por trasladar la doctrina sentada por esta Sala al caso que nos ocupa, destacando la especialidad del mismo, que se refiere a la intervención del Mº Fiscal, esto es, el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la función investigadora que le reconoce el art. 773.2 L.E.Cr . es el que solicita la identidad del titular de un terminal informático y no la policía.

Las sentencias 236/2008 de 9 de mayo y la 292/08 de 28 de mayo , condensan los principios o criterios a tener en cuenta, como en su momento dijimos. Recordemos las más importantes afirmaciones de la primera de ellas:

«Planteado así el problema, se hace preciso o cuando menos conveniente esbozar un esquema de los criterios legales y jurisprudenciales en orden a la calificación de la actuación policial de acuerdo con la legalidad procesal y constitucional.

En este sentido y en cuanto al alcance del contenido del derecho al secreto de las comunicaciones previsto en el art. 18-3 C.E ., la sentencia recurrida concreta acertadamente su alcance material, circunstancia que concuerda con las tesis del Fiscal recurrente.

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional nº 123 de 20 de mayo de 2002 , se establece, haciéndose eco del caso Malone (2-8-82), resuelto por el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que la obtención del listado de llamadas hechas por los usuarios mediante el mecanismo técnico utilizado por las compañías telefónicas constituye una injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones reconocido en el art. 8 del Convenio Europeo, equivalente al 18-3 C.E. En cuanto al concepto de secreto de la comunicación no sólo cubre su contenido, sino otros aspectos de la comunicación, como la identidad subjetiva de los interlocutores. Consecuentemente podemos afirmar que el secreto a las comunicaciones telefónicas garantiza también la confidencialidad de los comunicantes, esto es, alcanzaría no sólo al secreto de la existencia de la comunicación misma y el contenido de lo comunicado, sino a la confidencialidad de las circunstancias o datos externos de la conexión telefónica: su momento, duración y destino….. Hasta este nivel discursivo existe coincidencia entre la posición del tribunal de instancia y el Mº Fiscal».

La sentencia referida sigue diciendo : «Queda en pie la duda, de si para solicitar el número telefónico o identidad de un titular de un terminal telefónico o un IP, es necesario acudir a la autorización judicial, si no han sido positivas las actuaciones policiales legítimas integradas por injerencias leves y proporcionadas, que puede respaldar la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Ley de Seguridad Ciudadana, en la misión de los agentes de descubrir delitos y perseguir a los delincuentes.

A nuestro juicio, sin pretensiones ni mucho menos de sentar doctrina (obiter dicta), los datos identificativos de un titular o de un terminal deberían ser encuadrados, no dentro del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18-3 C.E.) sino en el marco del derecho a la intimidad personal (art. 18.1º C.E .) con la salvaguarda que puede dispensar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, L. O. 15/1999 de 13 de diciembre : art. 11.2 d. o su Reglamento, Real  Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que entró en vigor el 31 de marzo de 2008 , sin despreciar la Ley 32 de 3 de noviembre de 2003, General de Telecomunicaciones y su Reglamento, R.D. 424 de 15 de abril de 2005 , en los que parece desprenderse que sin el consentimiento del titular de unos datos reservados, contenidos en archivos informáticos, no pueden facilitarse a nadie, salvo los casos especiales que autorizan sus propias normas, entre las que se halla la autorización judicial, que lógicamente estaría justificada en un proceso de investigación penal».

TERCERO.- Tampoco debe pasar por alto, aunque sólo sea con carácter dialéctico, el contenido de la Ley nº 25 de 18 de octubre de 2007 de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que al igual que el Reglamento de la Ley de protección de datos son posteriores a los hechos aquí enjuiciados y por ende no aplicables.

La ley últimamente citada que se dicta en desarrollo de la Directiva de la Unión Europea 2006/24/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo del mismo año tiene por objeto imponer la obligación a los operadores de Telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos con el fin de entregarlos a los agentes facultados, en caso de que le fueran requeridos por éstos, entendiendo por tales agentes los pertenecientes a los Cuerpos policiales, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Dirección de Vigilancia aduanera. Esta ley exige para la cesión de estos datos, con carácter general, la autorización judicial previa y entre los datos que deben conservar figura el que es objeto del proceso que nos ocupa (los datos que deben ser custodiados por los operadores de telecomunicaciones están ampliamente descritos en su art. 3º ).

La radicalidad o rotundidad de la Ley 25/2007, en su artículo 6º, en relación al tercero , provocó ciertas dudas entre los Magistrados que tenían que dictar sentencia en esta instancia, especialmente sobre su posible proyección al caso de autos, consecuencia de lo cual se estimó oportuno llevar a Pleno no jurisdiccional de esta Sala, la reserva atribuída a la autorización judicial para la obtención de datos, con su amplia enumeración del art. 3 , con exclusión del Mº Fiscal.

1. El contraste de pareceres o puntos de vista jurídicos permitió al Pleno establecer ciertas conclusiones, que a fin de cuentas no afectaron a la cuestión de fondo suscitada en el recurso del Fiscal.

La Ley 25/2007, tiene muy en cuenta el campo aplicativo de la Ley Orgánica nº 15 de 1999 de Protección de Datos de carácter personal y le reconoce su mayor rango, aunque en el ámbito de vigencia de la Ley de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, se erigía como preferente esta Ley, por la materia específica a la que se refería, esto es, a las comunicaciones , su contenido y todos los datos externos o de tráfico que de modo exhaustivo enumera la ley.

Prueba del respeto que muestra la Ley 25/2007 a las previsiones normativas de la Ley de Protección de Datos, es que la menciona en multitud de ocasiones, incluída la exposición de motivos. A título de ejemplo el art. 8 la cita hasta cuatro veces, estableciendo, entre otras cosas, que «las obligaciones relativas a las medidas para garantizar la calidad de los datos y la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los mismos serán las establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo» . Y a continuación declara el mismo art. 8 que «El nivel de protección de los datos almacenados se determinará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y en su normativa de desarrollo».

2. Pero independientemente de que ambas leyes operen en ámbitos diferentes, no excluye la posibilidad de producirse ciertas coincidencias o colisiones, sobre todo cuando se relacionan con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones regulado en el art. 18-3 C.E .

La Sala General no jurisdiccional aprobó el 23 de febrero de 2010 el siguiente acuerdo: «Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Por lo cual, el Mº Fiscal precisará de tal autorización para obtener de los operadores los datos conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007 de 18 de octubre «.

De conformidad al tenor del acuerdo es patente que no resulta de aplicación al caso que nos concierne por haber ocurrido los hechos en 2006, esto es, antes de su vigencia.

3. Acudiendo a las normas en vigor que garantizan la reserva de las claves encubridoras de la identidad de usuarios de la Red (I.P.), se hace preciso de nuevo recordar la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos europeo (caso Malone), contenido en la sentencia de 2 de a gosto de 1982, que viene a establecer que la protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza «a cualquier forma de interceptación en el proceso de comunicación, mientras el mismo esté teniendo lugar , siempre que sea apta para desvelar la existencia misma de la comunicación, el contenido de lo comunicado o los datos o elementos externos del proceso de comunicación».

La correcta interpretación de esta doctrina nos debe llevar a la distinción de cuándo unos datos personales pueden afectar al secreto a las comunicaciones y cuándo conservados y tratados por las Operadoras, no se están refiriendo a comunicación alguna, es decir, datos estáticamente almacenados, conservados y tratados por operadores que se hallan obligados a la reserva frente a terceros.

Distinguimos pues dos conceptos:

a) datos personales externos o de tráfico que hacen referencia a una comunicación concreta y contribuyen a desvelar todo o parte del secreto que protege el art. 18-3 C.E :

b) datos o circunstancias personales referentes a la intimidad de una persona (art. 18-1º C.E.), pero autónomos o desconectados de cualquier comunicación, que caerán dentro del derecho a la protección de datos informáticos o habeas data del art. 18-4 C.E. que no pueden comprometer un proceso de comunicación.

Desde esta perspectiva dicotómica la absoluta equiparación de todo tipo de datos de tráfico o externos o la inclusión de todos ellos dentro del derecho al secreto de las comunicaciones comportaría un auténtico desenfoque del problema, pues incorporaría en el ámbito de la protección constitucional del art. 18-3 , circunstancias cuyo tratamiento jurídico no debería separarse del que se dispensa a la protección de datos o al derecho a la autodeterminación informática del art. 18-4 C.E . (véase por todas S.T.S. nº 249 de 20-5-2008 ).

4. En el caso concernido es patente que los datos cuyo obtención se pretende por el Fiscal no tienen relación ni afectan ni interceptan ni descubren ni tratan de descubrir una comunicación concreta, sino que por ser preciso para la acción investigadora el conocimiento del domicilio, número de teléfono o identidad del titular del terminal informático que opera en la Red (I.P.), la solicita a la operadora, al objeto de pedir del juez un mandamiento de entrada y registro con fines indagatorios o de investigación de un posible delito, acerca del que se conocen datos indiciarios.

El Mº Fiscal se hallaba en el ejercicio de sus funciones, entre otras, promover la acción de la justicia (art. 126 C.E . y art. 3 de su Estatuto Orgánico ) y también investigando los hechos delictivos, dentro del marco de unas diligencias preprocesales de naturaleza criminal (art. 773-2 L.E.Cr .).

CUARTO.- Tal proceder del Mº Fiscal no afecta al secreto de las comunicaciones sino que se desenvuelve en el marco del derecho a la intimidad, más concretamente dada la escasa intensidad en que es efectuada, la cuestión se proyectaría sobre la obligación que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de no publicar los datos personales de los usuarios que un servidor de Internet posee, los cuales no pueden cederse sin el consentimiento del titular, pero la ley establece diversas excepciones.

Así el art. 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre nos dice que el consentimiento del interesado a que se refiere el párrafo anterior no será necesario…. d) «Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal , los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas».

Por su parte la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, cuyo articulado se remite al art. 12 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (ahora derogada por la Ley 25/2007 ) se establece el deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas en cuyo nº 3 nos dice que los «datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguarda de la seguridad pública y la defensa nacional, poniéndola a disposición de los jueces o tribunales o del Ministerio Fiscal que así lo requieran» .

Finalmente la propia Agencia de Protección de Datos, órgano público de carácter autónomo que conforme al art. 37.1. a) de la L.O. 15/1999 , tiene por misión «velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, ha dicho en sus informes 135/2003 y 297/2005 que en los supuestos a que se refiere el art. 11.2 la cesión de datos personales no está sujeta a reserva jurisdiccional».

Por todo ello entendemos que el Fiscal tiene facultades de investigación paralelas a las del juez de instrucción en el Procedimiento Abreviado (art. 773-2 L.E.Cr .) y salvo los actos injerenciales en los derechos fundamentales y la adopción de medidas cautelares posee las mismas atribuciones y responsabilidades que un juez. Si el juez instructor no hubiera estimado pertinente la adopción de la medida de entrada y registro los datos se archivarían, sin haber salido del ámbito de disponibilidad y reserva de la autoridad encargada de la investigación criminal (bien se trate del Fiscal o del Juez).

Pero es que la decisión de invadir el domicilio particular de una persona no provenía de haber desvelado su identidad, ya que ello era absolutamente secundario o anodino; el juez acordó la entrada y registro valorando la necesidad, utilidad y proporcionalidad de la medida de acuerdo con los datos aportados por la policía indiciarios de la comisión de un delito grave, y la medida interesada, fuera quien fuera el titular del terminal, solo tenía por objeto el desvelamiento del nombre de la persona física o jurídica que contrató con el operador de Internet y le asignó un I.P. encriptado en una clave alfanumérica

Ni que decir tiene que este régimen jurídico sólo es aplicable antes de la ley 25/2007 de 18 de octubre ; con posterioridad a su vigencia debemos estar al acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 23 de febrero de 2010 .

QUINTO.- En atención a lo expuesto parece ser que la Audiencia confunde el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18-3 C.E.), el derecho a la intimidad (art. 18-1 C.E.) y la obligación de conservar secretos los datos informáticos personales (art. 18-4 C.E.) conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que excepciona la petición del Fiscal en el ejercicio de sus funciones legales de investigación de los delitos.

No habiéndose quebrantado ningún derecho fundamental, el art. 11.1 LOPJ . no es aplicable, debiendo surtir efecto en el proceso los datos obtenidos en la entrada y registro y las demás pruebas (testimonios o pericias) practicadas a consecuencia del mismo.

El motivo habrá de estimarse, declarando nula la sentencia, con devolución al Tribunal que la dictó, para que valorando todo el material probatorio legítimo existente en la causa se pronuncie sobre las pretensiones acusatorias del Fiscal y las aducidas por las demás partes procesales.

SEXTO.- Las costas del recurso se deben declarar de oficio, de conformidad con lo establecido en el art. 901 L.E .Criminal.

FALLO

Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, por estimación del motivo único formulado por el mismo, DECLARANDO NULA la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, con fecha dos de diciembre de dos mil ocho , devolviendo al Tribunal que la dictó la causa para que valorando todo el material probatorio legítimo existente en la misma se pronuncie sobre las pretensiones acusatorias del MINISTERIO FISCAL y demás partes procesales.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Adolfo Prego de Oliver y Tolivar José Ramón Soriano Soriano José Manuel Maza Martin Luciano Varela Castro Manuel Marchena Gómez

PUBLICACION .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José Ramón Soriano Soriano , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico. 

01Ene/14

Verwaltungsvorschriften zum Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (VV-DSG-LSA) vom 31.8.2002

Gem. RdErl. des MI, der StK und der übrigen Min. vom 31.8.2002 – 41.21B-05519/1 – (MBl. LSA S. 1091), geändert durch Gem. RdErl. des MI, der StK und der übrigen Min. vom 13.7.2007 – 41.21A-05519/2 (MBl. LSA S. 629), vom 12.11.2007 – 41.21A-05519/2 (MBl. LSA S. 834), vom 10.3.2009 – 41-21A-05519/2 (MBl. LSA S. 198) und vom 19.4.2010 -41.21-05519/2 (MBl. LSA S 208).

Mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) i. d. F. der Bek. vom 18.2.2002 (GVBl. LSA S. 54), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 701), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Landesgesetzgeber allgemeine datenschutzrechtliche Vorschriften für Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes, der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie für Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen getroffen. Zugleich hat der Landesgesetzgeber für die genannten Stellen von der in § 12 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) i. d. F. der Bek. vom 14.1.2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.8.2006 (BGBl. I S. 1970), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Datenschutz, auch soweit Bundesrecht ausgeführt wird, durch Landesrecht zu regeln.

Adressaten des Zweiten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes sind im öffentlichen Bereich grundsätzlich nur öffentliche Stellen des Bundes. Für natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts (§ 2 Abs. 4 BDSG) richtet sich die Zulässigkeit der Datenverarbeitung grundsätzlich nach dem Dritten Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes.

1. Zu § 1 (Zweck des Gesetzes)

1.1 Zweck des Gesetzes

Nach Art. 6 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt hat jeder das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten; in dieses Recht darf unter Beachtung des Zitiergebotes nach Art. 20 Abs. 1 der Landesverfassung nur durch oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Dabei sind insbesondere Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten zu bestimmen und das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung näher zu regeln.

Entsprechend den Vorgaben der Landesverfassung trifft das DSG-LSA für die öffentlichen Stellen des Landes die für die Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung erforderlichen bereichsübergreifenden Regelungen. Das Gesetz berücksichtigt, dass aufgrund der Gemeinschaftsbezogenheit und -gebundenheit der Einzelnen und des dadurch bestehenden Spannungsverhältnisses zwischen dem Persönlichkeitsrecht der Einzelnen und den Interessen der Allgemeinheit die Einzelnen im überwiegenden Allgemeininteresse bestimmte Einschränkungen ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung hinnehmen müssen. Es gibt hierfür vorbehaltlich bereichsspezifischer Regelungen die erforderliche rechtliche Grundlage. Des Weiteren sieht das DSG-LSA organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen vor, die der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.

1.2 Datensparsamkeit und Datenvermeidung

Die Pflichten zur Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind Konkretisierungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Gestaltung von Datenverarbeitungsverfahren. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ist soweit wie möglich zu vermeiden. Auf die Kenntnis der Identität Betroffener während der Datenverarbeitungsvorgänge ist zu verzichten, soweit dies sachgerecht und technisch möglich ist. Reicht eine anonymisierte oder pseudonymisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten aus, ist davon Gebrauch zu machen. Nach dem letzten Halbsatz muss die Anonymisierung und Pseudonymisierung nur erfolgen, wenn der durch diese Maßnahmen verursachte Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem vom Gesetz verlangten Schutz der Daten steht. Die Ausführungen zu § 6 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.

2. Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

2.1 Allgemeine Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen entsprechen grundsätzlich denen des § 3 BDSG. Sie weichen mitunter vom üblichen Sprachgebrauch, aber auch von Begriffsinhalten der Informationstechnologie ab. Um eine gleichmäßige Anwendung des Gesetzes zu erreichen, ist von Folgendem auszugehen:

2.1.1 Personenbezogene Daten

Einzelangaben sind Daten, die eine natürliche lebende Person (Betroffene oder Betroffener) bestimmen oder bestimmbar machen (z. B. Name, Personalnummer, Sozialversicherungsnummer, Personalausweisnummer, Kfz-Kennzeichen). Einzelangaben sind aber auch Daten, die in der Person der Betroffenen liegende oder auf die Betroffenen bezogene Sachverhalte beschreiben (z. B. Adresse, Einkommen, Familienstand, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Krankheit, Zeugnisnoten, Berufsbezeichnung); auch Werturteile, Planungs- und Prognosedaten über Betroffene gehören dazu. Einzelangaben in diesem Sinne sind nicht nur Daten, an deren Geheimhaltung die Betroffenen Interesse haben (Geheimnisse), sondern auch jedwede andere Angaben zur Person.

Die Einzelangaben können persönliche oder sachliche Verhältnisse einer Person betreffen (z. B. Familienstand, Geschlecht, Geburtsdatum einerseits, Besitz, Eigentum, Kraftfahrzeug, Wasserverbrauch andererseits). Die Unterscheidung ist wegen der gleichen Rechtsfolge nicht begriffserheblich, in der Praxis oft fließend. Nicht personenbezogen und damit vom Schutzbereich des Gesetzes nicht erfasst sind Daten über juristische Personen (AG, KG auf Aktien) oder über Personenvereinigungen (z. B. offene Handelsgesellschaften, nicht rechtsfähige Vereine), soweit kein Rückschluss auf eine natürliche Person möglich ist. Dieser Rückschluss ist nicht gegeben, soweit eine natürliche Person nur in ihrer Eigenschaft als Organ oder z. B. als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin einer juristischen Person erfasst ist. Der Schutz von Daten über juristische Personen und andere in Satz 1 genannte Stellen bestimmt sich gegebenenfalls nach

a) allgemeinen Vorschriften, z. B. nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 699) i. V. m. § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), § 203 des Strafgesetzbuches (StGB) oder

b) speziellen Regelungen wie § 16 des Bundesstatistikgesetzes vom 22.1.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 9.6.2005 (BGBl. I S. 1534), in der jeweils geltenden Fassung.

Die natürliche Person muss bestimmt (z. B. durch Identifizierungsdaten wie Name und Anschrift, Personalnummer, Kontonummer) oder bestimmbar sein (z. B. durch Bezugnahme auf andere Daten oder äußere Umstände). Aggregierte Daten (Summendaten), wie sie z. B. in der Statistik anfallen, sind nicht personenbezogen; enthält die statistische Gruppe nur Angaben über eine oder zwei Personen, so sind die Daten grundsätzlich wieder personenbezogen.

Bei personenbezogenen Daten, bei denen die verantwortliche Stelle Namen und Anschrift der Betroffenen nicht kennt, ist sie von der Einhaltung solcher Bestimmungen entbunden, die eine solche Kenntnis voraussetzen.

2.1.2 Personenbezogene Daten besonderer Art

Angaben über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben sind besonders schützenswert. Sie werden entsprechend § 3 Abs. 9 BDSG als personenbezogene Daten besonderer Art definiert. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung solcher Daten ist zusätzlichen formellen (§ 14 Abs. 2 Satz 1) und materiellen (§ 26 Abs. 1) Anforderungen unterworfen.

2.1.3 Allgemein zugängliche personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind dann allgemein zugänglich, wenn sie jedermann ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgeltes frei verwenden kann. Hierzu zählen insbesondere personenbezogene Daten, die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können (z.B. Tageszeitungen, Telefonbüchern, Internet).

2.2 Automatisiertes Verfahren

2.2.1.1 Die Definition des automatisierten Verfahrens beschränkt sich auf die Beschreibung der wesentlichen Kriterien, nämlich dass durch den gesteuerten Einsatz von Technik ohne weiteres menschliches Zutun die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten abläuft. Die Definition ist so offen formuliert, dass sie auch künftigen technischen Entwicklungen gerecht wird. Es kommt nicht auf die Speicherung in einer einzelnen Datei an. Entscheidend ist auch nicht, wie viele personenbezogene Daten oder Merkmale erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Regelungsgegenstand sind Vorgänge oder Vorgangsreihen; diese sind mit dem Begriff Verfahren umschrieben.

Auf das Vorliegen eines automatisierten Verfahrens stellen eine Vielzahl von Regelungen des Gesetzes ab, z. B. die Regelungen zum Verfahrensverzeichnis (§ 14 Abs. 3), zur Einsetzung des Beauftragten für den Datenschutz (§ 14a Abs. 1) und zur Gefährdungshaftung (§ 18 Abs. 2).

2.2.1.2a Datei

Das Gesetz verwendet einen doppelten Dateibegriff. Es unterscheidet zwischen automatisierten und nichtautomatisierten Dateien. Der Dateibegriff hat bei Anwendung des DSG-LSA nur geringe Bedeutung. Das DSG-LSA regelt die materielle Zulässigkeit des Umgangs öffentlicher Stellen mit personenbezogenen Daten grundsätzlich unabhängig davon, ob automatisierte Verfahren eingesetzt werden oder ob die Daten in nichtautomatisierten Dateien oder Akten enthalten sind. Der Dateibegriff ist nur bei der Anwendung einzelner Regelungen des DSG-LSA bedeutsam, insbesondere bei solchen verfahrensrechtlicher Art.

2.2.1.2b Automatisierte Datei

Im zweiten Halbsatz wird die bisherige Definition der automatisierten Datei beibehalten. Dies ist erforderlich, weil der Begriff automatisierte Datei in vielen bereichsspezifischen Rechtsvorschriften zum Datenschutz noch verwendet wird. Automatisierte Dateien sind sämtliche elektronisch verarbeiteten Datenbestände personenbezogenen Inhalts, die automatisiert ausgewertet werden können. Von dem Begriff erfasst werden auch Bild- und  Tonaufzeichnungen in digitalisierter Form, bei denen eine Auswertbarkeit durch automatisierte Verfahren gegeben ist.

2.2a Nicht-automatisierte Datei

Nicht-automatisierte Datei ist jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen (mindestens zwei) geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (z. B. Kartei, Register, Sammlung von ausgefüllten Antragsvordrucken; nicht aber eine Liste, da sie – ohne physische Veränderung – nicht umgeordnet werden kann). Gleichartig aufgebaut ist eine Sammlung von Daten, die sich entweder auf einem einzigen Datenträger oder auf mehreren physisch gleichartigen Datenträgern (z. B. Karteikarten) befindet. Die darauf gespeicherten Daten müssen auf dem Datenträger in einer bestimmten Ordnung enthalten sein, also in einer für die weitere Verarbeitung geeigneten Weise formalisiert sein.

2.3 Akte

Obwohl das DSG-LSA – anders als das BDSG für den nicht-öffentlichen Bereich – bei seiner Anwendung nicht auf den Umgang mit personenbezogenen Daten in automatisierten Verfahren und in oder aus nicht-automatisierten Dateien beschränkt ist, kommt der Definition der Akte Bedeutung zu. Das Gesetz trifft für Akten einzelne differenzierende Regelungen, die auf die Besonderheiten dieses Mediums abstellen. Akte ist abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch jede sonstige amtlichen, dienstlichen oder Geschäftszwecken dienende Unterlage, die nicht Datei ist. Bild- und Tonträger sind danach Akten, sofern sie nicht bereits als nicht-automatisierte Dateien einzustufen sind oder Teil eines automatisierten Verfahrens sind. Nicht vom Aktenbegriff erfasst werden Notizen und Vorentwürfe. Die Sonderregelungen für Akten und Aktensammlungen gelten nicht, soweit diese durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können. Das entsprechende Verfahren muss eingerichtet und einsatzbereit sein.

2.4 Erheben

Erheben ist die zielgerichtete (= mit Wissen und Wollen) Beschaffung oder Entgegennahme personenbezogener Daten, und zwar auch dann, wenn der Vorgang nicht in eine Verarbeitung oder Nutzung einmündet. Beispiel: Eine Befragung ergibt, dass keine weiteren Maßnahmen zu treffen sind. Die Übermittlung auf Ersuchen ist seitens der ersuchenden Stelle (Stelle, an die übermittelt werden soll) stets auf eine Erhebung gerichtet.

2.5 Verarbeitung

2.5.2.1 Speichern

Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren (z. B. gezielte Aneignung zum Zwecke eigener Verwendung) personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung. Datenträger ist jeder Informationsträger, auf dem Daten lesbar festgehalten sind, z. B. auch eine Liste oder ein einzelnes Blatt. Bereits die Kenntnisnahme unaufgefordert mitgeteilter personenbezogener Daten mit dem Ziele ihrer weiteren Verwendung ist Speichern. Das Speichern endet mit dem Löschen der Daten.

2.5.2.3 Übermitteln

Übermitteln setzt grundsätzlich voraus, dass personenbezogene Daten zielgerichtet in den Einflussbereich eines Dritten (Nr. 2.9) gelangen. Auch eine unbeabsichtigte, aber tatsächlich erfolgte Übermittlung kann zielgerichtet sein.

Weitergeben umfasst sowohl die physische Übergabe, Aushändigung oder Übersendung von Datenträgern als auch die bloße Informationsvermittlung (z. B. fernmündlich oder durch schlüssiges Verhalten). Hierbei ist nicht erforderlich, dass der Dritte die Daten tatsächlich zur Kenntnis nimmt. Zum Weitergeben innerhalb der verantwortlichen Stelle und an Auftragnehmer siehe Nrn. 2.6 und 2.9.

Eine Übermittlung durch Einsicht oder Abruf liegt nur vor, wenn der Dritte von der verantwortlichen Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten tatsächlich einsieht oder abruft.

Ein Unterfall der Übermittlung ist die Veröffentlichung. Hierbei handelt es sich um die ungezielte Weitergabe von Daten an unbestimmte Dritte, z. B. in einem Presseorgan. Das Merkmal der Veröffentlichung ist aber auch erfüllt, wenn Daten zum Abruf für unbestimmte Dritte, also für jedermann, bereitgehalten werden.

2.5.2.4 Sperren

Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen übermittelt oder genutzt werden (Nr. 16.5).

2.5.2.5 Löschen

Mit dem Löschen endet die Verarbeitung der Daten. Löschen liegt vor, wenn die Daten von Menschen auch unter Zuhilfenahme technischer Mittel nicht mehr zur Kenntnis genommen werden können. Das kann in verschiedener Form geschehen. Auf Papier können Schriftzeichen durch Ausstreichen, Überschreiben oder Schwärzen unkenntlich gemacht werden, aber auch durch Vernichten des Datenträgers (z. B. Verbrennen oder Zerkleinern im Reißwolf). Auf maschinenlesbaren Datenträgern sind Daten dann unkenntlich, wenn durch technische oder organisatorische Mittel sichergestellt ist, dass sie von niemandem mehr zur Kenntnis genommen werden können. Das kann z. B. durch Neuformatierung von Magnetschichten (z. B. Überschreiben) geschehen, wenn die Daten danach für den Lesekopf der Verarbeitungsanlage nicht mehr lesbar gemacht werden können. Ein Datenbestand ist erst dann vollständig gelöscht, wenn auch die Datenträger, die der Datensicherung dienen (Duplikate, Archivbänder), gelöscht wurden.

2.6 Nutzen

Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, die nicht den Begriff der Verarbeitung erfüllt. Dies betrifft wiederum Dateien wie Akten. Das Nutzen ist ein Auffangtatbestand, der immer dann greift, wenn eine Verwendung der Daten keiner Phase der Datenverarbeitung zugeordnet werden kann. Damit wird sichergestellt, dass jeder Umgang mit personenbezogenen Daten vom Gesetz erfasst wird. Nutzen ist insbesondere die Verwendung personenbezogener Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle, z. B. die interne Weitergabe an eine andere Organisationseinheit innerhalb der gleichen Behörde. Die daran beteiligten Organisationseinheiten sind zueinander grundsätzlich nicht Dritte (Nr. 2.9).

Eine Nutzung liegt auch vor, wenn ein Datenabgleich durchgeführt wird. Fehlt bei der Informationsverwendung der Personenbezug, liegt ein Nutzen im Sinne des DSG-LSA nicht vor.

2.7 Anonymisieren

Es wird klargestellt, dass personenbezogene Daten nicht nur dann anonymisiert sind, wenn ein Personenbezug überhaupt nicht mehr herstellbar ist, sondern auch dann, wenn die Zuordnung nur noch mit unverhältnismäßigem Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft möglich wäre (faktische Anonymisierung). Je sensibler die Daten sind, desto größer muss der Aufwand sein, sie zu repersonifizieren.

2.7a Pseudonymisieren

Pseudonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten durch Verwendung einer Zuordnungsfunktion derart, dass mit verhältnismäßigem Aufwand Einzelangaben nur in Kenntnis dieser Funktion einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. An die Stelle identifizierbarer Daten tritt ein Pseudonym, das es ermöglicht, Daten ohne Kenntnis der Identität des Betroffenen zu nutzen. Bei der Wahl der Zuordnungsfunktionen ist darauf zu achten, dass die Pseudonyme möglichst wenig Informationsgehalt aufweisen. Pseudonyme können von unterschiedlichen Personen vergeben werden:

a) durch die betroffene Person,

b) durch einen vertrauenswürdigen Dritten, der allein die Zuordnungsfunktion kennt (z. B. pseudonymisierter Signaturschlüssel nach § 7 des Signaturgesetzes vom 16.5.2001, BGBl. I S. 876, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 26.2.2007, BGBl. I S. 179, in der jeweils geltenden Fassung),

c) durch den Datenverwender.

Im Rahmen des DSG-LSA kommen kurz- und mittelfristig vor allem die Varianten nach Buchst. a und c in Betracht.

2.8 Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle ist diejenige Stelle, die Daten für die ihr übertragenen Aufgaben selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder durch Auftragnehmer erheben, verarbeiten oder nutzen lässt. Werden personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, ist im Rahmen des Auftrages der Auftragnehmer nicht verantwortliche Stelle; dies ist vielmehr der jeweilige Auftraggeber. Verantwortliche Stellen sind grundsätzlich nicht die juristischen Personen des öffentlichen Rechts selbst, sondern deren Behörden und die von ihnen getragenen sonstigen öffentlichen Stellen. Das Gesetz geht vom organisatorischen und nicht vom funktionalen Stellenbegriff aus; d. h. verschiedene Organisationseinheiten einer Behörde sind grundsätzlich zueinander nicht Dritte, wohl aber Empfänger (Nr. 2.10). Außenstellen einer Behörde sind Teile der verantwortlichen Stelle, soweit sie nicht organisatorisch verselbständigt sind.

2.9 Dritter

2.9.1 Grundsätzlich ist jeder außerhalb der verantwortlichen Stelle Dritter. Außerhalb der verantwortlichen Stelle steht jede natürliche oder juristische Person, Gesellschaft oder andere Personenvereinigung des privaten Rechts sowie jede öffentliche Stelle, die nicht mit der verantwortlichen Stelle identisch oder ein Teil von ihr ist. Maßgebend ist die juristische, nicht die wirtschaftliche Betrachtungsweise.

2.9.2 Als Dritte gelten nicht

a) Betroffene oder

b) diejenigen Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Norwegen, Island und Liechtenstein) personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

2.10 Empfänger

Der Begriff «Empfänger» steht für alle, die Daten erhalten in ihrer Eigenschaft als

a) Dritte,

b) Personen oder Stellen, die für die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten oder nutzen, oder

c) anderer Organisationsteil der verantwortlichen Stelle, dem Daten für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Die Einbeziehung anderer Organisationsteile der verantwortlichen Stelle berücksichtigt den Beschluss des BVerfG vom 18.12.1987 (NJW 1988 S. 959), wonach auch innerhalb einer verantwortlichen Stelle eine aufgabenspezifische Trennung im Umgang mit personenbezogenen Daten besteht (informationelle Gewaltenteilung). Die stelleninterne Weitergabe personenbezogener Daten ist grundsätzlich keine Übermittlung, sondern ein Unterfall der Nutzung. Diese Differenzierung hat überwiegend formale Bedeutung, da die materiellen Voraussetzungen der internen Weitergabe nach § 10 und der Übermittlung im öffentlichen Bereich nach § 11 regelmäßig übereinstimmen.

Nicht Empfänger im Sinne des Gesetzes sind Betroffene.

2.11 Mobiler personenbezogener Datenträger

Dies ist ein Datenträger, der alle Voraussetzungen des Absatzes 11 Nrn. 1 bis 3 erfüllt. Die Definition des mobilen personenbezogenen Datenträgers erfasst nicht nur intelligente Medien, insbesondere Chipkarten, sondern auch nicht intelligente Medien, z. B. Magnetkarten oder maschinenlesbare Ausweise. Es wird nicht nur auf Prozesse abgestellt, die auf dem Medium ablaufen, sondern auch auf solche, die durch das Medium in anderen Datenverarbeitungssystemen ausgelöst werden.

Je nach Verwendung können mittels solcher Datenträger Bewegungsprofile erstellt oder beim Einlesen des Datenträgers gespeicherte Daten unbewusst anderen verfügbar gemacht werden. Um diesen Risiken für die Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu begegnen, ist vor dem Einsatz mobiler Datenträger nach § 14 Abs. 2 die Vorabkontrolle vorgeschrieben.

Soweit RFID-Tags durch öffentliche Stellen an Betroffene ausgegeben werden und unmittelbar der Verarbeitung personenbezogener Daten dienen, handelt es sich um Datenträger im Sinne des § 2 Abs. 11.

3. Zu § 3 (Anwendungsbereich)

Grundsätzlicher Anwendungsbereich

Die Vorschrift legt den Anwendungsbereich des DSG-LSA und die Ausnahmen hiervon fest. Dabei stellt das DSG-LSA grundsätzlich nur auf die Eigenschaft des Adressaten als einer öffentlichen Stelle ab, ohne danach zu differenzieren, ob dieser hoheitlich oder fiskalisch handelt.

3.1 Öffentliche Stelle

Absatz 1 führt die Adressaten des DSG-LSA an. Satz 1 trifft zugleich eine Legaldefinition öffentlicher Stellen des Landes. Hierzu gehören nicht die Kirchen (Nr. 11.4), wohl aber die Ortskrankenkasse, die allerdings in ihrer Eigenschaft als Leistungsträger bereichsspezifischen Datenschutzvorschriften des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz -(SGB X) i. d. F. der Bek. vom 18.1.2001 (BGBl. I S. 130), zuletzt geändert durch Art. 263 der Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in der jeweils geltenden Fassung unterfällt.

3.1.1.1 Behörde

Behörde ist entsprechend § 1 Abs. 2 VwVfG LSA jede organisatorisch selbständige Stelle, der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen sind (z. B. auch die Landtagsverwaltung, der Gerichtspräsident). Äußeres Zeichen der organisatorischen Selbständigkeit ist insbesondere die Befugnis zum eigenverantwortlichen Auftreten im eigenen Namen nach außen. Amtsträger oder Dienststellen, die nach den maßgeblichen organisatorischen Bestimmungen nur im Namen und mit Wirkung für und gegen andere Stellen handeln können, insbesondere Ämter, Sachgebiete, Dezernate, Referate und Abteilungen einer Behörde, sind nicht selbst Behörde oder öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

3.1.1.2 Organe der Rechtspflege

Zu den Organen der Rechtspflege zählen neben den Gerichten, soweit sie in ihrer originären Funktion der Streitentscheidung in Rechtssachen und im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig werden, die Staatsanwaltschaften, die Strafvollzugsbehörden, die Gerichtsvollzieher und die Schiedspersonen. Auch Notare sind Organe der Rechtspflege, da sie Träger eines öffentlichen Amtes sind, durch Hoheitsakt bestellt werden und der Dienstaufsicht der Landesjustizverwaltung unterliegen. Nach § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung in der im BGBl. III, Gliederungs-Nr. 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26.3.2007 (BGBl. I S. 358), in der jeweils geltenden Fassung, sind auch Rechtsanwälte Organe der Rechtspflege; sie werden aber von § 3 deshalb nicht erfasst, weil es an einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform fehlt. Für Rechtsanwälte gelten die für nicht-öffentliche Stellen einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

3.1.1.3 Andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen

Andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen sind nach außen eigenverantwortlich handelnde Stellen, die keine Behördeneigenschaft besitzen, z. B. der Landtag als Parlament, Stellen mit lediglich fiskalischen Aufgaben und öffentliche Wettbewerbsunternehmen.

3.1.1.4 Vereinigungen

Vereinigungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts sind ungeachtet ihrer Rechtsform öffentliche Stellen (z. B. die kommunalen Spitzenverbände). Vereinigungen in diesem Sinne sind auch Personen- oder Kapitalgesellschaften (des privaten Rechts), bei denen ausschließlich Adressaten des DSG-LSA (das Land, die Gemeinden, die Landkreise und sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts) Gesellschafter sind oder sämtliche Anteile halten. Dies gilt auch, wenn die Vereinigung nur von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts gebildet ist, gegebenenfalls über eine Schachtelbeteiligung.

Der Begriff der Vereinigung ist hier nach dem Normzweck so auszulegen, dass entscheidendes weiteres Kriterium die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe ist. Im Bereich der Daseinsvorsorge ist von einer solchen Aufgabe nur auszugehen, wenn sich die öffentliche Hand der Wahrnehmung nicht entziehen kann, weil ein dringender öffentlicher Bedarf für eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand besteht. Dies ist z. B. bei Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs der Fall. Soweit die Vereinigungen – ganz oder teilweise – keine öffentlichen Aufgaben in diesem Sinne erfüllen (z. B. Energieversorgung, Wohnungswirtschaft, Betrieb einer jedermann zugänglichen KfzWerkstatt), gilt für sie – wie für andere nicht-öffentliche Stellen – uneingeschränkt das BDSG.

Stehen die Vereinigungen bei Erledigung einer öffentlichen Aufgabe im oben beschriebenen Sinne faktisch oder potentiell im Wettbewerb, ist § 3 Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden. Die Kontrolle erfolgt in diesem Fall durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz unter überwiegender Anwendung des BDSG.

3.1.2 Beliehene

Nicht-öffentliche Stellen, die hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (beliehene Unternehmer), sind z. B. die KfzSachverständigen des TÜV und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure. Soweit diese Stellen im Rahmen der Beleihung tätig werden, gelten sie als öffentliche Stellen.

Im Übrigen sind nicht-öffentliche Stellen natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts (§ 2 Abs. 4 BDSG).

3.2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich des DSG-LSA

3.2.1 Am Wettbewerb teilnehmende öffentliche Unternehmen

Soweit Unternehmen, die öffentlichrechtlich organisiert sind (z. B. Eigenbetriebe oder selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts) am Wettbewerb teilnehmen, werden sie den materiellen Datenschutzbestimmungen, die das Bundesdatenschutzgesetz für den nicht-öffentlichen Bereich trifft, unterworfen. Diese Vorschriften kommen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 27 BDSG grundsätzlich nur zur Anwendung, wenn personenbezogene Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder in oder aus nichtautomatisierten Dateien verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden, nicht aber bei herkömmlicher Informationsverarbeitung in Akten. Die Unternehmen sind verpflichtet, die Durchführung des Datenschutzes gemäß § 14 zu gewährleisten. Sie haben Verfahrensverzeichnisse nach § 14 Abs. 3 zu führen und Beauftragte für den Datenschutz nach § 14a einzusetzen. Zu beachten sind ferner die Regelungen über den Umgang mit Personal- und Bewerberdaten in § 28 und zum Fernmessen und Fernwirken in § 29. Die Unternehmen unterliegen der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz in §§ 19, 22 bis 24.

3.2.1.1 Krankenhäuser

Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gehören zu den öffentlich-rechtlichen Wettbewerbsunternehmen. Bei Erledigung hoheitlicher Aufgaben (z. B. Zwangseinweisungen) nehmen sie nicht am Wettbewerb teil. Soweit Krankenhausträger ein entsprechendes Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Sozialleistungsträger nach § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (SGB I) vom 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 5.12.2006 (BGBl. I S. 2748, in der jeweils geltenden Fassung, betreiben, unterliegt das Krankenhaus nach Maßgabe des § 81 Abs. 4 Satz 3 SGB X einzelnen Vorschriften des ersten und zweiten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes (Nr. 3.3).

3.2.1.2 Krankenkassen

Soweit sich Krankenkassen, die der Aufsicht des Landes unterstehen (z. B. die Ortskrankenkasse, Innungskrankenkassen, Landwirtschaftliche Krankenkassen oder bestimmte Betriebskrankenkassen) darum bemühen, freiwillig Versicherte im Sinne des § 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V) vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 1574), in der jeweils geltenden Fassung, zu gewinnen oder nicht mehr Versicherungspflichtige als freiwillig Versicherte zu übernehmen, stehen sie damit in Wettbewerb zu privaten Krankenversicherungen. Sie werden insoweit aber nicht zu Wettbewerbsunternehmen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1; die Beziehungen zwischen Krankenkasse und freiwillig Versicherten bestimmen sich ausschließlich nach Sozialleistungsrecht.

3.2.2 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten

Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten unterliegen allen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf entsprechende privatrechtliche Unternehmen anzuwenden sind, also auch der Kontrolle der Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG. Im Übrigen ist nur § 28 zu beachten, der den Umgang mit Personal- und Bewerberdaten regelt.

Öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten, bei denen Beitrittszwang besteht, nehmen insoweit nicht am Wettbewerb teil und fallen deshalb insoweit in den Anwendungsbereich des DSG-LSA. Dieses gilt auch für organisatorisch und aufgabenmäßig verselbständigte Teile öffentlichrechtlicher Kreditinstitute und Versicherungsanstalten, die dem Wettbewerb nicht zugängliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, z. B. die Investitionsbank SachsenAnhalt, soweit sie über die Vergabe von Subventionen und Wohnungsbaufördermitteln entscheidet.

3.2.3 Ausübung des Gnadenrechts

Auch wenn wegen verfahrensmäßiger Besonderheiten bei der Ausübung des Gnadenrechts das DSG-LSA nicht gilt, sollte im Interesse des Persönlichkeitsschutzes soweit wie möglich entsprechend den materiellrechtlichen Vorgaben des DSG-LSA verfahren werden.

3.3 Andere Rechtsvorschriften

3.3.1 Subsidiarität des DSG-LSA

Das DSG-LSA gilt nur subsidiär. Soweit andere Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, haben sie Vorrang, wie z. B.

a) das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) i. d. F. der Bek. vom 23.9.2003 (GVBl. LSA S. 214),

b) das Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt (VerfSchG-LSA) i. d. F. der Bek. vom 6.4.2006 (GVBl. LSA S. 236), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 524), und

c) das Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) i. d. F. der Bek. vom 11.8.2004 (GVBl. LSA S. 506), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 702),

in der jeweils geltenden Fassung. Vorrang haben auch solche Rechtsvorschriften, die keine Datenschutzregelungen treffen, aber auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, z. B. § 71 LHO hinsichtlich der Pflicht zur Buchführung. Der Umfang des Vorrangs anderer Rechtsvorschriften ist bei der Herausgabe von Verwaltungsvorschriften hierzu allgemein, im Übrigen anlässlich der laufenden Bearbeitung im Einzelfall zu ermitteln.

Treffen die anderen Rechtsvorschriften nur teilweise Regelungen, gilt ergänzend das DSG-LSA. Zum Beispiel ist die Pflicht zu technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne des § 6 nicht im SOG LSA geregelt.

Für Rechtsvorschriften des Bundes ergibt sich der Vorrang bereits aus Art. 71, 72 oder 31 des Grundgesetzes. Solche Regelungen sind z. B.

a) §§ 67 bis 85 des SGB X,

b) §§ 16, 21 und 22 des Passgesetzes vom 19.4.1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 1566),

c) § 61 des Personenstandsgesetzes in der im BGBl. III Gliederungsnummer 211-1 veröffentlichten bereinigten Fassung,

d) §§ 86 bis 91a des Aufenthaltsgesetzes vom 30.7.2004 (BGBl. I S. 1950), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 1566) und

e) §§ 474 bis 495 der Strafprozessordnung (StPO) in der jeweils geltenden Fassung.

3.3.2 Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse

Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. So ist z. B. das Arztgeheimnis nur standesrechtlich geregelt, auch wenn dessen Verletzung nach § 203 StGB strafbewehrt ist.

3.4 Abgrenzung zum VwVfG LSA i. V. m. dem VwVfG

Bei der Ermittlung des Sachverhalts im Verwaltungsverfahren ist das DSGLSA gegenüber dem VwVfG LSA i. V. m. den VwVfG vorrangig; dies ist insbesondere bei Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes (§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 24 VwVfG) und der Beiziehung von Beweismitteln (§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 26 VwVfG) zu beachten. Eine um Amtshilfe ersuchte Behörde darf bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten Amtshilfe nur leisten, soweit dies insbesondere nach § 11 DSG-LSA zulässig ist. Ansonsten bestehen rechtliche Hinderungsgründe im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VwVfG.

4. Zu § 4 (Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung)

4.1 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

Ob eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zulässig ist, kann sich aus anderen Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) oder dem DSG-LSA selbst ergeben (z.B. §§ 4, 9, 10, 11). Gemeint sind damit materielle Rechtsnormen im weitesten Sinne; z. B. auch kommunale Satzungen und Satzungen sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften (z. B. der IHK). Ein Schluss von der Aufgabe auf die Befugnis ist grundsätzlich nicht möglich.

Die entsprechende Rechtsvorschrift muss die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich erlauben oder vorschreiben.

4.2 Einwilligung

Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von der Einwilligung Betroffener abhängig gemacht wird, ist eine informierte Einwilligung vorgesehen. Die Einwilligung ist die vorherige Zustimmung Betroffener. Die Betroffenen müssen handlungsfähig (§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 12 VwVfG) sein (z. B. Religionsmündigkeit ab Vollendung des 14. Lebensjahres nach § 5 des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung in der im BGBl. III, Gliederungs-Nr. 404-9, veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch Art. 7 § 31 des Betreuungsgesetztes vom 12.9.1990, BGBl. I S. 2002, in der jeweils geltenden Fassung, eigene Meldepflicht nach § 9 Abs. 3 MG LSA ab Vollendung des 16. Lebensjahres). Sind Betroffene nicht handlungsfähig, erteilen die gesetzlichen Vertreter oder im Rahmen ihres Aufgabenkreises Betreuer im Sinne des Betreuungsgesetzes die Einwilligung.

Ein Muster für Einwilligungserklärungen ist als Anlage 1 beigefügt.

Die Einwilligung kann genutzt werden, um im Falle der Zweckänderung vom Grundsatz der Erhebung bei Betroffenen abzuweichen. Hierdurch können die Betroffenen über die Fälle des § 10 Abs. 2 Nr. 3 hinaus von Mehrfacherhebungen freigestellt werden.

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Die Einwilligung muss hinreichend bestimmt sein. Besondere Bedeutung kommt der Information der Betroffenen zu.

4.2.2 Form

Soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form oder ein anderer Inhalt angemessen ist, bedarf die Einwilligung der Schriftform (§ 126 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) und muss die Art der Daten, die Form ihrer Verarbeitung und die Dritten, an die Übermittlungen vorgesehen sind, bestimmen. Ist damit zu rechnen, dass die Daten von manuellen in automatisierte Verfahren übernommen werden, sollte die Einwilligung auch zur automatisierten Verarbeitung eingeholt werden.

Die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form (mit qualifizierter elektronischer Signatur) kann nach § 126a BGB oder für die öffentlichrechtliche Verwaltungstätigkeit nach § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 3a Abs. 2 VwVfG erfolgen. Eine geringerwertige als die qualifizierte elektronische Signatur kommt in Betracht, wenn nach § 4 Abs. 2 Satz 2 wegen des Vorliegens besonderer Umstände von der Schriftform abgewichen werden darf.

4.2.3 Mehrzahl von Erklärungen

Die Einwilligung kann auch zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden; sie ist dann aber drucktechnisch besonders hervorzuheben.

4.2.4 Widerruf

Das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ist abdingbar (Nr. 17.1). Haben sich Betroffene einmal mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung einverstanden erklärt, so wird bei unveränderten Verhältnissen davon ausgegangen werden können, dass die Einwilligung weiterhin Gültigkeit besitzt und nicht erneut eingeholt werden muss.

4.4 Einwendungsrecht

4.4.1 Recht der Betroffenen

Die Betroffenen haben das Recht, sich gegen die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten zu wenden, auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen für den Umgang mit den Daten dem Grunde nach vorliegen. Für das Erheben von Einwendungen ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Wenn die Behörde bei der gebotenen Abwägung zu dem Ergebnis kommt, dass die von der betroffenen Person vorgetragenen besonderen persönlichen Gründe das öffentliche Interesse an der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten überwiegen, dann muss der Umgang mit den Daten unterbleiben oder so gestaltet werden, wie es dem Anliegen der betroffenen Person entspricht. Die Einwendung kann z. B. darauf gerichtet sein, dass eine Angelegenheit, die höchstpersönliche Daten zum Gegenstand hat, nicht von zum Bekanntenkreis der betroffenen Person gehörenden Mitarbeitern bearbeitet wird. Solche Personen sind nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 20 VwVfG LSA vom Handeln ausgeschlossen. Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen mitzuteilen. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann Widerspruch nach den Regeln des Verwaltungsprozessrechtes einlegt werden (§§ 68 bis 70 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i. d. F. der Bek. vom 19.3.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21.12.2006, BGBl. I S. 3316, in der jeweils geltenden Fassung).

4.4.2 Ausschluss des Einwendungsrechts

Das Einwendungsrecht besteht nur eingeschränkt gegenüber Sicherheitsbehörden, Strafverfolgungsorganen und Stellen der Finanzverwaltung.

4a. Zu 4a (Automatisierte Einzelentscheidungen)

4a.1 Verbot der alleinigen automatisierten Einzelentscheidung

Für eine betroffene Person nachteilige Entscheidungen, die auf einer Bewertung ihrer Persönlichkeitsmerkmale beruhen, dürfen vorbehaltlich einer spezialgesetzlichen Regelung nicht allein auf das Ergebnis einer automatisierten Verarbeitung gestützt sein. Solche Entscheidungen müssen letztlich immer von einer natürlichen Person verantwortet werden. § 90g Abs. 4 des Beamtengesetzes Sachsen-Anhalt (BG LSA) i. d. F. der Bek . vom 9.2.1998 (GVBl. LSA S. 50), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.3.2006 (GVBl. LSA S. 102, 120), in der jeweils geltenden Fassung geht nach § 3 Abs. 3 Satz 1 vor.

Das Verbot kommt dann zum Tragen, wenn mehrere Informationen über die Persönlichkeit der betroffenen Person zusammengeführt werden und einer rein automatisierten Bewertung unterzogen werden sollen. Die ausgewerteten Informationen müssen dabei eine gewisse Komplexität (z. B. Angaben über die berufliche Leistung, die Zuverlässigkeit) aufweisen. Bloße Vorentscheidungen, wie etwa die automatisierte Vorauswahl im Vorfeld einer Personalbesetzung (automatisierter Abgleich des Personalbestandes anhand bestimmter Suchkriterien wie Alter, Ausbildung, Zusatzqualifikation) sind nicht erfasst, auch nicht reine Messwerte.

4a.2 Ausnahmen vom Verbot automatisierter Einzelentscheidungen

Das Verbot automatisierter Einzelentscheidungen im Sinne des Abs. 1 gilt nicht, wenn

a) ein Gesetz solche Entscheidungen ausdrücklich vorsieht oder

b) die Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten und damit auf die Entscheidung Einfluss nehmen können.

5. Zu § 5 (Datengeheimnis)

Während das DSG-LSA im Allgemeinen nur Regelungen für die datenverarbeitenden Stellen enthält, wendet es sich in § 5 unmittelbar an die bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigten Personen und untersagt jede Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, die nicht durch die zur jeweilig rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecke gerechtfertigt ist. Eine Verletzung des Datengeheimnisses wird in den meisten Fällen gleichzeitig eine Verletzung der Amtverschwiegenheit oder einen Verstoß gegen die arbeitsvertragliche Schweigepflicht darstellen; auch kann zugleich eine Verletzung spezieller Geheimhaltungsvorschriften, z. B. der Schweigepflicht nach § 10 des Landespersonalvertretungsgesetzes Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) i. d. F. der Bek. vom 16.3.2004 (GVBl. LSA S. 205, 491), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21.3.2006 (GVBl. LSA S. 102, 122), in der jeweils geltenden Fassung, vorliegen. Die zur Wahrung des Datengeheimnisses Verpflichteten sind grundsätzlich Beamte oder Richter im statusrechtlichen Sinne; anderenfalls stehen sie in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis oder sind nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2.3.1974, BGBl. I S. 469, geändert durch § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15.8.1974 (BGBl. I S. 1942), in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet und dementsprechend Amtsträger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB.

Verstöße gegen das Datengeheimnis können dienstrechtlich verfolgt und nach § 31 und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften (z. B. § 203 StGB) mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Sie können auch Anlass einer außerordentlichen Kündigung sein. ine förmliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis sieht das DSG-LSA nicht vor. Es empfiehlt sich allerdings ein Hinweis oder eine Belehrung über die Pflichten nach dem DSG-LSA.

6. Zu § 6 (Technische und organisatorische Maßnahmen)

6.1 Datensicherheit

Das DSG-LSA verwendet in § 6 nicht den Begriff Datensicherheit, regelt aber diesem Zweck dienende Maßnahmen, soweit sie für den Datenschutz von Bedeutung sind, also dem Schutz des Persönlichkeitsrechts dienen. Durch geeignete technische und organisatorische Vorkehrungen soll die Erfüllung der Vorschriften des DSG-LSA gewährleistet werden, also der Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Datenverarbeitung entgegengewirkt werden.

Datensicherheit bezeichnet also zunächst einen Zustand und beinhaltet darüber hinaus die Umsetzung aller technischen und organisatorischen Maßnahmen, die von einer öffentlichen Stelle zu treffen sind, um eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts Einzelner bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu verhindern. Diese Maßnahmen sind sowohl für automatisierte als auch für nicht-automatisierte Verfahren zu treffen und umzusetzen. Ziel aller getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ist eine störungsfreie und gegen Missbrauch gesicherte Datenverarbeitung. Maßnahmen der Datensicherheit sind für jede Art von Datenverarbeitung unerlässlich; besonders wichtig sind sie in automatisierten Verfahren. Jede Störung oder Verzögerung der Datenverarbeitung kann schwerwiegende Folgen haben.

6.1.1 Pflicht zur Datensicherheit

Nach Satz 1 sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit unabhängig von der Art des Umgangs mit personenbezogenen Daten zu treffen. Der Verweis auf die Absätze 2 und 3 stellt klar, dass je nachdem, ob personenbezogene Daten automatisiert oder nicht-automatisiert erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, unterschiedliche Anforderungen bestehen.

6.1.1.1 Verpflichtete Stelle

Zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen ist jede öffentliche Stelle verpflichtet, die selbst oder im Auftrag solcher Stellen personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt. Verpflichtet ist somit einmal die verantwortliche Stelle im Sinne des § 2 Abs. 8, zum anderen aber auch ein öffentlicher Auftragnehmer im Sinne des § 8 Abs. 4. Für andere Auftragnehmer ergibt sich die entsprechende Pflicht aus den für sie einschlägigen Datenschutzvorschriften, z. B. bei Auftragnehmern im Sinne des § 8 Abs. 5 oder 6, § 11 Abs. 4 BDSG.

Beauftragt eine verantwortliche Stelle ganz oder teilweise eine andere Stelle mit der Durchführung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, dann ist die Verantwortung für die Durchführung der Maßnahmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer verteilt.

6.1.1.2 Pflichten der öffentlichen Stelle als Auftraggeber

Der Auftraggeber hat nach § 8 Abs. 2 Satz 1 bei Erteilung des Auftrages die vom Auftragnehmer vorgesehenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu berücksichtigen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist ein Auswahlkriterium für die Vergabe des Auftrages. Dem Auftraggeber müssen aber nicht notwendigerweise alle im Einzelnen getroffenen Maßnahmen offengelegt werden; dies könnte zu einer Ausspähung führen.

6.1.1.3 Überprüfung der Maßnahmen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber hat sich nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 Satz 4 beim Auftragnehmer von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.

6.1.2 Angemessenheit der einzelnen Maßnahmen

Eine Datensicherheitsmaßnahme ist nicht schon allein deshalb zu treffen, weil sie objektiv geeignet ist, ein Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten. Alle Maßnahmen stehen unter dem Grundsatz der Angemessenheit (Abs. 1 Satz 2). Eine Maßnahme braucht dann nicht getroffen zu werden, wenn der durch sie verursachte Aufwand im Verhältnis zu dem vom Gesetz verlangten Schutz der Daten unangemessen groß wäre. Dieser Grundsatz darf jedoch nicht dazu führen, die dem DSG-LSA unterliegende Datenverarbeitung ohne jede Sicherheitsmaßnahme zu lassen. Soweit im Einzelfall eine Anforderung nicht durch angemessene Maßnahmen voll erfüllt wird, ist die dadurch entstehende Lücke durch entsprechende Maßnahmen zur Erfüllung anderer Anforderungen zu schließen.

Ob eine Maßnahme als verhältnismäßig anzusehen ist, kann nur an Hand der konkreten Umstände des Einzelfalles entschieden werden. Dabei ist zwischen dem vom DSG-LSA verlangten Schutz der Daten und dem durch die Maßnahme verursachten Aufwand abzuwägen.

Als Entscheidungshilfen bei der Angemessenheitsprüfung können neben der Art der verarbeiteten Daten und ihrer Schutzwürdigkeit auch die Menge der verarbeiteten Daten sowie die Art der eingesetzten Verfahren dienen; so erfordern z. B. Angaben über gesundheitliche Verhältnisse, strafbare Handlungen, religiöse oder politische Anschauungen weitergehende Schutzvorkehrungen. Gleiches gilt, je mehr Daten über Betroffene gespeichert werden (z. B. mit Hilfe einer Datenbank).

Es sind immer alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die Ausführung der Vorschriften des DSGLSA zu gewährleisten. Satz 3 verpflichtet dazu, das Sicherheitskonzept fortzuschreiben, d. h. die Technikentwicklung zu beobachten und dementsprechend die Schutzmaßnahmen zu überprüfen und bei Bedarf neu einzurichten.

6.1.3 Auswahl der Maßnahmen

Der zur Datensicherheit Verpflichtete muss in eigener Verantwortung unter den in Betracht kommenden technischen und organisatorischen Maßnahmen jene auswählen, die den vorgeschriebenen Schutz der Daten gewährleisten. Sie sind vor dem Einsatz eines neuen oder geänderten Verfahrens im Einzelnen festzulegen und mit Beginn des Einsatzes zu realisieren. Im Falle der Auftragsdatenverarbeitung wirken Auftraggeber und Auftragnehmer zusammen. Für das gesamte Verfahren trägt der Auftraggeber die Verantwortung.

Für die Wirksamkeit der Datensicherheit ist die Summe aller Maßnahmen entscheidend. Die Datensicherheit ist dann ausreichend, wenn die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit einen hinreichenden Schutz gegen die Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen beim Umgang mit ihren Daten gewährleisten.

6.2 Anforderungen bei automatisierten Verfahren

Die neu eingeführten 6 Sicherheitsziele sind technologieunabhängig und zeigen einen Sicherheitsrahmen auf, der auch bei neuen Formen der Datenverarbeitung anwendbar ist. Das DSG-LSA greift teilweise die auch für Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) notwendigen Sicherheitsziele auf (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit), teilweise geht es mit den in Abs. 2 festgelegten weiteren Sicherheitszielen (Authentizität, Revisionsfähigkeit, Transparenz) im Interesse eines wirksamen Schutzes der personenbezogenen Daten darüber hinaus.

Abhängig von den jeweiligen technischen Gegebenheiten sind im Einzelfall die Maßnahmen festzulegen, die den geforderten Sicherheitsrahmen erfüllen. Die Maßnahmen müssen zur Erreichung des angestrebten Schutzniveaus angemessen sein und das verbleibende Restrisiko tragbar machen. Dementsprechend ist vor dem Einsatz eines automatisierten Verfahrens

a) der Grad der Schutzbedürftigkeit der personenbezogenen Daten festzustellen,

b) eine Bedrohungs- und Risikoanalyse durchzuführen,

c) ein auf dem IT-Sicherheitskonzept basierendes Datensicherheitskonzept zu erstellen und umzusetzen sowie

d) eine entsprechende Kontrolle und Fortschreibung des Datensicherheitskonzeptes zu gewährleisten.

Diese Vorgehensweise ist auch Grundlage für die Verfahrensfreigabe und die Vorabkontrolle gemäß § 14 Abs. 2.

6.2.1 Vertraulichkeit

Vertraulichkeit ist gewährleistet, wenn die gespeicherten Daten nicht in die Hände Unbefugter geraten können. Das Ziel kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden wie die sichere Aufbewahrung oder Unterbringung der verwendeten Hardware und Backup-Datenträger, die Nutzung von Verschlüsselungssoftware bei der Speicherung in unsicheren Umgebungen (z. B. Notebook, Laptop, lokaler PC) und bei der Datenübertragung in Netzwerken oder durch vertrauliche Behandlung von Angaben über verwendete Hard- und Software und die Systemkonfiguration. Beispiele:

a) sichere Unterbringung von Rechentechnik (z. B. Serverräume),

b) Schutz von Serverräumen vor unbefugtem Zugang,

c) Ausschluss der Nutzung von privater Hard- oder Software für dienstliche Belange oder Ausschluss der Nutzung dienstlicher Hard- oder Software für private Belange,

d) Sicherung von Hard- und Softwareschnittstellen,

e) Einsatz von Verschlüsselungsverfahren bei der Datenspeicherung oder der Datenübertragung (z. B. im lokalen Netz einer Behörde – LAN -, im Intranet des Landes – WAN – oder im Internet),

f) Einrichtung einer an der Aufgabenstellung orientierten restriktiven Benutzerverwaltung und Rechtevergabe (Sicherstellung des Zugriffs Berechtigter ausschließlich auf ihre Programme und ihren Datenbestand),

g) Ausnutzung und Aktivierung der Sicherheitseinstellungen von Betriebssystemen, Datenbankbetriebssystemen und anderen Verarbeitungsprogrammen,

h) Einrichtung von zuverlässigen Identifikations- und Authentisierungsmechanismen,

i) Festlegung von Anmeldeversuchsbeschränkungen (z. B. Sperrung der Benutzung nach mehr als drei Fehlversuchen),

j) Einrichtung von Zeitbeschränkungen, die sich an der regelmäßigen Arbeitszeit orientieren.

6.2.2 Integrität

Integrität ist gewährleistet, wenn Datenbestände unversehrt, vollständig und aktuell sind, also verlässlich richtig. Integrität muss während der Erhebung, allen Phasen der Verarbeitung und bei der Nutzung gegeben sein. Unter anderem muss gewährleistet sein, dass Daten nicht durch Computerviren oder andere Schadsoftware verfälscht werden. Dies ist beim Anschluss an das weltweite Internet besonders wichtig. Beispiele:

a) Plausibilitätskontrollen bei der Eingabe von Daten,

b) regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Datenbestände,

c) Kontrolle der Durchführung von Reparaturen, Wartung oder Fernwartung von Hard- und Software durch Fremdfirmen,

d) Einsatz von Technologien zum Schutz vor schadenstiftender Software,

e) Einsatz von sogenannten FirewallSystemen (Firewall = Brandschutzmauer) zur Abschottung von Verwaltungsnetzen gegenüber Fremdnetzen (z. B. dem Internet).

6.2.3 Verfügbarkeit

Verfügbarkeit liegt vor, wenn Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet oder genutzt werden können. Die Verfügbarkeit bezieht sich nicht nur auf die gespeicherten personenbezogenen Daten im engeren Sinne, sondern gleichermaßen auf die Hardware und die zur Verarbeitung erforderlichen Programme. Ein DV-System muss also in seiner Gesamtheit die vorgesehene Funktionalität bieten und zeitgerecht zur Verfügung stehen. Beispiele:

a) Maßnahmen zur Ausfallsicherheit des Verfahrens (z. B. ErsatzServer; Einsatz redundanter Datenträger; schnelle Wiederanlaufverfahren oder Wiedereinspielung eines Datenbestandes; ErsatzRechenzentren),

b) Einsatz von Technik für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Hardware (USV),

c) Durchführung einer zeitnahen und regelmäßigen Datensicherung des Datenbestandes (Backup) und der Überprüfung des Backup-Datenbestandes auf Nutzbarkeit,

d) Schutz vor Vandalismus oder gefährlichen äußeren Einflüssen (Feuer, Wasser, starke mechanische Belastung, magnetische Störungen),

e) Aufbewahrung von Datenträgern und sonstigen Backup-Medien in einem sogenannten DATA-Safe oder einem Datensicherungsraum (mit entsprechenden RAL-Prüfsiegeln).

6.2.4 Authentizität

Die Authentizität ist hauptsächlich bei elektronisch übertragenen Dokumenten bedroht. Dem kann durch Verfahren begegnet werden, bei denen die Herkunft der Daten nachvollziehbar ist. Bei der Bewertung der Verfahren sind verwendete Hardwarekomponenten und Programme einzubeziehen, z. B. beim e-Government oder beim elektronischen Zahlungsverkehr. Beispiel: Einsatz von Signaturverfahren, bei denen rechtsverbindlich festgestellt werden kann, ob die Daten von den Betroffenen autorisiert (z. B. digital signiert) sind oder wer Urheber von Daten ist, die nicht von den Betroffenen stammen (z. B. bei Datenübermittlung).

6.2.5 Revisionsfähigkeit

Revisionsfähig sind Daten, wenn nachprüfbar ist, wie Daten in einen Datenbestand gelangt sind und welche Veränderungen sie im Laufe der Zeit erfahren haben. Nachprüfbar muss sein, wer für das Aufnehmen bestimmter Daten in einen Datenbestand oder ihr Entfernen daraus die Verantwortung trägt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Protokollierungsdaten selbst ein datenschutzrechtliches Risiko bergen. Sie unterliegen deshalb einer engen Zweckbindung nach § 10 Abs. 4. Beispiele:

a) Auswertung von Protokolldateien,

b) Nachvollziehen, wer in welcher Weise Daten eingegeben, verändert oder gelöscht hat, woher oder wohin Daten übermittelt wurden (z. B. Auswertungstools für Protokolldateien).

6.2.6 Transparenz

Automatisierte Verfahren sind in aktueller Form nachvollziehbar zu dokumentieren. Die einzelnen Verfahrensschritte müssen dabei so beschrieben werden, dass die systematische Richtigkeit der Prozesse nachvollziehbar wird. Dieses Sicherungsziel steht in unmittelbarem Zusammenhang mit § 15 (Auskunft) und § 23 (Durchführung der Aufgaben). Beispiele:

a) Dokumentation der Freigabe oder der Vorabkontrolle nach § 14 Abs. 2,

b) Dokumentation von wesentlichen Programmveränderungen oder laufende Fortschreibung der Programmdokumentation, so dass ein Verfahren in allen Verarbeitungsschritten dokumentiert ist und in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kann,

c) ordnungsgemäße Führung des Verfahrensverzeichnisses gem. § 14 Abs. 3.

6.3 Nicht-automatisierte Verfahren

Nicht-automatisierte Verfahren sind solche Verfahren, in denen die Verfahrensschritte ohne Hilfe programmgesteuerter Geräte ablaufen. Dabei ist es unerheblich, ob diesen Verfahren automatisierte Verfahren vorausgehen oder nachfolgen. Datenverarbeitung in nicht-automatisierten Verfahren findet z. B. in manuellen Karteien, Sammlungen gleichartiger Formblätter oder herkömmlichen Akten statt.

Sammlungen von Datenträgern, die zugleich in automatisierten Verfahren verarbeitet werden, unterliegen hinsichtlich ihrer automatisierten Verarbeitung dem Abs. 2, hinsichtlich ihrer nicht-automatisierten Verarbeitung dem Abs. 3. Auch für diese Verfahren sind jedoch nach Abs. 1 geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange Betroffener entgegenzuwirken. Der Verhinderung des Zugriffs durch Unbefugte (Vertraulichkeit) kommt zentrale Bedeutung zu. Wenn dies erreicht ist, dann ist in aller Regel auch ausgeschlossen, dass jemand unbefugt Daten zur Kenntnis nehmen oder diese  verändern oder löschen kann.

Notwendigkeit und Umfang einzelner Maßnahmen der Datensicherheit beurteilen sich nach den in Nrn. 6.1.1 bis 6.1.3 dargestellten Grundsätzen.

Besonders in nachstehenden Bereichen sind Maßnahmen angezeigt:

a) Erfassen und Bearbeiten von Daten,

b) Weitergeben von Daten, ihr Bereithalten zur Einsichtnahme und der Transport von Datenträgern,

c) Aufbewahren von Daten,

d) Vernichten von Datenträgern.

Soweit Vorentwürfe und Notizen nicht Bestandteil eines Vorgangs werden und personenbezogene Daten enthalten, ist eine ordnungsgemäße Vernichtung, z. B. mittels eines Aktenvernichters, zu gewährleisten.

7. Zu § 7 (Einrichtung automatisierter Abrufverfahren)

Ein automatisiertes Abrufverfahren ist ein Datenverarbeitungsverfahren, in dem Einzeldaten oder ganze Datenbestände durch Abruf an einen Dritten (§ 2 Abs. 9) übermittelt (§ 2 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb) werden können.

Wesentlich für den Abruf ist das Moment der Selbstbedienung. Werden Art und Umfang der zu übermittelnden Daten allein von der übermittelnden Stelle bestimmt und kann der Dritte nur den Zeitpunkt festlegen, liegt kein Abrufverfahren im Sinne des § 7 vor, so etwa bei der regelmäßigen Übermittlung der Kfz-Zulassungsdaten durch Zulassungsstellen an das Kraftfahrtbundesamt im automatisierten Verfahren. In Betracht kommt der Abruf eines Datensatzes, des Teils eines Datensatzes oder mehrerer Datensätze (eines Datenbestandes). Gegenstand eines Abrufs kann auch das Ergebnis einer Datenverarbeitung sein, z. B. des Vergleichs oder Abgleichs zweier Datenbestände.

7.1 Zulässigkeit automatisierter Abrufverfahren

Automatisierte Abrufverfahren sind wegen des erhöhten Gefährdungspotentials für das Persönlichkeitsrecht und der Änderung der Verantwortlichkeit für die Übermittlung vom Gesetzgeber nur eingeschränkt zugelassen. Eine vorweg genommene pauschalierte Prüfung muss ergeben haben, dass das Verfahren bei Abwägung der Interessen Betroffener am Ausschluss automatisierter Abrufe mit den Interessen der an Abrufen beteiligten Stellen angemessen ist. Wesentliche Faktoren sind die Dringlichkeit und die Häufigkeit von Übermittlungen. Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Vorabkontrolle nach § 14 Abs. 2.

Außerdem müssen beim einzelnen Abruf die Voraussetzungen für eine Übermittlung im Einzelfall gegeben sein.

7.2.1 Kontrollierbarkeit

Satz 1 verlangt nur, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens, nicht jedoch des einzelnen Abrufs kontrolliert werden kann. Satz 2 schreibt vor, welche Einzelheiten vor Inbetriebnahme des Verfahrens schriftlich festzulegen sind.

7.2.2 Festlegungen bei automatisierten Abrufverfahren

Technische und organisatorische Maßnahmen haben die zum Abruf bereithaltende und die zum Abruf berechtigte Stelle zu treffen. Es ist Aufgabe der verantwortlichen Stelle, die einzelnen Benutzer (die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) der abrufenden Stelle zu identifizieren und deren Abrufberechtigung festzustellen. Einzelheiten dieser und aller weiteren Maßnahmen zur Sicherheit des Verfahrens sind bei der Vereinbarung des Abrufverfahrens von der verantwortlichen Stelle und der abrufenden Stelle festzulegen. Erforderlich sind solche Maßnahmen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen (§ 6 Abs. 1 Satz 2).

Wegen der prinzipiellen Angreifbarkeit des öffentlichen Wählnetzes, insbesondere des Telefonnetzes, können bei besonders sensiblen Daten anstelle von Wählanschlüssen auch festgeschaltete Leitungen erforderlich sein.

Die erforderlichen Festlegungen sind unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Vorabprüfung (Nr. 14.2.1) durch den Beauftragten für den Datenschutz (Nr. 14a.4.2.2) zu treffen.

7.3 Vorabunterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Die Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist so rechtzeitig durchzuführen, dass er die Zulässigkeit des Verfahrens vor dessen Einrichtung prüfen kann. Die Unterrichtung erfolgt, sofern alle beteiligten Stellen seiner Kontrolle unterliegen, nur durch die Stelle, die die Daten zum Abruf bereithält. Für die Unterrichtung können Auszüge aus Entwürfen zum Verfahrensverzeichnis verwendet werden. Das Ergebnis der Vorabkontrolle sollte schriftlich festgehalten werden.

7.4 Protokollierung und Prüfung einzelner Abrufe

Die Prüfung der Zulässigkeit des einzelnen Abrufs kann grundsätzlich nur im Nachhinein, also nach erfolgtem Abruf, durch Auswertung von Abrufprotokollierungen erfolgen. Der Umfang der Protokollierung ist jeweils für das einzelne Abrufverfahren festzulegen. Zumindest für einen Teil der Abrufe werden Zeitpunkt und Inhalt (Anfragetext und Antworttext) sowie abrufende Stelle und abrufende Person dokumentiert. Eine Vollprotokollierung, d. h. eine lückenlose Protokollierung aller Abrufe mit allen genannten Details, ist grundsätzlich nicht gefordert. Gleichwohl kann sie unter besonderen Umständen geboten sein. Solche Umstände können sich aus der Sensibilität der gespeicherten Daten, der Art des Übertragungsweges, aus dem Benutzerkreis oder aus allen drei Kriterien ergeben. Selbst wenn alle Anforderungen des § 6 erfüllt sind, ist ein Eindringen über die Online-Verbindung in den Datenbestand durch Unbefugte nicht auszuschließen. Zwar dient die Einrichtung geeigneter Stichprobenverfahren der Gewährleistung der Kontrolle (durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz oder die Aufsichtsbehörde), es ist aber vor allem Sache der verantwortlichen Stelle zu überprüfen, ob unbefugt auf die von ihr gespeicherten Daten zugegriffen wird. Dies schließt aber eine Schadenersatzpflicht der abrufenden Stelle für eintretende Schäden nicht aus.

Liegen keine besonderen Umstände vor, so erfolgt die Protokollierung in Form einer Auswahl oder ausschnittsweise, wobei sich die Ausschnitte auf Zeiträume, Benutzer oder Benutzergruppen, Datenarten oder Dateninhalte beziehen oder an definierte Ereignisse (z. B. Abrufhäufigkeit) anknüpfen können. Die Auswahl sollte flexibel und situationsangemessen sein. Eine statistisch gleichmäßige (repräsentative) Berücksichtigung des Gesamtaufkommens der Abrufe ist nicht geboten. Eine gezielte Auswahl nach bestimmten Kriterien, zu denen auch Zufallskriterien gehören können, erscheint am Wirkungsvollsten. Von entscheidender Bedeutung für die Missbrauchsprävention ist, dass die Art und Weise der Protokollierung nicht vorhersehbar ist; es muss immer das Risiko einer Protokollierung und Nachprüfung bestehen.

Die Protokolldaten müssen nicht in Papierform vorliegen; es reicht aus, wenn sie maschinenlesbar verfügbar sind.

Eine allgemeine Aussage, wie lange die Protokolle aufzubewahren sind, ist nicht möglich. Im Allgemeinen wird eine Aufbewahrungsdauer von längstens einem Jahr angemessen sein. Die verantwortliche Stelle muss in jedem Fall eine schriftliche Festlegung zur Aufbewahrungsdauer treffen.

7.5 Automatisierte Abrufe von allgemein zugänglichen Daten

Absatz 5 trifft Ausnahmeregelungen für den Abruf von allgemein zugänglichen Daten (z. B. Autorenverzeichnis einer öffentlichen Bibliothek; Nr. 2.1.3).

7.6 Abrufverfahren innerhalb öffentlicher Stellen

Bei Abrufverfahren innerhalb einer öffentlichen Stelle finden keine Übermittlungen an Dritte statt. Um Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei dieser Form (stellen-)interner Datenweitergabe zu begegnen, ist bei der Einrichtung eines solchen Verfahrens eine Güterabwägung entsprechend Abs. 1 vorzunehmen. Ferner gelten Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 4 entsprechend. Auch ohne ausdrückliche Nennung des Abs. 5 unterliegt der interne Abruf von jedermann zugänglichen Daten keinen Beschränkungen.

8. Zu § 8 (Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag)

§ 8 umfasst nur jene Fälle, in denen die tatsächliche Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für eine andere Stelle erfolgt, der Auftraggeber aber für die Verarbeitung und deren Ergebnisse nach außen verantwortlich bleibt. Bedienen sich öffentliche Stellen zur Erledigung ihrer Aufgaben gemeinsamer Rechenzentren oder Rechenzentren anderer öffentlicher oder privater Stellen, liegt Auftragsdatenverarbeitung vor. Auftragsdatenverarbeitung ist auch gegeben bei externer Datenverarbeitung, Datenerfassung auf Datenträgern, Mikroverfilmung von Unterlagen, Vernichtung von Schriftgut und Datenträgern sowie bei der Auftragsarchivierung. Auftragsdatenverarbeitung liegt im Regelfall nicht vor, wenn personenbezogene Daten im Rahmen einer (teilweise) übertragenen Sachaufgabe erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, z. B. bei der Berechnung und Zahlbarmachung von Personalausgaben durch eine zentrale Bezügestelle. Es handelt sich hierbei um Fälle der Funktionsübertragung.

Die Art der Rechtsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (Dienstvertrag, Werkvertrag, gemischtes Vertragsverhältnis) ist unbeachtlich.

§ 8 ist auch dann anwendbar, wenn der Auftragnehmer Daten in nichtautomatisierten Verfahren verarbeitet oder nutzt, weil das Gesetz nicht darauf abstellt, welches Verfahren angewendet wird.

Eine Handreichung zur Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing) einschließlich Vertragsmuster ist unter http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=20554 abrufbar.

8.1 Verantwortlichkeit

Bei Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag bleibt der Auftraggeber verantwortliche Stelle. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften und bleibt Adressat der Rechte des Betroffenen. Bei ihm ist das Verfahrensverzeichnis (Nr. 14.3) zu führen.

8.2.1 Auswahl des Auftragnehmers

Dem Auftraggeber obliegt bei der Auswahl des Auftragnehmers eine besondere Sorgfaltspflicht.

8.2.2 Form und Inhalt des Auftrags

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen. Dies ist auch zu beachten, wenn eine nicht-öffentliche Stelle mit der Vernichtung von Akten betraut wird (Nr. 8.6.2). Zu den erforderlichen Festlegungen des Auftraggebers gehören unter anderem die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Auftraggeber und Auftragnehmer, Regelungen des Verfahrens zum Test und zur Freigabe der Programme, Verfahren zur Fortschreibung, Änderung, Löschung und Sperrung sowie die Vorgabe der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 6. Ist der Auftragnehmer eine nicht-öffentliche Stelle kann vereinbart werden, dass nur Beschäftigte eingesetzt werden, die nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet sind; dies kommt insbesondere in Betracht, wenn personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, die durch Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse geschützt sind.

8.2.3 Auftragserteilung durch die Fachaufsichtsbehörde

Von der Möglichkeit der Auftragserteilung durch die Fachaufsichtsbehörde dürfte dann Gebrauch gemacht werden, wenn für nachgeordnete Behörden mit gleicher Aufgabenstellung der Auftragnehmer aus Rationalisierungsgründen ein einheitliches Verfahren anwenden soll. Der Umfang der Weisungsbefugnisse von Fachaufsichtsbehörden und verantwortlicher Stelle gegenüber dem Auftragnehmer ist eindeutig abzugrenzen.

8.3 Weisungsgebundenheit des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist an die Weisungen des Auftraggebers gebunden. Den Auftragnehmer trifft aber eine Hinweispflicht gegenüber dem Auftraggeber und unter bestimmten Voraussetzungen eine Pflicht zur Information des Landesbeauftragten für den Datenschutz, wenn er der Ansicht ist, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt.

8.4 Öffentliche Stellen als Auftragnehmer

Da der Auftragnehmer in dieser Funktion nicht selbst verantwortliche Stelle ist, finden auf ihn nicht alle Vorschriften des DSG-LSA Anwendung. Soweit öffentliche Stellen des Landes als Auftragnehmer (öffentliche Auftragnehmer) tätig werden, haben sie die in Abs. 4 genannten Vorschriften zu beachten. Für die meisten anderen Auftragnehmer trifft § 11 Abs. 4 BDSG vergleichbare Regelungen.

8.5 Von öffentlichen Stellen «beherrschte» Auftragnehmer

Von Adressaten des DSG-LSA «beherrschte» privatrechtlich organisierte Auftragnehmer unterliegen der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz, soweit sie für öffentliche Stellen im Sinne des § 3 Abs. 1 personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. Bei Auftragsdatenverarbeitung für nicht-öffentliche Stellen verbleibt es bei der Kontrollkompetenz der Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG.

8.6.1 Unterwerfung des Auftragnehmers

Der Auftraggeber hat vertraglich sicherzustellen, dass sich der Auftragnehmer, auf den das DSG-LSA nicht anzuwenden ist, der Kontrolle des Landesbeauftragten unterwirft.

Die Unterwerfung führt im Fall der Auftragsdatenverarbeitung bei Auftragnehmern innerhalb des Landes zu einer Doppelüberwachung. Zuständig kraft Gesetzes ist die Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG und aufgrund Unterwerfung zusätzlich der Landesbeauftragte für den Datenschutz. Bei Auftragnehmern außerhalb des Landes schafft die Unterwerfung eine Kontrollkompetenz des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Allerdings wird er regelmäßig nicht außerhalb des Landes prüfen, weil eine Prüfung grundsätzlich im Wege der Amtshilfe durch die originär zuständige Kontrollinstanz durchgeführt werden kann. Dies entspricht den Zusammenarbeitsregelungen nach § 26 Abs. 4 BDSG und Art. 28 Abs. 6 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31).

8.6.2 Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz über Auftragserteilung

Nach Satz 2 hat der Auftraggeber den Landesbeauftragten für den Datenschutz von der Auftragserteilung an einen Auftragnehmer, der nicht unter das DSG-LSA fällt, zu unterrichten. Diese Pflicht besteht auch, wenn eine nicht-öffentliche Stelle mit der Vernichtung von Akten betraut wird.

9. Zu § 9 (Datenerhebung)

9.1 Zulässigkeit der Datenerhebung

Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten nur für die jeweilige (Fach-) Aufgabe erheben. Die erhebende Stelle muss sowohl örtlich als auch sachlich zuständig sein. Die Zuständigkeit muss nicht durch Rechtsvorschrift begründet sein; sie kann auch auf einer Verwaltungsanordnung beruhen.

Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die Erhebung ist auf das zum Erreichen des angegebenen Ziels erforderliche Minimum zu beschränken. Es ist jedoch möglich, mit Einwilligung der Betroffenen auch solche Daten zu erheben, die der Erfüllung der Aufgabe lediglich dienen oder sie erleichtern, z. B. Angabe der Telefonnummer durch einen Antragsteller. Eine Erhebung personenbezogener Daten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken ist unzulässig.

9.2.1 Erhebung bei Betroffenen

Aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ergibt sich grundsätzlich die Befugnis der Einzelnen, selbst über die Preisgabe ihrer personenbezogenen Daten zu entscheiden. Daher legt Abs. 2 Satz 1 fest, dass personenbezogene Daten grundsätzlich bei den Betroffenen selbst mit ihrer Kenntnis zu erheben sind. Ausnahmen hiervon sind die Erhebung bei Betroffenen ohne ihre Kenntnis (verdeckte Erhebung) sowie die Erhebung bei Dritten, z. B. Auskunftsersuchen an nicht-öffentliche Stellen und Übermittlungsersuchen an andere öffentliche Stellen.

9.2.2.1 Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift

Die Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen ist zulässig, wenn eine besondere Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht (z. B. § 15 Abs. 5 SOG LSA, § 13 Abs. 3 MG LSA). Ferner ist sie zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift die Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen nicht ausdrücklich regelt, aber nach ihrem Inhalt diese Erhebungsweise zwingend voraussetzt. Solche Regelungen finden sich insbesondere in Rechtsvorschriften, die vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.12.1983 zum Volkszählungsgesetz – Volkszählungsurteil – (BVerfGE 65;1 = NJW 1984, 419) erlassen wurden (z. B. Auskunftspflicht nach § 95 LHO, ferner bezüglich der Vorfeldermittlungen der Steuerfahndung § 93 Abs. 1 Satz 3, § 208 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung -AO- i. d. F. der Bek. vom 1.10.2002, BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61, zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 20.7.2007, BGBl. I S. 1566, in der jeweils geltenden Fassung).

9.2.2.2 Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen aus sonstigen Gründen

Wann die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, wird durch die Bezugnahme auf § 10 Abs. 2 konkretisiert (Nr. 10.2). Liegen zur Aufgabenerfüllung erforderliche Daten einer anderen öffentlichen Stelle vor und hat diese die Daten zum gleichen Zweck bei Betroffenen erhoben, für den die um Übermittlung ersuchende Behörde die Daten benötigt, ist eine nochmalige Erhebung bei Betroffenen grundsätzlich nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 b entbehrlich.

9.2.2.2.1 Güterabwägung

Die schutzwürdigen Interessen lassen sich abstrakt nicht abschließend fassen. Gemeint ist die Persönlichkeitssphäre im weitesten Sinne; besonderes Gewicht haben verfassungsrechtlich geschützte Positionen der Betroffenen. Ob Interessen der Betroffenen überwiegend schutzwürdig sind, ist durch Abwägung der Interessen der öffentlichen Stelle mit denen der jeweils betroffenen Person festzustellen. Haben Betroffene der Verarbeitung der sie betreffenden Daten widersprochen, ist dies Anhaltspunkt dafür, dass ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt sein können (Nr. 4.4.1).

9.3 Hinweise bei der Datenerhebung bei Betroffenen

Sofern personenbezogene Daten bei Betroffenen erhoben werden, sind die Hinweise so zu geben, dass allen Anforderungen des Abs. 3 Satz 1 bis 3 entsprochen wird. Hierauf ist bei der Vordruckgestaltung zu achten. Ein Muster ist als Anlage 2 beigefügt. Nummer 4.2 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.

9.3.2 Pflicht oder Obliegenheit zur Auskunft und Folgen verweigerter Auskunft

Die Betroffenen sind in jedem Fall über die für die Erhebung einschlägige Rechtsvorschrift aufzuklären, ferner über die Folgen der Verweigerung von Angaben (z. B. Erfüllen eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes, Ablehnung einer beantragten Leistung, eventuell verzögerte Bearbeitung wegen des Ausschlusses telefonischer Rückfragen bei Nichtangabe der Telefonnummer).

9.3.3.2 Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

Der Zweck der Erhebung bestimmt sich nach der Aufgabe, für die die Daten erhoben werden (z. B. Vollzug baurechtlicher Vorschriften, Sicherung des Straßenverkehrs), nicht nach dem meist engeren Anlass der Erhebung (vgl. OVG Münster Urteil vom 5.12.1988 – 13 A 1885/88, NJW 1989 S. 2966). Öffentliche Aufgaben werden grundsätzlich durch das jeweilige Fachgesetz umschrieben.

Neben dem Zweck der Erhebung ist den Betroffenen auch der Zweck der nachfolgenden Nutzung oder Verarbeitung zu nennen.

9.3.3.3 Vorgesehene Übermittlungsempfänger

Bei der Unterrichtung über den Zweck der Verarbeitung sind Betroffene gleichzeitig über die Dritten, an die Übermittlungen vorgesehen sind, zu unterrichten. Eine uneingeschränkte Pflicht, über vorgesehene Übermittlungen an Sicherheitsbehörden zu unterrichten, besteht nicht. Die Unterrichtung hängt von der Zustimmung der genannten Sicherheitsbehörden ab. Nicht vorgesehen ist eine Unterrichtung über die Weitergabe personenbezogener Daten an Personen oder Stellen, die nicht Dritte (Nrn. 2.9 und 2.5.3) sind, z. B. an

a) Auftragsdatenverarbeiter oder

b) andere Organisationseinheiten innerhalb der verantwortlichen Stelle, sofern dies zur Erfüllung der Aufgabe der weitergebenden Organisationseinheit notwendig ist (z. B. Weitergabe der Antragsdaten innerhalb der Gemeinde an das Meldeamt). Über eine sonstige interne Datenweitergabe ist bei der Angabe des Zwecks zu unterrichten.

9.4 Hinweise bei der Datenerhebung bei Dritten

Bei der Datenerhebung bei Dritten ist, soweit es sich dabei um nichtöffentliche Stellen (Nr. 12.1) handelt, im Falle der Auskunftspflicht auch auf die Folgen der Verweigerung einer Auskunftserteilung hinzuweisen.

Benötigen Dritte zur Beurteilung des Auskunftsersuchens weitere Angaben (z. B. für die Prüfung der Übermittlungsvoraussetzungen) sind diese, um unzulässige Übermittlungen auszuschließen, auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Die Übermittlungsbeschränkungen nach § 12 sind zu beachten.

9.5. Benachrichtigung der Betroffenen

Grundsätzlich hat eine Benachrichtigung der jeweils Betroffenen zu erfolgen, wenn personenbezogene Daten nicht bei ihnen erhoben worden sind. Von der Unterrichtung kann abgesehen werden, wenn

a) die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Verarbeitung ihrer Daten erlangen. Das ist z. B. der Fall, wenn die bei Dritten erhobenen Daten in einen Bescheid einfließen, der an die betroffene Person gerichtet ist,

b) der Informationswert für die Betroffenen den mit der Benachrichtigung verbundenen Aufwand der öffentlichen Stelle nicht rechtfertigt, oder

c) die Verarbeitung oder Nutzung durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen und damit für die Betroffenen transparent ist.

Betroffene werden nicht benachrichtigt, wenn eine Auskunft nach § 15 Abs. 2 nicht erfolgt oder nach § 15 Abs. 4 unterbleibt.

10. Zu § 10 (Datenspeicherung, -ver- änderung und -nutzung)

10.1 Zulässigkeit27

Die Zulässigkeit des Speicherns, Veränderns oder Nutzens personenbezogener Daten ist daran geknüpft, dass es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben (Nr. 9.1) erforderlich ist und es für Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind.

10.1.1 Bindung an den Erhebungszweck

Ob das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten im Rahmen des Erhebungszwecks liegt, ist im Falle der Einwilligung nach deren Inhalt zu prüfen. Ansonsten ist der Verwendungszweck regelmäßig in  iner Rechtsvorschrift festgelegt oder aus ihr ableitbar. Es kann sowohl sehr enge Zweckbindungen geben (z. B. bei Gesundheitsdaten), als auch weite, z. B. innerhalb der Steuerverwaltung. So dient die Weitergabe von Steuerdaten Steuerpflichtiger innerhalb des Finanzamtes oder deren Übermittlung an andere zuständige Finanzämter grundsätzlich dem einheitlichen Zweck der Steuererhebung bei Steuerpflichtigen.

Für die Annahme eines gemeinsamen Zwecks reicht es regelmäßig nicht aus, dass zwischen verschiedenen Aufgaben Ähnlichkeit besteht oder die Aufgaben in einem gewissen zeitlichen, räumlichen oder sachlichen Zusammenhang stehen.

10.1.2 Bindung an den Zweck der erstmaligen Speicherung

Als nicht erhoben gelten solche Daten, die der verantwortlichen Stelle ohne Anforderung zugegangen sind, z. B. unverlangte Mitteilungen Dritter oder auf Grund besonderer Rechtsvorschrift durch öffentliche Stellen übermittelte Daten.

10.1.2.1 Unzulässig zugegangene oder erhobene Daten

Bestehen in Fällen des Abs. 1 Satz 2 Anhaltspunkte dafür, dass die personenbezogenen Daten der verantwortlichen Stelle unter Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften zugegangen oder von ihr erhoben worden sind, gilt Folgendes:

Die Pflicht zur Rechtmäßigkeit staatlichen Verwaltungshandelns verbietet grundsätzlich, bisher rechtswidrige Verfahrensweisen oder rechtswidrig zustande gekommene personenbezogene Datensammlungen durch den Beginn eines neuen Verwaltungsverfahrens mit dem Status der Rechtmäßigkeit zu versehen. Zwar gilt im Verwaltungsrecht nicht das im Strafprozess anerkannte enge Beweisverwertungsverbot (z. B. § 136a Abs. 3 Satz 2 StPO), doch kann schon aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Rechtsordnung der darin zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke nicht völlig ignoriert werden. Eine Speicherung, Veränderung und Nutzung solcher Daten ist auf jeden Fall dann ausgeschlossen, wenn die Daten von der öffentlichen Stelle nicht auch auf zulässige Weise hätten erlangt werden können.

10.2 Allgemeine Zweckdurchbrechungstatbestände

Absatz 2 regelt, in welchen Fällen die Zweckbindung im überwiegenden Allgemeininteresse oder im Interesse Betroffener durchbrochen werden darf. Es besteht aber keine Verpflichtung zur Zweckänderung. Die verantwortliche Stelle entscheidet über die Zweckänderung – auch ohne ausdrückliche Erwähnung im DSG-LSA – unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.

10.2.1 Rechtsvorschrift

Soweit eine Rechtsvorschrift die Zweckänderung ausdrücklich vorsieht, geht diese Vorschrift gemäß § 3 Abs. 3 vor.

10.2.2 Einwilligung

Die Zulässigkeit der Zweckänderung mit Einwilligung Betroffener ergibt sich auch aus § 4 Abs. 1.

10.2.3 Mutmaßliche Einwilligung

Nummer 3 stellt die Betroffenen von sie belastenden Mehrfacherhebungen frei und kommt grundsätzlich nur zur Anwendung, wenn den jeweils Betroffenen aus der Zweckänderung der Daten ausschließlich Vorteile erwachsen. Dies ist nicht der Fall, wenn Betroffene wegen der Verletzung einer gesetzlichen Auskunftspflicht oder Obliegenheit belangt werden können.

10.2.4 Prüfung von Angaben Betroffener

Nummer 4 lässt, soweit erforderlich eine Zweckänderung zur Prüfung von Angaben der Betroffenen in anderen Verfahren zu. Es müssen tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Angaben bestehen, z. B. der begründete Verdacht der Leistungserschleichung. Nicht zulässig ist ein Abgleich zwischen verschiedenen Datenbeständen, um solche Verdachtsfälle zu ermitteln; in solchen Fällen mag es zwar tatsächliche Anhaltspunkte für die Erschleichung von Leistungen geben, sie liegen aber (noch) nicht in der Person der Betroffenen.

10.2.5 Allgemein zugängliche Daten (Nr. 2.1.3)

Allgemein zugängliche Quellen sind insbesondere Veröffentlichungen in Zeitungen, im Rundfunk oder in Telefonbüchern und Adressbüchern. Schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung überwiegen offensichtlich, wenn es sich z. B. um Daten über Vorstrafen handelt und ihre zeitlich unbeschränkte Verwendung die Resozialisierung gefährdet, Urteil des BVerfG vom 5.6.1973 (BVerfG 35,202). Dies gilt in besonderem Maße, wenn ein Verwertungsverbot nach § 51 des Bundeszentralregistergesetzes i. d. F. der Bek. vom 21.9.1984 (BGBl. I S. 1229), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 17.3.2007 (BGBl. I S. 314), in der jeweils geltenden Fassung besteht.

10.2.6.1 Gemeinwohl oder Gefahrenabwehr

Wann eine Zweckänderung aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist, muss unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Gemeinwohl oder zum Wohl der Allgemeinheit ermittelt werden. Der abstrakte Rechtsbegriff des Gemeinwohls deckt eine Vielzahl von Sachverhalten und Zwecken ab; er bedarf daher der Konkretisierung im einzelnen Fall (BVerfGE 24, 367, 403). Der Begriff lässt sich nicht für alle denkbaren Fälle verlässlich bestimmen. Vielmehr ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob übergeordnete Gründe vorliegen, die eine Beeinträchtigung von Einzelinteressen rechtfertigen. Dabei ist die Beachtung der Normen, die das Zusammenleben der Menschen verbindlich regeln und deren Beachtung im Ganzen als überragend notwendig angesehen werden muss, höher einzustufen als das Individualinteresse.

Es reicht nicht jeder Nachteil für das Gemeinwohl aus, die Zweckänderung zu rechtfertigen. Erforderlich ist die Abwehr eines erheblichen Nachteils. Hierzu ist eine Güterabwägung vorzunehmen, ob die Zweckänderung personenbezogener Daten zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich ist und bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze des Zumutbaren noch gewahrt ist (BVerfGE 71, 183, 196 und BVerwGE 78, 77, 85). Bei einem lediglich fiskalischen Nachteil dürfte nur im Ausnahmefall eine Zweckänderung zulässig sein.

Soweit eine Zweckänderung zur Abwehr einer sonstigen gegenwärtigen erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit zugelassen ist, wird auf die entsprechenden Begriffsbestimmungen in § 3 Nrn. 1, 3b, c SOG LSA und die Ausführungsbestimmungen hierzu (RdErl. des MI vom 24.11.1993, MBl. LSA 1994 S. 14, zuletzt geändert durch RdErl. vom 2.9.2001, MBl. LSA S. 893) verwiesen.

10.2.7 Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

Eine Zweckänderung für Zwecke der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten liegt nicht vor, wenn die öffentliche Stelle im Rahmen ihrer ureigenen Aufgabenstellung Ordnungswidrigkeiten verfolgt oder Straftaten zur Anzeige bringt. Adressaten dieser Regelung sind grundsätzlich diejenigen öffentlichen Stellen, die nicht originär mit Aufgaben der Strafverfolgung und der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten betraut sind. DieBefugnisse der Polizei und Staatsanwaltschaft ergeben sich aus der StPO.

10.2.8 Schwerwiegende Beeinträchtigung anderer

Nicht jede Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person rechtfertigt eine Zweckänderung. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung ist vor allem anzunehmen bei der Gefährdung bedeutsamer Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, nicht unwesentlicher Vermögenswerte sowie anderer strafrechtlich geschützter Güter. Es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit geben, dass der Schaden in absehbarer Zeit eintritt oder der Schaden muss bereits entstanden sein. Bei der Güterabwägung der widerstreitenden Interessen muss das rechtliche Interesse privater Dritter das Interesse der jeweils betroffenen Person am Ausschluss der Zweckänderung überwiegen. Ein rechtliches Interesse besteht, wenn Dritte personenbezogene Daten Betroffener zur Verfolgung von Rechten benötigen.

10.2.9 Forschung

Aus Art. 5 des Grundgesetzes ergibt sich kein subjektives Recht, zu Zwecken der Forschung personenbezogene Daten zu erhalten. Die widerstreitenden Interessen zweier Grundrechtsträger, der Forscher und der Betroffenen, sind in der Weise in praktische Konkordanz zu bringen, dass das wissenschaftliche Interesse das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegen muss.

Der Zweck der Forschung darf auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden können. Hierfür ist der Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft in Relation zum Nutzen zu stellen. Reichen für das Forschungsvorhaben aggregierte oder anonymisierte Daten aus und sind diese vorhanden oder lassen sie sich ohne unverhältnismäßigen Aufwand durch die verantwortliche Stelle herstellen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten für Forschungszwecke ausgeschlossen. Gegebenenfalls kann die Anonymisierung im Wege der Auftragsdatenverarbeitung herbeigeführt werden.

10.3 Zweckidentität

10.3.1 Aufsichts- und Kontrollbefugnisse

Eine Zweckänderung liegt nicht vor, wenn personenbezogene Daten zur Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen verarbeitet oder genutzt werden.

Die Einschränkung auf Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle schließt nicht aus, dass diese Untersuchungen durch dienst- oder fachaufsichtsführende Stellen durchgeführt werden. Im Rahmen der Ressortverantwortung ist es Sache der Ministerien, die Aufgabenerledigung im nachgeordneten Bereich zu steuern und zu beaufsichtigen.

10.3.2 Ausbildungs- und Prüfungszwecke

Eine Zweckänderung liegt auch dann nicht vor, wenn innerhalb der verantwortlichen Stelle personenbezogene Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken verarbeitet oder genutzt werden; überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen dürfen jedoch nicht entgegenstehen (Nr. 9.2.2.2.1). Vorbehaltlich bereichsspezifischer Regelungen ist somit ausgeschlossen, dass Originalakten mit personenbezogenem Inhalt ohne Anonymisierung auch außerhalb der verantwortlichen Stelle zu Ausbildungszwecken verwendet werden.

10.4 Zweckbindung von Daten, die aus Gründen der Datenschutzkontrolle oder der Datensicherung gespeichert sind

Eine Zweckänderung personenbezogener Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, liegt nicht vor, wenn diese Daten zur dienst-, arbeits-, haftungsoder strafrechtlichen Ahndung bei der Kontrolle aufgedeckter Verstöße verwendet werden.

Anders als nach § 22 Abs. 3 SOG LSA ist eine Zweckänderung zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person nicht ausdrücklich zugelassen. In einem solchen Fall muss eine Berufung auf rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) erfolgen. Aufgrund des Vorrangs des Bundesrechts steht Abs. 4 einer Beschlagnahme nach § 94 StPO nicht entgegen.

Unter Datensicherung versteht das Gesetz hier die Gesamtheit der Maßnahmen im Sinne des § 6.

11. Zu § 11 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen)

11.1 Zulässigkeit

Absatz 1 lässt im Prinzip eine Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb des öffentlichen Bereichs materiell unter den gleichen Voraussetzungen zu, die auch für die Speicherung, Veränderung und Nutzung innerhalb der verantwortlichen Stelle nach § 10 gelten. Nach Nr. 2 muss die Übermittlung im Rahmen des Erhebungszwecks liegen; anderenfalls müssen die Voraussetzungen für eine Zweckänderung im Sinne des § 10 Abs. 2 erfüllt sein.

11.1.1.1 Übermittlung in Erfüllung einer eigenen Aufgabe

Eine Übermittlung gehört zu den eigenen Aufgaben der verantwortlichen (übermittelnden) Stelle, wenn dieser Stelle Benachrichtigungs- oder Beteiligungspflichten obliegen (z. B. Pflicht zur Beteiligung anderer Behörden im Rahmen der Erteilung einer Baugenehmigung). Gleiches gilt dann, wenn die verantwortliche Stelle Daten ohne Ersuchen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 übermittelt.

11.1.1.2 Übermittlung zur Erfüllung von Aufgaben Dritter

Für die Erforderlichkeit einer Übermittlung nach Nr. 1, zweite Alternative, kommt es darauf an, ob der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, auf die Kenntnis der Daten angewiesen ist. Nicht entscheidend ist, ob er die Daten auch auf andere Weise erhalten kann.

Bei einer Übermittlung auf Ersuchen kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass seitens des Dritten geprüft worden ist, dass die Daten nicht vorrangig bei Betroffenen zu erheben sind (Nr. 9.2). Bei der Übermittlung auf Ersuchen liegt grundsätzlich Amtshilfe vor. Das Übermittlungsersuchen ist, soweit nicht bereichsspezifische Regelungen wie §§ 111 bis 115 AO 1977 oder §§ 3 bis 7 SGB X eingreifen, nach §§ 4 bis 8 VwVfG LSA zu behandeln. Sind die Voraussetzungen für eine Zweckänderung nicht erfüllt, steht der Leistung von Amtshilfe ein rechtlicher Hinderungsgrund im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwVfG LSA entgegen. Hält sich die ersuchte Stelle nicht für verpflichtet, dem Übermittlungsersuchen nachzukommen, verfährt sie nach § 5 Abs. 5 VwVfG LSA.

11.2 Verantwortung für die Zulässigkeit

Die Verantwortung ist geteilt zwischen der übermittelnden Stelle und dem Dritten, an den die Daten übermittelt werden. Soweit die Übermittlung Amtshilfe ist, wird eine teilweise von § 7 VwVfG LSA abweichende Regelung zur Verantwortungsteilung getroffen.

Nach Satz 1 trägt die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung grundsätzlich die übermittelnde Stelle. Bei Übermittlungen auf Ersuchen weist Satz 2 dem Dritten, an den die Daten übermittelt werden, die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung zu. Satz 3 verpflichtet die übermittelnde Stelle dann nur zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten liegt. Hierzu ist die verantwortliche Stelle grundsätzlich auf entsprechende Darlegungen der ersuchenden Stelle angewiesen.

Das Übermittlungsersuchen muss so abgefasst sein, dass die ersuchte Stelle erkennen kann, ob die Übermittlung im Rahmen des Erhebungszwecks liegt oder die Voraussetzungen für eine Zweckänderung vorliegen. Für die Darlegung gilt der Grundsatz: Soviel Informationen wie nötig, so wenig Informationen wie möglich. Eine weitergehende Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen stellt die ersuchte Stelle nur dann an, wenn dazu besonderer Anlass besteht, z. B. bei Zweifeln, ob der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die Daten speichern darf.

Fernmündliche Übermittlungen sind nur zulässig, soweit sich die mit der Übermittlung betraute Person von der Identität der Person, an die übermittelt wird, durch Rückruf vergewissert hat. Bei Übermittlungen per Telefax sollte auch geprüft werden, ob der Adressat unter der bekannten Anschlussnummer erreichbar ist.

11.3 Zweckbindung übermittelter Daten

Nach Satz 1 darf der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die übermittelten Daten für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Der Hinweis auf § 9 Abs. 1 und 2 bedeutet, dass bei der Verwendung personenbezogener Daten durch den Dritten, insbesondere bei der Übermittlung über mehrere Stufen, der Verwendungszweck von dem ursprünglichen Erhebungszweck nicht so stark abweichen darf, dass Betroffene nicht mehr nachvollziehen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie wissen kann (BVerfGE 65, 1, 43).

Im Übrigen lässt Satz 2 zu, dass der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 die übermittelten Daten für andere Zwecke verarbeitet oder nutzt als den Übermittlungszweck.

11.4 Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts werden bei der Übermittlung wie Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs behandelt. An sie können unter den gleichen Voraussetzungen wie an öffentliche Stellen personenbezogene Daten übermittelt werden; sie müssen aber ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen haben. Diese Anforderung ist bei den im Bezugserl. zu a genannten öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ohne weitere Prüfung durch die verantwortliche Stelle als erfüllt anzusehen.

Nicht zu den Stellen im Sinne des Abs. 4 gehören die privatrechtlich organisierten Einrichtungen und Werke der Kirchen (z. B. Diakonisches Werk, Caritas). An diese Stellen erfolgen Übermittlungen wie an andere Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs.

11.5 Nicht abtrennbare Daten

Bei der herkömmlichen Informationsverarbeitung in Akten sind weitere personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter häufig so eng mit den zu übermittelnden Daten verbunden, dass sie bei der Übermittlung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand voneinander getrennt werden können (z. B. Angaben zu verschiedenen Verfahren oder Personen auf einem einzelnen Blatt; Querverweise innerhalb einer Akte, die zum Verständnis und der richtigen Bewertung einer Information erforderlich sind). In einem solchen Fall kann es unmöglich sein, bei einer Übermittlung die überschüssigen Informationen abzutrennen. Denkbar ist auch, dass die Abtrennung der überschüssigen Informationen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand (Nr. 10.2.9) möglich ist. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn die überschüssigen Informationen ohne besondere Umstände durch Übersendung nur eines Teils der Akte oder auszugsweiser Kopien abgetrennt werden können.

Überschüssige Informationen dürfen nicht mitübermittelt werden, soweit berechtigte Interessen (gleichzusetzen mit schutzwürdigen Interessen im Sinne von Nr. 9.2.2.2.1) der betroffenen Person oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. Überschüssige Informationen dürfen von dem Dritten, an den übermittelt wurde, nicht verarbeitet oder genutzt werden.

Für personenbezogene Daten aus ehemaligen Einrichtungen (§ 33) trifft § 34 Abs. 3 eine abweichende und strengere Regelung.

Die Regelungen des Abs. 5 gelten nicht für Übermittlungen an Stellen öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften.

11.6 Stelleninterne Weitergabe

Absatz 6 überträgt die Regelung des Abs. 5 Satz 1 auf Fälle der Weitergabe überschüssiger Informationen innerhalb einer öffentlichen Stelle (Nr. 2.6).

12. Zu § 12 (Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen)

12.1 Zulässigkeit der Übermittlung

§ 12 begründet keinen Anspruch privater Dritter auf Übermittlung personenbezogener Daten. Wenn sich ein solcher Anspruch nicht aus anderen Rechtsvorschriften ergibt, steht die Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen im pflichtgemäßen Ermessen der verantwortlichen Stelle.

12.1.1 Übermittlung als Aufgabe der übermittelnden Stelle

Gehört die Datenübermittlung zu den eigenen Aufgaben der übermittelnden Stelle, ist diese unter den gleichen Voraussetzungen zulässig wie innerhalb des öffentlichen Bereichs (Nr. 11.1.1.1).

12.1.2 Übermittlung im Interesse der Stelle, an die übermittelt wird

Bei Übermittlungen, die nicht zur Aufgabenerfüllung der übermittelnden Stelle erforderlich sind, muss nach Nr. 2 zwischen den berechtigten Interessen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, und den schutzwürdigen Interessen der jeweils betroffenen Person abgewogen werden. Grundsätzlich muss die Interessenabwägung in jedem Einzelfall nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip vorgenommen werden. Gruppen- und Massenauskünfte, z. B. zu Werbezwecken, sind wegen fehlender Einzelabwägung in der Regel nicht zulässig.

Als berechtigtes Interesse ist jedes ideelle oder wirtschaftliche Interesse anzusehen, das mit der Rechtsordnung in Einklang steht. Das berechtigte Interesse muss an Hand des Zwecks, zu dem die Kenntnis der Daten erstrebt wird, beurteilt werden. Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, muss ein eigenes Interesse an der Kenntnis der Daten haben.

Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, hat sein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten nicht zu beweisen, sondern lediglich glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Tatsachen, aus denen sich das berechtigte Interesse ergibt, nicht zur vollen Überzeugung der übermittelnden Stelle feststehen müssen; es reicht vielmehr aus, dass nach ihrer Wertung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit hierfür besteht. Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, kann sich zur Glaubhaftmachung aller Beweismittel bedienen (§ 294 Abs. 1 der Zivilprozessordnung – ZPO).

12.3.1 Vorherige Unterrichtung

Die Betroffenen gehen grundsätzlich davon aus, dass öffentliche Stellen über sie gespeicherte personenbezogene Daten nicht außerhalb der eigenen Aufgabenstellung an nichtöffentliche Stellen übermitteln. Wird hiervon nach Abs. 1 Nr. 2 abgewichen, ist die übermittelnde Stelle grundsätzlich verpflichtet, die jeweils Betroffenen von der beabsichtigten Übermittlung vorher unter Hinweis auf die Möglichkeit, Einwendungen (Nr. 4.4.1) zu erheben, zu unterrichten.

Die Unterrichtung unterbleibt, wenn durch sie eine Vereitelung von Rechtsansprüchen zu befürchten wäre (z. B. Wegzug eines Schuldners mit unbekannter Adresse).

12.3.2 Ausschluss der vorherigen Unterrichtung

Die Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Übermittlung erlangen. Hiervon ist z. B. auszugehen, wenn sich der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, mit der betroffenen Person in Verbindung setzt. Auch in einem solchen Fall ist unter Berücksichtigung der Interessenlage der jeweils Betroffenen und der Sensibilität der Daten zu prüfen, ob der Verzicht auf die vorherige Unterrichtung der betroffenen Person vertretbar erscheint.

12.4 Zweckbindung

Nach Satz 1 darf der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. Auf diese Zweckbindung ist nach Satz 2 durch die verantwortliche (übermittelnde) Stelle hinzuweisen. Nach Satz 3 kann die übermittelnde Stelle einer Zweckänderung zustimmen, wenn sie die Daten auch für den anderen Zweck übermitteln dürfte. Die Nichtbeachtung der Zweckbindung steht nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 unter Strafandrohung oder kann nach § 31a Abs. 2 Nr. 1 als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

13. Zu § 13 (Datenübermittlung ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen)

13.1. Gleichstellung ausländischer mit inländischen Stellen

Die Übermittlung an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen innerhalb der Europäischen Union, an entsprechende Stellen in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2.5.1992 (BGBl. II 1993 S. 266), die nicht zugleich EUStaaten sind (Nr. 2.9.2), sowie an Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften ist unter den gleichen materiellen Voraussetzungen zulässig, die für Übermittlungen im Inland gelten.

13.2 Übermittlung an ausländische Stellen, die nicht gleichgestellt sind

13.2.1 Keine Differenzierung zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen

Für die Übermittlung an andere als unter Nr. 13.1. aufgeführte Stellen gelten regelmäßig die gleichen Grundsätze wie für Übermittlungen an nicht-öffentliche Stellen. Es wird nicht danach unterschieden, ob die Stelle, der Daten übermittelt werden, eine öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle ist. Der Verzicht auf die Unterscheidung reduziert Verwaltungsaufwand. Außerdem wird verhindert, dass entsprechende ausländische öffentliche Stellen bei der Übermittlung privilegiert sind.

13.2.2 Angemessenes Datenschutzniveau

Die Stelle, an die Daten übermittelt werden, muss grundsätzlich über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist gegeben, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände, die bei der Übermittlung bedeutsam sind, wie der Art der Daten, der Zweckbestimmung und der im Empfängerland geltenden Rechtsvorschriften, Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen, ein dem innereuropäischen Standard gleichwertiger Schutz personenbezogener Daten gegeben ist.

13.2.3 Fehlendes angemessenes Datenschutzniveau

Die Fälle, in denen eine Übermittlung in ein Drittland erfolgen darf, das über kein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt, sind in § 13 Abs. 2 Satz 3 abschließend aufgeführt.

13.2a Sonderregelungen

Absatz 2a stellt klar, dass die in §§ 25 bis 30a getroffenen Sonderregelungen auch bei der Übermittlung an ausländische Stellen zu beachten sind.

13.3 Verantwortlichkeit

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle, und zwar auch im Fall des Abs. 1. Dies gilt vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschriften auch für Übermittlungen auf Grund supranationalen Rechts oder eines ratifizierten Staatsvertrages.

Zu 14. Zu § 14 (Durchführung des Datenschutzes)

14.1.1 Verantwortlichkeit für die Durchführung des Datenschutzes

Datenschutz ist Teil jeder (Fach-) Aufgabe. Dementsprechend liegt die Pflicht zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben grundsätzlich bei jeder verantwortlichen Stelle selbst.

Besonderes Gewicht hat der Gesetzgeber der Selbstkontrolle der Verwaltung beigemessen. Aus diesem Grund haben die obersten Landesbehörden und die sonstigen in Satz 1 genannten Stellen jeweils für ihren Organisationsbereich die Ausführung des DSGLSA sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Es müssen die organisatorischen Voraussetzungen für eine effektive Durchsetzung des Datenschutzes geschaffen werden. Aus der Verantwortung für die Sicherstellung des Datenschutzes folgt auch die Pflicht sicherzustellen, dass nur solche automatisierten Verfahren eingesetzt werden, die mit den Rechtsvorschriften über den Datenschutz in Einklang stehen. Orientierungshilfen für eine diesbezügliche Prüfung können sich aus Empfehlungen, Checklisten ergeben, die von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ins Internet eingestellt sind.

14.1.2 Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Um bei grundlegenden Planungen des Landes zum Aufbau oder zur Änderung von automatisierten Verfahren zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten Vorkehrungen zum Datenschutz treffen zu können, besteht die Pflicht, den Landesbeauftragten für den Datenschutz rechtzeitig und unaufgefordert zu unterrichten. Dabei ist der zuständige Beauftragte für den Datenschutz nach § 14a einzubinden. Die frühzeitige Einbindung des Landesbeauftragten für den Datenschutz bei grundlegenden Planungen bietet die Möglichkeit, dass die in der jeweiligen Projektierungs- und Realisierungsphase aus rechtlicher und technischer Sicht zu beachtenden Anforderungen des Datenschutzes nicht vernachlässigt werden. Hierdurch kann späteren zeit- und kostenaufwändigen Umplanungen entgegengewirkt werden. Die Unterrichtung ist an keine besondere Form gebunden.

Grundlegend sind solche Planungen, die den Aufbau oder die wesentliche Änderung bedeutsamer Automationsverfahren zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betreffen. Als bedeutsam sind  Verfahren insbesondere dann anzusehen, wenn sie landesweit oder ressortübergreifend zur Anwendung kommen (z. B. Personalverwaltungsoder Dokumentenmanagementsysteme). Gleiches gilt für ressortspezifische Anwendungen, wenn sehr große Datenmengen bzw. die Daten einer Vielzahl von Personen verarbeitet werden (z. B. bei zu Übermittlungszwecken geführten Registern). Erfasst werden auch Planungen zur Gestaltung der technischen Infrastruktur, wie z. B. des eGovernment-Konzepts, soweit es um die Prüfung der Erforderlichkeit oder die Realisierung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheitsziele des § 6 Abs. 2 im Allgemeinen geht. Die Unterrichtung über die anstehende Einrichtung von Abrufverfahren nach § 7 Abs. 3 bleibt unberührt.

Am Beispiel des eGovernmentMaßnahmeplans bedeutet dies: Die Unterrichtung obliegt der Stelle, die das jeweilige Verfahren plant oder ändert. So ist entsprechend dem eGovernment-Aktionsplan des Ministerium des Innern für die Bereitstellung der Basiskomponenten verantwortlich. Dem jeweiligen Fachressort obliegt dagegen die Zuständigkeit für die Umsetzung der einzelnen Leitprojekte. Die Regelung erfasst nicht Träger der Selbstverwaltung; diese sind aber nicht gehindert, entsprechend § 14 Abs. 1 Satz 2 zu verfahren. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen eine Beratung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz nach § 22 Abs. 4 gewünscht wird.

Unberührt bleibt die Verpflichtung der Ministerien nach § 40 Satz 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien – Allgemeiner Teil – (GGO LSA I, Beschluss der LReg. vom 15.3.2005, MBl. LSA S. 207, 231, zuletzt geändert durch Beschluss vom 6.3.2007, MBl. LSA S. 323), den Landesbeauftragten für den Datenschutz beim Erlass von allgemeinen Regelungen, insbesondere von Rechtsvorschriften, zu beteiligen, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt werden soll.

14.2 Vorabkontrolle

Regelmäßig wird die Vereinbarkeit von Verfahren mit dem Datenschutz im Rahmen ihrer Freigabe geprüft. Das Gesetz verzichtet auf formelle Festlegungen zur Freigabe für die Mehrzahl der Verfahren. Abstrakte Festlegungen könnten die Besonderheiten der einzelnen Verfahren nicht ausreichend berücksichtigen. Eine gesonderte Vorabprüfung ist nur vorgesehen, wenn mit personenbezogenen Daten besonderer Art (Nr. 2.1.2) umgegangen wird oder das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen darauf gerichtet ist, die Persönlichkeit Betroffener zu bewerten (§ 4a). Ferner ist die Vorabkontrolle für automatisierte Abrufverfahren (§ 7) und den Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger (§ 25) vorgeschrieben. Hierbei ist zu prüfen, ob das Verfahren datenschutzrechtlich zulässig ist und die vorgesehenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ausreichen. Grundlage der Vorabprüfung sind die in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Unterlagen sowie Entwürfe für das Verfahrensverzeichnis. Vorabkontrollen sind auch im Anwendungsbereich des SOG und des VerfSchG LSA durchzuführen.

14.3 Verfahrensverzeichnis

Absatz 3 verpflichtet die verantwortlichen Stellen, über die eingesetzten automatisierten Verfahren, mit deren Hilfe personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, ein Verzeichnis zu führen. Geführt wird es grundsätzlich durch Beauftragte für den Datenschutz (Nr. 14a.4.1). Die Festlegungen, die im Verfahrensverzeichnis zu treffen sind, ergeben sich aus Satz 1 Nrn. 1 bis 9. Es wird empfohlen, das Verfahrensverzeichnis nach dem Muster der Anlage 3 zu führen. Die Führung kann auch in automatisierter Form erfolgen. Auf die Übergangsregelungen des § 32 zu früheren Dateifestlegungen nach § 14 Abs. 2 Satz 2, Errichtungsanordnungen nach § 33 Abs. 1 SOG LSA und Dateianordnungen nach § 13 Abs. 1 VerfSchG LSA wird verwiesen (Nr. 32.1.1).

Nach Satz 2 können die Festlegungen zum Verfahrensverzeichnis auch zentral von den in Abs. 1 genannten Stellen für ihren Organisationsbereich getroffen werden. Diese Möglichkeit dient der Verwaltungsvereinfachung, insbesondere wenn mehrere Stellen gleiche Verfahren betreiben. Zentrale Festlegungen müssen der jeweiligen verantwortlichen Stelle zugänglich sein, z.B. in Form von Abdrucken.

Für Verbunddateien, die beim Bundeskriminalamt oder dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt werden, reicht es aus, eine Kopie der entsprechenden Errichtungs- oder Dateianordnung, die die zuständige Bundesbehörde erstellt hat, zum Verfahrensverzeichnis zu nehmen.

14.4 Ausnahmen von der Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis

Absatz 4 nimmt einzelne Verfahren von der Pflicht zur Aufnahme in das Verfahrensregister aus.

14.4.1 Register

Nummer 1 betrifft zur Information der Öffentlichkeit bestimmte Register, deren Führung aufgrund von Rechtsvorschriften vorgesehen ist (z. B. Grundbuch). Durch diese Rechtsvorschriften ist ausreichende Transparenz für die Betroffenen gegeben.

14.4.2 Verfahren zur Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit

Auch Verfahren, die ausschließlich der Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit dienen, sind grundsätzlich nicht in das Verfahrensverzeichnis aufzunehmen. Dies gilt grundsätzlich nur, wenn das Verfahren keine Beeinträchtigung der Rechte Betroffener erwarten lässt. Eine solche Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten, wenn ein Verfahren ausschließlich dient

a) der Erstellung von Texten und die hierfür gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden,

b) dem internen Auffinden von Vorgängen, Anträgen oder Akten (Registraturverfahren),

c) der internen Überwachung von Terminen und Fristen (Termin- und Fristenkalender),

d) der Führung von Telefon-, Telefaxund sonstiger Kommunikationsund Teilnehmerverzeichnissen, die durch Dritte nicht abrufbar sind, oder

e) der Führung von Anschriftenverzeichnissen für die Versendung von Unterlagen an Betroffene.

Die Ausnahmeregelung gilt nicht für Verfahren, die über die beschriebenen Hilfsfunktionen hinausgehen. So dienen z. B. von Notaren zu führende Bücher auch als Nachweise über die ordnungsgemäße Erledigung ihrer Amtsgeschäfte.

14a. Zu § 14 a (Beauftragter für den Datenschutz)

14a.1.1 Pflicht zur Einsetzung von Beauftragten für den Datenschutz

Für öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, ist eine Beauftragte für den Datenschutz oder ein Beauftragter für den Datenschutz einzusetzen. Die öffentlichen Stellen sind grundsätzlich mit den verantwortlichen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 8 identisch. Die Einsetzung hat schriftlich zu erfolgen; hierfür sollte das Muster der Anlage 4 verwendet werden.

Die Einsetzung von Beauftragten für den Datenschutz ist für solche öffentlichen Stellen nicht vorgesehen, die ausschließlich Verfahren im Sinne des § 14 Abs. 4 Nr. 2 durchführen (Nr. 14.4.2).

14a.1.2 Einsetzen von Beauftragten für den Datenschutz im nachgeordneten Bereich

Im nachgeordneten Bereich können Beauftragte für den Datenschutz auch durch Dienstaufsicht führende Behörden eingesetzt werden. Das erleichtert die Einsetzung einer Person als Beauftragte für den Datenschutz für mehrere Stellen, z. B. durch ein Schulamt für die unterstehenden Schulen.

14a.1.3 Notare und Beliehene

Notare und Beliehene (Nr. 3.1.2) haben Beauftragte für den Datenschutz erst einzusetzen, wenn fünf oder mehr Beschäftigte mit der automatisierten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Maßgeblich ist die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten, auch wenn diese nicht vollbeschäftigt sind. Zu den Beschäftigten zählen auch Auszubildende.

14a.2.1 Anforderungen an Beauftragte für den Datenschutz

Beauftragte für den Datenschutz können nur natürliche Personen sein. Sie müssen fachkundig sein. Diese Personen müssen über die technischen, rechtlichen und organisatorischen Kenntnisse verfügen, die sie, abhängig von den Gegebenheiten der öffentlichen Stelle, in die Lage versetzen, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Die Anforderungen an die Fachkunde sind nicht einheitlich, sondern hängen unter anderem von der Größe der öffentlichen Stelle, der Sensibilität der Daten und der eingesetzten Technik ab. Gefordert sind mindestens

a) Grundkenntnisse über Verfahren und Techniken der automatischen Datenverarbeitung,

b) allgemeine juristische Kenntnisse, Kenntnisse des Datenschutzrechts und sonstiger relevanter Vorschriften sowie

c) ausreichende Kenntnisse der Verwaltungsorganisation und –aufgaben.

Verfügen Beauftragte für den Datenschutz nicht von Anfang an über die erforderlichen Kenntnisse, müssen sie jedenfalls die Fähigkeit haben, sich diese Kenntnisse anzueignen. Beauftragte für den Datenschutz müssen zuverlässig, also integer, verschwiegen und verantwortungsbewusst sein. Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen z. B. bei erheblichen Interessenkonflikten (Nr. 14a.2.4).

14a.2.2 Organisatorische Stellung von Beauftragten für den Datenschutz

Beauftragte für den Datenschutz sind in dieser Funktion, also insbesondere bei Wahrnehmung ihrer Beratungsund Kontrolltätigkeit nach Abs. 4 Satz 2, weisungsfrei. Die Weisungsfreiheit entbindet Beauftragte für den Datenschutz jedoch nicht davon, nach Recht und Gesetz zu handeln, z. B. bei der Auskunftserteilung gegenüber Betroffenen.

Beauftragte für den Datenschutz sind in den Organigrammen der öffentlichen Stellen gesondert anzuführen.

Die besondere Stellung der Beauftragte für den Datenschutz wird dadurch deutlich, dass sie sich unmittelbar an die Leitung der öffentlichen Stellen wenden können. Außerhalb ihrer Funktion sind Beauftragte für den Datenschutz an den Dienstweg gebunden. Auch können sie sich grundsätzlich nicht unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden; dieses Recht steht ihnen nur zu, wenn Zweifelsfragen im Rahmen der Vorabkontrolle auftreten.

14a.2.3 Benachteiligungsverbot

Satz 3 sichert die Unabhängigkeit durch ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot. Dadurch sind Beauftragte für den Datenschutz vor Umsetzungen, Kündigungen oder anderen Beeinträchtigungen geschützt, die aus einer nicht genehmen Wahrnehmung ihrer Funktion als Beauftragte für den Datenschutz herrühren könnten. Ob eine Benachteiligung vorliegt, kann gerichtlich überprüft werden.

14a.2.4 Art und Umfang der Tätigkeit

Grundsätzlich werden Beauftragte für den Datenschutz Angehörige des öffentlichen Dienstes sein. Sie müssen nicht Beschäftigte der Stelle sein, für die sie die Funktion des Beauftragte für den Datenschutz ausüben. Beauftragte für den Datenschutz müssen nicht hauptberuflich tätig sein. Im Einzelfall kann es ausreichen, die Funktion stundenweise oder fallbezogen auszuüben. Nehmen Beauftragte für den Datenschutz auch andere Aufgaben wahr, sind sie von diesen freizustellen, soweit es die Tätigkeit als Beauftragte für den Datenschutz erfordert. Es ist darauf zu achten, dass durch die sonstigen Aufgaben keine erheblichen Interessenkonflikte entstehen können. Dies kann z. B. bei Entscheidungskompetenzen in den Bereichen

a) Personalverwaltung oder

b) Informationstechnik der Fall sein.

Die Einsetzung externer Beauftragter für den Datenschutz ist nicht ausgeschlossen. Sie kommt insbesondere bei öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 (z. B. Eigenbetrieben) in Betracht. Sofern externe Beauftragte für den Datenschutz eingesetzt werden, sind diese bei Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Verpflichtungsgesetz zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

14a.3 Rechte und Pflichten der Beauftragten für den Datenschutz

14a.3.1/2 Einsicht in Datenverarbeitungsvorgänge

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, haben Beauftragte für den Datenschutz das Recht, Einsicht in Vorgänge über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu nehmen. Die Kenntnisnahme ist auf das zur Aufgabenerledigung unerlässliche Maß zu beschränken. Der Einsicht entgegenstehende Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse sind zu beachten.

14a.3.3 Auskunfts- und Einsichtsrechte

Innerhalb der verantwortlichen Stelle stehen Beauftragten für den Datenschutz die gleichen Kontroll-, Auskunfts- und Einsichtsrechte wie dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu. Bedienstete können sich grundsätzlich ohne Einhaltung des Dienstweges an Beauftragte für den Datenschutz wenden, auch dann, wenn es sich nicht um eigene Angelegenheiten handelt. Sie sind nämlich stelleninterne Kontroll- und Beratungseinrichtungen.

14a.3.4 Verschwiegenheitspflicht

Nach Satz 4 dürfen Beauftragte für den Datenschutz die Identität Betroffener, die sich an sie wenden, nicht gegen deren Willen preisgeben. Sofern einer Angelegenheit nicht anonymisiert nachgegangen werden kann, haben Beauftragte für den Datenschutz die Betroffenen hiervon zu unterrichten. Die Betroffenen haben dann selbst zu entscheiden, ob ihre Identität aufgedeckt werden soll.

14a.4 Aufgaben der Beauftragten für den Datenschutz

14a.4.1 Führen des Verfahrensverzeichnisses

Beauftragte für den Datenschutz führen das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1. Mithin erteilen sie hieraus auch Auskünfte an Interessierte.

Verfahren der Personalvertretungen werden entsprechend dem Urteil des BAG vom 29.10.1997 (NJW 1998, 2466) nicht in das vom Beauftragten für den Datenschutz geführte Verfahrensverzeichnis aufgenommen. Die Personalvertretung ist zwar Teil der verantwortlichen Stelle, unterliegt aber wegen ihrer Unabhängigkeit nicht der Kontrolle des Beauftragte für den Datenschutz, sondern nur der des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

14a.4.2 Unterstützungspflicht

Beauftragte für den Datenschutz sind verpflichtet, die öffentlichen Stellen bei der Ausführung der Vorschriften des DSG-LSA und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften zu unterstützen. Die Verantwortlichkeit für den Datenschutz liegt unverändert bei den verantwortlichen öffentlichen Stellen. Beauftragte für den Datenschutz haben dementsprechend keine Weisungsbefugnisse innerhalb der öffentlichen Stellen. Gleichwohl haben sie eine Garantenstellung innerhalb der öffentlichen Stellen. Ihre Aufgaben sind in Nr. 1 bis 3 nicht abschließend aufgezählt.

14a.4.2.1 Hinwirken auf die Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften

Hinwirken auf die Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften umfasst z. B. die Prüfung

a) der datenschutzrechtlichen Vereinbarkeit von Verfahren, über deren Einsatz öffentliche Stellen entscheiden,

b) von Dienstanweisungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten,

c) ob die Individualrechte Betroffener auf Benachrichtigung, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung (§§ 9, 15, 16) beachtet werden.

Dazu gehört es auch, Hinweise und Vorschläge zu unterbreiten

a) zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 1 Abs. 2) und b) zur Verbesserung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Sinne des § 6.

14a.4.2.2 Vorabkontrolle

Beauftragte für den Datenschutz haben die Vorabkontrolle durchzuführen (Nr. 14.2).

14a.4.2.3 Vertrautmachen mit datenschutzrechtlichen Vorschriften

Beauftragte für den Datenschutz haben die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigten Personen mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraut zu machen. Die Bedeutung und die Notwendigkeit des Datenschutzes ist verständlich zu machen. Beauftragte für den Datenschutz können dazu Mitarbeiterschulungen vornehmen, soweit solche nicht im Rahmen der zentralen Mitarbeiterfortbildung erfolgen.

15. Zu § 15 (Auskunft)

15.1 Allgemeines

§15 regelt im Interesse der Transparenz die grundsätzlich umfassende Auskunftserteilung an Betroffene. Der Anspruch kann formlos geltend gemacht werden. Während eines laufenden Verwaltungsverfahrens werden die Regelungen des §15 durch § 1 VwVfG LSA i. V. m. § 29 VwVfG verdrängt. Zuständig für die Auskunftserteilung ist die verantwortliche Stelle. Gehen Auskunftsersuchen bei Auftragnehmern ein, sind diese an den Auftraggeber weiterzuleiten, sofern nicht der Auftragnehmer zur Auskunftserteilung berechtigt worden ist.

Bei der Auskunftserteilung muss die Identität von Antragstellern hinreichend überprüft sein. Fernmündliche Auskünfte sind nur zulässig, wenn die antragstellende Person identifiziert werden kann (z. B. durch Rückruf).

15.1.1.1 Auskunft über personenbezogene Daten und deren Herkunft und Übermittlung

Der Auskunftsanspruch besteht für alle zur Person gespeicherten Daten. Die ausdrückliche Erwähnung von Daten über die Herkunft oder ihre erfolgte Übermittlung hat nur klarstellende Bedeutung, verpflichtet die öffentliche Stelle aber nicht, solche Daten ausschließlich für Auskunftszwecke zu speichern.

Auskunft ist auch zu erteilen über die Dritten, an die personenbezogene Daten übermittelt worden sind; siehe auch die Sonderregelung des § 15 Abs. 3 Satz 1. Voraussetzung ist, dass die Tatsache der Übermittlung gespeichert ist; dies ist zumindest befristet überwiegend der Fall. Unter Berücksichtigung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 7.5.2009 – C 553/07 – erscheint eine Speicherung von Angaben über erfolgte Übermittlungen mindestens so lange angezeigt, wie eine Pflicht zur Verständigung von Stellen, denen Daten übermittelt worden sind, über erfolgte Berichtigungen, Sperrungen und Löschungen nach § 16 Abs. 6 besteht. Eine solche Speicherung erfolgt aber regelmäßig nicht, wenn die Übermittlung im Abrufverfahren erfolgt ist. Hier greift eine Sonderregelung (Nr. 15.1.1.3). § 15 Abs. 2 Nr. 1 bleibt unberührt.

15.1.1.2 Auskunft über Verarbeitung oder Nutzung

Als Rechtsgrundlage der Verarbeitung oder Nutzung kommt, soweit keine andere Rechtsvorschrift vorgeht, § 4 (Einwilligung) oder § 10 Abs. 1 in Betracht. Zum Zweck der Speicherung siehe Nrn. 9.3.3.2 und 10.1.1.15.1.1.3 Auskunft über Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind Den Betroffenen ist Auskunft über alle die Dritten zu erteilen, an die Übermittlungen vorgesehen sind. Dies sind insbesondere Stellen, an die bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen oder zu bestimmten Stichtagen von Amts wegen Daten übermittelt werden. Dazu gehören auch die Stellen, die Übermittlungen durch Abruf (§ 7) bewirken können.

15.1.1.4 Automatisierte Entscheidungen

Im Fall automatisierter Entscheidungen wird auch über den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung oder Nutzung Auskunft erteilt. Durch Transparenz soll den Betroffenen veranschaulicht werden, was mit ihren Daten geschieht. Die Grenzen des Auskunftsrechtes können beim Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (z. B. Auskünften über die verwendete Software) liegen.

15.1.3 Auskunft aus Akten

Personenbezogene Daten in Sachakten können nur schwer personenbezogen selektiert werden. Es wird daher nur Auskunft erteilt, soweit die Betroffenen Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen. Ferner wird dem erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Auskunftserteilung aus Akten in der Weise Rechnung getragen, dass der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse stehen darf. Diese Prognose ist im Einzelfall zu erstellen.

15.1.4 Art der Auskunft

Die Auskunftserteilung kann auch durch Gewährung von Akteneinsicht erfolgen. Hierbei dürfen Betroffenen grundsätzlich nicht personenbezogene Daten unbeteiligter Dritter zur Kenntnis gelangen. Auch beschränkt sich die Auskunftserteilung auf die Teile der Akte, die personenbezogene Daten der betroffenen Person enthalten. Ein Recht auf Auskunft über Akteninhalte ohne Personenbezug ergibt sich nicht nach § 15, sondern gegebenenfalls aus anderen Gesetzen.

15.1a Auskunft über Daten, die aufgrund von Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen

Bei den in Abs. 1a genannten personenbezogenen Daten handelt es sich regelmäßig um gesperrte Daten im Sinne des § 16 Abs. 3. Soweit Betroffene über Daten, die nach § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 gesperrt sind, Auskunft begehren, ist die Ablehnung einer Auskunftserteilung grundsätzlich ermessensfehlerhaft.

15.2 Ausnahmen von der Auskunftspflicht

In Fällen des Abs. 2 besteht nur keine Auskunftspflicht, jedoch kein Auskunftsverbot.

15.2.1 Zwecke der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle

Datensicherung ist hier im Sinne von technischen Maßnahmen nach § 6 zu verstehen.

15.3 Unterrichtung des Landesbeauftragten bei Auskunftsverweigerung

Die Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz über die Versagung der Zustimmung zur Auskunftserteilung durch die genannten Sicherheitsbehörden erfolgt unverzüglich durch die für die Auskunftserteilung zuständige Stelle.

15.4 Auskunftsverweigerungsgründe

Der verantwortlichen Stelle steht bei Prüfung der Auskunftsverweigerungsgründe nach Nr. 1 bis 3 gemäß dem Urteil des BVerwG vom 3.9.1991 (BVerwGE 89, 14 = JZ 1992, 360) kein Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu. Es handelt sich um gerichtlich voll nachprüfbare unbestimmte Rechtsbegriffe. Die Auskunftsverweigerung ist nur dann gerechtfertigt, wenn das Interesse Betroffener an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

15.4.1 Gefährdung der Aufgabenerfüllung

Durch eine Häufung von Auskunftsersuchen wird die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben grundsätzlich nicht im Sinne der Nr. 1 gefährdet. Der Schutz der Funktionsfähigkeit der Behörden vor übermäßiger Belastung durch Auskunftsersuchen lässt sich erreichen, indem in solchen Fällen zunächst nur Zwischenbescheide und die Auskünfte selbst in angemessener Frist erteilt werden. Die ordnungsgemäße Erfüllung von Sicherheitsaufgaben der Polizei wäre aber z. B. dann gefährdet, wenn die Polizei im Rahmen der Bekämpfung besonders gefährlicher Kriminalität eingesetzte Informanten preisgeben müsste. Gegenüber diesem Geheimhaltungsinteresse kann dem Auskunftsinteresse Betroffener jedoch ausnahmsweise dann Vorrang zukommen, wenn ausreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Informanten die Behörde wider besseres Wissen oder leichtfertig falsch über Betroffene informiert haben.

15.4.2 Gefährdung der öffentlichen

Sicherheit oder Bereitung von Nachteilen für das Wohl des Bundes oder eines Landes Die öffentliche Sicherheit wäre gefährdet, wenn im Falle der Auskunftserteilung die verfassungsmäßige Ordnung insgesamt oder wesentliche Rechtsgüter Einzelner wie Leib, Leben oder Freiheit beeinträchtigt würden.

Vom Wohl des Bundes oder eines Landes sind nur wesentliche Interessen erfasst, die den Bestand oder die Funktionsfähigkeit des Staates betreffen. Hierzu zählen die innere und äußere Sicherheit des Bundes oder eines Landes und die freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Staaten. Wegen dieser hohen Anforderungen ist die Ausnahmeregelung praktisch nicht bedeutsam.

15.4.3 Geheimhaltungsinteressen

Eine Rechtsvorschrift, nach der Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung geheimgehalten werden müssen, ist z. B. § 61 Abs. 2 PStG. Ob personenbezogene Daten ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheimgehalten werden müssen, ist durch eine Güterabwägung im Einzelfall festzustellen. Diese Güterabwägung entfällt, wenn der Dritte der Auskunftserteilung zugestimmt hat. Die öffentliche Stelle ist aber grundsätzlich nicht verpflichtet, die Zustimmung des Dritten einzuholen.

15.5 Begründung der Ablehnung

Grundsätzlich ist die Ablehnung einer Auskunftserteilung zu begründen, soweit nicht einer der im Gesetz aufgezählten Ausnahmefälle vorliegt. In diesen Fällen sind die Betroffenen darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden können.

15.7 Kosten der Auskunft

Für die Auskunft werden Gebühren und Auslagen grundsätzlich nicht erhoben. Dies gilt nicht in Fällen des Abs. 1a, wenn mit der Auskunft besonderer Verwaltungsaufwand verbunden ist. In Angelegenheiten der Landesverwaltung und des übertragenen Wirkungskreises bestimmt sich die Gebühr nach § 1 i. V. m. lfd. Nr. 1 Tarifstellen 2.1., 2.2.1., 2.2.4. oder 2.2.5. der Anlage der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) vom 30.8.2004 (GVBl. LSA S. 554), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.7.2007 (GVBl. LSA S. 279), in der jeweils geltenden Fassung.

16. Zu § 16 (Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten)

16.1 Berichtigung

Die Berichtigung kann durch Verändern, Löschen oder Speichern erfolgen. Die Unrichtigkeit gespeicherter personenbezogener Daten kann darauf beruhen, dass Daten von Anfang an falsch waren (z. B. unrichtiges Geburtsdatum) oder sich nachträglich geändert haben (z. B. Änderung des Familienstandes).

Während in automatisierten Verfahren zu berichtigende Daten überschrieben werden können, ist dies in Akten regelmäßig nicht möglich. Der Akteninhalt baut aufeinander auf. Auch ist der Grundsatz der Aktenvollständigkeit (Beschluss des BVerfG vom 6.6.1983, NJW S. 2135) und der Urkundencharakter von Akten zu beachten. Deshalb wird die Berichtigung in einer Akte nach Satz 2 regelmäßig nur durch entsprechende Vermerke und Querverweise vorgenommen.

16.2 Löschung

16.2.1.1 Unzulässig gespeicherte Daten

Bei der Beurteilung, ob ein personenbezogenes Datum im Sinne der Nr. 1 unzulässig gespeichert ist, wird grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Speicherung abgestellt.

16.2.1.2 Nicht mehr erforderliche Daten

Personenbezogene Daten sind zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich, wenn die Voraussetzungen für eine weitere Speicherung im Sinne des § 10 nicht mehr vorliegen. Ob die Löschungsvoraussetzungen der Nr. 2 vorliegen, wird grundsätzlich nach Ablauf von Regelfristen für die Löschung (§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7) geprüft, ansonsten bei der laufenden Bearbeitung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die öffentliche Verwaltung verpflichtet ist, Verwaltungsvorgänge zum Zwecke der Kontrolle durch die Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, die Gerichte, den Landesrechnungshof sowie den Landtag verfügbar zu halten. Zur Aufgabenerfüllung gehören auch solche Dokumentationspflichten.

16.2.2 Löschung in Akten

Mit Rücksicht auf die Besonderheiten der Aktenführung erfolgt in Fällen des Satzes 1 Nr. 2 eine Löschung personenbezogener Daten in Akten nur, wenn die gesamte Akte zur Aufgabenerledigung nicht mehr erforderlich ist. Diese Voraussetzung liegt grundsätzlich nicht schon im Zeitpunkt der letzten inhaltlichen Bearbeitung vor, sondern erst bei Ablauf der regelmäßig durch Verwaltungsvorschriften bestimmten Aufbewahrungsfristen. Bis dahin werden die Akten noch zur Dokumentation, Rechnungsprüfung benötigt. Die nicht mehr aktuell benötigten Daten sind aber nach Abs. 3 zu sperren.

16.3 Sperrung statt Löschung

16.3.1.1 Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die der Löschung entgegenstehen, können sich z. B. aus haushaltsrechtlichen Vorschriften oder Bestimmungen des Steuerrechtes ergeben. Aufbewahrungsfristen können auch Satzungen der der Rechtsaufsicht des Landes unterliegenden Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechtes vorsehen.

16.3.1.2 Schutzwürdige Interessen Betroffener

Grund zu der Annahme, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen Betroffener beeinträchtigt werden, besteht in der Regel dann wenn,

a) Betroffene gegenüber Dritten oder der verantwortlichen Stelle in Beweisschwierigkeiten geraten würden (z. B. Nachweis unzulässiger Datenverarbeitung),

b) die Löschung wegen einer Bereinigungsaktion im Zusammenhang mit einer angekündigten Prüfung des Landesbeauftragten für den Datenschutz erfolgt. Grundsätzlich reicht es hier aus, das Ergebnis der Prüfung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz abzuwarten.

16.3.1.3 Art der Speicherung

In automatisierten Verfahren dürfte die besondere Art der Speicherung einer Löschung nur ausnahmsweise entgegenstehen, z. B. bei Mikroverfilmung. Bereits bei der Auswahl des Speichermediums wird zu berücksichtigen sein, ob die Daten Änderungen unterliegen oder grundsätzlich unverändert bleiben, z. B. aus Gründen der Beweissicherung. Ob bei Akten die Löschung nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand (Nr. 11.5) möglich ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Soweit es sich um Daten im Sinne des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 handelt, ist auch die Sensibilität der Daten besonders zu berücksichtigen.

16.4 Bestrittene Daten

Die Richtigkeit personenbezogener Daten muss von Betroffenen substantiell bestritten werden. Die einfache Behauptung, die Daten seien unrichtig, reicht nicht aus. Die Betroffenen können aber vorbehaltlich gesetzlicher Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nicht angehalten werden, die richtigen Daten mitzuteilen.

16.5 Umgang mit gesperrten Daten

16.5.1 Erhöhte Anforderungen

Nach Nr. 1 muss die Übermittlung oder Nutzung zu den genannten Zwecken unerlässlich sein. Der verantwortlichen Stelle oder dem Dritten muss also der Zugriff auf die erforderlichen Daten auf andere Weise grundsätzlich nicht möglich sein.

16.5.2 Allgemeine Anforderungen

Neben den Anforderungen der Nr. 1 müssen stets auch die Voraussetzungen für eine Übermittlung oder Nutzung nach §§ 10 bis 13 erfüllt sein.

16.6.1.1 Verständigung Dritter

Grundsätzlich sind Dritte, denen Daten übermittelt wurden, über Berichtigungen, die Sperrung bestrittener Daten sowie die Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung zu verständigen. Es kommt nicht darauf an, ob die Übermittlung regelmäßig oder im Einzelfall erfolgt ist. Die Unterrichtungspflicht besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob ein automatisiertes Verfahren vorliegt oder die Daten in nicht-automatisierten Dateien oder in Akten verarbeitet oder genutzt werden.

16.6.1.2 Ausnahmen von der Pflicht zur Verständigung Dritter

Die Unterrichtung unterbleibt, wenn sie

a) zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen nicht erforderlich ist, z. B. wenn nach der Art der Verwendung der Daten beim Dritten bekannt ist, dass er die geänderten Daten nicht benötigt. Eine überflüssige Übermittlung könnte schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigen und brächte unnötigen Verwaltungsaufwand mit sich;

b) sich als unmöglich erweist. Dies ist z. B. der Fall, wenn Daten für Dritte zum Abruf oder zur Einsichtnahme bereitgehalten werden. Diese Stellen haben sich bei Bedarf von der Aktualität früher abgerufener oder eingesehener Daten durch erneuten Abruf oder erneute Einsichtnahme zu überzeugen. Da der bereithaltenden Stelle nicht bekannt ist, über welche Personen welche Daten abgerufen worden sind, würde eine generelle Unterrichtung über alle Veränderungen dazu führen, dass die abrufberechtigte Stelle auch Kenntnis von Daten erhielte, die sie nie abgerufen hat. Die Übermittlung solcher überschießender Informationen würde schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigen;

c) mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. Dies ist der Fall, wenn der zeitliche oder materielle Aufwand für die Unterrichtung außer Verhältnis zum Wert der Kenntnis von der Berichtigung, Sperrung oder Löschung betroffener Daten für den Dritten steht, und zwar auch aus Sicht der Betroffenen. Insbesondere bei Informationsverarbeitung in Akten kann die Feststellung, wem wann welche Daten übermittelt worden sind, mit enormem Aufwand verbunden sein.

16.6.2 Verständigung bei interner Weitergabe

Satz 2 erstreckt die Pflicht zur Verständigung auf Fälle der Datenweitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle.

16.7 Übermittlung von Daten an des zuständige Archiv

Nach § 9 des Landesarchivgesetzes (ArchG-LSA) vom 28.6.1995 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.6.2004 (GVBl. LSA S. 335, 341), in der jeweils geltenden Fassung, sind personenbezogene Daten vor der beabsichtigten Löschung dem jeweils zuständigen Archiv anzubieten. Die Übermittlung der Daten an das Archiv, deren Archivwürdigkeit vom Archiv im Benehmen mit der anbietenden (der verantwortlichen) Stelle festgestellt wird, ist zulässig. Daten können gelöscht werden, wenn das Archiv im Benehmen mit der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, dass keine Archivwürdigkeit im Sinne des § 2 Abs. 4 ArchG-LSA vorliegt.

17. Zu § 17 (Unabdingbare Rechte des Betroffenen)

17.1 Unabdingbare Rechte

Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung können nicht bindend ausgeschlossen oder beschränkt werden. Bei weiteren Rechten, z. B. der jederzeitigen Widerrufbarkeit der Einwilligung (Nr. 4.2.4), ist das jedoch möglich; siehe aber Nr. 29.1.4/5.

18. Zu § 18 (Schadenersatz)

Allgemeines

Wird Betroffenen durch eine verantwortliche Stelle durch unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten ein Schaden zugefügt, kann dies Schadenersatzansprüche auslösen. § 18 regelt aber nicht die Haftung für Schäden, die dadurch eintreten, dass Dritte, denen personenbezogene Daten anderer (der Betroffenen) übermittelt worden sind, auf die Richtigkeit dieser Daten vertrauten. Die Haftung hierfür richtet sich nach anderen Vorschriften.

Absatz 1 regelt die Verschuldenshaftung, Abs. 2 die Gefährdungshaftung. § 18 regelt die Haftung nicht abschließend. Im Einzelfall kommt daneben oder anstelle der Haftung nach § 18 auch eine Haftung aufgrund einer anderen Vorschrift in Betracht; vgl. auch Nr. 3.3.

Für Streitigkeiten aus § 18 ist nach § 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO der ordentliche Rechtsweg gegeben.

18.1 Verschuldenshaftung

18.1.1.1 Gegenstand der Haftung

Gehaftet wird für Schäden aus unzulässiger oder unrichtiger Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten. Es kommt nicht darauf an, ob der Schaden beim automatisierten oder nichtautomatisierten Umgang mit den Daten eingetreten ist.

18.1.1.2 Umfang der Haftung

Die Haftung ist betragsmäßig nicht begrenzt. Gehaftet wird sowohl für Vermögens- als auch für Nichtvermögensschäden.

18.1.1.3 Anspruchberechtigte und Anspruchsgegner

Anspruchsberechtigt sind nur Betroffene (Nr. 2.1.1), also ausschließlich natürliche Personen, mit deren auf sie bezogenen Daten unzulässig oder unrichtig umgegangen worden ist. Anspruchsgegner ist die verantwortliche Stelle (Nr. 2.8), also die Stelle, die im Einzelfall die unzulässige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung vorgenommen und den dadurch eingetretenen Schaden verursacht hat.

18.1.1.4 Verjährung, Mitverschulden, Haftung Mehrerer

Im Gegensatz zu Abs. 2 trifft Abs. 1 keine Regelungen zur Verjährung, zum Mitverschulden und zur gesamtschuldnerischen Haftung. Die Regelungen des BGB zur Verjährung nach §§ 194 bis 218 BGB, zum Mitverschulden in § 254 BGB und zur gesamtschuldnerischen Haftung nach § 840 sind unmittelbar anwendbar. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre; der Beginn der Verjährungsfrist bestimmt sich nach § 199 Abs. 1 BGB.

18.1.2. Haftungsfreizeichnung

Liegt eine unzulässige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vor, wird vermutet, dass die verantwortliche Stelle daran ein Verschulden trifft. Darin liegt eine Beweislastumkehr zu Gunsten der Betroffenen. Die verantwortliche Stelle kann sich von der Haftung freizeichnen. Sie muss nachweisen, dass sie den Umstand, durch den der Schaden entstanden ist, nicht zu vertreten hat. Dies ist der Fall, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat. Hat den Schaden ein Auftragnehmer verursacht, muss die verantwortliche Stelle nachweisen, dass sie bei dessen Auswahl und Beaufsichtigung die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen.

18.2 Gefährdungshaftung

18.2.1.1 Gegenstand der Haftung

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten in automatisierten Verfahren sind die Daten, technisch gesehen, unbegrenzt nutzbar. Hiermit sind besondere Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbunden. Aus diesem Grund wird für Schäden aus unzulässiger oder unrichtiger automatisierter Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unabhängig von einem Verschulden gehaftet. Die Unzulässigkeit oder Unrichtigkeit muss unmittelbare Folge des Einsatzes des automatisierten Verfahrens (Nr. 2.2.1.1) sein. Liegt ein Verschulden vor, wird auch nach Abs. 1 gehaftet.

18.2.1.2 Anspruchsberechtigte und Anspruchsgegner

Auf die Ausführungen zu Nr. 18.1.1.3 wird verwiesen; siehe aber Nr. 18.2.5.

18.2.2 Umfang der Haftung

Gehaftet wird für Vermögensschäden und Nichtvermögensschäden. Nichtvermögensschäden sind angemessen in Geld zu ersetzen. Abweichend von sonstigen Regelungen zur Gefährdungshaftung ist bei einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts nicht gefordert, dass es sich um eine schwere Verletzung des Rechts handelt. Die Höhe einer eventuellen Entschädigung richtet sich aber nach der Schwere der Verletzung.

18.2.3/4 Höhe der Haftung

Wie bei Gefährdungshaftung üblich, ist die Haftung der Höhe nach begrenzt. Die Haftungshöchstsumme liegt für die eingetretenen materiellen und immateriellen Schäden zusammen bei 125 000 Euro für jedes schädigende Ereignis. Sind mehrere Betroffene geschädigt, erhöht sich die Haftungssumme je schädigendes Ereignis auf 250 000 Euro. Reicht dieser Betrag nicht aus, werden die Schadensersatzleistungen anteilig gekürzt.

18.2.5 Mehrere Pflichtige

Für automatisierte Verfahren, z. B. Verbundverfahren, sind teilweise mehrere Stellen verantwortlich. In einem solchen Fall ist es denkbar, dass keine der beteiligten Stellen nachweisen kann, welche den eingetretenen Schaden verursacht hat. In diesem Fall sind auch Geschädigte nicht in der Lage, die verantwortliche Stelle festzustellen. Die beteiligten Stellen haften dann als Gesamtschuldner.

19. Zu § 19 (Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz)

19.1 Recht auf Anrufung

Die Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist eine Sonderform des jedermann verfassungsrechtlich garantierten Petitionsrechtes. Es besteht ein Anspruch auf Tätigwerden des Landesbeauftragten in angemessener Frist sowie auf Bescheidung. Wie der Landesbeauftragte für den Datenschutz tätig wird, entscheidet dieser unter Berücksichtigung seiner unabhängigen Rechtsstellung und der ihm eingeräumten Befugnisse. Das Anrufungsrecht steht nur Betroffenen (Nr. 2.1.1) zu. Die von Betroffenen behauptete Rechtsverletzung muss in Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten stehen. Gegenstand muss eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes sein; eine abgeschlossene Rechtsverletzung ist aber nicht erforderlich.

Das Benachteiligungsverbot gilt nur bei der Anrufung in eigenen Angelegenheiten und in gesetzlich vorgesehenen Vertretungsfällen. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind insoweit nicht an die Einhaltung des Dienstweges gebunden. In fremden Angelegenheiten können sich dagegen Bedienstete der unmittelbaren oder mittelbaren Landesverwaltung nur in Ausnahmefällen unter Umgehung des Dienstweges an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.

19.2 Beschränkung des Anrufungsrechts

Die Beschränkung des Anrufungsrechts bezüglich der Gerichte steht in Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 Satz 2. Danach unterliegen die Gerichte der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

22. Zu § 22 (Aufgaben und Befugnisse)

22.1 Der Kontrolle unterliegende Stellen

22.1.1 Adressaten der Kontrolle

Der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen grundsätzlich alle in § 3 Abs. 1 genannten Adressaten des DSG-LSA; hinzu kommen nach Maßgabe des § 8 Abs. 5 von öffentlichen Stellen beherrschte privatrechtlich organisierte Auftragnehmer (Nr. 8.5). Nicht der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen öffentlichrechtliche Kreditinstitute und öffentlichrechtliche Versicherungsanstalten (Nr. 3.2.2).

22.1.2 Sonderregelung für Gerichte

Gerichte sind der Kontrolle nur insoweit unterworfen, als sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. Keine Verwaltungsangelegenheiten sind vor allem die rechtsprechende Tätigkeit und die freiwillige Gerichtsbarkeit. Verwaltungsangelegenheiten sind z. B. die Führung des allgemeinen Geschäftsbetriebs und andere Tätigkeiten, die nicht Bestandteil von Verfahren der Rechtspflege sind.

22.3 Kontrolle bei Vorliegen von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann auch personenbezogene Daten kontrollieren, die einem Berufsoder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Dies gilt gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 24 Abs. 6 BDSG auch, wenn der Landesbeauftragte für den Datenschutz z. B. nach § 81 Abs. 2 SGB X die Verarbeitung von Sozialdaten entsprechend §§ 24 bis 26 BDSG bei seiner Kontrolle unterliegenden öffentlichen Stellen überprüft.

Als Ausfluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung haben Betroffene aber das Recht, hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten, die sich in Akten über die Sicherheitsüberprüfung befinden, der Kontrolle der auf sie bezogenen Daten zu widersprechen. Für personenbezogene Daten, die dem Post- und Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 des Grundgesetzes unterliegen, ergibt sich dieses Recht unmittelbar aus § 24 Abs. 2 Satz 4 BDSG i. V. m. § 24 Abs. 6 BDSG. Im Übrigen besteht das allgemeine Einwendungsrecht nach § 4 Abs. 4 auch gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz.

22.3.2/3 Widerspruchsrecht

Nach Satz 3 hat die verantwortliche Stelle die Betroffenen in allgemeiner Form über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Eine unterbliebene Unterrichtung schließt die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz nicht aus, denn die Verpflichtung zur Unterrichtung besteht unbeschadet des Kontrollrechts. Eine allgemeine Information (z. B. Hausmitteilung, Aushang) genügt. Es empfiehlt sich jedoch, die Unterrichtung im Einzelfall mit der Bitte, den Fragebogen für die Sicherheitsüberprüfung auszufüllen, zu verbinden. Die Unterrichtung sollte mit folgendem Hinweis versehen werden:

«Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vom Landtag gewählt worden. Er ist unabhängig. Seine Aufgabe ist es, alle öffentlichen Stellen des Landes zu kontrollieren und zu beraten, damit beim Umgang mit personenbezogenen Daten das Persönlichkeitsrecht nicht beeinträchtigt wird. Seine Tätigkeit dient also dem Interesse des Einzelnen. Soweit Betroffene von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, üben sie damit Verzicht auf eine Unterstützung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Gewährleistung des Persönlichkeitsschutzes.»

Betroffene haben den Widerspruch an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu richten; dessen Anschrift lautet: Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg oder Postfach 19 47, 39009 Magdeburg.

Geht der Widerspruch bei der verantwortlichen Stelle ein, leitet sie ihn an den Landesbeauftragten für den Datenschutz weiter.

22.4.1 Beratung

Neben der Kontrolle hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz die Aufgabe der Beratung. Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung richten Beratungsersuchen grundsätzlich nicht unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz, sondern haben den Dienstweg einzuhalten. Entsprechend verfahren Gemeinden, Landkreise und sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises (Auftragsangelegenheiten). In der Regel ist eine Anfrage zunächst an die Beauftragte oder den Beauftragten für den Datenschutz der eigenen Dienststelle gemäß § 14a zu richten.

Geboten ist ein Ersuchen um Beratung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz stets, wenn oberste Landesbehörden allgemeine Erlassregelungen vorbereiten, die auch den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln. Bei Gesetzesvorhaben der Landesregierung, die den Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen, ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz spätestens im Rahmen der Anhörung einzubinden.

Die Empfehlungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz sind nicht bindend; sie ersetzen insbesondere nicht die erforderliche Mitzeichnung durch das Ministerium des Innern bei Grundsatzangelegenheiten des Datenschutzes.

22.8 Anzeige von Verstößen

Absatz 8 stellt klar, dass der Grundsatz der Zweckbindung den Landesbeauftragten für den Datenschutz nicht hindert, gegenüber der zuständigen Strafverfolgungs- oder Ordnungswidrigkeitenbehörde die Ahndung datenschutzrechtlicher Verstöße anzuregen. Falls ein arbeits-, dienst- oder gegebenenfalls auch standesrechtliches Vorgehen in Betracht kommt, kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz ein solches gegenüber der dafür zuständigen Stelle anregen, falls dies geboten erscheint.

23. Zu § 23 (Durchführung der Aufgaben)

23.1 Unterstützung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Die Pflicht zur Unterstützung des Landesbeauftragten für den Datenschutz besteht nicht nur bei Kontrollen, sondern auch, wenn er nach § 22 Abs. 4 beratend oder nach § 22 Abs. 5 und 6 tätig wird.

23.2.2 Ausschluss der Unterstützung

Die Ausnahme, wonach die in Satz 1 genannten Stellen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Auskünfte sowie die Einsicht in Unterlagen und Akten versagen sowie den Zutritt zu Diensträumen verwehren können, wird kaum praktische Bedeutung erlangen. Von der Staatswohlklausel kann nur die fachlich zuständige oberste Landesbehörde Gebrauch machen.

23.3 Mitteilung des Kontrollergebnisses

Das Ergebnis der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz hat die überprüfte öffentliche Stelle, soweit es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises oder um eine Stelle der unmittelbaren Landesverwaltung handelt, der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

24. Zu § 24 (Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz)

24.1 Beanstandungsrecht

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann beanstanden, wenn

a) Verstöße gegen die Vorschriften des DSG-LSA,

b) Verstöße gegen andere Vorschriften über den Datenschutz (dies können nur Rechtsvorschriften sein) oder

c) sonstige Mängel bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vorliegen.

In der Regel wird es sich auch bei Buchst. c um Verstöße gegen Bestimmungen des DSG-LSA oder bereichsspezifische Datenschutzvorschriften handeln, z. B. Mängel in der Einwilligungserklärung (Nr. 4.2), Mängel bei der Unterrichtung hinsichtlich einer Datenerhebung (Nr. 9.3), unzureichende technisch-organisatorische Vorkehrungen (Nrn. 6.1 bis 6.2.6), unzulässige Durchbrechung des Zweckbindungsgebotes (Nr. 10.2).

Die Beanstandung ist kein Verwaltungsakt und somit nicht durch Widerspruch und Anfechtungsklage anfechtbar. Der in der Beanstandung zum Ausdruck kommenden Rechtsauffassung des Landesbeauftragten für den Datenschutz fehlt neben der verbindlichen Außenwirkung auch das Merkmal der Regelung (vgl. Beschluss des BVerwG vom 5.2.1992, DÖV S. 536). In Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises scheidet auch eine andere Klageart gegen eine Beanstandung des Landesbeauftragten für den Datenschutz von vornherein aus.

24.1.1 Adressat der Beanstandungen

Nach Nr. 1 ist Adressat einer Beanstandung bei der unmittelbaren Landesverwaltung die (fachlich) zuständige oberste Landesbehörde; dies folgt aus der Ressortverantwortung.

24.1.2 Unterrichtung der Aufsichtsbehörde

Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne der Nr. 2 ist bei Gemeinden, Landkreisen und den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises die Rechtsaufsichtsbehörde, des übertragenen Wirkungskreises die Fachaufsichtsbehörde.

24.2 Stellungnahmen zu Beanstandungen

Stellen der mittelbaren Landesverwaltung verkehren im Falle einer Beanstandung unmittelbar mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz. Die zuständige Aufsichtsbehörde erhält lediglich eine Abschrift der Stellungnahme an den Landesbeauftragten für den Datenschutz. Im übertragenen Wirkungskreis sind Weisungen der Fachaufsichtsbehörde zu beachten.

Stellen der unmittelbaren Landesverwaltung geben Stellungnahmen zu Beanstandungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz auf dem Dienstweg ab.

25. Zu § 25 (Automatisierte Verfahren mittels mobiler personenbezogener Datenträger)

25.1 Zulässigkeit des Verfahrens

Automatisierte Verfahren, die auf mobilen personenbezogenen Datenträgern oder durch solche Datenträger ablaufen, dürfen von öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 3 eingesetzt werden. Ein Verfahren läuft auf dem Datenträger ab, wenn auf diesem selbst Daten der betroffenen Person verarbeitet werden. Es handelt sich hierbei um intelligente Datenträger (insbesondere Chipkarten), die § 6c Abs. 1 BDSG als mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien definiert. Durch mobile personenbezogene Datenträger laufen Verfahren ab, soweit die Verwendung von intelligenten Datenträgern durch die Betroffenen korrespondierend zu den auf den Datenträgern stattfindenden Prozessen zur automatisierten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten bei einer öffentlichen Stelle führt (z. B. Führung sogenannter Schattenkonten). Aber auch die Verwendung nicht intelligenter mobiler personenbezogener Datenträger (z. B. Magnetkarten, nur maschinenlesbare Ausweise) durch die Betroffenen kann die automatische Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen auslösen, z. B. bei der Arbeitszeiterfassung.

25.1.1 Zulassung durch oder aufgrund einer Rechtsvorschrift

Der Einsatz des Verfahrens ist durch Rechtsvorschrift vorgesehen, wenn ein Gesetz, eine Verordnung, eine Satzung oder gegebenenfalls auch eine Dienstvereinbarung dies vorsieht. Regelt eine Rechtsvorschrift nicht unmittelbar den Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger, sondern lässt lediglich die Umsetzung einer Rechtsvorschrift den Einsatz solcher Datenträger geboten erscheinen, ist ein entsprechendes Verfahren als aufgrund einer Rechtsvorschrift vorgesehen zu betrachten. Dies gilt z. B.:

a) für die automatisierte Arbeitszeiterfassung, insbesondere im Hinblick auf die Regelungen des § 5 der Arbeitszeitverordnung zur gleitenden Arbeitszeit. Voraussetzung ist weiter, dass der Personalrat der elektronischen Zeiterfassung gemäß § 69 Nr. 3 des PersVG LSA zugestimmt hat;

b) wenn auf der Basis des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 13.7.2001 (BGBl. I S. 1542) oder vergleichbarer Regelungen im VwVfG LSA, im SGB X, in der AO elektronische Signaturen zum Einsatz kommen. Dies setzt voraus, dass die Arbeitsplätze der davon betroffenen Bediensteten mit chipkartenbasierten kryptographischen Schlüsseln und entsprechenden Zertifikaten ausgestattet sind;

c) wenn es sich um eine erforderliche technische Maßnahme im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 4 und 5 zur Gewährleistung der Authentizität und Revisionsfähigkeit verarbeiteter oder genutzter personenbezogener Daten handelt.

Soweit öffentliche Bedienstete zu Zwecken der Zeiterfassung oder des e-Government mobile personenbezogene Datenträger zu verwenden haben, liegt dies im Übrigen im Rahmen des Direktionsrechts des Dienstherrn oder Arbeitgebers. Auch hierdurch ist der Einsatz der Datenträger als aufgrund einer Rechtsvorschrift vorgesehen anzusehen.

25.1.2 Einwilligung

Mit Einwilligung (§ 4) der Betroffenen ist der Einsatz von Verfahren mittels mobiler personenbezogener Datenträger stets zulässig.

25.1.3 Kontrolle von Zugangs- und Zugriffsberechtigungen

Nr. 3 regelt ausdrücklich die Zulässigkeit des Einsatzes von Verfahren mittels mobiler personenbezogener Datenträger zur Kontrolle von Zugangs- oder Zugriffsberechtigungen, z. B. im Rahmen der Objektsicherung oder technisch-organisatorischer Maßnahmen nach § 6.

25.2 Grenzen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

Es dürfen im Rahmen des Verfahrens nicht mehr personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, als zur Erreichung des nach Abs. 1 zulässigen Zwecks erforderlich sind. Die Regelung konkretisiert das Prinzip der Datensparsamkeit (Nr. 1.2).

25.3 Transparenz des Verfahrens

Betroffene, die mobile personenbezogene Datenträger gegenüber öffentlichen Stellen verwenden, müssen darauf vertrauen können, dass mit ihren Daten ordnungsgemäß umgegangen und ein Missbrauch des Datenträgers durch Unbefugte verhindert wird. Um sich hiervon überzeugen zu können, muss das Verfahren für die Betroffenen transparent sein. Dies setzt Folgendes voraus:

25.3.1 Unterrichtung über die Stelle, die das Verfahren einsetzt

Die Betroffenen müssen Kenntnis über die Identität und die Anschrift der Stelle haben, die das jeweilige Verfahren einsetzt. Multifunktionale mobile personenbezogene Datenträger (z. B. Chipkarten) können durchaus für Verfahren verschiedener Stellen (auch öffentlicher oder nicht-öffentlicher Stellen nebeneinander) eingesetzt werden. Die das Verfahren einsetzende Stelle muss auch nicht mit der ausgebenden Stelle identisch sein.

25.3.2 Unterrichtung über die Funktionsweise

Die Betroffenen müssen darüber unterrichtet sein, wie der Datenträger funktioniert und welche Art von Daten, nicht welches einzelne Datum, verarbeitet wird.

25.3.3 Unterrichtung über die Möglichkeit der Wahrnehmung von Rechten

Die Betroffenen müssen unterrichtet sein, wie sie ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung geltend machen können. Hierzu gehört es, dass die das jeweilige Verfahren einsetzende Stelle den Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich über die auf dem Datenträger gespeicherten Daten zu informieren, z. B. durch das Vorhalten von Lesegeräten im erforderlichen Umfang.

25.3.4 Unterrichtung über Maßnahmen bei Verlust oder Zerstörung

Die Betroffenen müssen wissen, was bei Verlust oder Zerstörung des Datenträgers zu veranlassen ist. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass Unbefugte den Datenträger verwenden, dass Unbefugten unter Umständen auf dem Datenträger gespeicherte Daten zur Kenntnis gelangen oder mittels des Datenträgers gespeicherte Daten nicht mehr aktuell gehalten werden können.

25.4 Erkennbarkeit ablaufender Prozesse

Der Vorgang des Erhebens, Verarbeitens oder Nutzens mittels mobiler personenbezogener Datenträger muss für die Betroffenen erkennbar sein. Es darf beim Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger keine heimliche Informationsbeschaffung geben. Auch dürfen Prozesse für die Betroffenen nicht ungewollt ablaufen, etwa durch Abbuchung von einem Guthabenkonto, ohne dass die Betroffenen dies merken können. Nicht gefordert ist, dass die Betroffenen stets auch erkennen, welche Daten im Einzelnen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Der Vorgang des Erhebens, Verarbeitens oder Nutzens ist für Betroffene stets erkennbar, wenn sie gezielt handeln müssen, z. B. beim Eingeben des Datenträgers in ein dafür bestimmtes Eingabegerät. Im Falle berührungsloser Funktion ist der Vorgang durch entsprechenden Hinweis erkennbar zu machen, z. B. durch ein akustisches Signal. Nur in Ausnahmefällen wird ein deutlicher und unübersehbarer schriftlicher Hinweis genügen.

26. Zu § 26 (Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung besonders geschützter personenbezogener Daten)

26.1.1 Umgang mit Daten besonderer Art

Satz 1 führt die Fallgestaltungen abschließend auf, bei denen Daten besonderer Art (Nr. 2.1.2) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen. Die Regelung stellt ab auf die verantwortliche Stelle, also diejenige öffentliche Stelle, die diese Daten zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erhebt, verarbeitet oder nutzt. Gleichwohl steht die Regelung einer Übermittlung an eine andere öffentliche Stelle nicht entgegen, soweit diese Stelle die Daten auch selbst nach Maßgabe des § 26 Abs. 1 oder vergleichbarer Regelungen erheben, verarbeiten oder nutzen darf. Dies gilt entsprechend für die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen, wobei die Fälle der Nrn. 1 bis 4 ohnehin unproblematisch sind. In Fällen der Nrn. 5 und 8 gehört die Übermittlung im Übrigen regelmäßig zur Aufgabe der übermittelnden Stelle.

26.1.1.1 Rechtsvorschrift

Die erste Alternative der Nr. 1 regelt deklaratorisch den durch besondere Rechtsvorschrift normierten Fall der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung solcher Daten. Die zweite Alternative der Nr. 1 stellt auf ältere Rechtsvorschriften ab, die den Umgang mit sensiblen Daten nicht ausdrücklich regeln, aber zwingend voraussetzen.

26.1.1.6 Forschungszwecke

Personenbezogene Daten besonderer Art dürfen im Rahmen des Erforderlichen zu Forschungszwecken erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Von einem solchen Umgang mit personenbezogenen Daten geht grundsätzlich keine besondere Gefährdung der Persönlichkeitssphäre der Betroffenen aus. Die Befugnis zur Übermittlung an andere öffentliche oder auch nichtöffentliche mit wissenschaftlicher Forschung befasste Stellen ergibt sich aus dem Verweis auf § 27 oder vergleichbare gesetzliche Regelungen. Solche Regelungen enthalten spezielle Forschungsklauseln in Fachgesetzen, aber auch die allgemeinen Forschungsklauseln im BDSG und in anderen Landesdatenschutzgesetzen. Bei der Übermittlung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug müssen stets die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 9 erfüllt sein.

26.1.1.7 Öffentliche Auszeichnungen

Für Zwecke öffentlicher Auszeichnungen müssen auch Daten besonderer Art erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, um Art, Dauer und Qualität von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie die Würdigung von Personen, die eine öffentliche Auszeichnung erhalten sollen, festzustellen. Zur Übermittlung siehe Nr. 30a.2.

26.1.2 Zwecke der Gefahrenabwehr oder der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

Inwieweit zu diesen Zwecken personenbezogene Daten besonderer Art erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen, bestimmt sich nach den hierfür einschlägigen Gesetzen. Satz 2 nimmt daher diese Aufgabenbereiche von der Anwendbarkeit des Satzes 1 aus.

26.2 Personenbezogene Daten, die Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen unterliegen

Personenbezogene Daten, die Berufsoder besonderen Amtsgeheimnissen unterliegen, können auch Daten besonderer Art sein; in diesem Fall hat die verantwortliche Stelle auch Abs. 1 zu beachten. Besondere Berufsgeheimnisse können auf einer gesetzlichen Grundlage oder auf Standesrecht beruhen. Zur Wahrung von Berufsgeheimnissen sind insbesondere die in § 203 Abs. 1 StGB genannten Berufsinhaber z. B. Ärzte, Apotheker, Berufspsychologen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen verpflichtet. Besondere Amtsgeheimnisse bestehen z. B. nach § 30 AO (Steuergeheimnis), § 35 SGB I (Sozialgeheimnis) und § 16 BStatG (Statistikgeheimnis).

26.2.1 Verlängerter Geheimnisschutz

Die Stelle, der durch ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis geschützte Daten von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle zur Verfügung gestellt worden sind, ist bei der Verarbeitung oder Nutzung der geheimnisgeschützten Daten an den Zweck gebunden, zu dem sie die Daten erhalten hat. Dies gilt bei Datenweitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle auch für die Person oder Organisationseinheit, die dem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis nicht unmittelbar unterliegt, aber an die vom Geheimnisverpflichteten die besonders geschützten Daten weitergegeben worden sind. Die Zweckbindung gilt auch für eventuelle Empfänger, an die die verantwortliche Stelle die vom Geheimnisverpflichteten erhaltenen Daten übermittelt oder weitergibt.

26.2.3 Ausschluss allgemeiner Zweckdurchbrechungsregelungen

Die in Satz 1 festgelegte Zweckbindung darf nur auf Grund einer besonderen gesetzlichen Regelung durchbrochen werden. Satz 3 verdrängt die allgemeine Zweckdurchbrechungsregelung des § 10 Abs. 2.

27. Zu § 27 (Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen)

Allgemeines

Adressaten der Regelung sind nur öffentliche Forschungseinrichtungen, die für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung personenbezogene Daten verarbeiten oder nutzen, nicht dagegen andere öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten für Zwecke der Forschung bereitstellen. Die Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten aus dem Verwaltungsvollzug für Forschungszwecke regelt z. B. § 10 Abs. 2 Nr. 9, gegebenenfalls i. V. m. §§ 11 und 12.

27.1 Ausschließliche Verarbeitung oder Nutzung für den Erhebungszweck

Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen ausschließlich für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. Eine Nutzung der Daten zu Zwecken des Verwaltungsvollzugs ist ausgeschlossen.

27.4 Ausschluss der Übermittlung

Es ist grundsätzlich ausgeschlossen, dass die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen bei der Darstellung von Forschungsergebnissen personenbezogene Daten übermitteln, insbesondere durch Veröffentlichung.

27.4.1 Einwilligung

Die Beschränkung der Übermittlung, etwa in Form der Veröffentlichung gilt nicht, wenn der Betroffene eingewilligt hat.

27.4.2 Ergebnisse der Zeitgeschichte

Die personenbezogene Übermittlung, insbesondere durch Veröffentlichung, ist zulässig, soweit dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist, z. B. bei Angaben über Personen des öffentlichen Lebens.

28. Zu § 28 (Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Personal- und Bewerberdaten)

Umgang mit Personal- und Bewerberdaten § 28 regelt in Abs. 1 allgemein den Umgang öffentlicher Stellen mit Personaldaten. Adressaten der Regelung sind die in § 3 Abs. 1 bezeichneten öffentlichen Stellen. Erfasst sind nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 ferner öffentliche Wettbewerbsunternehmen sowie nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 die öffentlichrechtlichen Kreditinstitute und Versicherungsanstalten. Besonderheiten ergeben sich aus den Abs. 2 bis 4.

28.1. Gleiche Regelungen für Arbeitgeber und Dienstherren

28.1.1 Personalaktendaten

Im Interesse der Rechtseinheitlichkeit gelten für das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen von Personaldaten über Angestellte, Arbeiter und Auszubildende, die in einem privatrechtlich ausgestalteten Ausbildungsverhältnis stehen, grundsätzlich die §§ 84 – 91 des Landesbeamtengesetzes (LBG LSA) vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 648) entsprechend; also gelten die gleichen Regelungen wie für Beamte. Diese Vorschriften des LBG LSA regeln fast ausschließlich den Umgang mit Personalakten und Personalaktendaten. Personalaktendaten sind nur solche Daten, die mit dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen und daher ihrem Wesen nach Bestandteil der Personalakte sind. Es gilt der materielle Personalaktenbegriff. Welche Unterlagen Bestandteile der Personalakte sind, ist in der LT-Drs. 2/3306 vom 12.3.1997 aufgeführt.

Für die Aufnahme und Entfernung von Unterlagen ergeben sich aus dem Arbeits- und Tarifrecht einzelne Besonderheiten. Vorgänge, die zu einer Abmahnung, Änderungskündigung oder bei Bewährungsaufstieg zur Feststellung der Nichtbewährung geführt haben, müssen in der Personalakte verbleiben, soweit sie für im weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen (Abmahnung, Änderungskündigung oder Kündigung) noch benötigt werden.

Für genetische Untersuchungen im Arbeitsleben gelten nach § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes vorgehende Regelungen des Gendiagnostikgesetzes. Bei verständiger Auslegung der einschlägigen Vorschriften des LBG LSA, insbesondere der §§ 10, 49 und 84 bis 91, sowie unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung müssen die Verbote genetischer Untersuchungen nach §§ 19 und 20 sowie arbeitsrechtlicher Benachteiligungen nach § 21 des Gendiagnostikgesetzes auch bei Personen Beachtung finden, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land oder zu einer der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen oder sich für ein solches Dienstverhältnis beworben haben.

28.1.2 Personaldaten, die nicht Personalaktendaten sind

Für den Umgang mit sonstigen Personaldaten, die nicht Personalaktendaten sind (z. B. in Unterlagen über die Geschäftsverteilung, über Organisationsuntersuchungen, Stellenbesetzungen) gelten grundsätzlich die allgemeinen Regelungen des DSGLSA. Es handelt sich um Sachaktendaten. Letztlich liegt der Unterscheidung von Sach- und Personalaktendaten eine von der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gesteuerte Wertung zu Grunde. Allerdings ist § 90 Abs. 4 Satz 1 BG LSA zu berücksichtigen, der in seiner Anwendung nicht auf Personalaktendaten beschränkt ist. Diese Vorschrift bestimmt, dass der Dienstherr oder Arbeitgeber über Bedienstete oder Bewerber personenbezogene Daten nur erheben darf, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienstoder Arbeitsverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller oder sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dieses erlaubt. Die Regelung erfasst z. B. auch die Erhebung von Daten für Personalverzeichnisse oder im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung; letztere sollte aber soweit möglich mit aggregierten Daten durchgeführt werden. Die Vorschrift geht der allgemeinen Erhebungsregelung des § 9 Abs. 1 vor. Die Zulässigkeit der nachfolgenden Verarbeitung oder Nutzung derjenigen Daten über Bedienstete, die nicht Personalaktendaten sind, beurteilt sich mangels bereichsspezifischer Regelungen nach §§ 10 bis 13, 15 und 16. Dabei ist zu beachten, dass aus § 10 Abs. 1 für die nachfolgende Speicherung, Veränderung und Nutzung der Daten grundsätzlich die Bindung an den Erhebungszweck folgt.

28.2 Anforderung von Befunden bei Einstellung

Die mit einer Einstellungsuntersuchung beauftragten Ärzte oder Psychologen dürfen der Einstellungsbehörde Befunde nur mit Einwilligung Betroffener zuleiten. Diese Einschränkung besteht nicht ausdrücklich, wenn entsprechende Untersuchungen im Laufe eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses vorgenommen werden, z. B. bei Prüfung der Dienstunfähigkeit von Beamten. Schon aus dem Erforderlichkeitsprinzip ergibt sich, dass nicht mehr Daten als erforderlich angefordert werden dürfen.

28.3 Daten abgelehnter Bewerber

Bei erfolglosen Bewerbungen sind die vor der Eingehung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erhobenen Daten der Bewerber zu löschen. Von der Löschung kann mit Einwilligung (Nr. 4.2) der Betroffenen abgewichen werden. Die Löschung erfolgt am besten durch Rückgabe der Bewerbungsunterlagen; in diesem Fall wird nur das Bewerbungsschreiben zur Akte genommen.

29. Zu § 29 (Fernmessen und Fernwirken)

Allgemeines

Fernmessen liegt vor, wenn ferngesteuert oder –beobachtet Verbrauchsmessungen erfolgen. Fernwirken ist Fernschalten oder Ferneinstellen. § 29 trifft hierfür Sonderregelungen, soweit die Vorgänge in Wohnungen oder Geschäftsräumen erfolgen.

Sofern abweichende Regelungen z. B. in Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Fernwärme usw. getroffen werden, gehen diese Regelungen vor (Nummer 3.3).

29.1.1/2 Informierte Einwilligung

Das Fernmessen oder Fernwirken in Wohnungen oder Geschäftsräumen bedarf der Einwilligung der Betroffenen. Die Betroffenen müssen über den Zweck des Dienstes sowie über die Art, den Umfang und den Zeitraum des Einsatzes unterrichtet sein. Im Übrigen müssen die Anforderungen des § 4 Abs. 2 erfüllt sein.

29.1.3.1 Erkennbarkeit

Fernmess- und Fernwirkdienste dürfen nicht eingerichtet werden, wenn die Betroffenen nicht erkennen können, wann ein Dienst in Anspruch genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist. Es soll im Interesse des Persönlichkeitsschutzes keine heimliche Informationsbeschaffung geben.

29.1.3.2 Sonderregelung für Versorgungsunternehmen

Das Erfordernis der Erkennbarkeit einzelner Aktionen des Fernmessoder Fernwirkdienstes besteht wegen der geringeren Sensibilität der abgerufenen Daten (Verbrauchsangaben) nicht für Versorgungsunternehmen.

29.1.4/5 Widerruf der Einwilligung

Die Einwilligung nach Satz 1 zum Einsatz von Einrichtungen zum Fernmessen oder Fernwirken kann grundsätzlich jederzeit widerrufen werden. Dies gilt nicht, soweit der Widerruf mit der Zweckbestimmung des Dienstes nicht vereinbar ist. Der Widerruf der Einwilligung kann auch durch schlüssiges Handeln, etwa das Abschalten des Dienstes, erfolgen.

29.2 Folgen des Widerrufs

29.2.1 Verbot des Leistungsausschlusses

Weigern sich Betroffene, in Fällen des Satzes 1 in das Fernmessen oder Fernwirken einzuwilligen, darf dies nicht zum Leistungsausschluss führen.

29.2.2 Mehrkosten

Die Betroffenen können mit den Mehrkosten belastet werden, die dadurch entstehen, dass sie den Fernmess- oder Fernwirkdienst nicht zulassen, z. B. mit höheren Kosten einer Zählerablesung vor Ort.

29.3 Zweckbindung

29.3.1 Ausschluss der Zweckänderung

Personenbezogene Daten, die durch Fernmess- oder Fernwirkdienste erhoben werden, dürfen nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet oder genutzt werden. Eine Zweckänderung nach § 10 Abs. 2 ist vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschriften oder der Einwilligung der Betroffenen unzulässig.

29.3.2 Löschung nach Zweckerreichung

Die durch Fernmessung oder Fernwirkung erhobenen personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald sie zur Erfüllung des damit verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind, also spätestens nach Begleichung der abgerechneten Kosten. Dies ist eine Sonderregelung zu § 16 Abs. 2.

30. Zu § 30 (Optisch-elektronische Beobachtung)

Allgemeines

Die Vorschrift trifft nur Regelungen zur Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche (Nr. 30.1) mittels optischelektronischer Einrichtungen, insbesondere durch Videotechnik. Eine Legaldefinition des öffentlichen Bereiches gibt es nicht. Entscheidend ist, ob die Bereiche für den öffentlichen Verkehr gewidmet worden sind oder dazu dienen, von jedermann genutzt und betreten zu werden. Betroffen sind also z. B. Schalterhallen in Rathäusern, Ausstellungsräume in Museen und Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude. Es ist unerheblich, ob der Bereich überdacht ist oder sich unter freiem Himmel befindet. Bereichsspezifische Regelungen zur optisch-elektronischen Beobachtung, z. B. nach dem SOG LSA, betreffen andere Sachverhalte und bleiben unberührt. § 30 gilt auch nicht für die optisch-elektronische Beobachtung zu Zwecken der Verkehrslenkung und –beobachtung. Hierfür bedarf es keiner besonderen Befugnis. Für diese Zwecke werden Übersichtsaufnahmen gefertigt, die in keinem Fall Eingriffsqualität haben. Die Vorschrift gilt auch nicht für die Aufzeichnung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen; solche Aufzeichnungen sind zulässige Beweismittel nach der Strafprozessordnung oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i. d. F. der Bek. vom 19.2.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 22.12.2006 (BGBl. I S. 3416), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 30 regelt nicht die Zulässigkeit der Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen von solchen Bereichen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Der Einsatz entsprechender Technik in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen ist grundsätzlich als zulässig anzusehen; er bedarf keiner besonderen Ermächtigung. Sofern jedoch Mitarbeiter öffentlicher Stellen in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen vom Einsatz entsprechender Technik betroffen sind, müssen die von der Rechtsprechung hierzu aufgestellten engen Anforderungen erfüllt sein.

Gesetzliche Regelungen über den Einsatz von Einrichtungen zur optischelektronischen Beobachtung am Arbeitsplatz gibt es noch nicht. Grundsätzlich gilt Folgendes:

a) Eine verdeckt und ohne Wissen des Arbeitnehmers durchgeführte Videoüberwachung stellt nach der gefestigten Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichts einen unzulässigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers dar, wenn keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers ersichtlich sind, vgl. Urteil des BAG vom 7.10.1987 – 5 AZR 116/86 (BB 1988 S. 137).

b) Das einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht rechtfertigende schutzwürdige Interesse des Arbeitgebers muss durch konkrete Anhaltspunkte und Verdachtsmomente belegt sein. Eine vage Vermutung oder ein pauschaler Verdacht gegen die gesamte Belegschaft genügt den Anforderungen nicht.

c) Eine unter diesen Voraussetzungen statthafte Videoüberwachung ist grundsätzlich offen mittels einer sichtbaren Anlage und nach vorheriger Information der Belegschaft durchzuführen.

d) Eine Überwachung durch verdeckte Kameras ist als ultima ratio nur dann zulässig, wenn dieses Mittel die einzige Möglichkeit darstellt, berechtigte und schützenswerte Interessen des Arbeitgebers zu wahren.

e) Die Videoüberwachung unterliegt der Mitbestimmung des Personalrates nach § 69 Nr. 3 des PersVG LSA. Eine unzulässige Videoüberwachung wird durch eine Zustimmung des Personalrates nicht legitimiert, vgl. Urteil des BAG vom 15.5.1991 – 5 AZR 115/90 (NZA 1992 S. 43).

f) Die durch eine rechtswidrige Überwachung gewonnenen Erkenntnisse unterliegen einem Verwertungsverbot.

30.1 Voraussetzungen für die Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen

Bei optisch-elektronischer Beobachtung werden Verhaltensweisen Betroffener zur Kenntnis genommen. Dies kann Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen. Aus diesem Grund begrenzt Abs. 1 für öffentliche Stellen die Befugnis zur Beobachtung durch optisch-elektronische Einrichtungen auf öffentlich zugängliche Bereiche. Darüber hinaus wird die Beobachtung mittels solcher Einrichtungen davon abhängig gemacht, dass sie für einen von drei enumerativ aufgeführten Zwecken erforderlich ist. Der Einsatz eines Mittels ist nur erforderlich, wenn dies auch verhältnismäßig ist. Die Pflicht zur Beachtung dieses Grundsatzes wird in der Weise konkretisiert, dass schutzwürdige Interessen der Personen, die sich im Aufnahmebereich der optischelektronischen Einrichtung befinden, nicht überwiegen dürfen. Eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Betroffener kann z. B. vorliegen, wenn sich die Beobachtung auf Nachbargrundstücke erstreckt. Dies wäre aber auch der Fall, wenn z. B. Umkleideräume in Badeanstalten per Videotechnik überwacht würden.

30.1.1 Wahrnehmung des Hausrechts

Das Hausrecht gibt die Befugnis darüber zu entscheiden, wer abgeschlossene Räume oder befriedetes Besitztum betreten darf, um unbefugtes Betreten zu verhindern. Das Hausrecht schließt grundsätzlich die Befugnis ein, durch Einsatz von Videotechnik in unübersichtlichen Bereichen einer öffentlichen Einrichtung Dritte vor dem Risiko zu schützen, einer Straftat ausgesetzt zu sein.

30.1.2 Schutz des öffentlichen Eigentums oder Besitzes

Nummer 2 lässt die optischelektronische Beobachtung zum Schutz des (öffentlichen) Eigentums oder Besitzes zu. Hierzu gehört der Schutz vor Sachbeschädigungen und Diebstahl bei öffentlichen Stellen; dazu gehören z. B. auch Museen.

30.1.3 Kontrolle von Zugangsberechtigungen

Die Zugangskontrolle ist in vielen Fällen Ausfluss des Hausrechts und erfasst z. B. die Abschottung sensibler Bereiche innerhalb eines Verwaltungsgebäudes (Sicherheitsbereiche).

30.2 Transparenz

Grundsätzlich muss eine Erhebung, sofern sie nicht Zwecken der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr dient, offen und für die Betroffenen erkennbar sein. Dies gilt auch bei optischelektronischer Beobachtung. Für die Personen, die sich im Aufnahmebereich optisch-elektronischer Einrichtungen befinden, muss die Tatsache oder zumindest die Möglichkeit der Beobachtung erkennbar sein. Dies ist der Fall, wenn

a) der einzelne Beobachtungsvorgang unmittelbar wahrnehmbar ist,

b) auf die Beobachtung durch deutlich sichtbare Schilder (z. B. Piktogramme, bei Bedarf mehrsprachige Texte) oder in sonstiger Weise hingewiesen wird oder

c) die optisch-elektronische Einrichtung deutlich sichtbar installiert ist.

Ein ausdrücklicher Hinweis auf die verantwortliche Stelle ist nur dann erforderlich, wenn Betroffene sonst nicht erkennen können, an welche Stelle sie sich im Beschwerdefall wenden können.

30.3.1 Zweckbindung

Satz 1 legt fest, dass bei Beobachtung mittels optisch-elektronischer Einrichtungen personenbezogene Daten nur erhoben oder gespeichert werden dürfen, wenn dies zur Erreichung des Zwecks der Beobachtung erforderlich oder technisch unvermeidlich (z. B. bei Erfassung Unbeteiligter) ist. Daten werden erst dann personenbezogen erhoben und gespeichert, wenn sie einer bestimmten Person zugeordnet werden. Werden keine Aufzeichnungen gefertigt, ist dies nur selten der Fall. Liegen Aufzeichnungen vor, besteht ein Personenbezug nur, wenn nach Art der Aufnahmetechnik ein solcher Bezug herstellbar ist. Grundsätzlich ist eine Verarbeitung oder Nutzung nur zum Zweck der Erhebung zulässig.

30.3.2 Zweckänderung

Eine Zweckänderung kommt nur entsprechend § 10 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 6 bis 8 in Betracht. Danach kann z. B. Betroffenen oder Dritten Beweismaterial zur Verfügung gestellt werden, wenn gelegentlich einer zulässigen Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen eine unerlaubte Handlung, die zu einem erheblichen Gesundheits- oder Vermögensschaden geführt hat, dokumentiert wurde. Ist es dagegen Zweck einer nach Abs. 1 Nrn. 1 oder 2 zulässigen Beobachtung, unerlaubte oder strafbare Handlungen zu dokumentieren, ist die Verwendung personenbezogener Daten zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zweckidentisch. Ein Rückgriff auf Zweckdurchbrechungstatbestände des § 10 Abs. 2 Nrn. 6 bis 8 ist hier entbehrlich.

30.4 Löschung

Satz 1 ist eine Sonderregelung im Verhältnis zu § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2. Die Löschungspflicht besteht unabhängig davon, ob die Aufzeichnungen personenbezogen sind. Die Pflicht zur unverzüglichen Löschung trägt dem vorrangigen Interesse der Betroffenen Rechnung, Aufzeichnungen nicht länger zu speichern, als dies für die Zwecke erforderlich ist, zu denen die Aufzeichnungen erfolgt sind. Es ist keine genau terminierte Löschungsfrist vorgegeben. Die Frist ist nach den Besonderheiten des Einzelfalls festzulegen; diese Festlegung ist gerichtlich nachprüfbar. In vielen Fällen dürfte es ausreichen, Aufzeichnungen in kurzen Zeitabständen (wenige Stunden bis maximal wenige Tage) durch automatisches Überschreiben zu löschen. Ist ein Sachverhalt dokumentiert, der Anlass der Beobachtung war, sollte – soweit dies technisch möglich ist – zu Zwecken der Beweissicherung nur die entsprechende Passage auf längere Zeit gespeichert bleiben.

Nur in Ausnahmefällen dürften schutzwürdige Interessen Betroffener eine Löschung vor Zweckerreichung erfordern.

30a. Zu § 30a (Öffentliche Auszeichnungen)

30a. Verhältnis des § 30a zu allgemeinen Regelungen des Gesetzes

Soweit § 30a keine Sonderregelungen trifft, gelten für den Umgang mit Daten, die zu Zwecken öffentlicher Auszeichnung erhoben werden, die allgemeinen Regelungen des Gesetzes, insbesondere zum Umfang zulässiger Erhebung.

30a.1.1 Diskretion bei der Vorbereitung von Auszeichnungen

Satz 1 lässt die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ohne Kenntnis der Betroffenen zu, um bei diesen Personen keine Erwartungshaltung und im Falle der Nichtauszeichnung Enttäuschung auszulösen. Soweit für Zwecke der Vorbereitung einer Auszeichnung im Einzelfall personenbezogene Daten besonderer Art benötigt werden, siehe Nr. 26.1.1.7.

30a.1.2 Zweckbindung

Die für Zwecke öffentlicher Auszeichnungen erhobenen und gespeicherten Daten unterliegen einer strengen Zweckbindung. Abs. 2 verdrängt die allgemeine Zweckdurchbrechungsregelung des § 10 Abs. 2, nicht aber § 10 Abs. 3. Zufallserkenntnisse dürfen grundsätzlich selbst dann nicht verwendet werden, wenn sie für andere Zwecke, z. B. der Strafverfolgung, benötigt werden.

30a.2 Übermittlungsbefugnis anderer öffentlicher Stellen

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass andere öffentliche Stellen den für die Vorbereitung von Auszeichnungen zuständigen Stellen die hierfür erforderlichen Daten übermitteln dürfen.

30a.3 Ausschluss der Auskunftserteilung

Auskunft über in Verfahren der Auszeichnung gespeicherte Daten ist den Betroffenen nicht zu erteilen. Da keine Auskunft erteilt wird, erfolgt auch keine Benachrichtigung. Der Ausschluss der Benachrichtigung ergibt sich aus § 9 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3.

31. Zu § 31 (Strafvorschriften)

Allgemeines

Auch für die Strafvorschriften des § 31 gilt die Subsidiaritätsklausel (Nr. 3.3). Soweit andere Strafnormen gleiches Handeln aus § 31 gleichgerichteten persönlichkeitsschützenden Gründen unter Strafandrohung stellen, verdrängen sie die Strafbestimmungen des DSG-LSA. In einem solchen Fall besteht sogenannte Gesetzeskonkurrenz oder Gesetzeseinheit. So verdrängt regelmäßig § 203 StGB bei der Verletzung von Privatgeheimnissen die Strafbewehrung nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 wegen unzulässiger Übermittlung.

Die Feststellung, ob Gesetzeseinheit besteht, ist insoweit von Bedeutung, als z. B.

a) abweichend von § 31 Abs. 1 die vorrangige Strafnorm nicht nur Handeln, Dulden oder Unterlassen gegen Entgelt, in Bereicherungsoder Schädigungsabsicht unter Strafe stellen kann (z. B. § 203 Abs. 1 StGB),

b) das Strafantragsrecht abweichend von § 31 Abs. 3 auf den Verletzten beschränkt sein kann (z. B. § 205 Abs. 1 StGB).

Idealkonkurrenz ist z. B. möglich mit Straftatbeständen des StGB zur Computerkriminalität (§§ 263a, 268 bis 271, 274 StGB).

Die Strafvorschriften des § 31 sind grundsätzlich Blankettnormen. Ob ein Handeln, Dulden oder Unterlassen strafbewehrt ist, ergibt sich erst aus der Anwendung anderer Normen. Dies können sowohl Vorschriften des DSGLSA als auch andere nicht besonders strafbewehrte bereichsspezifische Datenschutzvorschriften des Landes oder des Bundes sein, z. B. Bestimmungen des SOG LSA. Die strafbewehrten Handlungen sind Vergehen im Sinne des § 12 StGB.

31.1 Allgemeines zu den Straftatbeständen des Abs. 1

Die Strafvorschrift des Abs. 1 greift nur, soweit sich die Tathandlungen auf personenbezogene Daten beziehen, die nicht allgemein zugänglich (Nr. 2.1.3) sind.

Es muss sich um qualifizierte Delikte handeln; der Täter muss also gegen Entgelt oder aus Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht gehandelt haben. Entgelt ist nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB jede in einem Vermögensvorteil bestehende Geldleistung. Bereicherungsabsicht ist die Absicht, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu beschaffen. Schädigungsabsicht setzt den auf einen Schaden gerichteten Willen voraus.

Vom DSG-LSA sind personenbezogene Daten geschützt durch die materiellen Datenschutzvorschriften, insbesondere die §§ 9 bis 13, 15 und 16. Auch die Verletzung nicht gesondert strafbewehrter bereichsspezifischer Datenschutzvorschriften steht unter Strafandrohung. Dies wird durch den Hinweis auf andere Rechtsvorschriften über den Datenschutz klargestellt; dies trägt dem Bestimmtheitsgebot von Strafnormen Rechnung. § 4 Abs. 1 spricht für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aus. Die Erlaubnis zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung kann sich aus dem DSGLSA oder einer anderen Rechtsvorschrift (Nr. 3.3) ergeben; ansonsten ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung grundsätzlich unbefugt.

31.1.1 Unbefugtes Erheben, Verarbeiten oder Nutzen

Zu den Tathandlungen im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 wird auf die Begriffsbestimmungen des § 2 verwiesen. Täter können grundsätzlich nur Personen sein, die bei der verantwortlichen Stelle oder ihrem Auftraggeber tätig sind. Dritte können Täter sein, wenn sich eine Verbotsnorm ausdrücklich an Dritte wendet.

31.1.2 Unbefugtes Bereithalten zum Abruf

Das unbefugte Bereithalten personenbezogener Daten zum Abruf durch Dritte mittels automatisierten Verfahrens ist strafbewehrt. Dies gilt nicht für behördeninterne Abrufmöglichkeiten; es fehlt das Merkmal der beabsichtigten Übermittlung an Dritte. Unter welchen Voraussetzungen die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren zulässig ist, ergibt sich vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) aus § 7 Abs. 1 bis 3. Täter können grundsätzlich nur die bei der verantwortlichen Stelle tätigen Personen sein.

31.1.3 Unbefugtes Abrufen oder Verschaffen aus Dateien

Nummer 3 erfasst sowohl den unbefugten Abruf durch einen sonst zum Abruf berechtigten Dritten als auch den internen Abruf unter Verletzung des Datengeheimnisses durch eine bei der verantwortlichen Stelle beschäftigte Person. Entsprechendes gilt für die unbefugte Verschaffung personenbezogener Daten aus Dateien.

31.2 Weitere Straftatbestände

Absatz 2 stellt weitere Tathandlungen unter Strafe. Auch hier muss der Täter gegen Entgelt, in Bereicherungs- oder in Schädigungsabsicht gehandelt haben. Täter können grundsätzlich nur Personen sein, die nicht bei der verantwortlichen Stelle tätig sind.

31.2.1 Erschleichen der Übermittlung durch unrichtige Angaben

Unter Erschleichen ist das Vortäuschen der Übermittlungsvoraussetzungen durch unrichtige Angaben zu verstehen.

31.2.2 Unbefugte Zweckänderung durch Weiterübermittlung

Die unbefugte Zweckänderung ist nur im Falle der Weiterübermittlung strafbewehrt. Adressaten dieser Strafbestimmung sind im Falle des § 12 Abs. 4 Satz 1 ausschließlich nichtöffentliche Stellen, in Fällen des § 26 Abs. 2 Satz 1 nur öffentliche Stellen und in Fällen des § 27 Abs. 1 sowohl öffentliche als auch nicht-öffentliche Forschungseinrichtungen.

31.2.3 Unbefugtes Deanonymisieren

Eine unzulässiges Deanonymisieren kann sowohl bei öffentlichen wie nichtöffentlichen Forschungseinrichtungen erfolgen.

31.2.4 Verletzung der Verwendungsbeschränkung von durch die Verfassungsschutzbehörde übermittelten Daten

Von der Verfassungsschutzbehörde übermittelte Daten unterliegen der Zweckbindung. Verstößt ein Dritter, dem die Daten übermittelt worden sind (in § 18 Abs. 4 Satz 3 und 4 VerfSchGLSA noch als Empfänger bezeichnet) gegen die Zweckbindung, steht dies unter Strafandrohung.

31.3 Verfolgung der Tat

Die Tat wird grundsätzlich nur auf Antrag der Geschädigten verfolgt. Nur wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, kann die Strafverfolgungsbehörde von Amts wegen einschreiten. Daneben ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz berechtigt, Verstöße gegen Vorschriften über den Datenschutz anzuzeigen (§ 22 Abs. 8).

31a. Zu § 31a (Bußgeldvorschriften)

Allgemeines/Zuständigkeit

Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist nach § 5 Nr. 9 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO OWi) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.9.1994 (GVBl. LSA S. 956), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.6.2008 (GVBl. LSA S. 208), das Landesverwaltungsamt zuständig.

31a.1/2 Ordnungswidrigkeitstatbestände

Die Ordnungswidrigkeitstatbestände der Abs. 1 und 2 entsprechen grundsätzlich den Straftatbeständen des § 31 Abs. 2; es fehlt aber das Merkmal der besonderen Verwerflichkeit (Handeln gegen Entgelt, in Bereicherungs- oder in Schädigungsabsicht).

32. Zu § 32 (Übergangsvorschriften)

32.1. Frühere Dateifestlegungen, Dateianordnungen oder Errichtungsanordnungen

32.1.1 Einstufung als Verfahrensverzeichnis

In der Vergangenheit waren Dateifestlegungen nach § 14 Abs. 2 Satz 2 (a. F.), Dateianordnungen nach § 13 Abs. 1 VerfSchG LSA und im Anwendungsbereich des SOG LSA Errichtungsanordnungen zu führen. Je nach Aufgabenbereich mussten einzelne öffentliche Stellen solche Unterlagen nebeneinander führen. An die Stelle dieser Unterlagen ist das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 getreten. Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, werden die bisherigen Unterlagen nicht umgestellt; sie gelten als Verfahrensverzeichnis.

32.1.2/3 Ergänzung von als Verfahrensverzeichnis geltenden Unterlagen

Sofern in den bisherigen Unterlagen mehr Angaben enthalten sind, als nach § 14 Abs. 5 eingesehen werden können, wird das Einsichtsrecht entsprechend eingeschränkt. Sollte das Verzeichnis weniger Festlegungen enthalten, als § 14 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 9 vorsehen, sind die fehlenden Angaben erst bei der nächsten Fortschreibung oder im Fall der ersten Einsichtnahme nachzuholen.

33. Zu § 33 (Personenbezogene Daten aus ehemaligen Einrichtungen)

33.1 Verfügungsbefugnis über Datenbestände

Absatz 1 trifft eine Verfügungsregelung über Datenbestände aus der Hinterlassenschaft ehemaliger Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik. Die Regelung erfasst nur lebende Datenbestände, also solche, die vor dem 3.10.1990 und außerdem nach ihrer Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben gespeichert waren. Die Anforderung überwiegend ist erfüllt, wenn die Datenbestände zu mehr als 50 v. H. für Verwaltungszwecke gespeichert waren. Für Datenbestände, die bereits vor dem 3.10.1990 archiviert waren, gelten die §§ 33 – 35 nicht. Ebenso verhält es sich mit Datenbeständen, die vor dem genannten Termin an das zuständige Verwaltungsarchiv im Sinne des § 9 der 1. Durchführungsbestimmung zur ArchivwesenVO vom 19.3.1976 (GBl. I S. 169) abgegeben wurden und dem zuständigen Endarchiv zustehen. Die Benutzung dieser Unterlagen richtet sich nach dem Archivrecht.

33.1.1 Träger öffentlicher Verwaltung

Soweit die Datenbestände vor der Wiedervereinigung Verwaltungsaufgaben dienten, die nach der heutigen Rechtsordnung vom Land, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden oder sonstigen Trägern öffentlicher Verwaltung der mittelbaren Landesverwaltung wahrzunehmen sind, stehen die Daten nach Satz 1 demjenigen Träger öffentlicher Verwaltung zu, der jetzt für diese Verwaltungsaufgabe zuständig ist.

33.1.2 Verantwortliche Stelle

Nach Satz 2 bestimmt der zuständige Träger der öffentlichen Verwaltung die verantwortliche Stelle; die Regelung konkretisiert Pflichten nach § 14 Abs. 1.

33.2 Ehemalige Einrichtungen

Ehemalige staatliche oder wirtschaftsleitende Organe, Kombinate, Betriebe oder Einrichtungen sowie gesellschaftliche Organisationen der Deutschen Demokratischen Republik waren insbesondere:

a) Die Volksvertretungen, die zentralen und örtlichen Staatsorgane sowie deren nachgeordnete Einrichtungen (einschließlich der Gerichte, Strafvollzugs- und Polizeibehörden).

b) Die Parteien:

aa) Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED),

bb) Christlich-Demokratische Union (CDU),

cc) Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD),

dd) National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD),

ee) Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD).

c) Die mandatstragenden gesellschaftlichen Organisationen in den Volksvertretungen:

aa) die Nationale Front der DDR (NF),

bb) Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB),

cc) Freie Deutsche Jugend (FDJ),

dd) Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD),

ee) Kulturbund der DDR (KB),

ff) Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB),

gg) Konsumgenossenschaft der DDR (KG).

d) Sonstige Organisationen und Verbände:

aa) Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI) einschließlich der Volkskontrollausschüsse,

bb) Blinden- und SehschwachenVerband der DDR (BSV),

cc) Bund der Architekten (BdA),

dd) Deutscher Turn- und Sportbund der DDR (DTSB),

ee) Deutsches Rotes Kreuz der DDR (DRK),

ff) Gehörlosen- und Schwerhörigen-Verband der DDR (GSV),

gg) Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft (DSF),

hh) Jagdgesellschaften,

ii) Kammer der Technik (KdT),

jj) Schriftstellerverband der DDR,

kk) Solidaritätskomitee der DDR,

ll) URANIA der DDR,

mm)Verband Bildender Künstler der DDR (VBK),

nn) Verband der Journalisten der DDR (VDJ),

oo) Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK),

pp) Verband der Theaterschaffenden der DDR (VT),

qq) Vereinigung der Juristen der DDR (VdJ),

rr) Volkssolidarität (VS),

ss) wissenschaftliche und andere Gesellschaften.

e) Die paramilitärischen Organisationen:

aa) Gesellschaft für Sport und Technik (GST),

bb) Kampfgruppen der Arbeiterklasse.

34. Zu § 34 (Verarbeitung personenbezogener Daten aus ehemaligen Einrichtungen)

34.1 Datenspeicherung, -veränderung oder -nutzung

Satz 1 stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4 die verantwortliche Stelle bei der Speicherung, Veränderung oder Nutzung personenbezogener Daten aus ehemaligen Einrichtungen von den Anforderungen des § 10 Abs. 1 frei. Dies bedeutet, dass keine Bindung an den Zweck der Erhebung oder den Zweck der erstmaligen Speicherung besteht. Diese Abweichung hat ihren Grund darin, dass die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in einem demokratischen Rechtsstaat nicht mit der in einem totalitären System gleichgesetzt werden kann; die aktuelle Aufgabenstellung hat sich zumindest inhaltlich verändert.

34.2 Als erstmalig gespeichert geltende Daten

Absatz 2 ist eine Sonderregelung im Verhältnis zu § 10 Abs. 1 Satz 2. Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung und Nutzung nach Abs. 1 zulässig ist, gelten als für den nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmten Zweck erstmalig gespeichert, z. B. Angaben über Gaststättenkonzessionen für Zwecke der Gaststättenaufsicht. Daten, die nach Abs. 1 zulässig gespeichert, verändert oder genutzt werden dürfen, können nach Maßgabe der §§ 11 bis 13 oder anderer Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) auch übermittelt werden.

34.3 Ausschluss der Übermittlung überschießender Daten

Absatz 3 ist eine Sonderregelung im Verhältnis zu § 11 Abs. 5. Datenbestände im Sinne des § 33 Abs. 1 können zum Teil personenbezogene Daten enthalten, die zur Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden oder nach heutigem Rechtsverständnis unzulässig erhoben oder gespeichert wären und deshalb nicht weiter verwendet werden dürfen. Im Interesse des Persönlichkeitsschutzes wird abweichend von § 11 Abs. 5 bestimmt, dass solche Daten selbst dann nicht an öffentliche Stellen mitübermittelt werden dürfen, wenn die Abtrennung der überschießenden Daten mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist. Die vorherige Abtrennung oder Unkenntlichmachung solcher Daten ist zwingend.

35. Zu § 35 (Widerspruchsrecht)

35.2 Unterrichtung

Die Betroffenen können von ihrem Widerspruchsrecht tatsächlich nur Gebrauch machen, wenn sie über das Vorhandensein des Datenbestandes und die näheren Umstände der Speicherung unterrichtet sind. Grundsätzlich kann die Unterrichtung in allgemeiner Form, z. B. durch Veröffentlichung im einschlägigen amtlichen Verkündungsblatt oder in der Tagespresse erfolgen. Eine Einzelunterrichtung der Betroffenen erscheint wegen des damit verbundenen unverhältnismäßigen Aufwandes (Nr. 10.2.9) grundsätzlich nicht geboten. Die Einzelabwägung kann aber ergeben, dass schutzwürdige Belange der Betroffenen an einer Einzelunterrichtung überwiegen. Dies kann bei solchen personenbezogenen Daten der Fall sein, bei denen anzunehmen ist, dass sie unter Verstoß gegen die Menschenwürde erhoben worden sind.

36. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieser RdErl. tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der RdErl. zu Buchst. b außer Kraft. Dieser RdErl. tritt zehn Jahre nach seinem In-Kraft-Treten außer Kraft.

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An die Dienststellen der Landesverwaltung, Gemeinden und Landkreise, sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Abs. 1 DSG-LSA

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VV-DSG-LSA Anlage 1

Muster einer Einwilligungserklärung *)

Die Angaben (zu Nrn. …/zu den farblich, durch Fettdruck oder in sonstiger Weise gekennzeichneten Feldern) erfolgen für:

Bezeichnung des Zwecks der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind

Form der Verarbeitung:

automatisiert

nicht-automatisiert (in Akten oder nicht-automatisierten Dateien)

Hinweise:

Aus der Verweigerung der Einwilligung ergeben sich

keine Folgen (ggf. zusätzliche Begründung)

folgende Nachteile (z. B. Erschwerung der Leistungsgewährung, Ablehnung eines Antrages):

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ist, und dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Hierin willige ich ein.

———————————————————————————————–

Datum, Unterschrift

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*) Soll die Einwilligungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 DSG-LSA zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, ist sie im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben z. B. dadurch, dass sie unmittelbar über dem Feld für die Unterschrift steht.

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VV-DSG-LSA – Anlage 2

Muster eines Hinweises nach § 9 Abs. 3 oder 4 DSG-LSA

Die Angaben (zu Nrn. …/zu den farblich, durch Fettdruck oder in sonstiger Weise gekennzeichneten Feldern) erfolgen für:

Verantwortliche Stelle 1)

Bezeichnung des Zwecks der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 2)

Rechtsgrundlage der Erhebung (besondere Rechtsvorschrift/§ 9 Abs. 1 DSG-LSA)

Hiernach

besteht die Pflicht zur Auskunftserteilung.

ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von (folgenden) Rechtsvorteilen:

sind die Angaben freiwillig.

Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind

Aus der Verweigerung der Auskunftserteilung ergeben sich für Sie

keine Folgen (ggf. zusätzliche Begründung)

folgende Nachteile (Ahndung als Ordnungswidrigkeit, Ablehnung des Antrages, bei Nichtangabe der Telefonnummer können längere Bearbeitungszeiten auftreten).

————————————————————————————————–

1) Angabe entbehrlich, wenn sich aus dem Briefkopf usw. die verantwortliche Stelle ergibt

2) Werden personenbezogene Daten statt bei Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr Daten preisgegeben werden, als nach § 12 DSG-LSA zulässig.

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VV-DSG-LSA – Anlage 3

Muster der Festlegungen für ein automatisiertes Verfahren für das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 DSG-LSA

Verantwortliche Stelle (1)                                                                                             Stand vom:

1. Bezeichnung des Verfahrens (2)

2. Zweckbestimmung (3) und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung (4) (Die Zwecke und Rechtsgrundlagen vorgesehener Übermittlungen sind unter 5. angegeben)

3. Kreis der Betroffenen (5)

Vorabprüfung nach § 14 Abs. 2 DSG-LSA erfolgt, weil

es sich um ein Abrufverfahren nach § 7 Abs. 1 Satz 1 DSG-LSA handelt

personenbezogene Daten besonderer Art (§ 2 Abs. 1 Satz 2 DSG-LSA) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden

das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit der oder des Betroffenen zu bewerten (§ 4a Abs. 1 DSG-LSA)

mobile personenbezogene Datenträger (§ 2 Abs. 11 DSG-LSA) eingesetzt werden.

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Datum/Unterschrift (der für die Erstellung/Änderung verantwortlichen Person)

4. Art der Daten (6)

5./6.                                                                           Weitergabe oder Übermittlung

vorgesehene Empfänger (7)            Zweck (8)             Rechtsgrundlage (9)            Anlass und Häufigkeit

a) innerhalb der verantwortlichen Stelle

b) bei Übermittlung (auch in Drittländer)

aa) im Inland, innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (10)

bb) in Drittländer (stets erfüllt bei Einstellung ins Internet) (10)                                                A (11)

c) bei Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung im Auftrag

7. Regelfristen für (12)

a) die Löschung

b) die Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung

8. Zugriffsberechtigte (13)

(bitte erläutern)

9.1 Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 DSG-LSA (14) zur Gewährleistung der        Dienstanweisung liegt bei

Vertraulichkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Integrität Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Verfügbarkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Authentizität Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Revisionsfähigkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Transparenz Art der Maßnahme (bitte erläutern)

9.2 Art der Geräte (Hardware)  (15) : (bitte erläutern)

Großrechner:

Server:

Client:

Einzelplatzsystem:

9.2.1 Art der Geräte (Hardware) zum Anschluss an Fremdnetze (16) : (bitte erläutern)

kein Anschluss an Fremdnetze

Intranet (z. B. Landesnetz):

Internet:

9.2.2 Verfahren zur Übermittlung (bitte erläutern):

leitungsgebunden    Funk     Disketten     Kassette (Streamer)    Magnetband    Sonstige (bitte erläutern)

9.3 eingesetzte Software (Betriebssysteme; Anwendungssoftware) (17) : (bitte erläutern)

Großrechner:

Server:

Client:

Einzelplatzsystem:

9.3.1 eingesetzte Software zum Anschluss an Fremdnetze (18) : (bitte erläutern)

kein Anschluss an Fremdnetze

Intranet (z. B. Landesnetz):

Internet:

9.3.2 Verfahren zur Sperrung von personenbezogenen Daten

nicht vorhanden            vorhanden (bitte erläutern)

9.3.3 Verfahren zur Löschung von personenbezogenen Daten

nicht vorhanden            vorhanden (bitte erläutern)

————————————————————————————————–

(1) Verantwortliche

Stelle:

a) ist grundsätzlich die jeweilige öffentliche Stelle (§ 2 Abs. 8 DSG-LSA) (z. B. Regierungspräsidium, Landkreis, Gemeinde)

b) ist nicht der Auftragnehmer bei einer Auftragsdatenverarbeitung

Wird die Festlegung für das Verfahrensverzeichnis gemäß § 14 Abs. 3 Satz 2 DSG-LSA zentral getroffen, sind alle verantwortlichen Stellen, die das Verfahren anwenden, mit genauer Anschrift zu bezeichnen.

Der jeweilige Beauftragte für den Datenschutz erhält eine Ausfertigung des Verfahrensverzeichnisses.

Das Verfahrensverzeichnis soll die Organisationseinheit bezeichnen, die innerhalb der jeweiligen verantwortlichen Stelle intern verantwortlich ist.

(2) Bezeichnung des Verfahrens:

a) hier ist der Name des Verfahrens anzugeben (z. B. Einwohnermeldedaten)

b) bei landeseinheitlichen DV-Verfahren ist deren Bezeichnung anzugeben

(3) Zweckbestimmung: der Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung (ohne Übermittlungen) ist kurz zu erläutern

(4) Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung: mit Angabe der Paragraphen der einschlägigen Rechtsvorschriften, z. B.:

a) spezialgesetzliche Regelung (z. B. § 22 MG LSA)

b) § 10 Abs. 1 DSG-LSA, wenn die Verarbeitung zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und keine besondere Rechtsvorschrift besteht

c) § 4 Abs. 1 DSG-LSA (Einwilligung des Betroffenen)

(5) Kreis der Betroffenen: Bezeichnung des Personenkreises, dessen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (z. B. Gewerbetreibende, Einwohner des Landkreises)

(6) Art der Daten: Auflisten der einzelnen Daten (z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum …)

(7) vorgesehene Empfänger: Vorgesehene Empfänger sind solche, an die nach vorab festgelegten Regeln unter bestimmten Voraussetzungen personenbezogene Daten weitergegeben oder übermittelt werden, auch durch Bereithalten zum Abruf.

Einzutragen ist in Spalte 5./6. die genaue Bezeichnung der Empfänger.

Dies können sein:

a) andere Organisationseinheiten innerhalb der verantwortlichen (speichernden) Stelle,

b) Dritte, an die Daten übermittelt werden (Werden personenbezogene Daten ins Internet eingestellt, liegt darin wegen der Möglichkeit des weltweiten Abrufs stets auch eine vorgesehene/geplante Übermittlung in Drittstaaten.),

c) Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

(8) Der Zweck der Weitergabe oder Übermittlung ist kurz darzustellen.

(9) Die Ausführungen zu (4) gelten entsprechend.

(10) Drittländer sind Länder außerhalb der EG oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum (das sind Island, Norwegen und Liechtenstein).

(11) Die Unterspalte A ist nur anzukreuzen, wenn die einzelnen Daten durch automatisierte Abrufverfahren zur Übermittlung bereitgehalten werden.

(12) Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Erforderlichkeit weiterer Speicherung: diese können sich ergeben aus speziellen Regelungen, z. B. Gesetz oder Verwaltungsvorschrift z. B.

a) … Jahre nach der Erstellung/letzten Änderung

b) § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 DSG-LSA

(13) Zugriffsberechtigte: gemeint sind nur Zugriffsberechtigte innerhalb der verantwortlichen Stelle

(14) Es sind die von der verantwortlichen Stelle getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen schriftlich festzulegen und entsprechend in einer Anlage zu erläutern (Beispiele für Maßnahmen vgl. Nrn. 6.2.1 bis 6.2.6 VV-DSG-LSA)

(15) Art der Geräte (Hardware): Auflisten der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) u. a. nach Typ, Anzahl und Standorten einschließlich Angaben zur Netzwerktopologie (LAN), die in der öffentlichen Stelle zum Einsatz kommt (gegebenenfalls zusätzliche Anlagen und Übersichten beifügen)

(16) Art der Geräte (Hardware) zum Anschluss an Fremdnetze: Die Ausführungen zu (15) gelten entsprechend. Auflisten der IuK, die speziell zum Anschluss an Fremdnetze benötigt wird und zum Einsatz kommt, wie z. B. Firewall- und RouterTechnik, Switches, Hubs u. ä.

(17) eingesetzte Software: Auflisten der eingesetzten Software für den Betrieb der IuK (Betriebssysteme, Anwendungssoftware, Datenbankbetriebssysteme u. ä.), die in der öffentlichen Stelle zum Einsatz kommt (gegebenenfalls zusätzliche Anlagen und Übersichten beifügen)

(18) eingesetzte Software zum Anschluss an Fremdnetze: Die Ausführungen zu (17) gelten entsprechend. Auflisten der eingesetzten Software für den Betrieb der IuK, die speziell zum Anschluss an Fremdnetze zum Einsatz kommt

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Ausfüllanleitung

Das Verfahrensverzeichnis entfällt insbesondere bei:

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 DSG-LSA für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Versicherungsanstalten

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 DSG-LSA bei Ausübung des Gnadenrechts

§ 14 Abs. 4 Nr. 1 DSG-LSA für durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene Register

§ 14 Abs. 4 Nr. 2 DSG-LSA für Verfahren, die ausschließlich der Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit dienen

Bereichsspezifische Regelungen, z. B. über Errichtungsanordnungen nach § 490 StPO, bleiben unberührt, ebenso für Festlegungen öffentlicher Stellen von Sozialversicherungsträgern und ihren Verbänden nach § 81 Abs. 4 Satz 1 SGB X i. V. m. Satz 1 und § 18 Abs. 2 Satz 2 BDSG.

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VV-DSG-LSA – Anlage 4

Bezeichnung der einsetzenden Stelle

Adressatenbezeichnung (Name, Anschrift)                                                         Ort, Datum

Einsetzung zur/zum Beauftragten für den Datenschutz nach § 14a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA)

Sehr geehrte ……………,

ich setze Sie

zur Beauftragten für den Datenschutz / zum Beauftragten für den Datenschutz ein. Die Einsetzung erfolgt für

(genaue Bezeichnung der öffentlichen Stelle/n, für die eingesetzt wird)

Die Einsetzung gilt

mit sofortiger Wirkung,

ab _______________,

sie erfolgt

auf Dauer.

befristet bis zum _______________.

Sie haben diese Stelle(n) bei der Ausführung des DSG-LSA und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen. Die Datenschutzverantwortung der vorgenannten Stelle(n) bleibt unberührt; gleiches gilt für die Pflichten der in § 14a Abs. 1 Satz 2 DSG-LSA genannten Stellen.

Ihre Rechtstellung, Ihre Rechte und Pflichten sowie Ihre Aufgaben ergeben sich im Einzelnen aus § 14a DSG-LSA.

Insbesondere haben Sie einen Anspruch, von anderen Aufgaben in dem Umfang freigestellt zu werden, wie es Ihre Tätigkeit als Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz nach § 14 Abs. 4 DSG-LSA erfordert.(1)

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

————————————————————————————————–

(1) Nur ankreuzen, wenn die Funktion durch einen Angehörigen des öffentlichen Dienstes nicht hauptamtlich oder hauptberuflich ausgeübt werden soll.

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*) ei der Nummerierung der einzelnen Vorschriften der VV-DSG-LSA entsprechen die Dezimalzahlen vor dem ersten Punkt dem entsprechenden Paragraphen des Gesetzes, die Dezimalzahlen hinter dem ersten Punkt – soweit vorhanden – dem Absatz oder – wenn der Paragraph nur aus einem Absatz besteht – dem Satz oder der Nummer und – soweit vorhanden – die Dezimalzahlen hinter dem zweiten Punkt der jeweiligen Nummer innerhalb eines Absatzes oder dem Satz innerhalb des Absatzes. Paragraphenangaben ohne Bezeichnung des Gesetzes beziehen sich auf das DSG-LSA.

01Ene/14

Projet de Loi modifié par le sénat relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Projet de Loi modifié par le sénat relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2003.

Nº 762 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2003.

Projet de Loi modifié par le sénat relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législature) : 3250, 3526 et T.A. 780.

Sénat : 203 (2001-2002), 218 et T.A. 96 (2002-2003).

Droits de l'homme et libertés publiques.

TITRE I. DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

Article 1

Les articles 2 à 5 de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :

«Article 2. – La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne.

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

Artitcles 3 à 5. – Non modifiés «

Article 2

Le chapitre II de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

» Chapitre II. Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel

Section 1. Dispositions générales

Article 6. – Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées;

3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Article 7. – Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Section 2. Dispositions propres à certaines catégories de données

Article 8.

I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

1° A . Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

1° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

2° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

– pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme ;

– sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

– et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

3° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;

4° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

5° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du Code pénal ;

5° bis. Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 ;

6° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

II bis . – Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements.

III. – De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.

Article 9. – Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° Les personnes morales victimes d'infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prévues par la loi.

Article 10. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. «

Article 3

Le chapitre III de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

«Chapitre III. La Commission nationale de l'informatique et des libertés

Article 11. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

1° A . Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;

1° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

A ce titre :

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ;

h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

2° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;

3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

b bis) Elle peut apporter son concours à d'autres autorités administratives indépendantes en matière de protection des données ;

c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Article 12. – Non modifié

Article 13.

I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. – Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.

Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

III. – Supprimé

Article 14.

I. – La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

II. – Aucun membre de la commission ne peut :

– participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

– participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

III. – Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

Article 15. – Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :

– au troisième alinéa du I de l'article 23 ;

– aux e et f du 1° de l'article 11 ;

– au c du 1° de l'article 11 ;

– au c du 3° de l'article 11 ;

– aux articles 41 et 42 ;

– à l'article 54 ;

– aux articles 63 et 64 ;

– au dernier alinéa de l'article 69 ;

– au premier alinéa de l'article 70.

Article 16. – Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

– au troisième alinéa de l'article 19 ;

– à l'article 25, en cas d'urgence ;

– au second alinéa de l'article 70.

Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.

Article 17. – La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.

Article 18. – Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.

Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération.

Article 19. – La Commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.

Les agents de la commission sont nommés par le président.

En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

Article 20. – Non modifié

Article 21. – Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 1° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions.»

Article 4

Le chapitre IV de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

«Chapitre IV. Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements

Article 22.

I. – A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

2° Les traitements mentionnés au 2° du II de l'article 8 ;

3° Les traitements pour lesquels le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

Le correspondant ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas de manquement constaté à ses devoirs, il peut être révoqué, sur demande ou après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et le responsable du traitement peut être enjoint de procéder à la déclaration prévue à l'article 23.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 3°.

III. – Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

Section 1. Déclaration

Article 23.

I. – La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

II. – Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

Article 24.

I. – Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.

Ces normes précisent :

1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ;

2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ;

3° La ou les catégories de personnes concernées ;

4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;

5° La durée de conservation des données à caractère personnel.

Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.

II. – La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23.

Section 2. Autorisation

Article 25.

I. – Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36 :

1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article 8 ;

2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en œuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;

3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les y habilitant ;

5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

– l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

– l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;

7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ;

9° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5° bis du II de l'article 8.

II. – Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

III. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Article 26.

I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et :

1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.

II. – Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.

IV. – Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

Article 27.

I. – Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

II. – Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

2° Ceux des traitements mentionnés au I :

– qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

– qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;

– et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques.

3° Les traitements relatifs au recensement de la population en métropole et dans les collectivités situées outre-mer.

III. – Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

Article 28.

I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.

II. – L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

Article 29. – Non modifié

Section 3. Dispositions communes

Art. 30.

I. – Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;

3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements ;

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

5° La durée de conservation des informations traitées ;

6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 5.

II. – Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

– de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

– de toute suppression du traitement.

Article 31.

I. – La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.

Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

2° La dénomination et la finalité du traitement ;

3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;

4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

II. – La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.

III – La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.»

Article 5

Le chapitre V de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est intitulé : » Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes «. Ce chapitre comprend les articles 32 à 42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend deux sections ainsi rédigées :

«Section 1. Obligations incombant aux responsables de traitements

Article 32.

I. – La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

I bis. – Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

– de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

– des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

– soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

– soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.

II. – Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues par la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, lorsque ces données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

II bis – Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II et utilisées lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

IV. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.

Article 33. – Non modifié

Article 34. – Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 1° et au 5° du II de l'article 8.

Article 35. – Non modifié

Article 36. – Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont dispensés des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :

– soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;

– soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.

Article 37. – Non modifié

Section 2. Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 38. – Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.

Article 39.

I. – Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

2° bis. Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

3° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

4° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les résultats de celui-ci lui sont opposés. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

II. – Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 40. – Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord.

Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.

Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

Article 41. – Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

Article 42. – Non modifié«

Article 6

Le chapitre VI de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

«Chapitre VI. Le contrôle de la mise en œuvre des traitements

Article 44.

I. – Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

II. – En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.

Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

III. – Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d'une profession de santé.

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article»

Article 7

Le chapitre VII de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

«Chapitre VII. Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Article 45.

I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.

Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en œuvre du traitement ;

2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

II. – En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :

1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement ou le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

2° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette saisine au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

III. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

Article 46. – Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

La commission peut décider de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce en cas de mauvaise foi du responsable du traitement.

Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article 47. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Articles 48 et 49. – Non modifiés»

Article 8

La  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :

«Chapitre VIII. Dispositions pénales

Article 50. – Non modifié

Article 51. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 ;

2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Articles 52. – Non modifié»

Articles 9 et 10

Conformes

Article 11

La  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :

«Chapitre XI. Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique

Article 67. – Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux seules fins :

1° D'expression littéraire et artistique ;

2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.»

Article 12

La  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XII ainsi rédigé :

«Chapitre XII. Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne

Article 68. – Non modifié

Article 69. – Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :

1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;

2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;

3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;

4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;

6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.

Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.

Article 70. – Non modifié»

Article 13

Conforme

TITRE II. DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Article 14

I. – Les articles 226-16 à 226-23 du Code pénal sont remplacés par quatorze articles ainsi rédigés :

«Articles 226-16 et 226-16-1 A. – Non modifiés

Articles 226-16-1. – Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Articles 226-17 à 226-23. – Non modifiés

II. – Non modifié»

Articles 15 et 15 bis

Conformes

Article 15 ter

Supprimé

Article 15 quater

Conforme

TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

Conforme

Article 17

I. – Non modifié

II et III. – Supprimés

IV . – Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

 

01Ene/14

Proyecto de Ley de 7 de junio de 2002, nº 03128 que modifica el artículo 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS

Proyecto de Ley de 7 de junio de 2002, nº 03128 que modifica el artículo 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS y disigna al registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el artículo 15º de la Ley 27.269 sobre firmas y certificados digitales.

Proyecto de Ley Nro : 03128

Exposición Motivos

Fundamentos

I. ANTECEDENTES
Pese a que las referencias históricas sobre «computadoras» nos remontan a los años 500 a. C., la computadora ENIAC (Electronic Integrator and Calculator) estructurada por John Mauchly y John Eckert, estadounidenses, y puesta en funcionamiento en 1945, marcó el inicio de lo que podría denominarse «la era computacional». Su desarrollo, paulatino pero acelerado, dio lugar al empleo de computadores en todos los niveles y a implementar sofisticados sistemas de comunicación a partir de estos.

Sin embargo, no es con el inicio de esta «era» ni con su desarrollo, que surge la necesidad de brindar seguridad a los actos desarrollados por el hombre cotidianamente. No obstante la masificación de las comunicaciones y el intercambio comercial por medio de la Internet, han forjado una tendencia generalizada a dotar del máximo resguardo a estas transacciones a fin de garantizar plena seguridad en el tráfico jurídico.

El Perú no es ajeno a esta realidad. El desarrollo de la empresa privada y las políticas de modernización del Estado, han introducido en el país un creciente progreso en esta materia y, a la vez, la constante preocupación por la protección de este medio de «las conductas antisociales y delictivas que se manifiestan de formas que hasta ahora no era posible imaginar» Proyecto de Ley Nº 5070. Período parlamentario 1995 – 2000. Segunda Legislatura. Pág. 1..

II. MARCO NORMATIVO

1. Ley nº 27269..- Ley de Firmas y Certificados Digitales

Es en ese marco que en Agosto de 1999, se presentó ante el Congreso de la República del Perú la iniciativa legislativa Nº 5070, a efectos de implementar la infraestructura de Firmas y Certificados Digitales con la finalidad de otorgar seguridad a los actos y contratos celebrados a través de ese medio; y, para fomentar el comercio electrónico, facilitando y brindando reconocimiento jurídico y validez plena a los documentos firmados digitalmente. Este proyecto fue estructurado en base a las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la 85ª plenaria de 16 de diciembre de 1996 (Ley Modelo Sobre Comercio Electrónico).

El proyecto, reformado, dio lugar a la emisión de la Ley nº 27269 (Ley de Firmas y Certificados Digitales), publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de mayo de 2000, que regula el empleo de la firma electrónica homologándola con la firma manuscrita y atribuyéndole la misma validez y eficacia jurídica que ésta.

Esta norma define a la firma electrónica como «cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita» (Art. 1º); a la firma digital como aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas a una clave privada y una pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada (Art. 3º); y, al certificado digital, como el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su identidad (Art. 6º).

Los certificados digitales, a su vez, pueden ser cancelados:
a. A solicitud del titular,
b. Cuando la entidad lo revoque,
c. Por expiración del plazo; y,
d. Por cese de operaciones de la entidad de certificación.

Asimismo, se establece que opera, respecto del certificado digital, la revocatoria, la misma que se produce en los siguientes casos:

a. Si se determina que la información consignada en el certificado digital es inexacta, o ha sido modificada,
b. Por muerte del titular; o,
c. Por incumplimiento derivado del vínculo contractual con la entidad de certificación.

De otro lado, se instaura una estructura piramidal en cuya cúspide se encuentra la Autoridad Administrativa Competente, que acreditará a las entidades de registro, verificación y de las entidades de certificación, con las siguientes atribuciones genéricas:

– Autoridad Administrativa Competente.- Encargada de la identificación y registro de las entidades de registro, verificación y certificación, evaluar y auditar los sistemas por éstos desarrollados y su adecuación permanente a los estándares técnicos internacionales.
– Entidades de Certificación.- Encargadas de la emisión y cancelación de certificados digitales. No existe impedimento alguno para efectuar las establecidas para las entidades de registro o verificación.
– Entidades de Registro o Verificación.- Facultadas para efectuar el levantamiento de datos, comprobación de la información del solicitante de certificado digital, la identificación del suscriptor y la aceptación y autorización de las solicitudes de emisión y cancelación de Certificados Digitales

2. LEY nº 27310.- Del reconocimiento de los Certificados Digitales emitidos en el extranjero.
El Artículo 11º de la Ley 27269 ya referida, establecía:

«Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por Entidades Extranjeras tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocida en la presente ley, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una Entidad de certificación nacional que garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento de los requisitos, del procedimiento así como la validez y la vigencia del certificado»

Esta norma trajo consigo controversias a nivel parlamentario, que obligaron su modificación, pues se supeditaba el reconocimiento de un certificado digital emitido por una entidad extranjera a la calificación que previamente efectuarían las entidades de certificación nacional. El legislador observó tal disposición con los fundamentos siguientes:

a. Se generaba un mercado con desiguales condiciones de competencia.
b. El incipiente comercio electrónico peruano, no cuenta con los elementos suficientes como para efectuar tal calificación.
c. Los usuarios de certificados digitales se encontrarían en seria desventaja, dado que el uso en el país, de un certificado digital emitido en el extranjero, con respaldo técnico y financiero, se encontraba limitado por tal calificación.

Por otro lado, esta norma colisionaba con diferentes disposiciones, así:

a. No guardaba concordancia con el Artículo 63 de la Constitución Política, que establece: «La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones» (…) «La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres», por lo tanto, solamente es admisible la intervención del Estado dentro de los límites por esta norma determinados. Sin embargo, el reconocimiento de los certificados emitidos por entidades extranjeras, por entidades de certificación nacionales, vulneraba esta norma pues no permitía las mismas condiciones jurídicas para ambas, dado que se generaba, en los hechos, el reconocimiento de la entidad extranjera por una entidad nacional.
b. El Decreto Legislativo 662, establece que: «Los inversionistas extranjeros gozan de los derechos a la libertad de comercio e industria…», norma que se encontraba desprovista ante el Artículo 11 de la Ley de Firmas Digitales, por las consideraciones ya expuestas.

La solución planteada con esta Ley, 27310, en este marco, guarda coherencia con las citadas normas, le otorga condiciones igualitarias a las entidades de certificación nacionales o extranjeras, en su participación en el mercado peruano y protege la seguridad del tráfico jurídico resultado de la emisión de documentos digitales, pues será la Autoridad Administrativa Competente la encargada de realizar el reconocimiento de los certificados emitidos en el extranjero y no las Certificadoras Nacionales.

3. LEY Nº 27291.- Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica

La homologación de la firma electrónica con la firma manuscrita establecida en el Art. 1º de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, contrajo la necesidad de efectuar modificaciones en la legislación nacional que permitan viabilizar el empleo de las firmas electrónicas en los actos que conlleven manifestación de voluntad.

En ese sentido, se emitió la Ley nº 27291, que modifica los artículos 141º y 1374º del Código Civil y agrega el Artículo 141 – A, a la sistemática de este cuerpo legal.

Al respecto, al haberse modificado el Art. 14º del Código Civil, se establece que «la manifestación de voluntad es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, por cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo».

Por otro lado, la modificación del Art. 1374º de tal cuerpo normativo permite que «la oferta, revocación, aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, si se realizara a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de recibo».

El adicionado Artículo 141 – A, permite que cuando la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Cuando se trata de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta.

4. LEY Nº 27309.- Ley que incorpora los delitos informáticos al Código Penal
Estas disposiciones, emitidas para viabilizar el empleo de las firmas digitales y posibilitar el comercio electrónico, merecieron tratamiento especial por parte del legislador a fin de calificar y penar las conductas denominadas delictivas.

A este efecto, se aprobó la iniciativa que dio lugar a la dación de la Ley Nº 27309, que incorpora los delitos informáticos al Código Penal, a través de la modificación del Título V del Libro Segundo de ese cuerpo de leyes, que tipifica diversos hechos como conductas delictivas:

En ese marco, el uso o ingreso indebido a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

Constituye circunstancia agravante que el agente actúe con el fin de obtener un beneficio económico El agente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

De otro lado, el uso, ingreso o interferencia indebida de una base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multa.

Se establece también otras circunstancias agravantes para los casos anteriormente expuestos en los que la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años, cuando:

1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo.
2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.

5. DECRETO SUPREMO Nº 019-2002-JUS – Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales

La reciente reglamentación, establece la política de certificación cruzada empleada en el modelo canadiense, a través de acuerdos entre las entidades de certificación.

Por lo demás éste desarrolla la ley estableciendo los procedimientos administrativos necesarios para el desenvolvimiento de la infraestructura, tales como la validez y efectos jurídicos de las firmas y documentos electrónicos, los procedimientos para obtener la titularidad de un Certificado Digital, las circunstancias de revocación y cancelación, entre otras.

De otro lado, en el Art. 2º del referido Decreto Supremo, se designa «al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el Artículo 15º de la Ley nº 27269

III. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE

Con relación a la designación de la autoridad administrativa competente anteriormente referida, debe tenerse presente lo siguiente:

1. La Ley de Firmas y Certificados Digitales, Nº 27269, «tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad».

2. Cabe precisar que la firma, sea manuscrita o electrónica, tiene como características esenciales, a tenor de lo descrito por los doctores Valentín Carrascosa López, Asunción Pozo Arranz y Eduardo Pedro Rodríguez de Castro CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín; POZO ARRANZ, Asunción; RODRÍGUEZ DE CASTRO, Eduardo Pedro, «El consentimiento y sus vicios en los contratos perfeccionados a través de medios electrónicos», Informática y Derecho Nº 12, 13, 14 y 15, UNED, Centro Regional de Extremadura, Mérida, 1996, págs. 1021 a 1037. citados por José Cuervo Álvarez en la versión electrónica del artículo «Firma Digital y Entidades de Certificación», las siguientes:

«a) Identificativa.- Sirve para identificar quién es el autor del documento.
b) Declarativa.- Significa la asunción del contenido del documento por el autor de la firma. Sobre todo cuando se trata de la conclusión de un contrato, la firma es el signo principal que representa la voluntad de obligarse.
c) Probatoria.- Permite acreditar si el autor de la firma es efectivamente aquel que ha sido identificado como tal en el acto de la propia firma.»

3. Debe tenerse en cuenta además que la firma manuscrita, conformada por el nombre escrito, al que el titular incorpora los trazos gráficos que considere necesarios, constituye una imagen identificatoria cuya consignación establece conformidad y/o manifestación de voluntad, función que cumple también la firma digital.

4. Consecuentemente, es evidente que el fin primordial de la firma, sea digital o manuscrita, radica en la identificación del titular a fin de otorgar seguridad a sus actos en el tráfico jurídico.

5. En tal sentido, el RENIEC se encuentra en el imperativo constitucional y legal de planear, dirigir, coordinar y controlar, de manera exclusiva y excluyente, las actividades de registro e identificación de las personas, conforme el Art. 183º de la Constitución Política y el Art. 6º de la Ley Nº 26497, correspondiendo, por consiguiente, su designación como Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, situación que concuerda con el marco constitucional, normativo y reglamentario.

Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional Se propone modificar el Art. 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS, y designar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como la autoridad administrativa competente conforme a lo establecido en el artículo 15° de la Ley 26269.

Analisis Costo Beneficio La propuesta legislativa, no representa mayor costo al Tesoro Público, dada la capacidad tecnológica alcanzada por el RENIEC. Por el contrario, su designación como autoridad administrativa competente, concuerda con las facultades constitucional y legalmente asignadas a este organismo.

Formula Legal

Texto del Proyecto PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO SUPREMO nº 019-2002-JUS Y DESIGNA AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC) COMO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15° DE LA Ley 27269.

El Congresista de la República que suscribe, ERNESTO ARANDA DEXTRE, integrante del Grupo Parlamentario Perú Posible, en uso del derecho de iniciativa consagrado por el artículo 107° de la Constitución Política del Estado, presenta el siguienteEl Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

Ley que modifica el Art. 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS y designa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el artículo 15° de la Ley 27269.

Artículo Único.– Modifícase el Artículo 2° del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS, en los téminos siguientes:

Artículo 2°.- Designar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el Art. 15º de la Ley nº 27269.

Lima, 7 de junio del 2002.

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 92/2000, 10 DE ABRIL Jurisprudencia Informatica de

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 92/2000, 10 DE ABRIL

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 3775/94, interpuesto por don José Alberto Aguín Magdalena representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Alfaro Rodríguez, con la asistencia letrada de don Francisco Velasco Nieto, contra la Sentencia de 26 de junio de 1993, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en la causa 8/92 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, y contra la dictada el 31 de octubre de 1994 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en casación de la misma causa. En el proceso de amparo ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes.

1. Por escrito presentado en este Tribunal el día 28 de noviembre de 1994, el Procurador de los Tribunales don Luis Alfaro Rodríguez interpuso, en nombre y representación de don José Alberto Aguín Magdalena, el recurso de amparo del que se hace mérito en el encabezamiento y en la demanda se nos cuenta que en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional se siguió el sumario núm. 8/92 contra el hoy demandante y otros por distintos delitos (tráfico de drogas, contrabando, receptación, falsedad, delito monetario, etc.), que, una vez concluido, fue remitido a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional (rollo de Sala núm. 12/92). En la fase de apertura del juicio oral, la defensa del demandante presentó escrito de calificación donde propuso, entre otras pruebas, la documental consistente en la audición de las grabaciones telefónicas (bobinas originales) ordenadas por el Juez Instructor. Por Auto de 14 de abril de 1993 la Sala declaró pertinentes las pruebas propuestas, a excepción de la audición de las conversaciones telefónicas («por no insistir en ello las partes y en atención a las dificultades técnicas que conllevan, amén de que su contenido ha sido legalizado por el Juzgado Instructor, sin que ello prejuzgue su validez»).

Celebrado el juicio oral, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional dictó Sentencia el 26 de junio de 1993, en la que condenó al demandante, como autor de un delito de receptación en tráfico de drogas, a las penas de cuatro años de prisión menor y multa de 50.000.000 de pesetas. Contra dicha Sentencia interpuso el condenado recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (recurso núm. 1265/93) desestimado por Sentencia de 31 de octubre de 1994, el Tribunal desestimó todos los motivos del recurso del recurrente. En la Sentencia, el Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, apreciando la concurrencia de la agravación prevista en el párrafo segundo art. 546 bis f) del Código Penal, Texto refundido de 1973 (pertenecer a una organización), imponiéndole la pena de nueve años de prisión mayor y multa de 70.000.000 de pesetas.

2. En la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE), de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia y del principio acusatorio (art. 24.2 CE). La infracción del derecho a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE) se basa en que en ningún momento el Ministerio Fiscal ni las acusaciones particulares concretaron la cantidad y el modo en que se lucró o hizo que se lucrasen terceras personas, lo que vulnera el derecho a ser informado de la acusación. La infracción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) se deriva de que el condenado lo ha sido por un delito de receptación en tráfico de drogas, sin que en la Sentencia se especifiquen los hechos delictivos realizados ni las cantidades ni el modo en que se lucró o hizo que se lucrasen terceras personas. En la declaración de hechos probados –epígrafe III– se hace referencia a las relaciones de José Ramón Prado Bugallo con el recurrente y se afirma que «aunque no ha quedado acreditado que Aguín tomara parte alguna en la operación de tráfico de cocaína, sin embargo tuvo conocimiento de ella y experimentó el provecho para Prado Bugallo por el incremento de recursos económicos que ello deparó», pero nada se dice de cuándo tuvo conocimiento de la operación de tráfico de cocaína, ni de qué forma se enteró, qué gestiones realizó, etc.

La infracción de los derechos a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) se imputa a que las cintas con las grabaciones telefónicas no fueron reproducidas en el juicio oral, a pesar de que el Ministerio Fiscal y alguna otra representación de los procesados así lo solicitaron expresamente en el escrito de calificación provisional. La Sala, en un principio, en Auto de 14 de abril de 1993, señaló la imposibilidad de practicar la audición solicitada porque las bobinas originales no habían sido incorporadas a los autos, y ninguna de las partes hicieron uso de lo previsto en la LECrim, preparando oportunamente la correspondiente protesta a afectos de poder interponer en su día recurso de casación. Posteriormente, una vez recibidas las grabaciones el mismo día del inicio del juicio oral, nada comunicó a las partes ni consideró necesaria su reproducción. En consecuencia, la Audiencia, al no admitir la prueba propuesta de la audición de las cintas en las sesiones del juicio oral, privó al recurrente de un medio de prueba decisivo para la defensa e impidió igualmente comprobar la autenticidad de las transcripciones de las conversaciones telefónicas y su reproducción en el acto del juicio oral.

Por lo demás la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se basa en que la única prueba de cargo contra el recurrente es la que procede de las escuchas telefónicas y, concretamente, tres conversaciones mantenidas por el recurrente con José Prado Bugallo los días 30 de noviembre, 7 de diciembre de 1990 y el 17 de enero de 1991, intervenciones telefónicas que incumplían los requisitos exigidos por la Ley y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por último, considera que la Sentencia de casación del Tribunal Supremo infringe el principio acusatorio por imponer una pena superior a la pedida por el Ministerio Fiscal. En concreto alega que el Ministerio Fiscal solicitó una pena de siete años de prisión mayor por delito de receptación del art. 546 bis f) del Código Penal y la Sentencia de instancia le impuso por dicho delito la pena de cuatro años de prisión menor, al no considerar la agravante del segundo párrafo del citado artículo. El Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación solicitando la pena pedida en la instancia. El recurso fue estimado por el Tribunal Supremo y, en la segunda Sentencia, condenó al recurrente a la pena de nueve años de prisión mayor, a pesar de que el límite máximo de la pena era la pedida por el Fiscal. En atención a lo expuesto el recurrente solicitó el otorgamiento del amparo y la declaración de nulidad de las Sentencias recurridas. Por otrosí solicitó la suspensión de la ejecución de la condena durante la tramitación del recurso de amparo con base en el art. 56 LOTC.

3. La Sección Primera, por providencia de 30 de enero de 1995, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo diez días para formular alegaciones en relación con la concurrencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC, por la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda. Posteriormente, una vez presentados los escritos de alegaciones, en los que la representación del recurrente y el Fiscal solicitaron la admisión y la inadmisión de la demanda, respectivamente, la Sección Cuarta –a quien correspondió su conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Acuerdo del Pleno del Tribunal de 25 de abril de 1995–, por providencia de 29 de mayo de 1995, acordó admitir a trámite la demanda. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional interesando la remisión de las actuaciones correspondientes al rollo núm. 12/92, dimanantes del sumario 8/92 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, y el emplazamiento a quienes hubieren sido parte, a excepción del recurrente, en el proceso judicial para que pudiesen comparecer en el presente proceso constitucional.

4. Por escrito presentado el 23 de junio de 1995, la Procuradora de los Tribunales doña Yolanda García Hernández solicitó su personación en nombre y representación de doña Isabel Osorio Ramírez. La Sección, por providencia de 28 de septiembre de 1995, acordó no tenerla por personada y parte en el procedimiento por ostentar la misma posición procesal que el demandante en amparo y haber transcurrido el plazo que la Ley Orgánica del Tribunal establece para recurrir. Asimismo acordó dar vista de las actuaciones recibidas en el recurso de amparo núm. 3775/94 a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimaren oportunas.

Por escrito presentado el 31 de octubre de 1995, el Ministerio Fiscal manifestó que en las actuaciones remitidas constaban sólo las procedentes del Tribunal Supremo, faltando las diligencias sumariales y las correspondientes al rollo de Sala de la Audiencia Nacional, por lo que solicitó, al amparo del art. 88.1 LOTC, recabar la documentación referida antes de evacuar el trámite de alegaciones.

5. La Sección, por providencia de 18 de enero de 1996, vista la extensión de las actuaciones y el tiempo que se tardaría en obtener testimonio de ellas con la dilación del presente proceso que ello supondría, así como, en el caso de que fuesen remitidas las actuaciones originales, a lo gravoso de su transporte y de la ubicación en local adecuado en la sede del Tribunal, acordó conceder un nuevo plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para efectuar alegaciones, con la posibilidad de examinar las actuaciones en el lugar de su custodia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En tal sentido la representación del recurrente, en escrito presentado el 16 de febrero de 1996, manifestó que las actuaciones habían sido devueltas por el Tribunal Supremo a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional y que, por este motivo, no pudo examinarlas previamente a formular las alegaciones oportunas, solicitando la remisión de las actuaciones para poder comprobar la lesión de los derechos fundamentales invocados en la demanda.

6. La Sección, por providencia de 22 de febrero de 1996, acordó remitir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional a fin de que se permitiese el acceso al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para el examen de las actuaciones judiciales correspondientes al presente recurso, concediendo un nuevo plazo de veinte días para formular las alegaciones previstas en el art. 52.1 LOTC.

7. El Ministerio Fiscal, en su escrito de alegaciones, presentado el 27 de febrero de 1996, luego ratificado en escrito de 11 de marzo de 1996, interesó la denegación del amparo, por no resultar del proceso la lesión de los derechos fundamentales que sirven de apoyo a la demanda. En efecto, luego de exponer los hechos de los que trae causa el recurso y la doctrina acerca de la validez probatoria de las intervenciones telefónicas, la exigencia de que la intervención esté sometida a los principios de legalidad, proporcionalidad y autorización judicial específica y razonada, y la necesidad de su reproducción en el acto del juicio oral, el Fiscal razonó la desestimación del recurso con base en los siguientes razonamientos, sucintamente expuestos:

a) El primer Auto de efectiva operatividad de intervenciones telefónicas fue dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 el 23 de noviembre de 1990 (folio 285), resolución ésta debidamente motivada y que se adopta a la vista de las actuaciones judiciales seguidas en el mismo Juzgado en otro procedimiento sumarial ya en marcha (sumario 13790, seguido contra José Ramón Prado Bugallo, por posible delito de tráfico de drogas). Con posterioridad, se adoptan otras intervenciones relativas a personas concretas, sobre números telefónicos bien determinados, por plazo cierto (generalmente de un mes), que son objeto de prorroga en su caso, siempre mediante Auto, y para la específica investigación judicial de delitos de narcotráfico, concretadas en diversas resoluciones judiciales de intervención que obran a los folios 296, 299, 542, 545, 580, 583, 586, 587, 611, 629, 712, 715 y 724 del sumario 8/92). En todos los casos se procedió a la contrastación por el Secretario judicial de las cintas recibidas con sus respectivas transcripciones, que obran a los folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del mencionado sumario. Las exigencias de los principios de legalidad y proporcionalidad no presentan –a juicio del Fiscal– mayores dificultades, a la vista la gravedad de los delitos imputados, la complejidad de la organización delictiva, que exigía como único medio posible de investigación la intervención telefónica de diversos números, la fijación de plazos taxativos y su prórroga, acordada siempre de conformidad con las garantías constitucionales.

b) En cuanto al control judicial, todas las transcripciones se encuentran adveradas por el Secretario judicial, y el hecho de que algunas conversaciones se produjeron en griego, francés, catalán y gallego y no conste la intervención de intérprete para su transcripción carece de relevancia como razona el Tribunal Supremo en la Sentencia de casación. Primero, porque las conversaciones en griego no aparecen transcritas de ninguna forma y no fueron objeto de valoración judicial. Segundo, porque, en los demás casos, «tratándose de lenguas romances o neolatinas, nada ha impedido al fedatario que haya podido contrastar lo oído con lo transcrito en castellano, pues en el sentido coloquial y no estrictamente literario son entendidas por muchos españoles». En cualquier caso, se trata de un problema de fe publica judicial que es ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional.

c) Por lo que se refiere a la queja de que las transcripciones no recogen la totalidad de las cintas grabadas, aparte de que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo exige la síntesis de lo grabado, lo cierto es que la Sentencia de casación aclara que todas las conversaciones telefónicas fueron transcritas, salvo en tres supuestos: las que no llegaron a intervenirse por cuestiones técnicas, las que carecían de interés y aquellos otros casos en que no ha existido propiamente conversación.

d) Las cintas, cassettes y demás pruebas de convicción se recibieron en la Sala al inicio de las sesiones del juicio oral, con lo que pudieron ser objeto de contradicción, y en el juicio oral depusieron diversos peritos que afirmaron la validez de las cintas y su autenticidad. Aunque consta tan solo que parte de las cintas obrantes en el momento del juicio eran las originales, de lo que puede deducirse que el resto eran copias, no puede perderse de vista la finalidad del control judicial de las bobinas originales, que es la de evitar su manipulación, trucaje y distorsión (STC 190/1992). La existencia de dictámenes periciales que adveran la falta de manipulación de las cintas y la autenticidad de las voces de los intervinientes en las conversaciones cubre el necesario control judicial. En cualquier caso, nada se alega respecto de qué tipo de consecuencias negativas para el solicitante de amparo podría tener el hecho de que las cintas no sean las originales, pues, ni se denuncia la falta de garantías que pudiera tener tal omisión, ni se aduce aspecto concreto alguno del que pueda deducirse algún atisbo de indefensión para el recurrente.

e) La falta de audición en el juicio oral de las cintas que contenían las grabaciones telefónicas no supone lesión del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ni tampoco afecta al valor probatorio de las transcripciones. En primer término, las razones dadas por la Audiencia Nacional para denegar la práctica de tal prueba –porque la vista oral se hubiera visto dilatada innecesariamente y porque ya existían transcripciones de las cintas cuya lectura en el juicio oral eran factible– resultan más que suficientes para justificar la denegación. En segundo término, contra la resolución que denegó la práctica de la prueba el recurrente no formuló protesta alguna para preparar, en su caso, el recurso de casación (art. 659.4 LECrim), lo que motivó que el Tribunal Supremo inadmitiera el motivo de casación en el que se planteó esta concreta queja. Concurre, por tanto, la causa de inadmisibilidad consistente en la falta de agotamiento de los recursos en la vía judicial. Por último hay que tener en cuenta que en el juicio oral se dio lectura a los folios que contenían las transcripciones de las cintas, en su parte sustancial, con la consiguiente contradicción, y que la audición de las cintas en el acto del juicio oral no forma parte de los requisito exigibles para la validez de la prueba (STC 128/1988) y puede ser perfectamente sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las transcripciones.

f) La Sentencia de instancia causaliza la prueba que ha llevado a la convicción judicial que tiene la base de las intervenciones telefónicas, transcritas en el sumario e identificadas por perito en su voz como perteneciente al recurrente. En este sentido, la motivación que exige el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye ni debe incluir las precisiones que el recurrente demanda en su recurso, bastando con que exprese, como ocurre en el presente caso, las razones que han llevado a la toma de la resolución.

g) Por último, tampoco cabe apreciar infracción del principio acusatorio por el hecho de que el Fiscal solicitara una condena de siete años y la Sala impusiera nueve, pues la pena se impuso en el grado medio, que era precisamente el solicitado por el Fiscal. En concreto, razona que el art. 546 bis f) preveía como pena tipo la de prisión menor y multa y, como se apreció el tipo agravado del párrafo 2, es procedente acudir a la pena superior en grado, que es la de 6 años y 1 día a 12 años. Dentro de esta extensión el Tribunal puede moverse entre el grado mínimo o el medio (art. 61.4 CP), por lo que la pena tope a imponer sería la de 10 años.

8. La representación del recurrente no presentó escrito de alegaciones.

9. Con fecha 14 de mayo de 1996, el Magistrado Ponente dirigió escrito al Presidente de la Sala donde solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se le tuviera por apartado del conocimiento de este recurso de amparo, escrito que se elevó al Presidente de este Tribunal quien, el 11 de junio de 1996, comunicó al de la Sala que el Pleno, después de oído el parecer unánime de los Magistrados componentes del Pleno, había acordado no dar lugar a la abstención. Por providencia de 22 de julio de 1996 la Sección acordó incorporar testimonio de la anterior comunicación al procedimiento y notificarla a las partes.

10. Por Auto de 3 de julio de 1995, dictado en la pieza separada de suspensión, la Sala acordó denegar la suspensión solicitada.

11. El 9 de marzo de 2000 se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que se indicara si había sido solicitada la revisión de las Sentencias objeto del presente recurso de amparo con posterioridad a las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero y 14 de diciembre de 1995, que interpretan la aplicación que debe realizarse de la Directiva comunitaria 88/361 respecto a la condena del recurrente como autor de un delito monetario de exportación dineraria. Con fecha 28 de marzo de 2000 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante certificación expedida por el Sr. Secretario, comunicó a este Tribunal que, examinadas la Sentencia 25/1993 de 26 de junio y la dictada por el Tribunal Supremo, Sala Segunda 1884/1994, de 31 de octubre, resulta que Alberto Aguín Magdaleno, en el rollo de Sala 12/92, sumario 8/92 del Juzgado Central núm. 5, no aparece condenado como autor de ningún delito monetario de exportación dineraria.

12. Por providencia de 6 de abril de 2000, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 10 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso se interpone contra dos Sentencias, una dictada el 26 de junio de 1993 por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en causa instruida por el Juez Central núm. 5, y otra, pronunciada el 31 de octubre de 1994 en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, condenando al demandante como autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). En la demanda se alega la vulneración de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva, a ser informado de la acusación, a la presunción de inocencia, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE) y a que sea respetado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y el principio acusatorio.

En el objeto procesal de este recurso se remejen una serie de incógnitas que dejaron de serlo por obra y gracia de tres Sentencias nuestras muy recientes. Dos de ellas, las SSTC 236/1999, de 20 de diciembre, y 237/1999, de 20 de diciembre, pronunciadas por esta misma Sala, y otra, la 59/2000, de 2 de marzo, que el Pleno ha dictado hace poco. Todas ellas enjuician aspectos constitucionales comunes por incidir en único proceso (sumario núm. 8/92 instruido por el Juez Central de Instrucción núm. 5, rollo de Sala núm. 12/92 y recurso de casación núm. 1265/93) y contemplar una misma Sentencia, aun cuando desde la perspectiva individual de cada uno de los muchos condenados en ella. Es claro que donde hay la misma razón debe haber el mismo Derecho y, por tanto, que esta Sentencia de hoy no hace sino reproducir las distintas respuestas ya dadas a las mismas preguntas en la parte que concierne a cada una de ellas.

2. En cuanto a las quejas por la supuesta infracción de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE), dichos derechos fundamentales se estiman vulnerados por la falta de motivación de la Sentencia que lleva a la condena del demandante por un delito de receptación en tráfico de drogas. Sin embargo es suficiente la lectura de los folios 59 y 60 de la Sentencia de la Audiencia Nacional para comprobar que allí existe una valoración de la prueba que guía la convicción del Tribunal enjuiciador sobre la base de las intervenciones telefónicas, transcritas en el sumario e identificadas por perito como correspondientes a la voz del luego condenado. En este sentido, como recuerda el Ministerio Fiscal, es reiterada doctrina de este Tribunal Constitucional que la motivación no incluye, ni debe incluir, respuesta a todas y a cada una de las «precisiones que se hubieran demandado», bastando con que contenga las razones que conducen a la decisión y que éstas encuentren una ilación lógica con el fallo.

En la opinión del demandante, y éste es el núcleo esencial de la pretensión de amparo, su condena se ha basado en las intervenciones telefónicas realizadas en la fase de instrucción sumarial, que carecen de toda eficacia probatoria, primero, por el defectuoso control judicial de las grabaciones realizadas por la policía, y, segundo, porque aquéllas no fueron debidamente reproducidas en el juicio oral, no habiendo sido oídas las cintas, a pesar de haberse solicitado expresamente, ni tampoco leídas las transcripciones de su contenido para permitir la contradicción. De ello deriva la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE).

Ahora bien, antes de entrar en materia conviene analizar la existencia, o no, de las invocadas infracciones constitucionales, a cuyo efecto resulta necesario hacer algunas observaciones para restringir aún más la pretensión de amparo. En primer lugar, el demandante sólo cuestiona indirectamente la legitimidad de las decisiones judiciales donde se autorizaron las distintas intervenciones telefónicas, pues se limita a denunciar que han de considerarse ilícitas por carecer de motivación suficiente, sin que sea posible –dice– admitir como válida una motivación implícita ni justificar a posteriori la proporcionalidad de las intervenciones. Desde otra perspectiva las quejas se extienden también a la forma en que el resultado de las intervenciones telefónicas se incorporó a las actuaciones judiciales, alegándose al respecto, por una parte, que las grabaciones y transcripciones de las mismas se hicieron sin el debido control judicial, y, por otra, que unas y otras no fueron oídas o leídas en el juicio oral.

3. En el presente caso, el examen de las actuaciones –folios 285, 296, 299, 542, 545, 580, 583, 586, 587, 611, 629, 712, 715 y 724 del sumario núm. 8/92– pone de manifiesto, como señala el Ministerio Fiscal, que las intervenciones telefónicas respetaron las exigencias. En efecto, por cuanto respecta a la legitimidad de las intervenciones telefónicas, y desde el propio planteamiento del demandante, hemos de recordar, ante todo, que en reiteradas ocasiones hemos admitido la posibilidad de motivar por referencia y de remitir la efectiva ponderación de la proporcionalidad de la medida a un momento posterior. Sentado esto, cabe destacar que la primera de las intervenciones telefónicas, acordada por el Juez Central de Instrucción núm. 5 en el Auto de 23 de noviembre de 1990, no carece de motivación, sino que se adoptó a la vista de las actuaciones practicadas por el mismo Juez en otro sumario ya en marcha (el núm. 13/90, seguido también contra el hoy demandante por un eventual delito de tráfico de drogas), donde se reabrió otro procedimiento penal archivado a la sazón (las diligencias previas núm. 209/90) y se autorizó la intervención de distintos teléfonos, con indicación tanto de los números como de sus titulares, por considerar que tal medida podía proporcionar datos valiosos para la investigación de la trama de una organización dedicada al narcotráfico y la posible llegada de un importante alijo de cocaína. Las posteriores intervenciones telefónicas, a su vez, fueron ordenadas por el Instructor siempre para personas individualizadas y líneas telefónicas concretas, por plazo cierto (un mes generalmente) en una investigación judicial de narcotráfico.

En todos los Autos de autorización se indica la obligación de la policía de aportar, cada quince días y siempre que se solicite cualquier prórroga, la transcripción y las cintas originales para su comprobación por el Secretario Judicial antes de los últimos siete días. En este sentido, en las actuaciones constan, igualmente, no sólo las correspondientes diligencias de recepción de las cintas conteniendo las grabaciones, sino las de cotejo por el fedatario procesal de las cintas grabadas y sus transcripciones (folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del sumario núm. 8/92). A su vez, en los Autos de prórroga de las intervenciones telefónicas, se justifica la necesidad de la prórroga, en concreto por la complejidad de los hechos investigados, y para las mismas se adoptaron idénticas condiciones de control en cuanto a la aportación de las grabaciones y sus transcripciones para su posterior contrastación por el Secretario Judicial. Por lo expuesto, y de conformidad con la doctrina constitucional antes citada, cabe concluir que en el presente caso no se aprecia lesión alguna del art. 24 CE.

Por otra parte, la práctica totalidad de las irregularidades denunciadas, como antes se dijo, se refieren a la forma en que el resultado de las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juez Instructor se incorporaron, primero al sumario y después al juicio oral, y son ajenas al contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones. Como tiene declarado este Tribunal, no pueden confundirse, en este sentido, los defectos producidos en la ejecución de una medida limitativa de derechos y aquellos otros que acaezcan al documentar o incorporar a las actuaciones el resultado de dicha medida limitativa, ni cabe pretender que uno y otros produzcan las mismas consecuencias En concreto, no puede existir lesión constitucional, cuando, como ocurre en el presente caso, las irregularidades denunciadas, por ausencia o insuficiencia del control judicial, no se refieren a la ejecución del acto limitativo sino a la forma de incorporar su resultado al proceso (por todas, SSTC 121/1998, de 15 de junio, y 151/1998, de 13 de julio).

4. En otro orden de cosas, se añade que la falta de audición de las cintas originales así como la denegación de la prueba pericial propuesta, infringen el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Se aduce a tal respecto que tal audición fue solicitada en el escrito de calificación provisional y el no haberse practicado sólo puede ser imputable a la Audiencia Nacional, que en principio señaló la imposibilidad de llevarla a efecto porque las grabaciones originales no habían sido incorporadas a las actuaciones (Auto de 15 de abril de 1993) sin que posteriormente, una vez recibidas comenzado el juicio oral, nada se comunicara a las partes. Por esta misma razón, carecen de sentido las razones dadas por el Tribunal Supremo para rechazar los motivos del recurso de casación donde se denunció esa falta de audición –no haber formulado protesta formal– puesto que en ningún momento se tuvo conocimiento de la recepción durante las sesiones del juicio. Por otra parte, la prueba pericial propuesta tenía un sentido absolutamente lógico y su denegación impidió la designación de otros peritos para valorar las anteriores periciales realizadas.

De la lectura de las Sentencias recurridas y del examen de las actuaciones judiciales remitidas se comprueba que ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas pueden servir como fundamento de la pretensión de amparo. Efectivamente, en las actuaciones constan las correspondientes diligencias de recepción de las grabaciones, así como las diligencias de cotejo por el Secretario Judicial de las cintas y sus transcripciones (folios 313, 369, 431, 433, 473, 487, 494, 516, 539, 605 y 706 del sumario núm. 8/92). En tal aspecto, como se afirma en la Sentencia de casación, todas ellas aparecen transcritas a excepción de los supuestos, especificados, en los que no se hizo la grabación por no existir conversación en sentido propio o cuando lo grabado carecía de interés para la investigación (FJ 12). Por consiguiente la transcripción mecanográfica de las comunicaciones intervenidas que accedió al juicio oral como medio de prueba ha gozado de la fiabilidad que proporciona haber sido practicada, cotejada y autentificada por medio de dicha intervención judicial.

Por otra parte ninguna relevancia tiene, en cuanto a la eficacia probatoria de las grabaciones telefónicas, el hecho de que las bobinas y cintas no fueran reproducidas en el juicio oral. En efecto, la audición de las cintas no es requisito imprescindible para su validez como prueba (por todas, STC 128/1988, de 27 de junio) y puede ser sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las transcripciones. Esto fue lo que justamente ocurrió en el presente caso, pues, según se afirma expresamente en la Sentencia de instancia, las transcripciones de las grabaciones telefónicas referidas a los procesados valoradas como pruebas «fueron leídas y sometidas a contradicción en la vista del juicio oral» (FJ 3). A la vista de cómo se llevó a efecto la selección y transcripción de las conversaciones intervenidas que accedieron al juicio oral, se aprecia que fueron cumplidas las garantías precisas de control judicial, contradicción y respeto al derecho de defensa. En consecuencia, la valoración y apreciación como prueba de las grabaciones telefónicas no ha supuesto violación alguna del derecho a un proceso con todas las garantías, por tratarse de pruebas lícitas, ni la condena basada, entre otras pruebas, en dichas grabaciones infringe el derecho a la presunción constitucional de inocencia.

Por último, de la falta de audición de las grabaciones y de la denegación de la prueba pericial propuesta tampoco es posible derivar indefensión para el recurrente ni infracción de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Es preciso advertir, al respecto, en primer término, que contra la decisión de la Audiencia Nacional (Auto de 14 de abril de 1993) que denegó tales pruebas, propuestas por la defensa en su escrito de calificación provisional, el recurrente no formuló la oportuna protesta para luego recurrir en casación, tal y como exige expresamente el art. 659 LECrim, siendo esta una de las razones por las que el Tribunal Supremo rechazó el motivo de casación en el que el recurrente denunció la inadmisión de las pruebas. En segundo término, la prueba de audición de las cintas fue considerada por la Audiencia, primero innecesaria, al constar su contenido transcrito y legalizado por el Juzgado (Auto de 14 de abril de 1993), y, después, inoportuna, porque «su número y considerable capacidad de archivo, ello hubiera llevado una dilación manifiesta y perjudicial de las sesiones, circunstancia verdaderamente impeditiva de una celebración normal» (FJ 3 de la Sentencia de instancia). Lo mismo ocurrió respecto de la prueba pericial, que fue rechazada por su carácter subsidiario de la anterior (Auto de 14 de abril de 1993 de la Audiencia Nacional) y por tratarse de una prueba no pertinente al no existir discrepancia alguna sustancial entre los dictámenes periciales (FJ 15 de la Sentencia de casación).

Es de aplicación, por ello, la reiterada doctrina de este Tribunal de que el derecho a utilizar los medios de prueba no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas (entre otras, SSTC 40/1986, de 1 de abril, 170/1987, de 30 de octubre, 167/1988, de 27 de septiembre,168/1991, de 19 de julio, 211/1991, de 11 de noviembre, 233/1992, de 14 de diciembre, 351/1993, de 29 de noviembre y 131/1995, de 11 de septiembre), y que sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas relevantes sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad carente de razón (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, 233/1992, de 19 de octubre, 351/1993, de 29 de noviembre, y 131/1995, de 11 de septiembre). Por último, la queja del recurrente aparece como puramente formal, pues, aparte de que nada se dice en la demanda sobre la posible incidencia en el proceso de la audición de las grabaciones, ni se discute o pone en entredicho el contenido de las transcripciones adveradas por el Secretario Judicial, lo cierto es que no se aprecia menoscabo alguno del derecho de defensa ni indefensión material para el recurrente porque, como razona el Tribunal Supremo, la audición de las cintas «hubiera significado simplemente una nueva repetición de la lectura» (FJ 14).

5. Ahora bien, la pretensión de amparo tiene otro de sus soportes en que la Sentencia impugnada quebrantó el principio acusatorio por haber impuesto al condenado una pena superior a la pedida por el Fiscal sin haber sido informado de la acusación y sin cumplir la exigencia de motivación contenida en el art. 120.3 CE, que se invoca. Nada mejor que traer aquí, en lo pertinente, por ser idéntico el planteamiento, la respuesta que dio a esta cuestión el Pleno en su STC 59/2000, de 3 de marzo. Aquí y ahora, como en ella, se encara el supuesto de una Sentencia que, dando lugar a la casación, impone la pena de prisión mayor superior en dos años a la pedida por los acusadores en la causa, sin explicación alguna, aceptando el motivo esgrimido como fundamento del recurso y compartiendo, no sólo la misma calificación jurídica del delito, sino la participación en él del condenado como autor de un delito de receptación en tráfico de drogas del art. 546 bis f) CP a quien la Audiencia le había impuesto cuatro años de prisión menor. No parece que sea necesario justificar la incidencia negativa y la pesadumbre que sobre la libertad personal del así condenado haya podido tener y tenga, si no se le pusiera remedio a tiempo, ese sobredicho incremento de dos años de prisión sobre los correspondientes según la acusación, siete años, ni tampoco se le oculta a nadie su significado en nuestra Constitución desde la perspectiva de la libertad, que proclama como valor superior en su mismo umbral y configura luego su manifestación primaria, personal como derecho fundamental en el art. 17 CE. Por ello, lo que se pone en tela de juicio con relevancia constitucional, en definitiva, es la potestad judicial de agravar la pena más allá de la pedida por el acusador. Dentro de tal perímetro estrictamente delimitado, el principio acusatorio juega un papel de protagonista con una función de garantía.

Ahora bien, antes de abordar este reproche constitucional, conviene señalar una carencia de la Sentencia impugnada en la parte que respecta a este proceso y a su demandante. En los fundamentos de aquélla, y para casar la que dictó la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo explica las razones que le llevan a dar la razón al Fiscal para apreciar que concurre la circunstancia agravante incorporada al tipo en el párrafo segundo del art. 546 bis f) CP de pertenecer a una organización, pero nada dice en la segunda Sentencia respecto del incremento de pena, dos años, importante por sí mismo. Esto nos plantea como incógnita previa si tal incremento, en la hipótesis de que fuera viable con arreglo al texto del art. 902 LECrim, estaba necesitado de una explicación ad hoc, y ello nos pone en el terreno de la motivación.

Pues bien, como se dice en la STC 43/1997, de 10 de marzo, «es doctrina constante de este Tribunal que la exigencia constitucional de motivación, dirigida en último término a excluir de raíz cualquier posible arbitrariedad, no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos y cada uno de los aspectos y circunstancias del asunto debatido, sino que se reduce a la expresión de las razones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, su ratio decidendi (SSTC 14/1991, 28/1994, 145/1995 y 32/1996, entre otras muchas). Pero lo que no autoriza la Constitución es, justamente, la imposibilidad de deducir de los términos empleados en la fundamentación qué razones legales llevaron al Tribunal a imponer como ‘pena mínima’ la que se contiene en el fallo condenatorio» (FJ 6). Es más, se subraya a continuación que esa exigencia constitucional de dar una respuesta fundada en Derecho para justificar la pena concretamente impuesta adquiría particulares perfiles al hallarse afectado el derecho fundamental de libertad personal, y esa falta de justificación de la pena le llevó a otorgar el amparo. En la STC 225/1997, de 15 de diciembre, se ratificó después, implícitamente, dicha doctrina, al desestimar la queja relativa a la falta de motivación de la pena concretamente impuesta, no por carencia de contenido, sino porque había sido subsanada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La obligación de motivar cobra sin duda un especial relieve en supuestos, como el presente, en los que la condena fue superior a la solicitada por las acusaciones en el proceso. Ciertamente la STC 193/1996, de 26 de nvoiembre, que reafirma esa exigencia constitucional de justificar la pena concreta, admitió que ésta quedase satisfecha sin necesidad de especificar las razones justificativas de la decisión siempre que, como era el caso, éstas pudieran desprenderse con claridad del conjunto de la decisión (FJ 6). Sin embargo, en el presente caso la simple lectura de la Sentencia pone de manifiesto que la justificación de la concreta pena impuesta, por encima de la pedida por el Fiscal no se infiere en modo alguno de su texto, pues sus razonamientos atañen, exclusivamente, a la subsunción fáctica en la norma penal aplicable.

El Fiscal en su recurso, cuyos motivos de impugnación, por tanto, fueron aceptados por la Sala, insiste en pedir para el acusado la pena de siete años, como venía haciendo desde las calificaciones provisional y definitiva en la instancia. Sin embargo, el Tribunal Supremo, una vez que casó la Sentencia de la Audiencia y asumió la «plena jurisdicción» para dictar una segunda, en virtud del art. 902 LECrim, mantuvo en ella el fallo recurrido, con excepción de su apartado 9 que, según dice, se ha de sustituir por el siguiente: «Se condena a los procesados don Juan Alberto Aguín Magdalena y Diego Soto Sánchez, como autores criminalmente responsables de un delito de receptación en tráfico de drogas del art. 546 bis f) CP con la agravación del párrafo segundo de pertenecer a una organización, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena para cada uno de ellos de nueve años de prisión mayor». La simple transcripción del texto pone de relieve que, en esta coyuntura, la Sala Segunda no explica en ningún momento por qué impone finalmente una pena superior a la que había sido pedida por el Fiscal, y también por las acusaciones particulares en el juicio oral. No se dan a conocer, así, los argumentos o las razones que determinaron la elevación de la cuantía de la pena privativa de libertad en un dos años más de la que había sido instada por las partes.

6. Pues bien, la primera Sentencia del Tribunal Supremo, en la parte que aquí importa, ofrece, como hemos visto, con suficiente claridad las razones que tuvo la Sala para dar juego a la agravación contenida en el párrafo segundo del art. 546 bis f) CP, participación en una organización, como integrante del tipo penal por el que finalmente se le condenó, según venía propugnando el Fiscal. Sin embargo, una vez sentadas tales premisas, necesarias pero no suficientes, la Sala impone en la segunda Sentencia directamente la pena de nueve años, añadiendo dos a los siete pedidos por la acusación a causa de esa participación y esa circunstancia agravante sin la menor explicación. No se encuentra en aquélla argumento alguno que legitime tan drástica decisión y como consecuencia de tal silencio sobre un aspecto esencial de la pretensión punitiva es claro que carece de motivación. En ningún momento se dice siquiera cuál precepto le haya podido servir de apoyo para ese incremento de la pena, ni cuales fueran las razones que la justificaran. Obrando así es forzoso concluir, por tanto, que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia ha de estimarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación de una decisión que atañe a la libertad personal (art. 17 CE).

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar parcialmente el amparo pedido y, en su consecuencia:

1º Reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.

2º Declarar la nulidad de la Sentencia dictada el 31 de octubre de 1994 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, exclusivamente en lo que toca a la pena de privación de libertad impuesta a don José Alberto Aguín Magdalena, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno que permita dictar otra ajustada al contenido declarado del derecho fundamental.

3º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado»

Dada en Madrid, a diez de abril de dos mil.

Voto particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende y al que presta su adhesión don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados ambos del Tribunal Constitucional, a la Sentencia dictada por la Sala y recaída en el recurso de amparo núm. 3775/94.

Esta es una más en la serie de opiniones disidentes de otra serie paralela de Sentencias, una del Pleno y dos de la Sala, más otras dos publicadas a finales de año y, por ello, su función única es cumplir con las exigencias de la «cortesía forense» debida a quienes sean parte en el proceso y también, por qué no, a aquellos que lean la decisión judicial cuyo tenor recoge también íntegramente los razonamientos pertinentes al caso, aun cuando figuraran en sus precedentes. En tal tesitura o disposición de ánimo conviene anticipar que en este Voto particular se utilizan sobre todo los materiales sobre el tema proporcionados por la Sala Segunda –de lo Penal– y seleccionados de su copiosa producción jurisprudencial, acrecida en estos últimos años por obra y desgracia de la avalancha de asuntos (recursos y causas) a los cuales ha tenido que hacer frente, donde la cantidad no desmerece la calidad de la doctrina para ir construyendo golpe a golpe el Derecho penal, sobre el cual le corresponde decir la última palabra. En definitiva, se manejan en el voto las dos tendencias seguidas por el Tribunal Supremo en un doble plano, la legalidad y la constitucionalidad (véase al respecto el final de la STS 7 de junio de 1993, cuyo texto se transcribe) y entre ellas se opta por una, la que parece preferible desde la única perspectiva permitida a este Tribunal donde escribo, las garantías constitucionales, de las cuales es el guardián no único sino último, sin inmissio alguna en la función de interpretar la Ley, privativa de la potestad de juzgar.

La Sentencia del Tribunal Supremo que el Constitucional anula, por no haber explicado si utilizó y cómo el art. 902 LECrim desde la perspectiva del principio acusatorio, impuso una pena superior a la pedida por el Fiscal a consecuencia de la subida provocada por la nueva calificación jurídica de un hecho revestido de «extrema gravedad», más allá de la «notoria importancia». Pues bien, los razonamientos que contiene la Sentencia de casación para justificar la concurrencia de esa circunstancia de agravación configuradora del tipo delictivo están en la sintonía de una pena superior, pero no es menos cierto que, a pesar de ser posible inducirla, no hay en la segunda Sentencia ninguna argumentación para justificar el incremento ex officio de la pena a la luz del art. 902 LECrim, cuyo tenor parece impedirlo a primera vista, respetando así el principio acusatorio. Bastaría lo dicho, y ha bastado, para echar abajo el pronunciamiento judicial y reenviar el caso al Tribunal Supremo, si ello no significara amputar la parte principal de este proceso tal y como se nos ha planteado, para cuyo soporte principal no se invoca en un primer plano la falta de motivación (aludida marginalmente) sino haber transgredido la frontera punitiva que traza el principio acusatorio.

Sin embargo, nunca he sido partidario de soslayar los temas trascendentales que importan y preocupan a la gente así como a los juristas y que no han recibido hasta el momento una solución clara e inequívoca en el sistema judicial, propiciando consiguientemente la inseguridad y, por lo mismo, la litigiosidad con riesgo cierto de perjuicio para los ciudadanos encausados por la justicia, ni tampoco entiendo oportuno volver la cara a los enigmas. Creo, por el contrario, que, no sólo constitucional, sino éticamente, ha de mirarse a los ojos de la esfinge. Por ello, incluso en esta coyuntura, siendo plausible la inexistencia de la motivación y habiendo de ser otorgado el amparo por tal motivo, ello no hubiera debido cortar el paso al enjuiciamiento de la otra cuestión en litigio, cuya trascendencia constitucional es más que notoria. No se da incompatibilidad alguna de los dos temas, formal y sustantivo, intrínseco y extrínseco, ni la aceptación del uno precluye necesariamente el tratamiento del otro. En ningún lugar está escrito que no se pueda amparar por más de una razón simultáneamente, si hubiera lugar a ello, deshaciendo los varios entuertos causados al reclamante, sobre todo cuando nuestra Sentencia, una vez que el amparo llegó a buen puerto por uno de los dos, ha de tener un efecto meramente devolutivo, como ocurre en el caso que nos ocupa. Por tanto se hace necesario proseguir el camino de las reflexiones en torno a la cuestión principal.

1. Tutela judicial y sistema acusatorio

La situación que se nos plantea como tema principal consiste en determinar si quien se queja ante nosotros ha recibido la tutela judicial con efectividad y sin indefensión que la Constitución promete a todos como derecho fundamental de cada uno y, por tanto, como derecho subjetivo a disfrutar de esa prestación pública (art. 24 CE). En tal marco hay que encuadrar el llamado principio acusatorio, que no tiene por si residencia constitucional alguna, o, más bien, la estructura dialéctica del proceso penal como contrapeso y freno del poder de los jueces, que en ningún caso deben ni pueden ser omnipotentes, en frase tomada de la exposición de motivos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente porque han de gozar de la máxima independencia –libertad de criterio– en el ejercicio de la potestad de juzgar. El principio acusatorio, como tal, no figura en la Constitución, que en cambio sí contiene todas las piezas de este sistema (adversary system) adoptado explícitamente en 1882 por aquella Ley de Enjuiciamiento, aun cuando durante el tiempo de su centenaria vigencia haya sufrido eclipses parciales y desfallecimientos transitorios. En efecto, el art. 24, a través del proceso con todas las garantías, convierte al acusado en su protagonista, con el derecho a ser informado de la acusación para poder ejercitar su derecho a la defensa, por sí o con la asistencia de los profesionales de la toga, haciendo entrar así a la abogacía en la estructura del Poder Judicial para cumplir la función pública de patrocinio, apareciendo para darle la réplica, como antagonista, el Fiscal. A éste corresponde constitucionalmente «promover la acción de la justicia», aunque no tenga el monopolio de la acción penal y pueda llevar como compañeros de viaje a otros acusadores. En definitiva, con palabras otra vez de la exposición de motivos de la Ley, «únicamente al Ministerio Fiscal o al acusador particular, si lo hubiere, corresponde formular el acta de acusación». Entre estos dramatis personae sobresale una figura, el Juez o Tribunal, a quien corresponde nada más, y ya es bastante, «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» con una misión de garantía. No hay más. En ese escenario que son los estrados judiciales y con tales personajes, cada uno en su papel, ha de alzarse la cortina para la representación en audiencia pública de la función jurisdiccional.

Ahora bien, aun cuando no deje de ser paradójico que en la Constitución no aparezca tal principio mencionado por su nombre, es evidente que, por obra del art. 24 CE, donde se proclama la efectividad de la tutela judicial como derecho fundamental, con un haz de otros instrumentales de la misma índole, se indican los elementos estructurales de dicho principio axial trabándolos en un sistema cuyas piezas son, que desde el mismo instante de la promulgación de la Constitución ha de ser despojado de las adherencias residuales del viejo «procedimiento escrito, secreto e inquisitorial», «en el que estaban educados los españoles»(una vez más por boca de Alonso Martínez, en la tantas veces mencionada exposición de motivos). En tal sentido se pronunció tempranamente este Tribunal Constitucional, cuya STC 9/1982, de 10 de marzo, puso de manifiesto que «la lucha por un proceso penal público, acusatorio, contradictorio y con todas las garantías se inició en Europa continental hacia la segunda mitad del siglo XVIII frente al viejo proceso inquisitivo y, con logros parciales, pero acumulativos, se prolonga hasta nuestros días». A lo largo de estos casi veinte años, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como nuestra doctrina son contestes en contemplar como tales ingredientes a muchos de los derechos instrumentales de la tutela judicial contenidos en el párrafo 2 del art. 24 CE, resumen de algunas enmiendas a la Constitución norteamericana donde se incorporó el Bill of Rights y, entre ellos, el derecho a ser informado de la acusación y el simétrico de la defensa en juicio, el debate contradictorio abierto y en audiencia pública para conseguir un juicio con todas las garantías, la congruencia de las sentencias y la proscripción de la reformatio in peius como consecuencia del carácter rogado de la justicia, con la finalidad última de evitar así la indefensión proscrita constitucionalmente como negación radical de la tutela judicial.

Aun cuando puedan llevar en algún caso a resultados paralelos, el principio acusatorio es algo muy distinto del principio dispositivo, predominante en el proceso civil, que por otra parte no es desconocido tampoco en el penal donde se reserva, en ciertos casos, la acción penal al agraviado o se permite la conformidad del acusado con la pena concreta pedida por el Fiscal para configurar la decisión judicial. En uno y otro caso la raíz común se encuentra en el sistema de justicia rogada inherente a la función jurisdiccional, al cual alude muchas veces el Tribunal Supremo en esta cuestión y, por supuesto, a la congruencia como elemento de la decisión judicial. El objeto de la jurisdicción penal puede ser doble por encauzar una doble pretensión, principal una, la acusación penal y otra eventual, la civil o indemnizatoria. Ambas en nuestro sistema -con otros aspectos irrelevantes aquí- tienen la misma exigencia, la correlación entre lo pedido por quienes son parte y el pronunciamiento de la sentencia, con un carácter de límite máximo si fuere condenatoria, coherencia que no sólo es cuantitativa -como destaca en una primera visión- sino también cualitativa (ATC 3/1993, de 11 de enero).

El juzgador se encuentra limitado, maniatado, por la acción o pretensión, uno de cuyos elementos esenciales es la pena concreta, que en el supuesto de los recursos toma un cariz impugnatorio y en el presente caso ha sido la misma desde el trámite de la calificación definitiva hasta la formalización del recurso de casación, interpuesto tan sólo por el Fiscal, recordemos, pidiendo una y otra vez la pena de 15 años de privación de libertad como consecuencia de haber considerado a la acusada desde aquel principio como autora y no como cómplice. En tal coyuntura este Tribunal Constitucional había llegado a la conclusión de que la prohibición de reformatio in peius en el proceso penal deriva del art. 902 LECrim, que la recoge, precisamente, para la casación. El carácter indisponible del ius puniendi –como regla no sin excepción– y la vigencia de los principios de oficialidad y legalidad singularizan la jurisdicción penal respecto de las demás, pero no hasta el punto de permitir un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones para diseñar el objeto procesal y acotar el perímetro de la contienda, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, para incurrir así en vicio de incongruencia (SSTC 15/1987, de 11 de febrero, 116/1988, de 20 de junio, y 40/1990, de 12 de marzo, entre otras). No deja de sorprender que si ese incremento sobre lo solicitado se hubiera producido en el mismo proceso penal pero en el ejercicio de la acción civil se admitiría sin vacilación alguna esa incongruencia lesiva de la tutela judicial. Cuando se esgrime la pretensión penal, inclusa la pena concreta, ha de exigirse, a mi juicio, la misma correlación como consecuencia del sistema acusatorio.

2. Derecho a ser informado de la acusación y principio de contradicción

Pues bien, ese principio acusatorio como garantía cardinal se refleja ante todo, según se anticipó líneas atrás, en el derecho a ser informado debidamente de la acusación para permitir la defensa en juicio, carga informativa de quien acusa como secuela de la presunción de inocencia, cuyo contenido ha de comprender, no sólo el conocimiento de los hechos imputados, sino también de su calificación jurídica –delito–, así como de sus consecuencias reales y su incidencia en la libertad o el patrimonio del acusado, la pena, para cuya imposición y no para el mero reproche moral o social está organizado el proceso penal, así llamado, como el Derecho sustantivo, por ese castigo, sin que se agote en una mera declaración de antijuridicidad sino que sólo se perfecciona por la retribución en la cual consiste su elemento simétrico, la sanción, consecuencia necesaria de aquella. No parece bueno olvidar, menospreciándolo, el aspecto existencialmente más importante de la petición, la cuantía de la pena. La calificación jurídica del delito es cuestión importante para los jurisperitos y la jurisprudencia, pero accesoria para el acusado, a quien interesa simplemente por constituir el presupuesto de la determinación de su efecto material, importándole sobremanera y primordialmente cuánto tiempo haya de estar privado de libertad o de otros derechos, en cuya función se configura su actitud en el proceso y su estrategia defensiva. Por ello mismo la pena concreta es el núcleo central, el meollo de la pretensión punitiva como objeto del proceso penal, cuya ratio petendi es la calificación jurídica del hecho y de sus circunstancias objetivas y subjetivas. A su vez otro principio procesal, el de contradicción, exige, entre más factores, ese conocimiento completo y oportuno de la acusación para que su destinatario tenga la oportunidad de exculparse y ejercer su derecho a la defensa, por sí mismo o asistido de jurisperitos, abogado y procurador, derecho para cuya satisfacción no basta la mera designación de los correspondientes profesionales, siendo necesario que los así nombrados puedan proporcionar una asistencia real y operativa a sus patrocinados (right of effective representation), con un contenido real y la suficiente eficacia dialéctica, sin reducirla a un cumplimiento formulario más rito procesal que sustancia (STC 105/1999, de 14 de junio).

3. El derecho de defensa

En tal sentido la STC 53/1987, de 7 de mayo, explica que el principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y, consecuentemente, la posibilidad de «contestación» o rechazo de la acusación. Permite en el proceso penal la posibilidad de la contradicción, vale decir la confrontación dialéctica entre las partes. Conocer los argumentos del adversario hace viable manifestar ante el Juez los propios, indicando los elementos de hecho y de Derecho que constituyen su base, así como, en definitiva, una actuación plena en el proceso. Así pues, «nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia» (SSTC 11/1992, de 27 de enero, FJ 3; 95/1995, de 19 de junio, FJ 2; 36/1996, de 11 de marzo, FJ 4), vinculando al juzgador e impidiéndole exceder los términos en que venga formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no hayan sido objeto de consideración en la misma ni sobre las cuales por lo tanto, el acusado haya tenido ocasión de defenderse (SSTC 205/1989, de 111 de diciembre, FJ 2; 161/1994, de 23 de mayo, y 95/1995, FJ 2). Sin embargo la correlación de la condena con la acusación no puede llevarse al punto que impida al juzgador el modificar la calificación de los hechos en tela de juicio con los mismos elementos que han sido o hayan podido ser objeto de debate contradictorio, posibilidad de la que en este caso no se hizo uso por lo que no merece más comentario aquí y ahora.

4. El contenido de la Sentencia Penal

En nuestro sistema judicial, tal y como lo vemos hoy, como producto del aluvión histórico de distintos materiales y en sucesivas épocas, donde se superponen –como los estilos en las catedrales– residuos del sistema inquisitivo y aportes del principio acusatorio, hay tres preceptos que indican cuál haya de ser el contenido de la Sentencia en las distintas modalidades del proceso penal y en sus distintos grados. Uno, cuya redacción procede de la versión originaria –1882– de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que seguía el modelo francés, inquisitivo, con raíces en el aborigen, también inquisitorial, el art. 742, donde se dice tan sólo que en ella «se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, «incluso las referentes a la responsabilidad civil», condenando o absolviendo a los procesados no sólo por el delito principal y sus conexos, sino también por las faltas incidentales», con el límite que marcaba el art. 885.1.4 –hoy 851.4– al socaire de la casación por infracción de Ley cuando se penare un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no hubiera procedido previamente como determina el art. 733″. Otro es el art. 794.3 LECrim, donde se configura la eventual Sentencia a dictar por el Juez de lo Penal dentro del procedimiento abreviado en cuya virtud «la sentencia no podrá imponer pena que exceda de la más grave de las acusaciones». El tercero, único que aquí y ahora interesa, aunque los tres formen parte del mismo grupo normativo, es el art. 902, que no permite «imponer pena superior a la señalada en la Sentencia casada o a la que correspondería conforme a las peticiones del recurrente, en el caso de que se solicitase pena mayor».

En el Tribunal Supremo hay dos corrientes jurisprudenciales, al respecto, que se solapan. Una de ellas, quizá predominante o mayoritaria, según sus propias palabras, predica que el principio acusatorio no impide que la Audiencia o el Juez impongan una pena superior a la solicitada por la acusación, bien remediando errores de ésta (si ha omitido solicitar penas forzosamente vinculadas al tipo en cuestión o ha pedido penas inferiores a las legalmente procedentes), bien haciendo uso de sus facultades legales de individualización dentro de los márgenes correspondientes a la pena legalmente determinada para el tipo delictivo objeto de acusación y debate en el proceso, pues el juez está sometido a la Ley y debe, por tanto, aplicar las penas que a su juicio procedan legalmente. Su función individualizadora, se dice, no está encorsetada por el límite cuantitativo marcado por las acusaciones, siempre que se mantenga en el marco punitivo señalado por la Ley. En tal sentido la correlación no se produce por el quantum de la pena sino por el título de la condena, pudiendo recorrerse aquella en toda su extensión, pero no imponer una pena superior en grado, salvo que utilizare la fórmula del art. 733 (art. 885.1.4 LECrim). Sin embargo otra tendencia se apoya en una lectura del art. 794.3 LECrim que lleva directamente, por su construcción gramatical, a la conclusión de que allí se veda la condena a una pena cuantitativamente mayor que la mas grave pedida por las acusaciones, no simplemente «distinta», desde el momento en que utiliza el verbo exceder, equivalente a superar o sobrepasar en cabida o tamaño. En definitiva, la hermenéutica se mueve entre dos lecturas antagónicas, según se entienda por «pena» la prevista en abstracto para el correspondiente delito en el Código o la pena individualizada y concreta, cuantificada ya, que soliciten quienes acusan.

Pues bien, entre ambas tesis –»estas dos opuestas interpretaciones»– el Tribunal Supremo vino a optar en un momento dado por la segunda, «más correcta y acomodada» al texto del precepto desde la perspectiva de la función constitucional del proceso penal:

«… de modo que ha de entenderse que al dictar la sentencia en el mismo, la función individualizadora de la pena que al Tribunal corresponde encuentra su techo en el quantum de tal pena solicitada por la más grave de las acusaciones. Apoyan esta doctrina las técnicas propias de la labor interpretativa: a) la literal o gramatical ya que el concepto de ‘pena que exceda’ es distinto de el de ‘pena más grave’…; b) la lógica, ya que de un lado … resultaría contrario a las reglas del método legislativo incluir en un precepto aplicable tan sólo a una modalidad del procedimiento penal, algo que la ley venía diciendo para la generalidad del procedimiento de tal clase (art. 851.3), que es supletoriamente aplicable a aquel procedimiento especial y la doctrina venía aplicando a todo el proceso penal; y, de otro, parece razonable pensar que si lo que el número 3 del art. 794 pretendía era señalar los límites impuestos a la sentencia por el principio acusatorio, y, dentro de estos límites, al lado de la prohibición contenida en el último inciso de ‘condenar por delito distinto cuando este conlleve una diversidad del bien jurídico protegido o mutación esencial del hecho enjuiciado’, hubiera querido también establecer la prohibición de imponer pena más grave en grado o calidad, así lo hubiera dicho… y c) la sistemática, pues la interpretación que se acepta y se declara correcta es la que resulta más congruente con todo el sistema que inspira el procedimiento abreviado el que, entre otros principios, pretende potenciar el consenso, formulando y ampliando los términos de la conformidad del reo …; d) por último, esa interpretación o entendimiento de la regla 3 del art. 794 … es también la más acorde con los fines de ‘lograr en el seno del proceso penal … una mayor protección de las garantías del inculpado’» (STS 7 junio 1993).

No es esta una Sentencia aislada, como pone de manifiesto el análisis de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con arreglo a la técnica propia de el case law, que pone el peso específico en la relación causal directa entre el supuesto de hecho y la decisión judicial, ratio decidendi, dejando en la cuneta los obiter dicta o consideraciones a mayor abundamiento, si las hubiere, mera guarnición del guiso principal. En otras sentencias posteriores ha ido quedando claro cuándo y cómo se transgrede el principio acusatorio, sin que la realidad jurisprudencial coincida siempre con su exposición abstracta o genérica, aunque sí en más de una ocasión. Una primera STS de 7 de junio de 1993 entendió que la limitación legal contenida en el art. 794.3 LECrim, en cuya virtud «la sentencia no podrá imponer pena que exceda de la más grave de las acusaciones» tiene un sentido más restrictivo que no limita exclusivamente imponer pena de categoría superior (prisión menor en vez de arresto) sino cualquier quantum punitivo que exceda de lo solicitado. Por su parte, las SSTS de 30 de enero y 12 de septiembre de 1995 reconocieron que hubo «quebranto del principio acusatorio y de la congruencia por haberse impuesto una pena accesoria -el comiso- no pedida expresamente por el Fiscal, ni sometida por tanto a debate contradictorio previo, sin que baste al efecto la petición genérica de penas accesorias, como dijo también la STS de 18 de mayo de 1993. Así mismo, en otra de 26 de febrero de 1998, en «un supuesto peculiar», el Tribunal Supremo considera también que infringe el principio acusatorio la condena por la Audiencia a una pena cuantitativamente superior a la pedida por el Fiscal, aunque lo hiciera dentro del marco legal determinado para el delito, condena «difícilmente conciliable con la limitación prevenida en el art. 794. 3 LECrim». A su vez, ese mismo año, otra STS de 30 de diciembre consideró que vulneraba el principio acusatorio una Sentencia que había impuesto al acusado tres penas de igual extensión y naturaleza que la única pedida por la acusación particular.

5. El principio acusatorio en la casación

En definitiva, el juez penal no debe legalmente, ni constitucionalmente puede, imponer una pena mas extensa cuantitativamente, aun cuando estuviere dentro del marco punitivo del Código, que la pedida por el Fiscal o las demás acusaciones si las hubiere, sea cualquiera el procedimiento o el grado jurisdiccional, con o sin el planteamiento de la tesis que permite el art. 733 LECrim, concebido como válvula de seguridad del sistema acusatorio por quien lo instauró hace más de un siglo. Sin embargo de esta declaración general, la incógnita a despejar en esta sede constitucional no comprometía el ámbito entero del principio acusatorio y estaba circunscrita a una situación muy concreta. Efectivamente, la Sentencia impugnada se pronunció en un recurso de casación, a instancia del Fiscal y habiéndose aquietado la condenada, para cuya ocasión el precepto idóneo era el 902 LECrim, en cuya virtud la llamada segunda Sentencia, que una vez casada la de instancia ha de dictar el Tribunal Supremo por un puro principio de economía procesal, evitando así el reenvío, no tendrá «más limitación que la de no imponer pena superior a la señalada en la Sentencia casada o a la que correspondería conforme a las peticiones del recurrente, en el caso de que se solicitase pena mayor».

Es evidente que el principio acusatorio ha de guiar el proceso penal en todas sus modalidades, incluso el juicio de faltas (STC 319/1994, de 28 de noviembre) y en cualquiera de todas sus instancias (STS 83/1992, de 28 de mayo), cuando haya apelación y, por supuesto, en la casación, donde el sedicente agravio constitucional se ha producido en este caso. El planteamiento ha de ser, sin embargo, distinto según las etapas procesales, cada una de las cuales tiene su propia regulación, aun cuando en el contenido de la Sentencia coincidan textualmente los preceptos correspondientes (arts. 742, 794.3 y 902 LECrim) no obstante las encontradas interpretaciones como hemos visto. Ahora bien, entre la posición de los juzgadores respectivos en el juicio oral y en sede casacional se dan diferencias muy importantes dentro del plano de la legalidad que trascienden para encontrar una dimensión constitucional. La Audiencia Provincial o el Juez de lo Penal que presiden y presencian el desarrollo del juicio, con la más absoluta inmediación, pueden -a la vista del acervo probatorio- sugerir a las partes, sin prejuzgar el fallo, que reconsideren la calificación jurídica de los hechos, y sólo ella, sin extenderse a las circunstancias modificativas de la responsabilidad ni a la participación de cada uno de los procesados, cuando apreciaren un «manifiesto error» en la propuesta por alguna de las partes, abriendo para ello un debate contradictorio (art. 733 LECrim), duda metódica del juzgador que éste sólo podrá utilizar en su Sentencia, por cierto, si fuere asumida por alguna de las partes en el proceso y la propugnare. Esta posibilidad de plantear la llamada «tesis» en el argot o terminología forense está vedada en la casación, donde no se da inmediación alguna y la Sala Segunda juega con un relato de los hechos ajeno, como dato y no como incógnita, constriñéndose su función a la mera declaración de lo que sea el Derecho, sustantivo o formal, para el caso concreto, sin que -por lo tanto- al dictar la segunda Sentencia ejerza una «plena jurisdicción» como a veces se dice con cierta inexactitud.

Le está vedada, pues, en tal coyuntura la individualización de la pena para cuya operación carece de elementos de juicio. En efecto, la valoración de la prueba en su conjunto es función privativa del juzgador de instancia, de quien preside la secuencia completa, el desarrollo del juicio oral. Sólo se puede saber si un testigo o un perito, o el mismo acusado, mienten o dicen la verdad mirándoles a los ojos, oyendo el tono de su voz y observando sus gestos. Esto es lo que en el lenguaje forense se conoce por inmediación y pone de relieve el carácter presencial de los medios de prueba más importantes y frecuentes (el testimonio, la pericia y la inspección ocular) practicados ante Jueces profesionales con suficiente experiencia bajo el fuego graneado del interrogatorio cruzado y la crítica del testimonio, propios aquel y ésta del principio de contradicción. El Tribunal Supremo carece, como tal institución y precisamente por serlo, de esa experiencia, aunque puedan tenerla muchos de sus componentes, y el conjunto de la prueba es para él una pila de papeles sin vida, transcripciones incompletas de palabras disecadas. Solo se puede tomar la medida de la culpa de quien se condena para adaptar la pena a su persona teniéndole delante y conociendo, hasta donde resulte posible, su biografía procesal. Consciente de ello, como no podía ser menos, el propio Tribunal Supremo ha autolimitado su potestad correctora y ha dicho, en consecuencia, que «no es revisable en casación la determinación de la pena verificada por el Tribunal de instancia en ejercicio de su arbitrio, concedido por el legislador, siempre que se motive de forma suficiente la individualización y que las razones dadas para llegar a la misma no sean arbitrarias» (STS 14 de mayo de 1999).

6. La imparcialidad del juez

Una última perspectiva, desde la posición constitucional del juzgador, pone de manifiesto que su imparcialidad se ve disminuida por cualquier actuación ex officio, al menos en su apariencia y, sobre todo, cuando tercia espontáneamente en el debate y ejercita su potestad para imponer una pena más gravosa que la pedida por la acusación, con la misma calificación jurídica, sin que previamente las partes hayan tenido siquiera la oportunidad real de debatir esa «tercera opinión», rompiendo su hieratismo o su indiferencia institucionales. Desde este punto de partida se hace necesario dar un paso más para reforzar y garantizar al máximo esa cualidad socrática del juez situado «por encima de las partes acusadoras e imputadas, para decidir justamente la controversia determinada por sus pretensiones en relación con la culpabilidad o la inocencia» (SSTC 54/1985, de 18 de abril, FJ 6, y 225/1988, de 28 de noviembre, FJ 1). Hoy, cuando ya está fuera de cualquier polémica la necesaria separación de las funciones instructora y enjuiciadora, desde las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los conocidos casos Piersack y De Cubber, conviene avanzar paso a paso en esa senda para ir tallando más facetas en esa característica, esencia de lo judicial. No parece dudosa ni problemática la exigencia de que el juez sea totalmente ajeno al litigio, sin jugarse nada en él, por estar supraordenado a los litigantes, como revela la misma etimología del nombre, magistrado, el que está por encima en el estrado, sin bajar de estos a la arena para ser «Juez y parte».

La raíz del principio acusatorio conecta aquí, por tanto, con la imparcialidad como requisito determinante de la misma existencia de un proceso en el cual el juzgador no pueda nunca asumir funciones de parte ni una posición partidista o partidaria. El monopolio de la acción penal por el Fiscal y los demás acusadores pretende excluir la posibilidad de que quien haya de fallar prejuzgue en cierto modo el fallo, formulando de oficio la acusación con el peligro de que se anticipe así «el pensamiento, la opinión, el juicio formulado por el Tribunal, que de este modo desciende a la arena del combate para convertirse en acusación», como escribía el autor de la exposición de motivos tantas veces traída a colación, que remachaba así: «No, los Magistrados deben permanecer durante la discusión pasivos, retraídos, neutrales a semejanza de los Jueces de los antiguos torneos, limitándose a dirigir con ánimo sereno los debates». Un proceso penal, en fin, con sus protagonistas clásicos formando un triángulo donde el vértice superior lo ocupe el Juez, equidistante de los dos ángulos inferiores, al mismo nivel, acusador y acusado, Fiscal y Abogado defensor, sin permitir que quiebre la posición impasible y ecuánime de aquél ni que, desde el distanciamiento inherente a quien haya de juzgar, se mezcle y contamine en la contienda, con un evidente prejuicio como es el que le lleva a dar por sí y ante sí más de lo pedido, suplantando a las acusaciones con detrimento de su independencia (STC 134/1986, de 29 de octubre, FJ 1). Si al Fiscal corresponde constitucionalmente la defensa de la sociedad desde la perspectiva de la ley, el Juez tiene una primaria función de garantía (arts. 53 y 117.4 CE), por lo que es la primera línea de defensa de los derechos fundamentales, como ha dicho este Tribunal Constitucional siempre que ha tenido oportunidad de hacerlo. Si esto es así, y lo es, con carácter genérico, su exigencia resulta aun más intensa en los grados procesales más altos pero también más angostos.

7. Recapitulación

Lo dicho hasta aquí pone de manifiesto que la Sentencia impugnada, cuya parte dispositiva aumentó en dos años sin previo aviso ni razonamiento alguno la pedida por el Fiscal a lo largo del proceso en sus dos grados, no obstante coincidir en los hechos y en su calificación como delito inclusa la circunstancia agravatoria específica, ha rebasado el límite intrínseco del principio acusatorio por haber tocado varias de sus piezas. En tal coyuntura nuestra STC 12/1981, de 10 de abril, parece suficientemente expresiva al respecto y marcó el único rumbo que en esta singladura nos puede llevar a buen puerto. Allí se dijo, en efecto, que el recurso de casación por infracción de Ley se mueve, respecto a la calificación de los hechos, en límites aún más restringidos. El Tribunal Supremo no puede imponer pena superior a la señalada en la Sentencia casada o, en su caso, a la que solicite el recurrente cuando éste pida una pena superior a aquélla, sin que pueda hacerse uso de una facultad análoga a la que el citado art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a las Audiencias y Jueces de lo Penal (art. 902 LECrim), residuo del sistema inquisitivo. Por su parte, y en el mismo sentido, el propio Tribunal Supremo ha entendido que sólo puede confirmar la Sentencia recurrida o acceder a la petición del recurrente y, por ello, ni siquiera en el caso de llegar a la convicción de que fuere correcta una calificación jurídica distinta pero homogénea, procedería «de oficio reformar in peius» la decisión impugnada, sino mantener los efectos punitivos de la calificación primitiva (STS de 10 de febrero de 1972, entre otras). En definitiva, lo dicho hubiera llevado directamente a la concesión del amparo constitucional, no sólo por una deficiente motivación, sino por haberse cruzado la raya del sistema acusatorio.

Esto es todo.

Dado en Madrid a diez de abril de dos mil.

01Ene/14

Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste.

(BT-Drs. 13/7934 vom 11.06.1997)

Artikel 1. Gesetz über die Nutzung von Telediensten. (Teledienstegesetz – TDG)

1 Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist es, einheitliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste zu schaffen.

2 Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Vorschriften gelten für alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, die für eine individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten wie Zeichen, Bilder oder Töne bestimmt sind und denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt (Teledienste).

(2) Teledienste im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere

Angebote im Bereich der Individualkommunikation (zum Beispiel Telebanking, Datenaustausch),

Angebote zur Information oder Kommunikation, soweit nicht die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht (Datendienste, zum Beispiel Verkehrs-, Wetter-, Umwelt- und Börsendaten, Verbreitung von Informationen über Waren und Dienstleistungsangebote),

Angebote zur Nutzung des Internets oder weiterer Netze,

Angebote zur Nutzung von Telespielen,

Angebote von Waren und Dienstleistungen in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit.

(3) Absatz 1 gilt unabhängig davon, ob die Nutzung der Teledienste ganz oder teilweise unentgeltlich oder gegen Entgelt möglich ist.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für

Telekommunikationsdienstleistungen und das geschäftsmäßige Erbringen von Telekommunikationsdiensten nach 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120),

Rundfunk im Sinne des 2 des Rundfunkstaatsvertrages, inhaltliche Angebote bei Verteildiensten und Abrufdiensten, soweit die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht, nach 2 des Mediendienste-Staatsvertrages in der Fassung vom 20. Januar bis 7. Februar 1997.

(5) Presserechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

«Diensteanbieter» natürliche oder juristische Personen oder Personenvereinigungen, die eigene oder fremde Teledienste zur Nutzung bereithalten oder den Zugang zur Nutzung vermitteln,

«Nutzer» natürliche oder juristische Personen oder Personenvereinigungen, die Teledienste nachfragen.

4 Zugangsfreiheit

Teledienste sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei.

5 Verantwortlichkeit

(1) Diensteanbieter sind für eigene Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

(2) Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nur dann verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.

(3) Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich. Eine automatische und kurzzeitige Vorhaltung fremder Inhalte auf Grund Nutzerabfrage gilt als Zugangsvermittlung.

(4) Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung rechtswidriger Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen bleiben unberührt, wenn der Diensteanbieter unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß  85 des Telekommunikationsgesetzes von diesen Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung technisch möglich und zumutbar ist.

6 Anbieterkennzeichnung

Diensteanbieter haben für ihre geschäftsmäßigen Angebote anzugeben

Namen und Anschrift sowie bei Personenvereinigungen und -gruppen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten.

Artikel 2. Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten
(Teledienstedatenschutzgesetz – TDDSG)

1 Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Vorschriften gelten für den Schutz personenbezogener Daten bei Telediensten im Sinne des Teledienstegesetzes.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften für den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet oder genutzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

«Diensteanbieter» natürliche oder juristische Personen oder Personenvereinigungen, die Teledienste zur Nutzung bereithalten oder den Zugang zur Nutzung vermitteln,

«Nutzer» natürliche oder juristische Personen oder Personenvereinigungen, die Teledienste nachfragen.

3 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten dürfen vom Diensteanbieter zur Durchführung von Telediensten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.

(2) Der Diensteanbieter darf für die Durchführung von Telediensten erhobene Daten für andere Zwecke nur verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.

(3) Der Diensteanbieter darf die Erbringung von Telediensten nicht von einer Einwilligung des Nutzers in eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für andere Zwecke abhängig machen, wenn dem Nutzer ein anderer Zugang zu diesen Telediensten nicht oder in nicht zumutbarer Weise möglich ist.

(4) Die Gestaltung und Auswahl technischer Einrichtungen für Teledienste hat sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenige personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(5) Der Nutzer ist vor der Erhebung über Art, Umfang, Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu unterrichten. Bei automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizierung des Nutzers ermöglichen und eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vorbereiten, ist der Nutzer vor Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung muß für den Nutzer jederzeit abrufbar sein. Der Nutzer kann auf die Unterrichtung verzichten. Die Unterrichtung und der Verzicht sind zu protokollieren. Der Verzicht gilt nicht als Einwilligung im Sinne der Absätze 1 und 2.

(6) Der Nutzer ist vor Erklärung seiner Einwilligung auf sein Recht auf jederzeitigen Widerruf mit Wirkung für die Zukunft hinzuweisen. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(7) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden, wenn der Diensteanbieter sicherstellt, daß sie nur durch eine eindeutige und bewußte Handlung des Nutzers erfolgen kann, sie nicht unerkennbar verändert werden kann, ihr Urheber erkannt werden kann, die Einwilligung protokolliert wird und der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer abgerufen werden kann.

4 Datenschutzrechtliche Pflichten des Diensteanbieters

(1) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer die Inanspruchnahme von Telediensten und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeiten zu informieren.

(2) Der Diensteanbieter hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, daß der Nutzer seine Verbindung mit dem Diensteanbieter jederzeit abbrechen kann, die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ablauf des Abrufs oder Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar nach deren Beendigung gelöscht werden, soweit nicht eine längere Speicherung für Abrechnungszwecke erforderlich ist,

der Nutzer Teledienste gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann, die personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme verschiedener Teledienste durch einen Nutzer getrennt verarbeitet werden; eine Zusammenführung dieser Daten ist unzulässig, soweit dies nicht für Abrechnungszwecke erforderlich ist.

(3) Die Weitervermittlung zu einem anderen Diensteanbieter ist dem Nutzer anzuzeigen.

(4) Nutzungsprofile sind nur bei Verwendung von Pseudonymen zulässig. Unter einem Pseudonym erfaßte Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.

5 Bestandsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines Nutzers erheben, verarbeiten und nutzen, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses mit ihm über die Nutzung von Telediensten erforderlich sind (Bestandsdaten).

(2) Eine Verarbeitung und Nutzung der Bestandsdaten für Zwecke der Beratung, der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Teledienste ist nur zulässig, soweit der Nutzer in diese ausdrücklich eingewilligt hat.

6 Nutzungs- und Abrechnungsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme von Telediensten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme von Telediensten zu ermöglichen (Nutzungsdaten) oder

um die Nutzung von Telediensten abzurechnen (Abrechnungsdaten).

(2) Zu löschen hat der Diensteanbieter

Nutzungsdaten frühestmöglich, spätestens unmittelbar nach Ende der jeweiligen Nutzung, soweit es sich nicht um Abrechnungsdaten handelt,

Abrechnungsdaten, sobald sie für Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind; nutzerbezogene Abrechnungsdaten, die für die Erstellung von Einzelnachweisen über die Inanspruchnahme bestimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers gemäß Absatz 4 gespeichert werden, sind spätestens 80 Tage nach Versendung des Einzelnachweises zu löschen, es sei denn, die Entgeltforderung wird innerhalb dieser Frist bestritten oder trotz Zahlungsaufforderung nicht beglichen.

(3) Die Übermittlung von Nutzungs- oder Abrechnungsdaten an andere Diensteanbieter oder Dritte ist unzulässig. Die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden bleiben unberührt. Der Diensteanbieter, der den Zugang zur Nutzung von Telediensten vermittelt, darf anderen Diensteanbietern, deren Teledienste der Nutzer in Anspruch genommen hat, lediglich übermitteln anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken deren Marktforschung,

Abrechnungsdaten, soweit diese zum Zwecke der Einziehung einer Forderung erforderlich sind.

(4) Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten einen Vertrag über die Abrechnung des Entgelts geschlossen, so darf er diesem Dritten Abrechnungsdaten übermitteln, soweit es für diesen Zweck erforderlich ist. Der Dritte ist zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses zu verpflichten.

(5) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von Telediensten darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in Anspruch genommener Teledienste nicht erkennen lassen, es sei denn der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis.

7 Auskunftsrecht des Nutzers

Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Daten unentgeltlich beim Diensteanbieter einzusehen. Die Auskunft ist auf Verlangen des Nutzers auch elektronisch zu erteilen. Das Auskunftsrecht ist im Falle einer kurzfristigen Speicherung im Sinne von 33 Abs. 2 Nr. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes nicht nach 34 Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes ausgeschlossen.

8 Datenschutzkontrolle

(1) 38 des Bundesdatenschutzgesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, daß die Überprüfung auch vorgenommen werden darf, wenn Anhaltspunkte für eine Verletzung von Datenschutzvorschriften nicht vorliegen.

(2) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz beobachtet die Entwicklung des Datenschutzes bei Telediensten und nimmt dazu im Rahmen seines Tätigkeitsberichtes nach 26 Abs. 1 BDSG Stellung.

Artikel 3. Gesetz zur digitalen Signatur. (Signaturgesetz – SigG)

Die Mitteilungspflichten der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 109 S.8), zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 (ABl. EG Nr. L 100 S. 30) sind beachtet worden.

1 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck des Gesetzes ist es, Rahmenbedingungen für digitale Signaturen zu schaffen, unter denen diese als sicher gelten und Fälschungen digitaler Signaturen oder Verfälschungen von signierten Daten zuverlässig festgestellt werden können.

(2) Die Anwendung anderer Verfahren für digitale Signaturen ist freigestellt, soweit nicht digitale Signaturen nach diesem Gesetz durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind.

2 Begriffsbestimmungen

(1) Eine digitale Signatur im Sinne dieses Gesetzes ist ein mit einem privaten Signaturschlüssel erzeugtes Siegel zu digitalen Daten, das mit Hilfe eines zugehörigen öffentlichen Schlüssels, der mit einem Signaturschlüssel-Zertifikat einer Zertifizierungsstelle oder der Behörde nach 3 versehen ist, den Inhaber des Signaturschlüssels und die Unverfälschtheit der Daten erkennen läßt.

(2) Eine Zertifizierungsstelle im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche oder juristische Person, die die Zuordnung von öffentlichen Signaturschlüsseln zu natürlichen Personen bescheinigt und dafür eine Genehmigung gemäß 4 besitzt.

(3) Ein Zertifikat im Sinne dieses Gesetzes ist eine mit einer digitalen Signatur versehene digitale Bescheinigung über die Zuordnung eines öffentlichen Signaturschlüssels zu einer natürlichen Person (Signaturschlüssel-Zertifikat) oder eine gesonderte digitale Bescheinigung, die unter eindeutiger Bezugnahme auf ein Signaturschlüssel-Zertifikat weitere Angaben enthält (Attribut-Zertifikat).

(4) Ein Zeitstempel im Sinne dieses Gesetzes ist eine mit einer digitalen Signatur versehene digitale Bescheinigung einer Zertifizierungsstelle, daß ihr bestimmte digitale Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen haben.

3 Zuständige Behörde

Die Erteilung von Genehmigungen und die Ausstellung von Zertifikaten, die zum Signieren von Zertifikaten eingesetzt werden, sowie die Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und der Rechtsverordnung nach 16 obliegen der Behörde nach 66 des Telekommunikationsgesetzes.

4 Genehmigung von Zertifizierungsstellen

(1) Der Betrieb einer Zertifizierungsstelle bedarf einer Genehmigung der zuständigen Behörde. Diese ist auf Antrag zu erteilen.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Antragsteller nicht die für den Betrieb einer Zertifizierungsstelle erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, wenn der Antragsteller nicht nachweist, daß die für den Betrieb einer Zertifizierungsstelle erforderliche Fachkunde vorliegt, oder wenn zu erwarten ist, daß bei Aufnahme des Betriebes die übrigen Voraussetzungen für den Betrieb der Zertifizierungsstelle nach diesem Gesetz und der Rechtsverordnung nach 16 nicht vorliegen werden.

(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, wer die Gewähr dafür bietet, als Inhaber der Zertifizierungsstelle die für deren Betrieb maßgeblichen Rechtsvorschriften einzuhalten. Die erforderliche Fachkunde liegt vor, wenn die im Betrieb der Zertifizierungsstelle tätigen Personen über die dafür erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten verfügen. Die übrigen Voraussetzungen für den Betrieb der Zertifizierungsstelle liegen vor, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen dieses Gesetzes und der Rechtsverordnung nach 16 der zuständigen Behörde rechtzeitig in einem Sicherheitskonzept aufgezeigt und die Umsetzung durch eine von der zuständigen Behörde anerkannten Stelle geprüft und bestätigt worden ist.

(4) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies erforderlich ist um sicherzustellen, daß die Zertifizierungsstelle bei Aufnahme des Betriebes und im Betrieb die Voraussetzungen dieses Gesetzes und der Rechtsverordnung nach 16 erfüllt.

(5) Die zuständige Behörde stellt für Signaturschlüssel, die zum Signieren von Zertifikaten eingesetzt werden, die Zertifikate aus. Die Vorschriften für die Vergabe von Zertifikaten durch Zertifizierungsstellen gelten für die zuständige Behörde entsprechend. Diese hat die von ihr ausgestellten Zertifikate jederzeit für jeden über öffentlich erreichbare Telekommunikationsverbindungen nachprüfbar und abrufbar zu halten. Dies gilt auch für Informationen über Anschriften und Rufnummern der Zertifizierungsstellen, die Sperrung von von ihr ausgestellten Zertifikaten, die Einstellung und die Untersagung des Betriebs einer Zertifizierungsstelle sowie die Rücknahme oder den Widerruf von Genehmigungen.

(6) Für öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und der Rechtsverordnung nach 16 werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.

5 Vergabe von Zertifikaten

(1) Die Zertifizierungsstelle hat Personen, die ein Zertifikat beantragen, zuverlässig zu identifizieren. Sie hat die Zuordnung eines öffentlichen Signaturschlüssels zu einer identifizierten Person durch ein Signaturschlüssel-Zertifikat zu bestätigen und dieses sowie Attribut-Zertifikate jederzeit für jeden über öffentlich erreichbare Telekommunikationsverbindungen nachprüfbar und mit Zustimmung des Signaturschlüssel-Inhabers abrufbar zu halten.

(2) Die Zertifizierungsstelle hat auf Verlangen eines Antragstellers Angaben über seine Vertretungsmacht für eine dritte Person sowie zur berufsrechtlichen oder sonstigen Zulassung in das Signaturschlüssel-Zertifikat oder ein Attribut-Zertifikat aufzunehmen, soweit ihr die Einwilligung des Dritten zur Aufnahme dieser Vertretungsmacht oder die Zulassung zuverlässig nachgewiesen wird.

(3) Die Zertifizierungsstelle hat auf Verlangen eines Antragstellers im Zertifikat anstelle seines Namens ein Pseudonym aufzuführen.

(4) Die Zertifizierungsstelle hat Vorkehrungen zu treffen, damit Daten für Zertifikate nicht unbemerkt gefälscht oder verfälscht werden können. Sie hat weiter Vorkehrungen zu treffen, um die Geheimhaltung der privaten Signaturschlüssel zu gewährleisten. Eine Speicherung privater Signaturschlüssel bei der Zertifizierungsstelle ist unzulässig.

(5) Die Zertifizierungsstelle hat für die Ausübung der Zertifizierungstätigkeit zuverlässiges Personal einzusetzen. Für das Bereitstellen von Signaturschlüsseln sowie das Erstellen von Zertifikaten hat sie technische Komponenten gemäß 14 einzusetzen. Dies gilt auch für technische Komponenten, die ein Nachprüfen von Zertifikaten nach Absatz 1 Satz 2 ermöglichen.

6 Unterrichtungspflicht

Die Zertifizierungsstelle hat die Antragsteller nach 5 Abs. 1 über die Maßnahmen zu unterrichten, die erforderlich sind, um zu sicheren digitalen Signaturen und deren zuverlässiger Prüfung beizutragen. Sie hat die Antragsteller darüber zu unterrichten, welche technischen Komponenten die Anforderungen nach 14 Abs. 1 und 2 erfüllen, sowie über die Zuordnung der mit einem privaten Signaturschlüssel erzeugten digitalen Signaturen. Sie hat die Antragsteller darauf hinzuweisen, daß Daten mit digitaler Signatur bei Bedarf neu zu signieren sind, bevor der Sicherheitswert der vorhandenen Signatur durch Zeitablauf geringer wird.

7 Inhalt von Zertifikaten

(1) Das Signaturschlüssel-Zertifikat muß folgende Angaben enthalten:

den Namen des Signaturschlüssel-Inhabers, der im Falle einer Verwechslungsmöglichkeit mit einem Zusatz zu versehen ist, oder ein dem Signaturschlüssel-Inhaber zugeordnetes unverwechselbares Pseudonym, das als solches kenntlich sein muß,

den zugeordneten öffentlichen Signaturschlüssel, die Bezeichnung der Algorithmen, mit denen der öffentliche Schlüssel des Signaturschlüssel-Inhabers sowie der öffentliche Schlüssel der Zertifizierungsstelle benutzt werden kann, die laufende Nummer des Zertifikates,

Beginn und Ende der Gültigkeit des Zertifikates, den Namen der Zertifizierungsstelle und

Angaben, ob die Nutzung des Signaturschlüssels auf bestimmte Anwendungen nach Art und Umfang beschränkt ist.

(2) Angaben zur Vertretungsmacht für eine dritte Person sowie zur berufsrechtlichen oder sonstigen Zulassung können sowohl in das Signaturschlüssel-Zertifikat als auch in ein Attribut-Zertifikat aufgenommen werden.

(3) Weitere Angaben darf das Signaturschlüssel-Zertifikat nur mit Einwilligung der Betroffenen enthalten.

8 Sperrung von Zertifikaten

(1) Die Zertifizierungsstelle hat ein Zertifikat zu sperren, wenn ein Signaturschlüssel-Inhaber oder sein Vertreter es verlangen, das Zertifikat auf Grund falscher Angaben zu 7 erwirkt wurde, sie ihre Tätigkeit beendet haben und diese nicht von einer anderen Zertifizierungsstelle fortgeführt wird oder die zuständige Behörde gemäß 13 Abs. 5 Satz 2 eine Sperrung anordnet. Die Sperrung muß den Zeitpunkt enthalten, von dem an sie gilt. Eine rückwirkende Sperrung ist unzulässig.

(2) Enthält ein Zertifikat Angaben einer dritten Person, so kann auch diese eine Sperrung dieses Zertifikates verlangen.

(3) Die zuständige Behörde sperrt von ihr nach 4 Abs. 5 ausgestellte Zertifikate, wenn eine Zertifizierungsstelle ihre Tätigkeit einstellt oder wenn die Genehmigung zurückgenommen oder widerrufen wird.

9 Zeitstempel

Die Zertifizierungsstelle hat digitale Daten auf Verlangen mit einem Zeitstempel zu versehen. 5 Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

10 Dokumentation

Die Zertifizierungsstelle hat die Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung dieses Gesetzes und der Rechtsverordnung nach 16 sowie die ausgestellten Zertifikate so zu dokumentieren, daß die Daten und ihre Unverfälschtheit jederzeit nachprüfbar sind.

11 Einstellung der Tätigkeit

(1) Die Zertifizierungsstelle hat, wenn sie ihre Tätigkeit einstellt, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt der zuständigen Behörde anzuzeigen und dafür zu sorgen, daß die bei Einstellung der Tätigkeit gültigen Zertifikate von einer anderen Zertifizierungsstelle übernommen werden, oder diese zu sperren.

(2) Sie hat die Dokumentation nach 10 an die Zertifizierungsstelle, welche die Zertifikate übernimmt, oder andernfalls an die zuständige Behörde zu übergeben.

(3) Sie hat einen Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.

12 Datenschutz

(1) Die Zertifizierungsstelle darf personenbezogene Daten nur unmittelbar beim Betroffenen selbst und nur insoweit erheben, als dies für Zwecke eines Zertifikates erforderlich ist. Eine Datenerhebung bei Dritten ist nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig. Für andere als die in Satz 1 genannten Zwecke dürfen die Daten nur verwendet werden, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Bei einem Signaturschlüssel-Inhaber mit Pseudonym hat die Zertifizierungsstelle die Daten über dessen Identität auf Ersuchen an die zuständigen Stellen zu übermitteln, soweit dies für die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes oder des Zollkriminalamtes erforderlich ist. Die Auskünfte sind zu dokumentieren. Die ersuchende Behörde hat den Signaturschlüssel-Inhaber über die Aufdeckung des Pseudonyms zu unterrichten, sobald dadurch die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr beeinträchtigt wird oder wenn das Interesse des Signaturschlüssel-Inhabers an der Unterrichtung überwiegt.

(3) 38 des Bundesdatenschutzgesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, daß die Überprüfung auch vorgenommen werden darf, wenn Anhaltspunkte für eine Verletzung von Datenschutzvorschriften nicht vorliegen.

13 Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtungen

(1) Die zuständige Behörde kann gegenüber Zertifizierungsstellen Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung dieses Gesetzes und der Rechtsverordnung treffen. Dazu kann sie insbesondere die Benutzung ungeeigneter technischer Komponenten untersagen und den Betrieb der Zertifizierungsstelle vorübergehend ganz oder teilweise untersagen. Personen, die den Anschein erwecken, über eine Genehmigung nach  4 zu verfügen, ohne daß dies der Fall ist, kann die Tätigkeit der Zertifizierung untersagt werden.

(2) Zum Zwecke der Überwachung nach Absatz 1 Satz 1 haben Zertifizierungsstellen der zuständigen Behörde das Betreten der Geschäfts- und Betriebsräume während der üblichen Betriebszeiten zu gestatten, auf Verlangen die in Betracht kommenden Bücher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftstücke und sonstigen Unterlagen zur Einsicht vorzulegen, Auskunft zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu gewähren. Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 383 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der zur Auskunft Verpflichtete ist auf dieses Recht hinzuweisen.

(3) Bei Nichterfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz oder der Rechtsverordnung oder bei Entstehen eines Versagungsgrundes für eine Genehmigung hat die zuständige Behörde die erteilte Genehmigung zu widerrufen, wenn Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 keinen Erfolg versprechen.

(4) Im Falle der Rücknahme oder des Widerrufs einer Genehmigung oder der Einstellung der Tätigkeit einer Zertifizierungsstelle hat die zuständige Behörde eine Übernahme der Tätigkeit durch eine andere Zertifizierungsstelle oder die Abwicklung der Verträge mit den Signaturschlüssel-Inhabern sicherzustellen. Dies gilt auch bei Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens, wenn die genehmigte Tätigkeit nicht fortgesetzt wird.

(5) Die Gültigkeit der von einer Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikate bleibt von der Rücknahme oder vom Widerruf einer Genehmigung unberührt. Die zuständige Behörde kann eine Sperrung von Zertifikaten anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Zertifikate gefälscht oder nicht hinreichend fälschungssicher sind oder daß zur Anwendung der Signaturschlüssel eingesetzte technische Komponenten Sicherheitsmängel aufweisen, die eine unbemerkte Fälschung digitaler Signaturen oder eine unbemerkte Verfälschung signierter Daten zulassen.

14 Technische Komponenten

(1) Für die Erzeugung und Speicherung von Signaturschlüsseln sowie die Erzeugung und Prüfung digitaler Signaturen sind technische Komponenten mit Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die Fälschungen digitaler Signaturen und Verfälschungen signierter Daten zuverlässig erkennbar machen und gegen unberechtigte Nutzung privater Signaturschlüssel schützen.

(2) Für die Darstellung zu signierender Daten sind technische Komponenten mit Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die die Erzeugung einer digitalen Signatur vorher eindeutig anzeigen und feststellen lassen, auf welche Daten sich die digitale Signatur bezieht. Für die Überprüfung signierter Daten sind technische Komponenten mit Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die feststellen lassen, ob die signierten Daten unverändert sind, auf welche Daten sich die digitale Signatur bezieht und welchem Signaturschlüssel-Inhaber die digitale Signatur zuzuordnen ist.

(3) Bei technischen Komponenten, mit denen Signaturschlüssel-Zertifikate gemäß 5 Abs. 1 Satz 2 nachprüfbar oder abrufbar gehalten werden, sind Vorkehrungen erforderlich, um die Zertifikatverzeichnisse vor unbefugter Veränderung und unbefugtem Abruf zu schützen.

(4) Bei technischen Komponenten nach den Absätzen 1 bis 3 ist es erforderlich, daß sie nach dem Stand der Technik hinreichend geprüft sind und die Erfüllung der Anforderungen durch eine von der zuständigen Behörde anerkannten Stelle bestätigt ist.

(5) Bei technischen Komponenten, die nach den in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden und die gleiche Sicherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, daß die die sicherheitstechnische Beschaffenheit betreffenden Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf Verlangen der zuständigen Behörde nachzuweisen, daß die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt sind. Soweit zum Nachweis der die sicherheitstechnische Beschaffenheit betreffenden Anforderungen im Sinne der Absätze 1 bis 3 die Vorlage einer Bestätigung einer von der zuständigen Behörde anerkannten Stelle vorgesehen ist, werden auch Bestätigungen von in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Stellen berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrundeliegenden technischen Anforderungen, Prüfungen und Prüfverfahren denen der durch die zuständige Behörde anerkannten Stellen gleichwertig sind.

15 Ausländische Zertifikate

(1) Digitale Signaturen, die mit einem öffentlichen Signaturschlüssel überprüft werden können, für den ein ausländisches Zertifikat aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vorliegt, sind, soweit sie gleichwertige Sicherheit aufweisen, digitalen Signaturen nach diesem Gesetz gleichgestellt.

(2) Absatz 1 gilt auch für andere Staaten, soweit entsprechende überstaatliche oder zwischenstaatliche Vereinbarungen getroffen sind.

16 Rechtsverordnung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Durchführung der  3 bis 15 erforderlichen Rechtsvorschriften zu erlassen über

die näheren Einzelheiten des Verfahrens der Erteilung, Rücknahme und des Widerrufs einer Genehmigung sowie des Verfahrens bei Einstellung des Betriebs einer Zertifizierungsstelle,

die gebührenpflichtigen Tatbestände nach 4 Abs. 6 und die Höhe der Gebühr,

die nähere Ausgestaltung der Pflichten der Zertifizierungsstellen,

die Gültigkeitsdauer von Signaturschlüssel-Zertifikaten,

die nähere Ausgestaltung der Kontrolle der Zertifizierungsstellen,

die näheren Anforderungen an die technischen Komponenten sowie die Prüfung technischer Komponenten und die Bestätigung, daß die Anforderungen erfüllt sind,

den Zeitraum sowie das Verfahren, nach dem eine neue digitale Signatur angebracht werden sollte.

Artikel 4. Änderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), zuletzt geändert durch …………………………………… (BGBl……….), wird wie folgt geändert:

11 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt:
«(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen.»

74d wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird nach dem Wort «Schriften» die Angabe «(11 Abs. 3)» eingefügt.
B) In Absatz 4 werden die Wörter «wenn mindestens ein Stück» durch die Wörter «wenn eine Schrift (11 Abs. 3) oder mindestens ein Stück der Schrift» ersetzt.

In 86 Abs. 1 werden nach dem Wort «ausführt» die Wörter «oder in Datenspeichern öffentlich zugänglich macht» eingefügt.

184 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 4 werden nach dem Wort «tatsächliches» die Wörter «oder wirklichkeitsnahes» eingefügt,
b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort «tatsächliches» die Wörter «oder wirklichkeitsnahes» eingefügt.

Artikel 5. Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch …………………………………… (BGBl……….), wird wie folgt geändert:

In 116 Abs. 1, 120 Abs. 1 Nr. 2 und 123 Abs. 2 Satz 1 werden jeweils nach dem Wort «Bildträgern» ein Komma und das Wort «Datenspeichern» eingefügt.

119 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort «Darstellungen» die Wörter «oder durch das öffentliche Zugänglichmachen von Datenspeichern» eingefügt.
b) In Absatz 3 werden nach dem Wort «Bildträger» ein Komma und das Wort «Datenspeicher» eingefügt.

Artikel 6. Änderung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften

Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 1985 (BGBl. I S. 1502), zuletzt geändert durch …………………………………… (BGBl……….), wird wie folgt geändert:

Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:
«Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte».

1 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt:
«(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen gleich. Schriften im Sinne dieses Gesetzes sind nicht Rundfunksendungen nach 2 des Rundfunkstaatsvertrages sowie inhaltliche Angebote bei Verteildiensten und Abrufdiensten, soweit die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht, nach 2 des Mediendienste-Staatsvertrages in der Fassung vom 20. Januar bis 7. Februar 1997.»

3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird am Ende der Nummer 3 der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt
«4. durch elektronische Informations- und Kommunikationsdienste verbreitet, bereitgehalten oder sonst zugänglich gemacht werden.»
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
«Absatz 1 Nr. 4 gilt nicht, wenn durch technische Vorkehrungen Vorsorge getroffen ist, daß das Angebot oder die Verbreitung im Inland auf volljährige Nutzer beschränkt werden kann.»

5 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt:
«(3) Absatz 2 gilt nicht,
1. wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit dem einschlägigen Handel erfolgt,
oder
2. wenn durch technische Vorkehrungen oder in sonstiger Weise eine Übermittlung an oder Kenntnisnahme durch Kinder oder Jugendliche ausgeschlossen ist.»

Nach § 7 wird folgender 7 a eingefügt:

«7 a Jugendschutzbeauftragte

Wer gewerbsmäßig elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt, zur Nutzung bereithält, hat einen Jugendschutzbeauftragten zu bestellen, wenn diese allgemein angeboten werden und jugendgefährdende Inhalte enthalten können. Er ist Ansprechpartner für Nutzer und berät den Diensteanbieter in Fragen des Jugendschutzes. Er ist von dem Diensteanbieter an der Angebotsplanung und der Gestaltung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu beteiligen. Er kann dem Diensteanbieter eine Beschränkung von Angeboten vorschlagen. Die Verpflichtung des Diensteanbieters nach Satz 1 kann auch dadurch erfüllt werden, daß er eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle zur Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 2 bis 4 verpflichtet.»

Nach 21 Abs. 1 Nr. 3 wird folgende Nummer 3 a eingefügt:
«3a. entgegen 3 Abs. 1 Nr. 4 verbreitet, bereithält oder sonst zugänglich macht,».

18 wird wie folgt gefaßt:
«(1) Eine Schrift unterliegt den Beschränkungen der 3 bis 5, ohne daß es einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, wenn sie ganz oder im wesentlichen inhaltsgleich mit einer in die Liste aufgenommenen Schrift ist. Das gleiche gilt, wenn ein Gericht in einer rechtskräftigen Entscheidung festgestellt hat, daß eine Schrift pornographisch ist oder den in 130 Abs. 2 oder 131 des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt hat.
(2) Ist es zweifelhaft, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind, so führt der Vorsitzende eine Entscheidung der Bundesprüfstelle herbei. Eines Antrages (11 Abs. 2 Satz 1) bedarf es nicht. 12 gilt entsprechend.
(3) Wird die Schrift in die Liste aufgenommen, so gilt 19 entsprechend.»

18 a wird gestrichen.

2 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.
b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:
«(2) Kommt eine Listenaufnahme offensichtlich nicht in Betracht, so kann der Vorsitzende das Verfahren einstellen.».

21 a Absatz 1 wird wie folgt gefaßt:
«(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen  4 Abs. 2 Satz 2 einen Abnehmer nicht auf die Vertriebsbeschränkungen hinweist, oder
2. entgegen 7 a Abs. 1 Satz 1 einen Jugendschutzbeauftragten nicht bestellt oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle zur Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht verpflichtet.»

Artikel 7. Änderung des Urheberrechtsgesetzes

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch ……………………….. (BGBl…………), wird wie folgt geändert:

4 wird wie folgt gefaßt:

«4
Sammelwerke und Datenbankwerke

(1) Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind (Sammelwerke), werden, unbeschadet eines an den einzelnen Elementen gegebenenfalls bestehenden Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts, wie selbständige Werke geschützt.

(2) Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammelwerk, dessen Elemente systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Ein zur Schaffung des Datenbankwerkes oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen verwendetes Computerprogramm (69 a) ist nicht Bestandteil des Datenbankwerkes.»

23 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort «Künste» wird das Wort «oder» durch ein Komma ersetzt.

b) Nach dem Wort «Baukunst» werden die Wörter «oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes» eingefügt.

53 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

«Absatz 1 sowie Absatz 2 Nr. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Nr. 1 findet auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, daß der wissenschaftliche Gebrauch nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt.»

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7.

Nach 55 wird folgender 55 a eingefügt:

«55 a
Benutzung eines Datenbankwerkes

Zulässig ist die Bearbeitung sowie die Vervielfältigung eines Datenbankwerkes durch den Eigentümer eines mit Zustimmung des Urhebers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks des Datenbankwerkes, den in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigten oder denjenigen, dem ein Datenbankwerk aufgrund eines mit dem Urheber oder eines mit dessen Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrags zugänglich gemacht wird, wenn und soweit die Bearbeitung oder Vervielfältigung für den Zugang zu den Elementen des Datenbankwerkes und für dessen übliche Benutzung erforderlich ist. Wird aufgrund eines Vertrags nach Satz 1 nur ein Teil des Datenbankwerkes zugänglich gemacht, so ist nur die Bearbeitung sowie die Vervielfältigung dieses Teils zulässig. Entgegenstehende vertragliche Vereinbarungen sind nichtig.»

In 63 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:

a) «Das gleiche gilt in den Fällen des 53 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 für die Vervielfältigung eines Datenbankwerkes.»

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 4.

Nach 87 wird folgender Abschnitt eingefügt:

«Sechster Abschnitt
Schutz des Datenbankherstellers

87 a
Begriffsbestimmungen

(1) Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. Eine in ihrem Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank gilt als neue Datenbank, sofern die Änderung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert.

(2) Datenbankhersteller im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, der die Investition im Sinne von Absatz 1 vorgenommen hat.

87 b
Rechte des Datenbankherstellers

(1) Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils der Datenbank steht die wiederholte und systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank gleich, sofern diese Handlungen einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.

(2) 17 Abs. 2 und 27 Abs. 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

87 c
Schranken des Rechts des Datenbankherstellers

(1) Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank ist zulässig zum privaten Gebrauch; dies gilt nicht für eine Datenbank, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind, zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und der wissenschaftliche Gebrauch nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt, zum eigenen Gebrauch im Schulunterricht, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der für eine Schulklasse erforderlichen Anzahl.

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist die Quelle deutlich anzugeben.

(2) Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank ist zulässig zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde sowie für Zwecke der öffentlichen Sicherheit.

87 d
Dauer der Rechte

Die Rechte des Datenbankherstellers erlöschen fünfzehn Jahre nach der Veröffentlichung der Datenbank, jedoch bereits fünfzehn Jahre nach der Herstellung, wenn die Datenbank innerhalb dieser Frist nicht veröffentlicht worden ist. Die Frist ist nach  69 zu berechnen.

87 e
Verträge über die Benutzung einer Datenbank

Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer eines mit Zustimmung des Datenbankherstellers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks der Datenbank, der in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigte oder derjenige, dem eine Datenbank aufgrund eines mit dem Datenbankhersteller oder eines mit dessen Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrags zugänglich gemacht wird, gegenüber dem Datenbankhersteller verpflichtet, die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank zu unterlassen, ist insoweit unwirksam, als diese Handlungen weder einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen noch die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.»

In 108 Abs. 1 wird nach Nr. 7 folgende Nummer angefügt:

«8. eine Datenbank entgegen 87 b Abs. 2 verwertet,»

In 119 Abs. 3 werden nach dem Wort «Lichtbilder» das Wort «und» durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort «Tonträger» die Wörter «und die nach  87 b Abs. 2 geschützten Datenbanken» eingefügt.

Nach 127 wird folgender 127 a eingefügt:

«127 a
Schutz des Datenbankherstellers

(1) Den nach 87 b gewährten Schutz genießen deutsche Staatsangehörige sowie juristische Personen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes.120 Abs. 2 ist anzuwenden.

(2) Die nach deutschem Recht oder dem Recht eines der in 120 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Staaten gegründeten juristischen Personen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen den nach  87 b gewährten Schutz, wenn

ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung sich im Gebiet eines der in 120 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Staaten befindet oder ihr satzungsmäßiger Sitz sich im Gebiet eines dieser Staaten befindet und ihre Tätigkeit eine tatsächliche Verbindung zur deutschen Wirtschaft oder zur Wirtschaft eines dieser Staaten aufweist.

(3) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige sowie juristische Personen den Schutz nach dem Inhalt von Staatsverträgen sowie von Vereinbarungen, die die Europäische Gemeinschaft mit dritten Staaten schließt; diese Vereinbarungen werden vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht.»

Nach 137 f wird folgender 137 g eingefügt:

«137 g
Übergangsregelung bei Umsetzung der Richtlinie 96/9/EG

(1) Die 23 Satz 2, 53 Abs. 5, 55 a und 63 Abs. 1 Satz 2 sind auch auf Datenbankwerke anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1998 geschaffen wurden.

(2) Die Vorschriften des Sechsten Abschnitts des Zweiten Teils sind auch auf Datenbanken anzuwenden, die zwischen dem 1. Januar 1983 und dem 31. Dezember 1997 hergestellt worden sind. Die Schutzfrist beginnt in diesen Fällen am 1. Januar 1998.

(3) Die 55 a und 87 e sind nicht auf Verträge anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind.»

Artikel 8. Änderung des Preisangabengesetzes

Dem 1 des Preisangabengesetzes vom 3. Dezember 1984 (BGBl. I S. 1429) wird folgender Satz angefügt:

«Bei Leistungen der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste können auch Bestimmungen über die Angabe des Preisstandes fortlaufender Leistungen getroffen werden.»

Artikel 9. Änderung der Preisangabenverordnung

Die Preisangabenverordnung vom 14. März 1985 (BGBl. I S. 580), zuletzt geändert durch …………………………………… (BGBl……….), wird wie folgt geändert:

Dem 3 Abs. 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
«Ort des Leistungsangebots ist auch die Bildschirmanzeige. Wird eine Leistung über Bildschirmanzeige erbracht und nach Einheiten berechnet, ist eine gesonderte Anzeige über den Preis der fortlaufenden Nutzung unentgeltlich anzubieten.»

8 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt:
«2. des 3 Abs. 1 Satz 1, 2 oder 4 oder Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit 2 Abs. 5, über das Aufstellen, das Anbringen oder das Bereithalten von Preisverzeichnissen oder über das Anbieten einer Anzeige des Preises,».

Artikel 10. Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 8 beruhenden Teile der Preisangabenverordnung können auf Grund der Ermächtigung des 1 des Preisangabengesetzes durch Rechtsverordnung geändert werden.

Artikel 11. Inkrafttreten

«Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 7, der am 1. Januar 1998 in Kraft tritt, am 1. August 1997 in Kraft.»

01Ene/14

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (J.O. du 22 juin 2004) Legislacion Informatica de

Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (J.O. du 22 juin 2004)

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel nº 2004-496 DC du 10 juin 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier. DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

Chapitre Ier. La communication au public en ligne


Article 1

I. – L'article 1er de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

» Art. 1er. – La communication au public par voie électronique est libre.

» L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

» Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. «

II. – L'article 2 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

» Art. 2. – On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

» On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

» On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

» Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

» Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. «

III. – Après l'article 3 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

» Art. 3-1. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

» Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

» Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. «

IV. – Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

Article 2

I. – Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

II. – A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

III. – Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du Code pénal, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

IV. – Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

V. – Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

VI. – A l'article 66 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

VII. – Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : » communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » communication au public par voie électronique «.

Article 3

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.


Article 4

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.

Chapitre II. Les prestataires techniques


Article 5

I. – Le chapitre VI du titre II de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

II. – Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est supprimé.

Article 6

I. – 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

– la date de la notification ;

– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

– les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

– la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du Code pénal,

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.

8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

II. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du Code pénal, sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

III. – 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

IV. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2004-496 DC du 10 juin 2004].

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

V. – Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2004-496 DC du 10 juin 2004].

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2004-496 DC du 10 juin 2004.)

VI. – 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 7

Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 6 invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

Article 8

I. – Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

» 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

» Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. «

II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après les mots : » ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux «, sont insérés les mots : » ou sur les services de communication au public en ligne «.

Article 9

I. – Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, il est rétabli un article L. 32-3-3 et il est inséré un article L. 32-3-4 ainsi rédigés :

» Art. L. 32-3-3. – Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

» Art. L. 32-3-4. – Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

» 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

» 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. «

II. – L'article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

» II. – Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. «

Chapitre III. Régulation de la communication


Article 10

I. – L'article 42-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : » de l'autorisation » sont remplacés par les mots : » de l'édition ou de la distribution du ou des services » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : » de l'autorisation «, sont insérés les mots : » ou de la convention » ;

3° Après les mots : » assortie éventuellement «, la fin du quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : » d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; » ;

4° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : » ou la résiliation unilatérale de la convention. «

II. – Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

» Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

» Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. «

Article 11

L'article 42-4 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : » titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : » éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

» Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : » dans les conditions fixées à l'article 42-2 «.

Article 12

A la fin de l'article 48-2 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : » et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.

Article 13

Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : » d'autre part «, sont insérés les mots : » par la protection de l'enfance et de l'adolescence, «.

TITRE II. DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier. Principes généraux


Article 14

Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

Article 15

I. – Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

II. – L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

» Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

» Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. «

Article 16

I. – L'activité définie à l'article 14 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :

1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

II. – En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à l'article 14 est soumise au respect :

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

5° Des dispositions du code général des impôts ;

6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.

Article 17

L'activité définie à l'article 14 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.

Article 18

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Article 19

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Chapitre II. La publicité par voie électronique


Article 20

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.

Article 21

Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :

» Art. L. 121-15-1. – Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.

» Art. L. 121-15-2. – Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

» Art. L. 121-15-3. – Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

» Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. «

Article 22

I. – L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

» Art. L. 33-4-1. – Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

» Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

» Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

» Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

» Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

» La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

» Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

» Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. «

II. – L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

» Art. L. 121-20-5. – Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :

» Art. L. 33-4-1. – Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

» Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

» Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

» Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

» Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

» La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

» Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

» Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. «

III. – Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.

Article 23

L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

» Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. «

Article 24

A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : » aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : » aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 «.

Chapitre III. Les obligations souscrites sous forme électronique


Article 25

I. – Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :

» Art. 1108-1. – Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

» Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

» Art. 1108-2. – Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

» 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

» 2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. «

II. – Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

» Chapitre VII

» Des contrats sous forme électronique

» Art. 1369-1. – Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

» L'offre énonce en outre :

» 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

» 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

» 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

» 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

» 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

» Art. 1369-2. – Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

» L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

» La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

» Art. 1369-3. – Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

» Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. «

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 27

Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :

» Art. L. 134-2. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. «

Article 28

Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.

TITRE III. DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier. Moyens et prestations de cryptologie


Article 29

On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.

Section 1. Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie


Article 30

I. – L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.

II. – La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.

III. – La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.

IV. – Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III, soit dispensés de toute formalité préalable.

Section 2. Fourniture de prestations de cryptologie


Article 31

I. – La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

II. – Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Article 32

Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

Article 33

Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;

4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.

Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Section 3. Sanctions administratives


Article 34

Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l'article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de procéder au retrait :

1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.

Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l'article 30.

Section 4. Dispositions de droit pénal


Article 35

I. – Sans préjudice de l'application du code des douanes :

1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 30 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou à l'obligation de communication au Premier ministre prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende ;

2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 30 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

II. – Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

III. – Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 31 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

IV. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du Code pénal, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du Code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du Code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du Code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

V. – Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal.

VI. – L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

» 4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3. «

Article 36

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 30, 31 et 34 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l'article 29 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférant.

Article 37

Après l'article 132-78 du Code pénal, il est inséré un article 132-79 ainsi rédigé :

» Art. 132-79. – Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

» 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

» 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

» 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

» 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

» 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

» 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

» 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

» Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. «

Section 5. Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées


Article 38

Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

» Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l'article 160. «

Section 6. Dispositions diverses


Article 39

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

Article 40

I. – L'article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

II. – Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 31.

Chapitre II. Lutte contre la cybercriminalité


Article 41

L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : » documents «, sont insérés les mots : » , données informatiques » et, après le mot : » pièces «, il est inséré le mot : » , informations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » ou documents » sont remplacés par les mots : » , documents ou données informatiques » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

» Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

» Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

» Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. «

Article 42

A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : » des objets «, sont insérés les mots : » ou des données informatiques «.

Article 43

L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : » des documents «, sont insérés les mots : » ou des données informatiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » les objets et documents » sont remplacés par les mots : » les objets, documents ou données informatiques » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : » et documents » sont remplacés par les mots : » , documents et données informatiques » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : » documents «, sont insérés les mots : » ou des données informatiques » ;

5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

» Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

» Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. «

Article 44

L'article 227-23 du Code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

» La tentative est punie des mêmes peines. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : » fait «, sont insérés les mots : » d'offrir ou «.

Article 45

I. – L'article 323-1 du Code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » d'un an » sont remplacés par les mots : » deux ans » et la somme : » 15 000 EUR » est remplacée par la somme : » 30 000 EUR » ;

2° Au second alinéa, les mots : » deux ans » sont remplacés par les mots : » trois ans » et la somme : » 30 000 EUR » est remplacée par la somme : » 45 000 EUR «.

II. – A l'article 323-2 du même code, les mots : » trois ans » sont remplacés par les mots : » cinq ans » et la somme : » 45 000 EUR » est remplacée par la somme : » 75 000 EUR «.

III. – A l'article 323-3 du même code, les mots : » trois ans » sont remplacés par les mots : » cinq ans » et la somme : » 45 000 EUR » est remplacée par la somme : » 75 000 EUR «.

Article 46

I. – Après l'article 323-3 du Code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

» Art. 323-3-1. – Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. «

II. – Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : » les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : » les articles 323-1 à 323-3-1 «.

TITRE IV. DES SYSTÈMES SATELLITAIRES


Article 47

L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

» 16° Système satellitaire.

» On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. «

Article 48

I. – Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

» TITRE VIII

» ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE

RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

» Art. L. 97-2. – I. – 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

» Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

» 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

» L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

» L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

» 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

» 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

» 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

» 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

» L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

» II. – Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

» Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

» Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

» A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

» Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

» L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

» III. – Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

» Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

» IV. – L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

» V. – Le présent article n'est pas applicable :

» 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

» 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

» VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :

» 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

» 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

» 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

» 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

» Art. L. 97-3. – Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 EUR le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

» Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

» 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

» 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

» Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

» Art. L. 97-4. – Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. «

II. – Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

» Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. «

Article 49

Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.

TITRE V. DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier. De la couverture du territoire par les services numériques


Article 50

I. – L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

» Chapitre V

» Réseaux et services locaux de télécommunications

» Art. L. 1425-1. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.

» Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

» L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications.

» II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

» Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.

» Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

» III. – L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.

» Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

» IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.

» V. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

» Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. «

III. – L'article L. 4424-6-1 du même code est abrogé.

IV. – Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.

V. – Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

» 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. «

Article 51

Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :

» Art. L. 2224-35. – Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.

» L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.

» Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. «

Article 52

I. – L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

» 17° Itinérance locale.

» On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. «

II. – Le huitième alinéa (e) du A du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : » ou d'itinérance locale «.

III. – Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application dudit article.

Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de deuxième génération.

Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.

IV. – Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. – L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.

VI. – Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

VII. – Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

» Art. L. 34-8-1. – La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

» Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

» Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

» Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. «

VIII. – Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : » , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 «.

IX. – Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

» 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; «.

X. – Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

Chapitre II. De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications


Article 53

Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

» Art. L. 113-4. – Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

» Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

» La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

» Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. «

Article 54

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée par les mots : » ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée par les mots : » ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat «.

II. – La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.

Article 55

Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.

Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.

TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES


Article 56

I. – Dans le i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les mots : » aux articles 43-7 et 43-8 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : » aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique «.

II. – Dans l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : » aux articles 43-7 et 43-8 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : » aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique «.

III. – Dans le I de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, les mots : » à l'article 43-7 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : » au 1° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique «.

Article 57

I. – Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions des articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Outre les dispositions du I de l'article 22, des articles 35 à 38 et 41 à 49, qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 sont applicables à Mayotte.

II. – Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 58

Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

(1) Loi nº 2004-575.

– Directives communautaires :

Directive nº 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

– Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi (nº 528) ;

Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission des affaires économiques, nº 612 ;

Avis de Mme Michèle Tabarot, au nom de la commission des lois, nº 608 ;

Discussion les 25 et 26 février 2003 et adoption le 26 février 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, nº 195 (2002-2003) ;

Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, nº 345 (2002-2003) ;

Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, nº 342 (2002-2003) ;

Avis de M. Alex Türk, au nom de la commission des lois, nº 351 (2002-2003) ;

Discussion les 24 et 25 juin 2003 et adoption le 25 juin 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, nº 991 ;

Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission des affaires économiques, nº 1282 ;

Discussion les 7 et 8 janvier 2004 et adoption le 8 janvier 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, nº 144 (2003-2004) ;

Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, nº 232 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 8 avril 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié en deuxième lecture par le Sénat, nº 1535 ;

Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission mixte paritaire, nº 1553 ;

Discussion et adoption le 6 mai 2004.

Sénat :

Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, nº 274 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 13 mai 2004.

– Conseil constitutionnel :

Décision nº 2004-496 DC du 10 juin 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.

01Ene/14

Legislacion Informatica de RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONSTITUTION DE 1996 (modifiant la constitution de 1989)

PREAMBULE

Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.

Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.

Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous.

En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

La Constitution est au.-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.

L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Magreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.

TITRE PREMIER. DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

Chapitre I. De l’Algérie

Article 1er .- L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Article 2 .- L’Islam est la religion de l’Etat.

Article 3 .- L’Arabe est la langue nationale et officielle.

Article 4 .- La capitale de la République est ALGER.

Article 5 .- L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi.

Chapitre II. Du Peuple

Article 6 .- Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Article 7 .- Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.

Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.

Article 8 .- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

.- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,

.- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,

.- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,

.- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,

.- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.

Article 9 .- Les institutions s’interdisent :

.- les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,

.- l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,

.- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Article 10 .- Le peuple choisit librement ses représentants.

La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Chapitre III. De l’Etat

Article 11 .- L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.

Sa devise est «Par le Peuple et pour le Peuple».

Il est au service exclusif du peuple.

Article 12 .- La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.

Article 13 .- En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Article 14 .- L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

Article 15 .- Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya.

La Commune est la collectivité de base.

Article 16 .- L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Article 17 .- La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.

Article 18 .- Le domaine national est défini par la loi.

Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.

La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.

Article 19 .- L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.

La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Article 20 .- L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

Article 21 .- Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 22 .- L’abus d’autorité est réprimé par la loi.

Article 23 .- L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.

Article 24 .- L’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger.

Article 25 .- La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.

L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Article 26 .- L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.

Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 27 .- L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 28 .- L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non.-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV. Des droits et des libertés

Article 29 .- Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 30 .- La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 31 .- Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 32 .- Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.

Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Article 33 .- La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Article 34 .- L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.

Article 35 .- Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.

Article 36 .- La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.

Article 37 .- La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.

Article 38 .- La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

Les droits d’auteur sont protégés par la loi.

La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.

Article 39 .- La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 40 .- L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle.-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.

Article 41 .- Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.

Article 42 .- Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.

Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.

Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles.-ci.

D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Article 43 .- Le droit de créer des associations est garanti.

L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.

La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Article 44 .-Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Article 45 .- Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 46 .- Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.

Article 47 .- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Article 48 .- En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante.-huit (48) heures.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle.-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Article 49 .- L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.

La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Article 50 .- Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 51 .– L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 52 .- La propriété privée est garantie.

Le droit d’héritage est garanti.

Les biens «wakf» et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.

Article 53 .- Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L’enseignement fondamental est obligatoire.

L’Etat organise le système d’enseignement.

L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.

Article 54 .- Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Article 55 .– Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice.

Article 56 .- Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Article 57 .- Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.

Celle.-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.

Article 58 .- La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.

Article 59 .- Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V. Des devoirs

Article 60 .- Nul n’est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Article 61 .- Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat.

La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 62 .- Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis.-à.-vis de la collectivité nationale.

L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants.-droits et des moudjahidine.

Article 63 .- L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.

Article 64 .- Les citoyens sont égaux devant l’impôt.

Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 65 .– La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.

Article 66 .- Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.

Article 67 .- Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Article 68 .- Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.

Article 69 .- En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.

TITRE DEUXIEME. DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS

Chapitre I. Du pouvoir exécutif

Article 70 .- Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

Il s’adresse directement à la Nation.

Article 71 .- Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.

Article 72 .- Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 73 .- Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :

.- jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine;

.- être de confession musulmane;

.- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;

.- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;

.- attester de la nationalité algérienne du conjoint;

.- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;

.- justifier de la non.-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;

.- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.

D’autres conditions sont prescrites par la loi.

Article 74 .- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Le Président de la République est rééligible une seule fois.

Article 75 .- Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Article 76 .- Le Président de la République prête serment dans les termes ci.-après :

Article 77 .- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1.- il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;

2.- il est responsable de la Défense Nationale;

3.- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;

4.- il préside le Conseil des Ministres;

5.- il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;

6.- il signe les décrets présidentiels;

7.- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;

8.- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;

9.- il conclut et ratifie les traités internationaux;

10.- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Article 78 .- Le Président de la République nomme:

1.- aux emplois et mandats prévus par la Constitution;

2.- aux emplois civils et militaires de l’Etat;

3.- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;`

4.- le Président du Conseil d’Etat;

5.- le Secrétaire Général du Gouvernement;

6.- le Gouverneur de la Banque d’Algérie;

7.- les Magistrats;

8.- les responsables des organes de sécurité;

9.- les Walis.

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Article 79 .- Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les nomme.

Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des Ministres.

Article 80 .- Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle.-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Article 81 .- En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

Celui.-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 82 .- Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 83 .- Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 84 .- Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

Ce débat peut s’achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.

Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.

Dans ce cas, le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.

Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Article 85 .- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :

1.- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles;

2.- il préside le Conseil du Gouvernement;

3.- il veille à l’exécution des lois et règlements;

4.- il signe les décrets exécutifs;

5.- il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus;

6.- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.

Article 86 .- Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 87 .- Le Président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution.

Article 88 .- Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Article 89 .- Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de la République.

Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

Article 90 .- Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.

Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Article 91 .- En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siègeant en chambres réunies.

Article 92 .- L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.

Article 93 .- Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.

Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.

L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Article 94 .- Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.

Article 95 .- Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nation Unies.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le Président de la République informe la Nation par un message.

Article 96 .- Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.

Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.

En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 97 .- Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.

Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.

Il soumet ceux.-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Chapitre II. Du pouvoir législatif

Article 98 .- Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.

Le parlement élabore et vote la loi souverainement.

Article 99 .- Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.

Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 100 .- Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.

Article 101 .- Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.

Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.

Article 102 .- L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.

La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans.

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.

Article 103 .- Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.

Article 104 .- La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Article 105 .- Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.

Article 106 .- Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.

Article 107 .- Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 108 .- Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Article 109 .- L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.

Article 110 .- Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Article 111 .- En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut-être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.

Article 112 .- Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Article 113 .- La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.

L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la Nation.

Article 114 .- Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Article 115 .- L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Article 116 .- Les séances du Parlement sont publiques.

Il en est tenu un procès.-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent sièger à huis.-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement.

Article 117 .- L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Article 118 .- Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (04) mois.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Article 119 .- L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés.

Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 120 .- Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.

La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.

Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.

En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.

En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.

Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.

En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution.

Article 121 .- Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.

Article 122 .- Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :

1.- les droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;

2.- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

3.- les conditions d’établissement des personnes ;

4.- la législation de base concernant la nationalité ;

5.- les règles générales relatives à la condition des étrangers;

6.- les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;

7.- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;

8.- les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;

9.- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;

10.- le découpage territorial du pays ;

11.- l’adoption du plan national ;

12.- le vote du budget de l’Etat;

13.- la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;

14.- le régime douanier ;

15.- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;

16.- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;

17.- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;

18.- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical ;

19.- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;

20.- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;

21.- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

22.- le régime général des forêts et des terres pastorales ;

23.- le régime général de l’eau ;

24.- le régime général des mines et des hydrocarbures ;

25.- le régime foncier ;

26.- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ;

27.- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;

28.- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;

29.- la création de catégories d’établissements ;

30.- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Article 123 .- Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :

.- l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;

.- le régime électoral ;

.- la loi relative aux partis politiques ;

.- la loi relative à l’information ;

.- les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;

.- la loi cadre relative aux lois de finances ;

.- la loi relative à la sécurité nationale.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.

Article 124 .- En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’inter.-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.

Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.

Article 125 .- Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.

L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.

Article 126 .- La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.

Article 127 .- Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.

Article 128 .- Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Article 129 .- Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Article 130 .- A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.

Article 131 .- Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Article 132 .- Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Article 133 .- Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.

Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Article 134 .- Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.

Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès.-verbaux des débats du Parlement.

Article 135 .- A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Article 136 .- La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Article 137 .- lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

Chapitre III. Du pouvoir judiciaire

Article 138 .- Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.

Article 139 .- Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Article 140 .- La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.

Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.

Article 141 .- La justice est rendue au nom du peuple.

Article 142 .- Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 143 .- La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.

Article 144 .– Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 145 .- Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

Article 146 .- La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 147 .- Le juge n’obéit qu’à la loi.

Article 148 .- Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 149 .- Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

Article 150 .- La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Article 151 .- Le droit à la défense est reconnu.

En matière pénale, il est garanti.

Article 152 .- La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.

Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.

La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.

Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d’Etat.

Article 153 .- L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.

Article 154 .- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Article 155 .- Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.

Article 156 .- Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Article 157 .- La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.

Article 158 .- Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur fonction.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

TITRE TROISIEME. DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES

Chapitre I. Du Contrôle

Article 159 .- Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Article 160 .- Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.

Article 161 .– Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.

Article 162 .- Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 163 .- Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Article 164 .- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation, un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.

Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du Conseil Constitutionnel.

Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.

Article 165 .- Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux.-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.

Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Article 166 .- Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.

Article 167 .- Le Conseil Constitutionnel délibère à huis.-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.

Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Article 168 .- Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Article 169 .- Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle.-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Article 170 .- Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à postériori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics.

La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.

La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations

Chapitre II. Des institutions consultatives

Article 171 .- Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :

.- d’encourager et de promouvoir l’ijtihad;

.- d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;

.- de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.

Article 172 .- Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Article 173 .- Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui.-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.

TITRE QUATRIEME. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 174 .– La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif.

Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Article 175 .- La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Article 176 .- Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois.-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Article 177 .- Les trois.-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.

Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Article 178 .- Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

1.- au caractère républicain de l’Etat;

2.- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme;

3.- à l’Islam, en tant que religion de l’Etat;

4.- à l’arabe, comme langue nationale et officielle;

5.- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen;

6.- à l’intégrité et à l’unité du territoire national.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 179 .- L’instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le Président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, légiférent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.

Article 180 .- En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :

.- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution;

.- le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;

.- l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation.

Article 181 .- Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.

Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.

Article 182 .- Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.

01Ene/14

Jurisprudencia Informatica de Juzgado Comercial nº 18. Sec. nº 36, 23 octubre 2001. Expt. 39749 s/correo electrónico

Juzgado Comercial nº 18. Sec. nº 36, 23 octubre 2001. Expt. 39749 s/correo electrónico

Expte. 39749 – «G., D. E. c/C. SA s/ diligencia preliminar» – JUZGADO COMERCIAL nº 18 Sec. nº 36 de 23/10/2001

«La Corte ha considerado a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en términos sustancialmente entrañables, calificándolos como un derecho «básico» o «fundamental» de la persona humana.

No se advierten motivos para que -aún sin existencia de legislación específica- el denominado «correo electrónico» escape a dicha protección, tanto más si así fue admitido jurisprudencialmente en el ámbito del derecho penal, donde la analogía está prohibida (CNCrim. y Correc., Sala VI, marzo 4-999, «Lanata, Jorge»).

Sin perjuicio de lo expuesto, el caso en examen debe resolverse considerando que se trata en el caso de mensajes atinentes a una contratación mercantil. La exhibición de la correspondencia entre comerciantes con motivo de una negociación debe asimilarse a la parcial de los libros de comercio, que es admitida por la legislación mercantil en caso de pleito pendiente, o como medida preliminar, pues reposa en el principio de la comunidad de los asientos.

Sin embargo, se ha dicho que ello no autoriza a efectuar esa exhibición en forma compulsiva, ya que la negativa trae aparejada la sanción prevista por el art. 56, es decir, el litigio será resuelto en función de los libros de su adversario. Siendo así, la medida requerida aparece violatoria del principio de igualdad procesal que este Juez debe preservar (art. 34, inc. 5° c) del Código Procesal).»

Buenos Aires, Octubre 23 de 2001

1. El demandante solicitó «la constatación judicial acerca de la existencia en los equipos de computación sito en las oficinas de la calle… de mensajes electrónicos enviados a la bandeja de entradas de Outlook y/o sistema similar donde se archiven los mails» y que lo tengan como «remitente, destinatario o con copia» a él mismo.

Justificó su medida de prueba anticipada en el hecho que la misma pueda desaparecer o tornarse impracticable con el transcurso del tiempo, ya que «con sólo apretar una tecla del equipo de computación desaparecerían todos los mails que le han sido enviados a la demandada» al equipo de computación por ella utilizado en esas oficinas. Esos «mails» -según el demandante- acreditarían parte de las razones por las cuales rescindió el contrato que la unía con la recipiendaria de los mensajes.

2.1. Que antes de ingresar al análisis procesal de la procedencia de la medida de prueba anticipada, vale la pena formular algunas reflexiones sobre el desafío que para la resolución de los conflictos judiciales presentan las tecnologías de la información (TI).

En tal sentido, se ha dicho que «El ambiente de las redes digitales, que transmiten información de diversa naturaleza a alta velocidad y que permiten la interconexión masiva ha afectado a todas las actividades, generando con ello una nueva forma de relación. En la visión de Gordon Moore, la potencia de los microprocesadores -que posibilitan aquél entorno- se duplica cada dieciocho meses;; pudiendo asumirse esa evolución como la tasa de crecimiento de la tecnología. Es precisamente el postulado de la Ley de Moore, el que subyace detrás de afirmaciones que alertan acerca de los efectos «del incesante progreso tecnológico», «del súbito impacto de las nuevas tecnologías» y de otras similares sentencias que intentan -a veces dogmáticamente- lograr alguna explicación a esta crisis. Descollando la arquitectura del chip, la causa primera y esencial de esta transformación -y con ello la de la alta tecnología- reside en aquella persona que tiene la idea generadora: quien está detrás -antes- del producto terminado. Es aquél que escribe en laboratorios de investigación a la nueva ley; la que con tácita autoridad prorroga todas las jurisdicciones, rige nuestra vida en este tramo de la historia reciente y conmueve al sistema legal «off line». Hoy, para reducir la complejidad de un conflicto que las involucre y resolverlo -en cualquier sede- no basta el dominio de una ciencia en particular: es necesario el conocimiento y aún la pericia en los aspectos centrales de estas nuevas tecnologías.» (Gustavo Quetto, «La información es la medida de la libertad», http://www.lawnuevo.com).

2.2.Dicho esto, es preciso también formular algunas consideraciones previas acerca de la naturaleza del llamado -con alguna imprecisión del lenguaje- «correo electrónico» o «e-mail» (por electronic mail).

La historia del correo electrónico indica que fue Leonard Kleinrock, un profesor de informática de la universidad de UCLA, quien mandó el primer mensaje de e-mail a un compañero en Stanford (cfr. Irene Albarrán Lozano, Carmen de Pablos Heredero, Antonio Montero Navarro, «Uso del correo electrónico: Un análisis empírico en la UCM» (http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9909/9909.htm). Pero no fue sino hasta 1971 que Ray Tomlinson, un ingeniero de la firma Bolt Beranek y Newman, contratada por el gobierno de los Estados Unidos para construir la red Arpanet (la precursora de Internet), tuvo la idea de crear un sistema para enviar y recibir mensajes por la red. Tomlinson había escrito un programa para que los desarrolladores de la Arpanet se dejaran mensajes en las computadoras que compartían (15 en toda la red nacional. Jugando con otro protocolo para transferir archivos entre las máquinas diseminadas por la red, notó que juntos podían usarse para acceder a todas las casillas de correo. Allí eligió la arroba, que en inglés se lee «at» (en tal lugar), para especificar el destinatario del mensaje: Fulano en tal lugar. Acto seguido, se envió un mensaje a sí mismo y dio inicio a la era del e-mail, aunque él mismo no lo consideró entonces un invento importante(http://www.maccare.com.ar/Historia1.htm).

Sin embargo, su uso se extendió de forma gradual con el uso de los «mainframes» y miniordenadores basados en redes locales en los setenta y tuvo un rápido crecimiento con el uso de Internet en la década de los ochenta. El correo electrónico en sus inicios se plantea como un medio de intercambio de información para grupos pequeños y selectos. Actualmente su uso se ha extendido a millones de usuarios por todo el mundo, y es el servicio más utilizado de los que existen hoy en Internet (cfr. Irene Albarrán Lozano, Carmen de Pablos Heredero, Antonio Montero Navarro, ob. cit.; María Luisa Fernández Esteban, «Nuevas tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales», Ed. Mac Graw Hill, Madrid, 1998, p. 26), llegando a circular cada día en la red mas de 7.000 millones de correos electrónicos, según recientes cálculos (diario Clarín del 15 de Octubre de 2001, página 63, http://www.clarin.com/diario/hoy/s-06301.htm).

Una publicación oficial de «El Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas (SLNG)y La Fundación Friedrich Ebert(Nueva York), definió al correo electrónico como «un equivalente electrónico del correo convencional con papel», y «una de las aplicaciones más frecuentemente utilizadas de las comunicaciones por computadoras. Con el correo electrónico las personas pueden enviar mensajes a un receptor, o a varios receptores simultáneamente, con un tiempo de envío que va de los pocos segundos a algunas horas, hasta más de un día en algunos casos dependiendo del servicio utilizado.» («EL CORREO ELECTRONICO @ SU ALCANCE», http://www.fes.de/organisation/america/handbook/esp/index.html)

El texto adoptado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) en su 29º período de sesiones (Nueva York, 28 de mayo a 14 de junio de 1996), llamado Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, estableció en su artículo 2 la siguientes definiciones (véase el texto completo en http://www.zur2.com/users/fipa/objetivos/leyextran/cnudmi.htm):

«a) Por «mensaje de datos» se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax;

«b) Por «intercambio electrónico de datos (EDI)» se entenderá la transmisión electrónica de información de una computadora a otra, estando estructurada la información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto;

«c) Por «iniciador» de un mensaje de datos se entenderá toda persona que, a tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título de intermediario con respecto a él;

«d) Por «destinatario» de un mensaje de datos se entenderá la persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no éste actuando a título de intermediario con respecto a él;

«e) Por «intermediario«, en relación con un determinado mensaje de datos, se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él;

«f) Por «sistema de información» se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.»

Si bien es de cierta ambigüedad el término mensaje «electrónico» cuando los datos así volcados inicialmente son transmitidos en algunos casos a través de redes de fibra óptica (donde los datos dejan de tener soporte electrónico para transformarse en luz o «no-luz»), acierta el proyecto cuando entiende al «intercambio electrónico de datos (EDI)» como «la transmisión electrónica de información de una computadora a otra» (así se inicia), y define al mismo tiempo a la figura del «intermediario» y al «sistema de información» (véase una guía actualizada de legislación comparada sobre documentos electrónicos en http://www.lawnuevo.com/f_links.htm ).

En ese sentido, es de público y notorio conocimiento que la forma actual mas popular y difundida de envíos de mensajes de correo electrónico se produce a través de la InterNet (cuyo acceso a todos los habitantes de la República Argentina fue declarado de interés Nacional por el Poder Ejecutivo Nacional a través del -BO: 23/06/97 Decreto 554/97) donde la comunicación entre computadoras raramente se establece en forma directa sino por medio de los llamados ISP (proveedores de servicio de Internet) a través del manejo de las cuentas llamadas POP3 (abreviatura de Post Office Protocol Versión 3, es un estándar que define el acceso a un buzón de correo en una máquina host que se encuentra en la red, que permite al usuario transferir el correo alojado en el servidor a su propia computadora (cfr. Federico Carlos Vibes, «Internet y Privacidad.

La difusión en Internet de imágenes lesivas de la intimidad, el honor y otros derechos personalísimos, La Ley , 2000-D, p. 1013; http://vip.interplanet.es/faq2/general.htm y http://www.digigrup.net/faq.htm). Alcanza con utilizar cualquier programa de los llamados «ruteadores» (vgr. NEOTRACE que se consigue en http://www.neotrace.com) para verificar todos los ISP por los que circula la información de una computadora hasta alojarse en otra. Ello ha dado lugar a profusa doctrina e incipiente legislación y fallos sobre la responsabilidad por daños de estos proveedores, tema ajeno al marco de esta resolución.

2.3. Nuestro país carece todavía tanto de una ley de regulación del comercio electrónico, como de otra relativa a la certificación de la firma digital, necesaria para validar la autenticidad, integridad y el no repudio del llamado documento electrónico (cfr. Ana I. Piaggi, «El Comercio electrónico y el nuevo escenario de los negocios», La Ley, 1999-E, p. 1186; Apolonia Martínez Nadal, «Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación», Editorial Civitas, 2da. Edición, Islas Baleares, 2000, p. 39 y sgtes.).

En el ámbito de la administración pública, el art. 30 de la ley 24.624 (Presupuesto Nacional para 1996) autorizó a almacenar su documentación en medios electrónicos u ópticos indelebles, la que en esas condiciones tiene pleno valor probatorio a los fines legales. El documento original en papel, luego de reproducido, pierde su valor jurídico.

Los antecedentes reseñados por la COMISION REDACTORA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FIRMA DIGITAL refieren a normativas dictadas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, al amparo de dicha ley, mas inaplicables a los actos jurídicos cuyas formas están regidas por los Códigos de fondo. Estas son:

Decreto nº 427/98 del PODER EJECUTIVO. Firmas Digitales para la Administración Pública Nacional. Autoriza el empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional, que no produzcan efectos jurídicos individuales en forma directa. La firma digital tiene los mismos efectos de la firma manuscrita, siempre que se hayan cumplido los recaudos establecidos y dentro del ámbito de aplicación en el Sector Público Nacional, dentro del cual se comprende la administración centralizada y la descentralizada, los entes autárquicos, las empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, los bancos y entidades financieras oficiales y todo otro ente, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, en que el Estado Nacional o sus organismos descentralizados tengan participación suficiente para la formación de sus decisiones. La correspondencia entre una clave pública, elemento del par de claves que permite verificar una firma digital, y el agente titular de la misma, se acredita mediante un certificado de clave pública emitido por un certificador de clave pública. Se establecen los requisitos y condiciones para la vigencia y validez de los certificados de clave pública (emisión, aceptación, revocación, expiración y demás contingencias del procedimiento), así como las condiciones bajo las cuales deben operar los certificadores de clave pública licenciados integrantes de la citada Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional. (http://www.pki.gov.ar/PKIdocs/Dec427-98.html; http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/50410.htm )

Resolución MTSS nº 555/97 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL . Normas y Procedimientos para la Incorporación de Documentos y Firma Digital. Define el documento digital, la firma digital, el certificador de clave pública, el certificado, la clave privada, la clave pública y establece que los documentos digitales se considerarán válidos y eficaces, surtiendo todos los efectos legales y probatorios cuando estén firmados digitalmente.

Resolución SAFJP nº 293/97 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACION Y PENSIONES. Incorporación del Correo Electrónico con Firma Digital. Establece que los CD-ROMs remitidos por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, debidamente identificados por el Sistema, serán válidos y eficaces, surtiendo todos los efectos legales y probatorios, a partir de la fecha y hora en que queden disponibles en las bandejas de entrada y que la firma electrónica o clave de seguridad habilitante para acceder al sistema poseerá el mismo valor legal que la firma manuscrita. (http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/43569.htm)

Resolución SFP nº 45/97 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. Incorporación de Tecnología de Firma Digital a los Procesos de Información del Sector Público. La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA adhiere y hace suyos los conceptos vertidos por el Sub-Comité de Criptografía y Firma Digital del CUPI en el documento «Pautas Técnicas en la Materia de Normativa de Firma Digital» y autoriza el empleo de ésta tecnología para la promoción y difusión del documento y la firma digitales en el ámbito de la Administración Pública Nacional(http://www.pki.gov.ar/PKIdocs/Res45-97.html; http://www.sfp.gov.ar/res45.html ).

Resolución SFP nº 194/98 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. Estándares Aplicables a la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional del Decreto nº 427/98.(http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/54714.htm; http://ol.pki.gov.ar/standard/actual.html).

Resolución SFP nº 212/97 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. Políticas de Certificación para el Licenciamiento de Autoridades Certificantes (http://ol.pki.gov.ar/policy/actual.html; http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/55346.htm).

Decreto 1335/99 del PEN (BO, 19/11/99), que declara de interés nacional el proyecto «una dirección de correo electrónico para cada argentino», en el marco del programa «argentin@internet todos», destinado a proveer una cuenta de correo electrónico gratuita a cada habitante de la República Argentina que posea documento nacional de identidad y a cada persona jurídica que posea clave única de identificacion tributaria.

Resolución Nro. 4536/1999 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES (BO, 21/12/199), por el cual se designa al correo oficial de la República Argentina como autoridad oficial de certificacion de la firma digital de los poseedores de una dirección de correo electrónico asignada de conformidad con lo establecido por el decreto nro. 1335/99. mecanismos y procedimientos para que cada habitante disponga de una casilla de correo electronico.

Ley 25.237 (Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio de 2000, BO, 10/01/2000), cuyo ARTICULO 61 establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ejercerá las funciones de Organismo Auditante en el régimen de empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional.

El proyecto de LEY DE PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO (http://infoleg.mecon.gov.ar/normas/68794.htm) indica en su artículo 1° que «Se entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras». Si bien es criticable en estos tiempos tanto la denominación de «electrónico» como la condición de validez jurídica a una «red de interconexión entre computadoras» (descartando las conexiones «punto a punto»), es importante la definición que seguidamente se establece en el art. 2: «A los efectos legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. La protección del correo electrónico abarca su creación, transmisión y almacenamiento.»

No puede sino compartirse esa equiparación, ya consagrada constitucional y legalmente -explícita o implícitamente- en otros países latinoamericanos(entre otros, en Venezuela, la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece en su art. 5° que «Los Mensajes de Datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan los derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información personal»; en Ecuador, el Art. 22, inc. 9° de su Constitución dice: «9. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Solo podrá ser aprehendida, abierta y examinada en los casos previstos en la Ley. Se guardara absoluto secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare su examen. El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones telegráficas, cablegráficas, telefónicas, electrónicas y otras similares. Los documentos obtenidos con violación de esta garantía no harán fe en juicio y los responsables serán sancionados conforme a la Ley»; ver también en el mismo sentido, las Constituciones de: Costa Rica: art. 24; Cuba: art. 57; Paraguay: art. 36; Perú: art. 2; República Dominicana: art. 8; Uruguay: art. 28).

3.1. La protección constitucional a la «correspondencia epistolar» (art. 18) ha sido ratificada con toda amplitud por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Dessy, Gustavo Gastón s/ corpus corpus» con motivo de restricciones impuestas al demandante por aplicación del Reglamento dictado por el Servicio Penitenciario Federal sobre correspondencia remitidas por los internos.

Particularmente, el voto de la mayoría integrada por los Ministros Fayt, Petracchi y Boggiano recordó que «el Tribunal ha considerado a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en términos sustancialmente entrañables, calificándolos como un derecho «básico» o «fundamental» de la persona humana (Fallos: 308:1392, págs. 1428 y 1475. Asimismo: Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 12; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, art. X; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2).

Dada la explicación efectuada en los apartados anteriores, no se advierten motivos para que -aún sin existencia de legislación específica- el denominado «correo electrónico» escape a dicha protección, tanto más si así fue admitido jurisprudencialmente en el ámbito del derecho penal, donde la analogía está prohibida (CNCrim. y Correc., Sala VI, marzo 4-999, «Lanata, Jorge», La Ley, 1999-C-458, con nota de Marcelo Alfredo Riquert).

Así, desde el punto de vista en examen, puede afirmarse que los derechos, garantías, obligaciones y responsabilidades en la red -aún reconociendo la novedosa trama de vínculos jurídicos que ha puesto al descubierto- no pueden ser medidos con diferente vara que los derechos, garantías, obligaciones y responsabilidades fuera de la red (en tal sentido, Vibes, ob. cit., p. 1018). Que en ese orden se inscribe la Resolución del Consejo de Telecomunicaciones de la Unión Europea para impedir la difusión de contenidos ilícitos en Internet. Así, es de resaltar que ese órgano advirtió en punto a que la legislación nacional de cada uno de los países miembros resulta aplicable a la red porque «…lo que es ilícito fuera de línea lo es también en línea.» (Res. 27/9/96).

La conclusión contraria -en nuestro país- llevaría casi al establecimiento de fueros personales (o reales) que la Carta Magna repugna (art. 16 CN).

En otras palabras, no debe analizarse si los derechos y garantías Constitucionales se adecuan a las nuevas tecnologías de la información, sino -por el contrario- verificar si éstas, en su instrumentación, son respetuosas de los derechos de los ciudadanos (véase al respecto http://ciberderechos.8k.com/).

Sin embargo, tampoco la Constitución puede aparecer como un obstáculo -por omisión- para eludir la resolución de los conflictos provocados por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, cuando puede estar comprometida una garantía por aquella protegida. En ese sentido, se ha dicho que si bien la letra del art. 18 de la Constitución Nacional al consagrar el principio de inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de los papeles privados, no pudo referirse a las comunicaciones telefónicas, es evidente que analógicamente cabe extender a éstas la inviolabilidad prevista para aquellas (CNCom., Sala D, mayo 18-989, «Sananes, José F. C/ Unifarma SA», La Ley, 1989-D, 329).

3.2. Que sin perjuicio de lo expuesto, el caso en examen debe resolverse considerando que se trata en el caso de mensajes atinentes a una contratación mercantil.

En el mencionado caso «Dessy..», la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: «los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, a un sujeto de obligaciones tributarias, etc.; por ello ha interpretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser «única y general» (Fallos: 171:348, pág. 364, entre otros)» (voto de los Dres. Fayt, Petracchi y Boggiano que integraron la mayoría).

Que los motivos invocados para la medida pedida -intrusión en la computadora de la demandada para establecer la remisión o recepción de correo electrónico que justificaría la rescisión del contrato que habría unido a las partes- deben analizarse en principio, en el ámbito mercantil, a la luz de lo dispuesto por los arts. 33, inc. 3°, 149, 208, inc. 4° y 214 del Código de Comercio. El art. 33 obliga a «los que profesan el comercio» a «someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil», entre ellos el de la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros de la contabilidad» (cfr. Fernández – Gómez Leo, «Tratado Teórico – Práctico de Derecho Comercial», Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, t. II, p. 110).

El art. 149, por su parte, alude expresamente a las «obligaciones contraídas por correspondencia» con relación a los dependientes del comerciante.

Finalmente, mientras el art. 208 dice que «Los contratos comerciales pueden justificarse…por la correspondencia epistolar y telegráfica (inc. 4°)», el art. 214 indica que ésta última se rige por las mismas disposiciones relativas a la epistolar, para la celebración de contratos y demás efectos jurídicos.

También los arts. 1147, 1181, 1214 y 1662 del Código Civil aluden a la correspondencia como forma de prestar consentimiento a los contratos; de juzgar la validez de sus formas; de sus efectos; o la vigencia de la sociedad.

3.3. Que en ese marco normativo, y a la luz de la señalada garantía del art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. Fernández – Gómez Leo, ob. cit. T. II, p. 126), debe distinguirse entre el efecto probatorio de la correspondencia epistolar entre comerciantes (sea para la celebración del contrato, sea para su ejecución, o sea para su rescisión) de la posibilidad de ordenar, de manera genérica, el allanamiento de su correspondencia en busca de la que presume el contrario será favorable a sus intereses.

Que a tal efecto, la exhibición de la correspondencia entre comerciantes con motivo de una negociación debe asimilarse a la parcial de los libros de comercio, que es admitida por la legislación mercantil en caso de pleito pendiente, o como medida preliminar, pues reposa en el principio de la comunidad de los asientos (art. 59, Código de Comercio;; cfr. Fernández – Gómez Leo, ob. cit., t. II, p. 127 y sgtes.).

Sin embargo, se ha dicho que ello no autoriza a efectuar esa exhibición en forma compulsiva, ya que la negativa trae aparejada la sanción prevista por el art. 56, es decir, el litigio será resuelto en función de los libros de su adversario (cfr. Fernández – Gómez Leo, ob. cit., t. II, p. 137).

3.4. Que además de lo expuesto, no puede dejar de merituarse que si bien es cierto el art. 387 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que «Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales», y que «El juez ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciación alguna, dentro del plazo que señale», no es menos cierto que el art. 388 que le sigue y el 36, inc. 2 c), con el que ambos concuerdan, no autorizan al Juez al secuestro o exhibición compulsiva de esos documentos sino tan sólo a considerar la negativa a presentarlos, como una presunción en contra del renuente, en concordancia también con la mencionada normativa del Código de Comercio.

Que por otra parte, tampoco puede dejar de advertirse que mientras la medida que pide el demandante supone el allanamiento de equipos de computación de la demandada para determinar la existencia de correos electrónicos por aquella supuestamente remitidos, o enviados a su parte por la propia demandada, ha omitido toda mención al texto de esos correos y los por ella misma recibidos, ni acompañado copia de los mismos, siendo que, por los usos y costumbres comerciales (art. 5 del Título Preliminar del Código de Comercio), la existencia de esas copias puede presumirse tanto en los propios equipos de computación de la accionante como en los de su Proveedor de Servicios de Internet (ISP), a quien tampoco individualizó. Siendo así, la medida requerida aparece violatoria del principio de igualdad procesal que este Juez debe preservar (art. 34, inc. 5° c) del Código Procesal).

Nótese además en tal sentido que en aplicación de ese principio, el art. 356 del mismo Código obliga a la demandada a «…Reconocer o negar categóricamente…la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen», contemplando seguidamente que «..su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso».

3.5. Que por último, no empece a lo expuesto la previsión del art. 326, inc. 2° del Código Procesal, desde que el ámbito de aplicación de dicha norma no invade las limitaciones impuestas por el resto de las citadas en los párrafos precedentes.

Por todo lo expuesto, y con el alcance que se desprende de la presente, RESUELVO rechazar la medida de prueba anticipada. Notifíquese por cédula por Secretaría.(fdo).

FDO.: Javier E. Fernández Moores. Juez.

01Ene/14

Jurisprudencia Informatica de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) 14.09.1998

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) 14.09.1998

Órgão: Terceira Turma Cível

Nº. Processo: 1998.00.2.001993-7

Agravante: REGINALDO OSCAR DE CASTRO

Advogado: Dr. Sérgio Carvalho

Agravada: DELFINA MARIA FIGUEIRA DE MELLO NEVARES

Relator Des.: ANGELO PASSARELI

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR. CONCESSÃO.
Concede-se a liminar em ação cautelar inominada quando presentes os pressupostos específicos das medidas cautelares e incidente na espécie o disposto no artigo 804 do CPC.
Agravo de Instrumento provido

ACÓRDÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI – Relator, MARIA BEATRIZ PARRILHA e NÍVIO GONÇALVES – Vogal, sob a presidência do Desembargador NÍVIO GONÇALVES, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO. NO MÉRITO DAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.
Brasília-DF, 14 de setembro de 1998.

Desembargador NÍVIO GONÇALVES
Presidente
Desembargador ANGELO PASSARELI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão encontrada por cópia à fl. 133, onde Sua Excelência, o Juiz de Direito em exercício na Décima Primeira Vara Cível de Brasília, indeferiu a liminar em ação cautelar inominada intentada pelo Agravante contra a Agravada, visando a obter provimento judicial no sentido de proibi-la de veicular, sob pena do cometimento do crime de desobediência, através da rede mundial de computadores denominada INTERNET, correspondência sob a forma de correio eletrônico, no qual, afirma o Requerente/Agravante, a Agravada tem o intuito ilícito de «denegrir a imagem e violar a honra do Autor».

A correspondência em questão está formalizada em oitenta e sete laudas, contendo relato elaborado pela Agravada e transcrições de autos de processos encerrados e em tramitação, cíveis e criminais, que também têm como partes a Agravada e o Agravante, incluindo interrogatórios, depoimentos de testemunhas, atas de audiências, correspondências familiares e de terceiros e notícias divulgadas pela imprensa escrita.

O texto em questão é uma compilação das mazelas decorrentes do frustrado casamento que existiu entre as partes, sendo que os fatos noticiados englobam um período de tempo de cerca de dezesseis anos, envolvendo questões pessoais e patrimoniais, com comentários valorativos formulados pela Agravada, uma série de condições para contratação de causídico e até mesmo recados para o Agravante (fls. 33/121 do instrumento).

O pedido de provimento liminar formulado no recurso foi decidido da seguinte maneira, verbis:
«A matéria relativa à atribuição de segredo de justiça ao processo não foi decidida pelo juízo monocrático, não sendo possível examiná-la neste sede recursal, sob pena de se operar supressão de instância.

Ainda que a divulgação dos fatos tenha ocorrido com o intuito declarado de realizar a contratação de advogado, entendo, prima facie, que a privacidade do Agravante está sendo violentada pela atitude da Agravada.

Concedo efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando à Agravada que se abstenha de expedir a correspondência em questão (divulgação de fatos relacionados ao Agravante) através da rede mundial de computadores denominada INTERNET, ainda que em forma resumida, ampliada, modificada ou em excertos.

Intime-se a Agravada, por mandado, para cumprimento desta decisão, sob pena de cometimento do crime de desobediência; intimem-na, ainda, no mesmo ato de execução, para os fins previstos no inciso III do artigo 527 do CPC.

Intime-se a pessoa indicada na inicial como Provedor de acesso à INTERNET para que observe o conteúdo da presente decisão.

São dispensáveis as informações do Juízo de origem; apenas comunique-se a decisão.»

Intimada por mandado, a Agravada ingressou nos autos com a petição de fls. 148/155, acompanhada dos documentos de fls. 156/180, onde declara que não dispõe do jus postulandi, mas apresenta extensa impugnação aos argumentos do Agravante.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI – Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Deixo de apreciar o pedido de imposição de segredo de justiça ao processo pelo fundamento já declinado na decisão de fl. 137, ou seja, em virtude de não haver essa questão sido objeto de apreciação na decisão recorrida.

Deixo, igualmente, de apreciar as objurgações trazidas pela Agravada em sua peça de resposta ao recurso, haja vista que declarou expressamente não possuir o jus postulandi, sendo-lhe vedada, então, a atividade de procurar em Juízo, ainda que em causa própria, nos termos do disposto no artigo 36, caput, do Código de Processo Civil, e artigo 1º, caput, da Lei 8.906/94.
No que tange ao mérito do recurso, creio que assiste razão ao Agravante.

Ainda que a correspondência eletrônica se resumisse a simples transcrições de atos processuais, entendo que a exposição das mazelas familiares e pessoais do relacionamento conjugal desfeito estaria a ultrapassar os limites do direito de livre expressão da Agravada, pois é perceptível que a divulgação e rememoração de questões familiares resolvidas com imensos sofrimentos e mágoas recíprocos pode estar sendo realizada com o intuito de atingir a privacidade e a boa fama do Agravante.

É preciso não se perder de vista que se trata da decisão de pedido de liminar em ação cautelar, onde deve ser verificada tão-somente a ocorrência dos pressupostos específicos das medidas cautelares e a subsunção da espécie ao disposto no artigo 804 do CPC.
Nenhuma dúvida existe sobre a coexistência desses pressupostos no caso dos autos: fumus boni juris e periculum in mora, entende este Relator, são aferíveis prima facie, pois a tônica da correspondência eletrônica expedida é a de divulgar que o Agravante é pessoa despida de qualquer valor moral, utilizando-se indevidamente da «máquina estatal», havendo induzido órgãos judiciários a «erros de valoração», entre outros graves defeitos de caráter assacados contra ele, segundo o entendimento da Agravada.

Quanto à previsão encontrada no artigo 804 do CPC, também se perfaz na espécie, pois caso fosse a Agravada citada para o processo cautelar poderia remeter o malsinado correio eletrônico quantas vezes desejasse, pois inexistiria qualquer óbice para tanto.

Senhor Presidente, deixo aqui de transcrever a exaustiva correspondência organizada pela Agravada com o intuito declarado de contratar advogado para litigar contra o Agravante, mas que indubitavelmente acarreta efeitos danosos à privacidade e exigida boa fama do Agravante, haja vista o exercício do cargo de Presidente do Conselho Federal da OAB, já que o mérito do recurso, conforme dito anteriormente, limita-se à apreciação do pedido de liminar.

A Agravada é pessoa culta, com inteligência acima da média, pelo que pôde este Relator perceber pelas manifestações dela nestes autos.

Utiliza-se de indagações e assertivas genéricas, mas repletas de poder ofensivo.
Julgo, pois, procedente o recurso, confirmando a decisão proferida à fl. 137.
Na peça que entranhou nos autos como resposta ao recurso de Agravo, a Agravada requereu a reconsideração da decisão proferida por este Relator à fl. 137, utilizando-se da seguinte argumentação, verbis:

«Exa., é fato público e notório a crise do Judiciário brasileiro.
Em que pese a crise estrutural nada justifica a crise moral.» (fl. 155)

Senhor Presidente, a análise desse trecho revela que a Agravada insinua contra esta E. Casa, ou ao menos contra este Relator, a pecha de estar passando por uma crise moral.

Quero deixar expresso o meu repúdio a essa maldosa insinuação.
Trata-se de sofisma que busca, ao mesmo tempo, atingir a honra dos Magistrados e esconder-se na repetição de frases moldadas pelos meios de comunicação.

Este Relator, Senhor Presidente, não conhece as partes deste processo, entendendo ser leviana essa insinuação.

É como voto.

A Senhora Desembargadora MARIA BEATRIZ PARRILHA – Vogal
Com o Relator.
O Senhor Desembargador NÍVIO GONÇALVES – Presidente e Vogal

Neste recurso, onde a análise é superficial, creio que o fumus boni juris e periculum e in mora, essenciais para o seu provimento estão presente.

Na ação em tramitação em Primeiro Grau, a matéria deve ser aprofundadamente analisada.
Os ataques à Justiça são próprios de quem não tem argumentos sólidos e jurídicos para conseguir êxito na pretensão deduzida.
Com o eminente Relator.

DECISÃO

Agravo de instrumento conhecido. No mérito, deu-se provimento. Unânime.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 765 de 31 de Julio de 2002

Ley 765 de 31 de Julio de 2002 , por medio de la cual se aprueba el «Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía», adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. (Diario Oficial Nº 44.889, de 5 de agosto de 2002).

El Congreso de la República

Visto el texto del «Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía», adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000, que a la letra dice:

«PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCION INFANTIL Y LA UTILIZACION DE LOS NIÑOS EN LA PORNOGRAFIA

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 1º, 11º, 21º, 32º, 33º, 34º, 35º y 36º, sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,

Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social,

Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía,

Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su prostitución,

Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las niñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que la representación de niñas entre las personas explotadas sexualmente es desproporcionadamente alta,

Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros medios tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet,

Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeco-nómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños,

Estimando que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y estimando también que es importante fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como mejorar la represión a nivel nacional,

Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así como el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,

Alentados por el abrumador apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y protección de los derechos del niño,

Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, así como la Declaración y el Programa de Acción aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996, y las demás decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales competentes,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso del niño,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1º. Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.

Artículo 2º. A los efectos del presente Protocolo:

a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;

b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remun eración o de cualquier otra retribución;

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.

Artículo 3º.

1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente:

a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2o.:

i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:

a) Explotación sexual del niño;

b) Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;

c) Trabajo forzoso del niño;

ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción;

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el sentido en que se define en el artículo 2o.;

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2o.

2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de estos actos.

3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad.

4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1º. del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal civil o administrativa.

5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables,

Artículo 4º.

1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1º. del artículo 3º., cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que enarbolen su pabellón.

2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. en los casos siguientes:

a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residencia habitual en su territorio;

b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado.

3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de sus nacionales.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 5º.

1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3º. se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición que celebra entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados.

2. El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invoca el presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artículo 4o.

5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. y el Estado requerido no la concede o no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento.

Artículo 6º.

1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1º. del artículo 3º., en particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1o. del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación.

Artículo 7º. Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes:

a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda:

i) Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el presente Protocolo;

ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos;

b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se proceda a la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades a que se refiere el inciso i) del apartado a);

c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los locales utilizados para cometer esos delitos.

Artículo 8º.

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán:

a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos;

b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa;

c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas procesales de la legislación nacional;

d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas;

e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas;

f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias;

g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños víctimas.

2. Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales, incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.

3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a que se atienda sea el interés superior del niño.

4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que trabajen con víctimas los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo.

5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos.

Artículo 9º.

1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.

2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la participación de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas, en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica.

4. Los Estados Partes asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsables, reparación por los daños sufridos.

5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en el presente Protocolo.

Artículo 10º.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los Estados Partes promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las organizaciones internacionales.

2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración social y repa-triación.

3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual.

4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas existentes en el plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas.

Artículo 11º. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjuicio de cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que esté contenida en:

a) La legislación de un Estado Parte;

b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado.

Artículo 12º.

1. En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo.

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la aplicación del Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años.

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes cualquier información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 13º.

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado.

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 14º.

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 15º.

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido antes de la fecha en que aquella surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Artículo 16º.

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas.

Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1o. del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.

Artículo 17º.

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, adopted by the General Asembly of the United Nations on 25 May 2000, the original of which is deposited with the Secretary General of the United Nations.

For the Secretary General
The Assistant Secretary General in charge of the Office of Legal Affairs

Ralph Zacklin.

United Nations, New York, 1 June 2000.

Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme du Protocole facultatif á la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scéne des enfants, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, et dont l'original se trouve déposé auprés du Secrétaire général des Nations Unies.

Pour le Secrétaire général

Le Sour Secrétaire général chargé du Bureau des affaires juridiques

Ralph Zacklin.

Organisation des Nations Unies, New York, le 1er juin 2000″.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
Presidencia de la Republica
Bogotá, D. C., 15 de mayo de 2001

Aprobado, sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

Artículo 1º. Apruébese el «Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía», adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º. de la Ley 7ª de 1944, el «Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía», adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República, Carlos García Orjuela.

El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República, Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA .GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Proyecto de Ley para el acceso y universalización de Internet, de 22 de abril de 2002. Expediente número 14.700.

Proyecto de Ley para el acceso y universalización de Internet, de 22 de abril de 2002. Expediente número 14.700.

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La red Internet nace como uno de los inventos que posibilitaría mejorar las comunicaciones en operaciones tan especializadas como las militares, aeronáutica e investigación espacial entre otras.

Más tarde se extiende su uso para fines académicos en diferentes universidades y centros de investigación, para dar paso luego a una red comercial que se ha extendido exponencialmente por todo el mundo.

Esta red se ha hecho indispensable para realizar una serie de actividades que van desde lo comercial hasta lo académico. Esto ha venido provocando la necesidad de crear legislación tendiente no solo a crear un marco jurídico que posibilite un buen uso de la red, sino otras que apunten a su universalización y libre acceso por parte de todos los ciudadanos.

El presente proyecto de ley declara como de interés público el acceso y el uso de Internet y exhorta a que se desarrollen políticas que promuevan su uso para el desarrollo cultural, económico, social y político.

Todas las instituciones del Estado incluirán en sus planes y actividades la incorporación de programas para el uso de la red a fin de mejorar el cumplimiento de sus objetivos en sus respectivas competencias.

Por otra parte crea en los medios de comunicación estatales la obligatoriedad de promover y divulgar información referente al uso de Internet.

Por su parte, dispone que sea el Ministerio de Educación y el INA como los entes encargados de crear todas las políticas necesarias para capacitar a la población en materia referentes al uso de Internet como lo es el comercio electrónico.

También tipifica que en todos los programas educativos ya sea en educación básica y diversificada, así como los cursos de capacitación que imparte el INA para dotar del uso de Internet.

Con el presente proyecto de ley el Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollará una política que favorezca la promoción y la universalización del uso de Internet.

Por otro lado, incorpora en la definición de los derechos de los usuarios del servicio serán a la Ley para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley número 7472, de 20 de diciembre de 1994. Así como asegurarle a los usuarios la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y documentos privados.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EL ACCESO Y UNIVERSALIZACIÓN DE INTERNET

Artículo 1º. Declárase de interés público el acceso y el uso de Internet para lo que se desarrollarán políticas que promuevan su uso para el desarrollo cultural, económico, social y político.

Artículo 2º. Todas las instituciones del Estado incluirán en sus planes y actividades la incorporación de programas para el uso de la red a fin de mejorar el cumplimiento de sus objetivos en sus respectivas competencias.

Artículo 3º. En los medios de comunicación del Estado se deberá promover y divulgar información referente al uso de Internet.

Artículo 4º. El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Aprendizaje serán los entes encargados de crear todas las políticas necesarias para preparar, capacitar y educar a la población en materia como el comercio electrónico y otras actividades relacionadas con uso de Internet.

Artículo 5º. Todos lo programas educativos de educación básica y diversificada, así como los cursos de capacitación brindado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, incluirán el uso de Internet a fin de aprovechar sus facilidades y mejorar el intercambio de información con centros educativos y de información nacionales y extranjeros.

Artículo 6º. El Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollará una política que favorezca la promoción y la universalización del uso de Internet. Asimismo, en coordinación con todas las instituciones del Estado se incentivará el desarrollo de políticas favorables para la adquisición de equipos con el objeto de facilitar el acceso a Internet.

Artículo 7º. Los derechos de los usuarios del servicio de acceso a Internet, serán regidos por las disposiciones contempladas en la presente Ley y en la Ley para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley número 7472, de 20 de diciembre de 1994.

Artículo 8º. A todo usuario de Internet se le asegurará la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y documentos privados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21º de la Constitución Política y la Ley de registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. El proveedor del servicio deberá garantizar la inviolabilidad y el secreto de aquellos datos transmitidos por los usuarios y de toda la información personal.

Artículo 9º. Los usuarios de Internet tienen derecho a:

a) La libre elección del proveedor del servicio de Internet.

b) Información sobre las características del servicio de Internet.

c) La transparencia en los cobros efectuados por el proveedor.

d) La confidencialidad de los datos y la información personal que faciliten al proveedor, quien no podrá publicarlos ni proporcionárselos a terceros, sin la autorización expresa del usuario.

e) Todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.

TRANSITORIO I. El Poder Ejecutivo elaborará el Reglamento de la presente Ley en un plazo de cien, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

TRANSITORIO II. Las instituciones del Estado tendrán un plazo de cien días, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para incorporar los diferentes programas para el uso de Internet.

Rige a partir de su publicación,

Rocío Ulloa Solano, DIPUTADA

22 de abril de 2002

01Ene/14

Orden de 31 de julio de 1998, del Ministerio de Justicia, por la que se amplia la relación de países con protección de datos de carácter personal equiparable a la española, a efectos de transferencia internacional de datos.

Por Orden de 2 de febrero de 1995 se aprobó la primera relación de países con protección de datos de carácter personal equiparable a la española, a efectos de transferencia internacional de datos, en cuya parte expositiva se afirmaba que la misma constituía una relación de carácter abierto que debía ser continuada y completada, de conformidad con la evolución de las legislaciones extranjeras.

Con posterioridad a la aprobación de dicha Orden se han promulgado por Italia y Grecia las correspondientes Leyes de Protección de Datos, de fecha 31 de diciembre de 1996 y 10 de abril de 1997, respectivamente, lo que unido a lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995que impide restringir o prohibir la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros de la Unión Europea, aconsejan la inclusión de los citados países entre los comprendidos en el apartado primero de dicha Orden.

En su virtud, al amparo de lo previsto por la disposición final primera del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, y previo informe del Director de la Agencia de Protección de Datos,

DISPONGO:

Primero

Se incluye a Italia y a Grecia entre los países relacionados en el apartado primero de la Orden de 2 de febrero de 1995 por la que se aprueba la primera relación de países con protección de datos de carácter personal equiparable a la española, a efectos de transferencia internacional de datos.

Segundo

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 67/2002 de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos de 27 de febrero de 2002 . RO Sup 557 de 17 de abril del 2002.

Ley 67/2002 de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos del 27 de febrero de 2002. R.O. Suplemento 557 de 17 de abril del 2002.

El H. CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura;

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una ley especializada sobre la materia;

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales; y,

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente.

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º. Objeto de la ley. Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2º. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento. (Derogase este artículo en base a la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 21 de mayo de 2021)

Artículo 3º. Incorporación por remisión. Se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.

Artículo 4º. Propiedad intelectual. Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.

Artículo 5º. Confidencialidad y reserva. Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia.

Artículo 6º. Información escrita. Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea accesible para su posterior consulta.

Artículo 7º. Información original. Cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos.

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente.

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 8º. Conservación de los mensajes de datos. Toda información sometida a esta ley, podrá ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida;

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y,

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley.

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo.

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores.

Artículo 9º. Protección de datos. Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

Artículo 10º. Procedencia e identidad de un mensaje de datos. Salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguiente casos:

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,
b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.

Artículo 11º. Envío y recepción de los mensajes de datos. Salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes:

a) Momento de emisión del mensaje de datos. Cuando el mensaje de datos ingrese cuan sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;

b) Momento de recepción del mensaje de datos. Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y,

c) Lugares de envío y recepción. Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.

Artículo 12º. Duplicación del mensaje de datos. Cada mensaje de datos será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo.

TÍTULO II. DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN,
ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADAS

CAPÍTULO I. DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS

Artículo 13º. Firma electrónica. Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

Artículo 14º. Efectos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.

Artículo 15º. Requisitos de la firma electrónica. Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y sus reglamentos;

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado;

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y,

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Artículo 16º. La firma electrónica en un mensaje de datos. Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas, en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la ley.

Artículo 17º. Obligaciones del titular de la firma electrónica. El titular de la firma electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada;

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente;

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia;

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y,

g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.

Artículo 18º. Duración de la firma electrónica. Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale.

Artículo 19º. Extinción de la firma electrónica. La firma electrónica se extinguirá por:

a) Voluntad de su titular;

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular;

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y,

d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

CAPÍTULO II. DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 20º. Certificado de firma electrónica. Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad.

Artículo 21º. Uso el certificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento.

Artículo 22º. Requisitos del certificado de firma electrónica. El Certificado de firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de información;

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación;

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado;

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;

f) El número único de serie que identifica el certificado;

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información;

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e,

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.

Artículo 23º. Duración del certificado de firma electrónica. Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento a esta ley.

Artículo 24º. Extinción del certificado de firma electrónica. Los certificados de firma electrónica, se extinguen, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titular;

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 19º de esta ley; y,

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica.

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

Artículo 25º. Suspensión del certificado de firma electrónica. La entidad de certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando:

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley;

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y,

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de información y el titular de la firma electrónica.

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión.

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica.

Artículo 26º. Revocatoria del certificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, cuando:

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y,

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada.

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del certificado.

Artículo 27º. Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el momento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso.

Artículo 28º. Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica. Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento correspondiente para la aplicación de este artículo.

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento.

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países suscriptores.

CAPÍTULO III. DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 29º. Entidades de certificación de información. Son las empresas unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.

Artículo 30º. Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas. Son obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas:

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de Telecomunicaciones;

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios;

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio de certificación de información,

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;

e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley;

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos;

g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido;

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que garanticen sus certificados; e,

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.

Artículo 31º. Responsabilidades de las entidades de certificación de información acreditadas. Las entidades de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de certificación de información.

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso.

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio.

Artículo 32º. Protección de datos por parte de las entidades de certificación de información acreditadas. Las entidades de certificación de información garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de esta ley.

Artículo 33º. Prestación de servicios de certificación por parte de terceros. Los servicios de certificación de información podrán ser proporcionados y administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de Información.

El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales las Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio de terceros.

Artículo 34º. Terminación contractual. La terminación del contrato entre las entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Artículo 35º. Notificación de cesación de actividades. Las entidades de certificación de información acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en los reglamentos que se dicten para el efecto.

CAPÍTULO IV. DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS

Artículo 36º. Organismo de promoción y difusión. Para efectos de esta ley, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, «COMEXI», será el organismo de promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y comercio exterior.

Artículo 37º. Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación acreditadas. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones «CONATEL», o la entidad que haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de certificación de información acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá además:

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, previo informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones;

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de certificación acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales, previo informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Artículo 38º. Organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas. Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el organismo encargado del control de las entidades de certificación de información acreditadas.

Artículo 39º. Funciones del organismo de control. Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al consumidor, en los mercados atendidos por las entidades de certificación de información acreditadas;

b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas en el territorio nacional y velar por su eficiente funcionamiento;

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas;

d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la información pertinente para el ejercicio de sus funciones;

e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio;

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley;

g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción; y,

h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Artículo 40º. Infracciones administrativas. Para los efectos previstos en la presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves.

Infracciones leves:

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información requerida por el organismo de control; y,

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas.

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo siguiente.

Infracciones graves:

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de certificación de información acreditada;

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del servicio;

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción;

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de Autorización Registro y Regulación, y de Control; y,

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de control.

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo siguiente.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones.

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la ley.

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia;

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,

c) La repercusión social de las infracciones.

Artículo 41º. Sanciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a terceros que presten sus servicios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y,

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Artículo 42º. Medidas cautelares.En los procedimientos instaurados por infracciones graves.- Se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.

Artículo 43º. Procedimiento. El procedimiento para sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones.

TÍTULO III. DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I. DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Artículo 44º. Cumplimiento, de formalidades. Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.

CAPÍTULO II. DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

Artículo 45º. Validez de los contratos electrónicos. Los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.

Artículo 46º. Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos. El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.

Artículo 47º. Jurisdicción. En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario.

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables.

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.

CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Artículo 48º. Consentimiento para aceptar mensajes de datos. Previamente a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes.

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento.

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.

Artículo 49º. Consentimiento para el uso de medios electrónicos. De requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; y,

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.

Artículo 50º. Información al consumidor. En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de información, incluida la internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o Servicio de que se trate.

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo.

CAPÍTULO IV. DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 51º. Instrumentos públicos electrónicos. Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente.

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.

TÍTULO IV. DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

CAPÍTULO I. DE LA PRUEBA

Artículo 52º. Medios de prueba. Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 53º. Presunción. Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.

Artículo 54º. Práctica de la prueba. La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos;

b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y,

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta ley.

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá probar, conforme a la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros.

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.

Artículo 55º. Valoración de la prueba. La prueba será valorada bajo los principios determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido producidos.

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las pruebas presentadas.

Artículo 56º. Notificaciones Electrónicas. Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador.

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren para el efecto.

TÍTULO V. DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

CAPÍTULO I. DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

Artículo 57º. Infracciones informáticas. Se considerarán infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la presente ley.

Reformas al Código Penal

Artículo 58º. A continuación del artículo 202º, inclúyanse los siguientes artículos innumerados:

«Artículo..- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Artículo..- Obtención y utilización no autorizada de información. La persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.».

Artículo 59º. Sustitúyase el artículo 262º por el siguiente:

«Artículo..- 262. Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo».

Artículo 60º. A continuación del artículo 353º, agréguese el siguiente artículo innumerado:

«Art…. Falsificación electrónica. Son reos de falsificación electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea:

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal o esencial;

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad;

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo.».

Artículo 61º. A continuación del artículo 415º del Código Penal, inclúyanse los siguientes artículos innumerados:

«Artículo.. Daños informáticos. El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.

Artículo..- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.».

Artículo 62º. A continuación del artículo 553º del Código Penal, añádanse los siguientes artículos innumerados:

«Artículo..- Apropiación ilícita. Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.

Artículo..- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes medios:

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.».

Artículo 63º. Añádase como segundo inciso del artículo 563º del Código Penal, el siguiente:

«Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.».

Artículo 64º. A continuación del numeral 19 del artículo 606º añádase el siguiente:

«… Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.».

DISPOSICIONES GENERALES

Primera. Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones exigidos por la ley. La revalidación se realizará a través de una entidad de certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, dicho cumplimiento.

Segunda. Las entidades de certificación de información acreditadas podrán prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá, ser acreditado técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El reglamento de aplicación de la ley recogerá los requisitos para este servicio.

Tercera. Adhesión. Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma prevista en esta ley.

Cuarta. No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente ley y su reglamento.

Quinta. Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor.

Sexta. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al titular del mismo.

Séptima. La prestación de servicios de certificación de información por parte de entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y registro.

Octava. El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y seguridad jurídica de los procedimientos e instrumentos empleados.

Novena. Glosario de términos. Para efectos de esta ley, los siguientes términos serán entendidos conforme se definen en este artículo:

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de información interconectados electrónicamente.

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.

Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información.

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de información.

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la República, para efectos de esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados. (Suprimida esta definición en base a la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 21 de mayo de 2021).

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley. (Suprimida esta definición en base a la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 21 de mayo de 2021),

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular. (Suprimida esta definición en base a la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 21 de mayo de 2021).

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la creación de una firma electrónica.

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene información de cualquier tipo.

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta.

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica.

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, quien, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma electrónica.

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento.

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes.

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la anotación.

Décima. Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes, reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias existan para valorar la infracción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados electrónicos.

Segunda. El cumplimiento del artículo 56º sobre las notificaciones al correo electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, correspondiendo al organismo competente de dicha Función organizar y reglamentar los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta ley y sus normas conexas.

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico señalado por las partes.

DISPOSICION FINAL

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la República, dictará el reglamento a la presente ley.

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

01Ene/14

Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation

Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le décret nº 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique,

Arrête :

Chapitre 1er : Accréditation des organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification

          Article 1

Le Comité français d'accréditation (COFRAC), association déclarée le 4 mai 1994, ou tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (EA), ci-après nommé centre d'accréditation, est chargé d'accréditer les organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification. Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45012 ou une norme équivalente, ainsi que les règles d'application établies par le centre d'accréditation.

Article 2

La demande d'accréditation adressée par un organisme à un centre d'accréditation doit comprendre les éléments suivants :

1. Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ;

2. Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ;

3. Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ;

4. La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ;

5. Les comptes des deux exercices précédents ;

6. La description des procédures et des moyens qui seront mis en oeuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur.

L'organisme demandeur doit en outre signaler au centre d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services de certification électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour éviter tout conflit d'intérêts.

L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 2.1.2.e de la norme NF EN 45012, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre un représentant de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, un représentant de l'agence pour le développement de l'administration électronique et un représentant de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes.

Article 3

Le centre d'accréditation instruit la demande d'accréditation. Il peut solliciter tous renseignements complémentaires de l'organisme demandeur. Il peut demander à effectuer des vérifications dans les locaux de l'organisme demandeur.

A l'issue de l'instruction, le centre d'accréditation prend une décision motivée qu'il notifie à l'organisme demandeur et dont il adresse copie à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

Lorsqu'il accorde l'accréditation, le centre d'accréditation peut soumettre l'organisme bénéficiaire à des obligations particulières.

Article 4

L'accréditation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Les organismes accrédités informent le centre d'accréditation de tout changement par rapport aux éléments communiqués dans le dossier de demande d'accréditation.

Pendant la durée de l'accréditation, le centre d'accréditation effectue une surveillance régulière, qui peut conduire selon les cas à une suspension ou à un retrait de l'accréditation, en vertu des règles en vigueur dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. La suspension ou le retrait de l'accréditation ne peut être prononcé qu'après que le représentant de l'organisme précédemment accrédité a été mis à même de présenter ses observations. La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information est informée de toute suspension ou de tout retrait d'accréditation.

Article 5

Le centre d'accréditation met à la disposition du public, notamment sur un site internet, la liste des organismes accrédités. Cette liste est tenue à jour.

Chapitre 2 : Reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique

Article 6

Un prestataire de services de certification électronique qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l'évaluation de ses activités.

Le prestataire est tenu de fournir à l'organisme choisi tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d'évaluation.

Article 7

L'évaluation est effectuée par l'organisme aux frais du prestataire de services de certification. Son objet est de vérifier que le prestataire se conforme aux spécifications techniques relatives aux prestataires de services de certification en vue de la reconnaissance de sa qualification. Ces spécifications techniques, déterminées en annexe, précisent les exigences fixées par l'article 6 du décret du 30 mars 2001 susvisé.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.

Article 8

Les rapports d'évaluation sont communiqués par les organismes accrédités à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

Article 9

L'organisme accrédité reconnaît ou non la qualification du prestataire de services de certification électronique au vu du rapport d'évaluation et des éventuelles observations du prestataire et en informe la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

Lorsqu'il reconnaît la qualification d'un prestataire, l'organisme accrédité délivre une attestation qui décrit les activités couvertes par la qualification ainsi que la durée pendant laquelle l'attestation est valable. Il en adresse une copie à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Pendant cette durée, qui ne peut excéder trois ans, le prestataire doit faire l'objet d'un audit de surveillance au moins annuel de la part de l'organisme accrédité, qui peut conduire à une suspension ou à un retrait de l'attestation de la part de l'organisme accrédité. Ce dernier en informe alors aussitôt la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

Les prestataires dont la qualification est reconnue communiquent à toute personne qui en fait la demande une copie de l'attestation délivrée par l'organisme accrédité.

Article 10

Les prestataires qui fournissent des services techniques aux prestataires de services de certification électronique délivrant des certificats électroniques qualifiés peuvent solliciter auprès d'un organisme accrédité, dans les mêmes conditions, une attestation de conformité de ces services aux spécifications techniques, figurant en annexe, qui leur sont applicables.

Article 11

L'arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation est abrogé.

Article 12

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE LEUR QUALIFICATION

Les spécifications techniques relatives aux prestataires de services de certification en vue de reconnaître leur qualification, qui précisent les exigences fixées par l'article 6 du décret du 30 mars 2001 susvisé, sont celles définies dans le document AFNOR AC Z74-400 intitulé » Exigences concernant la politique mise en oeuvre par les autorités de certification délivrant des certificats qualifiés «, ou toute mise à jour de ce document.

Ces spécifications sont complétées par les spécifications techniques suivantes :

1. Spécifications techniques précisant l'article 6-II, alinéa f, du décret du 30 mars 2001 susvisé :

Le prestataire de services de certification doit notamment appliquer une procédure de sécurité garantissant la confidentialité des causes de révocation défininitives des certificats électroniques qu'il a délivrés et s'assurer de l'accord du signataire avant de publier ces informations.

2. Spécifications techniques précisant l'article 6-II, alinéa g, du 30 mars 2001 susvisé :

Le module cryptographique utilisé par le prestataire de services de certification électronique pour les fonctions assurées doit, dans les conditions prévues par le décret nº 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, être certifié conforme par le Premier ministre aux exigences ci-après :

– assurer la confidentialité et l'intégrité des données de création de signature du prestataire de services de certification durant tout leur cycle de vie ;

– être capable d'identifier et d'authentifier ses utilisateurs ;

– limiter l'accès à ses services en fonction de l'utilisateur et du rôle qui lui a été assigné ;

– être capable de mener une série de tests pour vérifier qu'il fonctionne correctement et entrer dans un état sûr s'il détecte une erreur ;

– détecter les tentatives d'altérations physiques et entrer dans un état sûr quand une tentative d'altération est détectée ;

– permettre de créer une signature électronique sécurisée, pour signer les certificats, qui ne révèle pas les données de création de signature du prestataire de services de certification et qui ne peut pas être falsifiée sans la connaissance des données de création de signature du prestataire de services de certification ;

– créer des enregistrements d'audit pour chaque modification concernant la sécurité ;

– si une fonction de sauvegarde et de restauration des données de création de signature du prestataire de services de certification électronique est offerte, garantir la confidentialité et l'intégrité des données sauvegardées et réclamer au minimum un double contrôle des opérations de sauvegarde et de restauration.

Par ailleurs, si le prestataire de services de certification génère les données de création et de vérification de signature du signataire, destinées à un dispositif sécurisé de création de signature, le module cryptographique utilisé doit être certifié, pour cette fonction, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé.

3. Spécifications techniques précisant l'article 6-II, alinéa m, du décret du 30 mars 2001 susvisé :

La vérification de l'identité de la personne à laquelle le certificat électronique qualifié est destiné est effectuée en sa présence sur présentation d'un document officiel d'identité comportant une photographie (notamment carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour) par le prestataire de services de certification électronique ou par un mandataire qu'il désigne et qui s'engage auprès de lui par contrat. Ce contrat prévoit notamment que le mandataire est soumis aux mêmes obligations que le prestataire de certification électronique.

Lorsqu'un signataire se voit délivrer un certificat électronique destiné exclusivement à être utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle qu'il exerce pour le compte d'une personne physique ou morale, cette personne physique ou morale peut demander à ce que les vérifications d'identité et de qualité du signataire soient déléguées à un mandataire qu'elle désigne. Elle s'engage alors par contrat avec le prestataire de services de certification électronique à ce que le mandataire procède aux vérifications d'identité dans les conditions visées au paragraphe précédent. Le prestataire de services de certification électronique s'assure de l'origine de cette demande et que les données recueillies par le mandataire sont communiquées dans des conditions sécurisées permettant notamment d'en garantir l'origine et l'intégrité.


Fait à Paris, le 26 juillet 2004.


Patrick Devedjian 

 

01Ene/14

Article 29 Data Protection Working Party 2064/13/EN WP209, 4 December 2013 . Opinion 07/2013 on the Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering Systems (‘DPIA Template’) prepared by Expert Group 2 of the Commission’s Smart

THE WORKING PARTY ON THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA set up by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995,

having regard to Articles 29 and 30 thereof,

having regard to its Rules of Procedure,

 

HAS ADOPTED THE PRESENT OPINION:

 

1 Context

 

1.1 Introduction

Background

On 9 March 2012, the European Commission issued Recommendation 2012/148/EU on the preparation for the roll out of smart metering systems (the «Commission Recommendation») in order to provide guidance to Member States for the rollout of smart metering systems in the electricity and the gas markets. The Commission Recommendation aims to provide guidance on data protection and security considerations, on a methodology for the economic assessment of the long-term costs and benefits for the roll-out of smart metering systems (1) and on common minimum functional requirements for smart metering systems for electricity.

With regard to data protection and security for the smart metering systems and the smart grid, the Commission Recommendation provides guidance to Member States on data protection by design and by default and the application of some of the data protection principles laid down in Directive 95/46/EC (2). The Commission Recommendation further provides that Member States should adopt and apply a template for a data protection impact assessment («DPIA Template»), which should be developed by the Commission and submitted to the Working Party on the protection of individuals with regard to the processing of personal data (WP29) for its opinion within 12 months of publication of the Commission Recommendation. Member States should then ensure that network operators and operators of smart metering systems take the appropriate technical and organisational measures to ensure protection of personal data in accordance with the DPIA report produced from the application of the template, taking account of the opinion of the WP29 on the template (3).

The Commission Recommendation further provides that the DPIA should «describe the envisaged processing operations, an assessment of the risks to the rights and freedoms of data subjects, the measures envisaged to address the risks, safeguards, security measures and mechanisms to ensure the protection of personal data and to assist in demonstrating compliance with Directive 95/46/EC, taking into account the rights and legitimate interests of data subjects and persons concerned«.

Preparation

In February 2012, the Commission renewed the mandate of Expert Group 2 («EG2») of its Smart Grid Task Force («SGTF»), to provide a Smart Grid DPIA Template. EG2, which is composed mainly of industry representatives, has held several workshops since where representatives of the WP29 attended as observers. On 26 October 2012, the WP29 sent a letter to the Directorate General for Energy of the European Commission («DG ENER») in order to draw the attention of the Commission to several aspects of the draft DPIA Template that needed, in the opinion of the WP29, significant improvements.

First issue of the DPIA Template

On 8 January 2013, the Commission submitted to the WP29 the first version of the DPIA Template prepared by EG2 stakeholders. In the letter accompanying the DPIA Template, the Commission noted that subject to WP29 comments and their appropriate reconciliation it may consider the adoption of the DPIA Template prepared by the EG2 stakeholders in the form of a Commission Recommendation (4).

The WP29 issued its Opinion 04/2013 on 22 April 2013. The Opinion on the one hand acknowledged the extensive work conducted by EG2 stakeholders and welcomed the objectives set. On the other hand several critical concerns were identified, which can be summarised as follows:

i. lack of clarity on the nature and objectives of the DPIA;

ii. methodological flaws in the DPIA Template;

iii. lack of sector-specific content: industry-specific risks and relevant controls to address those risks to be identified and matched.

The WP29 concluded that the DPIA Template was not sufficiently mature and welldeveloped and invited the Commission to make so that the work on the DPIA Template continues to eventually ensure a sufficiently specific, useful and clear practical guidance to data controllers.

The WP29 also invited the Commission to consider integrating the Best Available Techniques (BATs as defined by point 3.f of the Recommendation) into the DPIA Template and submit the integrated document to the WP29 for an opinion. It also recommended that Commission consider taking stock of past and on-going work in the field of DPIAs and the opportunity of defining a generic DPIA methodology from which field specific efforts could benefit.

Second issue of the DPIA Template

The Commission replied to the WP29's Opinion on 27 May 2013. The letter reported a request by the Commission to the EG2 for a revised Template and acknowledged the WP29's availability to some support, while keeping its specific role, for the works of the EG2. Furthermore the Commission has preferred not to integrate the BATs into the Template reportedly because of their scope limited to the common minimum functional requirements for smart metering and their evolutive nature (5). On the proposal to define a generic DPIA methodology from which field specific initiatives could benefit, the letter called on another competent department of the Commission, from which no answer has been received so far.

The EG2 created an editorial team for the second draft of the Template, which met on 4 June and 3 July 2013. Some representatives of the WP29 participated in the first meeting as observers and replied to inquiries from the EG2 representatives on the various issues raised in the Template.

On 20 August 2013, the Commission submitted to the WP29 the final version of the revised DPIA Template prepared by EG2 members.

Structure of this Opinion

Section 1 reports the events leading to the revised DPIA Template and refers to sections of Opinion 04/2013 as to the issue of data protection in smart grids and the objectives of the DPIA in that context.

Section 2 contains the WP29's assessment of the revised DPIA Template.

Section 3 draws the final conclusions.

 

1.2 Data protection in smart grids and the objectives of the DPIA in that context

Sections 1.2 and 1.3 of Opinion 04/2013 already addressed the issues of data protection in smart grids and the objectives of the DPIA in that context. The WP29 does not have any new elements to add on these issues.

 

2 Analysis of the DPIA template

The WP29 welcomes the work conducted by EG2 members in an effort to address WP29´s comments and their willingness to take the advice of the WP29 into account as a valuable support.

This analysis mainly follows up the comments made in Opinion 04/2013. It also includes improvements and optimizations that should be considered to finalize the Template. The sections below take account of both aspects.

In order to have a comprehensive and clear understanding, the analysis needs to be read in the light of the content and the terminology of Opinion 04/2013.

2.1 The DPIA Template and the EC Rec. 2012/148

The WP29 has taken the opportunity to closely review this second issue of the smart grid DPIA Template in the light of the Commission Recommendation, which provides for its purpose, scope and applicability.

2.1.1 On the discretional nature of performing a smart grid DPIA

The existence of a Commission Recommendation, while on the one hand not imposing a legally binding obligation, on the other hand sets forth that certain measures are strongly recommended. Rec. 2012/148/EU provides that the processing operations of personal data in smart meters/smart grids need a «systematic process for evaluating the potential impact of risks… the rights and freedoms of data subjects by virtue of their nature, their scope or their purposes». The WP29 wants to reaffirm that the need for such a process, already established in WP29 Opinion 12/2011 on smart metering in the context of a «privacy by design» approach, is largely justified by the complexity of smart grids technical and management infrastructure, by its potential scale of application and evolution, and by the specific risks for the individual's fundamental rights and freedoms, including, among others, life (e.g. switch off of energy supply where certain powered machines support vital functions).

Furthermore, the WP29 has welcomed the fact that the Commission has proposed a General Data Protection Regulation that would make data protection impact assessments mandatory under certain conditions. It should be clear for the stakeholders of the Smart Grid DPIA template, i.e. data controllers and processors, that the use of the template should be seen as a means to comply with a legal obligation in the future. Given the huge investments and the long planning horizon for utility networks, it should be understood as being in the genuine own interest of the stakeholders to already collect experience with the DPIA approach and to apply it already from the start in designing their systems, so that they would not face compliance issues when the currently pending legislation enter into force. Where the language used in the present template, especially in section 2.1, could be read as leaving considerable margin for a widely discretionary approach by the enterprise, the Commission should ensure that clarification is provided that such margins should be interpreted in a strict manner, ensuring that an actual DPIA is performed in the most comprehensive way possible, e.g. by explaining this approach in a Commission Recommendation that might accompany and support the template. The WP29 interprets the role of the pre-assessment as functional to take into account all possible situations prospective controllers and processors might face, based on the information processed, the scope of the (sub)system under analysis, the status of the project etc., and not as a step in the methodology weakening the Commission Recommendation objectives.

2.1.2 The DPIA and the Data Protection authorities

Point 8 of the Commission Recommendation provides that Member States should ensure that the entity processing personal data consult their DPAs on the data protection impact assessment, prior to processing. The WP29 notices that the template is not fully reflecting this approach in many parts. Some quotations: «in case of doubt» (section 2.1.4), or just consult the DPO (not the DPA) «when available» (section 2.6.2), or to be submitted to the DPA «if requested» once the final report is adopted (section 2.7). While it would be preferable if the template would make consistently clear that, unless national DP law and/or DPA»s national policy provide explicit exception, national DPAs should be consulted prior to processing as recommended by the Commission Recommendation, the Commission should ensure in an appropriate manner that stakeholders obtain clarity that the DPIA template adopted under its Recommendation cannot change the principles adopted by the Recommendation as such. The referenced passages can only be understood as advising additional possibilities to obtain advice, which are complementary to the consultation of the DPAs, as recommended by the Commission.

2.2 Clarity on the nature and objectives of the DPIA

 

2.2.1 Considering the final impact on individuals´rights and freedoms

The WP29 welcomes that the risk assessment step of the methodology outlined in the Template (section 2.5) aims to consider the actual impacts on data subjects' fundamental rights and freedoms and civil liberties (such as, for example, financial loss or price discrimination or criminal acts facilitated by unauthorised profiling) as effects of the «feared events» due to unfair and unlawful processing of personal data, and not any longer the impact on the privacy targets as such.

Nevertheless, some confusion seems still to exist in the text explaining the risk assessment methodology (see relevant section in this Opinion) and particularly in section 2.5.1.1 of the Template, describing how to assess the impact of feared events. In particular the sentence trying to identify the elements to assess «the impact and severity of a certain identified threat» does not bring any clarity. It mentions the privacy targets as elements of this assessment (see section 2.2.2 in this Opinion) without elaborating on and explaining how they fit in, singles out «crime related  risks» without evident reason and lists apart elements such as «freedom to move, loss of independence, loss of equality» calling them «other privacy principles (6).

The WP29 would like to underline that the DPIA always and consistently assesses the impact on the «rights and freedoms of data subject», as reminded in section 2.1 of Opinion 04/2013, and correctly stated in several parts of the template. Where the template uses different terminology, e.g. referring only to the right to privacy, this must be read as referring to the more comprehensive concept. This should be addressed in future revisions of the template.

Moreover, if it is true that the same feared event might lead to many impacts on data subjects, it could be useful, for more awareness and with a view to impact sizing, to list the most relevant impacts on data subjects relating to the feared events in the examples given at section 3.4.1. This link between the feared event and the impact on the individual's fundamental rights and freedoms characterizes this effort in the context of the protection of individuals as regards the processing of personal data as opposed, for example, to a mere assessment of information security risks.

2.2.2 The privacy targets handling

The way to handle the privacy targets is one of the most important issues in a PIA. Indeed, its goal is to ensure that privacy targets have been correctly considered.

Currently, privacy targets are:

– mentioned in «2.5.1.1 Impact of feared events» as elements to be considered when assessing the impact and severity of a certain identified threat;

– mentioned in «2.6.3. Residual risks and risk acceptance» as goals to be reached;

– listed and described in «Annex 1. Privacy and data protection targets».

Directive 95/46/EC (7) defines in most of its provisions specific conditions for the processing of personal data and a set of obligations that data controllers and processors have to comply with. The Directive does not provide for a margin of discretion or for acceptable levels on non-compliance with these provisions. While ensuring the security of processing is one of these obligations, for its implementation the Directive provides in its article 17 for a risk management approach by stating that «Having regard to the state of the art and the cost of their implementation, such measures shall ensure a level of security appropriate to the risks represented by the processing and the nature of the data to be protected». In the context of an impact assessment template, it is important to be aware that risk management strategies as those developed in the security domain may be applied for data protection, but only with respect to security issues, and that for the majority of obligations full compliance is required. The template uses the term «privacy targets» to designate the compliance obligations and it clarifies in its section 2.6.3 that the concepts of residual risks and risk acceptance do not apply to these privacy targets which «have to be reached» (p. 33).

WP29 welcomes that this distiction between risk management and compliance is recognized in the template, but would have welcomed a clearer and more visible presentation.

Accordingly, there should always be two distinct and complementary actions to address the findings of a DPIA. The first action is related to risks on personal data. They should be subject to risk management (assessed, treated etc.). The second action relates to the compliance with the privacy targets as such, as legal obligations. This should be considered as compliance issues (measures implemented or planned to reach the privacy targets, justification if it is not done, legal risks of not doing it, planned controls to check whether and how it is done or not…).

As regards the risk analysis, it should be highlighted that the feared events described in «2.4.1. Introduction» should be systematically assessed. Their potential impacts on data subjects should be identified, the estimation of prejudicial effects should be based on those potential impacts. Nevertheless, the Commission may want to verify what distinguishes the last feared event (diverting of personal data … to people who have no need) from the third one (illegitimate access to personal data … by unauthorised persons).

The WP29 wants to suggest some tools to complement the methodology proposed in the template, in order to facilitate its applicability. It invites the Commission to make these suggestions known to potential users of the template, e.g. by making the present opinion available with the template or referring to it in any accompanying instrument. The complementary tools are described in the Annex of this opinion.

2.3 The methodology used in the DPIA Template

Overall the methodology outlined in the Template has been clarified and is more actionable. Nevertheless, many unclear and confusing elements remain, including in the list of generic threats provided in section 3.4.1, in the Template forms and questionnaire provided.

Some of these elements have been dealt with in section 2.1 while addressing the issue of clarity on the nature and objectives of the DPIA. The others will be addressed here.

2.3.1 The risk assessment (management) methodology

Most of the elements of the risk management methodology are reportedly mainly based on ISO 31 000, EBIOS methodology and the synthesis produced by the CNIL (8) .

Assets identification

A definition of primary and supporting assets exists as targets of the overall risk assessment.

Threats and vulnerabilities identification and assessment

The distinction between threats and risks is now defined. There is more guidance on the concept of vulnerability.

Nevertheless, the WP29 is concerned that the presentation of missed privacy targets as generic threats listed in section 3.4.1, in particular in section 3.4.1.4, could lead to the misunderstanding that the template would «define a missed privacy target as a threat» in order to fit the assessment of the privacy targets in the context of the risk assessment methodology. This issue has already been discussed in section 2.2.2 of this Opinion.

The WP29 acknowledges, though, that relevant examples and the guidance provided (for those records of the tables in section 3.4.1 describing missed privacy targets) in the other columns are still useful, once improved, to meet the very privacy targets. The WP29 suggests using that information in the context of a wider and more granular approach to the privacy targets (see also considerations at the end of section 2.2.2 of this Opinion) in order to give guidance on how to meet them. This could be represented either in a tabular form, or, maybe better, in a dedicated section where guidance can be given also in the context of risky processing operations (such as profiling or decisions made on individuals based on automated processing operations).

Risk calculation/prioritisation

Clearer guidance is present on how to calculate and prioritise risks. Better wording and more clarity in the risk calculation section (2.5.1.3) is needed.

Risk treatment

«2.6.1. Risk Modification: implemented and planned controls» should be integrated in «2.5. Step 5 – Data protection risk assessment», and taken into account in the first risk estimation. But the title should not mention «risk modification», which is one of the risk treatment options. It could simply be called «Implemented and planned controls». Then, in «2.6. Step 6 – Identification and Recommendation of controls and residual risks», and especially in «2.6.2. Risk Treatment» additional controls are determined and risks are estimated again as residual risks.

In Opinion 04/2013 the WP29 remarked that no matching existed in the first version of the Template between the risks to be mitigated and the list of possible controls in Annex II. The WP29 welcomes that in the new version of the Template the description of the objective of the possible controls often includes the type of risks it is generally meant to mitigate. Furthermore the non-exhaustive list of generic threats in section 3.4.1 links these threats to the possible controls in Annex II.

Residual risks

For a balanced weighing of the residual risks for at the end of the risk management process it is equally important to identify all the interests at stake at an early stage. These can be drawn from the overall company risk management process, if this exists. Not only economic or other legitimate interests can be represented, but also other stakes such as e.g. social responsibility or compliance with other legal requirements.

The WP29 suggests that a new section be added in order to identify the stakes of the processing. This section could be located between 2.3.1 and 2.3.2 and be called «2.3.2. Stakes of the processing». It should ask for a description of the opportunities of the creation of the smart grid pocessing (marketing / economic, societal, legal compliance, etc.).

An evaluation of the residual risks given the stakes could be added, after the first paragraph of «2.6.4. Resolution». This paragraph might explain that the resolution consists in deciding to accept or not the residual risks given the stakes identified in 2.3.

2.3.2 Roles and responsibilities

The WP29 welcomes the integration (section 1.4.2) of a list of the different types of smart grid operators, including a generic description of the purposes they might process personal data for.

The existence of the specific subsection 2.1.2 now better highlights the need for a clear allocation of controller and processor responsibilities. The example in the text of controllership and possible processor responsibilities in a smart meter should be integrated by other examples tackling more complex situations. A further example is reported in the text (micro grid operator and insurance company involved) where the problem statement exists but no guidance is provided.

Furthermore, as already suggested in Opinion 04/2013, the DPIA Template could include in the third step a fourth section aiming at determining the different responsibilities of the various entities involved in the data processing (where a corresponding form already exists in section 3).

2.3.3 The Template forms

Besides other considerations in other sections of this Opinion, the WP29 wishes to underline some other shortcomings in the sections describing some forms to be used to implement the DPIA.

For example, in section 3.3, the relationship among different templates used for smart grid systems identification, characterization and description, the sequence of use of those templates and how exactly they should be used is not clear. There is a reference to an external document without any comment on what the reference is for. Or, there seems to be no reference in the methodology on when the form in section 3.3.5 needs to be used.

On the other hand, a table with primary and corresponding supporting assets is important in guiding the risk assessment.

In general more guidance should be provided on the use of the forms. Having one or more examples in an annex would be very useful.

2.4 Sector-specific content in the DPIA template

One of the main issues in the Opinion 04/2013 was that the risks and controls outlined in the first version of the Template did not reflect industry experience on what the key concerns and best practices are.

The WP29 notes and welcomes that some specific content has been added in the non exhaustive list of generic threats reported in section 3.4.1.1, in particular under the column whose header is «Specific Energy industry examples of supporting asset vulnerabilities». Still the WP29 believes that some improvement and some more guidance are needed, both in the text and in the template, and especially in order to meet the privacy targets (see also section 2.2.2).

As reminded in section 1.1, the Commission rejected the WP29's proposal to integrate the Best Available Techniques (BATs) deliverable the EG2 is working upon into the Template reportedly because of their scope limited to smart meters and their evolutive nature.

The WP29 confirms its view that the considering the BATs as a deliverable inherently linked to the Template would enable an organisation conducting a DPIA to choose the adequate measures if necessary. The BATs evolutive nature does not counter its complementary role to the DPIA Template. Furthermore, the Template itself will need a review cycle to maintain and refine the methodology after a first phase of application, and anyhow periodically. The fact that the BATs' scope is limited to smart meters and thus not exhaustive is not a reason to exclude its use within a DPIA exercise either. Smart meters represent the subsystems where personal data are mainly collected and processed and in any case it is better to have some guidance than none.

Moreover, the WP29 takes this opportunity to suggest that the Commission and the industry explore the possibility to extend the valuable BATs work also to the wider smart grid scope.

In Opinion 04/2013, and specifically in Annex II, the WP29 recommended that at least the most common privacy enhancing technologies ('PETS') and other «best available techniques» for data minimization would be described briefly and in a technologically-neutral manner in the DPIA Template, and then be further detailed, in the accompanying BAT document. This has not happened. The WP29 still believes that this would be very useful for the industry to both have a portfolio of measures ready to implement and be more aware of what privacy enhancing technologies are so as to design further adequate controls.

2.5 Need for testing/validation of the DPIA template

The WP29 suggests that an adequate certain testing/validation of the DPIA Template be carried out, on the field on the basis of the existing version, and taking as much as possible account of the above comments. The WP29 suggests that following these test, the template and its methodology should be reviewed and enhanced in the light of those experiences and taking into account the aforementioned comments. These test cases, on which WP 29 should be informed and in which individual DPAs may consider offering some support, can also be useful to provide valuable examples to be included in the Template annexes for a better understanding of the methodology proposed.

2.6 Other considerations

 

2.6.1 The concept of personal data

Section 2.1 describes how to determine whether personal data are processed in the smart grid subsystem under analysis. The WP29 takes note that the classification as personal data in the examples listed appears to be correct, even though the justification given to identify a piece of information as personal data is not always strictly applying the legal terminology.

E.g. what are called «usage data» are considered personal data because «they provide insight in the daily life of the individual», whereas they are personal data just because they relate to the individual owning the contract and his/her possible family. The fact that they provide insight in the daily life constitutes a privacy impact. This consideration is valid also for the other items listed therein. While the list of examples is certainly helpful for potential users of the template, the impression that such considerable privacy impact is required for data to be considered personal.

Furthermore, it should be clear that the list of examples is not exhaustive.

 

2.6.2 Other remarks on data protection terminology

In some sections the template uses terminology such as «system owner» which is meaningful in the field of application, but does not always clarify the relationship to the DP terminology that may be applicable (such as data controller,…) (p14, 18, 32,…) or about «the individual», «the consumer», the «customer» without clear link to data subject (pages 10, 15,…).

Furthermore, some language used such as «agreed with the customer» (p 10), «customers must have the choice» (p 11) could be matched with the need of obtaining «consent » as defined in article 2(h) of the Directive.

The WP29 invites to consider indicating the relevant data protection terminology as well and to explain the level of interoperability of the terms, where applicable.

2.7 Conclusions and recommendations

The WP29 recognises the work carried out by the EG2 group and realises that the second version of the template constitutes considerable improvement with respect to the previous version insofar as the methodology is better outlined and actionable.

Nonetheless, there is still a series of unclear elements and a need for more clarity in some parts, which, if addressed as indicated, will contribute in a determinant way to the successful deployment and use of the template.

The WP29 understands that the version it assessed may still be subject to linguistic and legal editing.

The WP29 is aware of the urgent needs for a DPIA in the industry sector and welcomes a prompt final version of the Template, whose effectiveness, after a certain period of use, will certainly need to be verified and improved. It recommends therefore to organise a test phase with some real cases on which WP 29 should be informed and in which individual DPAs may consider offering some support, and which should also contribute to ensure that the template provides improved data protection to individuals in the context of the deployment of smart grids. When testing the template and as foreseen in it, industry is encouraged to pay attention to key concepts of the data protection reform, such as data protection by design and by default, data minimisation, the right to be forgotten and data portability.

Furthermore, the WP29 continues to recommend considering the opportunity of defining a generic DPIA methodology from which field specific efforts could benefit.

 

Done at Brussels, on 4 December 2013

For the Working Party

The Chairman

Jacob KOHNSTAMM

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(1) The roll-out and the cost-benefit analysis are required under (i) Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity (OJ L 211, 14.08.2009, p. 55), and (ii) Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas (OJ L 211, 14.08.2009, p. 94). Directive 2012/27/EU on energy efficiency (OJ L 315, 14.11.2012, p. 1) includes additional provisions on smart metering. For the electricity market, Directive 2009/72/EC provides that when the roll out is assessed positively, at least 80% of consumers shall be equipped by 2020. No precise timetable is set forth for the gas market.

(2) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, OJ L 281, 23.11.1995, p. 31–50

(3) The EG2 took the experience gained from the development and revision, following comments and opinions from the Article 29 Working Party («WP29»), of the 'Industry Proposal for a Privacy and Data Protection Impact Assessment Framework for RFID Applications' as a starting point.

(4) On 17 of January 2013 the DPIA Template was also submitted to the Council of European Energy Regulators (CEER). The president of CEER responded on 5 of March welcoming the work undertaken by EG2 and the resulting draft DPIA template. The letter reiterated the importance of security, data protection and the need for the customers to be in control of their data; referred to previous CEER advice published in 2011; and called for rapid action in finalising the DPIA Template.

(5) «I consider this that would not be as beneficial as you intend for the following reasons: (i) In line with the Commission Recommendation 2012/148/EU, the BATs focus only on the common minimum functional requirements for smart metering, whereas the DPIA template´s scope of application strives to go beyond the last mile and include the whole smart grid spectrum; and (ii)Should the BATs be enshrine in the DPIA template, their evolutive and illustrative nature would ipso facto condemnthe template to be ephemeral and possibly subject to impractically frequent revisions.» (letter ener.b.3 VL/cv(2013)1506536 to Mr. Kohnstamm, 27 May 2013)

(6) A suggestion could be of augmenting the last sentence of the first paragraph of «2.5.1.1. Impact of feared events» with other elements; phrasing it this way: «This potential impact is defined by the consequences each feared event could have on data subjects's privacy and other fundamental rights and freedoms, including e.g. crime related risks such as identity theft and fraud, or freedom to move, independence, equal treatment, social relationships, financial interests, etc. due to e.g. profiling, unsolicited marketing, discrimination or individual decisions on wrong information…»

(7) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

(8) http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/CNIL-ManagingPrivacyRisks-Methodology.pdf

01Ene/14

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de 3 de agosto de 2010. Sala IV «G.R. y otro s/ procesamientos, Expte. n° 39.779». Sobre «phishing».

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2010, se reúnen los integrantes de esta Sala VI y el Secretario autorizante, para tratar los recursos de apelación interpuestos por las defensas (fs. 191/194vta. y 196/199vta.), contra el auto de fs. 164/168 (puntos I y II), que procesó a M. R. y a R. M. G. G. como coautores del delito de defraudación previsto en el art. 173 inc. 16 del Código Penal (arts. 45 ibídem y 306 del Código Procesal Penal de la Nación).-

 

AUTOS:

En la audiencia en los términos del artículo 454, los recurrentes fundamentaron sus agravios, por lo que tras la deliberación estamos en condiciones de resolver.-

 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

 

I.- Hecho:

Se imputa a R. M. G. G. y a M. J. R. haber llevado a cabo maniobras de fraude mediante la técnica de manipulación informática conocida por «phishing» -página paralela-, por la que obtuvieran los datos necesarios        –código de transferencia y número de tarjeta de crédito- para poder operar en las cuentas bancarias de E. R. R. y así, el 9 de septiembre de 2009, efectuaron dos transferencias de $ 780 y $ 770 desde la cuenta caja de
ahorro n° xx-xxxxx/x y cuenta corriente n° xxx-xxx/x/x del nombrado a la cuenta caja de ahorro n° yy-yyyyyy/y a nombre de G., todas del Banco …..

 

II.- Pruebas y valoración:

E. R. R. (fs. 1 y 145/146) manifestó que el 8 de septiembre próximo pasado mientras verificaba el estado de su cuenta del Banco ….sucursal …., en su computadora vía Internet apareció una pantalla paralela que le indicaba que ingresara su código de transferencia y número de tarjeta de débito, lo que hizo debido a que ello daría una mejor atención y seguridad en la operación.

Al día siguiente al intentar extraer dinero del cajero automático de Avenida ……….. y …………, advirtió que faltaba dinero de su cuenta corriente y caja de ahorro, por lo que inició un reclamo formal ante la institución bancaria y, con los datos obtenidos, la presente denuncia. Dijo que no conocía a ninguno de los imputados ni a M. B. y que no había adquirido ninguna camiseta por Internet como manifestaran aquéllos en su descargo.

El Banco …….. aportó los datos de las cuentas en las que ingresó el dinero (ver fs. 11) y se agregaron los resúmenes de quien aparece como el damnificado (ver fs. 25 a 36 y 106/109).

Compartimos el temperamento incriminatorio adoptado por la instancia anterior, por cuanto la evaluación conjunta de las pruebas agregadas a la causa acreditan la materialidad del hecho y la intervención de los imputados.

En efecto, tanto G. como R. reconocieron que la sumas ingresaron en la cuenta del primero, alegando que era el producto obtenido tras la venta de una camiseta de football a través de una página de Internet (facebook) realizada por el segundo con M. B. (del que no aportaron mayores datos) por la suma de $ 1.400 fijado como precio y $ 150 convenidos por el envío.

El descargo de los imputados no resulta creíble, al menos de momento ya que más allá que se localice a M. B. (supuesto comprador -fs. 140-), nada presentaron para avalar la transacción comercial que alegan como determinante de la transferencia de fondos y por otra parte el monto supuestamente abonado se advierte por demás elevado en relación al producto enajenado.

Así, por ahora cae el ensayo defensista y se cohonesta la versión del damnificado cuando negó conocer tanto a los encausados como a B., o haber efectuado la operación comercial a la que se hizo referencia.

En ese contexto, la circunstancia que el dinero de R. haya ingresado en la cuenta de G. al día siguiente de la obtención de los datos, mediante la manipulación informática (página paralela) denunciada (ver fs. 25, 28 y 34) es suficiente como para agravar su situación procesal de los indagados.

Que no se hayan verificado, en el caso, todos los pasos del procedimiento del «Phishing» como alega especialmente la asistencia técnica de G. o que no se haya determinado de qué computadora se realizó las transferencias, no altera de momento los graves indicios cargosos.

Sólo resta consignar la dinámica informática -público y notorio- y que G. como lo certifica la copia del diploma aportado es perito mercantil con orientación en computación (ver fs. 65).

En consecuencia, el Tribunal

RESUELVE:

I.- Confirmar los puntos I y II del auto de fs. 164/168, en cuanto fuera materia de recurso.

II.- Que las pruebas sugeridas por la defensa de G. a fs. 140 resultan conducentes y útiles para agotar la pesquisa.

Se deja constancia que el Dr. Gustavo A. Bruzzone no firma por hallarse abocado a las audiencias de la Sala I (art. 109 del R.J.N.).

Devuélvase, debiendo el Juzgado practicar las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota.

Julio Marcelo Lucini Mario Filozof

Ante mí: Carlos E.G. Williams, Secretario Letrado de Corte

01Ene/14

Decreto 1160/2010 del 11 de agosto de 2010, Modificase el Anexo I del Decreto 1558/01 (Boletín Oficial del 13 de agosto de 2010)

VISTO el Expediente nº 140.546/03 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la LEY DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES nº 25.326 y su Decreto Reglamentario nº 1558 de fecha 29 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, organismo dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES del Ministerio citado en el Visto, su carácter de órgano de control de la Ley nº 25.326, tiene encomendada la función de investigar y controlar que el tratamiento de los datos personales se realice en los términos de la citada Ley.

Que, asimismo, tiene asignada la misión de imponer las sanciones administrativas que correspondan por violación a las normas de la Ley nº 25.326 y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Que por la Disposición nº 7 del 8 de noviembre de 2005 del registro de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, se aprobó la «Clasificación de Infracciones» y la «Graduación de las Sanciones» a aplicar ante violaciones a las normas antes mencionadas.

Que el inciso 2 del artículo 31 de la Ley nº 25.326 dispone que la reglamentación determinará el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el mismo artículo. Que el Anexo I del Decreto nº 1558/01, reglamentario de la Ley nº 25.326, estableció en el inciso 3 del artículo 31, las reglas a las que debía ajustarse el procedimiento.

Que resulta conveniente sustituir dicho precepto, estableciendo un procedimiento que, aun cuando mantiene el esquema actualmente vigente, regule con mayores precisiones y simplifique la actividad de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES relativa a sus funciones de investigación y control, con miras a la procedencia de la aplicación de sanciones, con resguardo de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa.

Que asimismo, la antes citada Disposición DNPDP nº 7/05 creó el REGISTRO DE INFRACTORES Ley nº 25.326 con el objeto de organizar y mantener actualizado un registro de los responsables de la comisión de las infracciones contempladas en el Anexo I de la disposición mencionada.

Que se considera conveniente, en cumplimiento de la garantía de publicidad de los actos de gobierno, conforme lo prevé el Decreto nº 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, que las constancias del Registro mencionado en el considerando precedente, sean publicadas en la página web de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, siempre y cuando se trate de sanciones que se encuentren firmes.

Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA:

Artículo 1º .- Sustitúyese el inciso 3. del artículo 31 del Anexo I del Decreto nº 1558/01 por el siguiente: «3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:

a) La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (DNPDP) iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley nº 25.326, sus normas reglamentarias y complementarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.

b) Para el cumplimiento de sus cometidos, la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES podrá: I) Comprobar la legitimidad de todas las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.

II) Constatar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos para el efectivo resguardo de los datos personales que contiene.

III) Verificar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos.

IV) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Ley nº 25.326 para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, actualización y confidencialidad reconocidos a los titulares de datos personales.

V) Realizar investigaciones e inspecciones, así como requerir de los responsables o usuarios de bancos de datos personales y de su tratamiento, información, antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que estime necesario y también solicitar el auxilio de los cuerpos técnicos y/o, en su caso, la autorización judicial que corresponda, a sus efectos.

VI) Solicitar la presentación de informes a los responsables de bancos de datos y de su tratamiento.

VII) Formular requerimientos ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

VIII) Realizar inspecciones y labrar el Acta de Inspección pertinente, la que junto con las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirá prueba suficiente de los hechos así comprobados.

IX) Solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para realizar el allanamiento de domicilios; la Clausura de registros; el secuestro de documentación y toda otra medida tendiente al cabal cumplimiento de la actividad investigativa.

c) Para el inicio del procedimiento, el denunciante deberá presentar ante la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES un escrito, el que deberá contener fecha, firma y aclaración; documento de identidad (DNI-CUIL-CUIT), domicilio, la relación del hecho denunciado con las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución y demás elementos que puedan conducir a su comprobación, como mínimo. Deberá acompañar en el mismo acto la documentación y antecedentes que confirmen sus dichos y acreditar en el momento de la interposición de la denuncia, las gestiones previas ante el responsable de la base de datos, cuando se tratare de cuestiones referidas a los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión, confidencialidad o bloqueo, regulados en los artículos 14, 16 y 27 de la Ley nº 25.326.

La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES podrá habilitar un sistema telemático para facilitar la interposición de la denuncia.

d) Iniciado el procedimiento, se requerirá del responsable de la base de datos sobre la que recae la denuncia, un informe acerca de los antecedentes y circunstancias que hicieren al objeto de la denuncia o actuación de oficio, así como de otros elementos de juicio que permitan dilucidar la cuestión sujeta a investigación o control.

La información requerida deberá ser contestada dentro de los DIEZ (10) días hábiles, salvo que el denunciado solicite en tiempo y forma una prórroga la que no podrá superar los DIEZ (10) días hábiles. Este plazo podrá ampliarse en casos debidamente justificados teniendo en cuenta la magnitud y dimensión de la base de datos. En su primera presentación, el denunciado deberá acreditar personería y constituir domicilio legal.

e) El funcionario actuante admitirá las pruebas que estime pertinentes sólo cuando existieren hechos controvertidos y siempre que no resultaren manifiestamente inconducentes. La denegatoria de las medidas de prueba no será recurrible.

f) En las distintas etapas del procedimiento, se podrá requerir al denunciante que aporte información o documentación que sea pertinente para la dilucidación de la investigación.

g) Cuando se considere «prima facie» que se han transgredido algunos de los preceptos de la Ley nº 25.326, sus normas reglamentarias y complementarias, se labrará un Acta de Constatación, la que deberá contener: lugar y fecha, nombre, apellido y documento de identidad del denunciante; una relación sucinta de los hechos; la indicación de las diligencias realizadas y su resultado y la o las disposiciones presuntamente infringidas, como mínimo. En ésta se dispondrá citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, presente por escrito su descargo y, en caso de corresponder, acompañe las pruebas que hagan a su derecho.

h) Concluida la investigación y previo dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el Director Nacional de Protección de Datos Personales dictará la respectiva disposición, la que deberá declarar: I) que los hechos investigados no constituyen una irregularidad, o II) que los hechos investigados constituyen una infracción, quiénes son sus responsables y cuál es la sanción administrativa que corresponde aplicar, conforme lo dispuesto en la Ley nº 25.326, sus normas reglamentarias y complementarias y lo establecido en la Disposición DNPDP nº 7 de fecha 8 de noviembre de 2005.

La resolución que se dicte deberá ser notificada al infractor.

i) Contra la resolución definitiva procederá la vía recursiva prevista en el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Decreto nº 1759/72 – T.O. 1991) y sus modificatorios.

j) Dictada la resolución que impone una sanción administrativa, la constancia de la misma deberá ser incorporada en el REGISTRO DE INFRACTORES Ley nº 25.326, que lleva la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Las constancias de dicho Registro relativas a aquellas sanciones aplicadas que se encuentren firmes deberán publicarse en el sitio de Internet de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (www.jus.gov.ar/dnpdpnew).

k) Resultarán de aplicación supletoria la LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS nº 19.549; el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Decreto nº 1759/72 – T.O. 1991) y sus modificatorios y el CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION».

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNANDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández. Julio C. Alak.

 

01Ene/14

Decreto 2170 de 30 de septiembre de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.

Decreto 2170 de 30 de septiembre de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189º de la Constitución Política

DECRETA

CAPITULO I. DE LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Artículo 1º . Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y términos de referencia. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de los procesos de licitación o concurso público, con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados.

Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia, en los casos de licitación o concurso público, se publicarán en la página web de la entidad cuando menos con diez (10) días calendario de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. En el evento en que el proceso de selección sea de contratación directa, este término será de cinco (5) días calendario.

Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia podrán ser presentadas dentro del término previsto en el inciso anterior.

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.

En aquellos casos en que la entidad estatal no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación en su página web, deberá publicar un aviso en el cual indique el lugar de la entidad donde puede ser consultado en forma gratuita el proyecto de pliego de condiciones o de términos de referencia. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido.

Parágrafo 1º. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de contratación directa a que se refiere el literal a) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993 con excepción de los procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía.

Parágrafo 2º. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan carácter reservado de conformidad con la ley.

Artículo 2º. Publicidad de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Las entidades publicarán los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos de los procesos de licitación o concurso público. En dichos documentos podrán incluir los temas planteados en las observaciones que consideren relevantes para el proceso de selección.

El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será publicado en la página web de la entidad al momento de dar apertura al proceso de selección. En aquellos casos en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación por este medio, deberá publicar un aviso en el cual se indique el lugar de la entidad en que pueden ser consultados en forma gratuita. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido.

Parágrafo 1º. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de contratación directa a que se refieren los literales a), g) y h) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, con excepción de los procesos de contratación directa cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía.

Parágrafo 2º. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan carácter reservado de conformidad con la ley.

Artículo 3º. Audiencias de Adjudicación. La decisión de que la adjudicación de una licitación o concurso tenga lugar en audiencia pública, podrá ser adoptada por el Contralor General de la República en los términos previstos en el artículo 273º de la Constitución Política, o de oficio por la entidad estatal, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. En ella podrán participar los oferentes, las organizaciones de veeduría ciudadana, los medios de comunicación, y cualquier persona que lo desee.

Sin perjuicio de lo anterior las entidades procurarán que la adjudicación de las licitaciones o concursos públicos tenga lugar en audiencia pública.

La audiencia se celebrará en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o términos de referencia y observando las siguientes reglas:

1 . La audiencia podrá cumplirse en dos etapas y desarrollarse en días diferentes.

2. La audiencia se llevará a cabo con el propósito de presentar el proyecto de respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en la oportunidad establecida en el numeral 8 del artículo 30º de la Ley 80 de 1993, así como para escuchar a estos en relación con la falta de respuesta a observaciones presentadas dentro del término legal o para señalar cuando alguna de éstas haya sido resuelta en forma incompleta, en intervenciones de duración limitada. Haciendo uso del mismo período de tiempo podrán intervenir las demás personas presentes.

3. En el acto de adjudicación se deberán resolver todas las observaciones formuladas en la oportunidad establecida en el numeral 8 del artículo 30º de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. La comunicación a que se refiere el numeral 11 del artículo 30º de la Ley 80 de 1993 se podrá surtir a través del empleo de un mensaje de datos en aquellos casos en que la entidad cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento.

Artículo 4º. Del deber de selección objetiva. En desarrollo de lo previsto en el artículo 29º de la Ley 80 de 1993 y en relación con los procesos de selección, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o términos de referencia, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1 . La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera del oferente serán objeto de verificación de cumplimiento pero no de calificación, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo.

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación matemática precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del presente decreto.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características uniformes, las entidades estatales tendrán en cuenta como únicos factores de evaluación aquellos relacionados con el precio y la garantía de calidad de los bienes ofrecidos.

4. Para la contratación que tenga por objeto la prestación de servicios especializados, se hará uso de factores de calificación destinados a valorar primordialmente los aspectos técnicos de la oferta, así como la experiencia relevante del oferente en el campo de que se trate.

En los procesos para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional, se preferirá la aplicación de las normas contenidas en el presente decreto cuando ello sea posible.

Parágrafo. En desarrollo de lo previsto en el inciso 2 del numeral 15 del artículo 25º de la Ley 80 de 1993, los documentos y requisitos allí relacionados podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.

Artículo 5º. Del sistema de conformación dinámica de la oferta. En los procesos de licitación o concurso público, en la oportunidad señalada en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la presentación de las ofertas, las entidades podrán hacer uso de un sistema de conformación dinámica realizado mediante audiencia pública.

La audiencia podrá ser realizada de manera presencial o por medios electrónicos, su tiempo y condiciones serán los señalados para el efecto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, sin que en ningún caso su duración pueda ser superior a un día.

En dicha audiencia los proponentes en relación con aquellos aspectos de la oferta que incluyan variables dinámicas de conformidad con los pliegos de condiciones o términos de referencia, presentarán un proyecto de oferta inicial, que podrá ser mejorado mediante la realización de posturas sucesivas en un ambiente público y concurrencial, hasta la conformación de su oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada para cada variable dentro del lapso de la audiencia. En todo caso, una vez concluido el tiempo previsto para la presentación de las posturas, se tomará como definitiva la propuesta de oferta inicial de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar posturas.

Las ofertas que resulten del proceso de conformación dinámica serán tenidas en cuenta una vez la entidad haya verificado que los oferentes cuentan con la capacidad jurídica y cumplen con las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera exigidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 4º del presente decreto.

De igual manera, las ofertas deberán ajustarse a la consulta de precios o condiciones del mercado que será realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del presente decreto.

Artículo 6º. De la consulta de precios o condiciones del mercado. La consulta de precios o condiciones del mercado en los procesos de selección, se surtirá a través del Registro Unico de Precios de Referencia (RUPR-SICE) a que se refiere la Ley 598 de 2000 para el caso de los bienes o servicios allí registrados. La entidad tendrá en cuenta los valores de fletes, seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general, todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio. Si de tal análisis se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el respectivo proceso, la entidad podrá descalificarlos ó declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

Cuando la entidad carezca de la infraestructura tecnológica y de conectividad para acceder a la información del Registro Unico de Precios de Referencia (RUPR-SICE), la consulta de precios o condiciones del mercado se entenderá verificada con el estudio que la entidad realice para el efecto, del cual deberá dejar constancia por escrito.

Parágrafo transitorio. La aplicación de este artículo por parte de las entidades estatales se hará en los términos que sean establecidos para la implementación del Registro Unico de Precios de Referencia (RUPR-SICE).

Artículo 7º. Del anticipo en la contratación. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en aquellas contrataciones cuyo monto sea superior al 50 % de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, deberá manejarse en cuenta separada a nombre del contratista y de la entidad estatal. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro.

Artículo 8º. De los estudios previos. En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25º de la Ley 80 de 1993, los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información:

1 . La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.

2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño.

3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo.

4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.

5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.

CAPITULO II. DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL

Artículo 9º. De las veedurías ciudadanas en la contratación estatal. Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

Parágrafo. En desarrollo del inciso tercero del artículo 66º de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deberán convocar veedurías ciudadanas para realizar control social a cualquier proceso de contratación, caso en el cual les suministrarán toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en la página web de la entidad. El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirá las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.

CAPITULO III. DE LA SELECCION OBJETIVA EN LA CONTRATACION DIRECTA

Articulo 10º. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Los pliegos de condiciones o términos de referencia que sirven de base para el desarrollo de los procesos de selección de contratación directa, deberán incluir como mínimo la siguiente información:

1 . Objeto del contrato.

2. Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad.

3. Presupuesto oficial.

4. Factores de escogencia de la oferta y la ponderación matemática precisa, concreta y detallada de los mismos.

5. Criterios de desempate.

6. Requisitos o documentos necesarios para la comparación de las ofertas, referidos a la futura contratación.

7. Fecha y hora límite de presentación de las ofertas.

8. Término para la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato.

9. Plazo y forma de pago del contrato.

Artículo 11º . Menor Cuantía. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal a) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993 se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1 . Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia y los definitivos se publicarán en la forma prevista en los artículos 1º y 2º del presente decreto.

2. La convocatoria será pública.

3. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de referencia, los oferentes interesados en participar en el proceso de selección manifestarán su interés haciendo uso del medio que para el efecto indique la entidad, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes.

Cuando el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la entidad en audiencia pública podrá realizar un sorteo para escoger entre ellos un número no inferior a éste, que podrá presentar oferta en el proceso de selección.

De todo lo anterior la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será publicada en su página web. En aquellos casos en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad, el acta será comunicada a todas y cada una de las personas que participaron de la respectiva audiencia.

Cuando el número de posibles oferentes sea inferior a diez (10), la entidad deberá adelantar el proceso de selección con todos ellos.

4. Las entidades podrán hacer uso del sistema de conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 12º del presente decreto.

5. En los casos en que la entidad no acuda al mecanismo previsto en el numeral anterior, la adjudicación se hará en forma motivada al oferente que haya presentado la oferta que mejor satisfaga las necesidades de la entidad, de conformidad con los requisitos exigidos y los factores de escogencia señalados en los pliegos de condiciones o términos de referencia, siempre que la misma sea consistente con los precios del mercado.

La entidad deberá comunicar esta decisión a todos los oferentes que participaron en el proceso de selección.

Parágrafo. Cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrarlo tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas.

Artículo 12º . Del sistema de conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación. La selección del oferente mediante el sistema de conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación, se efectuará conforme a las siguientes reglas:

1 . En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de referencia, los oferentes seleccionados para participar en el proceso de selección de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 11º del presente decreto, presentarán los documentos que acrediten la capacidad jurídica y el cumplimiento de las condiciones exigidas en relación con la experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera requerida por la entidad.

2. La entidad dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el numeral anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 4º del presente decreto, con el fin de determinar cuales de los oferentes pueden continuar en el proceso de selección.

3. Cumplida esta verificación, los oferentes en la fecha y hora prevista en los pliegos de condiciones o términos de referencia presentarán su oferta respecto de aquellos aspectos que no son susceptibles de conformación dinámica. La entidad procederá a evaluar dichos aspectos dentro del plazo previsto para el efecto en los pliegos de condiciones o términos de referencia.

4. Cumplida esta evaluación, la entidad en la fecha y hora señaladas en los pliegos de condiciones o términos de referencia realizará una audiencia pública para la conformación dinámica de la oferta en los términos previstos en el artículo 5º del presente decreto.

5. La entidad consolidará la información resultante del proceso de conformación dinámica y de la evaluación a que se refiere el numeral 3º del presente artículo, a efecto de determinar cual es la oferta más favorable a sus necesidades. Establecido el resultado procederá en forma pública a adjudicar el contrato a quien haya presentado la mejor oferta.

De todo lo anterior la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será publicada en su página web.

En aquellos casos en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad, el acta será comunicada a todas y cada una de las personas que participaron de la respectiva audiencia.

Artículo 13º . De los contratos de prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal d) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar. El contrato que se suscriba, contendrá como mínimo la expresa constancia de la circunstancia anterior, las condiciones de cumplimiento del contrato incluyendo el detalle de los resultados esperados y la transferencia de tecnología a la entidad contratante en caso de ser procedente.

Artículo 14º . De los contratos interadministrativos con cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, los contratos que se celebren en desarrollo de los convenios interadministrativos estarán sujetos a dicha ley.

La selección de estas entidades se hará conforme a las siguientes reglas:

1 . Cuando el objeto pueda desarrollarse por varias de estas entidades, la entidad demandante del bien, obra o servicio, invitará a presentar ofertas a todas aquellas que puedan ejecutar el contrato.

2. Cuando el objeto del contrato solamente pueda ser desarrollado por una entidad, el mismo se celebrará sin necesidad de adelantar proceso de selección alguno, circunstancia que deberá ser certificada por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces en el caso de cooperativas o por el Ministerio del Interior en el caso de asociaciones de entidades territoriales.

Las entidades a que se refiere el presente artículo deberán inscribirse en el RUP, en relación con los contratos a que se refiere el artículo 22º de la Ley 80 de 1993 y sólo podrán celebrar contratos respecto de los cuales posean la debida y comprobada experiencia, solidez financiera, capacidad técnica, administrativa y jurídica que les permita ejecutar directamente y sin la necesidad de ningún tercero el correspondiente contrato.

Parágrafo. Los contratos para la ejecución de actividades, programas o proyectos requeridos por las entidades estatales, podrán ser celebrados en forma directa sin la obtención previa de otras ofertas con las federaciones de municipios y departamentos.

Artículo 15º . Reglas para la celebración de contratos con organismos multilaterales. Para la celebración de contratos que involucren la administración de recursos públicos, con los organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional de que trata el inciso final del artículo 13º de la ley 80 de 1993, las entidades cumplirán las siguientes reglas:

1 . La selección del organismo se realizará mediante concurso en el cual deberán prevalecer como criterios de selección los señalados en el numeral 4 del artículo 4º del presente decreto para la prestación de servicios especializados.

2. Los contratos tendrán indicadores que permitan hacer una medición de la gestión financiera, operativa y de eficacia en la ejecución.

3. Al finalizar la ejecución del contrato la entidad contratante solicitará al organismo contratado la presentación de un informe debidamente auditado.

4. Se liquidarán conforme a la ley.

Parágrafo. Este artículo no se aplicará cuando se trate de contratos celebrados en cumplimiento de compromisos financieros internacionales adquiridos por el país o cuando el objeto de los mismos sea la administración de recursos provenientes exclusivamente de cooperación internacional o de la contrapartida nacional de los mismos.

Artículo 16º . Contratación directa en los casos de declaratoria de desierta de la licitación o concurso, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones o términos de referencia. En los casos de declaratoria de desierta de la licitación o concurso, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación, la entidad estatal, si persiste la necesidad de contratar, deberá adelantar un proceso de contratación directa, conforme a las siguientes reglas:

1 . La convocatoria será pública y el pliego de condiciones o términos de referencia definitivo se publicará en la forma prevista en el artículo segundo del presente decreto.

2. No se modificarán los elementos esenciales de los pliegos de condiciones o términos de referencia utilizados en el proceso de licitación o concurso público.

3. La adjudicación del proceso de selección a que se refiere el presente artículo se hará en todos los casos mediante audiencia pública, realizada de conformidad con lo establecido para el efecto por el artículo 3º del presente decreto.

Parágrafo 1º. Producida la declaratoria de desierta de una licitación o concurso, no se podrá contratar directamente con aquellas personas que hubieren presentado ofertas que la entidad hubiere encontrado artificialmente bajas.

Parágrafo 2º. Podrá declararse desierta la contratación directa por las mismas causales previstas en el inciso primero de este artículo, caso en el cual se aplicarán las reglas previstas en éste.

Artículo 17º . De la contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal j) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993 se podrá contratar directamente, sin necesidad de procedimiento alguno.

Se considera que no existe pluralidad de oferentes:

1 . Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP, en aquellos contratos respecto de los cuales se requiera dicha inscripción conforme al artículo 22º de la Ley 80 de 1993.

2. Cuando sólo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.

Estas circunstancias deberán constar en el estudio de conveniencia y oportunidad.

Artículo 18º . De los contratos de seguro de menor cuantía. Para efectos de determinar la cuantía y por consiguiente el procedimiento para celebrar los contratos de seguros, se tomará en cuenta el valor de las primas a cargo de la respectiva entidad.

En todo caso, cuando el valor del contrato sea de menor cuantía la entidad contratará los seguros directamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11º y 12º del presente decreto, aun cuando el contrato se celebre con entidades aseguradoras de carácter estatal.

Artículo 19º . De la contratación directa de intermediarios de seguros. Para efecto de la remisión establecida en segundo inciso del artículo 1 del Decreto 1436 de 1998, al articulo 3º del Decreto 855 de 1994, deberá aplicarse lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 20º . De los contratos de prestación de servicios de salud. Las entidades estatales que requieran la prestación de servicios de salud, deberán obtener por lo menos dos ofertas de personas naturales o jurídicas que presten dichos servicios y se encuentren inscritas en el registro especial nacional del Ministerio de Salud de conformidad con la Ley 10 de 1990.

CAPITULO IV. DE LA CONTRATACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

Artículo 21º . De la información contractual por medios electrónicos. Siempre que las entidades estatales dispongan de una página web con adecuada capacidad, deberán publicar la siguiente información, en relación con los procesos de contratación y de acuerdo con los plazos de permanencia que en cada caso se disponen:

1 . Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia en los procesos de licitación, concurso público o contratación directa, durante el término previsto en el artículo 1º del presente decreto.

2. Las observaciones y sugerencias a los proyectos de estos documentos, durante el término previsto en el artículo 1 o del presente decreto.

3. El acto que dé apertura al proceso de selección, a partir de la fecha de su expedición y hasta la fecha establecida para la presentación de las propuestas.

4. Los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos en un proceso de licitación o concurso público o de contratación directa, de conformidad con las reglas señaladas para este propósito en el artículo 2º de este decreto. Dicha publicación se mantendrá hasta la suscripción del contrato.

5. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones o términos de referencia y los documentos relacionados con las preguntas formuladas por los oferentes dentro del plazo de contratación sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones o términos de referencia; la comunicación escrita de respuesta enviada a todas las personas que retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia; y, los adendos o aclaraciones a los pliegos de condiciones o términos de referencia, a partir del momento en que se produzcan y hasta la suscripción del contrato.

6. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30º de la Ley 80 de 1993, durante el mismo tiempo previsto en dicha norma.

7. El acta de la audiencia de adjudicación, por un término de cinco (5) días contados a partir del mismo día en que se suscriba.

8. El acta de la audiencia pública realizada para la conformación dinámica de la oferta a que se refiere el artículo 5º del presente decreto, se publicará por un término de cinco (5) días contados a partir del mismo día en que se suscriba.

9. El acta de la audiencia pública a que se refiere el numeral 5º del artículo 12 del presente decreto para los casos de contratación directa de menor cuantía por el sistema de conformación dinámica de la oferta y de su adjudicación, se publicará por un término de cinco (5) días contados a partir del mismo día en que se suscriba.

10. La información sobre los contratos firmados, sus adiciones, modificaciones, liquidación y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta, por un término de dos (2) años.

Parágrafo 1º. Sin perjuicio de lo previsto en los parágrafos 1º y 2º de los artículos 1º y 2º del presente decreto, se exceptúan de lo previsto en este artículo los procesos de contratación directa a que se refieren los literales b), i) y m) del numeral 1 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, así como los señalados en el parágrafo 1º del artículo 32º de la misma ley.

Parágrafo 2º. Para efectos de facilitar la comunicación interactiva entre los oferentes y las entidades estatales, se deberá crear para cada proceso de contratación una dirección de correo electrónico y un formulario electrónico en la página web de la entidad para el envío de consultas y aclaraciones.

Parágrafo 3º. Las entidades estatales no podrán imponer restricciones para el acceso a la información de los procesos de contratación. En consecuencia no se requerirá del uso de claves ni de ningún otro elemento técnico que dificulte el acceso público al mismo.

Parágrafo 4º. La formulación de observaciones al contenido del proyecto de pliego de condiciones o de términos de referencia y las efectuadas por los proponentes durante el proceso de selección podrán llevarse a cabo empleando cualquier medio electrónico de los previstos en la Ley 527 de 1999.

Parágrafo 5º. Vencidos los plazos de permanencia en la página web de la entidad señalados en este artículo las entidades deberán cumplir con lo previsto en el artículo 24º del presente decreto.

Artículo 22º . De la celebración de audiencias por medios electrónicos. Las audiencias públicas realizadas durante los procesos de selección podrán celebrarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. En el evento en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad de la información que en la audiencia se genere, o cualquier interesado manifieste oportunamente la imposibilidad de acceso por carecer de los elementos tecnológicos necesarios, la entidad deberá desistir de realizar la audiencia electrónicamente y disponer su realización en forma presencial, u optar por facilitar al interesado tales elementos con el sólo propósito de garantizar su acceso.

Artículo 23º . De la información sobre los mecanismos de comunicación interactiva en los procesos de selección. En desarrollo de lo previsto en el literal a) del numeral 5 del artículo 24º de la Ley 80 de 1993, en los pliegos de condiciones o términos de referencia de los procesos de licitación, concurso público o de contratación directa, se definirán los mecanismos de comunicación interactiva entre los participantes y la entidad, indicando el carácter de oficial de los mensajes de datos para el respectivo proceso y señalando la aplicación de la Ley 527 de 1999.

Artículo 24º . Salvaguarda de documentos electrónicos. Toda la información contenida en los documentos electrónicos que se produzcan durante un proceso de contratación realizado con el apoyo de herramientas tecnológicas, hará parte del archivo electrónico de la entidad y constituirá uno de los elementos del expediente del proceso de contratación.

Las entidades estatales deberán adoptar las medidas necesarias para la salvaguarda de esta información.

Artículo 25º . De la equivalencia funcional. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 527 de 1999, siempre que la entidad cuente con la seguridad necesaria para garantizar la inalterabilidad de su contenido, toda la información que dentro de los procesos de selección la ley requiera que conste por escrito, quedará satisfecha con un mensaje de datos, salvo aquellos casos en que por disposición legal deba efectuarse notificación personal o deba publicarse en diarios de amplia circulación en el territorio de jurisdicción o en el diario oficial o en la gaceta departamental o municipal que haga sus veces.

CAPITULO V. OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 26º . Responsabilidad de la publicación en la web. El incumplimiento a lo previsto en este decreto en relación con las publicaciones en la página web de las entidades compromete exclusivamente la responsabilidad disciplinaria del servidor público.

Artículo 27º . De la seguridad social. Las entidades estatales verificarán por medio de los interventores o supervisores de los contratos, que todos los trabajadores que laboren en su ejecución se encuentren afiliados al sistema de seguridad social.

Artículo 28º . De los contratos, procesos y procedimientos en curso. Los contratos, procesos y procedimientos de selección en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, continuarán rigiéndose por las normas aplicables en el momento de su celebración o iniciación.

Artículo 29º . Vigencia. El presente decreto entrará a regir a partir del primero (1º) de enero de 2003 y deroga los artículos 3º, 8º, 11º y 12º del Decreto 855 de 1994, el artículo 5º del Decreto 287 de 1996, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a 30 de septiembre de 20 02

ALVARO URIBE VELEZ

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

01Ene/14

Decreto nº 362/2001 de 14 de marzo de 2001. Reglamento de Aplicación de la Ley nº 65/2000 sobre Derechos de Autor

VISTA: La Ley sobre Derecho de Autor nº 65-00 del 21 de agosto del 2000.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República Dominicana, dicto el siguiente

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY nº 65-00 SOBRE DERECHO DE AUTOR

 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1. Este Reglamento tiene por finalidad desarrollar los principios contenidos en la Ley sobre Derecho de Autor, en lo relativo a la adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas, así como a los titulares de derechos afines al derecho de autor.

Toda mención a la Ley en el presente Reglamento, se entenderá referida a la Ley sobre Derecho de Autor nº 65-00 del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000, salvo aclaración expresa en contrario.

 

Artículo 2. Para los efectos de la Ley y del presente Reglamento, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

1. Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.

2. Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, declama, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore.

3. Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de habitación que sirve como sede natural del hogar.

4. Base de Datos: Toda compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de almacenamiento de computadora o de cualquier otra forma.

5. Comunicación al público: Difusión, por cualquier procedimiento que sea, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, de tal manera que puedan ser percibidos por una o más personas, independientemente que la persona o las personas puedan recibirlos en el mismo lugar y al mismo tiempo, o en diferentes sitios y/o en diferentes momentos. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.

6. Causahabiente: Persona física o moral a quien se transmiten todo o parte de los derechos reconocidos en la Ley, a cualquier título.

7. Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.

8. Distribución al público: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, de fonogramas o de una imagen permanente o temporaria de la obra, mediante su venta, alquiler, préstamo o por cualquier otra forma de transferencia, conocida o por conocerse, de la propiedad o posesión de dicho original o copia.

9. Divulgación: Hacer accesible la obra, interpretación o producción al público por primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el productor, según el caso, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

10. Editor: Persona natural o jurídica responsable contractualmente de la edición de una obra, quien de acuerdo con el convenio suscrito entre las partes, se compromete a publicarla y difundirla por su propia cuenta.

11. Emisión o Transmisión: Difusión a distancia, directa o indirecta, de sonidos, imágenes o de ambos, para su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico

12. Entidad de gestión colectiva: Asociación civil sin fines de lucro constituida de conformidad con las formalidades exigidas por la Ley, para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión del derecho de autor o de derechos conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares de esos derechos, y que haya obtenido de la autoridad competente conforme a la presente ley, la respectiva autorización de funcionamiento. La condición de sociedad de gestión colectiva se adquirirá en virtud de dicha autorización.

13. Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias o artísticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país o de sus comunidades étnicas y que se transmitan de generación en generación, de manera que reflejen las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.

14. Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o la representación digital de los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o cualquier otra forma de utilización.

15. Fonograma: Toda fijación efectuada por primera vez de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas.

16. Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual, de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios, y empleada para sus propias emisiones de radiodifusión.

17. Información electrónica sobre la gestión de derechos: Toda información que permita identificar al autor, a la obra, al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución, al productor de fonogramas, al fonograma, al organismo de radiodifusión, a la emisión de radiodifusión y a todo otro titular de derechos en virtud de la Ley, o toda información relativa a las condiciones y modalidades de utilización de dichas obras, prestaciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones; y de todo número, código o sistema que represente dicha información, cuando cualquiera de esos elementos de información se haya adjuntado al ejemplar de una obra, de una interpretación o ejecución artística fijada, al ejemplar de un fonograma o de una emisión de radiodifusión fijada o que figuren en relación con su comunicación al público.

18. Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos, (licenciante), al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos.

19. Obra: Toda creación intelectual original, en el dominio literario, artístico o científico, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

20. Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo. No es obra anónima aquella en que el seudónimo utilizado por el autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad.

21. Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de cualquier otro medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga. Las obras audiovisuales incluyen a las cinematográficas y todas las que se expresen por medios análogos a la cinematografía.

22. Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

23. Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas naturales.

24. Obra colectiva: La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona, natural o jurídica, que la coordina, divulga y publica bajo su propio nombre y en la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado.

25. Obra literaria: Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado. 

26. Obra originaria: La primitivamente creada.

27. Obra derivada: Aquella que resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de la obra originaria, siempre que constituya una creación independiente.

28. Obra individual: La creada por una sola persona natural.

29. Obra inédita: La que no ha sido dada a conocer al público con el consentimiento del autor o de sus causahabientes.

30. Obra plástica o de bellas artes: Aquella cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, bocetos, dibujos, grabados y litografías. Las disposiciones específicas de la ley para las obras plásticas, no se aplican a las fotografías, a las obras arquitectónicas, a las audiovisuales ni a las de arte aplicado.

31. Obra seudónima: Aquella en la que el autor utiliza un seudónimo que no lo identifica como persona natural. No se considera obra seudónima aquella en que el nombre empleado no arroja dudas acerca de la identidad del autor.

32. Organismo de radiodifusión: La estación de radio o televisión que transmite programas al público, a cuyos efectos decide sobre la programación a transmitirse.

33. Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de computadoras.

34. Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad y coordinación de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución, u otros sonidos, de las representaciones digitales de los mismos.

35. Programa de computadora: Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora u otro tipo de máquina, ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección de los programas de computadoras comprende tanto los operativos como los aplicativos, en código fuente o en código objeto, así como la documentación técnica y los manuales de uso.

36. Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que su disponibilidad permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

37. Público: Conjunto de personas que, reunidas o no en el mismo lugar, tienen acceso por cualquier medio a una obra, interpretación artística, fonograma o emisión, sin importar si lo pueden hacer al mismo tiempo o en diferentes momentos y lugares.

38. Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público. La radiodifusión incluye la realizada a través de un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que la programación contenida en la señal se ponga al alcance del público. La transmisión de señales codificadas constituye radiodifusión cuando los medios de descodificación son ofrecidos al público, bajo las condiciones que se determinen, por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento.

39. Reproducción: Fijación, por cualquier procedimiento, de la obra o producción intelectual en un soporte o medio físico que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, así como la realización de una o más copias de una obra o fonograma, directa o indirectamente, temporal o permanentemente, en todo o en parte, por cualquier medio o en cualquier forma conocida o por conocerse.

40. Reproducción reprográfica: Realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia.

41. Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, conocido o por conocerse.

42. Satélite: Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre, apto para recibir y transmitir o retransmitir señales. El concepto de satélite comprende tanto los de telecomunicación como los de radiodifusión directa.

43. Señal: Vector producido electrónicamente, capaz de transportar a través del espacio signos, sonidos o imágenes.

44. Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la ley.

45. Titularidad originaria: La que emana de la sola creación de la obra.

46. Titularidad derivada: La que surge por circunstancias distintas de la creación, sea por mandato o presunción legal, o bien por cesión mediante acto entre vivos o transmisión sucesoral.

47. Transmisión: Comunicación a distancia por medio de la radiodifusión o comunicación por cable u otro procedimiento análogo, conocido o por conocerse.

48. Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del respectivo derecho.

49. Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona en un solo ejemplar, exclusivamente para el uso de un individuo.

50. Videograma: Toda fijación o reproducción de sonidos sincronizados con imágenes, o de imágenes con sonido, a través de soportes materiales, como cintas de video, videodiscos, soportes digitales o cualquier otro medio físico.

TÍTULO II.- OBJETO

 

Artículo 3. Son obras protegidas por la Ley, tanto las originarias indicadas en el artículo 2, como las derivadas mencionadas en el artículo 6, así como toda otra producción del dominio literario, artístico o científico susceptible de divulgarse, fijarse o reproducirse por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

La enumeración legal de las obras protegidas, es simplemente enunciativa.

 

Artículo 4. A los efectos del artículo 7 de la Ley, la protección se refiere exclusivamente a la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas.

 

Artículo 5. De conformidad con el artículo 3 y el Párrafo del artículo 77, ambos de la Ley, el objeto del derecho de autor es independiente del soporte material que contiene la obra, cuya enajenación no confiere al adquirente la titularidad de derechos sobre la creación, salvo disposición legal o contractual expresa en contrario.

 

TÍTULO III.- SUJETOS

 

Artículo 6. De conformidad con el artículo 5 de la Ley, el autor tiene la titularidad originaria de los derechos sobre la obra. Cualquier otra titularidad en una persona distinta del autor, tiene carácter derivado.

 

Artículo 7. A los efectos del artículo 6 de la Ley, se entiende que la titularidad de derechos sobre una obra derivada, no entraña ningún derecho exclusivo sobre la obra originaria, de modo que el autor de la derivada no puede oponerse a que otros traduzcan, adapten, modifiquen o compendien la misma obra u obras originarias, con el consentimiento de los respectivos autores, siempre que sean trabajos originales distintos del suyo.

 

Artículo 8. Las presunciones a que se refieren los artículos 4, 59, 61 y 73 de la Ley, acreditan la autoría o la titularidad de la obra, según los casos, salvo prueba en contrario.

 

TÍTULO IV.- CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 9. El autor de una obra tiene por el solo hecho de la creación, la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la Ley.

 

CAPÍTULO II.- DERECHOS MORALES

 

Artículo 10. A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus causahabientes, salvo el derecho de retirar la obra de la circulación o de suspender cualquier forma de utilización de la misma, previsto en el numeral 4) del artículo 17 de la Ley, el cual se extingue al fallecimiento del creador.

Una vez extinguido el período de duración del derecho patrimonial conforme a la Ley, el Estado, por conducto de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y las demás instituciones públicas encargadas de la defensa del patrimonio cultural, asumirán la defensa de la paternidad del creador y de la integridad de su obra.

 

Artículo 11. Por el derecho de paternidad, establecido en el numeral 1) del artículo 17 de la Ley, el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y de resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o en forma anónima.

El derecho del autor a disponer que su obra se mantenga en forma anónima o seudónima, no podrá extenderse cuando la misma haya caído en el dominio público.

 

Artículo 12. Por el derecho de integridad, reconocido en el numeral 2) del artículo 17 de la Ley, en concordancia con el artículo 6bis del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, el autor tiene, incluso frente al propietario del soporte material que contiene la obra, el derecho de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier otro atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

La autorización que conceda el autor para la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra, no le impide ejercer el derecho moral de integridad.

 

Artículo 13. Por el derecho a la divulgación y al inédito, conferido por el numeral 3) del artículo 17 de la Ley, corresponde al autor la facultad de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. En el caso de mantenerse inédita, el autor podrá disponer, por testamento u otra forma de manifestación auténtica de su voluntad, que la obra no sea divulgada mientras se encuentre en dominio privado.

 

Artículo 14. Por el derecho de retracto o de retiro de la obra del comercio previsto en el numeral 4) del artículo 17 de la Ley, el autor tiene el derecho de suspender cualquier forma de utilización de la obra o de retirar del comercio los ejemplares de la misma que se encuentren en circulación, previa indemnización a los terceros por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar.

Este derecho se extingue a la muerte del autor, pero una vez que la obra ha caído en el dominio público puede ser libremente publicada o divulgada, siempre que se deje constancia de que se trata de una obra que el autor había rectificado o repudiado.

 

CAPÍTULO III.- DERECHOS PATRIMONIALES

 

Artículo 15. El derecho exclusivo patrimonial o de explotación del autor a que se refiere el artículo 19 de la Ley, comprende toda forma de utilización de la obra, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, salvo excepción legal expresa.

Las modalidades de explotación indicadas en el citado artículo 19 de la Ley, tienen un carácter simplemente enunciativo.

 

Artículo 16. Las distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí, de modo que la cesión o la licencia de uso para la explotación de la obra por una determinada modalidad de uso, no se extiende a las demás.

 

Artículo 17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, se considera ilícita toda utilización no autorizada de una obra, durante el plazo de protección legal, que se efectúe por cualquier modalidad distinta de las previstas expresamente como limitaciones al derecho de explotación.

En la ilicitud queda comprendida toda comunicación publica, reproducción, distribución o modificación total o parcial de la obra sin el consentimiento escrito del autor, o en su caso, de sus derechohabientes.

 

CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES

 

Artículo 18. Siempre que sea necesario para el ejercicio de los derechos morales y patrimoniales reconocidos por la Ley, el autor puede acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se encuentre en poder de un tercero, pero ese derecho no implicará el desplazamiento del ejemplar, sino el acceso al mismo, que deberá llevarse a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor.

 

Artículo 19. Para la defensa de los derechos morales o patrimoniales establecidos en la Ley, el autor o el titular del respectivo derecho puede implementar, o exigir que se implemente, para la reproducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción, modificación o alteración no autorizadas de la obra.

 

Artículo 20. Ninguna autoridad ni cualquier otra persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

 

TÍTULO V.- LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 21. Las limitaciones al derecho patrimonial a que se refiere el Título IV de la Ley, por su carácter de excepción, son de interpretación restrictiva.

 

Artículo 22. El derecho de cita previsto en el artículo 31 de la Ley debe limitarse, de acuerdo al artículo 10 del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, a las que se realicen conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, siendo indispensable que se mencione en cada caso la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

 

Artículo 23. La fijación por los tribunales de la cantidad que corresponda a los titulares de derechos a que se refiere el Párrafo del artículo 31 de la Ley, se limita a la distribución de las remuneraciones, pero no exime de la obligación de solicitar la autorización para la utilización de las obras primigenias, ni excluye el derecho de los autores de las obras preexistentes a fijar la remuneración global causada por el uso de sus respectivas creaciones.

 

CAPÍTULO II.- DE LAS LICENCIAS DE TRADUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE OBRAS EXTRANJERAS

 

Artículo 24. Las licencias de traducción y reproducción de obras extranjeras a que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley, no podrán otorgarse sino en los casos en que, conforme a los Tratados Internacionales vigentes, puedan invocarse en la República Dominicana.

 

CAPÍTULO III.- DE LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA

 

Artículo 25. La utilización de obras en dominio privado por causa de necesidad pública, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley, solamente podrá ser decretada por el Estado, a través del Poder Ejecutivo y previa opinión favorable de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, y surtirá efectos únicamente en relación con los derechos patrimoniales, quedando a salvo los derechos morales, por su carácter de inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, conforme al artículo 17 de la Ley.

 

Artículo 26. No podrá decretarse el uso por necesidad pública de una obra respecto a la cual el autor haya ejercido el derecho de retirarla de la circulación o de suspender cualquier forma de utilización de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 17 de la Ley.

 

Artículo 27. Para los efectos del cumplimiento del requisito indicado en el numeral 4) del artículo 48 de la Ley, deberá acreditarse que la autoridad competente para decretar la utilización no pudo ponerse en contacto con el titular del derecho o no pudo obtener de él, en un plazo razonable, la autorización correspondiente para la publicación de una nueva edición de la obra.

 

Artículo 28. Satisfechos todos los extremos contemplados en el artículo 48 de la Ley y en el presente Reglamento, el decreto de utilización de una obra en dominio privado por necesidad pública deberá llenar los requisitos, trámites y procedimientos previstos en la Ley nº 344 del 27 de julio de 1943, G.O. 5951, o las leyes que la modifiquen o la sustituyan.

 

TÍTULO VI.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS

 

CAPÍTULO I .- GENERALIDADES

Artículo 29. El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella, en los términos previstos en el artículo 51 de la Ley.

Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección.

 

Artículo 30. Las limitaciones al derecho de utilización del retrato o busto de una persona a que se refiere el artículo 52 de la Ley, comprenden cualquier forma empleada para la fijación o reproducción de la imagen, incluidas las fotografías, salvo, en este último caso, cuando se relacionen con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hayan desarrollado en público.

 

Artículo 31. La limitación contemplada en el artículo 55 de la Ley en cuanto al derecho de exposición a título gratuito u oneroso de la obra figurativa realizada por encargo, no se extiende a las demás modalidades de explotación de la obra, las cuales requieren de la autorización del autor.

 

Artículo 32. La cesión presunta del derecho de reproducción sobre la fotografía, en los términos previstos en el artículo 56 de la Ley, no se extiende a las demás modalidades de explotación de la obra, salvo pacto expreso en contrario.

 

Artículo 33. La presunción de cesión del derecho de reproducción a que se refiere el Párrafo del artículo 57 de la Ley, no alcanza a las demás formas de utilización de la obra, salvo disposición contractual en contrario.

 

CAPÍTULO II.- OBRAS AUDIOVISUALES

 

Artículo 34. La presunción de cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual a favor del productor a que se refiere el artículo 60 de la Ley, se extiende a toda la duración del derecho, conforme al artículo 27 del mismo texto legal.

 

Artículo 35. De acuerdo a los derechos exclusivos de reproducción y distribución que se presumen cedidos al productor de acuerdo al artículo 60 de la Ley, es ilícito que cualquier persona, empresa o asociación de cualquier género realice las actividades siguientes:

Distribuir mediante venta, alquiler o puesta de cualquier otra manera en circulación, videogramas o cualesquiera otra clase de soportes que contengan la obra audiovisual, copiados, reproducidos o ingresados al país, sin la licencia o la autorización expresa del productor o de su representante debidamente acreditado.

Reproducir las obras audiovisuales contenidas en los soportes que tenga derecho a comercializar.

Realizar cualquier otro acto que forme parte del derecho patrimonial exclusivo, salvo autorización expresa del productor.

 

CAPÍTULO III.- PROGRAMAS DE COMPUTADORAS Y BASES DE DATOS

 

Artículo 36. Para los efectos del numeral 11) del artículo 2 de la Ley, los programas de computadoras se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto, o por cualquier otro modo de expresión, conocido o por conocerse, incluidos la documentación técnica y los manuales de uso.

 

Artículo 37. La presunción de cesión de los derechos patrimoniales sobre el programa de computadora a favor del productor a que se refiere el artículo 60 de la Ley, se extiende a toda la duración del derecho, conforme al artículo 25 del mismo texto legal.

 

Artículo 38. Las licencias otorgadas por el productor para el uso de sus programas de computadoras, en los términos de los párrafos II y III del artículo 79 de la Ley, podrán ser expedidas en forma electrónica, siempre que sean susceptibles de fijación o reproducción en un soporte escrito.

 

Artículo 39. Las excepciones al derecho exclusivo de explotación sobre los programas de computadoras, taxativamente previstas en el artículo 74 de la Ley, no se extienden a:

El uso de la copia de resguardo o seguridad, salvo en el caso de inutilización del original.

La fijación del programa en el soporte rígido (disco duro) del equipo, o en soporte flexible, salvo autorización expresa del titular de los derechos.

El aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, salvo lo que disponga expresamente la cesión de derechos o la respectiva licencia de uso.

La puesta a disposición de terceros de la adaptación del programa, realizado por el propio usuario para su utilización exclusiva.

 

Artículo 40. A los fines del numeral 12) del artículo 2 de la Ley, las bases o compilaciones de datos están protegidas siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales. La protección concedida no se extiende a los datos o información compilados y no afecta los derechos que existen sobre las obras o materiales que la conforman.

 

CAPÍTULO IV.- OBRAS DE ARQUITECTURA

 

Artículo 41. Para los efectos del numeral 7) del artículo 2 de la Ley, el término obras de arquitectura comprende, entre otros, los proyectos, planos, minutas, croquis, informes o escritos de carácter técnico, ejecutados personalmente o cuya ejecución hubiera dirigido el profesional responsable.

 

CAPÍTULO V.- OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS

 

Artículo 42. A los efectos del derecho de participación en la reventa de los soportes materiales que contienen una obra de las artes plásticas previsto en el Párrafo del artículo 78 de la Ley, los subastadores, comerciantes y agentes que intervengan en la reventa de obras de artes plásticas, deberán comunicarla a la correspondiente entidad de gestión colectiva, dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que se haya concluido la negociación y facilitarle la información necesaria para la liquidación de la remuneración correspondiente.

El subastador, negociante o agente retendrá del precio de venta el porcentaje respectivo y lo pondrá a disposición de la entidad de gestión.

 

TÍTULO VII.- TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

 

Artículo 43. El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión sucesoral, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.

 

Artículo 44. Los contratos de cesión de derechos patrimoniales a que se refiere el artículo 79 de la Ley, pueden celebrarse en forma exclusiva o no exclusiva.

 

Artículo 45. Salvo en los casos de los programas de computadoras y de las obras audiovisuales señalados en los artículos 60 y 73 de la Ley, la cesión en exclusiva debe otorgarse expresamente con tal carácter y atribuye al cesionario, a menos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros.

 

Artículo 46. El cesionario no exclusivo queda facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente.

 

Artículo 47. Toda cesión entre vivos se presume realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.

Salvo pacto expreso en contrario, los efectos de la cesión de derechos patrimoniales, conforme al Párrafo del artículo 80 de la Ley, se limitan a los modos de explotación previstos específicamente en el contrato y al plazo y ámbito territorial pactados.

 

Artículo 48. Si no se especificaren de modo concreto las modalidades de explotación comprendidas en la cesión, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la forma que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad.

 

Artículo 49. Los efectos de un contrato de cesión de derechos patrimoniales no alcanzan a las modalidades de utilización inexistentes o desconocidas en la época de la transferencia.

 

Artículo 50. A reserva de la obligación para las sociedades de gestión colectiva de establecer tarifas proporcionales a la explotación de su repertorio, conforme al artículo 165 de la Ley, la remuneración convenida directamente entre particulares por la explotación de una obra determinada, puede ser fija o proporcional, pero en ausencia de voluntad expresa o de disposición legal en contrario, se entenderá que debe aplicarse el sistema de remuneración proporcional a los ingresos obtenidos por la utilización de la obra.

 

TÍTULO VIII.- DERECHOS AFINES

Artículo 51. De conformidad con el artículo 133 de la Ley, la protección reconocida a los artistas interpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas, a los organismos de radiodifusión y a los demás titulares de derechos afines o conexos, no podrá vulnerar en modo alguno la protección otorgada a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras interpretadas o ejecutadas, fijadas o emitidas, según los casos.

En caso de conflicto entre los titulares de un derecho de autor y los titulares de un derecho conexo, se adoptará siempre la solución que más favorezca al titular del derecho de autor.

 

Artículo 52. Los derechos establecidos en el artículo 137 y en el numeral 3) del artículo 141 de la Ley, están referidos a las comunicaciones interactivas, en las cuales los miembros del público pueden elegir la interpretación o ejecución artística o la grabación sonora, según los casos, a las cuales quieren acceder, desde el lugar y en el momento en cada uno de esos miembros del público desee hacer la elección.

 

TÍTULO IX.- DERECHOS DE REMUNERACIÓN COMPENSATORIA

 

Artículo 53. El derecho de remuneración equitativa que corresponde a los titulares de derechos sobre las obras publicadas en forma gráfica, videogramas o fonogramas, o en toda otra clase de grabación sonora o audiovisual, para compensar a dichos titulares por las remuneraciones dejadas de percibir en razón de esas reproducciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley, será objeto de reglamentación especial.

 

TÍTULO X.- REGISTRO Y DEPÓSITO LEGAL

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 54. Los derechos sobre las obras del ingenio y los correspondientes a los derechos afines a que se refiere la Ley, están protegidos por el solo hecho de la creación, interpretación o ejecución, producción o emisión, según corresponda, y su goce y ejercicio no están subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad.

En consecuencia, el registro y el depósito previstos en la Ley son meramente facultativos y declarativos, pero no constitutivos de derechos.

 

Artículo 55. La omisión del registro o del depósito de una obra, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, no perjudica la adquisición y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley.

 

CAPÍTULO II.- REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

 

Artículo 56. El Registro Nacional del Derecho de Autor estará adscrito a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, con carácter único para todo el territorio nacional.

 

Artículo 57. El registro solamente establece la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario, y su finalidad es la de conceder a los titulares de derechos un medio de prueba y de publicidad. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

 

Artículo 58. El registro dará fe acerca de la identidad de la persona que se presenta como autor, intérprete o ejecutante, productor, emisor o divulgador, según corresponda, así como de la existencia del ejemplar o ejemplares acompañados para el depósito, pero no dará fe acerca del carácter literario, artístico o científico ni el valor estético de lo presentado como obra, ni prejuzgará sobre su originalidad.

 

Artículo 59. Pueden inscribirse en el registro las obras del ingenio protegidas por el derecho de autor; las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión protegidas por los derechos afines; los actos y documentos indicados en los artículos 149 y 150 de la Ley y, en fin, cualesquiera otros instrumentos que transfieran esos derechos o constituyan sobre los mismos derechos de goce.

 

Artículo 60. A los efectos del registro a que se refiere el artículo 149 y el numeral 1) del artículo 150 de la Ley, deberá acompañarse a la solicitud, como medio probatorio, un ejemplar que contenga la fijación de la obra, interpretación o ejecución artística o producción fonográfica, según corresponda.

 

Artículo 61. Las inscripciones efectuadas en el Registro Nacional de Derecho de Autor surtirán eficacia desde la fecha de recepción de la solicitud, debidamente suscrita por el solicitante. Tal fecha deberá constar en la inscripción.

 

Artículo 62. Las cancelaciones, adiciones o modificaciones de las inscripciones efectuadas en el Registro Nacional de Derecho de Autor, sólo procederán a solicitud del interesado, quien deberá aportar las pruebas que sustenten su petición, o por orden judicial que las dispongan.

 

Artículo 63. Las inscripciones realizadas en el registro son de carácter público y, en consecuencia, pueden ser libremente consultadas en la sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

Sin embargo, el acceso al ejemplar en el caso de las obras inéditas y en el de los programas de computadoras, estará sujeto al consentimiento del autor o del titular del derecho, o a un mandato judicial.

 

Artículo 64. La Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá elaborar formularios impresos a los efectos de la inscripción de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

El formulario deberá presentarse con la firma del solicitante y los documentos y demás anexos exigidos por este Reglamento.

 

Artículo 65. En la inscripción de las obras literarias, artísticas o científicas se indicará:

El nombre, nacionalidad, domicilio, cédula de identidad personal y seudónimo, si fuere el caso, del autor o del titular de los derechos.

La fecha de fallecimiento del autor, cuando se trate de la inscripción de una obra póstuma.

Los datos de identificación del editor o del divulgador, cuando se trate de una obra divulgada en forma anónima.

El título de la obra en su idioma original y, cuando corresponda, de su traducción al castellano.

Si la obra es inédita o ha sido publicada, si es originaria o derivada, si es individual, en colaboración o colectiva, así como cualquier otra información que facilite su identificación.

El país de origen de la obra, el año de su realización y, de ser el caso, de su primera publicación.

Nombre, nacionalidad, domicilio, cédula de identidad y, de ser el caso, razón social del solicitante, si éste actúa en nombre del titular de los derechos o en virtud de un contrato de cesión, así como la prueba de la representación o de la transferencia de derechos, según corresponda.

Una breve descripción de la obra, de acuerdo a su naturaleza y características.

 

Artículo 66. Si la obra estuviere editada en forma gráfica se deberá indicar, además:

El año de la publicación y, en su caso, el número de la edición.

La identidad del editor o del impresor, así como su ubicación.

Número de la edición y el tiraje de ejemplares.

Las demás indicaciones que permitan identificar con precisión la edición de la obra inscrita.

 

Artículo 67. Si se tratase de una obra musical, con letra o sin ella, deberá mencionarse también el género y el ritmo; y si ha sido grabada con fines de distribución comercial, los datos relativos al productor fonográfico y al año de publicación de, por lo menos, una de esas fijaciones sonoras.

Si el propósito del solicitante es la inscripción de la letra por sí sola sin aportar la partitura, se tramitará la solicitud de registro en el formulario de inscripción de obras literarias.

 

Artículo 68. En el caso de las obras audiovisuales, deberá también indicarse:

El nombre y demás datos de los coautores, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley, o de aquellos que se indiquen en el contrato de producción de la obra.

El nombre o razón social y demás datos relativos al productor.

El nombre de los intérpretes principales y otros elementos que configuren la ficha técnica.

El país de origen, el año de la realización y, en su caso, de la primera publicación.

Una breve sinopsis del argumento.

 

Artículo 69. Si se trata de obras de artes plásticas, de fotografías, de planos o proyectos arquitectónicos u otras obras análogas, deberán indicarse los elementos que faciliten su identificación y, de encontrarse exhibida permanentemente, publicada o edificada, según corresponda, el lugar de su ubicación o los datos atinentes a la publicación.

 

Artículo 70. Para la inscripción de las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas u otras de similar naturaleza, se presentará una breve descripción del argumento, de la música o de los movimientos, según el caso, y de estar fijada en un soporte material con miras a su distribución con fines comerciales, los datos relativos a la fijación y su ficha técnica.

 

Artículo 71. En la inscripción de un programa de computadora, se indicará además, lo siguiente:

El nombre, razón social y demás datos que identifiquen al productor.

La identificación de los autores, a menos que se trate de una obra anónima o colectiva.

El año de la realización del programa y, en su caso, de la primera publicación, así como de las sucesivas versiones autorizadas por el titular, con las indicaciones que permitan identificarlas.

 

Artículo 72. En la inscripción de las interpretaciones o ejecuciones artísticas, se indicará:

El nombre y datos que identifiquen a los intérpretes o ejecutantes, o de tratarse de orquestas, grupos musicales o vocales, el nombre de la agrupación y la identificación del director.

Las obras interpretadas o ejecutadas y el nombre de sus respectivos autores.

El año de la realización de la interpretación o ejecución, y si ha sido fijada en un soporte sonoro o audiovisual, el año y los demás datos de la fijación o primera publicación, según corresponda.

 

Artículo 73. Para la inscripción de producciones fonográficas se exigirán las indicaciones siguientes:

El título de la producción fonográfica en su idioma original y, si la hubiere, de su traducción al castellano.

Nombre, razón social y demás datos que identifiquen al productor fonográfico.

Año de la fijación y, cuando corresponda, de su primera publicación.

Título de las obras contenidas en la producción fonográfica y de sus respectivos autores.

Nombre de los principales artistas intérpretes o ejecutantes.

Nombre y demás datos de identificación del solicitante, cuando no lo sea el productor, y la acreditación del carácter con el cual actúa.

 

Artículo 74. Cuando se trate de emisiones de radiodifusión, se indicarán:

Los datos completos de identificación del organismo de radiodifusión.

Obras, programas o producciones contenidas en la emisión.

Lugar y fecha de la transmisión y, de estar fijada en un soporte sonoro o audiovisual con fines de distribución comercial, el año de la primera publicación y los elementos que conformen su ficha técnica.

 

Artículo 75. Para el registro de los actos y contratos que transfieran total o parcialmente los derechos reconocidos en la Ley, que constituyan sobre ellos derechos de goce, o en los actos de partición o de sociedades relativas a aquellos derechos, se indicará, de acuerdo a la naturaleza y las características del contrato o acto que se inscribe, lo siguiente:

Partes intervinientes.

Naturaleza del acto o contrato.

Derechos o modalidades de explotación que conforman la transferencia, constitución de derechos de goce o la partición, según el caso.

Determinación de la cuantía, si corresponde.

Plazo y duración del contrato.

Lugar y fecha de la firma.

Nombre y demás datos de identificación del solicitante de la inscripción, cuando el contrato ya haya sido reconocido, autenticado o registrado ante otra autoridad.

 

Artículo 76. Para la inscripción de los convenios o contratos que celebren las sociedades de gestión colectiva con sus similares extranjeras, se acreditará una copia auténtica del respectivo documento. Si el contrato ha sido elaborado en un idioma distinto al castellano, se acompañará una traducción legalizada del mismo y si ha sido elaborado en el extranjero, deberá contener las legalizaciones correspondientes.

 

Artículo 77. Para la inscripción de decisiones judiciales, administrativas o arbitrales que impliquen constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, transmisión de derechos, medidas cautelares o cualquiera otra disposición que afecte una declaración o inscripción ante el registro, deberá acompañarse el documento respectivo, debidamente certificado, legalizado o traducido, según corresponda, indicando la información siguiente:

Nombre de la autoridad que emitió la decisión.

Parte o partes intervinientes.

Clase de decisión.

Objeto y efectos del acto.

Lugar o fecha del pronunciamiento.

Nombre y demás datos que identifiquen al solicitante de la inscripción.

 

Artículo 78. La Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá, mediante resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial o en un periódico de circulación nacional, establecer otros datos que deban suministrarse para la inscripción de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones; de los actos o contratos que transfieran derechos sobre ellos o mediante los cuales se constituyan derechos de goce; o respecto de los actos de partición o de sociedades relativos a aquellos derechos.

 

CAPÍTULO III.- DEPÓSITO LEGAL

 

Artículo 79. A los efectos del depósito previsto en el artículo 156 de la Ley, están excluidas del mismo las obras, interpretaciones o ejecuciones y las emisiones que no hayan sido fijadas en un soporte material.

 

Artículo 80. Con excepción de los ejemplares que deban depositarse en la Biblioteca Nacional de acuerdo al artículo 157 de la Ley, todas las fijaciones acompañadas al depósito quedarán para su archivo en la Oficina Nacional de Derecho de Autor formando parte del expediente de registro.

 

Artículo 81. Cuando se trate de obras inéditas y en respeto al derecho moral consagrado en el numeral 3) del artículo 17 de la Ley, se podrá acompañar un solo ejemplar, fijado por cualquier medio o procedimiento, el cual permanecerá bajo reserva de confidencialidad, salvo lo dispuesto en el artículo 62 del presente Reglamento.

 

Artículo 82. Las características de los ejemplares a depositarse, de acuerdo al género o naturaleza de la obra, serán como sigue:

En las obras publicadas en forma impresa, tres ejemplares de la edición.

En las obras no publicadas, pero fijadas en forma gráfica, un ejemplar reproducido por cualquier medio o procedimiento que permita su acceso visual.

En las obras musicales, con o sin letra, una copia de la partitura o del medio de expresión utilizado y, en su caso, del texto de la letra.

En las obras audiovisuales, tantas fotografías como escenas principales tenga la producción, conjuntamente con un resumen del argumento.

En las obras de artes plásticas y en las de arte aplicado, tantas fotografías como sean necesarias para su identificación.

En las fotografías, una reproducción de la obra.

En las obras dramáticas, dramático-musicales u otras de naturaleza análoga, un juego de fotografías de los principales movimientos o escenas, de haberse representado públicamente; o, en su caso y a juicio del solicitante, un soporte sonoro o audiovisual que contenga la fijación.

En las obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis y otras obras de naturaleza semejante, una copia de los planos o un juego de fotografías que permita identificar sus elementos esenciales.

En las colecciones y compilaciones, un ejemplar que contenga la selección de las obras recopiladas.

En las bases electrónicas de datos, una descripción de su contenido, especialmente de las obras, hechos o datos compilados, así como cualquier otra característica que permita diferenciarlas de otras obras de su misma naturaleza.

En los programas de computadora, una descripción de sus funciones, así como cualquier otra característica que permita diferenciarlos de otras obras de su misma naturaleza. La Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá requerir a los autores o a los titulares de derechos, la información necesaria que permita el acceso a la secuencia de instrucciones del programa, contenida en un soporte magnético, en los casos de arbitraje sometidos a la Oficina o por mandato judicial.

En las interpretaciones o ejecuciones artísticas fijadas, una reproducción de la fijación sonora o audiovisual.

En las producciones fonográficas, una reproducción del fonograma.

En las emisiones de radiodifusión que hayan sido fijadas, una reproducción de la fijación sonora o audiovisual.

 

Artículo 83. La Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá, mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial o en un periódico de circulación nacional, determinar las características de otros ejemplares que puedan acompañarse a los efectos del depósito de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones objeto de la protección legal.

 

Artículo 84. Los ejemplares descritos en los artículos que anteceden y cualquiera otros que determine la Oficina Nacional de Derecho de Autor con posterioridad, deberán entregarse en condiciones adecuadas por su conservación y preservación.

 

Artículo 85. Una vez efectuada la inscripción se dejará constancia de ella por orden numérico y cronológico en soportes de información de cualquier naturaleza, apropiados para recoger con adecuada garantía de seguridad, de conservación y facilidad de acceso, todos los datos que deban constar en el registro.

 

Artículo 86. La Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá publicar un boletín periódico donde se incluya una lista de las inscripciones efectuadas.

Las omisiones en esa lista no afectarán la validez de las inscripciones, ni perjudicarán las presunciones que se deriven del registro o la deducción ante los tribunales de las acciones que se deriven de la titularidad de cualesquiera de los derechos reconocidos por la Ley.

 

TÍTULO XI.- GESTIÓN COLECTIVA

 

Artículo 87. Las sociedades de gestión colectiva constituidas o por constituirse para defender los derechos patrimoniales de sus asociados reconocidos en la Ley, o de los afiliados o representados por entidades extranjeras de la misma naturaleza, deberán obtener para su funcionamiento la autorización del Poder Ejecutivo.

Para el reconocimiento de la personería jurídica, la asamblea general constitutiva de la sociedad, una vez aprobados los estatutos sociales, autorizará a su Presidente a solicitarla del Presidente de la República, anexando siete copias certificadas por los funcionarios de la entidad con calidad para ello, tanto de los estatutos como del acta constitutiva, a través de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la que deberá emitir dictamen previo dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que haya recibido toda la documentación exigible y, comprobado que se han cumplido las formalidades de la Ley y este Reglamento, tramitará el expediente a la Presidencia de la República.

 

Artículo 88. Dictado el decreto correspondiente, la Oficina Nacional de Derecho de Autor remitirá una copia del mismo a la sociedad e inscribirá dicho decreto en sus registros, anexando copia certificada de los estatutos y de la asamblea general constitutiva para formar el expediente respectivo, conjuntamente con los demás documentos exigidos por la Ley o el presente Reglamento.

El decreto por el cual se autoriza el funcionamiento de una entidad de gestión colectiva, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

Párrafo. Ninguna organización podrá ejercer en la República Dominicana funciones que correspondan a la administración colectiva del derecho de autor o de los derechos afines, a menos que reúna los requisitos establecidos en la Ley y en el presente Reglamento para tales efectos.

 

Artículo 89. La autorización a que se refieren los Párrafos II y III del artículo 162 de la Ley y las disposiciones precedentes, se concederá en cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Que la entidad se haya constituido sin fines de lucro y con arreglo a las exigencias de la Ley y este Reglamento.

Que la organización tenga como objeto social la gestión colectiva del derecho de autor o de los derechos afines.

Que la sociedad solicitante se obligue a aceptar la administración de los derechos que se le encomienden, de acuerdo al género de explotación para el cual haya sido constituida.

Que de los datos aportados y de la información obtenida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, se desprenda que la sociedad reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos que pretende gestionar.

Que la autorización favorezca los intereses generales de la protección del derecho de autor o de los derechos afines en la República Dominicana.

 

Artículo 90. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en los numerales 4 y 5 del artículo precedente, se tendrán particularmente en cuenta:

El número de titulares de derechos que se hayan comprometido a confiarle a la entidad la gestión de los mismos, en caso de ser autorizada.]

La representación esperada de repertorio nacional.

El volumen del repertorio que se aspira a administrar y la presencia efectiva del mismo en las actividades realizadas por los usuarios más significativos.

La cantidad e importancia de los usuarios potenciales.

La idoneidad de los estatutos societarios y de los medios que cuenta la entidad para el cumplimiento de sus fines.

La posible efectividad de la gestión de la sociedad en el extranjero, mediante probables contratos de representación con entidades de la misma naturaleza que funcionen en el exterior.

El informe de las organizaciones de gestión ya constituidas y autorizadas, de considerarse conveniente.

Cualesquiera otros elementos que a juicio de la Oficina Nacional de Derecho de Autor se estimen pertinentes.

 

Artículo 91. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo IV del artículo 162 de la Ley y de lo previsto en otras leyes o reglamentos, los estatutos de las sociedades de gestión colectiva deberán contener:

La denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras entidades ni tan semejante que pueda inducir a confusión.

El objeto o fines societarios con especificación de la categoría o categorías de los derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección del derecho de autor o de los derechos afines.

Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión y, en su caso, las distintas categorías de aquellos, a efectos de su participación en la administración de la entidad.

Las condiciones para la adquisición y pérdida de la cualidad de asociado, así como para la suspensión de los derechos sociales. En todo caso, los socios deberán ser titulares de derechos de los que haya de gestionar la sociedad. El número de ellos no podrá ser inferior a diez.

Los derechos y deberes de los socios y, en particular, el régimen de votos y el disciplinario. Para la elección de los órganos de gobierno y representación el voto deberá ser secreto.

Los órganos de gobierno y representación de la sociedad y sus respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de aquellos que sean de carácter colegiado. Los órganos serán, al menos, los siguientes: la Asamblea General, el Consejo Directivo y un Comité de Vigilancia.

El procedimiento de elección de los administradores.

El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos.

Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación.

El régimen de control de la gestión económica y financiera de la sociedad.

El destino del patrimonio o del activo neto resultante en los supuestos de liquidación de la entidad que, en ningún caso, podrá ser objeto de reparto entre los asociados.

 

Artículo 92. En los términos del Párrafo IV del artículo 162 de la Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y reglamentos, las sociedades de gestión colectiva están obligadas a:

Inscribir su Acta Constitutiva y Estatutos en el Registro Nacional de Derecho de Autor, una vez que haya sido autorizado su funcionamiento, así como sus reglamentos de socios y otros que desarrollen los principios estatutarios, normas de recaudación y distribución, las tarifas fijadas y homologadas para el uso de su repertorio, los contratos que celebren con asociaciones de usuarios, los de representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza, las actas de las asambleas y los documentos mediante los cuales se designen los miembros de los organismos directivos y de fiscalización, sus administradores y apoderados, todo ello dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, celebración, elección o nombramiento, según corresponda.

Consignar en la Oficina Nacional de Derecho de Autor los balances anuales y los informes de auditoría, así como sus modificaciones, dentro de los treinta días siguientes a su elaboración.

Aceptar la administración de los derechos que les sean encomendadas de acuerdo a su objeto y fines, y realizar la gestión con sujeción a sus estatutos y demás normas aplicables.

Reconocer a los asociados un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad, para lo cual podrán establecer un sistema de voto que tome en cuenta criterios de ponderación razonables, que guarden proporción con los ingresos efectivamente recibidos por el uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones, o producciones de cada asociado. En materia relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será igualitario.

No aceptar miembros de otras organizaciones de gestión colectiva, del país o del extranjero, que administren la misma modalidad de explotación, a menos que la gestión encomendada se refiera a territorios diferentes.

Fijar las tarifas generales relativas a las remuneraciones correspondientes a las cesiones de derechos de explotación o a las licencias de uso que otorguen sobre el repertorio que administre y someterlas a la homologación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

Publicar las tarifas a que se refiere el numeral anterior, por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, una vez obtenida la homologación y con una anticipación no menor de treinta días previos a la fecha de su entrada en vigor.

Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la tarifa fijada por la entidad, la concesión de licencias no exclusivas para la utilización del repertorio administrado por la organización, a menos que se trate de utilizaciones singulares de una obra, interpretación o producción que requieran de la autorización individualizada del titular del respectivo derecho.

Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante la aplicación de la tarifa previamente fijada, homologada y publicada.

Distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción del porcentaje necesario para cubrir los gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en las normas estatutarias o reglamentarias, y de una sustracción adicional, también hasta por el porcentaje permitido, destinada exclusivamente a actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus asociados.

Aplicar sistemas de distribución que excluyan la arbitrariedad, bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso.

Mantener una publicación periódica, destinada a sus miembros, con información relativa a las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de los derechos de sus socios o administrados.

Elaborar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, el balance general y la memoria de actividades correspondientes al año anterior, y ponerlos a disposición de los socios con una antelación mínima de treinta días al de la celebración de la Asamblea General en la que hayan de ser aprobados o reprobados.

Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo nombrado en la Asamblea General celebrada en el año anterior o en la de su constitución, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposición de los socios, conforme al numeral precedente.

Publicar el balance anual de la entidad, en uno, por lo menos, de los diarios de circulación nacional, dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la Asamblea General.

Tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas para sus actividades de gestión, las tarifas aplicables y el repertorio de los derechos que administren, nacionales o extranjeros, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de la sociedad.

Cumplir con las demás obligaciones contempladas en la Ley, en este Reglamento y en los Estatutos Sociales.

 

Artículo 93. La Oficina Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada, podrá requerir a las entidades de gestión colectiva la modificación o corrección de las reformas estatutarias o de los reglamentos o normas internas que pudieran haber originado la denegación de la autorización de funcionamiento, entorpecieran el régimen de fiscalización o constituyeran una violación a cualesquiera de las demás obligaciones impuestas a la gestión colectiva por la Ley o este Reglamento.

 

Artículo 94. Las sociedades de gestión no podrán mantener fondos irrepartibles. A tal efecto, dichas sociedades, durante tres años contados desde el primero de enero del año siguiente al del reparto, pondrán a disposición de sus asociados y de las organizaciones de gestión representadas por ellas, la documentación utilizada para tal distribución y conservarán en su poder las remuneraciones correspondientes a las obras, interpretaciones o producciones que no se hayan podido identificar. Transcurrido dicho plazo, las sumas mencionadas serán objeto de un reparto adicional entre los titulares que participaron en dicha distribución, en proporción a las percibidas en ella individualizadamente.

 

Artículo 95. Sin perjuicio de las acciones civiles y las sanciones penales que correspondan, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Ley, la Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá imponer a las sociedades de gestión colectiva, las sanciones siguientes:

Amonestación privada.

Amonestación pública, pudiendo ordenarse la publicación de la misma en un periódico de circulación nacional, a costa de la infractora.

Multa, de cinco a doscientos salarios mínimos.

Suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones, hasta por el lapso de un año, designándose en su lugar a una Junta Administradora.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá igualmente recomendar al Poder Ejecutivo la revocación de la autorización de funcionamiento otorgada a una entidad de gestión, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias indicadas en el artículo 95 de este Reglamento.

 

Artículo 96. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, serán aplicables mediante resolución motivada, de acuerdo a la gravedad de la falta y previa comprobación de la infracción, y podrá imponerse una cualquiera de ellas sin que sea necesario haber agotado las anteriores.

En el caso de las sanciones pecuniarias, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada, cuando se trate de la repetición de un acto infractor de similar naturaleza cometido en los últimos dos años.

 

Artículo 97. En los casos en que se decidiera la suspensión o la cancelación de la autorización de una sociedad de gestión colectiva, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada, designará una Junta Administradora que se encargará, por el tiempo que se indique en la misma, de:

Recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes al uso del repertorio administrado por la entidad.

Administrar el funcionamiento habitual de la sociedad.

Liquidar los activos a que hubiere lugar en caso de revocación.

Desarrollar las demás actividades necesarias a los fines de dar cumplimiento a la sanción impuesta.

 

Artículo 98. La sanción de cancelación procederá en los casos siguientes:

Si se comprueba que la autorización otorgada a la entidad de gestión para funcionar, se obtuvo mediante falsificación o alteración de datos o documentos, o de cualquier otra manera en fraude a la Ley.

Si sobreviene o se pone de manifiesto algún hecho grave que pudiera haber originado la denegación del permiso para funcionar.

Si se demuestra la imposibilidad para la entidad de cumplir con un objeto social.

Si se incurre en una falta grave que ya haya sido motivo de suspensión, en el año anterior al de la revocación.

 

Artículo 99. En cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior, deberá mediar un previo apercibimiento por parte de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la cual fijará un plazo no mayor de tres meses para subsanar o corregir los hechos señalados.

La revocación producirá sus efectos a los treinta días de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

Artículo 100. A los efectos del régimen de autorización y fiscalización previsto en la Ley y en el presente Reglamento, la Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá exigir de las sociedades de gestión cualquier tipo de información, efectuar inspecciones o auditorias y designar un representante que asista con derecho a voz pero sin voto a las Asambleas Generales, Consejos o Juntas Directivas, Comisiones de Fiscalización u otros órganos análogos de la entidad.

 

TÍTULO XII.- ACCIONES CIVILES

 

Artículo 101. Las disposiciones del presente Título se refieren a las acciones civiles iniciadas, tanto por vía principal, como a las ejercidas accesoriamente a la acción pública.

 

Artículo 102. El derecho moral de autor se entenderá lesionado a los efectos de las acciones civiles previstas en la Ley, salvo prueba en contrario, además de por la violación de algunas de sus facultades, por la infracción de cualquier derecho de explotación sobre la obra.

Sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, se ordenará indemnización por daños morales, sin necesidad de prueba de la existencia de perjuicio económico. Para su valorización se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra.

 

Artículo 103. En la determinación de los daños patrimoniales se atenderá, en particular:

Al beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado de no mediar la violación.

A la remuneración que el titular del derecho hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

A la totalidad de los beneficios directos o indirectos que se hayan derivado para el infractor de la actividad ilícita.

La indemnización por cada uno de los elementos indicados en este artículo será evaluada por el Juez, pero en ningún caso será menor del mínimo de la multa establecida como sanción penal para cada uno de los actos de reproducción, comunicación, distribución, modificación u otra conducta ilícita que afecte a uno cualquiera de los titulares de derechos protegidos en una reclamación determinada, según los términos del artículo 177 de la Ley.

 

TÍTULO XIII.- UNIDAD DE DERECHO DE AUTOR

 

Artículo 104. La Unidad de Derecho de Autor queda confiada a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, adscrita a la Secretaría de Estado de Cultura, con todos los deberes y atribuciones que se establecen en la Ley y en el presente Reglamento.

 

Artículo 105. El Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor deberá reunir los siguientes requisitos:

Ser dominicano.

Ser abogado.

Tener un mínimo de cinco años de haber obtenido el exequátur para el ejercicio de la profesión.

 

Artículo 106. La Oficina Nacional de Derecho de Autor es la autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos afines y resuelve en primera instancia, en sede administrativa, las causas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.

La Oficina posee autonomía técnica, funcional y administrativa para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo, así como su propio presupuesto consignado en el presupuesto general de la Nación.

 

Artículo 107. La Oficina Nacional de Derecho de Autor tendrá las atribuciones siguientes:

Orientar, coordinar y fiscalizar en sede administrativa la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República, en materia de derecho de autor y derechos afines, y vigilar su cumplimiento.

Organizar y administrar el Registro del Derecho de Autor y el Depósito Legal.

Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Intervenir por vía de conciliación, aun de oficio, y de arbitraje, cuando así lo soliciten las partes, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley.

Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del derecho de autor o los derechos afines, estando obligados los usuarios a brindar todas las facilidades necesarias a los fines de la fiscalización y proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida.

Presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito.

Emitir informe técnico no vinculante en los procesos civiles y penales que se ventilen sobre el goce o el ejercicio del derecho de autor o los derechos afines, cuando así sea requerido por el Juez, de oficio o a petición de parte.

Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derecho de autor y derechos conexos.

Dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección de pruebas, pudiendo actuar por reclamación expresa del titular del derecho, sus representantes o causahabientes debidamente autorizados, o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, e inclusive de oficio.

Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones administrativas para las cuales tenga competencia, en conformidad con la Ley y este Reglamento, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, así como disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos infractores.

Ordenar, mediante resolución motivada y luego de ofrecer a las partes el derecho a presentar alegatos y pruebas, la destrucción de los ejemplares que constituyan una infracción y, en caso necesario, de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la producción de tales ejemplares, levantando previamente a esos efectos un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de la destrucción.

Promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones.

Requerir la intervención de las autoridades competentes y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

Fijar por resolución los derechos sobre formularios, certificados, inscripciones, copias, extractos o documentos que tramite o expida.

Las demás que le establezca la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 109. A los fines de ejercer sus funciones de vigilancia e inspección sobre aquellas actividades que puedan dar lugar al goce o ejercicio de los derechos protegidos por la Ley, la Oficina Nacional de Derecho de Autor llevará un libro de inscripción de los importadores, distribuidores y comercializadores de bienes, servicios o equipos vinculados al derecho de autor o los derechos afines.

Dicha inscripción deberá renovarse anualmente y será obligatoria para:

Clubes o tiendas de video.

Importadores y distribuidores de grabaciones audiovisuales.

Importadores y distribuidores de fonogramas.

Importadores y distribuidores de programas de computadoras.

Importadores y distribuidores de ejemplares de obras expresadas en forma gráfica.

Galerías de arte.

Importadores y fabricantes de soportes destinados a la fijación o reproducción de obras protegidas y fonogramas.

Estaciones de retransmisión por cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

Cualesquiera otras personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización de bienes o equipos que reproduzcan obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones de radiodifusión, o a la prestación de servicios relacionados con el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley, cuando así lo resuelva la Oficina Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada que se publicará en un diario de circulación nacional.

Párrafo. La Oficina Nacional de Derecho de Autor expedirá al interesado un certificado de inscripción o de renovación, según el caso, el cual no prejuzga sobre la ilicitud o no de las actividades que pueda realizar la persona o empresa inscrita en el libro correspondiente.

 

Artículo 110. La inobservancia a la obligación de inscripción o de sus renovaciones por parte de las personas o empresas indicadas en el artículo anterior, será sancionada conforme a las previsiones del numeral 2) del artículo 116 del presente Reglamento.

 

Artículo 111. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los artículos 188 y 189 de la Ley y de las acciones civiles o las sanciones penales aplicables, la Oficina Nacional de Derecho de Autor queda facultada para ordenar en sede administrativa, de oficio o a solicitud de uno cualquiera de los titulares de derechos reconocidos en la ley o sus representantes, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor. 

Con este fin, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces para:

Evitar una infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, impedir la introducción de los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas.

Conservar todas las pruebas pertinentes y relacionadas con la presunta infracción.

 

Artículo 112. Las medidas preventivas o cautelares a que se refiere el artículo anterior serán, entre otras:

La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.

La incautación o decomiso y retiro, sin aviso previo, de los ejemplares producidos o utilizados indebidamente y del material o equipos empleados para la actividad infractora, así como de las pruebas documentales pertinentes.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

 

Artículo 113. La Oficina Nacional de Derecho de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.

 

Artículo 114. En el caso de la comunicación pública de una obra, prestación artística, producción o emisión protegida, por parte de un organizador o empresario que no contare con la debida autorización, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, procederá en este caso a pedido del titular del derecho o de la sociedad de gestión que lo represente, a notificar de inmediato al presunto infractor prohibiéndole utilizar la obra, prestación, producción o emisión objeto de la denuncia, bajo imposición de multa y demás sanciones previstas en la Ley o en este Reglamento.

El organizador o empresario sólo podrá alcanzar la revocación de la suspensión o prohibición ordenada, presentando la autorización escrita del titular del derecho o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, o probando fehacientemente que aquéllas no se hallan protegidas.

 

Artículo 115. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 187 de la Ley y sin perjuicio de las acciones civiles o las sanciones penales pertinentes, la Oficina Nacional de Derecho de Autor está facultada para imponer en sede administrativa, de oficio o a petición de parte, las sanciones que correspondan a cualesquiera de las infracciones al derecho de autor o a los derechos afines o a las demás obligaciones impuestas por la Ley, tomando en cuenta:

La gravedad de la falta.

La conducta del infractor a lo largo del procedimiento.

El perjuicio económico que hubiese causado la infracción.

El provecho ilícito, directo o indirecto, obtenido por el infractor.

Cualesquiera otros criterios que dependiendo de las características de cada caso en particular, se consideren adecuados para evaluar la magnitud de la violación y la sanción aplicable.

 

Artículo 116. En los términos del artículo anterior, la Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá imponer conjunta o indistintamente, de acuerdo a la gravedad de la infracción, las siguientes sanciones:

Amonestación.

Multa, de cinco a doscientos salarios mínimos.

Reparación de las omisiones.

Cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento donde se produjo la infracción.

Cierre definitivo del establecimiento.

Incautación o decomiso definitivo de los ejemplares ilícitos o de los aparatos o equipos utilizados para la comisión de la infracción.

Destrucción de los ejemplares ilícitamente reproducidos y, en caso necesario, de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la producción de tales ejemplares.

Publicación de la resolución a costa del infractor.

 

Artículo 117. En caso de repetición de un acto ilícito de similar naturaleza en un lapso de dos años, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada.

 

Artículo 118. Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Oficina Nacional de Derecho de Autor podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público.

Si la Oficina Nacional de Derecho de Autor hubiera destruido los ejemplares materia de la infracción, se acompañará a la denuncia copia certificada de la resolución administrativa correspondiente, así como copias de las actas vinculadas con tales medidas en las que conste la relación de los bienes objeto de las mismas y, de considerarse pertinente, algunos ejemplares que se exceptúen de la destrucción, todo ello a los efectos de su valoración como prueba del presunto delito.

 

Artículo 119. A los efectos de la determinación de la sanción aplicable conforme a los artículos precedentes, se considerará como falta grave, entre otras, aquella que realizare el infractor en relación con cualquiera de los derechos protegidos y particularmente las siguientes:

Vulnerar cualesquiera de los derechos morales reconocidos en la Ley.

Obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, u obtener un beneficio económico con la ilicitud, sea éste directo o indirecto.

Presentar declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho, autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la Ley.

Realizar actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva debida autorización de funcionamiento.

Repetir la realización de actos prohibidos, en los términos del artículo 113 de este Reglamento.

En la determinación de la gravedad de la falta se tomará en cuenta igualmente la difusión o trascendencia que haya tenido la infracción cometida.

 

Artículo 120. También incurrirá en falta grave aquel que:

1. Fabrique, ensamble, importe, modifique, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos, sistemas o equipos capaces de soslayar o desactivar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de la obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaz de eludir o desactivar otro dispositivo destinado a impedir o controlar la recepción de programas transmitidos a través de las telecomunicaciones, alámbricas o inalámbricas, o de cualquier otra forma al público, por parte de aquellos no autorizados para esa recepción.

2. Altere, elimine o eluda, de cualquier forma, los dispositivos o medios técnicos introducidos en las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones protegidas, que impidan o restrinjan la reproducción o el control de las mismas, o realice cualquiera de dichos actos en relación con las señales codificadas, dirigidas a restringir la comunicación por cualquier medio de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones.

3. Suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos reconocidos en esta ley, o distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones o producciones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de los derechos correspondientes ha sido suprimida o alterada sin autorización.

 

Artículo 121. Los ingresos derivados de las multas que se impongan en sede administrativa, conforme al presente Reglamento, y demás ingresos percibidos, serán administrados por la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

 

Artículo 122. Los montos de las multas a que se refiere el artículo anterior deberán cancelarse dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en sea impuesta, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.

 

TÍTULO XIV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.

 

Artículo 123. Las sociedades de gestión colectiva ya autorizadas en los términos de la Ley y antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, pueden continuar sus actividades y ejercer las funciones establecidas en la Ley, en este Reglamento y en sus Estatutos Sociales.

 

Artículo 124. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, dichas sociedades de gestión tienen un plazo de noventa días, a contar de la fecha de la promulgación de este Reglamento, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo.

Si vencido el plazo anterior alguna sociedad de gestión colectiva no ha dado cumplimiento a los citados requisitos, podrá revocarse la autorización de funcionamiento, previa recomendación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

 

Artículo 125. El presente decreto deroga y sustituye el Decreto Núm.82-93 del 28 de marzo del 1993 y cualquier otro decreto o resolución que le sea contraria.

 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil uno; anos 158 de la Independencia y 138 de la Restauración.

 

HIPÓLITO MEJIA.

01Ene/14

Decreto nº 6.023, de 22 de janeiro de 2007. Altera o art. 2º do Decreto nº 5.602, de 06 de dezembro de 2005, que regulamenta o Programa de Inclusão Digital instituído pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. (DOU de 22/01/2007  Ed. Extra).

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1º do Artigo 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,

 

 

DECRETA:

 

 

Artigo 1º.- O Artigo 2º do Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

 

«Artigo 2º ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

II – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso do inciso II do caput do Artigo 1º;

 

III – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso dos sistemas contendo unidade de processamento digital, monitor, teclado e mouse de que trata o inciso III do caput do Artigo 1º; e

…………………………………………………………………………………………………. »

 

 

Artigo 2º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 22 de janeiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Decreto 889/01

Decreto 889/20001 de 10 de julio de 2001

Modificación del Decreto Nº 20 de fecha 13.12.1999, en la parte correspondiente a la Subsecretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Secretaría para la Modernización del Estado. Transformación del Instituto Nacional de la Administración Pública.

 

VISTO las Leyes Nº 20.173 y Nº 21.339 y los Decretos Nº 20 del 13 de diciembre de 1999 y sus modificatorios y Nº 103 del 25 de enero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 103/01 se aprobó el PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION de la Administración Pública Nacional, encomendándose a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la coordinación de la ejecución de las acciones que se deriven de aquél.

Que por el Decreto Nº 673 del 18 de mayo de 2001 se crea la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el mismo decreto se establece que la mencionada Secretaría será la autoridad de aplicación del Decreto Nº 103/01 y que ello exige la concreción de un proceso de profunda reingeniería interna de la misma, que permita asegurar una estructura institucional con la suficiente capacidad de acción como para garantizar la consecución de los objetivos pretendidos.

Que habida cuenta que aquel proceso será diseñado y desarrollado en la órbita de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO antes citada, se entiende conveniente replantear el esquema estructural de primer nivel operativo de la misma como así también el de la Subsecretaría que le depende.

Que con relación a las modificaciones a introducir al primer nivel de apertura estructural de la citada Secretaría, se ha considerado pertinente que la reestructuración contemple la unificación y redefinición de las responsabilidades asignadas a las unidades con competencia en materia informática.

Que asimismo, resulta indispensable prever la incorporación de una dependencia con la misión específica de prestar asistencia y conducir el proceso operativo de modernización e innovación de la gestión pública.

Que asimismo, el proceso de modernización del Estado Nacional aconseja reestructurar las actividades de capacitación de los agentes públicos, descentralizando y tercerizando las mismas, lo que requiere modificar el modo de gestión de dicha actividad.

Que en virtud de lo establecido por la Ley Nº 25.414, el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado a decidir la centralización de entes descentralizados.

Que en tal sentido resulta menester transformar el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA en un Instituto de gestión centralizada con dependencia de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, modificando en consecuencia la naturaleza jurídica otorgada por la Ley Nº 20.173 y Nº 21.339.

Que esta transformación tiene como objetivo convertir al Instituto en el organismo rector del sistema de capacitación del personal de la Administración Nacional, pudiendo a través de la concentración de funciones direccionar los ahorros que resultan de suprimir las funciones de apoyo y destinarlos a la aplicación de la política sustantiva en la materia.

Que la centralización de las funciones de capacitación significará un ahorro en recursos, producto de la descentralización y tercerización de las actividades que venía desarrollando el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Que como consecuencia de los cambios que se introducen y el carácter perentorio de los plazos de instrumentación de algunas de las tareas que el PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION impone, resulta necesario otorgar facultades para designar transitoriamente a quienes desempeñarán funciones de conducción de los cargos con asignación de funciones ejecutivas que se creen o se hallen vacantes, mientras duren los procesos de selección a convocarse para la cobertura definitiva de los cargos en cuestión.

Que las modificaciones que se introducen implican la necesaria caducidad de las unidades orgánicas de distinto nivel existentes hasta el momento, lo cual influirá notoriamente en la cantidad de instancias operativas actualmente vigentes, con la consiguiente reducción de costos operativos y simplificación de trámites que ello necesariamente traerá aparejadas.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 1º inciso a) de la Ley Nº 25.414 y los artículos 21 y 26 de la Ley Nº 25.401.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º Modifícase del Apartado X, Anexo II, al artículo 2º del Decreto Nº 20 de fecha 13 de diciembre de 1999, sus modificatorios y complementarios —Objetivos—, la parte correspondiente a la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los que quedarán redactados de conformidad con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Artículo 2º Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 20.173 por el siguiente:

«ARTICULO 1º Créase el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, el que funcionará como organismo centralizado dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS».

Artículo 3º Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 20.173 por el siguiente:

«ARTICULO 2º El INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA tendrá por finalidad:

a) Fijar la política del Sistema Nacional de Capacitación, estableciendo normas y pautas metodológicas y realizando la supervisión, evaluación y certificación de la capacitación permanente llevada a cabo en los organismos de la Administración Nacional, y asistir técnicamente el desarrollo de los planes de formación en organismos, asegurando la capacitación estratégica en políticas de transformación de la gestión pública.

b) Desarrollar los estudios para la capacitación de los agentes públicos en virtud del proceso de modernización del Estado, fomentando el aprendizaje organizacional y el análisis comparado, resguardando en forma sistematizada la información y documentación correspondiente.»

Artículo 4º Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 20.173, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 21.339 por el siguiente:

«ARTICULO 4º La Dirección del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA estará a cargo de un Director Nacional.

El INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA contará con un Consejo Asesor, ad honorem, integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el desarrollo de estudios y actividades sobre la Administración Pública. Se invitará a participar del Consejo Asesor a representantes de las dos entidades gremiales con mayor representatividad en el Sector. Las reuniones del Consejo Asesor serán presididas por el Secretario para la Modernización del Estado, o en caso de ausencia por el Director Nacional.»

Artículo 5º El INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA mantendrá los recursos humanos, materiales y financieros asignados. El personal involucrado mantendrá sus niveles actuales y grados de revista.

Artículo 6º Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, con motivo de la transformación dispuesta por el presente decreto, la atención de las erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida, será atendida con cargo a los créditos presupuestarios de origen de las mismas.

Artículo 7º Apruébase la estructura organizativa de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuerdo con el organigrama, responsabilidades primarias y acciones y dotación, que como Anexos I, II y III respectivamente, forman parte integrante del presente acto.

Artículo 8º Establécese que para posibilitar la cobertura de los cargos con función ejecutiva de las dependencias de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ésta queda exceptuada de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 25.401.

Artículo 9º Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar designaciones de carácter transitorio en los cargos referidos en el artículo precedente, como excepción a lo dispuesto en el Título III, Capítulo III y en el artículo 71 primer párrafo, primera parte del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los sistemas de selección previstos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa en el Decreto Nº 993 de fecha 27 de mayo de 1991 (t.o.1995), en el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la respectiva designación.

Artículo 10. Las designaciones efectuadas de conformidad con la facultad otorgada por el artículo precedente, deberán ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 del Anexo I al Decreto Nº 993 de fecha 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995) para el acceso a los niveles escalafonarios correspondientes al Agrupamiento General.

Artículo 11. Incorpórase al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa —SINAPA— (t.o.1995) a los cargos que se detallan como anexo IV, el que forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 12. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá aprobar la estructura organizativa de las aperturas inferiores a las que se aprueban por el presente decreto en concordancia con lo establecido por la normativa vigente en la materia, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de publicado el presente.

Artículo 13. Facúltase al titular de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a determinar las unidades organizativas de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, de niveles inferiores a los que aquí se aprueban, que subsistirán hasta tanto concluya el proceso al que se alude en los considerandos del presente.

Artículo 14. Facúltase al mencionado Secretario a distribuir la planta de personal en las unidades organizativas que se aprueban por el presente, como así también en las aperturas inferiores a las mismas.

Artículo 15. Aclárase que la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA ejercerá todas aquellas facultades que fueran oportunamente atribuidas por diferentes normas a la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Artículo 16. Deróganse los artículos 3º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 20.173 y modificatoria y el Decreto Nº 998 de fecha 30 de agosto de 1996 y modificatorios, este último en la parte atinente a la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Artículo 17. El gasto que demande la aplicación del presente Decreto se atenderá con las partidas presupuestarias asignadas en el presupuesto vigente para la Jurisdicción JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Artículo 18. Derógase el Decreto Nº 1141 del 2 de diciembre de 2000.

Artículo 19. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DE LA RUA.

Chrystian G. Colombo.

Domingo F. Cavallo.

Anexo al artículo 1º


SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA.


OBJETIVOS

1) Asistir al Secretario para la Modernización del Estado en todas aquellas actividades y tareas que le sean encomendadas.

2) Entender en la implementación operativa y el seguimiento de las políticas de modernización de la gestión pública y asistir al Secretario para la Modernización del Estado en la determinación de los lineamientos estratégicos y en la propuesta de normas reglamentarias.

3) Asistir en la propuesta de diseños de procedimientos administrativos a fin de promover su simplificación, transparencia, mejoramiento del control social y elaborar los desarrollos informáticos correspondientes.

4) Proponer políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización de la Administración Nacional, las medidas reglamentarias en la materia y ejercer el control sobre su aplicación homogénea.

5) Entender en el análisis y propuesta del rediseño de la macroestructura de la Administración Nacional, impulsando su desarrollo e implementación.

6) Entender en el proceso de aprobación de las estructuras organizativas de los organismos de la Administración Nacional.

7) Intervenir como autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.127 que instituye el Premio Nacional a la Calidad y ejercer la Presidencia del Comité Permanente.

8) Entender en el diseño de los lineamientos y la puesta en marcha de Acuerdos Programa de acuerdo al inciso c) del 5º de la Ley 25.152 y asistir al Secretario para la Modernización del Estado en su implementación y seguimiento.

9) Intervenir en el diseño, ejecución y control del Programa de Evaluación de la Calidad del Gasto instituido por el inciso d) del artículo 5º de la Ley 25.152.

10) Asistir a los organismos del Sector Público Nacional en programas para la modernización de la gestión, el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, y la incorporación de nuevas tecnologías de información.

11) Evaluar el cumplimiento de los planes y programas en todos los aspectos vinculados con el PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION.

12) Asistir al Secretario para la Modernización del Estado en todo lo relativo al funcionamiento del CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCION PUBLICA.

13) Asistir al Secretario para la Modernización del Estado en la aplicación del Régimen Normativo que establece la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional, como así también en las funciones de organismo licenciante en la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional.

14) Intervenir en la administración y coordinación de la Red Telemática Nacional de Información Gubernamental en sus aspectos técnicos, económicos y presupuestarios.

15) Entender en la definición de estrategias sobre tecnologías de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información en la Administración Nacional.

Coordinar y supervisar su implantación y brindar asistencia técnica en la materia.

16) Dirigir y supervisar el Cuerpo de Administradores Gubernamentales.

17) Proponer y formular políticas sobre recursos humanos y ejercer el control de su aplicación homogénea.

18) Asistir al Secretario para la Modernización del Estado en las Convenciones Colectivas de Trabajo en las que el Estado Nacional sea parte.

19) Intervenir en el análisis y aprobación de todas aquellas medidas relativas a la política salarial de la Administración Nacional y de los sistemas de incentivos del empleo público.

20) Entender en la propuesta de modificación de la normativa aplicable en materia de empleo público.

21) Entender en la interpretación de las normas vinculadas con la relación de empleo público aplicables al personal de la Administración Nacional.

22) Entender en los procesos de resolución de conflictos individuales o colectivos, relativos al personal de la Administración Nacional.

ANEXO I. Organigrama de la Jefatura de Gabinete de Ministros

ANEXO II


SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO


INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


Responsabilidad Primaria

Proponer la política del Sistema Nacional de Capacitación, estableciendo normas y pautas metodológicas y realizando la supervisión, evaluación y certificación de la capacitación permanente llevada a cabo en los organismos.

Asistir técnicamente en el desarrollo de los planes de formación en los organismos y asegurar la capacitación estratégica en políticas de transformación de la gestión pública.

Coordinar la Red Nacional de Documentación e Información sobre la Administración Pública.

Acciones

1) Coordinar el Sistema Nacional de Capacitación, garantizando una gestión descentralizada, eficiente y efectiva de la formación en las unidades de capacitación de las distintas jurisdicciones de la administración central y descentralizada.

2) Elaborar la normativa que garantice la homogeneidad y pertinencia de los distintos criterios de evaluación de los planes de capacitación de los organismos.

3) Desarrollar e implementar aquellas acciones que permitan la instalación de capacidades institucionales y humanas para la descentralización de la capacitación, y formular las políticas para la gestión de los Planes Estratégicos de Capacitación, incluyendo la acreditación de planes, programas y prestadores de capacitación.

4) Generar un Banco de Prestadores que permita a todas las unidades de Recursos Humanos acceder en forma ágil y eficiente a la información sobre los mismos, luego de un proceso que certifique su calidad.

5) Desarrollar la normativa, metodología y procedimientos que regulen el ingreso, selección y mantenimiento de los prestadores en el Banco.

6) Difundir, a través del Banco de Prestadores, la información que se considere oportuna y pertinente acerca del desarrollo de actividades, proyectos y planes de capacitación institucionales, certificados por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, para la promoción de intercambio y trabajo en red de organismos con distintos niveles de desarrollo de tecnologías y recursos.

7) Desarrollar instrumentos para evaluar en forma periódica la calidad y el impacto de las prestaciones tanto institucionales como de docentes particulares, para garantizar una capacitación de excelencia en el Estado.

8) Construir un sistema permanente de evaluación de la capacitación que produzca información sobre la contribución específica de ésta a una Gestión Pública transparente, efectiva y de calidad mediante un Programa de Evaluación del Impacto de la Capacitación en la Administración Pública.

9) Desarrollar un programa de capacitación destinado a quienes conforman la Alta Gerencia, en especial los mandos superiores, que implique la discusión y análisis de los lineamientos estratégicos de gobierno.

10) Diseñar e implantar programas para la formación estratégico política de dirigentes políticos y sociales, que aspiren a ejercer en el Estado o concurrir desde la sociedad con el Estado en la ejecución de políticas públicas.

11) Establecer una red de recursos del sistema tales como materiales didácticos, aulas, agentes capacitados para dar cursos y otros, para lograr un uso más eficiente de los mismos así como para equilibrar las distintas situaciones en los organismos.

12) Mantener y desarrollar un centro de referencia en materia de documentación e información sobre administración pública.

13) Supervisar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación estableciendo normas de calidad de las acciones de formación y evaluando su impacto organizacional, en correspondencia con las metas, objetivos y necesidades de cada organismo.

14) Estudiar y difundir nuevos conocimientos y el estado del arte sobre gestión pública a fin de anticipar tendencias y expectativas de cambio en la administración pública.

15) Realizar análisis comparativos y difundir las mejores prácticas en la aplicación del programa de modernización, en la búsqueda de una mejora continua de la gestión pública.

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES


Responsabilidad primaria

Proponer las políticas, normas, sistemas y procedimientos relativos a las compras y a las contrataciones de bienes y servicios del Sector Público Nacional, en coordinación con los demás órganos rectores del Sistema de Administración Nacional.

Acciones:

1) Proponer políticas generales y particulares, así como la adopción de medidas en materia de contrataciones del Sector Público Nacional.

2) Aprobar las normas destinadas a instrumentar las políticas y las medidas definidas en materia de contrataciones y formular propuestas destinadas al mejoramiento de la normativa vigente que tenga vinculación con el sistema de contrataciones.

3) Diseñar e instrumentar los sistemas destinados a facilitar la gestión operativa eficaz y eficiente de las contrataciones, entre ellos los sistemas de información sobre proveedores, precio y normativa.

4) Organizar el sistema estadístico en materia de contrataciones, para lo cual requerirá y producirá la información necesaria a tales efectos, interactuando con las contrapartes designadas por las jurisdicciones y entidades y con las unidades operativas de contrataciones.

5) Difundir las políticas, normas, sistemas, procedimientos e instrumentos a ser aplicados por el sistema en el ámbito del sector público nacional, así como capacitar a las jurisdicciones y entidades en la utilización de los instrumentos diseñados.

6) Asesorar a las jurisdicciones y entidades en la elaboración de sus programas anuales de contrataciones, destinados a integrar la información presupuestaria básica en materia de gastos y elaborar los formularios, instructivos y programas informáticos para la programación de las contrataciones.

7) Organizar los registros requeridos para el seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema y elaborar los programas que facilitarán la consulta y utilización de los mismos por parte de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el sistema.

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA


OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE GESTION


Responsabilidad Primaria

Entender en la implementación del proceso operativo de Modernización de la Gestión Pública destinado a fortalecer las capacidades institucionales de los organismos del sector público, elevando la calidad, eficacia y eficiencia de las respuestas a las necesidades de la sociedad.

Impulsar el diseño e implementación en la Administración Pública Nacional de los mejores sistemas de arquitectura orgánico – funcional, con el propósito de dotar a las organizaciones de la flexibilidad necesaria para mejorar la gestión institucional e intervenir en el proceso de aprobación de las estructuras organizativas.

Acciones

1) Establecer estándares de gestión de los organismos públicos.

2) Promover la realización de programas dirigidos a mejorar la gestión, en los organismos de la Administración Nacional, sobre la base de compromisos de resultados, brindando asistencia técnica en la materia.

3) Intervenir en el análisis, diseño, desarrollo e implantación de programas de optimización de procesos y procedimientos.

4) Asistir al Subsecretario en la promoción de Acuerdos Federales con las jurisdicciones provinciales sobre políticas y programas de Modernización de la Gestión Pública.

5) Diseñar y promover instrumentos de compromisos de los organismos públicos con la ciudadanía, estableciendo los estándares de calidad que ellos deben alcanzar y supervisar su implementación.

6) Proponer y analizar propuestas de rediseño de la macroestructura organizacional e impulsar su implantación.

7) Proponer políticas y normas en materia de estructuras organizativas para los organismos de la Administración Nacional.

8) Evaluar e intervenir en las propuestas de estructuras organizativas efectuadas por los organismos de la Administración Nacional.

9) Evaluar e intervenir en el otorgamiento de adicionales y suplementos funcionales.

10) Diseñar pautas y metodologías relativas a descripción de puestos de trabajo y competencias laborales.

11) Mantener actualizado el Sistema de información sobre la Organización del Estado, y su vinculación con la distribución presupuestaria.

12) Diseñar, desarrollar e implementar programas de asistencia técnica para las administraciones provinciales y gobiernos locales que así lo requieran.

13) Diseñar los instrumentos y promover la firma de Acuerdos Programa entre los organismos públicos y la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos de dar cumplimiento al artículo 5º inciso c) de la Ley nº 25.152.

14) Intervenir en el diseño, ejecución y control del Programa de Evaluación de la Calidad del Gasto instituido por el artículo 5º inciso d) de la Ley Nº 25.152.

15) Entender en el monitoreo de los nuevos modelos de gestión de los organismos públicos junto con los Organos Rectores de la Administración Nacional.

16) Formular y desarrollar programas de fortalecimiento de las capacidades institucionales para los organismos públicos.

17) Elaborar y mantener actualizada una guía de trámites, propendiendo así a la simplificación de los mismos y a su difusión a la ciudadanía.

18) Asistir técnicamente al Comité Permanente para el Premio Nacional a la Calidad en la Administración Nacional, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 24.127.


OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION


Responsabilidad Primaria

Formular políticas e impulsar el proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la transformación y modernización del Estado, promoviendo la integración de nuevas tecnologías, su compatibilidad e interoperabilidad de acuerdo con los objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Modernización del Estado.

Promover la estandarización tecnológica en materia informática, teleinformática o telemática, telecomunicaciones, ofimática o burótica.

Promover la utilización de Firma Digital en los organismos del Sector Público Nacional actuando como autoridad certificante.

Acciones

1) Entender en la elaboración del marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del sector público y con su archivo en medios alternativos al papel.

2) Ejercer las funciones de Organismo Licenciante de la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional.

3) Entender, asistir y supervisar en los aspectos relativos a la seguridad y privacidad de la información digitalizada y electrónica del Sector Público Nacional.

4) Proponer una estrategia de optimización, tanto en lo referente a los recursos aplicados como a nivel de prestación, de las subredes que componen la Red Telemática Nacional de Información Gubernamental estableciendo normas para el control técnico y administración.

5) Participar en todos los proyectos de desarrollo, innovación, implementación, compatibilización e integración de las tecnologías de la información en el ámbito del sector público, cualquiera fuese su fuente de financiamiento.

6) Mantener actualizada la información sobre los bienes informáticos de la Administración Nacional.

7) Promover y coordinar con los organismos rectores de la Administración Nacional la aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo de soluciones para la optimización de la gestión.

8) Dar asistencia técnica para la implementación de proyectos de incorporación de nuevas tecnologías que le sean requeridas en el ámbito de la Administración Nacional, en los demás poderes del Estado nacional, en las provincias y en los municipios.

9) Proponer y mantener actualizados los estándares sobre tecnologías en materia informática, teleinformática o telemática, telecomunicaciones, ofimática o burótica, y dar asistencia técnica a los organismos nacionales, provinciales o municipales, que así lo requieran.

10) Supervisar el diseño e Implementación de los sistemas informáticos para el proceso electrónico de datos y desarrollo de sistemas de información de jurisdicción.

11) Proponer y mantener actualizado el Plan Nacional de Gobierno electrónico.

12) Coordinar el desarrollo de portales de Internet en el sector público, de forma de mejorar el desempeño de las jurisdicciones en el marco de las atribuciones que les han sido asignadas y de facilitar la interrelación de los organismos entre sí y de éstos con el ciudadano, estimulando la realización de trámites en línea.

13) Elaborar lineamientos y normas que garanticen la homogeneidad y pertinencia de los distintos nombres de los dominios de los sitios de Internet del Sector Público, interviniendo junto con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO en el otorgamiento de los mismos.

14) Mantener el Portal General de Gobierno de la República Argentina.

15) Generar y mantener un portal con información actualizada sobre las aplicaciones informáticas propiedad del Estado disponibles, los proyectos de desarrollo en curso y el software de libre disponibilidad de utilidad para la Administración Nacional.

16) Generar un ámbito de encuentro de los responsables de informática de las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional, con el fin de coordinar y potenciar los distintos esfuerzos tendientes a optimizar un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la modernización de la gestión pública.

OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO


Responsabilidad Primaria

Entender en el proceso de administración estratégica de los recursos humanos en la Administración Nacional que permita reclutar efectiva y eficientemente, gerenciar y retener una fuerza de trabajo de alta calidad y diversidad técnica, asegurando el desarrollo personal y profesional de quienes la integran, contribuyendo a fortalecer el concepto de cliente interno de las áreas jurisdiccionales de personal.

Fortalecer la capacidad institucional de las áreas de recursos humanos del sector público.

Acciones:

1) Asesorar a las autoridades en los temas relativos al proceso negocial derivado de la Ley Nº 24.185 y normas reglamentarias.

2) Proponer políticas y normas en materia de recursos humanos para los organismos de la Administración Nacional.

3) Efectuar las interpretaciones del marco legal y reglamentario que rija las relaciones laborales del Poder Ejecutivo Nacional con su personal en un todo de acuerdo con los alcances que impone la normativa vigente en la materia.

4) Participar en el análisis de los aspectos vinculados con la política salarial aplicable a la Administración Nacional, asesorando a las autoridades en la materia.

5) Intervenir, en los procesos de resolución de conflictos individuales o colectivos, relativos al personal de la Administración Nacional.

6) Intervenir en el proceso de delegación de facultades del Poder Ejecutivo Nacional, del Jefe de Gabinete de Ministros y de las autoridades jurisdiccionales en sus distintos niveles en los temas de su competencia.

7) Intervenir en el diseño, desarrollo, implementación y actualización periódica de los sistemas de procesamiento de información integral sobre recursos humanos del sector público y elaborar la información estadística necesaria para la toma de decisiones.

8) Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de monitoreo de gestión de las áreas jurisdiccionales de recursos humanos que contribuyan a optimizar la gestión institucional en la materia.

9) Diseñar, desarrollar e implementar mecanismos de interacción con las áreas de recursos humanos jurisdiccionales, para asegurar la profundización y fortalecimiento del concepto de dependencia funcional.

10) Diseñar, desarrollar e implementar mecanismos de interacción con las Unidades de Auditoría Interna que contribuyan a asegurar el control del cumplimiento de las pautas y de la normativa vigente en la materia.

11) Dotar de mayor nivel de transparencia a los temas vinculados con el empleo público.

12) Mantener y difundir un sistema de información actualizado sobre las normas y jurisprudencia relativas a empleo público de la Administración Nacional.

13) Brindar asistencia técnica relativa a empleo público.

14) Brindar a las autoridades, a los empleados activos, jubilados o retirados y a la ciudadanía en general, información sobre empleo público y la normativa aplicable.

15) Supervisar el funcionamiento de los regímenes estatutarios o escalafonarios vigentes y proponer, aquellas medidas necesarias para su sustitución y/o periódica adecuación.

ANEXO III. Planta permanente y planta temporaria

ANEXO IV

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO (Nivel)

Dirección Nacional del Instituto Nacional de la Administración Pública I

Subdirección Nacional del Instituto Nacional de la Administración Pública II

Oficina Nacional de Contrataciones I

– Subdirección Nacional de Contrataciones II

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA (Nivel)

– Oficina Nacional de Innovación de Gestión I

– Subdirección Nacional de Innovación de Gestión II

– Oficina Nacional de Tecnologías de Información I

– Subdirección Nacional de Tecnologías de Información II

– Oficina Nacional de Empleo Público I

– Subdirección Nacional de Empleo Público II

01Ene/14

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche administración. (G. U. n. 80 del 5 aprile 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'articolo 18 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Capitolo I.- Principi generali

 

Articolo 1.- Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza é intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa é condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresí esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

 

Articolo 2.- Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

 

Articolo 3.- Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

 

Articolo 4.- Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi é finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

 

Articolo 5.- Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in Capitolo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non é sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, é gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puó ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico é disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosí come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

 

Articolo 6.- Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non puó, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

 

Articolo 7.- Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

 

Articolo 8.- Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

 

Articolo 9.- Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali é collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

 

Articolo 10.- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresí alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresí, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo

11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosí come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Articolo 11.- Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

 

Articolo 12.- Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresí pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

Capitolo II.- Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

 

Articolo 13.- Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

 

Articolo 14.- Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

 

Articolo 15.- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali é previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Articolo 16.- Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 

Articolo 17.- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 

Articolo 18.- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

 

Articolo 19.- Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

 

Articolo 20.- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresí, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

 

Articolo 21.- Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

 

Articolo 22.- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresí pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione é inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, é vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

 

Articolo 23.- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

 

Articolo 24.- Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Articolo 25.- Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:

www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

 

Articolo 26.- Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza é rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo é altresí rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. é esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

 

Articolo 27.- Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 

Articolo 28.- Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresí pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

 

Capitolo III.- Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

 

Articolo 29.- Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

 

Articolo 30.- Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

Articolo 31.- Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

 

Capitolo IV.- Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

 

Articolo 32.- Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 

Articolo 33.- Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

 

Articolo 34.- Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

 

Articolo 35.- Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza é prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puó essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puó concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui é attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puó respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

 

Articolo 36.- Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Capitolo V.- Obblighi di pubblicazione in settori speciali

 

Articolo 37.- Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresí a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

 

Articolo 38.- Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresí la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

Articolo 39.- Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse é pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), é condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

 

Articolo 40.- Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non é in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

Articolo 41.- Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 é pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresí pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

 

Articolo 42.- Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

Capitolo VI.- Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

 

Articolo 43.- Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo é indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresí gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

 

Articolo 44.- Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresí l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

 

Articolo 45.- Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puó chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT puó inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT puó inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresí gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si é proceduto alla pubblicazione.

 

Articolo 46.- Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento é dipeso da causa a lui non imputabile.

 

Articolo 47.- Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento é pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Capitolo VII.- Disposizioni finali e transitorie

 

Articolo 48.- Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

 

Articolo 49.- Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

 

Articolo 50.- Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Articolo 51.- Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 52.- Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni Capitololuogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni Capitololuogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, é sostituito dal seguente: «Articolo 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). – 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190″.

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

 

Articolo 53.- Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) articolo 21, comma 1, Articolo 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;

s) articolo 14, comma 2, del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

t) articolo 18 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 14 marzo 2013

01Ene/14

Decreto-Lei 207/ 2005 de 29 de Novembro 2005. Regula os meios de vigilância electrónica rodoviária utilizados pelas forças de segurança. (Diário da República, I série A, nº 229, 29 de Novembro de 2005)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Decreto-Lei nº 207/2005 de 29 de Novembro

Os sistemas de vigilância electrónica constituem um importante instrumento no quadro das políticas de prevenção e de segurança rodoviárias, bem como na detecção de infracções estradais. As estatísticas relativas ao número de acidentes com vítimas reflectem a situação nacional nesta matéria, com índices relativos superiores à média europeia, apesar da tendência decrescente que se tem verificado.

Estes meios constituem não só um meio de dissuasão relevante mas, igualmente, um sistema que permite potenciar a acção das forças de segurança nesta missão essencial para a salvaguarda de pessoas e bens.

A Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, veio introduzir alterações pontuais à lei que regula a utilização de câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança em locais públicos de utilização comum (Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro), que mereceram um consenso alargado em sede parlamentar.

Importa, agora, dar cumprimento à autorização emitida pela citada lei para regular o regime especial, na parte que respeita aos procedimentos na instalação, ao tratamento da informação, ao eficaz registo de acidentes, infracções ou outros ilícitos, bem como à coordenação das forças de segurança e a articulação entre estas e as entidades (Estradas de Portugal, E. P. E., e empresas concessionárias rodoviárias) cujos equipamentos podem ser usados para efeitos das missões de segurança rodoviária agora tornadas possíveis.

Quanto a estas últimas, a Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, veio estabelecer uma credencial inequívoca para o pleno uso dos sistemas de registo, gravação e tratamento de dados já existentes ou a instalar, autorizando o expressamente quando se trate de facultar às forças de segurança informações precisas para a realização das suas missões próprias.

O processo de preparação do presente decreto-lei veio comprovar que importa completar a clarificação legal já operada, submetendo à Assembleia da República a iniciativa legislativa necessária para que as entidades que adquiriram e pretendem continuar a instalar moderníssimos equipamentos de gestão de tráfego, investindo acertadamente na segurança e prevenção de acidentes, deixem de estar impedidas de utilizar essas tecnologias com máxima eficácia. O Governo empenhar-se-á em que este processo tenha a prioridade e urgência que merece.

Foi ouvida a Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Assim:

No uso da autorização legislativa concedida pelo nº 2 do artigo 23º da Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, e nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I.- Objecto e meios de vigilância

Artigo 1º.- Objecto

O presente decreto-lei visa regular o regime especial autorizado pelo artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, na redacção decorrente da Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, definindo:

a) Os procedimentos a adoptar na instalação, pelas forças de segurança, de sistemas de vigilância electrónica rodoviária;

b) As formas e condições de utilização pelas forças de segurança dos sistemas de vigilância rodoviária instalados ou a instalar pela Estradas de Portugal, E. P. E., e pelas empresas concessionárias rodoviárias nas respectivas vias concessionadas;

c) Os procedimentos a adoptar para o tratamento da informação recolhida e o eficaz registo de acidentes, infracções ou quaisquer ilícitos;

d) As formas através das quais as forças de segurança se coordenam para a eficaz interacção com as empresas, cujos equipamentos estão legalmente autorizadas a utilizar.

Artigo 2º.- Utilização de meios

1.-Com vista à salvaguarda da segurança das pessoas e bens na circulação rodoviária e à melhoria das condições de prevenção e repressão das infracções estradais, as forças de segurança podem recorrer:

a) A meios de vigilância electrónica próprios;

b) A sistemas de vigilância rodoviária e de localização instalados ou a instalar pela entidade competente para a gestão das estradas nacionais e pelas concessionárias rodoviárias nas respectivas vias concessionadas.

2.-A cooperação com as entidades referidas na alínea b) do número anterior inclui também o acesso a dados recolhidos através de sistemas de monitorização de tráfego que permitam identificar locais da rede de estradas onde existem práticas de condução em violação de normas legais, bem como a utilização de informações sobre as condições meteorológicas, e de outros dados relevantes para a gestão do tráfego e o cumprimento da legislação rodoviária.

3.-Nos termos do nº 2 do artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, na redacção dada pela Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, o presente regime especial prevalece sobre o regime geral previsto na referida lei.

SECÇÃO I.- Meios próprios

Artigo 3º.- Meios próprios das forças de segurança

1.-Nos termos do regime especial previsto no artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, com a redacção decorrente da Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, as forças de segurança instalam os meios de vigilância electrónica necessários para a prevenção rodoviária e para aplicação das normas respeitantes à circulação de veículos, constantes do Código da Estrada e demais legislação aplicável.

2.-O planeamento da instalação tem em conta o volume de tráfego nas vias objecto de vigilância, os riscos detectados e as necessidades apuradas de controlo do tráfego.

3.-A instalação dos meios de vigilância electrónica bem como a captação de imagens devem ser direccionadas, tanto quanto tecnicamente possível, para os veículos que sejam objecto da acção de prevenção ou de fiscalização.

4.-Os meios de vigilância, designadamente câmaras digitais, de vídeo ou fotográficas, e sistemas de localização adquiridos pelas forças de segurança para os efeitos previstos no presente decreto-lei constam de inventário próprio e são notificados à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

Artigo 4º.- Instalação e uso

1.-No âmbito da actividade das forças de segurança de prevenção e detecção de infracções rodoviárias ou de outras desenvolvidas nos termos do número seguinte, são instalados equipamentos de vigilância electrónica ao abrigo do presente regime especial:

a) Em veículos;

b) Em áreas onde decorram as operações previstas no número seguinte.

2.-Os equipamentos são usados:

a) Em acções de prevenção e controlo de tráfego;

b) Na detecção, em tempo real ou através de registo, de infracções rodoviárias e na aplicação das correspondentes normas sancionatórias;

c) Em acções de prevenção e socorro em matéria de acidentes de trânsito, sempre que as circunstâncias assim o exijam;

d) Em operações de localização de veículos furtados ou detecção de matrículas falsificadas em circulação;

e) Em acções de localização de veículos para efeitos de cumprimento de outras normas legais, designadamente de carácter penal.

3.-Os dados obtidos através dos equipamentos de vigilância, em tempo real ou em diferido, podem ser usados, a partir dos respectivos registos, para efeitos de prova em processo penal ou contra-ordenacional, respectivamente nas fases de levantamento de auto, inquérito, instrução e julgamento ou nas fases administrativa e de recurso judicial.

Artigo 5º.- Dever de notificação

1.-As forças de segurança responsáveis pelo tratamento de dados e pela utilização dos meios de vigilância electrónica notificam a CNPD das câmaras fixas instaladas, com identificação do respectivo modelo, características técnicas e número de série e dos locais públicos que estas permitem observar, bem como do nome da entidade responsável pelo equipamento e pelos tratamentos de dados.

2.-São igualmente notificados os meios portáteis disponíveis, com identificação do respectivo modelo, características técnicas e número de série.

SECÇÃO II.- Meios instalados por outras entidades

Artigo 6º.- Utilização de meios e dever de gravação

1.-Nos termos do artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, na redacção decorrente da Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho, a empresa Estradas de Portugal, E. P. E., e as empresas concessionárias rodoviárias, nas respectivas vias concessionadas:

a) Facultam às forças de segurança acesso directo às instalações dos centros de controlo de tráfego que se encontrem em serviço ou venham a existir nas respectivas áreas de responsabilidade;

b) Procedem, para os efeitos especificamente autorizados pelo nº 2 do artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, a todas as gravações de imagens e registos de dados necessários para a realização dos fins previstos no preceito referido e nos respectivos contratos de concessão.

2.-As imagens registadas são complementadas pelos elementos de informação registados, designadamente o local, a data, a hora e o tipo de ocorrência.

Artigo 7º.- Acesso pelas forças de segurança

1.-As forças de segurança acedem em tempo real aos dados captados pelos sistemas de vigilância electrónica das entidades referidas no artigo anterior através de elementos de ligação presentes nas salas de controlo e outras instalações disponíveis.

2.-As forças de segurança podem ainda aceder aos dados captados pelos sistemas referidos através de consulta dos respectivos arquivos, decorrentes do registo, gravação e tratamento de dados autorizados pelo nº 2 do artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, utilizando para o efeito os sistemas de informação mantidos e geridos pelas empresas que, para o efeito, adoptarão as providências necessárias e adequadas.

3.-Os elementos de ligação e os responsáveis pelo acesso em diferido são agentes ou militares das forças de segurança, devidamente credenciados pelas direcções e comandos respectivos.

Artigo 8º.- Utilização dos dados

A verificação de ocorrências pelos agentes ou militares das forças de segurança, devidamente credenciados, obedece às mesmas regras da observação directa e tem o mesmo valor probatório.

Artigo 9º.- Procedimentos no registo e tramitação

Detectada alguma das situações previstas no artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, e para as finalidades nele previstas, o elemento de ligação, consoante os casos:

a) Comunica a situação à força de segurança ou às entidades de emergência, com vista ao accionamento das operações adequadas;

b) Informa a força de segurança competente da localização da viatura ou outra informação pertinente, nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 4º;

c) Comunica à força de segurança competente, directamente, ou à autoridade judiciária, através do comando, e com base no pedido por estas efectuado, a localização do veículo, bem como os elementos registados pertinentes para o processo em causa;

d) Levanta auto de notícia, com a descrição da infracção, a que junta menção do registo efectuado.

CAPÍTULO II.- Tratamento de dados

SECÇÃO I.- Finalidade e regime geral

Artigo 10º.- Finalidades autorizadas

Nos termos do nº 2 do artigo 13º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, os registos, a gravação e o tratamento de dados pessoais têm lugar, apenas, para as seguintes finalidades, específicas e determinadas:

a) Detecção de infracções rodoviárias e aplicação das correspondentes normas estradais;

b) Controlo de tráfego, prevenção e socorro em caso de acidente;

c) Localização de viaturas furtadas ou procuradas pelas autoridades judiciais ou policiais para efeitos de cumprimento de normas legais, designadamente de carácter penal, bem como a detecção de matrículas falsas em circulação;

d) Prova em processo penal ou contra-ordenacional nas diferentes fases processuais.

Artigo 11º.- Regras aplicáveis

1.-Os sistemas de registo, gravação e tratamento de dados regulados pelo presente decreto-lei são apenas utilizáveis de acordo com as regras previstas no artigo 8º, bem como nos nºs 1 e 2 do artigo 9º e no artigo 11º da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, e em conformidade com os princípios gerais de tratamento de dados pessoais previstos na Lei nº 67/98, de 26 de Outubro, em especial os princípios da adequação e da proporcionalidade.

2.-Os procedimentos relativos à comunicação à autoridade judiciária, quando haja registo com relevância criminal, asseguram que esta se faça no prazo legal, devendo o auto, levantado nos termos gerais, ser acompanhado das gravações disponíveis que se mostrem relevantes.

3.-Para controlo dos procedimentos e segurança da informação comunicada e protecção da confidencialidade dos dados, são adoptadas as medidas previstas no artigo 17º

4.-A CNPD tem acesso aos dados de que constem a data, a hora e o local das ocorrências, os números de registo, as normas violadas, a entidade e pessoa que efectuou o registo e o comunicou, a entidade a quem foi comunicada, o meio utilizado para a comunicação e a data da recepção pela autoridade competente.

Artigo 12º.- Limites à captação, gravação e tratamento

1.-A captação, registo e tratamento de imagens e sons, previstas nos artigos anteriores, devem corresponder estritamente ao tipo de acção desenvolvida e à finalidade a que se destina ou, quando captadas em sistemas de entidades terceiras, obedecer em todo o processo de utilização aos limites decorrentes da definição legal dos usos autorizados.

2.-As forças de segurança adoptam as providências necessárias à eliminação dos registos ou os dados pessoais destes constantes, desde que identificados ou identificáveis, recolhidos no âmbito das finalidades autorizadas que se revelem excessivos ou desnecessários para a prossecução dos procedimentos penais ou contra-ordenacionais.

3.-O acesso das forças de segurança a dados relativos a veículos constantes de sistemas de informação de circulação assentes no uso de identificadores contratualizados com os utentes no âmbito da Via Verde faz-se nos termos da lei processual penal e das demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 13º.- Dados objecto de tratamento

1.-O registo efectuado, além da imagem, inclui os seguintes dados:

a) Local, data e hora do registo;

b) Dados que ajudem a comprovar a infracção;

c) Tipo de infracção e normas da legislação estradal ou outra que se consideram violadas;

d) Identificação do agente ou elemento de ligação responsável que efectuou a observação.

2.-No casos previstos na alínea c) do nº 2 do artigo 4º e na alínea b) do artigo 10º, podem ser registados outros dados pessoais para efeitos de socorro e emergência e, apenas, para tal finalidade.

SECÇÃO II.- Comunicação e conservação

Artigo 14º.- Comunicação dos dados

1.-Os dados registados podem ser comunicados:

a) Às forças de segurança, no que respeita às competências que legalmente lhes estão fixadas;

b) Às autoridades judiciárias, em particular ao Ministério Público, para efeitos de procedimento criminal, quando tal resulte de obrigação legal ou a solicitação destas, se for o caso;

c) À Direcção-Geral de Viação para efeitos das competências previstas no Código da Estrada e legislação complementar;

d) Às entidades de emergência e socorro, quanto aos dados pertinentes, com vista à sua célere actuação.

2.-Às entidades referidas no nº 1 são apenas comunicados, por via informática ou outra, os dados estritamente necessários para assegurar o cumprimento das respectivas obrigações legais.

3.-Os dados podem ser comunicados por via electrónica ou em suporte físico, desde que cumpridos os requisitos de segurança referidos do artigo 17º

4.-Os meios de comunicação utilizados devem assegurar a privacidade e autenticidade da informação transmitida, a par da celeridade e eficácia do procedimento.

5.-É assegurado o acesso da CNPD às comunicações efectuadas no âmbito do presente decreto-lei, bem como aos sistemas utilizados, salvaguardando-se sempre o sigilo dos dados e, nos casos aplicáveis, o segredo de justiça.

Artigo 15º.- Conservação dos dados

1.-Os dados gravados e os elementos probatórios acompanham os respectivos autos e processos e são conservados, nos termos do número seguinte, durante o período estritamente necessário para o fim a que se destinam.

2.-A apreciação relativa à conservação dos dados deve considerar:

a) A conclusão de uma investigação sobre um caso específico;

b) Uma decisão administrativa ou judicial definitiva, em especial de arquivamento ou absolvição;

c) A prescrição do procedimento contra-ordenacional ou criminal;

d) A reabilitação;

e) O cumprimento da pena, obrigação ou coima por parte do infractor;

f) As amnistias.

CAPÍTULO III.- Transparência e segurança

Artigo 16º.- Informação dos locais

1.-Para efeitos da aplicação do presente decreto-lei, as estradas e outros locais onde estejam ou venham a ser instalados meios de vigilância electrónica fixos por parte de forças de segurança são assinalados com a informação, apenas, da sua existência.

2.-As forças de segurança prestam, através da comunicação social e por outros meios, informação regular sobre a utilização de meios de vigilância electrónica em operações de controlo de tráfego.

Artigo 17º.- Segurança e controlo da informação

Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, são objecto de controlo, tendo em vista a segurança da informação:

a) Os suportes de dados e os meios de comunicação e transporte, a fim de impedir que possam ser lidos, copiados, alterados ou eliminados por qualquer pessoa ou por qualquer forma não autorizadas;

b) A manipulação de dados, a fim de impedir a inserção, bem como qualquer tomada de conhecimento, alteração ou eliminação, não autorizada, de dados pessoais;

c) Os sistemas de tratamento automatizado de dados, para impedir que possam ser utilizados por pessoas não autorizadas;

d) O acesso aos dados, para que as pessoas autorizadas só possam ter acesso aos dados que interessem ao exercício das suas atribuições legais;

e) A transmissão de dados, para garantir que a sua utilização seja limitada a quem está para tal autorizado;

f) A inserção, a alteração e a eliminação de dados, de forma a verificar-se por quem, como e quando foram inseridos.

Artigo 18º.- Informação para fins estatísticos e didácticos

A informação que seja objecto de tratamento no âmbito do presente decreto-lei pode ser divulgada para fins estatísticos ou didácticos desde que, observadas as disposições legais aplicáveis, resultem inidentificáveis as pessoas e os veículos a que respeita.

CAPÍTULO IV.- Coordenação das forças de segurança

Artigo 19º.- Coordenação das forças de segurança

As forças de segurança, no âmbito das competências legais respectivas, coordenam e programam as acções e as operações previstas no âmbito do presente decreto-lei, entre si, e com as entidades envolvidas na recolha e tratamento da informação e nos procedimentos delas resultantes.

Artigo 20º.- Formas de cooperação

1.-As forças de segurança, no âmbito do presente decreto-lei, cooperam com a empresa Estradas de Portugal, E. P. E., e com as empresas concessionárias, na qualidade de entidades responsáveis pela operação dos sistemas de vigilância das condições de circulação rodoviária de que são proprietárias, ajustando com estas entidades as condições de acesso dos elementos de ligação e a utilização das instalações e dos equipamentos, que não pode prejudicar a sua regular gestão e funcionamento.

2.-Quando, para arquivamento de registos legalmente autorizados, utilizem suportes físicos cedidos pelas empresas titulares dos sistemas de vigilância electrónica, as forças de segurança pagam os montantes correspondentes ao respectivo custo, nos termos e em condições resultantes de acordo com as empresas.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Setembro de 2005.

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

António Luís Santos Costa.

Alberto Bernardes Costa.

Mário Lino Soares Correia.

Promulgado em 4 de Novembro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 16 de Novembro de 2005.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

01Ene/14

Decreto Supremo nº 009-2005-MTC, de 18 de marzo de 2005, que aprueba el Reglamento de la Ley 28295 que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

DECRETO SUPREMO Nº 009-2005-MTC (1)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley nº 28295, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio de 2004, se aprobó la Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones;

Que, la Primera Disposición Final de la citada Ley dispone la creación de una Comisión encargada de proponer su Reglamento y establece que el proyecto de Reglamento debe ser publicado para recibir comentarios de los interesados antes de su aprobación final;

Que, el artículo 14 del acotado texto legal establece que la metodología de cálculo será fijada en el Reglamento y deberá ser debidamente sustentada en un informe técnico;

Que, la referida Comisión en cumplimiento de la labor encomendada ha elaborado en su oportunidad el informe técnico respectivo que sustenta la metodología de cálculo;

Que, con fecha 22 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el proyecto de Reglamento de la Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, habiéndose recibido y evaluado los comentarios de los interesados;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en la Ley nº 28295;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento de la Ley nº 28295, Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, el mismo que consta de cuarenta y seis (46) Artículos comprendidos en diez (10) Títulos, y tres (03) Disposiciones Complementarias y Finales, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Disponer que la exposición de motivos y el informe técnico que sustenta la metodología de cálculo sean publicados en la página web institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Energía y Minas y la Presidencia de Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO, Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ORTIZ RIVERA, Ministro de Transportes y Comunicaciones

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA, Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO DE LA LEY nº 28295 QUE REGULA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

TÍTULO I.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

(…)

Artículo 2º.- Referencias normativas
Para efectos de este Reglamento, se entiende por:
(…)
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Ley: Ley nº 28295, Ley que regula el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
(…)
OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
(…)
Reglamento: El presente Reglamento de la Ley nº 28295.
(…)
Asimismo, cuando se haga referencia a un artículo sin indicar a continuación el dispositivo al que pertenece, se entenderá referido al presente Reglamento.

Artículo 3°.- Definiciones adicionales
Conforme al artículo 6 de la Ley se adoptan las siguientes definiciones adicionales:
Barreras de acceso al mercado: Cualquier acto o disposición de las autoridades competentes que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de operadores de servicios públicos de telecomunicaciones en el mercado.

(…)

TÍTULO II.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO

CAPÍTULO I.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO COMPARTIDO

(…)

Artículo 8°.- Acreditación de la existencia de la restricción para instalar o construir infraestructura de uso público
Para efectos del primer párrafo del artículo 11 de la Ley, el interesado deberá acreditar que existe una declaración expresa de la imposibilidad de instalar y/o construir infraestructura de uso público. Esta declaración puede estar contenida en una norma jurídica o en un acto administrativo firme emitido por una autoridad competente para autorizar y/o restringir la construcción y/o instalación de infraestructura de uso público.

No podrá solicitar el uso compartido obligatorio de la infraestructura de uso público, quien haya cuestionado ante INDECOPI el acto administrativo o norma jurídica donde conste la declaración expresa de la imposibilidad de instalar y/o construir infraestructura de uso público, de conformidad con el artículo 26 BIS del Decreto Ley nº 25868, por constituir una presunta barrera de acceso al mercado, en tanto el procedimiento ante INDECOPI se encuentre en trámite.

Artículo 9º.- Exigencias para la construcción y/o instalación de infraestructura de uso público

Para efectos del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley, el interesado podrá solicitar a OSIPTEL que determine si alguna de las exigencias que la autoridad administrativa competente le obliga a cumplir para declarar que existe una restricción de construcción y/o instalación de infraestructura de uso público, constituye una barrera de acceso al mercado.

Esta exigencia puede estar contenida en una norma jurídica o en un acto administrativo firme.

OSIPTEL tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para determinar si la exigencia constituye o no una barrera de acceso al mercado, previa opinión técnica de INDECOPI. Este organismo deberá remitir su opinión técnica a OSIPTEL dentro del plazo de quince (15) días hábiles de solicitada.

En caso que OSIPTEL determine que la exigencia constituye una barrera de acceso al mercado, la autoridad administrativa se abstendrá de obligar al cumplimiento de la exigencia que haya sido declarada como barrera de acceso al mercado por OSIPTEL, bajo responsabilidad administrativa del funcionario o los funcionarios respectivos.
(…)

(1) Publicado el 21 de marzo de 2005

01Ene/14

Decreto Supremo nº 1793, de 13 de noviembre de 2013. Reglamento de la Ley nº 164.

EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.

Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 85 de la Ley nº 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización «Andrés Ibáñez», establece formular y aprobar el régimen general y las políticas de comunicaciones y telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias electromagnéticas, los servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al internet y demás Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC, es una competencia exclusiva del nivel central del Estado.

Que los numerales 2 y 5 del Artículo 2 de la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, disponen como objetivos asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación; y promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos.

Que el Artículo 71 de la Ley nº 164, declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.

Que la Disposición Transitoria Sexta de la Ley nº 164, señala que todos los aspectos que se requieran para la aplicación de la citada Ley serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo y regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

Que la Disposición Transitoria Novena de la Ley nº 164, establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes – ATT se denominará en adelante Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT y asumirá las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación, transportes y del servicio postal, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Que las TIC se han convertido en medios esenciales para el desarrollo social, cultural, económico y político de los pueblos. En virtud a lo cual, el Órgano Ejecutivo ha procedido a la concertación para el Reglamento a la Ley nº 164 para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, en cuyo proceso se recolectaron aportes y propuestas para el presente Decreto Supremo.

 

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

Artículo ÚNICO.-

I. Se aprueba el Reglamento a la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

II. Todos los aspectos complementarios referidos a la firma y certificado digital así como de las entidades certificadoras, que se requieran para la aplicación del presente Reglamento serán establecidos mediante Resolución Ministerial por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, en un plazo no mayor a:

a) Ocho (8) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, elaborará y aprobará los estándares técnicos y otros lineamientos establecidos para el funcionamiento de las entidades certificadoras;

b) Seis (6) meses a partir de la aprobación de los estándares técnicos, deberá implementar la infraestructura y procedimientos internos necesarios para la aplicación de la firma y certificación digital como Certificadora Raíz.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-

La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, en un plazo no mayor a:

a) Seis (6) meses a partir de la aprobación de los estándares técnicos, deberá implementar la infraestructura y procedimientos internos necesarios para la aplicación de la firma y certificación digital como Entidad Certificadora Pública;

b) Seis (6) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberá implementar el Repositorio Estatal de Software Libre para las aplicaciones desarrolladas en el sector estatal.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.-

Todas las entidades públicas en todos los niveles en un plazo no mayor a:

a) Seis (6) meses a partir de la implementación del Repositorio Estatal de Software Libre, tienen la obligación de registrar las aplicaciones desarrolladas de manera directa o a través de terceros en el repositorio, previa evaluación y validación a cargo de la ADSIB;

b) Seis (6) meses desde la aprobación del plan de implementación de software libre, iniciarán la migración de sus sistemas informáticos a Software Libre y Estándares Abiertos.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.-

En un plazo no mayor a dieciocho (18) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Telecomunicaciones y la ADSIB, elaborará el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos que serán aprobados mediante Decreto Supremo.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.-

El plazo máximo para la migración de los sistemas de las entidades públicas a Software Libre y Estándares Abiertos será de siete (7) años desde el inicio de la migración.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.-

Lo establecido en el Artículo 23 del Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, se hará efectivo a partir de la aprobación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.

 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

 

DISPOSICIÓNES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-

Se modifica el segundo párrafo del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo nº 25870, de 11 de agosto de 2000, modificado por el Parágrafo II del Decreto Supremo nº 0784, de 2 de febrero de 2011, con el siguiente texto: «La Aduana Nacional a través de Resolución de Directorio reglamentará el uso de la firma digital en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías u otros documentos.»

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-

En tanto se establezca la ADSIB como entidad Certificadora, las entidades públicas podrán optar por una Certificadora Extranjera para el uso de los servicios de Certificación digital.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo, y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil trece.

FDO. EVO MORALES AYMA

Fdo. Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES

Fdo. Carlos Gustavo Romero Bonifaz

Fdo. Rubén Aldo Saavedra Soto

Fdo. Elba Viviana Caro Hinojosa

Fdo. Luis Alberto Arce Catacora

Fdo. Juan José Hernando Sosa Soruco

Fdo. Ana Teresa Morales Olivera

Fdo. Arturo Vladimir Sánchez Escobar

Fdo. Mario Virreira Iporre

Fdo. Cecilia Luisa Ayllon Quinteros

Fdo. Juan Carlos Calvimontes Camargo MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES E INTERINO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

Fdo. José Antonio Zamora Gutiérrez

Fdo. Roberto Iván Aguilar Gómez

Fdo. Nemesia Achacollo Tola

Fdo. Claudia Stacy Peña Claros

Fdo. Nardy Suxo Iturry

Fdo. Pablo Cesar Groux Canedo

Fdo. Amanda Dávila Torres

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- (Objeto).

Reglamentar el acceso, uso y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, en el marco del Título IV de la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

 

Artículo 2.- (Ámbito de aplicación).

El presente Reglamento se aplicará a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades o presten servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, software libre, correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

Artículo 3.- (Definiciones).

Además de las definiciones técnicas establecidas en la Ley nº 164, para el cumplimiento del presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:

 

I.- Respecto al desarrollo de contenidos y aplicaciones.

a) Contenido digital: Información digitalizada generada bajo cualquier modo o forma de expresión que puede ser distribuida por cualquier medio electrónico y es parte de un mensaje que el sistema de transferencia o soporte no examina ni modifica, salvo para conversión durante el transporte del mismo;

b) Desarrollo de contenido digital: Es la creatividad, diseño y producción de contenidos digitales para la obtención de productos y aplicaciones digitales con propósitos específicos;

c) Aplicaciones digitales: Programas de software modulares, específicos e interactivos de usuario o multiusuario, utilizados sobre plataformas de prestación de servicios digitales en general o equipos terminales destinados a comunicaciones personales, fines educativos, productivos o de entretenimiento, entre otros.

 

II.- Respecto a software libre.

a) Programa o software: Cualquier secuencia de instrucciones finita usada por un dispositivo de procesamiento digital de datos para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema determinado, incluyendo todas las dependencias necesarias para su pleno funcionamiento;

b) Código fuente o programa fuente: Conjunto completo de instrucciones y archivos digitales originales, legible para el ser humano, tal y como fue escrito por el programador, en un lenguaje de programación específico, más todos los archivos digitales de soporte, como tablas de datos, imágenes, especificaciones, documentación y todo otro elemento que sea necesario para producir el programa ejecutable a partir de ellos;

c) Software libre: Software licenciado por su autor, bajo una licencia de código fuente abierta, de manera tal que permita al usuario el ejercicio de las siguientes libertades:

– Ejecutar el software, para cualquier propósito, sin restricción alguna;

– Estudiar cómo funciona el software y modificarlo para que cumpla un determinado propósito, a través del acceso al código fuente del mismo y todos los componentes que hacen posible su funcionamiento.

El acceso al código fuente es una condición necesaria e imprescindible;

– Redistribuir copias del software;

– Distribuir copias de las versiones modificadas a terceros.

El acceso al código fuente es una condición necesaria e imprescindible.

d) Software propietario o software privativo: Todo software que no cumpla parcial o totalmente con cualquiera de las condiciones mencionadas para el software libre, se considera para los efectos del presente Reglamento, software propietario;

e) Estándar abierto: Es una especificación técnica o protocolo normalizado:

– Cuyas especificaciones técnicas, completas y coherentes, están sujetas a una evaluación pública completa, se puede usar sin restricciones y está disponible por igual para todos los usuarios y/o partes, sin costo alguno para su uso;

– Que no necesita ningún componente o extensión adicional que tenga dependencias con formatos o protocolos que no cumplan la definición de Estándar Abierto;

– Que está libre de cláusulas legales o técnicas que limiten o restrinjan su utilización por cualquier usuario y/o parte o en cualquier modelo de negocio;

– Que es gestionado y puede ser desarrollado independientemente por cualquier organización en un proceso abierto a la participación equitativa e inclusiva de competidores, usuarios, especialistas del área de aplicación y terceras partes;

– Que esté disponible en al menos una implementación completa, cuya documentación y especificación técnica está disponible para todas las partes con grado de detalles suficientes para un desarrollo correcto y de calidad.

f) Repositorio estatal de software libre:

Es el sistema informático que contiene los sistemas y aplicaciones libres desarrollados por o para el Estado, de manera directa o a través de terceros.

 

III.- Respecto a firmas y certificados digitales.

a) Autenticación: Proceso técnico de verificación por el cual se garantiza la identidad del firmante en un mensaje electrónico de datos o documento digital, que contengan firma digital;

b) Clave privada: Conjunto de caracteres alfanuméricos generados mediante un sistema de cifrado que contiene datos únicos que el signatario emplea en la generación de una firma electrónica o digital sobre un mensaje electrónico de datos o documento digital;

c) Clave pública: Conjunto de caracteres de conocimiento público, generados mediante el mismo sistema de cifrado de la clave privada; contiene datos únicos que permiten verificar la firma digital del signatario en el Certificado Digital;

d) Firma electrónica: Es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital;

e) Infraestructura nacional de certificación digital: Es el conjunto de normas, estándares tecnológicos, procedimientos, equipos, redes, bases de datos y programas informáticos y dispositivos de cifrado, preparados para la generación, almacenamiento y publicación del estado, la vigencia y validez de los certificados digitales reconocidos por las entidades certificadoras;

f) Mensaje electrónico de datos: Es toda información de texto, imagen, voz, video y datos codificados digitalmente, creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que pueden ser intercambiados por cualquier sistema de comunicación electrónico;

g) Signatario: Es el titular de una firma digital que utiliza la misma bajo su exclusivo control y el respaldo de un certificado digital proporcionado por entidades certificadoras autorizadas. 

 

IV.- Respecto al tratamiento de los datos personales.

a) Datos personales: A los fines del presente Reglamento, se entiende como datos personales, a toda información concerniente a una persona natural o jurídica que la identifica o la hace identificable;

b) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales por una Entidad Certificadora Autorizada;

c) Tratamiento de los datos personales: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

 

V. Respecto a correo electrónico.

a) Correo electrónico comercial: Todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica, enviada por cualquier medio electrónico con el fin de difundir, ofertar y publicitar bienes o servicios;

b) Correo electrónico no deseado: Todo mensaje, archivo, dato u otra información enviada periódicamente, por cualquier medio electrónico dirigido a un receptor con quien el emisor no tiene relación alguna y es enviado sin su consentimiento.

 

VI.- Respecto a la seguridad informática.

a) Seguridad informática: Es el conjunto de normas, procedimientos y herramientas, las cuales se enfocan en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la información contenida o circulante;

b) Seguridad de la información: La seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; además, también pueden estar involucradas otras propiedades como la autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad;

c) Plan de contingencia: Es un instrumento que comprende métodos y el conjunto de acciones para el buen gobierno de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el dominio del soporte y el desempeño, contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y las operaciones de una entidad, en circunstancias de riesgo, crisis y otras situaciones anómalas.

 

VII.- Respecto a la soberanía.

a) Dependencia tecnológica: Es la condición a que someten a los usuarios, sean estos personas, naturales o jurídicas, estados o naciones, las compañías, empresas, naciones o estados que desarrollan, distribuyen o venden tecnología, al negar el acceso al conocimiento de los contenidos, procedimientos, técnicas y procesos necesarios para el uso, desarrollo y distribución de las mismas, a través de licencias, patentes, restricciones prácticas, restricciones legales y otros; de modo que los usuarios vean restringida la posibilidad de controlar, auditar, usar, modificar o desarrollar dicha tecnología;

b) Soberanía tecnológica: Es la posesión del control por parte de una nación y/o estado sobre la tecnología que utiliza. Se caracteriza por el acceso al conocimiento sobre el contenido y los procedimientos, procesos y técnicas necesarios para el desarrollo y uso de dicha tecnología, el mismo que le permite auditar, mejorar, desarrollar, modificar y ajustar a sus necesidades específicas la misma, sin la intervención ni autorización específica de terceros; de modo que se garantice la total independencia en cuanto al control de la tecnología utilizada por dicha nación o estado con respecto a compañías, empresas, personas, naciones o estados;

c) Descolonización del conocimiento tecnológico e informacional: Es el proceso social y científico que permite romper los lazos de dependencia tecnológica e informacional de una nación y/o estado con respecto a terceras personas, empresas, naciones o estados y desarrollar conocimiento y tecnología propia, acorde a sus necesidades, retos y características, partiendo del diálogo entre los conocimientos locales y universales disponibles. Es un proceso de intercambio cultural, de conocimientos y tecnologías, con otras sociedades, naciones y/o estados dispuestos a compartir sus propios desarrollos e interiorizar los externos, respetando el derecho de los otros a conocer los contenidos y los procedimientos, procesos y técnicas necesarios para el desarrollo y uso de las tecnologías en general y de las tecnologías de la información y la comunicación en particular. La descolonización del conocimiento tecnológico e informacional está directamente relacionada con el desarrollo de capacidades científicas e institucionales para garantizar el manejo y aprovechamiento soberano de los recursos naturales y el desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia en la construcción del vivir bien.

 

VIII.- Respecto a comercio electrónico.

a) Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos – EDI, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;

b) Intercambio electrónico de datos: La transmisión electrónica de información de una computadora a otra, estando estructurada la información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto;

c) Iniciador de un mensaje de datos: Toda persona que a tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar ese mensaje antes de ser archivado, exceptuando aquel que actué a título de intermediario;

d) Destinatario de un mensaje de datos: La persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, exceptuando aquel que actué a título de intermediario;

e) Intermediario: Toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive un mensaje de datos o preste algún otro servicio con respecto a él;

f) Sistema de información: Todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.

 

Artículo 4.- (Principios).

 

I.- Documentos digitales: Los documentos y mensajes electrónicos ambos con firma digital se regirán por los siguientes principios:

a) Autenticidad: La información del documento digital y su firma digital si corresponden con la persona que ha firmado. Esta es una característica intrínseca de la firma digital, en donde el autor del mensaje queda acreditado, puesto que permite verificar la identidad del emisor de un documento digital;

b) Integridad: Característica única del mensaje electrónico de datos o documento digital ambos con firma digital, que indica que los mismos no han sido alterados en el proceso de transmisión desde su creación por parte del emisor hasta la recepción por el destinatario;

c) No repudio: Es la garantía de que un mensaje electrónico de datos o un documento digital ambos firmados digitalmente, no puedan ser negados en su autoría y contenido.

 

II.- Tratamiento de datos personales: Los servicios de certificación digital en cuanto al tratamiento de datos personales, se regirán por los siguientes principios:

a) Finalidad: La utilización y tratamiento de los datos personales por parte de las entidades certificadoras autorizadas, deben obedecer a un propósito legítimo, el cual debe ser de conocimiento previo del titular;-

b) Veracidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, precisa, actualizada, verificable, inteligible, prohibiéndose el tratamiento de datos incompletos o que induzcan a errores;

c) Transparencia: Se debe garantizar el derecho del titular a obtener de la entidad certificadora autorizada, en cualquier momento y sin impedimento, información relacionada de la existencia de los datos que le conciernan;

d) Seguridad: Se debe implementar los controles técnicos y administrativos que se requieran para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no repudio y confiabilidad de la información, brindando seguridad a los registros, evitando su falsificación, extravío, utilización y acceso no autorizado o fraudulento;

e) Confidencialidad: Todas las personas involucradas y que intervengan en el tratamiento de datos personales, están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso hasta después de finalizado su vínculo con alguna de las actividades que comprende el tratamiento, pudiendo únicamente realizar el suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las tareas autorizadas.

 

III.- Contenidos digitales: Los contenidos digitales se rigen con los siguientes principios:

a) Prácticos: Proveer de información práctica y realista;

b) Accesibles: Disponibilidad e intercambio de información en todo momento;

c) Contextualizados: Deben ser acordes a la circunstancia socio-económica, cultural y lingüística de los usuarios;

d) Legibles: Su escritura debe ser concisa, sin ambigüedades, redundancias ni imprecisiones;

e) Ejemplificativos: Deben contener situaciones paradigmáticas, tener ejemplos, casos de estudio y escenarios auténticos y relevantes.

 

IV.- Software: El software a ser utilizado por las entidades públicas debe regirse por los siguientes principios:

a) Soberanía tecnológica: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia ejercer pleno control sobre las aplicaciones informáticas o software que utiliza, asegurando la independencia tecnológica del país y la seguridad informática del Estado;

b) Seguridad informática del código fuente: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia la posibilidad de auditar, conocer y modificar el código fuente del mismo sin requerir ningún tipo de autorización, para obtener el comportamiento deseado de parte de ellas y ningún otro no consentido o requerido, precautelando la seguridad, independencia y soberanía tecnológica de Bolivia;

c) Descolonización del conocimiento tecnológico: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia romper los lazos de dependencia tecnológica e informacional con respecto a terceros, garantizando la soberanía tecnológica y seguridad informática; y avanzar en el proceso de desarrollo de capacidades científicas e institucionales que permitan el desarrollo de la economía nacional en la construcción del vivir bien.

 

CAPÍTULO II.- DESARROLLO DE CONTENIDOS Y APLICACIONES

Artículo 5.- (Desarrollo de contenidos y aplicaciones TIC).

I.- El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos y aplicaciones y servicios de las TIC en software libre, utilizando estándares abiertos y velando por la seguridad de la información en las siguientes áreas:

a) En educación, a través de plataformas virtuales de aprendizaje, capacitación e investigación y servicios en todos los niveles educativos y académicos;

b) En salud, a través de plataformas virtuales de información, atención y servicios a la población que asiste a los diferentes centros de salud, velando por la credibilidad de los datos que utilice el sector y promoviendo la asistencia médica a distancia;

c) En la gestión gubernamental, a través de la implementación del gobierno electrónico promoviendo la transparencia y la capacitación de los recursos humanos para garantizar la eficiencia de los sistemas implantados;

d) En lo productivo, a través de plataformas virtuales de información, comercialización y otros servicios, promoviendo entre otros, la construcción de comunidades virtuales productivas como motores de desarrollo de las TIC para la industria en el país;

e) En comunicación e información, a través de plataformas virtuales, promoviendo la creación de espacios de socialización, sensibilización y evaluación de las TIC en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

II.- El desarrollo de contenidos debe considerar los siguientes aspectos:

a) Desarrollo de contenidos accesibles y de fácil manejo por parte de la población y el uso de términos de compresión amplia y de uso común;

b) El uso del castellano, y otros idiomas oficiales reconocidos en la Constitución Política del Estado, a fin de contribuir a la preservación y divulgación de los diferentes idiomas existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia;

c) Contenidos de índole social y culturalmente adecuados en relación a los valores y principios relacionados con la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, la descolonización, despatriarcalización y el vivir bien;

d) La generación y uso de contenidos educativos y culturales adecuados a la realidad local;

e) La articulación de las oportunidades de la convergencia tecnológica en función a medios tradicionales y nuevos del TIC para la generación y difusión de contenidos.

 

Artículo 6.- (Objetivos del desarrollo de contenidos digitales).

El desarrollo, diseño e innovación de contenidos digitales tendrán mínimamente los siguientes objetivos:

a) Dar soporte a las TIC en la atención prioritaria a demandas en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, en lo productivo y de comunicación e información;

b) Aprovechar el conjunto de recursos de las TIC y de la convergencia tecnológica en la formación de la sociedad de los saberes y la información;

c) Formar y capacitar en contenidos digitales y su utilización en la red internet o en plataformas de gestión de Tecnologías de Información – TI;

d) Promover la identidad cultural de los pueblos originarios, sus territorios ancestrales, usos y costumbres; para el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe;

e) Contribuir a la generación de contenidos accesibles y de fácil manejo por parte de la población en el uso de términos de comprensión amplia de uso común, utilizando en lo posible los idiomas oficiales reconocidos en la Constitución Política del Estado a fin de contribuir a su preservación y divulgación;

f) Incluir contenidos social y culturalmente adecuados en relación a los valores y principios enmarcados en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, la descolonización, despatriarcalización y el vivir bien, promoviendo la soberanía nacional en la generación, difusión y replicación de contenidos nacionales y locales;

g) Promover estudios de investigación, identificación y análisis de la oferta y la demanda sobre contenidos digitales con los agentes del sector;

h) Favorecer la creación de empresas y de modelos de negocios, que coadyuven al desarrollo económico de Bolivia, enmarcados en la economía plural definida por la Constitución Política del Estado;

i) Coadyuvar a un mayor tránsito del tráfico digital nacional en las comunicaciones de datos, en los servicios de comunicaciones de voz, internet, utilización de contenidos y aplicaciones y servicios digitales de valor agregado;

j) Promover el derecho a la privacidad de la información de los usuarios;

k) Profundizar el proceso de descolonización del conocimiento;

l) Avanzar hacia la soberanía tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia;

m) Fortalecer la seguridad informática del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

Artículo 7.- (Desarrollo de aplicaciones digitales).

El desarrollo de aplicaciones digitales por parte de las entidades públicas priorizará el uso de herramientas y plataformas de software libre, las cuales deben permitir a los usuarios y las usuarias: comunicarse entre sí, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar, informarse, activar servicios en las redes públicas de comunicaciones y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde uno o más tipos de equipos terminales, proceso para el cual se enmarcarán en el uso de Estándares Abiertos, de modo que los contenidos sean democratizados y accesibles para los usuarios.

 

Artículo 8.- (Plan de contingencia).

Las entidades públicas promoverán la seguridad informática para la protección de datos en sus sistemas informáticos, a través de planes de contingencia desarrollados e implementados en cada entidad.

 

TÍTULO II.- COMITÉ PLURINACIONAL Y CONSEJO SECTORIAL

CAPÍTULO I.- COMITÉ PLURINACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – COPLUTIC

Artículo 9.- (Conformación).

I. El COPLUTIC estará conformado por:

a) Un (1) representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que lo preside;

b) Un (1) representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo;

c) Un (1) representante del Ministerio de Comunicación;

d) Un (1) representante del Ministerio de Educación;

e) Un (1) representante de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB.

 

II. Los representantes deberán tener un rango mínimo de Director, ser designados por su Máxima Autoridad Ejecutiva mediante el instrumento legal correspondiente y no percibirán remuneración o dieta alguna por el ejercicio de las funciones propias del Comité.

 

III. En el marco del derecho a la participación y control social establecido en el Artículo 30 de la Constitución Política del Estado y la Ley nº 341, de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social, el COPLUTIC convocará periódicamente a organizaciones de la sociedad civil.

 

IV. El COPLUTIC, se enmarca en los conceptos y principios de la descolonización del conocimiento, la seguridad informática, la soberanía tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia y el uso de software libre y estándares abiertos.

 

Artículo 10.- (Funciones del COPLUTIC).

Son funciones del COPLUTIC las siguientes:

a) Proponer al Órgano Ejecutivo del nivel central planes nacionales de desarrollo que permitan garantizar el acceso universal de todas las bolivianas y bolivianos a las tecnologías de información y comunicación, con el fin de fomentar su uso, apoyando al crecimiento del desarrollo nacional y aumento de la productividad y competitividad del país;

b) Coordinar los proyectos y líneas de acción entre todos los actores involucrados, respecto a la penetración, uso y comportamiento de las tecnologías de información y comunicación;

c) Proponer programas de capacitación, sensibilización y socialización en el uso y aprovechamiento de las TIC;

d) Definir los mecanismos de ejecución y seguimiento a los resultados, para el buen cumplimiento y beneficio de las tecnologías de información y comunicación y acceso al conocimiento en el entorno socio-económico del Estado Plurinacional de Bolivia;

e) Proponer líneas de acción para la seguridad informática;

f) Generar políticas conducentes a alcanzar la soberanía tecnológica, seguridad informática y descolonización del conocimiento en el área de las TIC;

g) Promover la producción de contenidos nacionales, acorde a las necesidades de la sociedad boliviana y las organizaciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos reconocidos en la Constitución Política del Estado;

h) Promover la adaptación y apropiación por parte de la sociedad boliviana de las tecnologías, saberes y conocimientos relacionados a las TIC;

i) Promover la dotación a las organizaciones sociales, naciones y pueblos indígena originario campesinas de herramientas TIC que les permitan conformarse en comunidades y redes de intercambio cultural y de conocimiento para el desarrollo y despliegue tecnológico de las culturas reconocidas por la Constitución Política del Estado ;

j) Promover un paradigma cultural y tecnológico alternativo al capitalista, sustentado en los principios y valores comunitarios, de intercambio cultural y de conocimientos para el desarrollo de los pueblos;

k) Proponer normas adecuadas para la protección y defensa de los usuarios de medios, mensajes y recursos informáticos;

l) Las propuestas sectoriales del COPLUTIC, deberán ser puestas a consideración de las entidades que lo conforman, para la aprobación por el o los ministerios competentes.

 

Artículo 11.- (articipación).

I. Los miembros del COPLUTIC cuando lo determinen podrán requerir la participación de instituciones o entidades públicas o privadas, dependiendo del tema específico a tratarse.

 

II. El COPLUTIC podrá contar, cuando así lo requiera con la participación de otros expertos, los mismos que brindarán asesoramiento técnico especializado respecto a los temas tratados con carácter de recomendación.

 

Artículo 12.- (Reuniones del COPLUTIC).

I. Las reuniones serán convocadas por el Presidente del Comité y se llevarán a cabo en sus instalaciones o en cualquier otro lugar que se establezca con carácter previo.

 

II. Las reuniones podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán de forma trimestral y las extraordinarias cuantas veces se estimen necesarias.

 

III. Las reuniones se llevarán a cabo cuando asistan por lo menos tres (3) de sus miembros, la decisión se tomará por mayoría simple, en caso de empate, el miembro que preside tendrá voto decisivo.

 

IV. El Presidente del Comité designará al Secretario de Actas.

 

CAPÍTULO II.- CONSEJO SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – COSTETIC

Artículo 13.- (Conformación).

I.- El COSTETIC estará conformado por:

a) Un (1) representante o autoridad competente del sector de cada asociación departamental de municipios;

b) Un (1) representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo;

c) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

d) Un (1) representante del Ministerio de Comunicación;

e) Un (1) representante del Viceministerio de Telecomunicaciones;

f) Un (1) representante de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT en calidad de asesor técnico, con derecho a voz y no a voto.

 

II.- En el marco del derecho a la participación y control social establecido en el Artículo 30 de la Constitución Política del Estado y la Ley nº 341, el COSTETIC convocará periódicamente a organizaciones de la sociedad civil.

 

III.- El COSTETIC, se enmarca en los conceptos y principios de la descolonización del conocimiento, la seguridad informática, la soberanía tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia y el uso de estándares abiertos.

 

Artículo 14.- (Funciones del COSTETIC).

El COSTETIC, en el marco del Artículo 74 de la Ley nº 164, tiene como funciones principales las siguientes:

a) Proponer y coordinar mecanismos necesarios para fomentar el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de información y comunicación;

b) Coordinar y concertar el despliegue y uso de la infraestructura tecnológica;

c) Proponer y concertar servicios y aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, en lo productivo, comunicación e información en sus respectivos niveles de gobierno.

 

Artículo 15.- (Reuniones).

I.- Las reuniones del COSTETIC serán convocadas por el Presidente del Consejo a iniciativa de este o a petición de uno de sus miembros.

 

II.- En función a la necesidad de coordinación de asuntos y proyectos sectoriales y su incumbencia territorial, se convocará a un (1) representante o autoridad competente de cada Gobierno Autónomo Departamental, a un (1) representante de cada asociación departamental de municipios u organizaciones sociales para su participación en las reuniones.

 

III.- El Presidente del COSTETIC designará al Secretario de Actas.

 

TÍTULO III.- GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SOFTWARE LIBRE CAPÍTULO I GOBIERNO ELECTRÓNICO

Artículo 16.- (Plan de implementación del Gobierno Electrónico).

I.- El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Telecomunicaciones, y la ADSIB, es la instancia responsable de elaborar, promover, gestionar y articular el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como su permanente actualización.

 

II-. La ejecución del Plan de Implementación del Gobierno Electrónico, estará a cargo de las entidades públicas del Estado.

 

III.- El seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación del Gobierno Electrónico estará a cargo de la ADSIB en coordinación con cada entidad de la administración pública del Estado.

 

Artículo 17.- (Objetivo del Gobierno Electrónico).

I. Modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y otras herramientas.

 

II. Generar mecanismos tecnológicos de participación y control social, mediante el uso de TIC por parte de los ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos.

 

Artículo 18.- (Lineamientos del Plan de Implementación).

El Plan de Implementación del Gobierno Electrónico, deberá considerar mínimamente los siguientes lineamientos:

a) Posibilitar a la población en general el derecho a acceder, participar y relacionarse de manera eficiente y transparente con las entidades públicas por medios electrónicos, asegurando credibilidad y confianza en el gobierno en línea;

b) Fortalecer la protección de la información, contenidos y aplicaciones digitales de la población en general, que acceda a la prestación de los servicios en línea;

c) Establecer las condiciones tecnológicas adecuadas para que la población en general pueda acceder y comunicarse con las entidades públicas y hacer uso de los servicios proporcionados por las mismas, en condiciones de igualdad, indistintamente del hardware o software utilizado, la infraestructura de red, el idioma y la localización geográfica;

d) Proponer mecanismos para lograr eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos de las entidades públicas, además de la interoperabilidad de los sistemas de información y de servicios gubernamentales desarrollados por cada una de ellas, a través de la aplicación y uso de estándares abiertos;

e) Promover mecanismos de colaboración para generar la integración entre las diferentes entidades públicas que posibiliten ampliar y mejorar el desarrollo conjunto de soluciones y servicios de gobierno en línea, permitiendo una gestión efectiva y de vocación de servicio al público;

f) Promover la capacitación y formación de los recursos humanos de manera de contribuir al uso y aprovechamiento de los diferentes sistemas y aplicaciones de gobierno electrónico a fin de lograr su eficiencia;

g) Promover el acceso a la información pública a través de sistemas informáticos que permitan a la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos ejercer los derechos a la participación y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley nº 341;

h) Fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos en la elaboración de las políticas públicas, mediante el uso del TIC.

 

CAPÍTULO II.- SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS

Artículo 19.- (Plan de implementación de Software libre y Estándares abiertos).

I.- El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Telecomunicaciones y la ADSIB, es la instancia responsable de elaborar, promover, gestionar y articular el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, así como de su permanente actualización.

 

II.- El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos establecerá los mecanismos para el desarrollo comunitario de aplicaciones de Software Libre, transversales a las necesidades del Estado Plurinacional.

 

III.- La ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, estará a cargo de las entidades públicas.

 

IV.- El seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos estará a cargo de la ADSIB en coordinación con cada entidad de la administración pública del Estado.

 

Artículo 20.- (Objetivo del Plan).

Establecer las condiciones y mecanismos para la implementación, uso, estudio, auditoria, investigación y desarrollo de software libre y estándares abiertos en las entidades públicas.

 

Artículo 21.- (Lineamientos del Plan).

El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, debe considerar mínimamente los siguientes lineamientos:

a) Posibilitar la implementación, uso y desarrollo de Software Libre y Estándares Abiertos en las plataformas informáticas, aplicaciones, ordenadores, redes informáticas, intercambio de datos y publicación de contenidos digitales de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia;

b) Promover el avance del proceso de descolonización del conocimiento;

c) Promover la formación, especialización y capacitación de recursos humanos en software libre y estándares abiertos en coordinación con los órganos del Estado y entidades de la administración pública;

d) Promover mecanismos de cooperación internacional en materia de software libre y estándares abiertos, en respeto de la soberanía y seguridad informática del Estado Plurinacional de Bolivia;

e) Establecer los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la aplicación del presente Reglamento y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos;

f) Promover el desarrollo de software libre en los sectores público y privado, favoreciendo a los profesionales y empresas bolivianas;

g) Establecer las condiciones y jerarquización para fortalecer las unidades de sistemas de las entidades públicas, de modo que puedan cumplir con los objetivos del Reglamento.

 

Artículo 22.- (Repositorio de Software Libre).

I.- Será utilizado para promover y compartir el software desarrollado por o para el Estado permitiendo la optimización y reutilización de recursos.

 

II.- La ADSIB, es la entidad que administra el Repositorio Estatal de Software Libre para el registro, preservación y custodia. Debe publicar en línea la información de todos los sistemas y las aplicaciones que se encuentren en el Repositorio.

 

III.- Las normas técnicas, estándares de desarrollo y licenciamiento de software libre para el registro en el repositorio y uso por parte del Estado, serán establecidos por la ADSIB.

 

IV.- La ADSIB establecerá los mecanismos y procesos de registro, consulta y uso del Repositorio Estatal de Software Libre.

 

V.- Las entidades públicas tienen la obligación de registrar los sistemas y las aplicaciones libres usadas y desarrolladas, de manera directa o a través de terceros, en el Repositorio Estatal de Software Libre, conforme a procedimientos establecidos por la ADSIB, con excepción de aquellas consideradas estratégicas por cada institución.

 

Artículo 23.- (Licencias de software privativo).

I.- En caso de adquisición o donación, ampliación y/o renovación de Licencias de Software Propietario por parte de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, la Máxima Autoridad Ejecutiva solicitará la conformidad a la ADSIB acompañada del informe técnico que justifique el uso de dicho software. En el caso de que el software sea utilizado por varias instituciones, será suficiente la solicitud presentada por el coordinador del proyecto.

 

II.- En caso de desarrollo de aplicaciones en plataforma de Software Propietario por parte de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, la Máxima Autoridad Ejecutiva solicitará la conformidad a la ADSIB acompañada del respectivo informe técnico que justifique el desarrollo de dicho software bajo esa plataforma.

 

III.- Para lo establecido en los Parágrafos I y II, la ADSIB hará conocer su conformidad u oposición, mediante documento de su Máxima Autoridad Ejecutiva, acompañado del respectivo informe técnico, estableciendo las recomendaciones necesarias. La decisión final en estos casos, será asumida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad.

 

IV.- Toda adquisición de hardware por parte de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, deberá exigir la compatibilidad del mismo con sistemas de software libre.

 

V.- En caso de que un hardware periférico indispensable requiera de un software insustituible para su funcionamiento, no se aplica lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo para dicho software.-

 

TÍTULO IV.- CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL Y ENTIDADES CERTIFICADORAS

CAPÍTULO I.- CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL

Artículo 24.- (Certificado Digital).

Los certificados digitales deben ser emitidos por una entidad certificadora autorizada, responder a formatos y estándares reconocidos internacionalmente y fijados por la ATT, contener como mínimo los datos que permitan identificar a su titular, a la entidad certificadora que lo emitió, su periodo de vigencia y contemplar la información necesaria para la verificación de la firma digital.

 

Artículo 25.- (Tipos de Certificados).

La ATT, establecerá mediante Resolución Administrativa los tipos de certificados digitales que podrán emitir las entidades certificadoras autorizadas, de acuerdo a su uso y conforme a estándares y recomendaciones internacionales aplicables que promuevan la interoperabilidad con otros sistemas.

 

Artículo 26.- (Función del Certificado Digital).

El certificado digital cumple las siguientes funciones:

a) Acredita la identidad del titular de la firma digital;

b) Legitima la autoría de la firma digital que certifica;

c) Vincula un documento digital o mensaje electrónico de datos, con la firma digital y la persona;

d) Garantiza la integridad del documento digital o mensaje electrónico con firma digital.

 

Artículo 27.- (Características del Certificado Digital).

I. Los certificados digitales, deben contener mínimamente las siguientes características:

a) La emisión debe ser realizada por una entidad de certificación autorizada;

b) Contener el número único de serie que identifica el certificado;

c) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente;

d) Periodo de validez;

e) Ser susceptibles de verificación respecto de su estado de revocación;

f) Acreditar, en los supuestos de representación, las facultades del signatario para actuar en nombre de la persona física o jurídica a la que represente;

g) Contemplar la información necesaria para la verificación de la firma;

h) Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido;

i) Contemplar los límites de uso del certificado, si se prevén;

j) Validar la correspondencia jurídica entre el certificado digital, la firma digital y la persona;

k) Identificar inequívocamente a su titular y al certificador autorizado que lo emitió.

 

II.- La ATT, mediante Resolución Administrativa establecerá el formato y estructura de los certificados digitales tanto para personas naturales como para personas jurídicas.

 

Artículo 28.- (Obtención del Certificado Digital).

I.- Para la obtención del certificado digital, las entidades certificadoras deberán suscribir convenio de partes o contratos de prestación de servicios con los usuarios, de acuerdo con los términos y condiciones de esta prestación, previamente aprobados por la ATT.

 

II.- Los requisitos mínimos para la obtención del Certificado Digital serán establecidos por la ATT mediante Resolución Administrativa, de acuerdo al tipo de Certificado.

 

Artículo 29.- (Vigencia de los Certificados para cargos públicos).

La vigencia de los certificados de firma digital emitidos con relación al ejercicio de cargos públicos no será superior a los dos (2) años y no deberá exceder el tiempo de duración de dicho cargo público a menos que exista prórrogas de funciones en las instituciones, debiendo todo cambio en el cargo, ser comunicado a la entidad certificadora pública inmediatamente.

 

Artículo 30.- (Suspensión de la vigencia).

I.- La vigencia de un certificado digital será suspendida por la entidad certificadora, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

a) A solicitud del titular del certificado, debidamente comunicada a la entidad certificadora;

b) Decisión de la entidad certificadora en virtud de razones técnicas, previa comunicación a los signatarios;

c) Por orden o decisión judicial debidamente fundamentada que determine la suspensión provisional de la vigencia del certificado digital.

 

II.- En mérito a la suspensión de la vigencia, cesan de forma temporal los efectos jurídicos del certificado digital conforme a los usos que le son propios e impide el uso legítimo del mismo por parte del titular.

 

III.- La suspensión de la vigencia del certificado digital será levantada por cualquiera de las siguientes causas:

a) A requerimiento del titular del certificado digital, cuando la suspensión haya sido solicitada por éste;

b) Cesación de las causas técnicas que motivaron la suspensión a criterio de la entidad certificadora;

c) Por orden o decisión judicial debidamente fundamentada que determine el cese de la suspensión de la vigencia del certificado digital.

 

IV.- En las situaciones descritas en el Parágrafo anterior, la entidad certificadora tiene la obligación de habilitar de inmediato el certificado digital de que se trate.

 

V.- La suspensión de un certificado digital, no producirá, por si sola, la invalidez jurídica de los actos que al amparo de dicho certificado se hayan realizado con anterioridad.

 

Artículo 31.- (Revocación de un certificado digital).

I.- Un certificado digital será revocado por la entidad certificadora en los siguientes casos:

a) A solicitud de su titular, debidamente comunicada a la entidad certificadora;

b) Por fallecimiento del titular del certificado;

c) Por disolución o quiebra de la persona jurídica titular del certificado digital, a partir de la comunicación oficial recibida por la entidad certificadora;

d) Sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del titular del certificado digital, por la comisión de delitos en los que se haya utilizado como instrumento la firma digital;

e) Sentencia judicial que declare la ausencia o interdicción del titular del certificado digital;

f) Por requerimiento de autoridad competente conforme a Ley;

g) Cuando se corrobore que el titular del certificado digital no ha custodiado adecuadamente los mecanismos de seguridad, propios del funcionamiento del sistema de certificación, que le proporcione la entidad certificadora autorizada;

h) De comprobarse por parte de la ATT, que se han producido vulneraciones técnicas del sistema de seguridad de la entidad certificadora que afecte la prestación de servicios de certificación digital;

i) Por incumplimiento de las causas pactadas entre la entidad certificadora con el titular del certificado digital.

 

II.- La revocación del certificado digital no exime a su titular del cumplimiento de las obligaciones contraídas durante la vigencia del certificado.

 

Artículo 32.- (Conservación).

I.- La conservación de la información contenida en un mensaje electrónico de datos o documento digital ambos con firma digital, deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Estar en el formato original con el que haya sido generado, enviado o recibido, demostrando su integridad, la identidad del generador del mensaje electrónico de datos o documento digital, su origen, fecha, hora de creación, destino y otros;

b) Ser accesible y disponible para posteriores consultas a requerimiento de autoridad competente;

c) Ser conservada de acuerdo a la naturaleza del mensaje electrónico de datos o documento digital y la normativa vigente.

 

II.- Para la conservación de la información contenida en mensajes electrónicos de datos o documentos digitales, la entidad certificadora podrá utilizar el servicio de terceros, siempre y cuando se garantice la integridad de los mismos.

 

III.- La información que tenga por única finalidad hacer conocer el envío o recepción de un mensaje electrónico de datos o documento digital está exenta de la obligación de conservarse.

 

IV.- La ATT, mediante Resolución Administrativa determinará el procedimiento y las condiciones que deberán cumplir las entidades certificadoras para la conservación de los documentos físicos y digitalizados, asegurando el almacenamiento de los mismos en servidores ubicados en el territorio y bajo la legislación del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

Artículo 33.- (Características de la Firma Digital).

Debe cumplir mínimamente las siguientes condiciones:

a) Estar vinculada a un certificado digital de manera que cualquier alteración subsiguiente en el mismo sea detectable;

b) Haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital válido del firmante;

c) Haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente seguro y confiable;

d) Ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control y la firma sea controlada por la persona a quien pertenece;

e) Contener información vinculada exclusivamente a su titular;

f) Permitir verificar unívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación;

g) Que el método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual fue generado un registro de creación de la firma;

h) Que los datos sean susceptibles de verificación por terceros;

i) Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario;

j) Que la firma digital sea controlada por la persona a quien pertenece.

 

Artículo 34.- (Validez de la Firma Digital).

I.- Cuando una firma digital ha sido inscrita en un documento digital o mensaje electrónico de datos, se presume la voluntad del titular de la firma digital para acreditar ese documento digital o mensaje electrónico de datos, y se adscribe y vincula con el contenido de la información de los mismos.

 

II.- Los mensajes electrónicos de datos o documentos digitales ambos con firma digital adquieren plena validez jurídica probatoria bajo las siguientes condiciones:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante procedimientos de autenticación y de seguridad y esté conforme a la normativa vigente;

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado;

d) Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario;

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. III. Una firma digital pierde validez cuando la vigencia del certificado digital ha expirado o éste haya sido revocado.

Artículo 35.- (Uso de la Firma Digital en el Sistema de Pagos Nacional).

Para el uso y aceptación de la firma digital en el sistema de pagos nacional, las instancias competentes podrán establecer las condiciones para otorgar seguridad a las transferencias electrónicas en el sistema financiero. Todos los participantes del sistema de pagos nacional para poder efectuar operaciones, además de observar lo establecido en el presente Reglamento, deberán cumplir la regulación establecida por estas instancias.

 

CAPÍTULO II.- INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

Artículo 36.- (Jerarquía Nacional de Certificación Digital).

Establece los niveles de la Infraestructura Nacional de Certificación Digital, donde existe una entidad certificadora de nivel superior encargada de regular y fiscalizar los procesos de certificación.

 

Artículo 37.- (Estructura jerárquica).

La organización de la Infraestructura Nacional de Certificación Digital, tiene los siguientes niveles:

1. Primer nivel: Entidad Certificadora Raíz. La ATT es la entidad de certificación de nivel superior dentro de la Jerarquía Nacional de Certificación Digital que auto firmará su certificado y emitirá certificados digitales a las entidades certificadoras pública y privadas subordinadas.

2. Segundo nivel: Entidades Certificadoras. Son las entidades certificadoras pública o privadas subordinadas de la Entidad Certificadora Raíz. La entidad certificadora pública es la ADSIB y las entidades certificadoras privadas, son todas aquellas autorizadas por ATT a prestar Servicios de Certificación, cumpliendo los requisitos exigidos para la autorización de prestación del servicio.

3. Tercer nivel: Agencia de Registro. Es la agencia dependiente de una entidad certificadora, encargada de realizar el registro y la identificación de la persona natural o jurídica en forma fehaciente y completa, debe efectuar los trámites con fidelidad a la realidad. Además es quién se encarga de solicitar la aprobación o revocación de un certificado digital. Su objetivo primario es asegurarse de la veracidad de los datos que fueron utilizados para solicitar el certificado digital. 4. Cuarto nivel: Signatarios. Son todos los usuarios y usuarias finales a quienes se les ha emitido un certificado por una entidad certificadora, dentro de la Jerarquía Nacional de Certificación Digital.

 

Artículo 38.- (Funciones de la autoridad).

Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley nº 164, la ATT tendrá las siguientes funciones:

a) Autorizar la operación de entidades de certificación;

b) Velar por el adecuado funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de las entidades de certificación y el cabal cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la actividad;

c) Definir los requerimientos técnicos que califiquen la idoneidad de las actividades desarrolladas por las entidades de certificación;

d) Evaluar las actividades desarrolladas por las entidades de certificación de acuerdo a los estándares definidos en los reglamentos técnicos;

e) Revocar o suspender la autorización para operar como entidad de certificación;

f) Requerir en cualquier momento a las entidades de certificación información relacionada con los certificados, las firmas digitales emitidas y los documentos en soporte informático que custodien o administren;

g) Verificar la calidad de prestación del servicio público de certificación y firma digital;

h) Imponer sanciones a las entidades de certificación por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio;

i) Ordenar la revocación o suspensión de certificados digitales cuando la entidad de certificación los hubiere emitido sin el cumplimiento de las formalidades legales;

j) Aprobar los reglamentos y procedimientos específicos de las entidades certificadoras para la prestación del servicio de certificación digital, así como sus modificaciones;

k) Emitir certificados digitales en relación con las firmas digitales de las entidades de certificación.

 

Artículo 39.- (Funciones de la Entidad Certificadora).

Las entidades certificadoras tendrán las siguientes funciones:

a) Emitir, validar, renovar, denegar, suspender o dar de baja los certificados digitales;

b) Facilitar servicios de generación de firmas digitales;

c) Garantizar la validez de las firmas digitales, sus certificados digitales y la titularidad de su signatario;

d) Validar y comprobar cuando corresponda, la identidad y existencia real de la persona natural o jurídica;

e) Reconocer y validar los certificados digitales emitidos en el exterior;

f) Otras funciones relacionadas con la prestación de servicios de certificación digital.

 

Artículo 40.- (Funciones de la Agencia de Registro).

Las funciones de la Agencia de Registro son las siguientes:

a) La recepción de las solicitudes de emisión de certificados;

b) Comprobar la identidad y autenticación de los datos de los titulares de certificados;

c) Comprobar otros datos de los titulares de certificados que se presenten ante ella cuya verificación delegue la entidad certificadora;

d) La remisión de las solicitudes aprobadas a la entidad certificadora con la que se encuentre operativamente vinculada;

e) La recepción y validación de las solicitudes de revocación de certificados; y su direccionamiento a la entidad certificadora con la que se vinculen;

f) La identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de certificados;

g) El archivo y conservación de toda la documentación de respaldo del proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad certificadora;

h) El cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la protección de los datos personales;

i) El cumplimiento de las disposiciones que establezca la política de certificación y el manual de procedimiento de la entidad certificadora con la que se encuentre vinculada.

 

Artículo 41.- (Servicio de Certificación Digital).

Las entidades certificadoras deberán prestar los siguientes servicios:

a) Servicio de certificación digital: Consiste en emitir, revocar y administrar los certificados digitales utilizados para generar firmas digitales;

b) Servicio de registro: Consiste en comprobar y validar la identidad del solicitante de un certificado digital, y otras funciones relacionadas al proceso de expedición y manejo de los certificados digitales;

c) Otros servicios relacionados a la certificación digital.

Artículo 42.- (Tarifas por la prestación del Servicio de Certificación Digital).

Las entidades certificadoras autorizadas establecerán sus tarifas considerando criterios sustentados y orientados en costos del servicio de certificación digital, previa presentación de su estructura tarifaria a la ATT para su aprobación y registro.

 

Artículo 43.- (Obligaciones de la Entidades Certificadoras).

Para garantizar la publicidad, seguridad, integridad y eficacia de la firma y certificado digital, las entidades certificadoras están obligadas a:

a) Cumplir con la normativa vigente y los estándares técnicos emitidos por la ATT;

b) Desarrollar y actualizar los procedimientos de servicios de certificación digital, en función a las técnicas y métodos de protección de la información y lineamientos establecidos por la ATT;

c) Informar a los usuarios de las condiciones de emisión, validación, renovación, baja, suspensión, tarifas y uso acordadas de sus certificados digitales a través de una lista que deberá ser publicada en su sitio web entre otros medios;

d) Mantener el control, reserva y cuidado de la clave privada que emplea para firmar digitalmente los certificados digitales que emite. Cualquier anomalía que pueda comprometer su confidencialidad deberá ser comunicada inmediatamente a la ATT;

e) Mantener el control, reserva y cuidado sobre la clave pública que le es confiada por el signatario;

f) Mantener un sistema de información de acceso libre, permanente y actualizado donde se publiquen los procedimientos de certificación digital, así como los certificados digitales emitidos consignando, su número único de serie, su fecha de emisión, vigencia y restricciones aplicables, así como el detalle de los certificados digitales suspendidos y revocados;

g) Las entidades certificadoras que derivan de la certificadora raíz (ATT) deberán mantener un sistema de información con las mismas características mencionadas en el punto anterior, ubicado en territorio y bajo legislación del Estado Plurinacional de Bolivia;

h) Revocar el certificado digital al producirse alguna de las causales establecidas en el presente Reglamento. Las causales y condiciones bajo las cuales deba efectuarse la revocatoria deben ser estipuladas en los contratos de los titulares;

i) Mantener la confidencialidad de la información proporcionada por los titulares de certificados digitales limitando su empleo a las necesidades propias del servicio de certificación, salvo orden judicial o solicitud del titular del certificado digital, según sea el caso;

j) Mantener la información relativa a los certificados digitales emitidos, por un período mínimo de cinco (5) años posteriores al periodo de su validez o vigencia;

k) Facilitar información y prestar la colaboración debida al personal autorizado por la ATT, en el ejercicio de sus funciones, para efectos de control, seguimiento, supervisión y fiscalización del servicio de certificación digital, demostrando que los controles técnicos que emplea son adecuados y efectivos cuando así sea requerido;

l) Mantener domicilio legal en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia;

m) Notificar a la ATT cualquier cambio en la personería jurídica, accionar comercial, o cualquier cambio administrativo, dirección, teléfonos o correo electrónico;

n) Verificar toda la información proporcionada por el solicitante del servicio, bajo su exclusiva responsabilidad;

o) Contar con personal profesional, técnico y administrativo con conocimiento especializado en la materia;

p) Contar con plataformas tecnológicas de alta disponibilidad, que garanticen mantener la integridad de la información de los certificados y firmas digitales emitidos que administra.

 

Artículo 44.- (Responsabilidad de las Entidades Certificadoras ante terceros).

 

I.- Las entidades certificadoras autorizadas serán responsables por la emisión de certificados digitales con errores y omisiones que causen perjuicio a sus signatarios.

 

II.- Las entidades certificadoras autorizadas privadas deberán rendir una caución que será utilizada para responder por las eventuales consecuencias civiles contractuales o extracontractuales de su actividad. Esta caución será rendida por medio de una Póliza de Seguro expedida por una Entidad de Seguros debidamente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia, tomando en consideración los riesgos y responsabilidades inherentes a la labor de certificación digital. El monto de la caución será fijada por la ATT anualmente mediante Resolución Administrativa, conforme a categorías que se determinarán de acuerdo con la cantidad de certificados emitidos.

 

III.- La entidad certificadora autorizada se liberará de responsabilidades si demuestra que actuó con la debida diligencia y no le son atribuibles los errores y omisiones objeto de las reclamaciones.

 

IV.- Las entidades certificadoras autorizadas deberán responder por posibles perjuicios que se causen al signatario o a terceros de buena fe por el retraso en la publicación de la información sobre la vigencia de los certificados digitales.

 

Artículo 45.- (Garantía).

I. Las entidades certificadoras deberán obtener y mantener vigente una boleta de garantía de cumplimiento de contrato, por el siete por ciento (7%) de sus ingresos brutos de la gestión inmediata anterior, o sobre sus proyecciones para el primer año, que respalde su actividad durante la vigencia de la autorización para prestación de servicios de certificación digital.

 

II. El incumplimiento de este requisito dará lugar a las acciones correspondientes en el marco de las competencias de la ATT.

 

Artículo 46.- (Auditorias).

I.- Las entidades certificadoras podrán ser sometidas a inspecciones o auditorías técnicas por la ATT.

 

II.- La ATT, podrá implementar el sistema de auditoría, que debe como mínimo evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre certificación y firma digital, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, como así también el cumplimiento de las políticas de certificación definidas por la autoridad, su declaración de prácticas de certificación y los planes de seguridad y de contingencia aprobados.

 

CAPÍTULO III.- AUTORIZACIÓN A LA ENTIDAD CERTIFICADORA

Artículo 47.- (Autorización para prestación de servicios de certificación digital).

La ATT, mediante la firma de un contrato, otorgará la autorización para la prestación de servicios de certificación digital, con una vigencia de cinco (5) años, renovables por periodos similares, a personas naturales o jurídicas que así lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en Resolución Administrativa por la ATT.

 

Artículo 48.- (Pago de derecho).

I.- Las entidades certificadoras pagarán a la ATT de manera anual, el uno por ciento (1%) de sus ingresos brutos de operación del servicio de certificación digital correspondiente al año anterior, como tasa de fiscalización y regulación.

 

II.- Para el primer año de operación, la entidad certificadora cancelará por adelantado la tasa de fiscalización y regulación, en base a la proyección de sus ingresos brutos.

 

Artículo 49.- (Transferencia de montos recaudados).

La recaudación por concepto de la tasa de fiscalización y regulación, así como sus intereses y multas por mora, serán depositados por la ATT de manera semestral hasta los diez (10) días del mes siguiente, vencido el semestre, a la Cuenta Única del Tesoro – CUT.

 

Artículo 50.- (Revocatoria de la autorización).

I.- La ATT, podrá revocar la autorización para la prestación de servicios de certificación digital otorgada a favor de la entidad certificadora, por las siguientes causales:

a) Cuando la entidad certificadora autorizada transfiera, ceda, arriende o realice cualquier acto de disposición de su autorización para prestación de servicios de certificación digital, sin contar con la autorización expresa de la ATT;

b) Por petición expresa de la entidad certificadora autorizada;

c) Quiebra de la entidad certificadora legalmente declarada;

d) Cuando la entidad certificadora autorizada no haya iniciado la provisión de servicios a los solicitantes durante los doce (12) meses posteriores a la otorgación de la autorización para prestación de servicios de certificación digital;

e) Cuando la entidad certificadora preste un servicio distinto o modifique el objeto para el cual obtuvo la autorización para prestación de servicios de certificación digital, sin permiso de la ATT;

f) Cuando la entidad certificadora autorizada, luego de haber recibido una notificación de la ATT, sobre el incumplimiento de disposiciones contractuales, legales, técnicas y reglamentarias, no las corrija o subsane en los plazos que señale el contrato o la normativa aplicable;

g) En caso de que la entidad certificadora autorizada incumpla el pago de derecho por la prestación de servicios de certificación digital;

h) Por incurrir en cualquier otra causal establecida en su contrato.

 

II.- De producirse la revocatoria, la ATT deberá prever el resguardo y transferencia a otra entidad certificadora de los certificados digitales y la información brindada por los titulares, quedando facultada para ello a intervenir la entidad certificadora antes de la notificación con revocatoria, en caso de ser necesario.

 

Artículo 51.- (Transferencia de la Entidad Certificadora Autorizada).

I.- Para la transferencia de la autorización para prestación de servicios de certificación digital a otra entidad certificadora autorizada, la entidad certificadora deberá comunicar tal situación a los titulares de los certificados digitales por ella emitidos, con una antelación de por lo menos dos (2) meses, señalando al titular que de no existir objeción a la transferencia de los certificados digitales, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de la comunicación, se entenderá que el usuario ha consentido en la transferencia de los mismos.

 

II.- En caso de revocatoria de una autorización, la entidad certificadora cuya autorización hubiere sido revocada, deberá comunicar inmediatamente a los titulares de certificados digitales esta situación para el traspaso de los certificados digitales a otra entidad certificadora autorizada.

 

III.- La entidad certificadora comunicará a la ATT, con al menos dos (2) meses de anticipación sobre el destino que dará a los datos de los certificados digitales emitidos.

 

TÍTULO V.- TITULAR DEL CERTIFICADO DIGITAL

CAPÍTULO I.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL CERTIFICADO DIGITAL

Artículo 52.- (Titular del Certificado Digital).

Son titulares de la firma digital y del certificado digital las personas naturales y las personas jurídicas a través de sus representantes legales, que han solicitado por sí y para sí una certificación que acredite su firma digital.

 

Artículo 53.- (Responsabilidad del Titular).

I.- El titular será responsable por la falsedad, error u omisión en la información proporcionada a la entidad de certificación y por el incumplimiento de sus obligaciones como titular.

 

II.- Los datos de creación de la firma digital vinculado a cada certificado digital de una persona jurídica, será responsabilidad del representante legal, cuya identificación se incluirá en el certificado digital.

 

III-. El documento con firma digital le otorga a su titular la responsabilidad sobre los efectos jurídicos generados por la utilización del mismo.

 

Artículo 54.- (Derechos del Titular del Certificado).

El titular del certificado digital tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado por la entidad certificadora, de las características generales, de los procedimientos de creación y verificación de firma digital, así como de las reglas sobre prácticas de certificación y toda información generada que guarde relación con la prestación del servicio con carácter previo al inicio del mismo, así como de toda modificación posterior;

b) A la confidencialidad de la información proporcionada a la entidad certificadora;

c) A recibir información de las características generales del servicio, con carácter previo al inicio de la prestación del mismo;

d) A ser informado, antes de la suscripción del contrato para la emisión de certificados digitales, acerca del precio de los servicios de certificación, incluyendo cargos adicionales y formas de pago, de las condiciones precisas para la utilización del certificado, de las limitaciones de uso, de los procedimientos de reclamación y de resolución de litigios previstos en las leyes o los que se acordaren;

e) A que la entidad certificadora le proporcione la información sobre su domicilio legal en el país y sobre todos los medios a los que el titular pueda acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del servicio contratado, o la forma en que presentará sus reclamos;

f) A ser informado, al menos con dos (2) meses de anticipación, por la entidad certificadora del cese de sus actividades, con el fin de hacer valer su aceptación u oposición al traspaso de los datos de sus certificados a otra entidad certificadora.

 

Artículo 55.- (Obligaciones del Titular).

I.- El titular de la firma digital mediante el certificado digital correspondiente tiene las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar información fidedigna y susceptible de verificación a la entidad certificadora;

b) Mantener el control y la reserva del método de creación de su firma digital para evitar el uso no autorizado;

c) Observar las condiciones establecidas por la entidad certificadora para la utilización del certificado digital y la generación de la firma digital;

d) Notificar oportunamente a la certificadora que los datos de creación de su firma digital han sido conocidos por terceros no autorizados y que podría ser indebidamente utilizada, en este caso deberá solicitar la baja de su certificado digital;

e) Actuar con diligencia y tomar medidas de seguridad necesarias para mantener los datos de generación de la firma digital bajo su estricto control, evitando la utilización no autorizada del certificado digital;

f) Comunicar a la entidad certificadora, cuando exista el riesgo de que los datos de su firma digital sean de conocimiento no autorizado de terceros, por el titular y pueda ser utilizada indebidamente;

g) No utilizar los datos de creación de firma digital cuando haya expirado el período de validez del certificado digital; o la entidad de certificación le notifique la suspensión de su vigencia o la conclusión de su validez.

 

II.- El incumplimiento de las obligaciones antes detalladas, hará responsable al titular de la firma digital de las consecuencias generadas por el uso indebido de su firma digital.

 

CAPÍTULO II TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Artículo 56.- (Protección de Datos Personales).

A fin de garantizar los datos personales y la seguridad informática de los mismos, se adoptan las siguientes previsiones:

a) La utilización de los datos personales respetará los derechos fundamentales y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado;

b) El tratamiento técnico de datos personales en el sector público y privado en todas sus modalidades, incluyendo entre éstas las actividades de recolección, conservación, procesamiento, bloqueo, cancelación, transferencias, consultas e interconexiones, requerirá del conocimiento previo y el consentimiento expreso del titular, el que será brindado por escrito u otro medio equiparable de acuerdo a las circunstancias. Este consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello, pero tal revocatoria no tendrá efecto retroactivo;

c) Las personas a las que se les solicite datos personales deberán ser previamente informadas de que sus datos serán objeto de tratamiento, de la finalidad de la recolección y registro de éstos; de los potenciales destinatarios de la información; de la identidad y domicilio del responsable del tratamiento o de su representante; y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación, objeción, revocación y otros que fueren pertinentes. Los datos personales objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas de las expresadas al momento de su recolección y registro;

d) Los datos personales objeto de tratamiento sólo podrán ser utilizados, comunicados o transferidos a un tercero, previo consentimiento del titular u orden escrita de autoridad judicial competente;

e) El responsable del tratamiento de los datos personales, tanto del sector público como del privado, deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado, las que deberán ajustarse de conformidad con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

 

TÍTULO VI.- COMUNICACIONES PUBLICITARIAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO

CAPÍTULO ÚNICO.- COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS

Artículo 57.- (Comunicaciones comerciales publicitarias).

Las comunicaciones por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación digital equivalente que tengan por finalidad la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Deberán publicitar los servicios, caracterizando los mismos sobre la base de términos técnicos y de tecnología, incluyendo características técnicas, económicas, comerciales, tarifas, aspectos legales, respecto de todos los servicios, así como los mecanismos de suscripción y conclusión de la suscripción a dicho tipo de servicios;

b) En los textos publicitarios que se refieran a los servicios, las condiciones y características, y promociones así como en la publicidad de acceso a contenidos y aplicaciones digitales, deben utilizar redacciones de difusión que resalten las facilidades y bondades del servicio;

c) En caso de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos anteriores del presente Artículo, que sean claramente identificadas como tales y que las condiciones de acceso, y en su caso de participación, se expresen de forma clara e inequívoca, así como las autorizaciones de las autoridades competentes;

d) Deberá indicar la forma, como el destinatario puede aceptar o rechazar el envío de futuras comunicaciones del remitente, para que los usuarios puedan habilitarse o deshabilitarse en el caso de que no deseen continuar recibiendo estos mensajes o correos;

e) Deberán ser claramente identificables los remitentes y datos del mismo, indicando la persona natural o jurídica en nombre de la cual se realizan;

f) En la publicidad y acceso interactivo a los sitios web del proveedor a través de equipo terminal, el simple registro comercial de ingreso no conlleva a un enlace comercial del proveedor de difusión posterior, sino que ésta debe ser explícita y manifiestamente aceptada por suscripción;

g) Las ofertas de productos o servicios deberán proporcionar información clara, precisa y veraz concordante con sus prestaciones.

 

TÍTULO VII.- COMERCIO ELECTRÓNICO

 

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 58.- (Comercio Electrónico).

Las TIC, se utilizarán como un instrumento que permita promover el comercio electrónico, entre el oferente y el demandante de bienes y servicios.

 

Artículo 59.- (Objetivos del Comercio Electrónico).

El comercio electrónico tendrá mínimamente los siguientes objetivos:

a) Facilitar el comercio electrónico en el interior y exterior del Estado Plurinacional de Bolivia;

b) Validar las operaciones efectuadas por medio de las nuevas TIC;

c) Fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la información;

d) Apoyar las nuevas prácticas comerciales. –

01Ene/14

Délibération n° 2011-249 du 8 septembre 2011 portant modification de l'article 69 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et insérant un chapitre IV bis intitulé « Procédure de labellisation » (JORF n° 0220 du 2

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération nº 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Après avoir entendu M. Jean-François Carrez, en son rapport, et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi susvisée, elle modifie le règlement intérieur afin de préciser les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation.

La présente délibération modifie le règlement intérieur et fixe la procédure applicable à la délivrance des labels. Les labels sont délivrés pour une durée de trois ans. Leur titulaire est soumis à l'ensemble des dispositions de la présente délibération,


Décide :

Article 1

Il est inséré, après le chapitre IV du règlement intérieur, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

» Chapitre IV bis.- » Procédure de labellisation


» Section 1
.- » Comité de labellisation


» Article 53-1


Le comité de labellisation est composé de membres de la commission désigné, par le président. Le comité désigne en son sein un président.
» Le président du comité de labellisation préside les réunions du comité, qu'il convoque en tant que de besoin et au moins une fois par an, et dont il fixe l'ordre du jour.
» Le comité de labellisation :
» – propose des orientations relatives à la politique de labellisation, notamment celles relatives aux demandes de création de label adressées par une organisation professionnelle ou à une institution regroupant principalement des responsables de traitements ;
» – élabore les projets de référentiels aux fins de labellisation de produits ou de procédures ;
» – évalue la conformité des demandes de label aux référentiels de labellisation de produits ou de procédure. Il peut auditionner le demandeur ou toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ses missions.
» Le comité est assisté dans ses travaux par les services de la commission qui en assurent le secrétariat.


» Section 2
.- » Procédure d'élaboration de référentiels aux fins de labellisation de produits ou de procédures


» Article 53-2


» Conformément à l'article 11 (3°, c) de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, il appartient à une organisation professionnelle ou à une institution regroupant principalement des responsables de traitements de demander à la commission de créer un label relatif à des produits ou des procédures.


» Article 53-3


» I. – Le président de la commission, sur proposition du comité de labellisation, informe l'organisation ou l'institution, à l'origine de la demande, de l'opportunité pour la commission de faire suite à cette demande.
» II. – Lorsque le président de la commission estime opportun de faire suite à cette demande, un référentiel définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou une procédure afin que celui-ci soit reconnu conforme aux dispositions de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée est élaboré. Ce référentiel précise les modalités d'appréciation de cette conformité et, le cas échéant, les particularités relatives aux vérifications subséquentes à la délivrance du label.
» Selon le produit ou la procédure, des référentiels distincts sont adoptés par la commission.
» III. – L'avis des représentants des parties intéressées, et notamment des associations ou organismes représentatifs des professionnels et des usagers, peut être recueilli lors de l'élaboration d'un référentiel.


» Article 53-4


» Chaque délibération portant référentiel aux fins de labellisation de produits ou de procédures est adoptée par la commission réunie en formation plénière.
» Les référentiels sont modifiés par la commission dans les mêmes formes.


»
Section 3.- » Procédure d'évaluation de la conformité aux référentiels de labellisation de produits ou de procédures


» Paragraphe 1
.- Dépôt et examen de la recevabilité d'un dossier de demande de label


» Article 53-5


» Sur proposition du secrétaire général et après avis du comité de labellisation, le président de la CNIL fixe le modèle de formulaire à utiliser pour demander la délivrance d'un label ainsi que, le cas échéant, les annexes destinées à compléter les informations du formulaire. Cette demande doit préciser le référentiel auquel se rapporte le produit ou la procédure et doit comporter notamment la description du produit ou de la procédure à évaluer ainsi que les objectifs ou garanties particulières en termes de protection des données attestant de la conformité du produit ou de la procédure à ce référentiel.


» Article 53-6


» I. – La demande d'obtention d'un label pour un produit ou une procédure doit être adressée à la commission par lettre remise contre signature.
» Un numéro d'enregistrement est attribué par la commission à chaque demande. Il constitue une référence obligatoire en cas de demandes ultérieures relatives au même produit ou procédure.
» II. – Plusieurs personnes juridiques distinctes peuvent solliciter un label de manière conjointe, aux fins de faire un usage commun du produit ou de la procédure labellisé. Dans une telle hypothèse, le dossier de demande de label comporte l'engagement de ces personnes de maintenir leur collaboration pendant toute la durée du label. En cas d'interruption de la collaboration des organismes ayant obtenu la délivrance d'un label conjoint, le ou les organismes qui souhaiteraient conserver le label doivent déposer une nouvelle demande en ce sens à la commission.


» Article 53-7


» Le président examine la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois à compter de l'attribution du numéro d'enregistrement. Afin d'être recevable, la demande doit être complète conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, et le produit ou la procédure objet de celle-ci doit correspondre au référentiel auquel il se rapporte.
» Le président notifie au demandeur, par lettre remise contre signature, le caractère recevable ou irrecevable de sa demande.
» Lorsque la demande est recevable, le président informe également le demandeur du délai nécessaire pour procéder à l'évaluation du produit ou de la procédure.
» La demande est réputée rejetée en cas d'absence de réponse du président dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.


» Paragraphe 2
.- » Evaluation du produit ou de la procédure


» Article 53-8


» L'instruction de la demande consiste à évaluer la conformité du produit ou de la procédure au référentiel auquel il se rapporte. Cette évaluation est réalisée par les services de la commission qui peuvent soumettre le produit ou la procédure à des tests visant à vérifier sa conformité au référentiel.
» Dans le cadre de cette évaluation, les services peuvent demander communication de toutes pièces utiles et entendre toutes personnes susceptibles de fournir les informations nécessaires relatives au produit ou à la procédure évaluée.
» Le demandeur peut, à tout moment, modifier ou retirer sa demande initiale par voie postale.


» Article 53-9


» Au terme de la période d'instruction, le ou les rapporteurs désignés parmi les membres du comité de labellisation établissent un rapport concluant, ou non, à la conformité du produit ou de la procédure évaluée au référentiel auquel il se rapporte.
» Le rapport et le projet de délibération correspondant sont inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de la commission.


» Article 53-10


» Si la commission réunie en formation plénière reconnaît que le produit ou la procédure est conforme au référentiel auquel il se rapporte, elle délivre un label. Dans le cas contraire, le label est refusé.


» Paragraphe 3
.- » Délibération portant délivrance d'un label


» Article 53-11


» Les labels délivrés par la commission le sont pour une durée de trois ans renouvelable dans les conditions prévues au présent chapitre.


» Article 58-12


» La délibération portant délivrance ou de refus d'un label est notifiée par lettre remise contre signature, dans un délai de huit jours à compter de la décision de la commission. En cas de délivrance, elle indique les conditions d'utilisation du logo «label CNIL». En cas de refus, elle indique les voies et délais de recours applicables.


» Paragraphe 4
.- » Modification d'un produit ou d'une procédure labellisé


» Article 53-13


» La commission doit être informée sans délai de toute modification d'un produit ou d'une procédure labélisé.
» Les services de la commission peuvent demander communication de tout document leur permettant d'apprécier si les modifications sont de telle nature qu'elles nécessitent une nouvelle évaluation.
» Le président notifie au titulaire par lettre remise contre signature la suite donnée à l'instruction de sa demande.
» Dans les cas où une nouvelle évaluation du produit ou de la procédure est nécessaire, elle est réalisée dans les conditions décrites aux articles 53-8 à 53-12 de la présente délibération.


» Article 53-14


» Dans les cas où la commission, suite à la nouvelle procédure d'évaluation, décide de délivrer le label, celui-ci est valable pendant une durée de trois ans, conformément à l'article 53-11 de la présente délibération.


»
Section 4.- » Vérification du respect du label, retrait et renouvellement


» Paragraphe 1
.- » Vérification et retrait d'un label


» Article 53-15


» La commission peut vérifier à tout moment que le produit ou la procédure labellisé respecte les conditions définies dans le référentiel.
» Toute personne ayant recours à un produit ou à une procédure labellisé et qui constaterait que celui-ci ne semble pas conforme au référentiel peut le signaler à la commission.


» Article 53-16


» Si des faits ou des circonstances susceptibles de remettre en cause la conformité d'un produit ou d'une procédure labellisé parviennent à la connaissance de la commission, le président en informe le titulaire qui dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations.
» A l'expiration de ce délai d'un mois, si aucune information satisfaisante n'a été communiquée par le titulaire, le président en informe le comité de labellisation qui désigne en son sein un rapporteur. Le rapporteur procède à l'instruction du dossier, assisté des services de la commission. A l'issue de son instruction, il établit un rapport ainsi qu'un projet de délibération qu'il présente en séance plénière.
» La commission réunie en séance plénière peut décider de retirer le label précédemment délivré.


» Article 53-17


» La délibération portant retrait d'un label de la commission est notifiée par lettre remise contre signature, dans un délai de huit jours. Le courrier de notification mentionne les voies et délais de recours.
» Dans le cas contraire, la procédure est close par l'envoi d'une lettre du président ou du vice-président délégué au titulaire du label.


» Paragraphe 2
.- » Renouvellement du label délivré à un produit ou à une procédure


» Article 53-18


» Au moins six mois avant la date d'échéance d'un label, son titulaire transmet à la commission une demande de renouvellement à l'aide du formulaire et des annexes préalablement fixés par le président. La demande est instruite conformément aux articles 53-8 à 53-12 de la présente délibération.
» Lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée, le label est prolongé jusqu'à ce que la commission se soit prononcée.


» Section 5
.- » Publicité


» Article 53-19


» Les décisions de délivrance d'un label, de retrait ou de reconduction d'un label sont rendues publiques.


» Article 53-20


» La commission tient à la disposition du public, sur son site, la liste des produits ou procédures labellisés. Cette liste précise la date à laquelle expire le label ainsi que le nom de son titulaire. «

 

Article 2

L'article 69 du règlement intérieur est ainsi modifié :

Après les mots : » les recommandations «, sont insérés les mots : » les référentiels aux fins de labellisation de produits ou de procédures «.

 

Article 3

La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 8 septembre 2011.

Le président, A. Türk

01Ene/14

DG MARKT XV D/5047/99/final WP 19

Dictamen 2/99, relativo a la idoneidad de los «Principios internacionales de puerto de seguro» que hizo públicos el Departamento estadounidense de Comercio el 19 de abril de 1999, adoptado el 3 de mayo de 1999 por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en loq ue respecta al tratamiento de datos personales (DG XV D 5047/99/final WP 19)

WP 19 Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales

Dictamen 2/99, relativo a la idoneidad de los «Principios internacionales de puerto de seguro» que hizo públicos el Departamento estadounidense de Comercio el 19 de abril de 1999

 

Adoptado el 3 de mayo de 1999

Las conversaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han evolucionado desde que, en enero de 1999, el Grupo de trabajo hizo público su dictamen relativo al nivel de protección de datos en Estados Unidos(1). La Comisión presentó recientemente al Grupo de trabajo una versión revisada de los principios del Departamento de Comercio con el fin de recabar su dictamen sobre el nivel de protección de los datos que facilitan.

La Comisión también ha comunicado al Grupo que se plantea la adopción de una decisión basada en el apartado 6 del artículo 25 de la Directiva(2) en relación con dichos principios, si se considera que ofrecen un nivel de protección adecuado para la transferencia de datos desde la Unión Europea a las empresas estadounidenses que se adhieran al sistema de «puerto seguro».

No obstante, la versión actual de los principios no puede considerarse definitiva, ya que incluye una serie de notas a pie de página en las que se señalan los sectores en los que aún no se han logrado acuerdos satisfactorios con Estados Unidos. Por ello, el Grupo de trabajo considera que su dictamen es provisional y parcial. Provisional en la medida en que los documentos no son aún definitivos y en que no se ha comunicado con claridad al Grupo qué carácter tienen las «preguntas más frecuentes» (FAQ) que ha hecho públicas el Departamento de Comercio (por consiguiente, su contenido no se ha tenido en cuenta en el presente dictamen). Y parcial porque el Grupo de trabajo no dispone de todos los documentos necesarios para un examen global de la situación en Estados Unidos y particularmente una visión general de las cuestiones relacionadas con la aplicación de los principios y el análisis de la protección que dispensa la legislación sectorial estadounidense.

El Grupo de trabajo reitera su opinión de que no se puede confiar en que el mosaico de disposiciones legales sectoriales muy restringidas y de normas de autorregulación actualmente en vigor en Estados Unidos dispense en todos los casos la protección adecuada de los datos personales que se transfieren desde la Unión Europea. Por consiguiente, considera útil el enfoque del «puerto seguro» y anima a la Comisión a que continúe trabajando para llegar a un conjunto de principios que establecerá el Departamento de Comercio y servirá de punto de referencia a las empresas estadounidenses que deseen garantizar que satisfacen la exigencia de protección adecuada de la Directiva.

(1) Dictamen relativo al nivel de protección de datos en Estados Unidos y a los debates en curso entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos, adoptado por el Grupo de trabajo el 26 de enero de 1999.

(2) El 30 de marzo de 1999 se transmitió al Grupo de trabajo un proyecto de Decisión de la Comisión.

El Grupo de trabajo considera útil estudiar las consecuencias prácticas de este acuerdo para la labor de las autoridades nacionales de control.

Sobre las consecuencias prácticas de los principios de «puerto seguro» para la labor de las autoridades nacionales de control

1. En opinión del Grupo de trabajo, es muy importante que se identifiquen de manera inequívoca las empresas con sede en Estados Unidos que se adhieren a los principios de «puerto seguro». Por tanto, se congratula por la recomendación del Departamento de Comercio de que las empresas estadounidenses que deseen adherirse al sistema notifiquen su intención al propio Departamento. Pero el Grupo de trabajo también opina que tal notificación ha de ser lo más completa posible, ponerse a disposición del público y que, de manera especial, en ella ha de señalarse la persona de contacto de la empresa que puede responder a las peticiones de los particulares y el organismo de control encargado de la aplicación de los principios.

2. Se observa que para ajustarse al sistema de «puerto seguro», las organizaciones estadounidenses pueden «… incorporarse a un programa de intimidad (privacy program) creado por el sector privado …» o hacerlo en virtud de la legislación estadounidense, que protege de manera efectiva la intimidad en la medida en que sus actividades estén reguladas por dicha legislación. El Grupo de trabajo pide una mayor claridad respecto a la identidad de los programas de intimidad y sus criterios operativos. En la medida en que las disposiciones legales sectoriales se vean afectadas, el Grupo de trabajo también pide que se clarifique mejor su contenido exacto en relación con la protección de la intimidad.

3. El Grupo de trabajo también observa que los principios de «puerto seguro» sólo se refieren a la legitimidad del aspecto internacional de la transferencia de datos que se deriva de los artículos 25 y 26 de la Directiva. Los exportadores de datos con sede en Europa (sean o no filiales de una empresa estadounidense que se adhiera a los principios de «puerto seguro») están sujetos a la aplicación de otras disposiciones de la Directiva, por ejemplo respecto a la notificación del tratamiento a las autoridades nacionales de control.

4. Por otra parte, la tarea de dichas autoridades se vería facilitada con una exposición general de las atribuciones de las diversas autoridades de regulación. Se ha informado al Grupo de trabajo de que las autoridades estadounidenses están preparando dicho documento.

5. Considerando el cometido de las autoridades nacionales de control para la expedición de autorizaciones de transferencias internacionales basadas en contratos, el Grupo de trabajo pide que se aclare el significado de la última frase del cuarto párrafo de la introducción, que dice: «Las organizaciones también podrán establecer las medidas de control que la UE juzgue necesarias para las transferencias de datos personales desde la UE a Estados Unidos incorporando los principios de puerto seguro en los contratos celebrados con las partes que transfieran datos personales desde la UE».

6. Por último, respecto a la posibilidad de que las organizaciones que se adhieran a los principios del Departamento de Comercio confíen a las autoridades nacionales de control la aplicación de los principios, el Grupo de trabajo observa que dichas autoridades carecen de competencia en terceros países y, por consiguiente, de toda capacidad de ejecución que les permita supervisar eficazmente la aplicación de los principios por parte de las organizaciones estadounidenses. Sobre el contenido de los principios en sí, el Grupo de trabajo reconoce que, en comparación con la versión del 4 de noviembre, pese a que los principios se han debilitado en algunos aspectos, se han obtenido avances en numerosos ámbitos, en concreto en los siguientes:

– La definición de los datos personales se refiere ahora a una persona física identificada o identificable.

– Las excepciones a los principios resultan más coherentes y en parte corresponden a las que prevé la Directiva, especialmente por lo que respecta a la eliminación de expresiones tales como «gestión de riesgos», «seguridad de la información» y «datos propietarios».

– En «notificación», se ha de informar a la persona física en caso de cambio de fin.

– La información sensible ahora está plenamente definida en el principio 2, «opción».

– En las transferencias ulteriores ahora se distingue entre las transferencias entre organizaciones que se adhieren a los principios y las transferencias a terceros que se sitúan fuera del sistema de puerto seguro.

El Grupo de trabajo considera que no se ha de renunciar a la norma fijada por las directrices de la OCDE en 1980, pues constituye el requisito mínimo para la aceptación de un nivel adecuado de protección en cualquier tercer país. Sobre la base del trabajo realizado anteriormente por el Grupo de trabajo sobre la transferencia de datos a terceros países(3), los principios de «puerto seguro» del 19 de abril del Departamento de Comercio suscitan las preocupaciones siguientes:

1. En la introducción se hace referencia a las excepciones previstas en la legislación de los Estados miembros. El Grupo de trabajo considera que ello no es adecuado, ya que abre la posibilidad de interpretación de las medidas nacionales de aplicación por parte de las organizaciones que se adhieran al sistema de autorregulación de un tercer país. Por otra parte, el Grupo opina que limitar la aplicación de los principios de puerto seguro al nivel necesario para satisfacer las disposiciones normativas estadounidenses es una excepción excesivamente amplia, de límites imprevisibles.

2. Respecto a los datos manuales, el Grupo de trabajo considera que ha de haber igualdad de trato para los datos tratados de forma automatizada y los tratados manualmente que contienen los ficheros. Por consiguiente, el Grupo de trabajo respalda la reserva expresada por la Comisión en las notas a pie de página, pero también opina que las organizaciones que se adhieren a los principios de puerto seguro y los aplican a los datos tratados de forma manual deberían beneficiarse, si lo desean, del «puerto seguro» en relación con dichos datos recogidos desde Europa.

(3) Transferencias de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva sobre protección de datos de la UE, documento aprobado por el Grupo de trabajo el 24 de julio de 1998.

3. Principios 1 y 2: notificación y opción.

Considerando que la protección que dispensan los principios de puerto seguro tiene como eje los principios de notificación y opción, es imprescindible que éstos ofrezcan una protección general de la intimidad, tanto en relación con la utilización de los datos, como con su divulgación.

Respecto al principio de notificación, se ha de señalar que, para ser coherentes con el principio de seguridad de los datos, debería informarse a la persona física de los datos sólo se recogen para cumplir los fines de dicha recogida.

Por otra parte, debería insertarse nuevamente la expresión «qué tipo de información», ya que es importante que se informe a la persona acerca del tipo de información personal que se está recogiendo sobre ella.

También debería indicarse de manera explícita que se deberá notificar a la persona el tratamiento por una organización estadounidense en caso de que no sea dicha persona la que ha proporcionado los datos directamente, sino que éstos se hayan recogido a través de un tercero.

El Grupo de trabajo también pide que se aclare el significado exacto de la expresión «o posteriormente lo antes posible», ya que considera que debería informarse a las personas en el momento de la recogida, y no cuando lo desee cada responsable del tratamiento. En relación con el principio de opción: Como se señala en el anterior dictamen del Grupo de trabajo sobre los principios de puerto seguro, no aparece el principio de especificación de fines de las directrices de la OCDE y sólo se sustituye en parte por el principio de opción, que de hecho permite que los datos recogidos con un fin se utilicen para otro distinto. Por otra parte, las personas físicas sólo tienen la posibilidad de negarse si el nuevo fin se considera incompatible con el que se ofrece en «notificación». A juicio del Grupo de trabajo, cada persona debería tener como mínimo la posibilidad de negarse en todos los casos en que los datos se utilicen para un fin distinto y para la comercialización directa. El grado de consentimiento es más elevado, por ejemplo, cuando los datos se recogen en una relación contractual y están sujetos a condiciones contractuales expresas o implícitas.

Ello es especialmente importante, ya que, como es inevitable en un sistema de autorregulación, no existe una determinación independiente de lo que es un fin incompatible o de cuáles son los criterios para establecer que un fin es incompatible con el que se señala en «notificación».

El Grupo de trabajo considera asimismo que en caso de que se exija consentimiento, éste deberá otorgarse contando con la información pertinente, de forma libre e inequívoca y que la ausencia de respuesta de la persona física no podrá interpretarse como consentimiento.

Por último, por lo que respecta a la última frase del principio de opción, el Grupo de trabajo pide que se aclare el significado exacto de la palabra «o» en la expresión «opción afirmativa o explícita (consentimiento)», en el sentido de «opción afirmativa, es decir, explícita».

4. Principio 3: transferencia ulterior. Pese a que este principio no se recoge en las directrices de la OCDE, es necesario para garantizar que las empresas estadounidenses que acatan los principios de puerto seguro no transfieran datos a otro responsable del tratamiento de datos en Estados Unidos o en otro lugar que no ofrezca la protección adecuada. Pero, tal como está formulado actualmente el principio, no está claro cuál es la norma aplicable. Consideramos que la persona debería tener la posibilidad de negarse a una transferencia de sus datos a un tercero. Para ello, como mínimo deberá estar informado de tal transferencia y de si dicho tercero se adhiere a los principios de puerto seguro, así como, si no es así, del grado de adecuación de la protección que se le ofrece. Por tanto, el Grupo de trabajo apoya la petición de la Comisión formulada en la nota a pie de página nº 5, de que haya una notificación y una posibilidad de opción explícitas en caso de que se transfieran datos a un tercero que no se adhiera a los principios de puerto seguro.

5. Principio 6: acceso. Hay que señalar que no existe acuerdo sobre el texto del principio

En opinión del Grupo de trabajo, este principio debería establecer la norma general de dar acceso a los datos, aunque son posibles algunas excepciones, que deberían enumerarse con claridad en el texto del principio 6. La Directiva menciona una serie de excepciones en el artículo 13, por ejemplo los «secretos comerciales», aunque los participantes señalaron que, a escala de los Estados miembros, este problema no debería dar como resultado en ningún caso que se negara toda la información al interesado. En sus contactos con el Departamento de Comercio, la Comisión debería seguir las orientaciones de la OCDE sobre este asunto. El Grupo de trabajo propone el texto siguiente como base de trabajo: «Las personas físicas deberán tener acceso a la información relativa a ellas que posea una organización y poder corregirla y rectificarla si es inexacta, excepto en caso de que el acceso a la misma perjudique a la organización por revelación de secretos comerciales o por violación de los derechos de propiedad intelectual, o en caso de que la carga y el coste que supondría para la organización la localización de la información, u otras consecuencias, resultaran claramente desproporcionados respecto a los riesgos específicos que acarrearía el hecho de no dar dicho acceso para la protección de la intimidad de la persona».

Por otra parte, en el principio debería constar claramente el derecho del interesado a la destrucción de los datos en caso que su tratamiento fuera ilegal. Por las razones expuestas en la introducción, el Grupo de trabajo no examinó el texto de las preguntas más frecuentes sobre el acceso.

6. Principio 7: aplicación. Por lo que se desprende del texto del principio y de la nota sobre la norma que habrán de cumplir las empresas, el principio no queda suficientemente claro. A juicio del Grupo de trabajo, las normas de protección de datos sólo contribuyen a la protección de las personas físicas en la medida en que se apliquen en la práctica. En un sistema absolutamente voluntario como el presente, el cumplimiento de las normas ha de estar garantizado como mínimo por un mecanismo de investigación independiente de las reclamaciones y sanciones, que por una parte deberán ser disuasorias y por otra deberán indemnizar a las personas cuando proceda. El texto actual del principio 7 supone que sólo se indemnizará cuando «la legislación aplicable y las iniciativas del sector privado así lo dispongan». Por otra parte, el Grupo de trabajo respalda plenamente la petición de la Comisión de que, antes de que pueda considerarse que una empresa cumple los principios de puerto seguro, se exija el cumplimiento de todas las condiciones que figuran en el principio 7.

Además, el principio 7 no establece las normas que se aplicarán para comprobar dicho cumplimiento, ni indica qué autoridades podrán asegurar la aplicación de los principios. Del mismo modo, debería indicarse el tipo de sanciones previstas, quién las determinará y con arreglo a qué procedimiento.

Tal como se indica en la introducción, respecto a la cooperación entre las autoridades nacionales de control y las organizaciones estadounidenses que deseen adherirse al «puerto seguro», el Grupo de trabajo no considera factible confiar a las autoridades nacionales de control la aplicación de los principios. No obstante, si la aplicación en Estados Unidos la llevan a cabo organismos de control independientes, podría plantearse la cooperación caso por caso entre dichos organismos y las autoridades nacionales de control.

Conclusiones

A tenor de lo expuesto, el Grupo de trabajo anima a la Comisión a que continúe desarrollando su labor en el diálogo con el Departamento de Comercio con el fin de incrementar la protección que dispensan los «Principios internacionales de puerto seguro».

En especial, el Grupo de trabajo pide a la Comisión que tenga en cuenta las cuestiones suscitadas y mantenga al Grupo informado de sus contactos con el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Hecho en Bruselas, el 3 de mayo 1999

Por el Grupo de trabajo

P.J. HUSTINX

Presidente

 

01Ene/14

Orden 3/2014, de 9 de enero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se crea y regula el Comité de Seguridad de la información del Gobierno de La Rioja.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un elemento fundamental para las Administraciones Públicas las cuáles han desarrollado una labor esencial fomentando su utilización en las relaciones con los ciudadanos. El empleo de las nuevas tecnologías implica la necesidad de adoptar medidas concretas que permitan garantizar la seguridad en el tratamiento de la información reduciendo los riesgos inherentes a dicho tratamiento al nivel máximo posible.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que los órganos de las administraciones responsables de los ficheros que contienen datos de carácter personal, y si procede, las personas físicas o jurídicas, las autoridades públicas o los órganos encargados de su tratamiento deben adoptar las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a qué están expuestos, tanto si provienen de la acción humana como del medio físico o natural.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica comparte con ella la finalidad de hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad puede suponer el tratamiento de datos personales y establece las medidas de seguridad que se han de cumplir, sea cual sea la forma en que se traten (automatizada o no automatizada).

Por su parte la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos consagra el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, lo que implica la necesidad de adoptar medidas que garanticen una adecuada protección de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos. El Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, pretende dar respuesta a esta necesidad.

En dicho Real Decreto se establece que todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. Uno de los elementos que deben precisarse en dicha política de seguridad es la estructura de un comité de seguridad.

Por todo lo expuesto en la presente Orden se crea el Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja como órgano colegiado de los previstos en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja son los Decretos de estructura de cada Consejería los que atribuyen a las Secretarías Generales Técnicas la coordinación de las actuaciones de los órganos y unidades y de los organismos públicos en materia de protección de datos. Por su parte es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda la encargada de coordinar las actuaciones en materia de protección de datos de carácter personal; correspondiéndole a la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación la dirección, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y gestión de los programas y políticas de seguridad en materia de sistemas de información para todos los ámbitos del Sector Público.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me han sido conferidas conforme al artículo 42.1.e. de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y resto de la normativa vigente aplicable, dispongo:

 

Artículo 1.- Objeto.

La presente norma tiene por objeto la creación y regulación del Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja como órgano colegiado de los previstos en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, adscrito a la Consejería competente en materia de tecnologías de la información, que le facilitará los medios precisos para el cumplimiento de sus funciones

 

Artículo 2.- Funciones.

1. Al Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja le corresponden funciones de asesoramiento, consultoría y propuesta en materia de seguridad de la información.

2. En particular le corresponde:

a) Informar regularmente del estado de la seguridad de la información al Gobierno de La Rioja.

b) Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

c) Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información evitando duplicidades.

d) Elaborar y revisar regularmente la Política y Organización de la Seguridad de la Información para que sea aprobada por el Gobierno de La Rioja.

e) Proponer la aprobación de la normativa de seguridad de la información.

f) Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.

g) Proponer planes de mejora de la seguridad de la información de la organización.

h) Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos de tecnologías de la información desde su especificación inicial hasta su puesta en operación y posterior mantenimiento, así como en la preservación de la información que sea requerida tras el cese en la utilización del mismo.

i) Divulgar la Política de Seguridad de la Información y normativas e instrucciones de seguridad de la información aprobadas.

 

Artículo 3.- Composición.

1. El Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja se compone de los siguientes miembros:

a) Presidente: El titular de la Dirección General competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

b) Vocales: Un representante de cada una de las Consejerías y Organismos Públicos del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Serán nombrados y cesados por los titulares de cada una de las Secretarías Generales Técnicas u órganos asimilables en los Organismos Públicos.

c) El Secretario será nombrado por el titular de la Dirección General competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación entre personal de la misma Dirección General. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, su suplente será designado del mismo modo por el mismo órgano.

2. A las sesiones del Comité podrán asistir en calidad de asesores, con voz pero sin voto, las personas que en cada caso proponga el Presidente.

 

Artículo 4.- Estructura y funcionamiento.

1. El Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja funcionará en Pleno que estará integrado por todos los miembros, asistidos por el Secretario.

2. El Comité se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre y podrá reunirse con carácter extraordinario en alguno de los siguientes supuestos:

a) A instancia del Presidente.

b) Cuando aparezcan incidencias de seguridad graves o surjan nuevas necesidades de seguridad que requieran la participación de los componentes del Comité.

3. Para la válida constitución del Pleno del Comité a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria la presencia del secretario o, en su caso, de quien le sustituya, y de la mitad más uno de sus miembros, debiendo estar entre ellos el Presidente.

4. El Pleno adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes con derecho a voto.

 

Artículo 5.- Normativa aplicable.

En lo no previsto en la presente Orden, el Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en el Capítulo IV del Título I de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público.

 

Disposición Final Única.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

 

Logroño, a 9 de enero de 2014

Mª Concepción Arruga Segura, Consejera 

01Ene/14

Orden HAP 2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados organismos adscritos al mismo

Mediante el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se suprimieron los Ministerios de Economía y de Hacienda, y de Política Territorial y Administración Pública, y se creó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya estructura orgánica básica se estableció por Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

La estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha desarrollado por Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, que a su vez ha sido recientemente modificado por Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre.

Estos cambios en la organización administrativa exigen una adecuación de la normativa reguladora de los ficheros de datos carácter personal, agrupando en una sola norma, por razones de seguridad jurídica, la totalidad de los ficheros de la responsabilidad del nuevo ministerio.

De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, en la presente orden se lleva a cabo esta adecuación sustituyendo y refundiendo las disposiciones reguladoras de ficheros del antiguo Ministerio de Economía y Hacienda (en lo que se refiere a los órganos que han pasado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que se encuentran actualmente vigentes.

De este modo, podrá accederse de forma sencilla a la información correspondiente a cada uno de los ficheros existentes en el ministerio, evitando la dispersión normativa.

Se regulan por sus propias disposiciones, y por tanto no se incluyen en la orden, los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

En la orden también se procede a la creación, modificación y supresión de ficheros de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y artículos 52 a 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD).

En concreto, se crean ficheros de la responsabilidad de los siguientes órganos directivos: Dirección General del Catastro; Dirección General de Ordenación del Juego; Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas; Dirección General de Presupuestos; Dirección General de Fondos Comunitarios; Intervención General de la Administración del Estado; Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación; Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios; Dirección General de la Función Pública; Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica; Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado; Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno; Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales; Subdirección General de Recursos Humanos; Delegaciones de Economía y Hacienda, Dirección General del Patrimonio del Estado e Inspección General.

En cuanto a las modificaciones de ficheros, se ha llevado a cabo, en primer lugar, una adecuación de la descripción de los distintos ficheros a la nueva estructura orgánica en lo que se refiere a las menciones a órganos o departamentos ministeriales desaparecidos, al órgano responsable del fichero o a la unidad de ejercicio de derechos.

Asimismo, tal y como exige el artículo 54.1 c) del RLOPD, se ha indicado el sistema de tratamiento utilizado en la organización de los datos (automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado) en aquellos ficheros en los que no aparecía esta información, y se ha introducido un mayor nivel de detalle en la descripción de los datos de carácter identificativo sometidos a tratamiento en determinados ficheros en los que se utilizaban sólo expresiones genéricas.

También se ha completado la descripción de algunos ficheros concretos en lo que se refiere a los usos del fichero, el colectivo o personas origen de la información o la dirección completa de las unidades y oficinas administrativas donde pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Por lo que se refiere a ficheros que se suprimen, en su mayor parte se trata de ficheros cuyos datos han pasado a formar parte de otros ficheros nuevos o existentes o cuya supresión se entiende necesaria para evitar duplicidades.

La presente orden ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos y se dicta al amparo del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En su virtud, dispongo:

 

Artículo 1.- Objeto.

La presente orden tiene por objeto la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. La presente orden es de aplicación a los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y en los siguientes organismos públicos: Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) y Parque Móvil del Estado (PME).

2. Los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en los organismos públicos a los que se refiere el apartado primero de este artículo son los que se relacionan en el anexo I de la presente orden.

 

Artículo 3.- Creación y modificación de ficheros.

1. Se crean los siguientes ficheros de datos de carácter personal, que se incorporan al anexo I de la presente orden:

a) Fichero Base de Datos del Catastro-SIGECA. Responsable: Dirección General del Catastro.

b) Fichero del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

c) Fichero del Registro General de Licencias de Juego. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

d) Fichero del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

e) Fichero de clientes de operadores. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

f) Fichero de datos de monitorización. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

g) Fichero de datos de inspección. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

h) Fichero de procedimientos sancionadores. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

i) Fichero de autorizaciones de juego presencial competencia del Estado. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

j) Fichero de autorizaciones de juego ocasional. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

k) Fichero de entidades de certificación. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

l) Fichero de denuncias. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

m) Fichero de registro de usuarios en sede electrónica. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

n) Fichero de reclamaciones. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego.

o) Fichero de sugerencias. Responsable. Dirección General de Ordenación del Juego.

p) SOROLLA2 DGCPYPP. Responsable: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

q) RAYONET DGCPYPP. Responsable: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

r) SOROLLA2 DGP. Responsable: Dirección General de Presupuestos.

s) ERYCA DGFC. Responsable: Dirección General de Fondos Comunitarios.

t) Gestión del aparcamiento de la IGAE. Responsable: Intervención General de la Administración del Estado.

u) Gestión de perfiles de usuario. Responsable: Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación.

v) Usuarios del portal de entidades locales. Responsable: Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación.

w) Fichero automatizado de registro entrada salida. Responsable: Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación.

x) Fichero para la gestión del plan de pensiones. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

y) Fichero automatizado de nóminas NEDAES. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

z) Fichero de gestión de personal (BADARAL). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

aa) Fichero de ayudas de acción social. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

bb) Fichero de terceros (SOROLLA). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

cc) Fichero de sujetos pasivos del Sistema de Información Contable (SIC´3). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

dd) Ficheros de usuarios del a Intranet y el Gestor Documental. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

ee) Fichero de gestión de personal a través de la Intranet y el Gestor Documental. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

ff) Directorio-Agenda del correo electrónico de la AEVAL. Mozilla-Thunderbird. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

gg) Directorio DNS de los usuarios de la red de área local de la AEVAL. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

hh) Fichero distribución publicaciones. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

ii) Fichero de formación del Curso de Experto UNED (profesores, alumnos, exalumnos y solicitantes del curso). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

jj) Fichero de distribución de información. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

kk) Fichero de becarios. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

ll) Fichero Banco de Evaluadores. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

mm) Fichero Directorio miembros Red Interadministrativa Calidad Servicios Públicos, foro de cooperación en el ámbito de la calidad y la evaluación. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

nn) Fichero Directorio miembros comités y grupos de trabajo de la Red Interadministrativa Calidad Servicios Públicos. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

oo) Fichero del Archivo de la Dirección General de la Función Pública. Responsable: Dirección General de la Función Pública.

pp) Fichero de gestión de procedimientos de personal. Responsable: Dirección General de la Función Pública.

qq) 060. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

rr) Datos de empleados-Portal Funciona. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

ss) Portal de Administración Electrónica-Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

tt) Registro de quejas. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

uu) Registro de funcionarios habilitados. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

vv) Fichero de acción social del personal funcionario y laboral del INAP. Responsable: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

ww) Portal SGGP. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

xx) Acción Social. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

yy) Nómina. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

zz) Formación. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

aaa) Badaral. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

bbb) Concursos. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

ccc) Asuntos normativos. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

ddd) Sorolla 2. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

eee) Fichero ayudas al transporte de mercancías. Responsables: Delegación de Gobierno en Canarias y Delegación de Gobierno en Illes Balears.

fff) Fichero vigilantes jurados. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

ggg) Fichero automatizado Junta Arbitral del Transporte del País Vasco. Responsable: Delegación del Gobierno en el País Vasco.

hhh) Fichero automatizado de salarios de tramitación. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

iii) Fichero automatizado de quejas y sugerencias. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

jjj) Participantes en premios convocados por la Delegación. Responsable: Delegación del Gobierno en Aragón.

kkk) Fichero planes de empleo y unidades de promoción y desarrollo. Responsable: Delegación de Gobierno en Ceuta y Melilla.

lll) Fichero violencia de género. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del gobierno.

mmm) Fichero Registro territorial de Asociaciones. Responsables: Delegación del Gobierno en Ceuta y Delegación del Gobierno en Melilla.

nnn) Fichero automatizado cita previa. Responsable: Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

ooo) Fichero automatizado ACCEDA. Responsable: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

ppp) Fichero de datos de los representantes estatales y autonómicos en los Comités de la Comisión Europea. Responsable: Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

qqq) Fichero de datos de los responsables en los Comités de la Comisión Europea. Responsable: Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

rrr) Representantes laborales. Responsable: Subdirección General de Recursos Humanos.

sss) Videovigilancia de las sedes de la Delegación en Zaragoza. Responsable: Delegación de Economía y Hacienda en Zaragoza.

ttt) Control horario de las sedes de la Delegación en Alicante. Responsable: Delegación de Economía y Hacienda en Alicante.

uuu) Usuarios de PLACE. Responsable: Dirección General del Patrimonio del Estado.

vvv) Fichero de alta de terceros CIBI. Responsable: Dirección General del Patrimonio del Estado.

www) Fichero de usuarios SIGIE. Responsable: Dirección General del Patrimonio del Estado.

xxx) Fichero de seguimiento de denuncias de acoso laboral. Responsable: Inspección General.

2. Los ficheros de datos de carácter personal de la responsabilidad de órganos administrativos adscritos a los antiguos Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública, que han pasado a integrarse en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, así como de los organismos públicos a los que se refiere el artículo 2.1, existentes a la entrada en vigor de la presente orden, quedan modificados en los términos establecidos en el anexo I de la presente orden.

 

Artículo 4.- Supresión de ficheros.

1. Quedan suprimidos los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el anexo II de la presente orden.

2. El destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), será el que se establece para cada uno de ellos en el anexo II de la presente orden.

 

Artículo 5.- Responsables de gestión y organización.

Los titulares de los órganos responsables de cada fichero de datos de carácter personal adoptarán las medidas de gestión y organización que sean necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y en sus normas de desarrollo.

 

Artículo 6.- Derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Los afectados por los datos de un fichero pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, cuanto proceda en virtud de la LOPD y sus normas de desarrollo o en la normativa específica que regule el fichero de que se trate, ante el órgano responsable del fichero a través de la unidad de ejercicio de derechos que se concreta en el anexo I.

 

Artículo 7.- Regulación.

Los ficheros que se recogen en el anexo I se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

 

Artículo 8.- Notificación.

En cumplimiento del artículo 55 del RLOPD los ficheros serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Disposición adicional única.- No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden, en particular en lo que se refiere a la creación de nuevos ficheros de datos de carácter personal, se atenderá con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.

 

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes órdenes en lo que se refiere a ficheros de datos de carácter personal de la responsabilidad de órganos administrativos pertenecientes al antiguo Ministerio de Economía y Hacienda que han pasado a integrarse en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como de los organismos Instituto de Estudios Fiscales, Comisionado del Mercado de Tabacos y Parque Móvil del Estado:

a) Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

b) Orden EHA/1291/2011, de 9 de mayo, por la que se modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

c) Orden EHA/2979/2011, de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones en lo que se refiere a ficheros de datos de carácter personal de la responsabilidad de órganos administrativos y organismos del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que han pasado a integrarse en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

a) Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos.

b) Orden APU/3359/2004, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos.

c) Orden APU/702/2005, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos.

d) Orden APU/4083/2007, de 28 de diciembre, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas.

e) Orden APU/793/2008, de 5 de marzo, por la se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos.

f) Artículo 8 y anexo II de la Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico Común.

g) Orden PRE/108/2010, de 25 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter personal, gestionados por el Ministerio de la Presidencia.

h) Orden PRE/767/2010, de 17 de marzo, por la que se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal y se modifican otros gestionados por el Ministerio de la Presidencia.

i) Orden TER/2232/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Política Territorial.

j) Artículo 6 y Anexo II de la Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio, por la que se crea y regula el registro electrónico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por la que se modifica Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el registro electrónico común.

k) Resolución de 2 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal.

l) Resolución de 10 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se modifica la de 2 de febrero de 2010, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal.

m) Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal

n) Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal

o) Resolución de 15 de abril de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

p) Resolución de 5 de abril de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal «Historia de Salud Digital».

q) Artículo 6.2 y Anexo I de la Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de MUFACE.

r) Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal «Usuarios de cotizaciones».

s) Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal.

3. Quedan derogadas las siguientes disposiciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

a) Artículo 13 y Anexo IV de la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos.

b) Artículo 10 y Anexo III de la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común.

c) Orden HAP/689/2013, de 19 de abril, por la que se regula el fichero de datos de carácter personal de cooperación con las Administraciones Territoriales.

d) Resolución de 4 de julio de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal.

 

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Madrid, 20 de diciembre de 2013.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

01Ene/14

Legislación Argentina. Ordenanza 3.682/07 de 25 de junio de 2007 Municipalidad Chascomús, sobre derecho de acceso a la información pública

Ordenanza nº 3.682 de Chascomús, 25 de Junio de 2007.-

 

VISTO:

 

Los Artículos 12, inciso 4°, 20 inciso 3°, 28°, 38° y 59° de la Constitución Provincial, que reconocen el derecho al acceso a la información pública; y

 

CONSIDERANDO:

Que la información pública nos permite monitorear y controlar la gestión pública;

 

Que es necesario para la formación de la opinión y la construcción de un debate informado;

 

Que posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos;

 

Que fomenta la transparencia en la gestión del estado mejorando la calidad de sus instituciones;

 

Que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la información que manejan distintas dependencias del Estado municipal;

 

Que el Estado municipal debe promover, aplicar y difundir las normas que garanticen el acceso de los vecinos a la información pública;

 

Que el acceso a la información pública tiene como finalidad promover una efectiva participación ciudadana a través de provisión de información completa, adecuada oportuna y veraz;

 

Que el acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita en forma práctica el derecho a peticionar a sus autoridades;

 

Que el acceso a la información pública en nuestro Municipio debe ser reglamentado a fin de establecer los requisitos para acceder a ella;

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús sanciona la siguiente

 

ORDENANZA

 

Artículo 1º: El objeto de la presente es crear y establecer el marco general que permitirá a cualquier persona el acceso a la información pública, generada por la Municipalidad de Chascomús y sus Delegaciones, Entes y Organismos descentralizados.

 

Artículo 2º: Se considera información pública toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por las dependencias mencionadas en al Artículo 1º, aún aquella producida por terceros con fondos municipales o que obren en su poder o bajo su control.-

 

Artículo 3°.- La dependencia requerida debe proveer la información mencionada, siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que la Municipalidad de Chascomús se encuentre legalmente obligada a producirla, en cuyo caso debe proveerla, una vez producida según la normativa vigente.

 

Artículo 4°.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información en los términos de la presente ordenanza.

 

Artículo 5°.- El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se otorgue su reproducción. El costo de las copias que se autorizaren es a cuenta y cargo del peticionante, siempre que el costo de la reproducción no obstaculice el ejercicio del derecho.

 

Artículo 6°.- La solicitud de información se realizará por escrito con la identificación del peticionario, quien deberá consignar como mínimo su nombre, documento de identidad, su domicilio real y constituir domicilio especial en el Distrito de Chascomús.

 

Las solicitudes también podrán efectuarse en la oficina correspondiente en forma oral, en cuyo caso el funcionario municipal que recepcione el pedido de información deberá dejar constancia de ello e iniciar el trámite pertinente de forma similar a las presentaciones formuladas por escrito.

 

En ambos casos, se deberá entregar al peticionario de una constancia del pedido efectuado, en la que se le informará el plazo en que se le proveerá la información.-

 

Artículo 7°.- La información puede ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligada la dependencia respectiva a procesarla o clasificarla.-

 

Artículo 8°.- La demanda de información deberá ser satisfecha dentro del plazo de 20 (veinte) días posteriores a la fecha de solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de extender el plazo por el mismo término por resolución fundada por autoridad competente.-

 

Artículo 9°.- La denegatoria a la solicitud de la información requerida debe ser fundada, realizada por escrito y suscripto por funcionario público autorizado.-

 

Artículo 10°.- Los funcionarios y agentes responsables que arbitrariamente y sin razón que lo justifique no hicieren entrega de la información solicitada o negaren el acceso a su fuente, la suministraren incompleta y/u obstaculizaren en alguna forma el cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza, serán considerados incursos en falte grave en el ejercicio de sus funciones, siéndole aplicable el régimen sancionatorio vigente, previa instrucción de sumario administrativo. Sí el solicitante considera que la demanda de información no se hubiera satisfecho sin causa o si la respuesta a la requisitoria hubiera sido ambigua o parcial o por una incorrecta aplicación de las excepciones previstas por el Artículo 11 de la presente Ordenanza, quedará habilitada la acción de Amparo ante la autoridad judicial competente.-

 

Artículo 11°.- La Municipalidad de Chascomús y sus Delegaciones, Entes y Organismos descentralizados sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una ley, ordenanza, decreto o resolución así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

 

a- Información que afecte los derechos de terceras personas;

 

b- Información preparada por asesores jurídicos o abogados del Municipio cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;

 

c- Cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional o por normas provinciales y/o nacionales o abarcada por secreto del sumario;

 

d- Notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de una acto administrativo o a la toma de una decisión que no forman parte de un expediente;

 

e- Información referida a datos personales de carácter sensible –en los términos de la ley nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a quien refiere la información solicitada;

 

f- Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;

 

g- Información sobre materias exceptuadas por leyes u ordenanzas específicas;

 

h- Información obrante en actuaciones que hubieren ingresado al Departamento de Asuntos Técnicos para el dictado del acto administrativo definitivo; hasta el momento de su publicación y/o notificación.-

 

Artículo 12º: El presidente del Honorable Concejo Deliberante y el Intendente Municipal, dentro del plazo máximo de 60 días a partir de la promulgación de esta ordenanza, dictarán las reglamentaciones correspondientes a efectos de poner en práctica el procedimiento previsto en la presente norma, determinando los lugares o dependencias que atenderán las solicitudes de información en sus respectivos departamentos.-

 

Artículo 13°.- De forma.-

 

DECRETO Nº 776/07

 

Chascomús, 25 de Junio de 2007.-

 

La señora Intendente Municipal que suscribe, en uso de sus atribuciones

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Promúlguese la presente Ordenanza.-

 

Artículo 2º.- Notifíquese a Secretarías de Gobierno y Hacienda, de Planificación y Desarrollo, Dirección de Obras Privadas y Catastro, Dirección de Ingresos Públicos, Delegación

Manuel J. Cobo.-

 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y Hacienda.-

 

Artículo 4°.- Cúmplase, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

 

CPN Marcelo O. Chiacchio

Sec. de Gobierno y Hacienda

 

Liliana E. Denot

Intendente Municipal

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Bulgaria. Personal Data Protection Act 2002

Personal Data Protection Act 2002


Chapter One. GENERAL PROVISIONS


Article 1

(Amended, SG nº 103/2005)

(1) This Act shall regulate the protection of rights of individuals with regard to the processing of their personal data.

(2) The purpose of this Act is to guarantee the inviolability of personality and privacy by ensuring protection of individuals in case of unauthorised processing of personal data relating to them, in the process of free movement of data.

(3) This Act shall apply to the processing of personal data which are, or are designed to become, part of a register where such processing is performed by a personal data administrator:

1. having an establishment on the territory of the Republic of Bulgaria;

2. not having an establishment on the territory of the Republic of Bulgaria but bound to apply this Act by virtue of international public law;

3. not having an establishment on the territory of an European Union Member State, nor in another member country of the European Economic Area but, for the purposes of such processing, making use of means located on the territory of the Republic of Bulgaria, unless such means are being used exclusively for transit purposes; in such a case the administrator must designate a representative having an establishment on the territory of the Republic of Bulgaria, this, however, shall not render it harmless.

(4) Processing of personal data for defence, national security and public order purposes, and for the purposes of criminal justice shall be governed by special laws.

(5) The terms and procedure for processing uniform civil registry personal identification numbers and other identification numbers of general application shall be governed by special laws.

(6) This Act shall not apply to the processing of personal data by individuals for their personal or household activity.

Article 2
(Supplemented, SG nº 70/10.08.2004, amended, SG nº 103/2005)

(1) «Personal data» shall refer to any information relating to an individual who is identified or identifiable, directly or indirectly, by reference to an identification number or to one or more specific features relating to his or her physical, physiological, genetic, mental, psychological, economic, cultural or social identity.

(2) Personal data must be:

1. processed in legal compliance and in a bona fide manner;

2. captured for specific, precisely defined and legal purposes and not be submitted to additional processing in a manner incompatible with such purposes; additional processing of personal data for historical, statistical or research purposes shall be allowable provided the administrator has ensured proper protection guaranteeing that such data are not being processed for any other purposes;

3. proportional to the purposes for which they are being processed;

4. accurate, and updated as needed;

5. destroyed or adjusted when found to be imprecise or disproportional to the purposes for which they are being processed;

6. maintained in a form that enables identification of the respective individuals for a period not to exceed the time necessary for the purposes for which such data are being processed; personal data which are to be retained for a longer period of time for historical, statistical or research purposes shall be stored in a format precluding the identification of individuals.

Article 3

(1) Personal data administrator, hereinafter referred to as «administrator», shall refer to any natural or legal person, or a central or local government authority which processes personal data, and the purposes and means of processing shall be determined by law. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) «An administrator» shall also refer to any natural or legal person, or a central or local government authority which determines by itself the type of personal data processed, and the purposes and means of processing. (New, SG nº 103/2005)

(3) The personal data administrator shall process personal data on its own or through assignment to a data processor. (Repealed, renumbered from Paragraph (2), SG nº 103/2005)

(4) The administrator shall ensure compliance with the requirements laid out in Article 2 paragraph (2). (New, SG nº 103/2005)

Article 4
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) Personal data may be processed only provided at least one of the following conditions is met:

1. processing is necessary in order to comply with an obligation imposed on the personal data administrator by a piece of legislation;

2. the individual to whom such data relate has given his or her explicit consent;

3. processing is necessary for the execution and performance of a contract to which the individual to whom such data relate is party;

4. processing is necessary in order to protect the life and health of the individual to whom such data relate;

5. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest;

6. processing is necessary for the exercise of an official authority vested by law in the administrator or in a third party to whom the data are disclosed;

7. processing is necessary for the realisation of the legitimate interests of the personal data administrator or a third party to whom the data are disclosed, except where such interests are overridden by the interests of the individual to whom such data relate.

(2) Personal data processing shall be allowable also in cases when performed exclusively for the purposes of journalism, literary or artistic expression to the extent to which such processing does not violate the right to privacy of the person to whom the data relate. In such cases, the provisions of Chapter Three shall not apply.

Article 5
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) It shall be forbidden to process personal data which:

1. reveal racial or ethnic origin;

2. reveal political, religious or philosophical convictions, membership in political parties or organisations, associations having religious, philosophical, political or trade-union goals;

3. refer to health, sex life or human genome.

(2) Paragraph (1) shall not apply where:

1. processing is necessary for the purposes of carrying out specific rights and obligations of the administrator in the field of labour law;

2. the individual to whom such data relate has given his or her consent to the processing of such data, except where otherwise provided by a special law;

3. processing is necessary to protect the life and health of the individual to whom such data relate, or of another person, and the physical condition of such individual render him incapable of giving his or her consent, or there are legal impediments to doing so;

4. processing is carried out by a non-profit organisation, including such with a political, philosophical, religious or trade-union goal, in the course of its legitimate activities and with appropriate protection, on condition that:

(a) the processing relates exclusively to the members of such organisation or to persons who have regular contact with it in connection with its goals;

(b) the data are not disclosed to a third party without the consent of the individual to whom such data relates;

5. the processing relates to data which have been made public by the individual to whom such data relate, or it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims;

6. processing of the data is required for the purposes of preventive medicine, medical diagnostics, the provision or management of health-care services provided that such data are processed by a medical professional who is bound by law to professional secrecy, or by another person under a similar obligation of secrecy;

7. processing is performed exclusively for the purposes of journalism, literary or artistic expression to the extent to which it does not violate the right to privacy of the person to whom such data relate.

Chapter Two. COMMISSION FOR PERSONAL DATA PROTECTION


Article 6

(1) The Commission for Personal Data Protection, hereinafter referred to as «the Commission», is an independent government body ensuring the protection of individuals in the processing of their personal data and in the access thereof, as well as the monitoring of the observance of this Act.

(2) The Commission is a budget-supported legal entity with its head office in Sofia.

Article 7

(1) The Commission is a college body, consisting of a chairperson and four members.

(2) The members of the Commission and its chairperson shall be elected by the National Assembly at the proposal of the Council of Ministers for a five-year term and they may seek re-election for another term of office. The decision shall specify also the amount of their remuneration.

(3) The chairperson and the members of the Commission shall work on the basis of employment contracts.

(4) The Commission shall submit an annual report on its activities to the National Assembly before the 31st day of January every year. (Amended, SG nº 103/2005)

Article 8

(1) Eligible members of the Commission may be Bulgarian citizens who:

1. hold university degree in information science or law or master's degree in information technologies;

2. have at least ten years of service in their subject;

3. have not been convicted to imprisonment for a willful indictable offence regardless of whether rehabilitated. (Supplemented, SG nº 103/2005)

(2) Members of the Commission may not:

1be persons who are sole proprietors, managers/procurators or members of management or supervisory bodies of commercial undertakings, cooperatives or personal data administrators in the meaning of this Act; . (Amended, SG nº 103/2005)

2. occupy other paid jobs, except for research or teaching.

(3) A qualified member of the legal profession meeting the requirements laid down in Paragraphs 1 and 2 shall be elected as the chairperson of the Commission.

(4) The term of office of the chairperson or a member of the Commission shall be terminated earlier in any of the following cases:

1. death or legal incapacity;

2. at a decision of the National Assembly, where:

(a) a request for discharge from duties has been served;

(b) the person has committed a gross violation of this Act;

(c) the person has committed a willful indictable offence and an enforceable judgement has been issued;

(d) impossibility for discharge of duties for more than six months.

(5) In the cases under Paragraph 4, the Council of Ministers shall propose to the National Assembly to select a new member until the expiration of the original term of office of the respective member of the Commission. (Amended and supplemented, SG nº 103/2005)

(6) The service as a chairperson or a member of the Commission shall be recognised also as length of service for the purposes of the Civil Servants Act .

Article 9

(1) The Commission shall operate as a standing body assisted by an administration.

(2) The Commission shall issue regulations for its work and the work of its administration and promulgate these regulations in The State Gazette.

(3) The Commission shall make decisions by a majority vote of the total number of its members.

(4) The Commission shall sit in public meetings. The Commission may decide to hold certain meetings in camera.

Article 10

(1) The Commission shall:

1. review and monitor the observance of the legal framework in the field of the personal data protection;

2keep a register of personal data administrators and the personal data registers kept by them; . (supplemented, SG nº 103/2005)

3. investigate personal data administrators in connection with its activities under Item 1;

4. give opinions and issue permissions in the cases provided by this Act;

5. issue mandatory instructions to administrators in connection with the personal data protection;

6. suspend, upon prior notification, the processing of personal data that will violate the provisions on the protection of personal data;

7. handle complaints against acts and actions of administrators which infringe the rights of individuals under this Act, as well as third parties' complaints in relation to their rights under this Act; (amended, SG nº 103/2005)

8. participate in the drafting of and must issue an opinion in regard to drafts of laws and regulations in the field of personal data protection; (amended, SG nº 103/2005)

9. ensure enforcement of European Commission decisions in the field of personal data protection. (New, SG nº 103/2005)

(2) The terms and conditions for keeping the register under paragraph (1), item (2), for notifying the Commission, with regard to permissions and opinions, for examining complaints, and issuing mandatory instructions or suspending personal data processing shall be lad down in the regulations under Article 9, Paragraph 2. (Amended, SG nº 103/2005)

(3) The Commission shall issue a newsletter to publish information about its activities and decisions. The bulletin shall also contain the report referred to in Article 7, paragraph (4). (Supplemented, SG nº 103/2005)

(4) The Commission shall adopt a Code of Ethics for the behaviour of personal data administrators taking into consideration the specifics of their activity. (New, SG nº 103/2005)

Article 11

The chairperson of the Commission shall:

1. organise and guide the activities of the Commission as prescribed by law and the decisions of the Commission and be responsible for the fulfilment of its duties;

2. represent the Commission before third parties;

3. appoint and discharge civil servants and sign and terminate the employment contracts with the employees in the administration upon a decision of the Commission. (supplemented, SG nº 103/2005)

4. issue penal provisions as provided for in Article 43, paragraph (2). (New, SG nº 103/2005)

Article 12

(1) The chairperson and the members of the Commission or persons from the administration designated by the Commission shall monitor the implementation of this Act.

(2) (Repealed, SG nº 103/2005) .

(3) The examinations referred to in paragraph (1) shall be carried out at the request of the persons concerned, as well as on the Commission's initiative based on a monthly control activity plan adopted by it. (Amended, SG nº 103/2005)

(4) The examiners shall produce their official identity papers and the order issued by the Commission chairman for the relevant examination. (Amended, SG nº 103/2005)

(5) In conducting examinations, the persons referred to in paragraph (1) may contract the preparation of expert opinions following the procedure laid down in the Code of Civil Procedure . (Amended, SG nº 103/2005)

(6) An examination shall end in a memorandum of findings, and in case a violation of this Act has been found, it shall end in issuing a memorandum establishing such violation. (Amended, SG nº 103/2005)

Article 13
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The Chairman and members of the Commission, and the staff of its administration must not disclose and not make use, for their own or any third party's benefit, of any information constituting a secret protected by a law of which they have become aware in the performance of their official duties, until the period provided for the protection of such information has expired.

(2) When hired, the persons referred to in paragraph (1) shall submit a declaration concerning their obligations provided for in paragraph (1).

Article 14
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The data provided for in Article 18, paragraph (2) shall be recorded in the register referred to in Article 10, paragraph (1), Item 2.

(2) Data entry in the register referred to Article 10, paragraph (1), Item 2 shall be certified by an identification number.

(3) The register referred to in paragraph (1) shall be public.

Article 15
(Repealed, SG nº 103/2005)

Article 16
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) Within 14 days from filing a registration notification as referred to in Article 18, the Commission shall enter the personal data administrator in the register referred to in Article 10, paragraph (1), Item 2, if the requirements of this Act with regard to the personal data processing have been met.

(2) Before making the entry referred to in paragraph (1), The Commission shall be free to make a preliminary examination and issue mandatory prescriptions as to the conditions for personal data processing and register keeping by the personal data administrator.

Chapter Three. OBLIGATIONS OF PERSONAL DATA ADMINISTRATORS
(Heading amended, SG nº 103/2005)

Article 17
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The personal data administrator must file a application for registration when at least one of the following conditions are met:

1. it processes personal data that reveal racial or ethnic origin, political, religious or philosophical convictions, membership in political parties or organisations, associations having religious, philosophical, political or trade-union goals, and personal data that refer to health, sex life or human genome;

2. it processes personal data in the exercise of an official authority vested by law;

3. it maintains a register containing data on not less than 100 individuals;

4. it has been issued a binding prescription for registration by the Commission.

(2) An administrator shall be free to register at its own initiative without being obliged to do so.

Article 18
(Supplemented, SG nº 93/2004, amended, SG nº 103/2005)

(1) Any personal data administrator or its representative shall file a registration application as referred to in Article 17 and documents in a set format approved by the Commission before they begin to process personal data.

(2) The application shall contain:

1. the data identifying the personal data administrator and its representative, if any;

2. the purposes of personal data processing;

3. the categories of individuals whose data are processed, and the categories of personal data relating to them;

4. the recipients or categories of recipients to whom the personal data may be disclosed;

5. proposed provision of data in other countries;

6. the general description of measures undertaken in accordance with Article 23 enabling a preliminary assessment of their appropriateness.

(3) The administrator shall notify the Commission of any change in the data referred to in paragraph (2) prior to making such change. In cases where such change is provided for in a law, notification must be made within 7 days following the effective date of such law.

(4) In cases where the administrator is not registered in the register referred to in Article 10, paragraph (1), subparagraph (2), it must provide the data referred to in paragraph (2) to every person upon request.

Article 19
(Supplemented, SG nº 93/2004, amended, SG nº 103/2005)

(1) Where personal data are collected from the individual to whom such data relate, the administrator or its representative must provide him with:

1. the data which identify the administrator and its representative;

2. the purposes for which the data are being processed;

3. the recipients or categories of recipients to whom the personal data may be disclosed;

4. the data concerning the obligatory or voluntary nature of data provision and the consequences of a failure to provide them;

5. information about the right of access to and the right to rectify the data collected.

(2) The data referred to in paragraph (1) shall not be provided when the individual to whom they relate already has such data, or if a law provides for an express prohibition on providing them.

Article 20
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) Where personal data have not been collected from the individual to whom they relate, the administrator or its representative must provide him with:

1. the data which identify the administrator and its representative;

2. the purposes for which the data are being processed;

3. the categories of personal data relating to the respective individual;

4. the recipients or categories of recipients to whom the personal data may be disclosed;

5. information about the right of access to and the right to rectify the data collected.

(2) The data referred to in paragraph (1) shall be provided to the individual to whom they relate at the time they are recorded in the respective register or, if data are to be disclosed to a third party, not later than at the time of their first disclosure.

(3) Paragraph (1) shall not apply where:

1. processing is done for statistical purposes or for the purposes of historical or scientific research and the provision of the data referred to in paragraph (1) is impossible or would involve a disproportionate effort;

2. recording or disclosure of data is explicitly laid down by law;

3. the individual to whom such data relate already has the information referred to in paragraph (1);

4. this is explicitly prohibited by law.

Article 21
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) Any other information beyond that referred to in Article 19, paragraph (1) and Article 20, paragraph (1) relating to data processing shall be provided upon an assessment of the need to provide it, in order to ensure fair processing of data in regard to the individual to whom they relate.

(2) The assessment referred to in paragraph (1) shall be made by the administrator on a case by case basis.

Article 22
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The personal data administrator must provide access for the persons referred to in Article 12, paragraph (1) to registers maintained by it and must not impede control of the process of personal data processing.

(2) The personal data administrator must provide the information requested by the persons referred to in Article 12, paragraph (1) orally or in writing, or on other information carriers.

(3) Where such information contains data constituting classified information, the access procedure provided for in the classified Information Protection Act shall apply.

(4) All persons engaged in personal data processing must cooperate with the Commission in the exercise of its powers.

Chapter Four. PERSONAL DATA PROTECTION


Article 23

(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The personal data administrator must implement appropriate technical and organisational measures to protect the data against accidental or unlawful destruction, or against accidental loss, unauthorised access, alteration or dissemination, and against other unlawful forms of processing.

(2) The administrator shall implement special protection measures where processing involves the transmission of data over an electronic network.

(3) Measures referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall take into account state-of-the-art technology and ensure a level of security corresponding to the risks involved in processing, and the nature of the data to be protected.

(4) The measures referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be determined in an instruction issued by the personal data administrator.

(5) The Commission shall specify the minimum level of technical and organisational measures, as well as the admissible type of protection in a regulation. Such regulation shall be published in the State Gazette.

Article 24

(1) Administrators may process data on their own or through assignment to data processors. When this is needed for organisational reasons, the processing may be assigned to more than one data processor with a view to, inter alia, to delimitate their specific tasks. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) Where the data processing is not performed by the administrator, the latter shall designate the data processor and provide sufficient data protection guarantees.

(3) (Repealed, SG nº 103/2005) .

(4) The relationship between the administrator and the personal data processor must be governed by a piece of legislation, a written contract or another act of the administrator defining the scope of duties assigned by the administrator to the data processor. (Amended, SG nº 103/2005)

(5) The administrator shall be jointly and severally liable for any damages caused to any third party resulting from any action or failure to act on behalf of the data processor. (Amended, SG nº 103/2005)

(6) The personal data processor or any person acting under the guidance of the administrator or of the processor who has access to personal data may process them only on instructions from the administrator, unless otherwise provided for by law. (Amended, SG nº 103/2005)

Article 25
(1) (Amended, SG nº 103/2005)

Upon the achievement of the purpose of personal data processing, the personal data administrator must:

1. either destroy the data, or

2. having given prior notification to the Commission, transfer them to another administrator provided that such transfer is provided for in a law and the purposes of processing are identical.

(2) Upon the achievement of the intended purposes of personal data processing, the personal data administrator shall store data only in the cases laid down by law. (Supplemented, SG nº 93/2004, amended, SG nº 103/2005)

(3) In cases where, having achieved the purpose of personal data processing, the administrator wishes to store the personal data processed as anonymous data for historical, statistical or research purposes, it must inform the Commission thereof. (Amended, SG nº 103/2005)

(4) The Commission for Personal Data Protection may prohibit the storage of data for the purposes under Paragraph 3 if the administrator has failed to provide sufficient protection of the anonymous storage of the data processed.

(5) The decision of the Commission under Paragraph 4 shall be subject to appeal before the Supreme Administrative Court. Where the Supreme Administrative Court fails to grant an appeal against the decision of the Commission, the personal data administrator shall destroy the data.

Chapter Five. RIGHTS OF INDIVIDUALS
(Heading amended, SG nº 103/2005)

Article 26

(1) Any individual shall be entitled to access to personal data related to him or her.

(2) In the cases when the right of access granted to an individual may lead to disclosure of personal data of third parties as well, administrators shall provide the relevant individual with access only to that part of the data that relates to himself or herself. (Amended, SG nº 103/2005)

Article 27
(Amended, SG nº 103/2005)

The exercise of the right of access to personal data may not prejudice the rights of any other individual or be aimed against national security and public order.

Article 28
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) When exercising his or her right of access, an individual shall be entitled to request, at any time, from the personal data administrator:

1. a confirmation as to whether or not data relating to him are being processed, information as to the purposes of such processing, the categories of data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the data are disclosed;

2. communication to him, in an intelligible form, containing his or her personal data undergoing processing, and any available information as to their source;

3. information concerning the logic involved in any automatic processing of data concerning him, at least in case of automated decisions referred to in Article 34b.

(2) The individual may exercise his or her right of obtaining the information referred to in paragraph (1) free of charge once every twelve months.

(3) In case the individual dies, his or her rights referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be exercised by his or her heirs.

Article 28a
(New, SG nº 103/2005)

An individual shall be entitled to require, at any time, from the personal data administrator:

1. to remove, rectify or block his or her personal data the processing of which does not comply with the provisions of this Act;

2. notify any third parties to whom his or her personal data have been disclosed of any removal, rectification, or blocking carried out in compliance with paragraph (1), unless this is impossible or involves a disproportionate effort.

Article 29

(1) The right of access referred to in Article 26 and the rights referred to in Article 28a shall be exercised by submitting an application in writing to the personal data administrator. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) The application may also be submitted in electronic form under the procedure laid down in the Electronic Document and Electronic Signature Act . (Amended, SG nº 103/2005)

(3) The application referred to in paragraph (1) shall be filed personally by the individual to whom such data relate or by his or her representative expressly authorised with a power of attorney certified by a notary public. (Amended, SG nº 103/2005)

(4) (Repealed, SG nº 103/2005) .

Article 30
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The application referred to in Article 29 shall contain:

1. the name, address and other data necessary for identifying the respective individual;

2. statement of the request;

3. preferred form of provision of the information referred to in Article 28, paragraph (1);

4. signature, date of submission of the application and mailing address.

(2) In cases where the application is submitted by a duly authorised person, the application shall enclose the power of attorney certified by a notary public.

(3) The personal data administrator shall keep a register of the applications referred to in Article 29.

Article 31

(1) The information referred to in Article 28, paragraph (1) may be provided as a statement orally or in writing, or in the form of a review of the data by the individual concerned or by his or her duly authorised representative. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) Individuals may request copies of the personal data processed on a preferred carrier or electronically, unless this is prohibited by law.

(3) The personal data administrator must take into consideration the preferences stated by the applicant as to the form of provision of the information referred to in Article 28, paragraph (1). (Amended, SG nº 103/2005)

Article 32
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) In the cases provided for in Article 28, paragraph (1), the personal data administrator or a person explicitly authorised by it shall consider the application referred to in Article 29 and shall respond within 14 days from the submission thereof.

(2) The limit referred to in paragraph (1) may be reasonably extended by the administrator up to 30 days in the cases provided for in Article 28, paragraph (1), items (1) and (2), where the collection of all requested data objectively requires a longer period and this would place a serious burden on the activities of the administrator.

(3) Within 14 days, the administrator shall decide whether to provide full or partial information as laid down in Article 28, paragraph (1) to the applicant, or to deny the provision thereof stating the reasons for such denial.

(4) In the cases referred to in Article 28a, paragraph (1), the administrator shall decide and take the relevant action within 14 days from the submission of the application referred to in Article 29, or shall deny to take action stating the reasons for such denial.

(5) In the cases referred to in Article 28a, paragraph (2), the personal data administrator shall decide within 14 days and shall forthwith notify the third parties concerned or shall deny to make such notification, stating reasons.

Article 33

(1) The personal data administrator shall notify the applicant in writing of its decision or denial under Article 32, paragraphs (3) to (5) within the relevant time limit. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) The notice under Paragraph 1 shall be delivered personally against signature or by registered mail.

(3) The absence of notification as referred to in paragraph (1) shall be deemed to constitute a denial. (New, SG nº 103/2005)

Article 34

(1) The administrator shall deny access to personal data where such data do not exist or the provision thereof is prohibited by law. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) (Repealed, SG nº 103/2005) .

(3) The administrator shall deny full or partial access to data to the individual to whom such data relate where such access would jeopardise defence or national security, or the protection of classified information. There is no need to state other reasons than the legal grounds justifying such denial. (New, SG nº 93/2004, amended, SG nº 103/2005)

Article 34a
(New, SG nº 103/2005)

(1) The individual to whom such data relate shall be entitled:

1. to object to the administrator to the processing of his or her personal data on the basis of legitimate grounds; where such objection is justified, the personal data of the relevant individual may no longer be processed;

2. to object to the processing of his or her personal data for the purposes of direct marketing;

3. to be informed before his or her personal data are disclosed for the first time to third parties or used on their behalf for the purposes set out in subparagraph (2), and to be given the opportunity to object to such disclosure or use.

(2) The administrator shall inform the individual of his or her rights referred to in paragraph (1), subparagraphs (2) and (3).

Article 34b
(New, SG nº 103/2005)

(1) The administrator's decision shall be inadmissible where:

1. it engenders legal effects or significantly affects the individual, and

2. it is based solely on automated processing of personal data designed to evaluate certain personal aspects of the individual.

(2) Paragraph (1) shall not apply where the decision is:

1. taken in the course of the execution or performance of a contract, provided that the request for the execution or the performance of such contract lodged by the individual concerned has been satisfied, or provided that there are appropriate measures safeguarding his or her legitimate interests;

2. is regulated for in a law which also lays down measures to safeguard the individual's legitimate interests.

(3) The individual shall be entitled to request the administrator to review any decision made in breach of the provisions of paragraph (1).

Chapter Six. PROVISION OF PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

Article 35
(Supplemented, SG nº 43/2005, amended, SG nº 103/2005)

(1) The provision of personal data by the administrator to any third party shall be allowed:

1. in the presence of any of the grounds provided for in Article 4;

2. if the sources of data are public registers or documents containing public information for which access is ensured in a procedure laid out in a law.

(2) In the cases referred to in paragraph (1) item (1), a request in writing shall be submitted with an indication of the grounds for the provision of personal data.

(3) The administrator shall respond with a decision on the request within 14 days, providing the data requested or denying the provision thereof stating the reasons for such denial.

(4) The administrator shall notify the third party concerned in writing of his or her decision under paragraph (3).

(5) The parties concerned may appeal against the provision of personal data or the denial thereof following the procedure laid down in Chapter Seven.

Article 36
(Amended, SG nº 103/2005)

(1) The provision of personal data by the administrator to foreign natural or legal persons or to foreign government authorities shall be allowed upon approval by the Commission for Personal Data Protection, if the legislation of the recipient country guarantee a level of data protection that is better or equivalent to that provided by this Act.

(2) In the transfer of personal data in cases referred to in paragraph (1), the requirements of this Act shall apply.

Article 36a
(New, SG nº 103/2005)

(1) The transfer of personal data in any Member State of the European Union and in any other member country of the European Economic Area shall be done freely, in compliance with the requirements of this Act.

(2) The transfer of personal data to a third country shall be allowed only such third country ensures an adequate level of personal data protection within its territory.

(3) The adequacy of the level of protection of personal data afforded by a third country shall be assessed by the Commission for Personal Data Protection in consideration of all the circumstances relating to the data transfer operation or the set of data transfer operations, including the nature of data, the purpose and duration of their processing, the legal basis and security measures provided in such third country.

(4) The assessment referred to in paragraph (3) shall not apply where the European Commission has issued a decision as to the level of personal data protection in such third country to which data is transferred.

(5) The requirement referred to in paragraph (2) shall not apply where the transfer of personal data is carried out on the basis of an international treaty which has been ratified, published and has effectively entered into force for the Republic of Bulgaria.

(6) Except for the cases referred to in paragraph (2) and paragraph (4), the administrator may transfer personal data in a third country if:

1. the individual to whom such data relate has given his or her explicit consent;

2. the transfer is necessary for the performance of a contract executed between the individual and the administrator or performed at such person's request;

3. the transfer is necessary for the performance of a contract executed in the interest of the individual between the administrator and another contract party;

4. the transfer is necessary or required by law due to an important public interest, or for the establishment, exercise or defence of legal claims;

5. the transfer is necessary in order to protect the life and health of the individual to whom such data relate;

6. the transfer concerns data which are openly accessible to the public.

(7) The transfer of personal data in third countries shall be admissible in all cases where performed exclusively for the purposes of journalism, literary or artistic expression to the extent to which it does not violate the right to privacy of the person to whom such data relate.

Article 36b
(New, SG nº 103/2005)

(1) Except for the cases provided for in Article 36a, the transfer of personal data in a third country shall take place upon approval by the Commission for Personal Data Protection provided that both the administrator transferring the data and the administrator receiving the data have provided adequate safeguards for the protection of such data.

(2) The Commission shall notify the European Commission and the competent authorities of the other Member States of approvals issued under paragraph (1).

Article 37
(Repealed, SG nº 103/2005)

Chapter Seven. APPEAL AGAINST ACTIONS OF PERSONAL DATA ADMINISTRATORS


Article 38

(1) In case his or her rights under this Act are infringed, any individual may cease the Commission for Personal Data Protection within 30 days from the date when he has become aware of such infringement but not later than one year from the date when such infringement has taken place. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) The Commission shall pass a decision within 30 days from the date when the matter was referred to it and may issue binding prescriptions, set a time limit to remedy the infringement or impose an administrative penalty. (Amended, SG nº 103/2005)

(3) (Repealed, SG nº 103/2005) .

(4) The Commission for Personal Data Protection shall send a copy of the decision also to the individual.

(5) The decision of the Commission as referred to in paragraph (2) shall be subject to appeal before the Supreme Administrative Court within 14 days of its receipt. (Amended, SG 103/2005)

Article 39

(1) Any individual may, in case of an infringement of his or her rights under this Act, appeal against actions and acts of the administrator before the relevant administrative court or the Supreme Administrative Court, as the case may be, in accordance with the general rules governing jurisdiction, within the time limit set in Article 38, paragraph (1). (Amended, SG nº 103/2005, amended, SG nº 30/2006, effective 1.03.2007)

(2) In the proceedings referred to in paragraph (1), the individual may claim compensation for any damages incurred as a result of unlawful processing of personal data by the administrator. (Amended, SG nº 103/2005)

(3) The individual concerned may not cease the court in case of pending proceedings before the Commission concerning the same violation or in case where the Commission's decision concerning the same violation has been appealed against but there is no court judgement which has the force of res judicata yet. The Commission shall verify, at the request of the individual concerned, whether proceedings concerning the same dispute are pending or not before it. (New, SG nº 103/2005)

(4) In the cases of failure to fulfill the prescriptions under Article 38, paragraph (2) within the indicated time limits, the Commission for Personal Data Protection may seize the relevant regional court or the Supreme Administrative Court for the violation committed by the personal data administrator within 14 days, depending on the general jurisdiction rules. (Renumbered from Paragraph (3), amended, SG nº 103/2005)

(5) In the hearing of disputes under Paragraph (4), the Administrative Procedure Code , as the case may be, shall apply. (Renumbered from paragraph (4), amended, SG nº 103/2005, SG nº 30/2006)

Article 40
(Repealed, SG nº 103/2005)

Article 41
(Repealed, SG nº 103/2005)

Chapter Eight. ADMINISTRATIVE PENAL PROVISIONS


Article 42

(Amended, SG nº 103/2005)

(1) For any violation of the provisions of Article 2, paragraph (2) and Article 4, the personal data administrator shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 10 000 to BGN 100 000.

(2) For any violation of the provisions of Article 5, the administrator shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 10 000 to BGN 100 000.

(3) For any violation of the provisions of Article 19, paragraph (1) and Article 20, paragraph (1), the administrator shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 5 000 to BGN 30 000.

(4) An administrator which has failed to meet its obligation to register as provided for in Article 17, paragraph (1) shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 1 000 to BGN 10 000.

(5) An administrator failing to act in a timely manner in regard to an application as referred to in Article 29, shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 1 000 to BGN 20 000, unless subject of a more severe sanction.

(6) Persons who refuse to cooperate with the Commission in regard to its control powers shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 1 000 to BGN 10 000.

(7) For any other violation of the provisions of this Act, the offenders shall be penalized by a fine or pecuniary sanction in the range of BGN 500 to BGN 5 000.

Article 42a
(New, SG nº 103/2005)

In cases of violations under this Act committed as repeated violations, a fine or pecuniary sanction shall be imposed in an amount twice higher than the original penalty imposed.

Article 43

(1) Memoranda establishing administrative violations shall be drawn up by a member of the Commission for Personal Data Protection or officials authorised by the Commission. (Amended, SG nº 103/2005)

(2) Penal orders shall be issued by the chairperson of the Commission for Personal Data Protection based on the Commission's decision as referred to in Article 38, paragraph (2). (Supplemented, SG nº 103/2005)

(3) The establishment of violations and the issuance, appeal and execution of penal orders shall comply with the provisions of the Administrative Violations and Penalties Act .

ADDITIONAL PROVISIONS


§ 1.

Within the meaning of this Act:

1. «Processing of personal data» shall mean any operation or set of operations which can be performed in respect to personal data, whether by automatic means or otherwise, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination, provision, transfer or otherwise making available, updating or combination, blocking, deletion or destruction. (Amended, SG nº 103/2005)

2. «Personal data register» shall mean any structured set of personal data which is accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or deployed on a functional or geographical basis. (Amended, SG 103/2005)

3. «Personal data processor» shall mean any natural or legal person, a central or local government authority which processes personal data on behalf of the personal data administrator. (Amended, SG 103/2005)

4. (Repealed, SG 103/2005) .

5. «Provision of personal data» is actions for the full or partial transfer of personal data from one administrator to another or to a third party within the territory of the country or abroad.

6. «Anonymous data» shall mean any personal data put in a form which does not allow such data to be related to the respective individual to whom such data relate. (Amended, SG 103/2005)

7. «Blocking» is the storage of personal data with suspended processing.

8. (Repealed, SG 103/2005) .

9. «Repeated» violation is the one committed within a year of the effective date of the penalty order on the imposition of a penalty for the same type of violation.

10. «Human genome» is the sum total of all genes in a single (diploid) set of chromosomes of an individual. (New, SG nº 70/2004, effective 1.01.2005)

11«Third party» shall mean any natural or legal person, central or local government authority other than the individual to whom the data relate, the personal data administrator, the personal data processor and the persons who, under the direct guidance of the administrator or the processor, are authorised to process personal data. . (New, SG 103/2005)

12. «Recipient» shall mean a natural or legal person, an authority of central or local government to whom personal data are disclosed, whether a third party or not. Authorities which can receive data in the framework of a particular inquiry shall not be regarded as recipients. (New, SG 103/2005)

13. «Consent of the individual» shall mean any freely given, specific and informed statement of volition by which the individual to whom personal data relate signifies his or her agreement to such data being processed. (New, SG 103/2005)

14. «Third country» shall mean any state which is not a member of the European Union and is not a country signatory to the European Economic Space Agreement. (New, SG 103/2005)

15. «Direct marketing» shall mean the offering of goods and services to individuals by mail, telephone, or in another direct way, and a survey aimed at research regarding the goods and services offered. (New, SG 103/2005)

TRANSITIONAL AND CONCLUDING PROVISIONS


§ 2.

(1) The Council of Ministers shall propose the membership of the Commission for Personal Data Protection to the National Assembly within a month of the effective date of this Act.

(2) The National Assembly shall elect the membership of the Commission for Personal Data Protection within 14 days of the date of the proposal under Paragraph 1.

(3) The Commission for Personal Data Protection shall adopt and promulgate in The State Gazette the regulations under Article 9, Paragraph 2 within three months of its election.

(4) The Council of Ministers shall provide the property and financial resources needed for the Commission to start its work within a month of the effective date of the decision of the National Assembly under Paragraph 2.

§ 3.

(1) The persons maintaining personal data registers as of the effective date of this Act shall adjust them to the requirements of this Act and advise the Commission thereof within six months of the effective date of the regulations under Article 9, Paragraph 2.

(2) The Commission shall conduct preliminary checks and register or refuse to register as administrators persons maintaining personal data registers as of the effective date of this Act and their registers within three months of the reception of the notice under Paragraph 1.

(3) The decisions of the Commission to refuse registration shall be subject to appeal before the Supreme Administrative Court within 14 days.

(4) Upon the enforceability of the decision of the Commission to refuse registration or the judgement of the Supreme Administrative Court confirming the refusal by the Commission, the person maintaining a register unlawfully shall destroy the personal data therein or, with the consent of the Commission, transfer the data to another administrator who has registered its register and processes personal data for the same purposes.

(5) The Commission shall monitor the observance of the obligation under Paragraph 4.

(6) Within three months of their registration, the administrators under Article 3, Paragraph 1 shall publish the details under Article 22, Paragraph 1 in the newsletter of the Commission for Personal Data Protection.

§ 4.

The Access to Public Information Act (SG, nº 55 of 2000) shall be amended as follows:

1. In Article 2, Paragraph 3 , the words «personal information» shall be replaced by the words «personal data».
2. § 1, Item 2 shall be amended as follows:
«2. Personal data shall mean the information of an individual, revealing his or her physical, psychological, mental, marital, economic, cultural or social identity.»

§ 5.

This Act shall enter into force on 1 January 2002.

TRANSITIONAL AND CONCLUDING PROVISIONS

of the Act Amending the Personal Data Protection Act
(SG 103/2005)

§ 50. The provision of § 38 concerning Article 36 shall apply until the Treaty of Accession of the Republic of Bulgaria to the European Union takes effect.

§ 51. The provisions of § 1 concerning Article 1, paragraph (3), subparagraph (3), § 8, item (1), section (c) concerning Article 10, paragraph (1), subparagraph (9), § 39 concerning Article 36a, § 40 concerning Article 36b, and § 48, item (5) concerning item (14) of the Additional Provision shall take force as of the effective date of the Treaty of Accession of the Republic of Bulgaria to the European Union.

§ 52. Within three months following the effective date of the Act, the Commission for Personal Data Protection shall adopt the Code of Ethics referred to in Article 10, paragraph (4), and the regulation referred to in Article 23, paragraph (5).

 

Promulgated State Gazette nº 1/4.01.2002, effective 1.01.2002, supplemented, SG nº 70/10.08.2004, effective 1.01.2005, SG nº 93/19.10.2004, nº 43/20.05.2005, effective 1.09.2005, amended and supplemented, SG nº 103/23.12.2005, amended, SG nº 30/11.04.2006, effective 12.07.2006

01Ene/14

Provvedimento 10 marzo 2003. Banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia . Disciplina delle procedure e delle modalità di funzionamen

Provvedimento 10 marzo 2003. Banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia . Disciplina delle procedure e delle modalità di funzionamento della banca dati sinistri r.c. auto, nonché delle modalità e dei limiti di accesso alle informazioni raccolte. (Provvedimento n. 2179).

Capitolo I

Articolo 1. Definizioni

Nel presente provvedimento, si intende per:
a) «legge»: la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto.legge 28 marzo 2000, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni;
b) «provvedimento n. 1764»: il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 e successive modificazioni;
c) «imprese»: le imprese di assicurazione di cui all'Articolo l del provvedimento n. 1764;
d) «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
e) «banca dati sinistri»: l'archivio elettronico dei dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese all'ISVAP, accessibile ai sensi dell'Articolo, 2, comma 5.quater, della legge;
f) «comunicazioni»: le trasmissioni periodiche all'ISVAP dei dati relativi ai sinistri da parte delle imprese, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 1764;
g) «controlli di conformità tecnica»: i controlli logico.formali effettuati sulle comunicazioni delle imprese prima della registrazione dei dati, effettuati secondo le modalità tecniche indicate nel provvedimento n. 1764;
h) «soggetti autorizzati»: le imprese, gli organi giudiziari e di polizia giudiziaria che, in base alla legge, possono accedere alla banca dati sinistri;
i) «soggetti abilitati»: le persone fisiche incaricate dalle imprese abilitate ad accedere ai dati registrati nella banca dati sinistri;
j) «liquidazione»: la conclusione del procedimento, curato da una impresa, di accertamento, liquidazione e pagamento dei danni derivanti da un sinistro.

Articolo 2. Finalità della banca dati sinistri

1. Presso l'ISVAP é istituita la banca dati sinistri per l'esclusiva finalità di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia.

Articolo 3. Informazioni contenute nella banca dati sinistri

1. Nella banca dati sinistri sono raccolti e trattati i dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, dal momento del loro accadimento fino alla liquidazione, nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati e con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente ad assicurare una rappresentazione statica della situazione storica di ciascun sinistro.
2. Nella banca dati sinistri sono contenuti i seguenti tipi di dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, completi degli elementi specificati negli allegati al provvedimento n. 1764:
a) data delle comunicazioni e codici relativi alle imprese trasmittenti;
b) data e luogo di accadimento dei sinistri;
c) numero, tipo e stato dei sinistri, date ed importi dei risarcimenti eventualmente effettuati;
d) codice centro liquidazione sinistri e data di arrivo richiesta o denuncia danni;
e) targa o telaio, marca, tipo o modello e anno di immatricolazione dei veicoli coinvolti con indicazioni delle parti danneggiate;
f) numeri e periodi di copertura delle polizze assicurative e codici relativi alle imprese ed agli intermediari;
g) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o denominazione, codice fiscale o partita IVA dei contraenti le polizze assicurative relative ai veicoli coinvolti nei sinistri:
h)generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero patente dei proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti e del responsabile della circolazione (solo per i ciclomotori; in tal caso, possono essere indicate denominazione, partita iva e sede dell'eventuale persona giuridica);
i) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei terzi danneggiati;
j) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale dei professionisti incaricati (periti, legali o patrocinatori, medici);
k) estremi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione (tipo, nome e cap);
l) generalità, data e luogo di nascita dei testimoni eventualmente intervenuti;
m) indicazioni su eventuali autorità intervenute nei luoghi di accadimento dei sinistri, presidi di pronto soccorso (in caso di ricoveri per danni alle persone) e organi giudiziari (in caso di sinistri in contenzioso).
3. Sono inoltre comunicate e registrate nella banca dati sinistri le indicazioni relative a decessi e, in caso di danni alle persone, alle zone anatomiche delle lesioni subite dai soggetti coinvolti nei sinistri e alle percentuali di invalidità permanente causata dagli stessi sinistri.

Articolo 4. Modalità di funzionamento

1. Il funzionamento della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività:
a) ricevimento delle comunicazioni delle imprese;
b) svolgimento dei controlli di conformità tecnica;
c) registrazione dei dati;
d) accesso da parte dei soggetti autorizzati.
2. In relazione alla sola finalità di cui all'Articolo 2, la banca dati sinistri é organizzata anche in modo da consentire all'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati personali e sensibili registrati nella banca dati sinistri, lo svolgimento di elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.

Articolo 5. Comunicazioni delle imprese

1. Le comunicazioni sono effettuate dalle imprese secondo le modalità stabilite nel provvedimento n. 1764.

Articolo 6. Completezza delle comunicazioni

1. Le imprese adottano idonee procedure di controllo al fine di garantire l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati raccolti e comunicati all'ISVAP.
2. Le imprese adottano altresi' idonee modalità per la rettificazione, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati, anche a seguito di richieste formulate dagli interessati ai sensi dell'Articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le imprese danno tempestiva notizia all'ISVAP dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2, anche per quanto riguarda il loro contenuto, al piu' tardi con la comunicazione immediatamente successiva a tali operazioni.
4. L'ISVAP, ricevuta dall'impresa la notizia della necessità di rettificare, integrare, aggiornare o cancellare i dati già comunicati, sospende la loro visibilità fino alla comunicazione di cui al comma 3.

Articolo 7. Controlli delle comunicazioni

1. Al ricevimento delle comunicazioni l'ISVAP effettua controlli di conformità tecnica.
2. Qualora la comunicazione risulti incompleta l'ISVAP ritrasmette i dati, in tutto o in parte, all'impresa trasmittente, affinché questa provveda ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ISVAP applica le sanzioni stabilite dall'Articolo 2, comma 5.quinquies della legge.

Articolo 8. Registrazione dei dati

1. I dati sono registrati nella banca dati sinistri e resi disponibili ai soggetti autorizzati per cinque anni dalla data di liquidazione dei sinistri, secondo le modalità di accesso previste ai successivi capi.
2. I dati registrati non sono modificabili autonomamente dall'ISVAP. L'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati sinistri, effettua eventuali operazioni di rettificazione, integrazione, aggiornamento o cancellazione dei dati soltanto su richiesta dell'impresa che li ha comunicati o d'intesa con essa anche a seguito di esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché in attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Decorso il termine previsto al comma 1 i dati relativi ad ogni sinistro liquidato sono trasposti su altro supporto informatico ed eliminati dalla banca dati sinistri.
4. I dati trasposti su altri supporti sono trattati, con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati, dall'ISVAP esclusivamente a scopi statistici per le finalità di cui all'Articolo 2, fatte salve le esigenze di giustizia penale e di esercizio dei diritti degli interessati. I dati non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata con modalità che non permettano di identificare gli interessati ad alcun soggetto esterno.
5. Trascorsi ulteriori cinque anni dalla eliminazione dei dati dalla banca dati sinistri, i dati che permettono di identificare persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri, vengono cancellati affinché i restanti dati vengano conservati in forma anonima e non possano essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

Articolo 9. Dati sensibili

1. Il presente provvedimento, nelle parti riguardanti i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili in relazione agli stessi dati, é adottato anche in attuazione dell'Articolo 22, comma 3.bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I dati sensibili sono trattati e conservati secondo le modalità stabilite dall'Articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Articolo 10. Misure di sicurezza

1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed il regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche sulla base delle modalità tecniche stabilite con circolare dell'ISVAP, di cui al successivo Articolo 12, comma 1.

Capitolo II .Accesso dei soggetti autorizzati

Articolo 11. Accesso degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria

1. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria é consentito per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
2. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del soggetto autorizzato, della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati.
3. Le modalità tecniche di accesso alla banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria sono stabilite con specifiche convenzioni tra l'ISVAP e, rispettivamente, i Ministeri della giustizia e dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni di cui al comma 3, l'accesso alla banca dati sinistri é consentito esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con conseguente consultazione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso é resa tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o persone.

Capitolo III . Accesso delle imprese di assicurazione

Articolo 12. Accesso da parte delle imprese

1. L'accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese avviene per via telematica sulla base di modalità tecniche stabilite con circolare dell'ISVAP.
2. L'accesso é esercitato, mediante i soggetti abilitati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità indicate all'Articolo 2.
3. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite da parte dei soggetti abilitati é consentito nei confronti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto a specifiche esigenze derivanti da richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all'esame delle imprese, quando non siano sufficienti gli elementi già in loro possesso.
4. In relazione anche alla natura delle informazioni consultate, tali esigenze e circostanze devono comunque risultare dagli atti in possesso delle imprese, le quali adottano idonee misure di documentazione in relazione alla pertinenza dell'accesso effettuato rispetto alle finalità proprie della banca dati sinistri.
5. Fermo restando quanto stabilito nel presente provvedimento in ordine ai livelli di accesso dei soggetti abilitati, la consultazione della banca dati sinistri é consentita esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con la conseguente visione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso, é resa tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o persone.

Articolo 13. Livelli di accesso dei soggetti abilitati

1. Sono previsti due livelli di accesso da parte dei soggetti abilitati:
a) accesso di primo livello ai dati indicati nell'allegato 1, relativi ai sinistri degli ultimi tre anni e con esclusione dei dati identificativi e sensibili delle persone coinvolte nei sinistri, riservato a soggetti abilitati preposti a strutture periferiche di liquidazione dei sinistri, i cui requisiti sono definiti con circolare dell'ISVAP di cui all'Articolo 12, comma l;
b) accesso di secondo livello ai dati indicati nell'allegato 2, con esclusione dei dati sensibili, riservato a soggetti abilitati preposti ad uffici di direzione del settore sinistri o ad unità istituite, anche in ambito associativo, per il contrasto alle frodi assicurative ed operanti su delega delle imprese. La delega puo' essere rilasciata, per gruppi di casi, con le cautele individuate nella predetta circolare. é consentita l'acquisizione di ulteriori dati, anche sensibili, solo a seguito di richiesta scritta motivata all'ISVAP.
2. Le imprese comunicano all'ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti abilitati preposti all'accesso alla banca dati sinistri, con l'indicazione dei relativi requisiti.
3. I soggetti abilitati preposti dall'impresa sono autorizzati all'accesso secondo le modalità tecniche stabilite con la circolare di cui all'Articolo 12, comma 1.
4. Le imprese sono tenute a segnalare immediatamente all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano l'accesso da parte di soggetti abilitati.

Articolo 14. Controllo degli accessi

1. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del soggetto abilitato, della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati.
2. L'ISVAP esegue controlli sugli accessi effettuati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione, allo scopo di verificarne la regolarità e la correttezza, nonché il rispetto di quanto stabilito negli articoli 12 e 13.
3. In caso di accesso irregolare o difforme rispetto alle disposizioni del presente provvedimento o ad altre disposizioni applicabili, l'ISVAP contesta l'addebito e sospende o revoca, di regola, l'abilitazione del soggetto abilitato all'accesso.

Articolo 15. Riservatezza dei dati e responsabilità

1. Le persone che hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri sono tenute al rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza stabiliti dalla legge e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese, i soggetti abilitati, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici dai quali é effettuato l'accesso, sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite mediante accesso alla banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alla finalità per le quali la banca dati é stata istituita.
3. I direttori generali e gli analoghi organi di vertice delle imprese sono tenuti a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o delle altre disposizioni applicabili, anche attraverso verifiche di idonei organismi di controllo delle stesse imprese.

Capitolo IV . Accesso di altri soggetti

Articolo 16. Accesso da parte degli interessati

1. Ai sensi dell'Articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP o presso le imprese i diritti di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri.
2. In ogni caso, le operazioni di rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati personali da effettuare in conseguenza dell'esercizio dei diritti indicati dall'Articolo 13 della citata legge n. 675/1996 sono disposte dall'ISVAP in conformità agli articoli 6, commi 3 e 4, e 8, comma 2, secondo periodo.

Articolo 17. Accesso di terzi

1. Ai sensi dell'Articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le informazioni conservate nella banca dati sinistri sono sottratte al diritto di accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati dalla legge.

Capitolo V . Disposizioni finali

Articolo 18. Efficacia

1. Il presente provvedimento, relativamente alle procedure di accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, entra in vigore il 15 aprile 2003.
2. Le imprese effettuano entro e non oltre il 31 ottobre 2003 l'attenta verifica e aggiornamento dei dati già trasmessi anteriormente al presente provvedimento, che sono registrati dall'ISVAP nella banca dati sinistri solo a seguito dell'operazione di verifica e di conferma o aggiornamento dell'impresa.
3. Le richieste di autorizzazione all'accesso alla banca dati sinistri potranno essere inoltrate dopo l'emanazione della circolare di istruzioni dell'ISVAP.

Articolo 19. Pubblicazione

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Informazioni disponibili per l'accesso di primo livello (effettuabile da preposti alle strutture periferiche delle imprese di assicurazione)
1) Sul sinistro, in generale:
a) data di accadimento;
b) luogo di accadimento;
c) provincia di accadimento;
d) intervento dell'autorità;
e) presenza di danni a persona;
f) stato del sinistro;
g) numero di veicoli coinvolti;
h) tipologia dei soggetti coinvolti;
i) modalità di trattazione;
j) contenzioso;
k) grado giudizio finale;
l) presenza di testimoni;
m) numero di persone coinvolte ed eventuali decessi.
2) Veicoli:
a) targa veicoli coinvolti;
b) categoria veicoli coinvolti;
c) ruolo nel sinistro;
d) parte danneggiatasi nel sinistro.

Allegato 2

Informazioni disponibili per l'accesso di secondo livello (riservato a preposti alle strutture di direzione del settore sinistri delle imprese di assicurazione e alle unità anti.frode)
1) Dati generali:
a) data di accadimento;
b) luogo di accadimento;
c) provincia di accadimento;
d) intervento dell'autorità;
e) presenza di danni a persona;
f) stato del sinistro;
g) numero di veicoli coinvolti;
h) tipologia dell'autorità eventualmente intervenuta;
i) modalità di trattazione;
j) importo complessivo del risarcimento eventualmente effettuato;
k) informazioni sul grado e la tipologia dell'eventuale contenzioso;
l) presenza di testimoni;
m) intervento di professionisti incaricati (periti, legali, medici).
2) Veicoli:
a) numero di targa;
b) marca, modello e categoria dei veicoli coinvolti;
c) numero di telaio;
d) impresa con cui risulta assicurato;
e) ruolo nel sinistro;
f) parte danneggiatasi nel sinistro;
g) numero di altri sinistri in cui la vettura risulta coinvolta;
h) autofficina di riparazione.
3) Conducente, contraente, proprietario dei veicoli coinvolti:
a) nominativo;
b) residenza;
c) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta coinvolto.
4) Persone danneggiate:
a) nominativo;
b) data di nascita;
c) luogo di nascita;
d) codice fiscale/partita iva;
e) nome e comune del pronto soccorso in cui sia avvenuto l'eventuale ricovero;
f) eventuale decesso del soggetto;
g) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta coinvolto.
5) Professionisti intervenuti nel sinistro:
a) nominativo;
b) luogo di nascita;
c) data di nascita.
6) Testimoni del sinistro:
a) nominativo;
b) luogo di nascita;
c) data di nascita.

01Ene/14

Public Information Act, November 15, 2000. (RT I 2000, 92, 597). Amended by the following Acts: 19.06.2002 (RT I 2002, 61, 375); 19.06.2002 (RT I 2002, 63, 387); 11.02.2003 (RT I 2003, 25, 153); 12.02.2003 (RT I 2003, 26, 158)

Chapter 1.- General Provisions

§ 1. Purpose of Act

The purpose of this Act is to ensure that the public and every person has the opportunity to access information intended for public use, based on the principles of a democratic and social rule of law and an open society, and to create opportunities for the public to monitor the performance of public duties.

§ 2. Scope of application of Act

(1) This Act provides for:

1) the conditions of, procedure for and methods of access to public information and the bases for refusal to grant access;

2) restricted public information and the procedure for granting access thereto to the extent not regulated by other Acts;

3) the procedure for the exercise of state supervision over the organisation of access to information.

(2) This Act does not apply:

1) to information which is classified as a state secret;

2) upon granting access to public records by archival agencies pursuant to the procedure provided for in the Archives Act (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) and on the basis thereof;

3) upon responding to petitions and memoranda pursuant to the procedure provided for in the Response to Petitions Act (RT I 1994, 51, 857; 1996, 49, 953; 2000, 49, 304; 92, 597; 2001, 58, 354) if responding requires the analysis and synthesis of the recorded information or the collection and documentation of additional information;

4) to restrictions on access to information and to special conditions for, the procedure for and methods of access if these are otherwise provided for in specific Acts or international agreements.

(3) The provisions of the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 3. Public information

(1) Public information (hereinafter information) is information which is recorded and documented in any manner and on any medium and which is obtained or created upon performance of public duties provided by law or legislation issued on the basis thereof.

(2) Access to information specified in subsection (1) of this section may be restricted pursuant to the procedure provided by law.

§ 4. Principles of granting access to public information

(1) In order to ensure democracy, to enable public interest to be met and to enable all persons to exercise their rights and freedoms and perform their obligations, holders of information are required to ensure access to the information in their possession under the conditions and pursuant to the procedure provided by law.

(2) Access to information shall be ensured for every person in the quickest and easiest manner possible.

(3) Upon granting access to information, the inviolability of the private life of persons shall be ensured.

(4) Access to information shall be granted without charge unless payment for the direct expenses relating to the release of the information is prescribed by law.

(5) Every person has the right to contest a restriction on access to information if such restriction violates the rights or freedoms of the person.

§ 5. Holders of information

(1) The following are holders of information:

1) state and local government agencies;

2) legal persons in public law;

3) legal persons in private law and natural persons under the conditions provided for in subsection (2) of this section.

(2) The obligations of holders of information extend to legal persons in private law and natural persons if the persons perform public duties pursuant to law, administrative legislation or contracts, including the provision of educational, health care, social or other public services, – with regard to information concerning the performance of their duties.

(3) The following are deemed to be equal to holders of information:

1) undertakings which have a dominant position in the market or special or exclusive rights or which are natural monopolies – with regard to information concerning the conditions and prices of the supply of goods and services and changes thereto;

2) non-profit associations, foundations and companies of which the state, a local government or a legal person in private law is a member or the founder or in which the state, a local government or a legal person in private law is a participant, – with regard to information concerning the use of funds allocated from the state or a local government budget.

§ 6. Request for information

A request for information is a request to obtain information submitted, pursuant to the procedure provided for in this Act, to a holder of information by a person making a request for information.

§ 7. Person making request for information

Each person who submits a request for information to a holder of information pursuant to the procedure provided for in this Act is a person making a request for information.

§ 8. Access to information

(1) Access to information shall be granted by a holder of information by:

1) complying with a request for information;

2) disclosing information.

(2) Disclosure of information is the grant of access to information by a holder of information pursuant to the procedure provided by law, without a person being required to make a request for information.

Chapter 2.- Organisation of Access to Information

§ 9. Obligations of holders of information

(1) Holders of information are required to grant access to information in their possession pursuant to the procedure provided by law.

(2) Upon granting access to information, a holder of information is required:

1) to ensure access to the documents which the person making a request for information requests access to if the person making the request for information has the right to access the information;

2) to maintain records on documents in the possession thereof;

3) to disclose information subject to disclosure pursuant to the procedure provided by law;

4) to provide information to the public regularly on the performance of public duties;

5) to assist persons making requests for information;

6) to inform persons making requests for information of any valid restrictions on access to documents;

7) to ensure compliance with restrictions on access to information;

8) not to submit knowingly misleading, inaccurate or incorrect information and, in the case of doubt, is required to verify the correctness and accuracy of the information released.

§ 10. Organisation of access to information by holders of information

(1) The head of a holder of information or a holder of information who is a natural person is responsible for the organisation, by the holder of information and pursuant to law, of access to information.

(2) A holder of information may, using an operations procedure or other documents, designate the structural units and officials or employees responsible for complying with requests for information and disclosing information, and the procedure for the internal processing of requests for information or of information subject to disclosure.

(3) If a holder of information does not establish the competence of officials or employees in complying with requests for information, each official or employee to whom a request for information is assigned for it to be complied with or to whom a request for information is submitted is responsible for complying with the request for information in a manner which meets the requirements.

(4) The head of a holder of information is responsible for the proper disclosure of information in a manner which meets the requirements unless organisation of the disclosure of information is assigned to another person by legislation.

§ 11. Document register of agency

The document register of an agency is a digital database which is maintained by a state or local government agency or a legal person in public law in order to register documents received by the agency and prepared in the agency and to ensure access thereto.

§ 12. Requirements for document registers

(1) The following shall be registered in a document register:

1) documents received by the agency and documents released by the agency, on the day on which the documents are received or released or on the following working day;

2) legislation prepared and signed in the agency, on the date of signature thereof;

3) contracts entered into.

(2) Accounting documents shall not be entered in a document register.

(3) At least the following information concerning received and released documents shall be entered in a document register:

1) from whom the documents are received or to whom they are released;

2) the date of receipt or release;

3) the manner in which the documents are received or released (by electronic mail, post, fax, courier or delivered in person);

4) requisite information on the documents;

5) the type of documents (petitions, memoranda, decisions, requests for information, letters, etc.);

6) restrictions on access to the documents.

(4) The term arising from law for processing or responding, the name of the structural unit responsible for the preparation of a response or the organisation of processing and the name of the official or employee who prepares the response shall also be entered in a document register concerning received documents and documents which need to be processed or responded to.

(5) The registrars of document registers shall grant access to the document registers and shall create indexes and instructions in order to facilitate the finding of documents.

Chapter 3.- Grant of Access to Information on Basis of Requests for Information

Division 1.- Making Requests for Information and Acceptance of Requests for Information for Processing

§ 13. Manners of making requests for information

A person making a request for information shall make the request for information either:

1) orally, addressing a holder of information directly or by telephone, or

2) in writing, delivering a request for information personally or communicating it by post, fax or electronic mail.

§ 14. Requirements applicable to requests for information

(1) A request for information shall set out the following information orally or in writing:

1) the given name and surname of the person making the request for information;

2) the name of the legal person or agency in the case of a request for information made on behalf of an agency or legal person;

3) the details of the person making the request for information (postal or electronic mail address, or fax or telephone number), through which the holder of information could release the information or contact the person making the request for information;

4) the content of the information or the type, name and content of the document requested, or the requisite information on the document known to the person making the request for information;

5) the manner of complying with the request for information.

(2) If a person requests information which contains sensitive or private personal data concerning him or her or third persons, the holder of information shall identify the person making the request for information.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(3) A holder of information has the right to request submission of a request for information in writing if the person making the request for information is not satisfied with the information provided orally.

(4) If a state or local government official or employee requests information to perform his or her functions or duties or if a person requests personal data concerning a third person, he or she shall inform the holder of information of the basis and purpose of accessing the information.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(5) A person making a request for information shall not request access to information for other purposes under the pretext of the performance of functions or duties or using his or her official position.

§ 15. Obligation of holders of information to assist persons making requests for information

(1) Holders of information are required to clearly explain the procedure for and the conditions and manners of access to information to persons making requests for information.

(2) Officials and employees of holders of information are required to assist persons making requests for information in every way during the making of requests for information and the identification of the information necessary for the persons making requests for information, the location of the information and the most suitable manners of access thereto.

(3) An official or employee of a holder of information who is not competent to comply with a request for information is required promptly to send the person making the request for information to an official or employee who has the corresponding competence, or promptly to communicate the request for information in writing to the specified official or employee.

(4) If a request for information does not indicate the manner or the information which the person making the request for information is requesting, the holder of information shall promptly contact the person making the request for information in order to specify the request for information.

§ 16. Registration of requests for information

(1) A holder of information shall register a request for information on the date of receipt thereof or not later than on the working day following receipt.

(2) Information specified in subsection 14 (1) of this Act which is submitted by a person making a request for information and information concerning an employee or structural unit responsible for complying with the request for information and the due date for complying with the request for information shall be entered in the document register of a holder of information provided for in § 11 of this Act.

(3) A request for information need not be registered if:

1) it is anonymous;

2) it is made orally and promptly complied with.

Division 2.- Compliance with Requests for Information and Refusal to Comply with Requests for Information

§ 17. Manner of compliance with requests for information

(1) A holder of information shall comply with a request for information in the manner requested by the person making the request for information and shall release the information:

1) digitally to a transferable data medium or to an electronic mail address set out in the request for information;

2) as a copy or transcript of the document on paper either directly to the person making the request for information or to his or her postal address;

3) by fax;

4) orally;

5) for access at the holder of information;

6) in any other manner, taking into account the type of medium.

(2) A holder of information may refuse to comply with a request for information in a desired manner if:

1) there are no technical means therefor;

2) the type of medium does not enable compliance;

3) oral communication of the information would excessively hinder performance of the main duties of the holder of information due to the time this would take.

(3) At the request of a person making a request for information, a holder of information shall release copies of documents on paper if the type of medium and the details of the person making the request for information enable this and if the information has not been disclosed.

(4) At the request of a person making a request for information, a holder of information shall release information (including disclosed information) together with official confirmation if such confirmation is necessary in order to use the rights and freedoms and perform the obligations of the person making the request for information.

(5) Information shall be released orally only if:

1) information is requested concerning the processing of a petition, memorandum or other request submitted by the person making the request for information;

2) information is requested on whether information requested by the person making the request for information is in the possession of the holder of information.

(6) Upon compliance with a request for information orally, the person who complies with the request for information is not required to read documents aloud.

(7) In the cases provided for in subsection (2) of this section, a holder of information shall choose a suitable manner to comply with a request for information and shall, if possible, consult with the person making the request for information before complying with the request for information.

(8) If a request for information does not specify the manner for compliance requested by the person making the request for information and if it is not possible to specify the manner for compliance in consultation with the person making the request for information within the term prescribed for compliance with the request for information, the request for information shall be complied with on the basis of the details indicated therein in a manner chosen by the holder of information, and the holder of information shall, if possible, prefer the manner in which the request for information was made.

§ 18. Terms for compliance with requests for information and calculation of terms for processing

(1) A request for information shall be complied with promptly, but not later than within five working days.

(2) If a request for information cannot be complied with due to the insufficiency of the information submitted by the person making the request for information, the holder of information shall notify the person making the request for information thereof within five working days in order to specify the request for information.

(3) The terms for processing requests for information provided for in this Act shall be calculated as of the working day following registration of the requests for information.

§ 19. Extension of terms for compliance with requests for information

If a holder of information needs to specify a request for information or if identification of the information is time-consuming, the holder of information may extend the term for compliance with the request for information for up to fifteen working days. The holder of information shall notify the person making the request for information of extension of the term together with the reasons therefor within five working days.

§ 20. Deeming requests for information to have been complied with

A request for information is deemed to have been complied with by the holder of information who receives the request for information if:

1) information is communicated to the person making the request for information in a manner provided by law;

2) the request for information is forwarded according to competence and the person making the request for information is notified thereof;

3) the possibility of accessing disclosed information is explained to the person making the request for information.

§ 21. Forwarding of requests for information according to competence

(1) If a holder of information does not possess the requested information, the holder of information shall ascertain the competent holder of information and forward the request for information promptly thereto, but not later than within five working days, and shall notify the person making the request for information thereof at the same time.

(2) It is permitted to refuse to forward a request for information made by telephone if the person making the request for information is informed of to whom the person should turn with the request for information.

(3) A holder of information who is a legal person in private law or a natural person may refuse to forward a request for information and shall in this case notify the person making the request for information promptly thereof, but not later than within five working days.

§ 22. Directing to disclosed information

If requested information has been disclosed pursuant to the procedure provided for in this or any other Act, the holder of information may promptly, but not later than within five working days, notify the person making the request for information thereof without releasing the information and shall in this case provide the person making the request with information concerning the manner and place of access to the requested information, except in the case provided for in subsection 17 (4) of this Act.

§ 23. Refusal to comply with requests for information

(1) A holder of information shall refuse to comply with a request for information if:

1) restrictions on access apply to the requested information and the person making the request for information does not have the right to access the requested information;

2) the holder of information does not possess the requested information, does not know who possesses it, and is unable to identify the holder of the requested information;

3) compliance with the request for information is impossible because it is not evident from specification of the request for information which information the person making the request for information is requesting;

4) the person making the request for information has not paid the state fee or has not paid the expenses relating to compliance with the request for information if the state fee or other fee is prescribed by law and the holder of information has not withdrawn the claim for expenses incurred to be covered.

(2) A holder of information may refuse to comply with a request for information if:

1) the requested information has already been released to the person making the request for information and the person does not justify the need to obtain the information for a second time;

2) information requested from a natural person or a legal person in private law does not concern the performance of public duties;

3) compliance with the request for information would require a change in the organisation of work of the holder of information, hinder the performance of public duties imposed thereon or require unnecessarily disproportionate expenses due to the large volume of requested information;

4) the request for information cannot be complied with by a single release of information;

5) in order to comply with the request for information, information would have to be additionally systematised and analysed and new information would have to be documented on the basis thereof. Such request for information is deemed to be a petition and shall be responded to pursuant to the procedure prescribed in the Response to Petitions Act;

6) the person making the request for information has been divested of active legal capacity by a court;

7) there is no address or there are no telecommunications numbers concerning the person making the request for information.

(3) On the bases provided for in subsections (1) or (2) of this section, the holder of information shall notify the person making the request for information of refusal to comply with the request for information within five working days.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375; 12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

§ 24. Registration of compliance with requests for information and refusal to comply therewith

(1) Compliance with a request for information and refusal to comply therewith shall be registered in a document register, except in the cases specified in subsection 16 (3) of this Act.

(2) Upon compliance with a request for information or refusal to comply therewith, at least the following information shall be entered in a document register:

1) the person who complies with the request for information (the person who is responsible for compliance and who releases the information);

2) requisite information on the documents the copies of or extracts from which are released in order to comply with the request for information;

3) the date of compliance or refusal to comply;

4) the manner of compliance with the request for information or the grounds provided for in § 20 of this Act for deeming the request for information to have been complied with, or the grounds provided for in subsections 23 (1) or (2) of this Act upon refusal to comply therewith;

5) information on whether the person making the request for information has paid for the release of information or whether the holder of information has withdrawn the claim for expenses to be covered.

Division 3.- Expenses relating to Compliance with Requests for Information

§ 25. Covering expenses relating to compliance with requests for information

(1) A holder of information shall cover the expenses relating to compliance with requests for information unless otherwise prescribed by law.

(2) A person making a request for information shall pay up to 3 kroons per page for copies on paper starting from the twenty-first page, unless a state fee for the release of information is prescribed by law.

(3) Holders of information shall cover the expenses relating to compliance with requests for information made by state or local government agencies.

§ 26. Exemption from covering expenses

A holder of information may exempt a person making a request for information from covering expenses provided for in subsection 25 (2) of this Act if:

1) collection of the expenses is economically inefficient;

2) the person making the request for information needs the information for research;

3) the person making the request for information needs the information in order to exercise the rights and freedoms of the person or to perform obligations and if the person making the request does not have the financial capacity to cover the expenses.

§ 27. Procedure for covering expenses

(1) A person making a request for information shall pay the holder of information before the information is released.

(2) If a state fee is prescribed for the release of information or documents, the person making a request for information shall pay the state fee pursuant to the procedure provided for in the State Fees Act (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 9, 45; 13, 78; 79; 81; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151; 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 82, 477; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84; 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153; 154; 26, 156; 160) before the information is released.

(3) A holder of information is required to issue a receipt concerning the received amounts to the person making a request for information.

Chapter 4.- Disclosure of Information

Division 1.- Information Subject to Disclosure

§ 28. Obligation of holder of information to disclose information

(1) A holder of information is required to disclose the following existing information relating to the duties thereof:

1) generalised economic statistics and economic forecasts of the state and local governments;

2) generalised statistics relating to crime and misdemeanours;

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

3) statutes of state or local government agencies and their structural units;

4) formats of petitions and other documents submitted to state and local government agencies and instructions for the completion thereof;

5) job descriptions of state and local government officials;

6) positions in state and local government agencies, and the given names, surnames, education, areas of specialisation, telephone numbers and electronic mail addresses of officials filling the positions prescribed in such agencies;

7) information concerning danger to the life, health and property of persons;

8) reports on work results and the performance of duties in state and local government agencies;

9) names and electronic mail addresses of members of the supervisory boards and management boards of legal persons in public law;

10) management reports and income and expense statements of legal persons in public law;

11) budgets and draft budgets of state agencies, local governments and local government agencies, and reports on the implementation thereof;

12) information concerning the receipt of state budget revenue;

13) information concerning the state of the environment, environmental damage and dangerous environmental impact;

14) precepts or decisions relating to state supervision or supervisory control as of the entry into force thereof;

15) draft Acts prepared by ministries and draft Government of the Republic regulations, together with explanatory memoranda, when such drafts are sent for approval or presentation to the Government of the Republic;

16) draft regulations of ministers and local governments together with explanatory memoranda before such drafts are presented for passage;

17) draft concepts, development plans, programmes and other projects of general importance before such drafts are presented to the competent bodies for approval, and the corresponding approved or adopted documents;

18) information concerning research and analyses ordered by state or local government agencies;

19) information concerning unfilled positions in state or local government agencies;

20) information concerning public procurements which are being organised or have been organised by the state or local governments;

21) information concerning the use of assets and budgetary funds which the state or a local government has transferred to legal persons in private law founded by the state or local government or with the participation thereof;

22) programmes of public events;

23) changes in the work and duties of state and local government agencies which are related to services provided for persons, not later than ten days before implementation of the changes;

24) information concerning the office hours of heads of state and local government agencies;

25) salary rates and guides valid in state and local government agencies, and the procedure for payment of additional remuneration and the grant of fringe benefits in such agencies;

26) information concerning the price formation of companies which have a dominant position in the market or special or exclusive rights or which are natural monopolies;

27) information concerning the provision of public services and concerning changes in the conditions and price of the provision of the service before implementation of such changes;

28) lists of the members of political parties;

29) court judgments which have entered into force;

30) information in general national registers and state registers to the extent prescribed by law;

31) the document register of the agency;

32) other information and documents concerning which the obligation to disclose is provided by an international agreement, an Act or legislation passed on the basis thereof or which the holder of information deems necessary to disclose.

(2) Upon the disclosure of information, the person who documents the disclosed information, the time the disclosed information is documented, the act (establishment, approval, registration or other official act) with which the disclosed information is documented, and the person from whom explanations concerning the disclosed information can be obtained shall be set out.

§ 29. Manners of disclosure of information

(1) Information specified in subsection 28 (1) of this Act shall be disclosed on a web site.

(2) In addition to a web site, information specified in subsection 28 (1) of this Act may be disclosed:

1) by the broadcast media or in the printed press;

2) by displaying the document for public examination in a local government agency or public library;

3) in an official publication;

4) in any other manner prescribed by an Act or legislation passed on the basis thereof.

§ 30. Selecting manner of disclosure of information

(1) A holder of information is required to disclose information in a manner which ensures that it reaches every person who needs the information as quickly as possible.

(2) If the manner of disclosure of information is prescribed by a specific Act or an international agreement, the manner provided for in the specific Act or international agreement shall be used upon the disclosure of the information and information shall also be disclosed on a web site if such obligation arises from § 31 of this Act.

(3) A holder of information is required to disclose promptly any information concerning danger which threatens the life, health or property of persons or the environment, and shall select the quickest and most suitable manner therefor in order to avert danger and alleviate the possible consequences.

(4) State and local government agencies are required to communicate information concerning events and facts and which is in their possession to the broadcast media and the printed press for disclosure if public interest can be anticipated.

Division 2.- Disclosure of Information in Public Data Communication Network

§ 31. Obligation to maintain web site

(1) The Chancellery of the Riigikogu2, the Office of the President of the Republic, the Office of the Chancellor of Justice, the State Audit Office, courts, the General Staff of the Defence Forces, government agencies and legal persons in public law are required to maintain web sites for the disclosure of information.

(2) A city or rural municipality government shall organise the maintenance of a web site in order to provide details of the activities of the bodies and agencies of the city or rural municipality and to disclose information in the possession thereof. On the basis of a contract, city and rural municipality governments may organise the maintenance of a joint web site.

(3) The State Chancellery, ministries and county governments are required to take measures for the maintenance of web sites by state agencies administered by them.

§ 32. Requirements for maintenance of web sites by state and local government agencies

(1) An agency which maintains a web site shall:

1) inform the public of the opportunity to access the web site by disclosing data communication addresses and changes thereto;

2) publish topical information on the web site;

3) not disclose outdated, inaccurate or misleading information on the web site;

4) promptly apply measures in order to remove any technical problems which hinder access to the web site;

(2) On its web site, a holder of information shall set out the date of disclosure of each document and when information on the web site is updated.

(3) It shall be possible to access directly the web sites of agencies administered by the State Chancellery, ministries or county governments from the web sites of the State Chancellery, ministries or county governments.

§ 33. Access to data communication network

Every person shall be afforded the opportunity to have free access to public information through the Internet in public libraries, pursuant to the procedure provided for in the Public Libraries Act (RT I 1998, 103, 1696; 2000, 92, 597).

Chapter 5.- Restricted Information

§ 34. Restricted information

(1) Restricted information is information to which access is restricted pursuant to the procedure established by law.

(2) Pursuant to this Act, the head of an agency may establish a restriction on access to information and classify information as information intended for internal use.

§ 35. Grounds for classification of information as internal

(1) A holder of information is required to classify the following as information intended for internal use:

1) information collected in criminal or misdemeanour proceedings until the case is referred to a court but not for longer than until end of the limitation period;

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

2) information collected in the course of state supervision proceedings until the entry into force of a decision made thereon;

3) information the disclosure of which would damage the foreign relations of the state;

4) information on the armaments and location of military units and personnel of the Defence Forces, unless this information is a state secret;

5) information the disclosure of which would endanger objects protected under heritage conservation;

6) information the disclosure of which would endanger the preservation of protected areas or protected species or varieties and their habitats;

7) information including a description of security systems, security organisations or security measures;

8) information on technological solutions if disclosure of such information would damage the interests of the holder of information or if classification of such information as internal is prescribed in a contract entered into with a person in private law;

9) any other information provided by law;

(11.02.2003 entered into force 01.07.2003 – RT I 2003, 25, 153)

10) information which contains private or sensitive personal data;

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

11) information which contains personal data if it significantly breaches the inviolability of private life of the data subject.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(2) The head of a state or local government agency or a legal person in public law may classify the following as information intended for internal use:

1) draft legislation of general application before it is sent for approval or presented for passage;

2) draft administrative legislation of specific application and its accompanying documents before passage or signature of the administrative legislation;

3) in justified cases, documents addressed to persons within the agency which are not registered in the document register (opinions, notices, memoranda, certificates, advice, etc.).

§ 36. Prohibition on classification of information as internal

(1) A holder of information who is a state or local government agency or a legal person in public law shall not classify the following as information intended for internal use:

1) results of public opinion polls;

2) generalised statistical surveys;

3) economic and social forecasts;

4) notices concerning the state of the environment;

5) reports on the work or the work-related success of the holder of information and information on the quality of the performance of duties and on managerial errors;

6) information which damages the reputation of a state or local government official, a legal person in private law performing public duties or a natural person, except sensitive or private personal data;

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

7) information on the quality of goods and services arising from protection of the interests of consumers;

8) results of research or analyses conducted by the state or local governments or ordered thereby, unless disclosure of such information would endanger national defence or national security;

9) documents concerning the use of budgetary funds of the state, local governments or legal persons in public law and remuneration and compensation paid from the budget;

10) information concerning the proprietary obligations of the holder of information;

11) information on the property of the holder of information;

12) precepts which have entered into force and legislation which is issued by way of state supervision or supervisory control or under disciplinary procedure and information relating to punishments in force.

(2) The prohibition provided for in subsection (1) of this section also applies to:

1) non-profit associations, foundations or companies which are founded by the state, local governments or legal persons in public law or in which the state, local governments or legal persons in public law participate;

2) information pertaining to the use of funds allocated and assets transferred to legal persons in private law from the state or a local government budget.

§ 37. (Repealed – 12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

§ 38. Access to information classified as internal only

(1) A holder of information shall disclose information concerning facts which arouse public interest and which are related to an offence or accident before the final clarification of the circumstances of the offence or accident to an extent which does not hinder the investigation or supervision or clarification of the reasons for the accident. The competent official who organises the investigation or supervision or who clarifies the circumstances of the accident shall decide on the extent of disclosure of such information.

(2) If the grant of access to information may cause the disclosure of restricted information, it shall be ensured that only the part of the information or document to which restrictions on access do not apply may be accessed.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(3) State and local government officials have the right to access information which is classified as information intended for internal use in order to perform their duties. Such information shall not be communicated to third persons without the permission of the agency which establishes the restriction on access.

(4) The head of an agency may decide to grant access to information classified as internal to persons outside the agency if this does not damage the interests of the state or a local government.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

§ 39. Access to information which contains personal data

(1) A holder of information shall grant access to personal data in its possession upon the existence of a basis provided for in the Personal Data Protection Act pursuant to the procedure provided for in this Act.

(2) A holder of information is required to maintain records concerning to whom, for what purpose, when, in which manner and which information classified as internal which contains personal data is released.

(3) In order to ascertain the truth in criminal proceedings and ensure the security of persons, a competent official conducting an investigation or state supervision may grant access to information classified as internal which contains personal data. If compliance with a restriction on access may endanger the life, health or property of other persons, the restricted information shall be promptly disclosed in a manner provided for in subsection 30 (4) of this Act.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

§ 40. Terms of restrictions on access

(1) A restriction on access to information intended for internal use applies as of the preparation or receipt of the documents for as long as is necessary, but not for longer than five years. The head of an agency may extend the term by up to five years if the reason for establishment of the restriction on access continues to exist.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(2) A restriction on access to documents pertaining to state supervision, supervisory control and preparation of single decisions of executive power applies until adoption of a decision unless another reason to restrict access to the information exists.

(3) A restriction on access to information classified as internal which contains private personal data applies for 75 years as of the receipt or documentation thereof or for 30 years as of the death of the person or, if it is impossible to establish death, for 110 years as of the birth of the person.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

§ 41. Procedure for classification of information as internal

(1) Information shall be classified as information intended for internal use by the head of the agency.

(2) The person who prepares a document classified as information intended for internal use shall make a notation «ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS» [«FOR INTERNAL USE»] in capital letters on the document or file of documents, if the medium enables this, or use the corresponding abbreviation AK. The name of the holder of information, the basis of the restriction on access, the final date for application of the restriction on access and the date on which the notation is made shall be added to the notation.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

§ 42. Invalidation of restriction on access

(1) A holder of information is required to invalidate a restriction on access if the reasons for establishment thereof cease to exist.

(2) If a restriction on access to a document is invalidated, a corresponding notation shall be made on the document.

§ 43. Protection of internal information

(1) A holder of information shall apply administrative and technical measures to ensure that information to which a restriction on access applies cannot be accessed by persons who do not have the right of access.

(2) If a restriction on access applies to a document prepared on a computer, the person who prepares the document shall verify that measures have been taken in the agency for the secure processing of data in order to restrict access.

Chapter 6.- Supervision

§ 44. Supervision over compliance with this Act

Within the limits of their competence, the following shall exercise supervision over compliance with this Act:

1) the Data Protection Inspectorate pursuant to the procedure provided for in this Act;

2) a superior body or agency by way of supervisory control.

§ 45. Supervisory competence of Data Protection Inspectorate

(1) The Data Protection Inspectorate shall exercise state supervision over holders of information during compliance with requests for information and the disclosure of information.

(2) The Data Protection Inspectorate may initiate supervision proceedings on the basis of a challenge or on its own initiative.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

(3) Upon the exercise of supervision, the Data Protection Inspectorate shall ascertain whether:

1) each request for information is registered pursuant to the procedure prescribed by law;

2) each request for information is complied with pursuant to the procedure, within the term and in a manner prescribed by law;

3) refusal to comply with a particular request for information is in accordance with law;

4) a restriction on access to particular information is established pursuant to the procedure provided by law;

5) each holder of information performs the obligation to disclose information;

6) each holder of information performs the obligation to maintain a web site pursuant to the procedure provided by law.

§ 46. Filing of challenges and actions concerning refusal to comply with request for information or unsatisfactory compliance with request for information

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

A person whose rights provided for in this Act are violated may file a challenge with a supervisory body specified in § 44 of this Act or an action with an administrative court either personally or through a representative.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 47. Filing of challenge for initiation of state supervision proceedings

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

(1) A person who applies for the commencement of state supervision by the Data Protection Inspectorate shall file a written challenge which shall set out the following information:

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

1) the given name and surname of the person, and the name of the person in whose name the challenge is filed if the challenge is filed in the name of another person;

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

2) the postal address or telecommunications numbers of the person;

3) information on the holder of information who refuses to comply with a request for information or who does not respond to a request for information or who presented incorrect information;

4) the content of the request for information made to the holder of information;

5) the reasons why the person making the request for information considers the activities of the holder of information to be illegal;

6) the clearly expressed request of the person filing the challenge.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(2) If, in the opinion of the person filing a challenge, the holder of information refused to comply with the request for information illegally or presented incorrect information, the person filing the challenge shall append a copy of the written refusal of the holder of information to comply with the request for information or the incorrect information presented by the holder of information to the challenge.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 48. (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 49. (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 50. Rights of Data Protection Inspectorate

(1) Competent officials of the Data Protection Inspectorate who exercise supervision have the right to:

1) demand explanations and documents from holders of information;

2) examine documents concerning access to information held by holders of information and internal documents to which access is restricted;

3) issue precepts to holders of information to comply with legislation;

4) (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

5) make proposals to holders of information for the better organisation of access to information.

(2) The Data Protection Inspectorate shall notify the person filing the challenge, the holder of information and the superior body or agency of the holder of information of the decision on the challenge. The supervision results shall be disclosed on the web site of the Data Protection Inspectorate.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 51. Precept of Data Protection Inspectorate

(1) The Data Protection Inspectorate may issue a precept which requires a holder of information to bring its activities into accordance with law if the Inspectorate finds that the holder of information:

1) has refused illegally to comply with a request for information;

2) has not responded to a request for information within the prescribed term;

3) has not complied with a request for information as required;

4) has not processed a request for information as required;

5) has failed to disclose information subject to disclosure as required;

6) has not performed the obligation to maintain a web site as required;

7) has established restrictions on access to information illegally;

8) has failed to establish restrictions on access to information provided by law;

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

9) has released information to which restrictions on access are established pursuant to this Act.

(2) (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 52. Compliance with precepts of Data Protection Inspectorate

(1) A holder of information shall, within five working days as of receipt of a precept, take measures to comply with the precept and shall notify the Data Protection Inspectorate thereof. The Data Protection Inspectorate shall publish the notice on its web site.

(2) (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 53. Application of Data Protection Inspectorate for organisation of supervisory control

(1) If a holder of information fails to comply with a precept of the Data Protection Inspectorate and does not contest it in an administrative court, the Data Protection Inspectorate shall initiate misdemeanour proceedings or the holder of information shall address a superior body or agency in order for supervisory control to be organised.

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

(2) A body or agency exercising supervisory control is required to review an application within one month as of receipt thereof and notify the Data Protection Inspectorate of the results of supervisory control.

§ 54. Report of Data Protection Inspectorate on compliance with this Act

(1) The Data Protection Inspectorate shall submit a report on compliance with this Act to the Constitutional Committee of the Riigikogu and to the Chancellor of Justice by 1 December each year.

(2) The report shall contain an overview of offences, the holders of information which committed the offences, challenges, precepts, misdemeanour proceedings initiated, punishments imposed, and other circumstances relating to the implementation of this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375; 19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

(3) Reports shall be published on the web site of the Data Protection Inspectorate.

Chapter 6.- Liability

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

§ 54. Violation of requirements for disclosure and release of public information

(1) Knowing release of incorrect public information or knowing disclosure or release of information intended for internal use or failure to comply with a precept of the Data Protection Inspectorate is punishable by a fine of up to 300 fine units.

(12.02.2003 entered into force 01.10.2003 – RT I 2003, 26, 158)

(2) The provisions of the General Part of the Penal Code (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22) and the Code of Misdemeanour Procedure (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) apply to the misdemeanours provided for in this section.

(3) The Data Protection Inspectorate is the extra-judicial body which conducts proceedings in matters of misdemeanours provided for in this section.

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

Chapter 7.- Implementing Provisions

§ 55. Access to public computer network in public libraries

The state and local governments shall ensure that there is the opportunity to access public information through the data communication network in public libraries by 2002.

§ 56. Commencement of maintenance of web site

(1) Ministers within their area of government, and the State Secretary and county governors with respect to state agencies administered thereby shall establish schedules by 1 June 2001 for the transition to web sites which comply with the requirements of this Act.

(2) Holders of information specified in § 31 of this Act shall create a web site which complies with the requirements of this Act by 1 March 2002 at the latest.

§ 57. Bringing of procedure for access to information maintained in state and local government databases into accordance with law

The Government of the Republic, ministries and local government bodies shall bring legislation regulating the maintenance of databases into accordance with this Act and with the amendments made to the Databases Act by this Act by 1 January 2002.

§ 58. Bringing of document management procedures into accordance with this Act

(1) The Government of the Republic shall establish the bases for the document management procedures of state and local government agencies and legal persons in public law by 1 March 2001.

(2) Holders of information shall bring their document management procedures into accordance with this Act by 1 June 2001.

§ 59. Amendment of Criminal Code

Section 1673 is added to the Criminal Code (RT 1992, 20, 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 and 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 and 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533) worded as follows:

Ǥ 1673. Violation of requirements for disclosure and release of public information

The release of incorrect public information knowingly or the disclosure or release of information intended for internal use knowingly, if significant damage is thereby caused to the rights or interests of another person that are protected by law or to the public interest, is punishable by a fine or detention.»

§ 60. Amendment of Response to Petitions Act

The Response to Petitions Act (RT I 1994, 51, 857; 1996, 49, 953; 2000, 49, 304; 92, 597; 2001, 58, 354) is amended as follows:

1) the existing text of § 1 is considered subsection (1), and the section is amended by adding subsection (2) worded as follows:

«(2) This Act does not apply if requests for information are complied with pursuant to the Public Information Act.»;

2) clause 2 1) is amended by adding the words «and judicial» after the word «executive»;

3) subsection 7 (1) is amended and worded as follows:

«(1) Memoranda and petitions shall be submitted in clearly legible written form and shall be delivered in person or by post, fax or electronic mail.»;

4) section 7 is amended by adding subsection (5) worded as follows:

«(5) Petitions and memoranda sent to electronic mail addresses need not be autographically signed but shall be signed digitally, or each petition shall set out the name and number of the identity document and the personal identification code.»

§ 61. Amendment of Personal Data Protection Act

The Personal Data Protection Act (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387) is amended as follows:

1) in clause 4 (3) 1), the word «philosophical» [filosoofilisi] is substituted by the word «philosophical» [maailmavaatelisi];

2) clause 4 (3) 4) is repealed;

3) clause 4 (3) 5) is amended and worded as follows:

«5) information collected in criminal proceedings or in other proceedings to ascertain an offence before a public court session or before a judgment is made in a matter concerning an offence, or if this is necessary in order to protect public morality or the family and private life of persons, or where the interests of a minor, a victim, a witness or justice so require.»;

4) subsection (6) is added to § 9 worded as follows:

«(6) Personal data shall be released in accordance with this Act and the Public Information Act, and pursuant to the procedure prescribed by other Acts if a special procedure for the release of a particular kind of personal data is provided therein.»

§ 62. Amendment of Databases Act

The Databases Act (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) is amended as follows:

1) section 211 is added to the Act worded as follows:

Ǥ 211. Access to information maintained in state and local government databases

(1) Every person has the right to obtain information from state and local government databases to which access is not restricted by law.

(2) At the request of a person, the authorised processor of a state or local government database is required to release information within five working days as of receipt of a corresponding request unless another term is provided by law.

(3) Information pertaining to data protection and the technical processing of data shall not be released from a state or local government database or with regard to a database. Only processors of information and the person exercising supervision over the maintenance of the database or an investigative body have the right to access such information.

(4) Access to data processed in a state or local government database shall be ensured pursuant to the procedure, in the manner, under the conditions and within the terms provided for in the Public Information Act unless a different procedure or manner or other conditions or terms are provided by law. Access to personal data shall be granted in accordance with the Personal Data Protection Act and the Public Information Act.

(5) Databases which contain information which is important for the public shall be accessible through the public data communication network. Databases or parts thereof which are to be disclosed in this manner shall be provided for in the Act or other legislation which is the basis for establishment of the databases.»;

2) clause 40 (1) 6), clause 44 (1) 8) and clause 47 (1) 6) are repealed.

§ 63. Amendment of State Fees Act

The State Fees Act (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 9, 45; 13, 78; 79; 81; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151; 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 82, 477; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84; 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153; 154; 26, 156; 160) is amended as follows:

1) subsections 43 (1) and (3), subsections 45 (1) and (3), subsections 48 (1) and (3), subsection 57 (1), subsections 60 (1) and (3), § 61, subsection 61² (4), clause 67¹ (4) 1), clause 687 (3) 1) and subsection 689 (3) are repealed;

2) clause 671 (1) 1) is amended by adding the word «certified» after the words «case of a» and clause 671 (1) 2) is amended by adding the word «certified» after the words «case of»;

3) section 681 is amended by adding the word «certified» after the words «issue of a»;

4) section 682 is amended by adding the word «certified» after the words «issue of»;

5) clause 687 (1) 1) is amended by adding the word «certified» after the words «case of a» and clause 687 (1) 2) is amended by adding the word «certified» after the words «case of»;

6) subsection 89¹ (6) is amended by adding the word «certified» after the words «making of».

7) subsection 98 (2) is amended by adding the word «certified» after the words «issue of»;

8) subsection 106 (1) is amended by adding the word «certified» before the word «extracts» and subsection 106 (2) is amended by adding the word «certified» before the words «copy» and «extract»;

9) section 118 is amended by adding the word «certified» after the words «transcript of a»;

10) section 130 is amended by adding the word «certified» after the word «written»;

11) section 1478 is amended by adding the word «certified» after the words «release of»;

12) subsection 1902 (3) is amended by adding the word «certified» after the words «making of».

§ 64. Amendment of Archives Act

The Archives Act (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) is amended as follows:

1) subsection 40 (2) is amended by adding the words «, the Public Information Act» after the words «this Act»;

2) in subsection 42 (2), the words «Personal Data Protection Act (RT I 1996, 48, 944)» are substituted by the words «Personal Data Protection Act (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317) and the Public Information Act»;

3) the words «criminal convictions or judicial punishments of a person, criminal proceedings concerning a person» are omitted from subsection 42 (3);

4) subsection 42 (7) is amended and worded as follows:

«(7) The head of an agency shall establish restrictions on access to records designated only for the internal use of the agency pursuant to the procedure provided for in the Public Information Act. Access to such information shall be granted pursuant to the procedure prescribed in the Public Information Act.»

§ 65. Amendment of Public Libraries Act

The Public Libraries Act (RT I 1998, 103, 1696; 2000, 92, 597) is amended as follows:

1) subsection 10 (3) is amended by adding clause 4) worded as follows:

«4) in order to establish connection with the public data communication network and acquire the appropriate technical means.»;

2) the words «and granting access to public information through the public data communication network.» are added to the first sentence of subsection 15 (2)»;

3) subsection (21) is added to § 15 worded as follows:

«(21) A person requesting information shall be given the opportunity to use a computer in order to access information available through the public data communication network, pursuant to the Public Information Act. If more persons than a library can service request access to information available through the public data communication network, the library is required to organise pre-registration for persons requesting access to information. The employees of a library are required to assist persons gain access to the web sites of state and local government agencies.»

§ 66. Amendment of Environmental Monitoring Act

Section 8 of the Environmental Monitoring Act (RT I 1999, 10, 154; 54, 583; 2000, 92, 597; 2002, 63, 387) is amended as follows:

1) subsection (1) is amended and worded as follows:

«(1) Data from environmental monitoring carried out on the basis of a state or local government monitoring programme or to the extent determined by a natural resources exploitation permit or a pollution permit shall be published in the form of generalised periodicals and to the extent determined by the Minister of the Environment on the web site of the Ministry of the Environment, except in the cases specified in subsection (2) of this section.»

2) subsection (6) is repealed.

§ 67. Amendment of Chancellor of Justice Act

Section 231 is added to the Chancellor of Justice Act (RT I 1999, 29, 406; 2000, 92, 597; 2001, 43, 240; 58, 353; 2002, 30, 176; 57, 357; 2003, 20, 119; 23, 142) worded as follows:

«231. Classification of petition as information intended for internal use

At the request of a petitioner or if the Chancellor of Justice finds that a restriction on access to the petition is necessary in order to protect the rights and freedoms of persons, the Chancellor of Justice shall classify the petition and information contained therein as information intended for internal use.»

§ 68. Amendment of Digital Signatures Act

Section 43 of the Digital Signatures Act (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375) is amended as follows:

1) subsection (2) is amended and worded as follows:

«(2) The Government of the Republic shall establish uniform bases for the document management procedures of state and local government agencies and legal persons in public law by 1 March 2001 and the bases shall also enable the use of digitally signed documents in the document management of the agencies.»

2) subsection (3) is amended by adding the words «and legal persons in public law» after the words «government agencies» and by substituting the words «of the agencies» by the word «thereof».

§ 69. Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 January 2001.

 

01Ene/14

Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el plazo para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados previstas por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. (B.O.E. núm. 49/2000 del 26

El Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, estableció en su disposición transitoria única los plazos de implantación de las medidas de seguridad para los sistemas de información que se encontraran en funcionamiento en el momento de entrada en vigor de dicho Reglamento.

El «efecto 2000» ha obligado a los responsables de los sistemas informáticos a realizar un considerable esfuerzo de adaptación de dichos sistemas, lo que ha supuesto una dificultad objetiva para poder implantar en el plazo previsto las medidas de seguridad de nivel básico exigidas por el Reglamento. Resulta necesario por todo ello establecer un nuevo plazo para la implantación de estas medidas.

En su virtud, a propuesta de la ministra de Justicia, previo informe de la Agencia de Protección de Datos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2000, dispongo:

Artículo único.

Los sistemas de información que se encontraran en funcionamiento a la entrada en vigor del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, deberán implantar las medidas de seguridad de nivel básico previstas por dicho Reglamento en un plazo que finalizará el día 26 de marzo de 2000.

 

Disposición adicional única.

Con efecto retroactivo, se considerará rehabilitado como plazo para la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico, con la consiguiente exención de responsabilidad, el comprendido entre el momento de entrada en vigor del presente Real Decreto y el de conclusión del plazo fijado por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio

 

Disposición final única

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el B.O.E.

01Ene/14

Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

La tarjeta sanitaria individual se define, en el artículo 57 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, como un documento administrativo que acredita determinados datos de su titular y facilita el acceso de los ciudadanos a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. La misma ley establece que, sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en sus respectivos ámbitos territoriales, las tarjetas incluirán, de manera normalizada, los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica y del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria. Asimismo, se contempla que los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica y las aplicaciones que la traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado.

Por otra parte, la misma Ley 16/2003, de 28 de mayo, encomienda al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la generación de un código de identificación personal único para el Sistema Nacional de Salud, mediante el desarrollo de una base de datos que recoja la información básica de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los Servicios de Salud dispongan de un intercambio de información sobre la población protegida, mantenido y actualizado por los propios integrantes del sistema. De este modo se posibilita el cumplimiento del artículo 4.c) de la citada Ley, que establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudieran requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma.

Para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, se promulgó el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, que contempla la necesaria normalización de los datos básicos y la disponibilidad de la lectura, en todo el territorio del Estado, de los dispositivos que incorporen las tarjetas para almacenar la información. Asimismo, desarrolla la creación de la base de datos de población protegida por el Sistema Nacional de Salud y el proceso de asignación y características del Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud (en adelante CIP-SNS).
Por su parte, el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 contempla, en su artículo 5, en relación con la tarjeta sanitaria individual, que, a fin de articular de forma homogénea las previsiones del artículo 57 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, el Gobierno, en coordinación con las administraciones sanitarias, establecerá el formato único y común de tarjeta sanitaria válido para todo el Sistema Nacional de Salud. A fin de desarrollar lo dispuesto por el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de 29 de febrero de 2012, aprobó el proyecto de formato único y común de tarjeta sanitaria individual válido para todo el Sistema Nacional de Salud.

En la tramitación de esta norma han sido consultadas y han emitido informe las comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo. Igualmente ha sido sometida al informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2013, dispongo:

 

Artículo único. Modificación del Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

El Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 3. Datos básicos comunes y especificaciones técnicas de la tarjeta sanitaria individual.

1. Con objeto de disponer de datos normalizados de cada persona, en su condición de usuaria del Sistema Nacional de Salud, independientemente del título por el que accede al derecho a la asistencia sanitaria y de la administración sanitaria emisora, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud.

2. Los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria son:

a) Identidad institucional de la comunidad autónoma o entidad que la emite.

b) Los rótulos de «Sistema Nacional de Salud de España» y «Tarjeta Sanitaria».

c) Código de identificación personal asignado por la administración sanitaria emisora de la tarjeta (CIP-AUT).

d) Nombre y apellidos del titular de la tarjeta.

e) Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS).

f) Código de identificación de la administración sanitaria emisora de la tarjeta.

3. En los supuestos en los que así lo autorice la ley, atendidas las necesidades de gestión de las diferentes administraciones sanitarias emisoras, podrán incorporarse además a la tarjeta sanitaria el número del Documento Nacional de Identidad de su titular o, en el caso de extranjeros, el número de identidad de extranjeros, el número de la Seguridad Social, la fecha de caducidad de la tarjeta para determinados colectivos o el número de teléfono de atención de urgencias sanitarias, todos ellos en formato normalizado. Igualmente se podrá incluir una fotografía del titular de la tarjeta sanitaria.

4. A instancia de parte, o de oficio en aquellas administraciones sanitarias que así lo prevean en su normativa, en el ángulo inferior derecho de la tarjeta sanitaria se grabarán, en braille, los caracteres de las iniciales de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI).

5. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con las comunidades autónomas y demás administraciones públicas competentes, establecerá los requisitos y los estándares necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica, y las aplicaciones que las traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado.

6. Las características específicas, los datos normalizados y la estructura de la banda magnética de la Tarjeta Sanitaria Individual se adaptarán a las especificaciones que figuran en el anexo.»

Dos. Se modifica el artículo 8 que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 8. Colectivos asegurados a través de regímenes especiales.

A cada titular y beneficiario asegurado a través de regímenes especiales le será expedida una tarjeta sanitaria, con las adecuaciones derivadas de las características de estos regímenes de aseguramiento, con soporte informático, con las características básicas que se definen en este real decreto incluida la asignación de un código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud. Los datos de dicha tarjeta sanitaria se incorporarán al sistema de intercambio de información que proporciona la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud.»

Tres. Se incorpora un anexo con la siguiente redacción:

1.- Anverso

Modelo con fotografía

Modelo sin fotografía

Descripción:

Ángulo superior izquierdo: imagen institucional de la administración sanitaria emisora o fotografía del titular de la tarjeta sanitaria.

Franja superior o universal:

1.ª línea (a la derecha): SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA (Arial Narrow, 9 pt, negrita). Rótulo.

2.ª línea (a la derecha): Tarjeta Sanitaria (TNRoman, 10 pt, negrita). Rótulo.

Franja media:

Entre la segunda línea de la franja superior y la primera línea de la franja inferior se incluirá la imagen institucional de la administración sanitaria emisora de la tarjeta en el caso que en el ángulo superior izquierdo se sitúe la fotografía del titular.

Franja inferior

1.ª línea: BGKX004499816015 (TNRoman, 11 pt, negrita).

(Código de identificación personal asignado por la administración sanitaria que emite la tarjeta)

2.ª línea: Adicionales

 

DNI/NIE

Núm. SS

Fecha caducidad

Teléfono urgencias

98979695R

58/68752834/56

02/16 999

999 999

 
(TNRoman, 9 pt, normal)

– Formato DNI: ocho dígitos y letra de control.

– Formato NIE: letra inicial, siete dígitos y letra final de control.

– Formato Número Seguridad Social: doce dígitos, dos de provincia, ocho de orden y dos de control.

– Formato Fecha de caducidad: mm/aa.

– Formato Teléfono: máximo nueve dígitos.

3.ª línea: NOMBRE APELLIDO PRIMERO APELLIDO SEGUNDO

(TNRoman, 9 pt, negrita).

(Hasta 40 caracteres, si tiene más el punto de truncado sería el último carácter. De ser necesarios más caracteres se minorará el tipo de letra respetando en todo caso la inclusión de los datos en una única línea).
CIPSNS CITE TSI

4.ª línea: BBBBBBBBQR648597 80724000122 Braille

(Ambos códigos NTRoman, 9 pt, negrita) (si procede).

CIPSNS: 16 caracteres alfanuméricos.

CITE (Código administración sanitaria emisora de la tarjeta): once dígitos (según norma UNE- EN 1387:1997) en el siguiente orden:

– 2 dígitos: área de actividad (80).

– 3 dígitos: código país norma ISO 3166.

– 5 dígitos: código de la entidad que emite la tarjeta.

– 1 dígito de control.

Ángulo inferior derecho: A instancia de parte, o de oficio en aquellas administraciones sanitarias que así lo prevean en su normativa, se grabarán en Braille los caracteres de las iniciales de Tarjeta Sanitaria Individual, siguiendo la norma UNE-EN 1332.1:2010, en su parte 5 de marzo de 2006.

2. Reverso:

Banda magnética con tres pistas:

Pista 1 alfanumérica:

– CIP-xx asignado por la administración sanitaria emisora de la tarjeta.

– CIP-SNS único asignado por el Sistema Nacional de Salud.

– Código de la administración sanitaria emisora (dos dígitos, el software de lectura convertirá este código al CITE que figura en el anverso de la tarjeta).

– Nombre y apellidos del titular.

Pista 2 numérica: libre.

Pista 3 regrabable.

3. Características específicas:

Tamaño de la tarjeta: ID1 siguiendo los estándares ISO 7810 de 1985.

Si la tarjeta incorpora chip su ubicación se atendrá a la norma UNE-EN 1387:1997.

Banda magnética, de alta coercitividad, de lectura-escritura, con tres pistas, norma ISO 7811 de 1985.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

Disposición adicional única. Sustitución de tarjetas sanitarias individuales.

El proceso de sustitución de las actuales tarjetas se llevará a cabo de forma progresiva, con motivo de su renovación por cualquier causa o de nuevas emisiones, debiendo estar finalizado antes de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto, siempre que las disponibilidades presupuestarias de las diferentes administraciones públicas competentes lo permitan.

DISPOSICIÓN FINAL

 

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

01Ene/14

Reforma de varios artículos de la Ley nº 8.039, Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de Octubre de 2000 y sus reformas. Expediente nº 17.342 de 19 de junio de 2012

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY nº 8039, LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE 12 DE OCTUBRE DE 2000, Y SUS REFORMAS

EXPEDIENTE nº 17.342 REDACCIÓN FINAL 19 de junio de 2012

PRIMERA LEGISLATURA (Del 1º de mayo de 2012 al 30 de abril de 2013)

PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS (Del 1º de mayo de 2012 al 31 de julio de 2012)

COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN

Departamento Comisiones Legislativas

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

DECRETA:

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 8039, LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE 12 DE OCTUBRE DE 2000, Y SUS REFORMAS

 

ARTÍCULO ÚNICO.-

 Se modifican los artículos 51, 52, 54 y 58 de la Ley nº 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre de 2000, y sus reformas, en los términos que se detallan a continuación:

1.-

Se reforman el párrafo final del artículo 54 y el párrafo final del artículo58, que se leerán de la siguiente manera:

 

«Artículo 54.- Reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas o fonogramas

[…]

 No será punible la reproducción, sin fines de lucro, de obras literarias o artísticas o fonogramas en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa reproducción sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. Igualmente, no será punible la prestación de servicios de fotocopiado o reproducción de obras literarias o artísticas o fonogramas adquiridos por estudiantes y personal docente únicamente para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza y de conformidad con los usos debidos.»

 

«Artículo 58.- Adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas

[…]No será punible la utilización de obras literarias o artísticas, en la medida requerida, para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, por medio de antologías o compendios, publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si el nombre figura en la fuente.»

 

2.-

En los artículos 54 y 58 se eliminan las siguientes disposiciones :

i) En el inciso b) del artículo 54 la frase: «seis meses a dos años de prisión

ii) En el inciso c) del artículo 54 la frase: «uno a cuatro años de prisión o»

iii) En el inciso d) del artículo 54 la frase: «tres a cinco años de prisión o»

iv) En el párrafo primero del artículo 58 la frase: «prisión de uno a cinco años o».

3.-

Se adicionan un párrafo final al artículo 51 y un párrafo final al artículo52, cuyo texto dirá:

«Artículo 51.- Representación pública, comunicación o puesta a disposición del público, sin autorización, de obras literarias o artísticas

 […]No será punible la representación pública, la comunicación o la puesta a disposición del público, sin fines de lucro, de obras literarias o artísticas en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa representación, comunicación o puesta a disposición del público sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

«Artículo 52.- Comunicación o puesta a disposición del público de fonogramas, ejecuciones e interpretaciones o emisiones, sin autorización

[…]No será punible la comunicación, sin fines de lucro, de fonogramas, ejecuciones e interpretaciones o emisiones en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa comunicación sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.»

Rige a partir de su publicación.

DADA EN LA SALA VII, SEDE DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEREDACCIÓN.- San José a los diecinueve días del mes de junio de dos mil doce.

María Julia Fonseca Solano 

José Joaquín Porras Contreras

Annie Alicia Saborío Mora 

Claudio Monge Pereira

Pilar Porras Zúñiga

DIPUTADOS

 

 

01Ene/14

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Va

El apartado segundo de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la CNMV, contempla la posibilidad de aprobar y modificar la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones, correspondientes a servicios, procedimientos y trámites específicos, que conforme a lo previsto en la letra a) del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, pueden presentarse en el Registro Electrónico de la CNMV. El Anexo I de la citada Resolución recoge la relación de trámites mediante documentos electrónicos normalizados susceptibles de ser presentados ante el Registro Electrónico de la CNMV. Este anexo I fue ya modificado por las Resoluciones de 28 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2012 y 4 de octubre de 2013, de la CNMV.

La Circular 6/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos de Activos Bancarios, señala en su norma 4.ª apartado 3 que la presentación a la CNMV de los modelos de los estados financieros públicos y de los estados reservados de información estadística deberá hacerse por vía telemática mediante el servicio CIFRADOC/CNMV.

También, la Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamaciones y quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a consultas en el ámbito del mercado de valores, señala en su norma quinta, apartado 1 que las quejas o reclamaciones colectivas obligatoriamente se presentarán en el Registro Electrónico de la CNMV, como documentos electrónicos normalizados, a través del servicio CIFRADOC/CNMV y el intercambio de documentación en la tramitación de expedientes de reclamación o queja entre la CNMV y la entidad contra la que se reclame, obligatoriamente habrá de hacerse mediante el servicio CIFRADOC/CNMV.

Y el apartado 2 del artículo 21 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, establece que las condiciones finales, cuando no figuren en el folleto de base ni en un suplemento, deberán facilitarse a los inversores y se depositarán en la CNMV con motivo de cada admisión a negociación tan pronto como sea factible para la persona que solicita la admisión y, si es posible, antes del comienzo de la oferta pública o de la admisión a negociación. Para el caso de la admisión a negociación de una emisión de warrants, las características de las distintas series de warrants que se agrupan en la emisión suponen un elevado número de datos cuyo envío y tratamiento conviene realizar en soporte informático, por tanto es oportuno, por razones de rapidez y eficacia, que el envío por el emisor de estas características a la CNMV se realice por su Registro Electrónico, como documento electrónico normalizado, a través del servicio CIFRADOC/CNMV.

Procede, por lo tanto modificar de nuevo el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la CNMV, con el fin de incorporar estos cuatro nuevos trámites.

Por todo lo anterior, resuelvo:

 

Primero.

Se incorporan a la relación del anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la CNMV, modificada por las Resoluciones de 28 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2012 y 4 de octubre de 2013, de la CNMV, los siguientes trámites:

 

Código

Descripción

FAB

Información periódica de Fondos de Activos Bancarios.

REC

Reclamaciones colectivas de inversores.

ALR

Alegaciones de entidades reclamadas por inversores.

WAR

Características de Warrants agrupados en una emisión.

El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite FAB se halla en los anexos I y II de la Circular 6/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite REC se halla en el anexo 2 de la Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite ALR contendrá los siguientes campos: código de la reclamación, entidad reclamada, fecha y hora de presentación de las alegaciones, persona física que firma electrónicamente en representación de la entidad reclamada y alegaciones que se adjuntan.

El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite WAR deberá contener la información determinada en el «modelo de las condiciones finales» que se ha de incluir en el folleto de base según lo establecido por el artículo 22.5.1bis del Reglamento de la Comisión Europea n.º 809/2004 de 29 de abril de 2004, según redacción dada por el Reglamento Delegado (UE) n.º 486/2012 de 30 de marzo de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 809/2004 en lo que se refiere al formato y el contenido del folleto, del folleto de base, de la nota de síntesis y de las condiciones finales, en cuanto a los requisitos de información. Igualmente, cuando la emisión sea de valores con nominal unitario inferior a 100.000 euros, se adjuntará a las condiciones finales el resumen de la emisión cuyo contenido se establece en el artículo 24.3 del Reglamento de la Comisión Europea n.º 809/2004 de 29 de abril de 2004, tal y como éste ha quedado modificado por el citado Reglamento Delegado n.º 486/2012.

El anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la CNMV modificado se incorpora como anexo a esta resolución.

 

Disposición final única.

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «BOE».

 

Madrid, 12 de marzo de 2014.

La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer

 

ANEXO I.- DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA CNMV, MODIFICADO POR LAS RESOLUCIONES DE 28 DE FEBRERO DE 2012, 31 DE OCTUBRE DE 2012, 4 DE OCTUBRE DE 2013 Y 12 DE MARZO DE 2014, DE LA CNMV

Trámites mediante documentos electrónicos normalizados

 

Código

Descripción

ADA

Certificaciones complementarias de admisiones.

ALR

Alegaciones de entidades reclamadas por inversores.

CAA

Cuentas anuales auditadas de sociedades cotizadas.

CAE

Cuentas anuales auditadas e Informe complementario de las ESI y sus grupos consolidables.

CAG

Cuentas anuales auditadas de las SGIIC.

CAI

Cuentas anuales auditadas de las IIC.

CDD

Cuadros de difusión de ofertas públicas.

CAP

Comunicación de acciones propias (autocartera).

CDT

Comunicación de Transacciones.

CFP

Condiciones Finales de Pagarés.

COS

Comunicación de Operaciones Sospechosas.

CSI

Consejeros de Sociedades de Inversión.

ECI

Estados contables y estadísticos de Sociedades Gestoras de IIC.

ECR

Estados financieros de Entidades de Capital Riesgo.

ECS

Estados financieros de los grupos consolidables de Sociedades y Agencias de Valores.

EEI

Estados Estadísticos de IIC extranjeras.

EFF

Estados financieros de Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria.

EFI

Estados financieros de Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.

EFS

Estados financieros de Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de Cartera.

EGC

Estados contables y estadísticos de las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo.

EIT

Extractos de Informes de Tasación.

ERI

Estatutos y reglamentos de IIC.

ESR

Estados de información reservada y pública de las Sociedades Rectoras.

FAB

Información periódica de Fondos de Activos Bancarios.

FAI

Función de auditoría interna.

FOI

Folletos de IIC.

FTA

Informes de Fondos de Titulización.

HSR

Hecho Significativo o Relevante.

IAA

Informe anual de autoevaluación de las ESI y sus grupos consolidables.

ICI

Informe de control interno de las ESI y sus grupos consolidables.

IEE

Informe de experto EAFI personas físicas.

IGC

Informe anual de Gobierno Corporativo.

IPA

Informe de auditores sobre la protección de activos de las ESI y entidades financieras.

IPE

Informes Periódicos de IIC.

IPP

Información Pública Periódica (trimestrales y semestrales) de Entidades Emisoras de valores admitidos a negociación.

IRC

Informe de Remuneraciones de Consejeros.

IRE

Información reservada anual de las ESI.

ISD

Informes Semestrales de Depositarios.

NDA

Negociación diaria del mercado AIAF.

NVI

Nota de Valores de emisión individual de Renta Fija.

OIF

Estados estadísticos sobre activos y pasivos de las IIC de la U.E.

PCO

Notificación de posiciones cortas.

PGE

Colocación de Pagarés.

PSC

Participaciones Significativas en Sociedades cotizadas.

PSI

Participaciones Significativas en IIC.

REC

Reclamaciones colectivas de inversores.

RIX

Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras.

RPE

Representantes de Empresas de Servicios de Inversión.

SCM

Solicitud de excepción a notificar Participaciones Significativas aplicable a los creadores del mercado.

SLT

Solicitud de autorización a Liquidación de Tasas por vía telemática.

TAR

Folleto informativo de Tarifas.

TAS

Liquidación de Tasas por vía telemática.

TIT

Información de Gestoras de Titulización.

UME

Información estadística para Unión Monetaria Europea.

WAR

Características de Warrants agrupados en una emisión.

ZZZ

Envío de un documento con formato libre.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos del 4 de abril de 2007

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos del 4 de abril de 2007, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y, en particular, su artículo 41,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN

I. Observaciones preliminares

La iniciativa y el dictamen del SEPD

1. En febrero de 2007, 15 Estados miembros tomaron la iniciativa con miras a adoptar la Decisión del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (3). Dicha iniciativa trata asuntos relativos al tratamiento de datos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Datos se encarga de asesorar sobre esta iniciativa puesto que esto forma parte de las tareas que se le han encomendado, en particular en el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 45/2001. El SEPD emite este dictamen de oficio, ya que no se ha presentado al SEPD ninguna petición (4). A juicio del SEPD, el presente dictamen debería mencionarse en el preámbulo de la Decisión del Consejo (5).

El contexto y el contenido de esta iniciativa

2. El contexto de esta iniciativa es único dentro de la cooperación contemplada en el tercer pilar. La iniciativa tiene por objetivo hacer que las partes fundamentales del Tratado de Prüm, celebrado el 27 de mayo de 2005 por siete Estados miembros (6), se apliquen a todos los Estados miembros. Dichas partes fundamentales ya han sido ratificadas por algunos de estos Estados miembros, mientras que el resto de ellos están en el proceso de ratificación. Por lo tanto, queda claro que no se tiene la intención de cambiar el contenido de dichas partes fundamentales (7).

3. Según su preámbulo, la iniciativa debe verse como una aplicación del principio de disponibilidad que se presentó en el Programa de La Haya de 2004 como un planteamiento innovador del intercambio transfronterizo de información entre los servicios de seguridad (8). La iniciativa se presenta como una alternativa a la propuesta de Decisión Marco del Consejo sobre el intercambio de información en el marco del principio de disponibilidad sobre la cual el SEPD emitió un dictamen el 28 de febrero de 2006 (9), que no se debatió en el Consejo con vistas a que se adoptase.

4. La iniciativa adopta un enfoque que difiere fundamentalmente de la propuesta de Decisión Marco del Consejo mencionada más arriba. Mientras que la propuesta prevé el acceso directo a la información disponible, la iniciativa tiene como objetivo el acceso indirecto mediante índices de referencia. Asimismo, la iniciativa requiere que los Estados miembros recopilen y almacenen ciertas informaciones aunque aún no estén disponibles en la jurisdicción nacional.

5. Un punto muy importante de la iniciativa es el intercambio de datos biométricos entre la policía y las autoridades judiciales de los Estados miembros, en particular los datos de los ficheros de análisis de ADN y los sistemas automatizados de identificación dactiloscópica (sistemas que contienen impresiones dactilares (10)).

6. La iniciativa incluye un capítulo 6 titulado «Disposiciones generales sobre protección de datos». Este capítulo incluye varias disposiciones de protección de datos que se adaptan específicamente al tipo de intercambio de datos que regulan (11). El capítulo 6 también hace referencia al Convenio no 108 del Consejo de Europa (12) y los documentos relacionados del Consejo de Europa como un marco general para la protección de datos, en ausencia de la adopción de una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (13).

II. Objetivo del dictamen del SEPD

7. Este dictamen tomará en cuenta la particular naturaleza de la iniciativa, concretamente el hecho de que no se prevén modificaciones importantes en el contenido de las disposiciones. Por ello, el SEPD se centrará en algunos problemas generales en relación con la iniciativa y su contexto. Las modificaciones que el SEPD propone esencialmente sirven para mejorar el texto sin modificar el sistema de intercambio de información mismo.

8. El primer problema es de carácter procedimental. La iniciativa implica que unos pocos Estados miembros fijen los principios de actuación de la totalidad de los Estados miembros en un ámbito cubierto por las disposiciones del Tratado UE, en especial el título VI del Tratado UE (el tercer pilar). No se han respetado los procedimientos que figuran en el Título VI sobre una cooperación reforzada.

9. El segundo problema es relativo al principio de disponibilidad. Aunque la iniciativa debe verse como una aplicación de este principio, no conduce hacia la disponibilidad propiamente dicha sino que sólo es un paso más hacia la disponibilidad de la información en materia policial y judicial más allá de las fronteras de los Estados miembros. Es parte de un enfoque poco sistemático que busca facilitar el intercambio de la información en materia policial y judicial.

10. El tercer problema se puede limitar al problema de la proporcionalidad. Es difícil evaluar si la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza justifica las disposiciones de la iniciativa para la Decisión del Consejo. El SEPD recuerda que el Tratado de Prüm se elaboró como un «laboratorio» de intercambio de información transfronterizo, en particular de ficheros de análisis de ADN e impresiones dactilares. Sin embargo, esta iniciativa se presenta antes de que los experimentos de intercambio se hayan realizado con éxito (14).

11. El cuarto problema tiene que ver con la utilización de los datos biométricos. La iniciativa requiere recopilar, almacenar e intercambiar (de manera limitada) ficheros de análisis de ADN e impresiones dactilares. La utilización de estos datos biométricos por los servicios de seguridad presenta riesgos específicos para las personas implicadas y requiere garantías adicionales para proteger sus derechos.

12. El quinto problema tiene que ver con el hecho de que la Decisión del Consejo debería construirse sobre la base de un marco general apropiado para la protección de datos en el tercer pilar, lo que aún no se ha establecido a escala de la UE. En cuanto a esto, el SEPD ilustrará la importancia de tal marco general como condición indispensable para el intercambio de datos personales por parte de las autoridades de los servicios de seguridad, basado en esta iniciativa.

III. Procedimiento y base jurídica

13. Por lo general se compara el Tratado de Prüm con el Acuerdo de Schengen de 1985 y el Convenio de Schengen de 1990 por razones obvias. Varios de los mismos países están implicados, el contenido se asemeja y existe un vínculo estrecho en cuanto a la cooperación dentro de la UE (15). Sin embargo, hay una diferencia esencial con Schengen. Actualmente, hay un marco jurídico europeo que permite a la Unión Europea regular los asuntos correspondientes y existen planes concretos para que se utilice en lo que respecta los asuntos (principales) que abarca el Tratado de Prüm. Más aún, cuando se celebró el Tratado de Prüm la Comisión ya estaba preparando una propuesta de Decisión Marco del Consejo (16).

14. Sin embargo, los Estados miembros implicados optaron por unanimidad por un tratado multilateral que les permitiera eludir el cauce espinoso del tercer pilar. También eludieron los requisitos esenciales y de procedimiento de la cooperación reforzada incluidos en los artículos 40, 40 bis, 43 y 43 bis del Tratado UE (17). Esto es aún más importante dado que el procedimiento en el marco de la cooperación reforzada era obligatorio si al menos ocho Estados miembros participaban. Sin embargo, sólo siete Estados miembros firmaron el Tratado de Prüm, pero después alentaron la adhesión de otros Estados miembros. Se podría decir que el Tratado de Prüm viola las leyes de la Unión Europea por los motivos explicados más arriba. Sin embargo, este argumento es esencialmente teórico en el marco del tercer pilar en el que la Comisión tiene poderes limitados para asegurarse de que los Estados miembros respetan las leyes de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas así como también otros tribunales tienen competencias limitadas.

15. En la situación actual, 15 Estados miembros tomaron la iniciativa con el objetivo de remplazar el Tratado de Prüm por una Decisión del Consejo. Aunque oficialmente no se excluye (y no se puede excluir) la posibilidad de una modificación de la naturaleza de las disposiciones, queda claro que el objetivo de los Estados miembros que presentaron la iniciativa es de no permitir que se introduzca ninguna modificación importante. Este objetivo se debe a que los siete «países Prüm» acaban de incorporar el Tratado de Prüm a escala de sus Derechos internos (o están en una etapa avanzada de su incorporación) y no desean cambiar sus disposiciones nacionales nuevamente. La manera en que procede la Presidencia alemana del Consejo ilustra dicho objetivo. Por ejemplo, el tiempo para la adopción es muy justo y la iniciativa no será examinada por un Grupo del Consejo sino sólo por el Comité del Artículo 36 (el Comité de coordinación previsto en el artículo 36 del TUE, compuesto por altos funcionarios).

16. Por consiguiente, se niega voz y voto verdaderos a los demás Estados miembros en la elección de normas. Sólo pueden elegir entre participar o no participar. Dado que el tercer pilar requiere unanimidad, el hecho de que uno de los Estados miembros desapruebe el texto puede resultar en que los demás Estados miembros prosigan según las bases del procedimiento de cooperación reforzada.

17. Este contexto también afecta la legitimidad democrática de la iniciativa puesto que el dictamen del Parlamento Europeo con arreglo al artículo 39 del TUE casi no puede tener consecuencia alguna en la elección de las normas. Asimismo, el presente dictamen sólo puede tener un efecto limitado.

18. Según el SEPD, es lamentable que se haya aplicado este procedimiento. Niega toda necesidad de un proceso legislativo democrático y transparente puesto que ni siquiera respeta las prerrogativas con arreglo al tercer pilar que ya son bastante limitadas. A estas alturas, el SEPD reconoce el hecho de que se ha elegido este procedimiento y por ello el presente dictamen de ahora en adelante se concentrará principalmente en el contenido de la iniciativa.

19. Por último, el SEPD ha señalado el hecho de que la iniciativa prevé el instrumento de una Decisión del Consejo y no una Decisión Marco del Consejo aunque la iniciativa esté relacionada con el propósito de armonizar las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Esta elección de instrumento puede estar relacionada con la posibilidad de adoptar y aplicar medidas por mayoría cualificada en el caso de las Decisiones del Consejo en virtud del artículo 34, apartado 2, letra c del TUE. El artículo 34 de la iniciativa trata de estas medidas de ejecución.

20. El SEPD recomienda añadir una frase al artículo 34 de la iniciativa para una Decisión del Consejo, que es como sigue: «El Consejo consultará el SEPD antes de adoptar una medida de ejecución de este tipo». El motivo de esta modificación es obvio. Las medidas de ejecución por lo general afectarán al tratamiento de datos personales. Además, si la Comisión no toma la iniciativa para este tipo de medidas, no se aplica el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001.

21. En este contexto, cabe señalar que los siete Estados miembros que firmaron el Tratado de Prüm también celebraron el 5 de diciembre de 2006 un acuerdo de ejecución que incluye las disposiciones necesarias a la incorporación técnica y administrativa del Tratado (18) y su aplicación. Se puede suponer que este acuerdo de ejecución será el modelo para las medidas de ejecución en virtud al artículo 34 de la iniciativa para una Decisión del Consejo. El presente dictamen hará referencia a este acuerdo de ejecución en la medida en que esto puede contribuir a una mejor comprensión de la iniciativa misma.

IV. La iniciativa y el principio de disponibilidad

22. El principio de disponibilidad puede verse como un instrumento fundamental para la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. El libre intercambio de información entre las autoridades de los servicios de seguridad es un avance esencial para afrontar las restricciones territoriales en la lucha contra la delincuencia habida cuenta de la subsistencia de las fronteras intracomunitarias para las investigaciones.

23. De acuerdo con el Programa de La Haya, el principio significa «que, en todo el territorio de la Unión, un funcionario de policía de un Estado miembro que necesite información para llevar a cabo sus obligaciones pueda obtenerla de otro Estado miembro y que el organismo policial del otro Estado miembro que posea dicha información la facilitará para el propósito indicado, (…)». Asimismo, el Programa subraya que los «métodos de intercambio de información deberán hacer pleno uso de las nuevas tecnologías y adaptarse a cada tipo de información, si procede a través del acceso recíproco a las bases de datos nacionales o la interoperabilidad de las mismas, o del acceso directo (en línea)».

24. En este contexto, la iniciativa sólo da un pequeño paso hacia adelante. Sus ambiciones son mucho más pequeñas que las de la Propuesta de la Comisión de una Decisión Marco del Consejo relativa al intercambio de información en virtud del principio de disponibilidad. La iniciativa puede calificarse como un paso hacia la disponibilidad pero no aplica en sentido estricto el principio de disponibilidad. Complementa otras medidas que buscan facilitar el intercambio de informaciones entre los servicios de seguridad, como la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (19) que debe velar por que se facilite la información y la inteligencia a los Estados miembros, previa petición.

25. En su dictamen relativo a dicha Propuesta de la Comisión, el SEPD defendió que el principio de disponibilidad debería aplicarse mediante un enfoque más cauto y gradual. En este enfoque, los tipos de datos intercambiados con arreglo al principio de disponibilidad se limitarán y sólo se permitirá el acceso indirecto, mediante datos índice (20). Este tipo de enfoque gradual permite que la parte interesada controle la eficacia del intercambio de información entre los servicios de seguridad así como también sus consecuencias para la protección de los datos personales del ciudadano.

26. Estas observaciones siguen siendo válidas en el contexto actual. El SEPD saluda el hecho de que esta iniciativa tenga un enfoque más cauto y gradual en cuanto a la manera de aplicar el principio de disponibilidad.

27. Los artículos 5 y 10 de la iniciativa son un ejemplo de este enfoque. Tratan de la transmisión de otros datos de carácter personal (y otra información) siguiendo una concordancia entre perfiles de ADN e impresiones dactilares respectivamente. Ambos casos se regirán de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro requerido, incluidas sus disposiciones relativas a la asistencia judicial. El efecto jurídico de estos dos artículos es limitado. Son una norma de conflictos de leyes (de naturaleza declarativa; no cambian el contexto actual), pero no aplican el principio de disponibilidad (21).

V. Necesidad y proporcionalidad

28. Un intercambio de información eficaz entre los servicios de seguridad es un asunto clave en la cooperación policial y judicial. Para la consolidación de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores es fundamental que se acceda a la información más allá de las fronteras nacionales. Se necesita un marco jurídico apropiado para facilitar el intercambio.

29. Otro problema diferente es determinar si la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza justifica las disposiciones de dicha iniciativa o, en otras palabras, si son necesarias y proporcionales.

30. Primero, se han adoptado varias medidas a escala de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información entre los servicios de seguridad. En algunos casos estas medidas incluyen el establecimiento de una organización centralizada, como Europol o Eurojust, o un sistema de información centralizado, como el Sistema de Información de Schengen. Otras medidas tratan del intercambio directo entre los Estados miembros, como esta iniciativa. Sólo recientemente, se ha adoptado la Decisión Marco 2006/960/JAI como un instrumento que busca simplificar el intercambio de la información entre los servicios de seguridad.

31. Por lo general, sólo se deberían adoptar nuevos instrumentos legales sobre la cooperación policial y judicial tras un estudio de las medidas legislativas ya existentes, que lleve a la conclusión de que dichas medidas existentes no bastan. Los considerandos de esta iniciativa no presentan evidencia de un estudio completo de las medidas existentes. Mencionan la Decisión Marco 2006/960/JAI e indican que se deberá hacer pleno uso de la nueva tecnología y que se proporcionará el acceso recíproco a las bases de datos nacionales. Se intercambiará información precisa rápida y eficazmente. Esto es todo. No se hace referencia por ejemplo al intercambio de información entre los Estados miembros mediante el Sistema de Información de Schengen, que es un instrumento fundamental para el intercambio de información entre los Estados miembros.

32. El SEPD lamenta el hecho de que esta iniciativa se apruebe sin una evaluación correcta de las medidas existentes sobre el intercambio de información entre los servicios de seguridad y hace un llamamiento al Consejo para que incluya este tipo de evaluación en el proceso de adopción.

33. En segundo lugar, como se ha dicho más arriba el Tratado de Prüm se elaboró como un «laboratorio» de intercambio de información transfronterizo, en particular de ADN e impresiones dactilares. Permitió a los Estados miembros implicados experimentar con este intercambio. En la fecha en la que se publica la iniciativa de una Decisión del Consejo los experimentos no se han llevado a la práctica con éxito a escala más importante, salvo un primer intercambio entre Alemania y Austria (22).

34. El SEPD no está convencido de que los primeros resultados del intercambio limitado -durante un corto periodo y habiendo sólo dos Estados miembros implicados, aunque sea muy interesante- puedan utilizarse como evidencia empírica suficiente para aplicar el sistema a todos los Estados miembros.

35. En cuanto a la escala, no es lo mismo que se establezca un sistema de intercambio de información entre unos pocos Estados miembros, que ya han experimentado con bases de datos de ADN, o que se establezca un sistema utilizado por toda la UE, incluidos los Estados miembros que no tienen ninguna experiencia. Además, la pequeña escala permite un contacto estrecho entre los Estados miembros implicados; este tipo de contactos podrían utilizarse también para controlar los riesgos para la protección de los datos personales de las personas implicadas. Asimismo, se supervisa de manera más fácil la pequeña escala. Entonces, aunque el Tratado de Prüm sea necesario y proporcional, esto no quiere decir de por sí que esta iniciativa deberá evaluarse en la misma dirección.

36. En tercer lugar, como se demostrará más abajo en el presente dictamen, existen grandes diferencias entre las leyes nacionales de los Estados miembros en lo que se refiere al almacenamiento y la utilización de los datos biométricos con fines policiales. Asimismo, las prácticas nacionales no están armonizadas. En este contexto, también se debe señalar que aún no se ha adoptado un marco jurídico armonizado para la protección de datos en el tercer pilar.

37. La iniciativa no armoniza los elementos fundamentales del almacenamiento y el intercambio de los distintos tipos de datos incluidos en la misma. A título de ejemplo, la iniciativa no es precisa en cuanto a los propósitos de la obtención y el intercambio. ¿Las disposiciones sobre los perfiles de ADN se aplican a todos los delitos o un Estado miembro puede limitar su aplicación a los delitos más graves? La iniciativa no es clara ni en cuanto al círculo de las personas a las que se refieren los datos recopilados intercambiados. ¿Las bases de datos sólo contienen informaciones (biométricas) sobre sospechosos y/o condenados, o también sobre otras personas como testigos o personas que se encontraban próximas al lugar donde se cometió un delito? Según el SEPD, habría sido preferible que hubiera una mínima armonización en lo que se refiere a estos elementos fundamentales, también para velar por el respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad.

38. El SEPD llega a la siguiente conclusión. Hay inequívocos indicios de que es probable que esta iniciativa sea un instrumento útil para la cooperación policial. Estos indicios son aún más importantes a la luz de las primeras experiencias con el Tratado de Prüm en Alemania y Austria. Sin embargo, no se puede realizar fácilmente un estudio de la necesidad y de la proporcionalidad de esta iniciativa. El SEPD lamenta el hecho de que se tome esta iniciativa sin una evaluación adecuada del impacto que tome en consideración las observaciones realizadas en esta parte del dictamen. Hace un llamamiento al Consejo para que incluya este tipo de evaluación en el proceso de adopción y que estudie como parte de dicha evaluación otras opciones políticas -que posiblemente supongan una menor intrusión (23).

39. Además el SEPD propone incluir una cláusula de evaluación en el capítulo 7 de la iniciativa («Disposiciones de ejecución y disposiciones finales»). Este tipo de cláusula de evaluación es como sigue: «La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de la aplicación de la presente Decisión del Consejo con vistas a determinar si es necesario modificar las disposiciones de la presente Decisión del Consejo, no más de tres años tras su entrada en vigor».

40. Dicha cláusula de evaluación es un instrumento especialmente útil en el presente contexto en el que la necesidad y la proporcionalidad de esta iniciativa no se han establecido claramente (aún) y en el que se introduce un sistema de intercambio de información utilizado por toda la UE que se basa en experiencias limitadas.

VI. Diversos tipos de datos: perfiles de ADN, impresiones dactilares y datos de matriculación de vehículos

Observaciones generales

41. El capítulo 2, acceso en línea y peticiones consecutivas, distingue tres tipos de datos: los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos. Esta distinción lleva a dos observaciones generales.

42. En primer lugar, cabe señalar que todos los datos tratados en el marco de la Decisión del Consejo, salvo los datos a los que se refiere el artículo 13 (24), son datos personales en virtud de la Directiva 95/46/CE (25) y otros instrumentos del derecho comunitario. De conformidad con el artículo 2 a) de la Directiva, se entiende por «datos personales» toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. La propuesta de una Decisión Marco del Consejo sobre la protección de datos personales preparada en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, que -una vez adoptada- se aplicará al intercambio de información en virtud de esta iniciativa, utiliza la misma definición. El SEPD lamenta que la iniciativa no proponga una definición de los datos personales y sugiere incluir esta definición en el artículo 24 por razones de claridad jurídica.

43. En todo caso, de conformidad con la definición mencionada en el punto precedente no cabe duda que también se considera que las bases de datos que contienen únicamente perfiles de ADN y los índices de referencia provenientes de ficheros de análisis del ADN y sistemas de identificación de impresiones dactilares son en su totalidad o en su mayoría recopilaciones de datos personales.

44. En segundo lugar, el propósito del intercambio de datos es diferente para los tres tipos de datos personales: los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos. En lo que se refiere al ADN, los Estados miembros crearán y mantendrán ficheros nacionales de análisis del ADN para los fines de la persecución de delitos (artículo 2, apartado 1), en lo que se refiere a las impresiones dactilares, garantizarán que se disponga de índices de referencia relativos a los datos contenidos en los sistemas automatizados nacionales de identificación dactiloscópica creados para los fines de la prevención y persecución de delitos (artículo 8) y en lo que se refiere a los datos de matriculación de vehículos, el intercambio incluye no sólo la prevención y persecución de delitos, sino también la persecución de infracciones no penales así como también la prevención de amenazas para la seguridad y el orden público (artículo 12, apartado 1).

45. Asimismo, el intercambio de los datos de ADN y las impresiones dactilares y el acceso a éstos están sujetos a garantías más estrictas que el intercambio de datos de matriculación de vehículos y el acceso a éstos. En cuanto a los datos de ADN y las impresiones dactilares, el acceso se limita en un principio a los índices de datos a partir de los cuales la persona implicada no puede identificarse directamente. La iniciativa estipula el principio de la separación en dos bases de datos diferentes con los datos biométricos por un lado y los datos de identificación textual por otro. El acceso a la segunda base de datos sólo es posible si se obtiene una «respuesta pertinente» en la primera. Esta separación de bases de datos no existe en lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos, para los que se facilita un acceso directo y automático y no se necesita una base de datos doble.

46. El SEPD está de acuerdo con esta gradación y considera que es un instrumento útil para la protección de los datos personales de las personas implicadas: cuanto más sensibles sean los datos, los propósitos para los que se puedan utilizar y su acceso serán más limitados. Especialmente en el caso del ADN, que es el tipo de datos personales potencialmente más sensible de que trata la iniciativa, los datos sólo se pueden intercambiar por motivos de procedimiento penal y no por vigilancia preventiva. Además, los perfiles sólo se pueden obtener a partir de la parte no codificante del ADN.

Observaciones específicas de los datos de ADN

47. En lo que se refiere a los datos de ADN, puede aludirse a los dictámenes del SEPD precedentes (26). Es fundamental que se defina claramente el concepto de los datos de ADN y que se diferencien los perfiles de ADN de los datos de ADN que pueden facilitar información sobre las características genéticas y/o el estado de salud de un individuo. También se deben tomar en cuenta los avances de la ciencia: lo que se puede considerar como un perfil ADN inocente en algún momento, puede revelar más tarde mucha más información que lo que se esperaba y necesitaba.

48. La iniciativa limita la disponibilidad de los perfiles de ADN a los obtenidos a partir de la parte no codificante del ADN. Sin embargo, en el texto de la iniciativa no hay definiciones precisas de los perfiles de ADN así como tampoco un procedimiento para elaborar dichas definiciones comunes, según la tecnología de punta en la ciencia. El acuerdo de ejecución del Tratado de Prüm (27) define la parte no codificante del ADN como sigue: las zonas cromosómicas que no contienen ninguna expresión genética, es decir, de las que no se sabe que proporcionen información sobre características hereditarias específicas. El SEPD sugiere incluir una definición de la parte no codificante en la iniciativa y proponer un procedimiento que asegure que efectivamente no se revele -tanto ahora como más tarde- más información a partir de la parte no codificante.

49. La iniciativa parte de la hipótesis de que el hecho de comparar los perfiles de ADN es un instrumento clave para la cooperación policial. Por ello, todos los Estados miembros tienen que realizar bases de datos de ADN para su utilización en la jurisdicción penal. Si se toma en cuenta los costes de dichas bases de datos y los riesgos desde el punto de vista de la protección de datos, se necesita una minuciosa evaluación previa de la eficacia de este instrumento. La experiencia limitada en el intercambio de datos de ADN entre Alemania y Austria no basta.

50. En cuanto a esto, el SEPD señala que la iniciativa obliga a todos los Estados miembros a crear ficheros nacionales de análisis del ADN. Es importante subrayar que varios Estados miembros ya han creado con éxito bases de datos nacionales de ADN, mientras que otros Estados miembros tienen muy poca experiencia o ninguna en este campo. La base de datos más desarrollada de Europa (y del mundo) es la base de datos de ADN del Reino Unido. Dispone de más de 3 millones de entradas, lo que la hace la recopilación de perfiles de ADN más grande. La base de datos incluye a las personas que han sido condenadas por delitos así como también aquellas que han sido detenidas y aquellas que han facilitado muestras voluntariamente con fines de exclusión (28). La situación en otros países es diferente. Por ejemplo, Alemania sólo dispone de los perfiles de aquellos que han sido condenados por delitos graves. Incluso se puede pensar que en Alemania la obtención de ADN que permita responder a objetivos más amplios no sería compatible con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (29).

51. El SEPD lamenta que la iniciativa no especifique las categorías de personas que se incluirán en las bases de datos de ADN. Esta especificación no sólo armonizaría las disposiciones nacionales en este ámbito -lo que contribuiría a la eficacia de la cooperación transfronteriza- sino que también aumentaría la proporcionalidad de la obtención e intercambio de estos datos personales, siempre y cuando se limiten las categorías de personas.

52. Un tema relacionado que es competencia de las leyes nacionales de los Estados miembros es el periodo de conservación de datos de los ficheros de análisis del ADN. El Derecho interno puede estipular que los perfiles que se crean en dichos ficheros se guarden durante toda la vida de la persona implicada, cualquiera que sea la decisión del juicio procesal, pero también puede estipular que los perfiles se guarden, excepto si no se ha acusado a la persona y por ello el tribunal no la ha condenado, o que se evalúe regularmente si es necesario seguir almacenando los datos (30).

53. Por último, el SEPD dirige su atención al artículo 7 sobre la obtención de material genético molecular y transmisión de perfiles de ADN. No se prevé una disposición similar para las impresiones dactilares. La disposición obliga a un Estado miembro, tras petición de otro Estado miembro y en el contexto de investigaciones o acciones penales en curso, a obtener y examinar material genético molecular de una persona y luego transmitir el perfil de ADN a ese otro Estado miembro, de conformidad con ciertas condiciones. Este artículo va demasiado lejos. Obliga a un Estado miembro a obtener (y examinar) activamente material biométrico de una persona a condición de que se permita dicha obtención y examen en el Estado miembro requirente (condición b).

54. La disposición no sólo va demasiado lejos sino que también es indeterminada. Por un lado no se limita a los delitos más graves y ni siquiera a los sospechosos de un delito, por otro se deben cumplir con los requisitos del Derecho interno del Estado miembro requirente (condición c) sin indicar de qué pueden tratarse estos requisitos. Según el SEPD, se necesita una explicación adicional de este artículo, que especifique preferentemente el texto del artículo. En todo caso, este artículo necesita interpretarse de manera más limitada con respecto al principio de proporcionalidad.

VII. El marco para la protección de datos

55. Esta parte del dictamen analizará los problemas siguientes relativos a la protección de datos:

– La necesidad de un marco general para la protección de datos en el tercer pilar.

– Ejemplos que justifiquen los motivos por los cuales se necesita el marco general a pesar de las disposiciones del capítulo 6 de la iniciativa.

– Un corto estudio del capítulo 6.

56. Como comentario previo, el SEPD señala que el artículo 1 de la iniciativa que describe el objetivo y el ámbito de aplicación no contiene ninguna referencia al capítulo 6 aunque las Decisiones del Consejo disponen de un capítulo sobre la protección de datos. Por consiguiente, el SEPD recomienda añadir ese tipo de referencia al texto.

La necesidad de un marco general

57. Como ya se ha observado en otras oportunidades (31), para el SEPD es fundamental que no se adopten instrumentos jurídicos específicos que faciliten el intercambio de información entre los servicios de seguridad -como esta iniciativa de una Decisión del Consejo- antes de que el Consejo adopte un marco sobre la protección de datos que vele por un nivel apropiado de protección de datos de conformidad con las conclusiones del SEPD en sus dos dictámenes sobre la propuesta de la Comisión de una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar (32).

58. Un marco jurídico para la protección de datos personales es una condición indispensable para el intercambio de datos personales entre los servicios de seguridad, como lo estipula el artículo 30, apartado 1, punto b del Tratado UE y con arreglo a varios documentos orientativos de la UE. Sin embargo, en la práctica las leyes que facilitan el intercambio de datos se adoptan antes de que se garantice un nivel adecuado de protección de datos personales. Se debe invertir este orden.

59. El orden inverso es también importante puesto que las normas más detalladas sobre la protección de datos personales en esta iniciativa pueden interferir con la futura Decisión Marco común relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar que aún se está debatiendo. Tampoco es eficaz comenzar a aplicar las disposiciones relativas a la protección de datos personales de esta iniciativa -que incluye la adopción de estándares para la protección de datos y procedimientos administrativos así como también la designación de las autoridades competentes- antes de adoptar la Decisión Marco relativa a la protección de datos personales que puede incluir requisitos diferentes y, por consiguiente, requeriría modificar las disposiciones nacionales que acaban de adoptarse.

60. El artículo 25, apartado 1, de esta iniciativa se refiere al Convenio nº 108 del Consejo de Europa, al Protocolo Adicional de dicho Convenio del 8 de noviembre de 2001 y a la Recomendación no R (87) 15 por la que se regula la utilización de los datos personales en el sector policial. Dichos instrumentos adoptados por el Consejo de Europa deberían facilitar un nivel mínimo de protección de datos personales. Sin embargo, como el SEPD ya lo ha declarado antes (33), el Convenio que obliga a todos los Estados miembros no proporciona la precisión necesaria, como ya se reconoció cuando se adoptó la Directiva 95/46/CE. Dada su naturaleza, la Recomendación no es vinculante.

Ejemplos de la necesidad del marco general a pesar de las disposiciones del capítulo 6

61. Primero, se pretende que las disposiciones del capítulo 6 de la iniciativa se basen en un marco general relativo a la protección de datos (véase el artículo 25 de la iniciativa). Las disposiciones deben entenderse como lex specialis que se aplican a los datos transmitidos con arreglo a esta Decisión del Consejo. Desafortunadamente, el actual marco general del Convenio no 108 del Consejo de Europa y demás documentos relacionados no son satisfactorios. Sin embargo, la intención por sí misma ejemplifica el hecho de que se necesita un marco general apropiado incluido en una Decisión Marco del Consejo. Pero este no es el único ejemplo de la necesidad de dicho marco.

62. Segundo, la iniciativa cubre sólo una parte del tratamiento de datos personales para fines policiales y del intercambio de dichos datos entre los Estados miembros. La naturaleza del capítulo 6 de la iniciativa hace que éste se limite al tratamiento en relación al intercambio de información que prevé la iniciativa. Por consiguiente, se excluye cualquier otro tipo de intercambio de otra información policial y judicial en el ámbito de la iniciativa, principalmente la información que no se refiere a los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos. Otro ejemplo de la cobertura parcial del capítulo 6 de la iniciativa es relativa al acceso con fines policiales a datos obtenidos por empresas privadas, dado que la iniciativa busca intercambiar información entre agencias responsables de la prevención e investigación de delitos penales (artículo 1 de la iniciativa).

63. Tercero, en lo que concierne al ámbito de aplicación de las disposiciones del capítulo 6, el texto de la iniciativa es ambiguo y por consiguiente le falta claridad jurídica. De conformidad con el artículo 24, apartado 2, de la iniciativa estas disposiciones conciernen a los datos que son o han sido transmitidos con arreglo a la Decisión del Consejo. Según el SEPD, esta expresión garantiza que se cubre el acceso directo a los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos así como también la situación especial con arreglo al artículo 7 de la iniciativa (34). Además, no cabe duda que también se cubre la transmisión de datos personales en virtud del artículo 14 (grandes acontecimientos) y el artículo 16 (para la prevención de atentados terroristas).

64. Sin embargo, no queda claro si el capítulo 6 sólo se aplica a los datos personales que los Estados miembros se intercambian o se han intercambiado o si también se aplica a la obtención y el tratamiento de datos relativos al ADN y de las impresiones dactilares en un Estado miembro con arreglo a los artículos 2 y 8 de la iniciativa. En otras palabras, ¿el capítulo 6 se aplica a los datos personales que se han obtenido en virtud de la Decisión del Consejo pero no transmitidos (aún) a otros Estados miembros? Asimismo, tampoco queda claro si se cubre la transmisión de datos personales adicionales tras el hallazgo de una concordancia entre perfiles de ADN o impresiones dactilares dado que por un lado, el considerando 11 implica que la transmisión de información adicional (mediante procedimientos de asistencia mutua) es competencia de la Decisión del Consejo, mientras que por otro lado, los artículos 5 y 10 subrayan que para una transmisión de este tipo se aplica el Derecho interno. Por último, cabe señalar que el artículo 24, apartado 2, incluye una excepción a la aplicabilidad del capítulo 6. Las disposiciones se aplicarán «salvo que se establezca otra cosa en los capítulos precedentes». Según el SEPD, esta condición carece de valor intrínseco -el SEPD no encontró ninguna disposición contradictoria en los capítulos precedentes- no obstante, la condición puede aumentar la ambigüedad del texto en lo que se refiere a la aplicación del capítulo 6.

65. El SEPD recomienda que el artículo 24, apartado 2, especifique que el capítulo 6 se aplica a la obtención y el tratamiento de datos relativos al ADN y de las impresiones dactilares en un Estado miembro y que también cubre la transmisión de datos personales adicionales en el ámbito de esta decisión. Además, se deberá suprimir la condición «salvo que se establezca otra cosa en los capítulos precedentes». Estas aclaraciones garantizarán las consecuencias sustanciales de las disposiciones del capítulo 6.

66. En cuarto lugar, la naturaleza de las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6, siempre que se basen en la noción tradicional de asistencia judicial en materia penal, es un ejemplo de la necesidad de un marco general. El hecho de compartir información supone una armonización mínima de las reglas básicas relativas a la protección de datos o al menos el reconocimiento mutuo de las leyes nacionales para evitar que las diferencias entre las leyes de los Estados miembros perjudiquen la eficacia de la cooperación.

67. Aunque la iniciativa estipula la armonización de algunos asuntos importantes en lo que concierne a las leyes relativas a la protección de datos, en lo que concierne a otros asuntos importantes, las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6 no armonizan las leyes nacionales ni tampoco estipulan el reconocimiento mutuo. En cambio, se basan en la aplicabilidad simultánea de dos (o más) sistemas legales: por lo general, sólo se permite la transmisión de datos si se cumplen las leyes tanto del Estado miembro transmisor como del Estado miembro receptor. En otras palabras, en lo que respecta a estos asuntos la iniciativa no contribuye a un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores sino que éstos dan contenido al sistema tradicional de asistencia judicial en materia penal, basado en la soberanía nacional (35).

68. Según el SEPD, esta naturaleza del capítulo 6 no facilita el intercambio de datos personales sino que aumenta su complejidad, tomando en cuenta que la iniciativa pretende que el sistema del Tratado de Prüm se pueda aplicar en los 27 Estados miembros y dado que no se ha adoptado aún un marco general común relativo a la protección de datos. Por ejemplo, el artículo 26, apartado 1, permite el tratamiento de datos con otros propósitos sólo si lo permite el Derecho interno tanto del Estado miembro transmisor como del receptor. Otro ejemplo es el artículo 28, apartado 3, que estipula que se deben suprimir los datos personales que no se hayan transmitido (o recibido). Pero ¿cómo sabe el Estado miembro receptor que los datos no se han transmitido legítimamente con arreglo a las leyes del Estado miembro transmisor? Esto puede causar dificultades cuando estos problemas surjan en casos pendientes ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

69. En quinto lugar, este marco común relativo a la protección de datos personales es aún más importante puesto que hay grandes diferencias entre las leyes de los Estados miembros, tanto en derecho penal sustantivo como en derecho referente al enjuiciamiento criminal. Además de las consecuencias la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, dichas diferencias también afectan directamente a las personas a las que se refieran los datos que intercambien las autoridades de dos o más Estados miembros. Por ejemplo, su tutela judicial efectiva ante un tribunal puede no ser la misma en todos los Estados miembros.

70. Para concluir, la propuesta armoniza algunos elementos del intercambio de datos entre autoridades competentes y por este motivo incluye un capítulo relativo a la protección de datos, pero está lejos de armonizar todas las garantías de la protección de datos. Las disposiciones no son ni exhaustivas (como debería ser un marco general, lex generalis) ni completas (puesto que faltan elementos importantes, como se demuestra en el punto 75 más abajo).

71. Es evidente que fuera del ámbito de la iniciativa se necesita un marco general común relativo a la protección de datos. El ciudadano tiene derecho a contar con un mínimo nivel armonizado relativo a la protección de datos, sin importar en qué sitio de la Unión Europea se tratan con fines policiales los datos que le conciernen.

72. Pero también en el ámbito de la iniciativa se necesita este tipo de marco común. La iniciativa trata entre otras cosas de la recopilación, el tratamiento y el intercambio de datos biométricos potencialmente sensibles como los datos relativos al ADN. Además, el círculo de personas implicadas que pueden incluirse en este sistema no se limita a los datos de los sospechosos (o condenados) de delitos específicos. En dichas circunstancias, se debería contar aún más con un sistema de protección de datos claro y adecuado.

73. En este contexto, cabe decir nuevamente que no se define de manera clara el ámbito de la iniciativa y el de su capítulo 6. Por motivos de seguridad jurídica es fundamental que se protejan muy bien los datos personales sin tomar en cuenta si entran o no en dicho ámbito y en qué situaciones. Por los mismos motivos, se deberá velar por la coherencia de las normas aplicables dentro y fuera del ámbito de la iniciativa.

Las disposiciones del capítulo 6

74. Las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6 de la iniciativa tratan de los datos que se transmiten o que se han transmitido de conformidad con la decisión. Tratan de unas cuantas cuestiones importantes y se han proyectado cuidadosamente como disposiciones específicas encima de un marco general relativo a la protección de datos. El SEPD concluye que en términos generales las disposiciones ofrecen esencialmente una protección adecuada.

75. Sin embargo, además de lo que ya se ha expresado más arriba sobre la naturaleza de las disposiciones del capítulo 6, el SEPD ha identificado algunos otros defectos en las disposiciones de dicho capítulo (36):

– El artículo 30 sobre el registro sólo se aplica al intercambio de datos personales y no al acceso de dichos datos con fines policiales. Hubiera sido mejor redactar un proyecto del artículo de manera que asegure que se registran todas las actividades respecto a dichos datos.

– El artículo 31 limita el derecho a la información de la persona implicada al derecho de petición de la información. Este requisito va en contra de un elemento fundamental de la protección de datos, a saber, el responsable del tratamiento informa de manera simple al interesado del que se recoge información sobre esta obtención, sin que éste lo pida (37). Es más, el interesado en muchos casos no sabrá nada sobre la obtención de sus datos. Por supuesto el ejercicio del derecho a la información puede estar sujeto a excepciones, condiciones o limitaciones, por ejemplo, para proteger el interés de una investigación penal en curso, pero no puede resultar en que se prive al derecho de su contenido inherente, requiriendo como norma general una petición del interesado (38).

– El capítulo 6 no prevé una separación de datos relativos a diferentes categorías de personas (víctimas, sospechosos, otras personas cuyos datos se encuentran en una base de datos). Este tipo de separación en categorías de personas según su grado de implicación en el delito se incluyó en la propuesta de la Comisión para una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar y es aún más importante en el contexto de esta iniciativa puesto que permite el tratamiento de datos personales (a veces sensibles) de personas que no están implicadas directamente en un delito.

– Ya se ha hecho un comentario: falta la definición de los datos personales (39).

76. El SEPD recomienda al Consejo que se ocupe de estos defectos, ya sea modificando el texto de la iniciativa y/o incluyendo estos elementos en una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos en el tercer pilar. Desde el punto de vista del SEPD, la primera opción no conduce necesariamente a una modificación del sistema de intercambio de información y no contradice la intención de los 15 Estados miembros que tomaron la iniciativa de no cambiar las partes esenciales del Tratado de Prüm.

VIII. Conclusiones

77. Este dictamen toma en cuenta la particular naturaleza de la iniciativa, concretamente el hecho de que no se prevén modificaciones importantes del contenido de las disposiciones. Las modificaciones que el SEDP propone esencialmente sirven para mejorar el texto sin modificar el sistema de intercambio de información en sí mismo.

78. El SEPD saluda el hecho de que esta iniciativa tiene un enfoque más cauto y gradual a efectos de la aplicación del principio de disponibilidad. Sin embargo, lamenta que la iniciativa no armonice los elementos esenciales de la obtención e intercambio de los diferentes tipos de datos, también para velar por el respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad.

79. El SEPD lamenta que se tome esta iniciativa sin una evaluación adecuada del impacto y hace un llamamiento al Consejo para que incluya este tipo de evaluación en el proceso de adopción y estudie como parte de esta evaluación otras opciones políticas -que posiblemente supongan una menor intrusión-.

80. El SEPD apoya el enfoque de la iniciativa en lo que se refiere a los diferentes tipos de datos personales: cuanto más sensibles sean los datos, los propósitos para los que se puedan utilizar y su acceso serán más limitados.

81. El SEPD lamenta que la iniciativa no especifique las categorías de personas que se incluirán en las bases de datos de ADN y que no limite los periodos de retención.

82. El Consejo no debería adoptar su Decisión antes de la adopción de una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de los datos personales tratados en el marco de cooperación policial y judicial en materia penal, que ofrezca un nivel de protección adecuado.

83. Las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6 de la iniciativa no facilitan el intercambio de datos personales sino que aumentan la complejidad de este intercambio, en la medida en que se basan en la noción tradicional de asistencia judicial en materia penal.

84. El SEPD recomienda modificar el texto de la iniciativa de la siguiente manera:

– incluir en el artículo 1 una referencia al capítulo 6 relativo a la protección de datos,

– incluir una definición de la parte no codificante del ADN y proponer un procedimiento que asegure que no se revele -tanto ahora como más tarde- más información a partir de la parte no codificante,

– especificar el texto del artículo 7, tomando en cuenta que el principio de proporcionalidad requiere una interpretación más limitada de este artículo,

– incluir una definición de los datos personales en el artículo 24,

– especificar en el artículo 24, apartado 2, que el capítulo 6 se aplica a la obtención y el tratamiento de datos relativos al ADN y de las impresiones dactilares en un Estado miembro y que también se cubre la transmisión de datos personales adicionales que sea competencia de esta decisión,

– suprimir en el artículo 24, apartado 2, la condición «salvo que se establezca otra cosa en los capítulos precedentes»,

– modificar el artículo 30 relativo al registro de manera que asegure que se registran todas las actividades relacionadas con ese tipo de datos,

– modificar el artículo 31 de manera que vele por el derecho a la información del interesado sin que se requiera una petición,

– incluir en el capítulo 6 una separación de datos relativos a diferentes categorías de personas (víctimas, sospechosos, otras personas cuyos datos se encuentran en una base de datos),

– añadir una frase al artículo 34 de la iniciativa para una Decisión del Consejo, que es como sigue: «El Consejo consultará el SEPD antes de adoptar una medida de ejecución de este tipo»,

– incluir una cláusula de evaluación en el capítulo 7 de la iniciativa.

85. De manera más general, el SEPD recomienda al Consejo que se ocupe de estos defectos de la iniciativa, ya sea modificando el texto de la iniciativa y/o incluyendo estos elementos en una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos en el tercer pilar. Desde el punto de vista del SEPD, la primera opción (con respecto a los elementos mencionados en el punto precedente) no conduce necesariamente a una modificación del sistema de intercambio de información y no contradice la intención de los 15 Estados miembros que tomaron la iniciativa de no cambiar las partes esenciales del Tratado de Prüm.

86. Por último, se deberá mencionar el presente dictamen en el preámbulo de la Decisión del Consejo.

Hecho en Bruselas, el 4 de abril de 2007.

Peter Hustinx,

Supervisor Europeo de Protección de Datos

———————————————————————————————–

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1

(3) Se mencionan los Estados miembros en el título del presente dictamen. La iniciativa se publicó el 28 de marzo de 2007 en DO C 71, p. 35.

(4) Con arreglo al artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, la Comisión debe consultar al SEPD cuando adopta una propuesta legislativa relativa a la protección de los derechos y libertades de las personas con respecto al tratamiento de datos personales. Esta obligación no es válida si se trata de la iniciativa de uno o más Estados miembros; la consulta del SEPD por los Estados miembros es entonces opcional.

(5) De conformidad con la práctica seguida por la Comisión en otros casos (recientes). Véase el dictamen del SEPD de 12 de diciembre de 2006 relativo a las propuestas de modificación del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y sus normas de desarrollo (COM(2006) 213 final y SEC(2006) 866 final), publicado recientemente en www.edps.europa.eu.

(6) Tratado de 27 de mayo de 2005 entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal.

(7) Véase el punto 15.

(8) El Programa de La Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, aprobado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004.

(9) COM (2005) 490 final. El dictamen del SEPD se publica en el DO [2006], C 116, p. 8.

(10) El presente dictamen utilizará el término más común «impresiones dactilares» en vez de «datos dactiloscópicos» que es el término utilizado en la iniciativa.

(11) Véase el considerando 17 de la iniciativa.

(12) Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981.

(13) Véase más adelante el punto VII del presente dictamen.

(14) Además de la primera experiencia con el intercambio de información entre Alemania y Austria mencionado en el punto 33.

(15) En la época del Schengen, la cooperación dentro de la Comunidad Económica Europea. En muchos casos al Tratado de Prüm se le llama Schengen III.

(16) La Comisión adoptó la propuesta (mencionada en el punto 3) tras la adopción del Tratado de Prüm.

(17) Entre otras cosas estos artículos requieren la participación de la Comisión y el Parlamento Europeo, que deben velar por la utilización de la cooperación reforzada exclusivamente como último recurso.

(18) Se puede encontrar este acuerdo en el documento del Consejo 5473/07 de 22 de enero de 2007. Véase http://www.statewatch.org/news/2007/jan/prum-implementing-agreement.pdf.

(19) DO L 386, p. 89. Se adoptó esta Decisión Marco a iniciativa sueca.

[20] Dictamen del SEPD de 28 de febrero de 2006, DO C 116 de 17.5.2006, p. 8, punto 69.

(21) El SEPD saluda el enfoque gradual en general (punto 26). Sin embargo, como se muestra en el punto 37, en este caso específico sería preferible una armonización mínima de los elementos esenciales de la compilación y el intercambio de los tipos diferentes de datos.

(22) Los resultados de la comparación automatizada de perfiles de ADN en las bases de datos alemana y austríaca se presentaron en la reunión extraoficial de los Ministros JAI en Dresde (del 14 al 16 de enero de 2007) y están publicados en el sitio web de la Presidencia alemana (www.bmi.bund.de). Los resultados de este primer intercambio mencionan una cantidad impresionante de más de 2000 concordancias en dos meses, en algunos casos en relación con delitos graves.

(23) Una «evaluación del impacto en la protección de la intimidad».

(24) Y tal vez también los perfiles de ADN no identificados mencionados en el artículo 2, apartado 2, de la iniciativa.

(25) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos (DO L 281, p. 31).

(26) Véase por ejemplo el dictamen del SEPD relativo al principio de disponibilidad citado en la nota 9, puntos 59 y 60.

(27) Véase la nota 18.

(28) Véase la declaración que el Comisario de información del Reino Unido presentó ante el comité restringido de la Cámara de los Lores relativa a la investigación del Subcomité F de la Unión Europea (Asuntos de Interior) sobre el Tratado de Prüm (punto 10 de la declaración). Al decir «con fines de exclusión» se entiende que no se incluyen personas pertenecientes a los grupos de sospechosos de delitos.

(29) Véase por ejemplo la Sentencia de 14 de diciembre de 2000, BvR 1741/99 en la que la utilización de muestras de ADN para delitos menos graves no se consideró compatible con el principio de proporcionalidad.

(30) Con respecto a esta alternativa, véase el artículo 20, apartado 1 de la propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), (COM(2006) 817 final) y el dictamen del SEPD de 16 de febrero de 2007 (punto 26).

(31) Véase el reciente dictamen del SEPD de 16 de febrero de 2007 relativo a la propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

(32) Dictámenes del SEPD de 19 de diciembre de 2005 (DO [2006] C 47, p. 27) y de 29 de noviembre de 2006, publicados en el sitio web del SEPD.

(33) Véase por ejemplo el (primer) dictamen sobre la propuesta de la Comisión para una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos en el tercer pilar, punto 4.

(34) Véase al punto 53 del presente dictamen.

(35) Véase también el considerando 11 de la iniciativa que estipula que los Estados miembros «piden información complementaria acogiéndose a procedimientos de asistencia mutua».

(36) Este punto no contiene una lista de defectos limitada; sólo menciona los más importantes desde la perspectiva de la protección de datos.

(37) Véase por ejemplo el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE (referencia en la nota 25).

(38) El SEPD señala que el artículo 31 hace referencia a la Directiva 95/46 CE mientras que en un instrumento del tercer pilar una referencia a un instrumento jurídico aplicable en este campo hubiera sido más lógico, en el caso en cuestión, el protocolo adicional del Convenio 108 del Consejo de Europa.

(39) Véase el punto 42 más arriba.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Dinamarca. Act on Processing of Personal Data, Act. Nº 429, 31 may 2000

Act on Processing of Personal Data, Act. Nº 429, 31 may 2000

 

WE MARGRETHE THE SECOND, by the Grace of God, Queen of Denmark make known that: Folketinget (the Danish Parliament) has passed and We have granted Our Royal Assent to the following Act:

Title I. General provisions

 

Part 1. Scope of the Act

 

§ 1.

(1) This Act shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.

(2) This Act shall further apply to other non-automatic systematic processing of data which is performed for private persons or bodies and which includes data on individual persons» private or financial conditions or other personal circumstances which can reasonably be claimed not to be made open to the public. However, this shall not apply to Part 8 and Part 9 of this Act.

(3) This Act shall further apply to the processing of data concerning enterprises, etc., cf. subsections (1) and (2), if the processing is carried out for credit information agencies. The same shall apply in the case of processing of data covered by section 50 (1) 2.

(4) Part 5 of the Act shall also apply to the processing of data concerning companies, etc., cf. subsection (1).

(5) In other cases than those mentioned in subsection (3), the Minister of Justice may decide that the provisions of this Act shall apply, in full or in part, to the processing of data concerning companies, etc. which is performed for private persons or bodies.

(6) In other cases than those mentioned in subsection (4), the competent Minister may decide that the provisions of this Act shall apply, in full or in part, to the processing of data concerning enterprises, etc. performed on behalf of public administrations.

 

§ 2.

(1) Any rules on the processing of personal data in other legislation which give the data subject a better legal protection shall take precedence over the rules laid down in this Act.

(2) This Act shall not apply where this will be in violation of the freedom of information and expression, cf. Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

(3) This Act shall not apply to the processing of data undertaken by a natural person with a view to the exercise of activities of a purely private nature.

(4) The provisions laid down in Parts 8 and 9 and sections 35 to 37 and section 39 shall not apply to processing of data which is performed on behalf of the courts-of-law in the area of criminal law. Nor shall the provisions laid down in Part 8 of the Act and sections 35 to 37 and section 39 apply to processing of data which is performed on behalf of the police and the prosecution in the area of criminal law.

(5) This Act shall not apply to the processing of data which is performed on behalf of the Folketing (the Danish Parliament) and its related institutions.

(6) This Act shall not apply to the processing of data covered by the Act on information data bases operated by the mass media.

(7) This Act shall not apply to information data bases which exclusively include already published periodicals or sound and vision programmes covered by paragraphs 1 or 2 of section 1 of the Act on the responsibility of the media, or part hereof, provided that the data are stored in the data base in the original version published. However, sections 41, 42 and 69 of the Act shall apply.

(8) Furthermore, this Act shall not apply to information data bases which exclusively include already published texts, images and sound programmes which are covered by paragraph 3 of section 1 of the Act on the responsibility of the media, or parts hereof, provided that the data are stored in the data base in the original version published. However, sections 41, 42 and 69 of the Act shall apply.

(9) This Act shall not apply to manual files of cuttings from published, printed articles which are exclusively processed for journalistic purposes. However, sections 41, 42 and 69 of the Act shall apply.

(10) Processing of data which otherwise takes place exclusively for journalistic purposes shall be governed exclusively by sections 41, 42 and 69 of this Act. The same shall apply to the pro-cessing of data for the sole purpose of artistic or literary expression.

(11) This Act shall not apply to the processing of data which is performed on behalf of the intelligence services of the police and the national defence.

 

Part 2. Definitions

 

§ 3.

(1) For the purposes of this Act:

1. «personal data» shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person («data subject»);

2. «processing» shall mean any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means;

3. «personal data filing system» («filing system») shall mean any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis;

4. «controller» shall mean the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the pro-cessing of personal data;

5. «processor» shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;

6. «third party» shall mean any natural or legal person, public authority, agency or any other body other than the data subject, the controller, the processor and the persons who, under the direct authority of the controller or the processor, are authorised to process the data;

7. «recipient» shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom data are disclosed, whether a third party or not; however, authorities which may receive data in the framework of a particular inquiry shall not be regarded as recipients;

8. «the data subject´s consent» shall mean any freely given specific and informed indication of his wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data relating to him being processed;

9. «third country» shall mean any state which is not a member of the European Community and which has not implemented agreements entered into with the European Community which contain rules corresponding to those laid down in Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

 

Part 3. Geographical territory of the Act

 

§ 4.

(1) This Act shall apply to processing of data carried out on behalf of a controller who is established in Denmark, if the activities are carried out within the territory of the European Community.

(2) This Act shall further apply to processing carried out on behalf of Danish diplomatic representations.

(3) This Act shall also apply to a controller who is established in a third country, if
1. the processing of data is carried out with the use of equipment situated in Denmark, unless such equipment is used only for purposes of transit of data through the territory of the European Community; or
2. the collection of data in Denmark takes place for the purpose of processing in a third country.

(4) A controller who is governed by this Act in accordance with paragraph 1 of subsection (3) shall designate a representative established in the territory of Denmark. This shall be without prejudice to legal actions which could be initiated by the data subject against the controller concerned.

(5) The controller shall inform the Data Protection Agency in writing of the name of the designated representative, cf. subsection (4).

(6) This Act shall apply where data are processed in Denmark on behalf of a controller established in another Member State and the processing is not governed by Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of data and on the free movement of such data. This Act shall also apply if data are processed in Denmark on behalf of a controller established in a state which has entered into an agreement with the European Community which contains rules corresponding to those laid down in the above-mentioned Directive and the processing is not governed by these rules.

Title II. Rules on processing of data

 

Part 4. Processing of data

 

§ 5.

(1) Data shall be processed in accordance with good practices for the processing of data.

(2) The collection of data shall take place for specified explicit and legitimate purposes and they shall not be further processed in a way incompatible with these purposes. Further processing of data which takes place exclusively for historical, statistical or scientific purposes shall not be considered incompatible with the purposes for which the data were collected.

(3) Data which are to be processed shall be adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which the data are collected and the purposes for which they are subsequently processed.

(4) The processing of data shall be organised in a way which ensures the required up-dating of the data. Furthermore, necessary checks should be made to ensure that no inaccurate or misleading data are processed. Data which turn out to be inaccurate or misleading shall be erased or rectified without delay.

(5) The data collected may not be kept in a form which makes it possible to identify the data subject for a longer period than is necessary for the purposes for which the data are processed.

 

§ 6.

(1) Personal data may be processed only if:

1. the data subject has given his explicit consent; or

2. processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a
party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a con-tract; or

3. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject; or

4. processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; or

5. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest; or

6. processing is necessary for the performance of a task carried out in the exercise of official authority vested in the controller or a third party to whom the data are disclosed; or

7. processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by the third party to whom the data are disclosed, and these interests are not overridden by the interests of the data subject.

(2) A company may not disclose data concerning a consumer to a third company for the
purpose of marketing or use such data on behalf of a third company for this purpose, unless the
data subject has given his explicit consent. The consent shall be obtained in accordance with the rules laid down in section 6 (a) of the Danish Marketing Practices Act.

(3) However, the disclosure and use of data as mentioned in subsection (2) may take place
without consent in the case of general data on customers which form the basis for classification
into customer categories, and if the conditions laid down in subsection (1) 7 are satisfied.

(4) Data of the type mentioned in sections 7 and 8 may not be disclosed or used by virtue of
subsection (3). The Minister of Justice may lay down further restrictions in the access to
disclose or use special types of data by virtue of subsection (3).

 

§ 7.

(1) No processing may take place of personal data revealing racial or ethnic origin, political
opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, or data concerning health
or sex life.

(2) The provision laid down in subsection (1) shall not apply where:

1. the data subject has given his explicit consent to the processing of such data; or

2. processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another person where the person concerned is physically or legally incapable of giving his consent; or

3. the processing relates to data which have been made public by the data subject; or

4. the processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.

(3) Processing of data concerning trade union affiliation may further take place where the pro-cessing is necessary for the controller»s compliance with labour law obligations or specific rights.

(4) Processing may be carried out in the course of its legitimate activities by a foundation, association or any other non-profit-seeking body with a political, philosophical, religious or tradeunion aim of the data mentioned in subsection (1) relating to the members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes. Disclosure of such data may only take place if the data subject has given his express consent or if the processing is covered by subsection (2) 2 to 4 or subsection (3).

(5) The provision laid down in subsection (1) shall not apply where processing of the data is required for the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, the provision of care or treatment or the management of health care services, and where those data are processed by a health professional subject to a statutory obligation of professional secrecy.

(6) Processing of the data mentioned in subsection (1) may take place where the processing is required for the performance by an official authority of its tasks in the area of criminal law.

(7) Exemptions may further be laid down from the provision in subsection (1) where the pro-cessing of data takes place for reasons of substantial public interests. The supervisory authority shall give its authorisation in such cases. The processing may be made subject to specific conditions. The supervisory authority shall notify the Commission of any derogation.

(8) No automatic filing systems may be kept on behalf of a public administration containing data on political affiliations which are not open to the public.

 

§ 8.

(1) No data about criminal records, serious social problems and other purely private data than those mentioned in section 7 (1) may be processed on behalf of a public administration, unless such processing is necessary for the performance of the tasks of the administration.

(2) The data mentioned in subsection (1) may not be disclosed to any third party. Disclosure may, however, take place where:

1. the data subject has given his explicit consent to such disclosure; or

2. disclosure takes place for the purpose of pursuing private or public interests which clearly override the interests of secrecy, including the interests of the person to whom the data relate; or

3. disclosure is necessary for the performance of the activities of an authority or required for a decision to be made by that authority; or

4. disclosure is necessary for the performance of tasks for an official authority by a person or a company.

(3) Administrative authorities performing tasks in the social field may only disclose the data
mentioned in subsection (1) and the data mentioned in section 7 (1) if the conditions laid down
in subsection (2) 1 or 2 are satisfied, or if the disclosure is a necessary step in the procedure
for dealing with the case or necessary for the performance by an authority of its supervision or
control function.

(4) Private individuals and bodies may process data about criminal records, serious social problems and other purely private matters than those mentioned in section 7 (1) if the data subject has given his explicit consent. Processing may also take place where necessary for the purpose of pursuing a legitimate interest and this interest clearly overrides the interests of the data subject.

(5) The data mentioned in subsection (4) may not be disclosed without the explicit consent of
the data subject. However, disclosure may take place without consent for the purpose of pursuing
public or private interests, including the interests of the person concerned, which clearly override
the interests of secrecy.

(6) Processing of data in the cases which are regulated by subsections (1), (2), (4) and (5) may otherwise be carried out if the conditions laid down in section 7 are satisfied.

(7) A complete register of criminal convictions may be kept only under the control of an official authority.

 

§ 9.

(1) Data as mentioned in section 7 (1) or section 8 may be processed where the processing is carried out for the sole purpose of operating legal information systems of significant social importance and the processing is necessary for operating such systems.

(2) The data covered by subsection (1) may not subsequently be proposed for any other purpose. The same shall apply to the processing of other data which is carried out solely for the purpose of operating legal information systems, cf. section 6.

(3) The supervisory authority may lay down more detailed conditions concerning the processing operations mentioned in subsection (1). The same shall apply to the data mentioned in section 6 which are processed solely in connection with the operation of legal information systems.

 

§ 10.

(1) Data as mentioned in section 7 (1) or section 8 may be processed where the processing is carried out for the sole purpose of carrying out statistical or scientific studies of significant social importance and where such processing is necessary in order to carry out these studies.

(2) The data covered by subsection (1) may not subsequently be processed for other than statistical or scientific purposes. The same shall apply to processing of other data carried out solely for statistical or scientific purposes, cf. section 6.

(3) The data covered by subsections (1) and (2) may only be disclosed to a third party with prior authorisation from the supervisory authority. The supervisory authority may lay down more detailed conditions concerning the disclosure.

 

§ 11.

(1) Official authorities may process data concerning civil registration numbers with a view to unambiguous identification or as file numbers.

(2) Private individuals and bodies may process data concerning civil registration numbers where:

1. this follows from law or regulations; or

2. the data subject has given his explicit consent; or

3. the processing is carried out for scientific or statistical purposes or if it is a matter of disclosing a civil registration number where such disclosure is a natural element of the ordinary operation of companies, etc. of the type mentioned and the disclosure is of decisive importance for an unambiguous identification of the data subject or the disclosure was demanded by an official authority.

(3) Irrespective of the provision laid down in subsection (2) 3, no disclosure may take place of a civil registration number without explicit consent.

 

§ 12.

(1) Controllers who sell lists of groups or persons for marketing purposes or who perform mailing or posting of messages to such groups on behalf of a third party may only process:

1. data concerning name, address, position, occupation, e-mail address, telephone and fax number;

2. data contained in trade registers which according to law or regulations are intended for public information; and

3. other data if the data subject has given his explicit consent. The consent shall be obtained in accordance with section 6 (a) of the Danish Marketing Practices Act.

(2) Processing of data of the type mentioned in section 7 (1), or section 8, may, however, not take place. The Minister of Justice may lay down further restrictions in the access to process special types of data.

 

§ 13.

(1) Official authorities and private companies, etc. may not carry out any automatic registration of the telephone numbers to which calls are made from their telephones. However, such registration may take place with the prior authorisation from the supervisory authority in cases where important private or public interests speak in favour hereof. The supervisory authority may lay down more detailed conditions for such registration.

(2) The provision laid down in subsection (1) shall not apply where otherwise provided by statute or as regards the registration by suppliers of telecommunications network and by teleservices of numbers called, either for own use or for use in connection with technical control.

 

§ 14.

Data covered by this Act may be transferred to storage in a filing system under the rules laid down in the legislation on files.

Part 5. Disclosure to credit information agencies of data on debts to public authorities

 

§ 15.

(1) Data on debts to public authorities may be disclosed to credit information agencies in accordance with the provisions laid down in this Part of the Act.

(2) No disclosure may take place of data mentioned in section 7 (1) or section 8 (1) of this Act.

(3) Confidential data disclosed in accordance with the rules laid down in this Part shall not for this reason be deemed to be otherwise accessible to the general public.

 

§ 16.

(1) Data on debts to public authorities may be disclosed to a credit information agency where

1. permitted by law or regulations; or

2. the total amount of debts is due and payable and is in excess of DKK 7,500; however, this amount must not include debts covered by an agreement for an extension of the time for payment or for payment by instalments which has been observed by the data subject.

(2) It is a condition that the same collection authority administers the total amount of debts, cf. subsection (1) 2.

(3) It is further a condition for the disclosure of data under the provisions of subsection (1) 2, that:

1. the debt may be recovered by means of a distraint, and that two letters requesting payment have been sent to the debtor;

2. execution has been levied, or attempts have been made to levy execution in respect of the claim;

3. the claim has been established by a final and conclusive court order; or

4. the public authorities have obtained the debtor»s written acknowledgement of the debt being due and payable.

 

§ 17.

(1) The public authority concerned shall notify the debtor in writing prior to the disclosure of such data. Disclosure may at the earliest take place 4 weeks after such notification.

(2) The notification referred to in subsection (1) shall include information stating:

1. which data will be disclosed;

2. the credit information agency to which disclosure of the data will take place;

3. the time at which the disclosure of the data will take place; and

4. that no disclosure of the data will take place if payment of the debt is effected prior to the disclosure, or if an extension of the time for payment is granted or an agreement is entered into and observed on payment by instalments.

 

§ 18.

The competent minister may lay down more detailed rules on the procedure in relation to disclosure to credit information agencies of data on debts to public authorities. In this connection it may be decided that data on certain types of debts to public authorities may not be disclosed, or may be disclosed only where further conditions than those referred to in section 16 have been complied with.

Part 6. Credit information agencies

 

§ 19.

Any person who wishes to carry on business involving processing of data for assessment of financial standing and creditworthiness for the purpose of disclosure of such data (credit information agency) shall obtain authorisation to do so from the Data Protection Agency prior to commencing such processing, cf. section 50 (1) 3.

 

§ 20.

(1) Credit information agencies may only process data which by their nature are relevant for the assessment of financial standing and creditworthiness.

(2) Data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4) may not be processed.

(3) Data on facts speaking against creditworthiness and dating back more than 5 years may not be processed, except where it is obvious in any specific case that the facts in question are of decisive importance for the assessment of the financial standing and creditworthiness of the person concerned.

 

§ 21.

According to the provisions of section 28 (1) or section 29 (1), credit information agencies shall notify the person to whom the data relate of the data mentioned in these provisions.

 

§ 22.

(1) Credit information agencies shall, at any time, at the request of the data subject, notify him within 4 weeks, in an intelligible manner, of the contents of any data or assessments relating to him that the credit information agency has disclosed within the immediately preceding 6 months, and of any other data relating to the data subject that the agency records or stores at the time of the receipt of the request, whether in a processed form or by way of digital media, including any credit ratings.

(2) Where the agency is in possession of further material relating to the data subject, the existence and type of such further material shall at the same time be communicated to him, and he shall be informed of his right to inspect such material by personally contacting the agency.

(3) The agency shall further provide information on the categories of recipients of the data and any available information as to the source of the data referred to in subsections (1) and (2).

(4) The data subject may demand that the agency»s communication as referred to in subsections (1) to (3) shall be given in writing. The Minister of Justice shall lay down rules on the payment of a fee for communications given in writing.

 

§ 23.

(1) Data on financial standing and creditworthiness may be given only in writing, cf., however, section 22 (1) to (3). The agency may, however either orally or in a similar manner, disclose summary data to subscribers, provided that the name and address of the inquirer are recorded and stored for at least 6 months.

(2) Publications from credit information agencies may contain data in a summary form only and may be distributed only to persons or enterprises subscribing to notices from the agency. The publications may not indicate the civil registration numbers of data subjects.

(3) Disclosure of summary data on indebtedness may only take place where the data originate from the Danish Official Gazette, have been notified by a public authority under the rules laid down in Part 5 of this Act, or if the data relate to indebtedness in excess of DKK 1,000 to a single creditor and the creditor has obtained the written acknowledgement by the data subject of the debt being due and payable, or where legal proceedings have been instituted against the debtor concerned. Data on approved debt re-scheduling schemes may, however, not be disclosed. The rules referred to in the first and second clauses of this subsection shall also apply to the disclosure of summary data on indebtedness in connection with the preparation of broader credit ratings.

(4) Summary data on the indebtedness of individuals may be disclosed only in such a manner that the data cannot form the basis for assessment of the financial standing and creditworthiness of other persons than the individuals concerned.

 

§ 24.

Any personal data or credit ratings which turn out to be inaccurate or misleading shall be rectified or erased without delay.

 

§ 25.

Where any data or credit ratings which turn out to be inaccurate or misleading have already been disclosed, the agency shall immediately give written notification of the rectification to the data subject and to any third party who has received the data or the credit rating during the six months immediately preceding the date when the agency became aware of the matter. The data subject shall also be notified of any third party that has been notified under clause 1 of this section, and of the source of the personal data or credit rating.

 

§ 26.

(1) Where a data subject requests the erasure, rectification or blocking of data or credit assessments which are alleged to be inaccurate or misleading, or requests the erasure of personal data which may not be processed, cf. section 37 (1), the agency shall reply in writing without delay and within 4 weeks from receipt of such a request.

(2) Where the agency refuses to carry out the requested erasure, rectification or blocking, the data subject may within 4 weeks from receipt of the reply of the agency or from expiration of the time-limit for replying laid down in subsection (1) bring the matter before the Data Protection Agency, which shall decide whether erasure, rectification or blocking shall take place. The provisions laid down in section 25 shall be correspondingly applicable.

(3) The reply of the agency in the cases mentioned in subsection (2) shall contain information about the right to bring the matter before the Data Protection Agency and about the time-limit for such submission.

Part 7. Transfer of personal data to third countries

 

§ 27.

(1) Transfer to a third country of data may take place only if the third country in question ensures an adequate level of protection, cf. however subsection (3).

(2) The adequacy of the level of protection afforded by a third country shall be assessed in the light of all the circumstances surrounding a data transfer operation, in particular the nature of the data, the purpose and duration of the processing operation, the country of origin and country of final destination, the rules of law in force in the third country in question and the professional rules and security measures which are complied with in that country;

(3) In addition to the cases mentioned in subsection (1), transfer of data to a third country may take place on condition that:

1. the data subject has given his explicit consent; or

2. the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of precontractual measures taken in response to the data subject»s request; or

3. the transfer is necessary for the conclusion or performance of a contract concluded in the interest of the data subject between the controller and a third party; or

4. the transfer is necessary or legally required on important public interest grounds, or for the establishment, exercise or defence of legal claims; or

5. the transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; or

6. the transfer is made from a register which according to law or regulations is open to consultation either by the public in general or by any person who can demonstrate legitimate interests, to the extent that the conditions laid down in law for consultation are fulfilled in the particular case; or

7. the transfer is necessary for the prevention, investigation and prosecution of criminal offences and the execution of sentences or the protection of persons charged, witnesses or any other persons in criminal proceedings; or

8. the transfer is necessary to safeguard public security, the defence of the Realm, and national security.

(4) Outside the scope of the transfers referred to in subsection (3), the Data Protection Agency may authorise a transfer of personal data to a third country which does not comply with the provisions laid down in subsection (1), where the controller adduces adequate safeguards with respect to the protection of the rights of the data subject. More detailed conditions may be laid down for the transfer. The Data Protection Agency shall inform the European Commission and the other Member States of the authorisations that it grants pursuant to this provision.

(5) The rules laid down in this Act shall otherwise apply to transfers of personal data to third countries in accordance with subsections (1), (3) and (4).

Title III. The data subject`s rights

 

Part 8. Information to be provided to the data subject

 

§ 28.

(1) Where the personal data have been obtained from the data subject, the controller or his representative shall provide the data subject with the following information:

1. the identity of the controller and of his representative;

2. the purposes of the processing for which the data are intended;

3. any further information which is necessary, having regard to the specific circumstances in which the personal data are obtained, to enable the data subject to safeguard his interests, such as:

(a) the categories of recipients;
(b) whether replying to the questions is obligatory or voluntary, as well as possible consequences of failure to reply;
(c) the rules on the right of access to and the right to rectify the data relating to the data subject.

(2) The provisions of subsection (1) shall not apply where the data subject already has the information mentioned in paragraphs 1 to 3.

 

§ 29.

(1) Where the data have not been obtained from the data subject, the controller or his representative shall at the time of undertaking the recording of the data, or where disclosure to a third party is envisaged, no later than the time when the data are disclosed, provide the data subject with the following information:

1. the identity of the controller and of his representative;

2. the purposes of the processing for which the data are intended;

3. any further information which is necessary, having regard to the specific circumstances in which the data are obtained, to enable the data subject to safeguard his interests, such as:

(a) the categories of data concerned;
(b) the categories of recipients;
(c) the rules on the right of access to and the right to rectify the data relating to the data subject.

(2) The rules laid down in subsection (1) shall not apply where the data subject already has the information referred to in paragraphs 1 to 3 or if recording or disclosure is expressly laid down by law or regulations.

(3) The rules laid down in subsection (1) shall not apply where the provision of such information to the data subject proves impossible or would involve a disproportionate effort.

 

§ 30.

(1) Section 28 (1) and section 29 (1) shall not apply if the data subject»s interest in obtaining this information is found to be overridden by vital private interests, including the interests of the subject data himself.

(2) Derogations from section 28 (1) and section 29 (1) may also take place if the data subject»s interest in obtaining this information is found to be overridden by vital public interests, including in particular:

1. national security;

2. defence;

3. public security;

4. the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of breaches of ethics for regulated professions;

5. an important economic or financial interest of a Member State or of the European Union, including monetary, budgetary and taxation matters; and

6. monitoring, inspection or regulatory functions, including temporary tasks, connected with the exercise of official authority in cases referred to in paragraphs 3 to 5.

 

Part 9. The data subject»s right of access to personal data

 

§ 31.

(1) Where a person submits a request to that effect, the controller shall inform him whether or not data relating to him are being processed. Where such data are being processed, communication to him shall take place in an intelligible form about:

1. the data that are being processed;

2. the purposes of the processing;

3. the categories of recipients of the data; and

4. any available information as to the source of such data.

(2) The controller shall reply to requests as referred to in subsection (1) without delay. If the request has not been replied to within 4 weeks from receipt of the request, the controller shall inform the person in question of the grounds for this and of the time at which the decision can be expected to be available.

 

§ 32.

(1) Section 30 shall be correspondingly applicable.

(2) Data which are processed on behalf of the public administration in the course of its administrative procedures may be exempted from the right of access to the same extent as under the rules of section 2, sections 7 to 11 and section 14 of the Act on Public Access to Documents in Administrative Files

(3) The right of access shall not apply to data processed on behalf of the courts where the data form part of a text which is not available in its final form. This shall, however, not apply where the data have been disclosed to a third party. There is no right of access to the records of considerations of verdicts or to any other court records of the deliberations of the court or material prepared by the courts for the purpose of such deliberations.

(4) Section 31 (1) shall not apply where data are processed solely for scientific purposes or are kept in personal form for a period which does not exceed the period necessary for the sole purpose of creating statistics.

(5) As regards processing of data in the area of criminal law carried out on behalf of the public administration, the Minister of Justice may lay down exemptions from the right of access under section 31 (1) in so far as the provision of section 32 (1), cf. section 30, is assumed to result in requests for rights of access in general being turned down.

 

§ 33.

A data subject who has received a communication in accordance with section 31 (1) shall not be entitled to a new communication until 6 months after the last communication, unless he can prove that he has a specific interest to that effect.

 

§ 34.

(1) Communication in accordance with section 31 (1) shall be in writing, if requested. In cases where the interests of the data subject speak in favour thereof, the communication may, however, be given in the form of oral information about the contents of the data.

(2) The Minister of Justice may lay down rules for payment of a fee for communications which are given in writing by private companies, etc.

Part 10. Other rights

 

§ 35.

(1) A data subject may at any time object in relation to the controller to the processing of data relating to him.

(2) Where the objection under subsection (1) is justified, the processing may no longer involve those data.

 

§ 36.

(1) If a data subject objects, a company may not disclose data relating to that person to a third company for the purposes of marketing or use the data on behalf of a third company for such purposes.

(2) Before a company discloses data concerning a consumer to a third company for the purposes of marketing or uses the data on behalf of a third company for such purposes, it must check in the CPR-register whether the consumer has filed a statement to the effect that he does not want to be contacted for the purpose of marketing activities. Before data relating to a consumer who has not given such information to the CPR-register are disclosed or used as mentioned in the first clause of this subsection, the company shall provide information about the right to object under subsection (1) in a clear and intelligible manner. At the same time, the consumer shall be given access to object in a simple manner within a period of two weeks. The data may not be disclosed until the time limit for objecting has expired.

(3) Contacts to consumers under subsection (2) shall otherwise take place in accordance with the rules laid down in section 6 (a) of the Danish Marketing Act and rules issued by virtue of section 6 (a) (6) of the Danish Marketing Act.

(4) The company may not demand any payment of fees in connection with objections.

 

§ 37.

(1) The controller shall at the request of the data subject rectify, erase or block data which turn out to be inaccurate or misleading or in any other way processed in violation of law or regulations.

(2) The controller shall at the request of the data subject notify the third party to whom the data have been disclosed of any rectification, erasure or blocking carried out in compliance with subsection (1). However, this shall not apply if such notification proves impossible or involves a disproportionate effort.

 

§ 38.

The data subject may withdraw his consent.

 

§ 39.

(1) Where the data subject objects, the controller may not make him subject to a decision which produces legal effects concerning him or significantly affects him and which is based solely on automated processing of data intended to evaluate certain personal aspects.

(2) The provision laid down in subsection (1) shall not apply if that decision:

1. is taken in the course of the entering into or performance of a contract, provided the request for the entering into or the performance of the contract, lodged by the data subject, has been satisfied or that there are suitable measures to safeguard his legitimate interests; or

2. is authorised by a law which also lays down measures to safeguard the data subject»s legitimate interests.

(3) The data subject has a right to be informed by the controller as soon as possible and without undue delay about the rules on which a decision as mentioned in subsection (1) is based. Section 30 shall be correspondingly applicable.

§ 40.

The data subject may file a complaint to the appropriate supervisory authority concerning the processing of data relating to him.

Title IV. Security

 

Part 11. Security of processing

 

§ 41.

(1) Individuals, companies etc. performing work for the controller or the processor and who have access to data may process these only on instructions from the controller unless otherwise provided by law or regulations.

(2) The instruction mentioned in subsection (1) may not restrict journalistic freedom or impede the production of an artistic or literary product.

(3) The controller shall implement appropriate technical and organisational security measures to protect data against accidental or unlawful destruction, loss or alteration and against unauthorised disclosure, abuse or other processing in violation of the provisions laid down in this Act. The same shall apply to processors.

(4) As regards data which are processed for the public administration and which are of special interest to foreign powers, measures shall be taken to ensure that they can be disposed of or destroyed in the event of war or similar conditions.

(5) The Minister of Justice may lay down more detailed rules concerning the security measures mentioned in subsection (3).

 

§ 42.

(1) Where a controller leaves the processing of data to a processor, the controller shall make sure that the processor is in a position to implement the technical and organisational security measures mentioned in section 41 (3) to (5), and shall ensure compliance with those measures.

(2) The carrying out of processing by way of a processor shall be governed by a written contract between the parties. This contract shall stipulate that the processor shall act only on instructions from the controller and that the rules laid down in section 41 (3) to (5) shall also apply to processing by way of a processor. If the processor is established in a different Member State, the contract shall stipulate that the provisions on security measures laid down by the law in the Member State in which the processor is established shall also be incumbent on the processor.

 

Title V. Notification

 

Part 12. Notification of processing carried out for a public administration

 

§ 43.

(1) The controller or his representative shall notify the Data Protection Agency before processing of data is carried out on behalf of the public administration, cf., however, section 44. The controller may authorise other authorities or private bodies to make such notifications on his behalf.

(2) The notification shall include the following information:

1. the name and address of the controller and of his representative, if any, and of the processor, if any;

2. the category of processing and its purpose;

3. a general description of the processing;

4. a description of the categories of data subjects and of the categories of data relating to them;

5. the recipients or categories of recipients to whom the data may be disclosed;

6. proposed transfers of data to third countries;

7. a general description of the measures taken to ensure security of processing;

8. the date of the commencement of the processing;

9. the date of erasure of the data.

 

§ 44.

(1) Processing operations which do not cover data of a confidential nature shall be exempt from the rules laid down in section 43, cf., however, subsection (2). Such processing may further without notification include identification data, including civil registration numbers, and data concerning payments to and from public authorities, unless it is a matter of processing as mentioned in section 45 (1).

(2) The Minister of Justice shall lay down more detailed rules on the categories of processing operations mentioned in subsection (1).

(3) Processing whose sole purpose is the keeping of a register which according to law or regulations is intended to provide information to the public in general and which is open to public consultation shall also be exempt from the rules laid down in section 43.

(4) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that certain categories of processing of data shall be exempt from the provisions laid down in section 43. This shall, however, not apply to the categories of processing mentioned in section 45 (1).

 

§ 45.

(1) Before processing operations covered by the obligation to notify in section 43 are carried out, the opinion of the Danish Data Protection Agency shall be obtained where:

1. processing includes data which are covered by section 7 (1) and section 8 (1); or

2. processing is carried out for the sole purpose of operating legal information systems; or

3. processing is carried out solely for scientific or statistical purposes; or

4. processing includes alignment or combination of data for control purposes.

(2) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that the opinion of the Agency shall be obtained prior to the start of any other processing operations than those mentioned in subsection (1).

 

§ 46.

(1) Changes in the information mentioned in section 43 (2) shall be notified to the Agency prior to being implemented. Less important changes may be notified subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

(2) The opinion of the Agency shall be obtained prior to the implementation of changes in the information mentioned in section 43 (2) contained in notifications of processing operations
covered by section 45 (1) or (2). Less important changes shall only be notified. Notification may take place subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

 

§ 47.

(1) In cases where the data protection responsibility has been delegated to a subordinate authority and the Agency cannot approve the carrying out of a processing operation, the matter shall be brought before the competent Minister who shall decide the matter.

(2) If the Agency cannot authorise the carrying out of a processing operation on behalf of a municipal or county authority, the matter shall be brought before the Minister of the Interior who shall decide the matter.

Part 13. Notification of processing operations carried out on behalf of a private controller

 

§ 48.

(1) Prior to the commencement of any processing of data which is carried out on behalf of a private controller, the controller or his representative shall notify the Danish Data Protection Agency, cf., however, section 49.

(2) The notification shall include the information mentioned in section 43 (2).

 

§ 49.

(1) Processing of data shall, except in the cases mentioned in section 50 (2), be exempt from the rules laid down in section 48 where:

1. the processing relates to data about employees, to the extent that the processing does not relate to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4); or

2. the processing relates to data concerning the health of employees, to the extent that the pro-cessing of health data is necessary to comply with provisions laid down by law or regulations; or

3. the processing relates to data concerning employees if registration is necessary under collective agreements or other agreements on the labour market; or

4. the processing relates to data concerning customers, suppliers or other business relations, to the extent that the processing does not relate to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4), or to the extent that it is not a matter of processing operations as mentioned in section 50 (1) 4; or

5. the processing is carried out for the purpose of marketing, to the extent that the processing does not relate to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4); or

6. the processing is carried out by an association or similar body, to the extent that only data concerning the members of the association are processed; or

7. the processing is carried out by lawyers or accountants in the course of business, to the extent that only data concerning their clients are processed; or

8. the processing is carried out by doctors, nurses, dentists, dental technicians, chemists, ther-apists, chiropractors and other persons authorised to exercise professional activities in the health sector, to the extent that the data are used solely for these activities and the processing of the data is not carried out on behalf of a private hospital; or

9. the processing is carried out for the purpose of being used by an occupational health service.

(2) The Minister of Justice shall lay down more detailed rules concerning the processing operations mentioned in subsection (1).

(3) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that other types of processing operations shall be exempt from the provision laid down in section 48. However, this shall not apply to processing operations covered by section 50 (1) unless the processing operations are exempted under section 50 (3).

 

§ 50.

(1) Prior to the commencement of any processing of data which is subject to the obligation to notify in section 48, the authorisation of the Data Protection Agency shall be obtained where:

1. the processing relates to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4); or

2. the processing of data is carried out for the purpose of warning third parties against entering into business relations or an employment relationship with a data subject; or

3. the processing is carried out for the purpose of disclosure in the course of business of data for assessment of financial standing and creditworthiness; or

4. the processing is carried out for the purpose of professional assistance in connection with staff recruitment; or

5. the processing is carried out solely for the purpose of operating legal information systems.

(2) In the case of transfer of data as mentioned in subsection (1) to third countries by virtue of section 27 (1) and subsection (3) 2 to 4, the authorisation of the Data Protection Agency to such transfer shall be obtained, also if the processing is otherwise exempt from the obligation to notify by virtue of section 49 (1).

(3) The Minister of Justice may lay down exemptions from the provisions of subsection (1) 1 and subsection (2).

(4) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that the authorisation of the Agency shall be obtained prior to the commencement of other processing operations subject to the obligation to notify than those mentioned in subsection (1) or subsection (2).

(5) The Agency may when granting an authorisation under subsection (1), subsection (2) or subsection (4) lay down more detailed conditions for the carrying out of the processing operations for reasons of the protection of the privacy of the data subjects.

 

§ 51.

(1) Changes in the information mentioned in section 48 (2), cf. section 43 (2), shall be notified to the Agency prior to being implemented. Less important changes may be notified subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

(2) The authorisation of the Agency shall be obtained prior to the implementation of changes in the information mentioned in section 48 (2), cf. section 43 (2), contained in notifications of processing operations covered by section 50 (1), (2) or (4). Less important changes shall only be notified. Notification may take place subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

Part 14. Notification of processing operations carried out on behalf of the courts-of-law

 

§ 52.

The rules laid down in sections 43 to 46 shall apply to the notification to the Danish Court Administration of processing of data carried out on behalf of the courts-of-law.

Part 15. Miscellaneous provisions

 

§ 53.

Processors established in Denmark and offering electronic processing services shall prior to the commencement of such processing operations notify the Data Protection Agency hereof.

 

§ 54.

(1) The supervisory authority shall keep a register of processing operations notified under sections 43, 48 and 52. This register, which shall, as a minimum, contain the items of information mentioned in section 43 (2), shall be open to consultation by the general public.

(2) A controller shall make the information mentioned in section 43 (2) 1, 2 and 4 to 6 concerning the processing operations performed on his behalf available to any person who makes a request to this effect.

(3) The right of access of the general public to the register mentioned in subsection (1) and the information mentioned in subsection (2) may be restricted to the extent that this is necessary for the prevention, detection and prosecution of criminal offences, or where required for the protection of vital private interests.

Title VI. Supervision and final provisions

 

Part 16. The Data Protection Agency

 

§ 55.

(1) The Data Protection Agency, which consists of a Council and a Secretariat, is responsible for the supervision of all processing operations covered by this Act, cf., however part 17.

(2) The day-to-day business is attended to by the Secretariat, headed by a Director.

(3) The Council, which shall be set up by the Minister of Justice, is composed of a chairman, who shall be a legally qualified judge, and of six other members. Substitutes may be appointed for the members of the Council. The members and their substitutes shall be appointed for a term of 4 years.

(4) The Council shall lay down its own rules of procedure and detailed rules on the division of work between the Council and the Secretariat.

 

§ 56.

The Data Protection Agency shall act with complete independence in executing the functions entrusted to it.

 

§ 57.

The opinion of the Data Protection Agency shall be obtained when Orders, Circulars or similar general regulations of importance for the protection of privacy in connection with the processing of data are to be drawn up.

 

§ 58.

(1) The Data Protection Agency shall supervise, on its own initiative or acting on a complaint from a data subject, that the processing is carried out in compliance with the provisions of this Act and any rules issued by virtue of this Act.

(2) The Data Protection Agency may at any time revoke a decision made in accordance with section 27 (4) or section 50 (2), cf. section 27 (1) or (3) 2 to 4, if the European Commission decides that transfer of data to specific third countries may not take place or that such transfers may lawfully take place. This, however, shall only apply where the revocation is necessary in order to comply with the decision of the Commission.

 

§ 59.

(1) The Data Protection Agency may order a private data controller to discontinue a pro-cessing operation which may not take place under this Act and to rectify, erase or block specific data undergoing such processing.

(2) The Data Protection Agency may prohibit a private data controller from using a specified procedure in connection with the processing of data if the Data Protection Agency finds that the procedure in question involves a considerable risk that data are processed in violation of this Act.

(3) The Data Protection Agency may order a private data controller to implement specific technical and organisational security measures to protect data which may not be processed against processing, and to protect data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, and disclosure to any unauthorised person, abuse or any other unlawful forms of processing.

(4) The Data Protection Agency may in special cases issue a prohibitory or mandatory injunction against data processors, cf. subsections (1) to (3).

 

§ 60.

(1) The Data Protection Agency shall make decisions in relation to the relevant authority in cases concerning section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section 13 (1), section 27 (4), sections 28 to31, section 32 (1), (2) and (4), sections 33 to 37, section 39 and section 58 (2).

(2) In other cases, the Data Protection Agency shall give opinions to the authority acting as controller.

 

§ 61.

No appeals may be brought before any other administrative authority against the decisions made by the Data Protection Agency under the provisions of this Act.

 

§ 62.

(1) The Data Protection Agency may require to be furnished with any information of importance to its activities, including for the decision as to whether or not a particular matter falls under the provisions of this Act.

(2) The members and the staff of the Data Protection Agency shall at any time, against appropriate proof of identity and without any court order, have access to all premises from which processing operations carried out on behalf of the public administration are administered, or from which there is access to the data subject to processing, and to all premises where data or technical equipment are stored or used.

(3) Subsection (2) shall apply correspondingly as regards processing operations carried out on behalf of private data controllers to the extent that such processing is covered by section 50.

(4) Subsection (2) shall also apply to processing operations carried out by processors as referred to in section 53.

 

§ 63.

(1) The Data Protection Agency may decide that notifications and applications for authorisations under the provisions of this Act and any changes therein may or shall be submitted in a specified manner.

(2) An amount of DKK 1,000 shall be payable in connection with the submission of the following notifications and applications for authorisations under this Act:

1. Notifications under section 48.
2. Authorisations under section 50.
3. Notifications under section 53.

(3) Notifications as referred to in subsection (2) 1 and 3 shall be deemed to have been submitted only when payment has been effected. The Data Protection Agency may decide that authorisations as referred to in subsection (2) 2 shall not be granted until payment has been effected.

(4) The provisions of subsection (2) 1 and 2 do not apply to processing of data which takes place exclusively for scientific or statistical purposes.

(5) Where a processing operation shall both be notified under section 48 and authorised under section 50, only a single fee shall be payable.

 

§ 64.

(1) The Data Protection Agency may, on its own initiative or at the request of another Member State, check that a processing operation of data taking place in Denmark is lawful, irrespective of whether or not the processing operation is governed by the legislation of another Member State. The provisions laid down in sections 59 and 62 shall be correspondingly applicable.

(2) The Data Protection Agency may further disclose data to supervisory authorities in other Member States to the extent that this is required in order to ensure compliance with the provisions of this Act or those of the data protection legislation of the Member State concerned.

 

§ 65.

The Data Protection Agency shall submit an annual report on its activities to the Folketing (the Danish Parliament). The report shall be made public. The Data Protection Agency may also make its opinions accessible to the general public. Section 30 shall be correspondingly applicable.

 

§ 66.

The Data Protection Agency and the Danish Court Administration shall co-operate to the extent required to fulfil their obligations, particularly through the exchange of all relevant data.

 

Part 17. Supervision of the courts

 

§ 67.

(1) The Danish Court Administration shall supervise the processing of data carried out on behalf of the courts.

(2) Such supervision shall include the processing of data as regards the administrative affairs of the courts.

(3) As regards other processing of personal data, the decision shall be taken by the competent court. Such decisions may be appealed against to a higher court. As regards special courts or tribunals whose decisions cannot be appealed against to a higher court, decisions as referred to in clause 1 of this subsection may be appealed against to the division of the High Court within whose jurisdiction the court or tribunal is situated. The period allowed for appeal is 4 weeks from the date on which the individual concerned has been notified of the decision.

 

§ 68.

(1) The provisions of sections 56 and 58, section 62 (1), (2) and (4), section 63 (1) and section 66 shall apply to the exercise by the Danish Court Administration of its supervision under section 67. The decisions of the Danish Court Administration are final and conclusive.

(2) The opinion of the Danish Court Administration shall be obtained when Orders or similar general legal regulations of importance for the protection of privacy in connection with the processing of data carried out for the courts are to be drawn up.

(3) The Danish Court Administration shall publish an annual report on its activities.

Part 18. Liability in damages and criminal liability

 

§ 69.

The controller shall compensate any damage caused by the processing of data in violation of the provisions of this Act unless it is established that such damage could not have been averted through the diligence and care required in connection with the processing of data.

 

§ 70.

(1) In the absence of more severe punishment being prescribed under other legislation, any person who commits any of the following offences in connection with processing carried out on behalf of private individuals or bodies shall be liable to a fine or detention:

1. violation of section 4 (5), section 5 (2) – (5), section 6, section 7 (1), section 8 (4), (5) and (7), section 9 (2), section 10 (2) and (3) first clause, section 11 (2) and (3), section 12 (1) and (2) first clause, section 13 (1) first clause, sections 20 – 25, section 26 (1), (2) second clause, and (3), section 27 (1), section 28 (1), section 29 (1), section 31, sections 33 and 34, section 35 (2), sections 36 and 37, section 39 (1) and (3), section 41 (1) and (3), section 42, section 48, section 50 (1) and (2), section 51, section 53 or section 54 (2);

2. failure to comply with the Data Protection Agency»s decision under section 5 (1), section 7 (7), section 13 (1), second clause, section 26 (2), first clause, section 27 (4), sections 28 and 29, section 30 (1) section 31, section 32 (1) and (4), sections 33-37, section 39, section 50 (2) or section 58 (2);

3. failure to comply with the requirements of the Data Protection Agency under section 62 (1);

4. obstruction of the Data Protection Agency from access under section 62 (3) and (4);

5. failure to comply with conditions as referred to in section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section13 (1), section 27 (4), section 50 (5) or any terms or conditions stipulated for an authorisation in accordance with rules issued by virtue of this Act; or

6. failure to comply with prohibitory or mandatory orders issued in accordance with section 59 or in accordance with rules issued by virtue of this Act.

(2) In the absence of more severe punishment being prescribed under other legislation, any person who in connection with a processing operation carried out on behalf of public authorities violates section 41 (3) or section 53 or fails to comply with conditions as referred to in section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section 13 (1), section 27 (4) or any other terms or conditions for an authorisation in accordance with rules issued by virtue of this Act shall be liable to a fine or detention.

(3) In the absence of more severe punishment being prescribed under other legislation, any person who in connection with a processing operation governed by another Member State»s legislation fails to comply with the decisions of the Data Protection Agency under section 59 or to fulfil the requirements of the Data Protection Agency under section 62 (1), or obstructs the Data Protection Agency»s right of access under section 62 (3) and (4) shall be liable to a fine or detention.
(4) Any rules issued by virtue of this Act may stipulate punishment in the form of a fine or detention.
(5) Criminal liability may be imposed on companies, etc. (legal persons) pursuant to the rules laid down in Part 5 of the Danish Penal Code.

 

§ 71.

Any person who carries on business or is engaged in business activities as referred to in section 50 (1) 2 to 5 or section 53 may on conviction of a criminal offence be deprived of the right to carry on such business activities provided that the offence committed gives reasonable ground to fears of abuse. Section 79 (3) and (4) shall also apply.

Part 19. Final provisions, including commencement provisions, etc.

 

§ 72.

The competent minister may in special cases lay down more detailed rules for processing operations carried out on behalf of the public administration.

 

§ 73.

The Minister of Justice may lay down more detailed rules concerning certain categories of processing operations carried out on behalf of private controllers, including rules to the effect that specific categories of data may not be processed.

 

§ 74.

Trade associations and other bodies representing other categories of private controllers may in co-operation with the Data Protection Agency draw up codes of conduct intended to contri-bute to the proper implementation of the rules laid down in this Act.

 

§ 75.

The Minister of Justice may lay down the rules which are necessary for the implementation of decisions issued by the European Community with a view to implementation of the Directive on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, or rules which are necessary for the application of legal acts issued by the Community in the field covered by the Directive.

 

§ 76.

(1) This Act shall come into operation on 1 July 2000.

(2) The Public Authorities`Registers Act, cf. Consolidation Act nº 654 of 20 September 1991, and the Private Registers, etc. Act, cf. Consolidation Act nº 622 of 2 October 1987 are hereby abolished.

(3) The members of the Register Council shall step in as members of the Data Protection Council until the Minister of Justice has appointed the members of the Data Protection Council.

(4) Order nº 160 of 20 April 1979 on the rules of procedure of the Register Council, etc. shall apply to the activities of the Data Protection Agency until they are abolished or replaced by rules issued by virtue of this Act.

(5) Decree nº 73 of 5 March 1979 which provides that regulations for registers, etc. drawn up by virtue of the Public Authorities`Registers Act shall not be published in the Law Gazette is hereby abolished.

(6) Complaints or control cases filed before 24 October 1998 shall be dealt with in accordance with the rules applying until now. The Data Protection Agency shall exercise the powers vested in the Data Surveillance Authority under these rules.

(7) The Data Protection Agency shall otherwise perform the tasks which are according to the legislation performed by the Data Surveillance Authority.

 

§ 77.

(1) As regards processing operations carried out on behalf of private individuals or bodies and which were commenced before 24 October 1998, the rules laid down in Part 13 shall be implemented by 1 October 2000 at the latest.

(2) As regards processing operations carried out on behalf of public authorities and which were commenced before 24 October 1998, the rules laid down in Parts 12 and 14 shall be implemented by 1 April 2001 at the latest.

(3) Processing operations commenced before 24 October 1998 may continue without authorisation for 16 weeks after the coming into operation of this Act if authorisation is required under the rules laid down in Title II or the provision laid down in subsection (7).

(4) Processing operations commenced on 24 October 1998 or later, but before the coming into operation of this Act, may continue without prior notification, opinion or authorisation for 16 weeks after the coming into operation of this Act.

(5) Notification according to the provision laid down in section 53 shall take place within 16 weeks after the coming into operation of this Act.

(6) The Minister of Justice may lay down rules concerning prolongation of the time limit mentioned in subsections (1) and (2).

(7) The Supervisory Authority may in exceptional cases and on application decide that processing operations commenced before the coming into operation of this Act may continue, irrespective of the rules on processing laid down in Title II.

 

§ 78.

(1) Processing operations which have been notified before the coming into operation of this Act under section 2 (3) second clause of the Private Registers, etc. Act may continue until 1 October 2001 in accordance with the rules applying until now. The Data Protection Agency shall exercise the powers vested in the Data Surveillance Authority.

(2) Processing operations as mentioned in subsection (1) shall comply with sections 5, 41 and 42 of the Act. As regards such operations, the data subject may demand rectification, erasure or blocking of data which are inaccurate or misleading or which are stored in a way which is incompatible with the legitimate purposes pursued by the controller. The Data Protection Agency shall carry out inspection under the rules laid down in Part 16 of this Act.

 

§ 79.

Consent which has been given in accordance with the rules applying until now shall apply to processing operations carried out after the coming into operation of this Act if the consent satisfies the requirements laid down in paragraph 8 of section 3 of this Act, cf. paragraph 1 of section 6, paragraph 1 of section 7 (2), paragraphs 2 to 5 of section 8, paragraph 2 of section 11 (2) or subsection (3) or paragraph 1 of section 27 (3).

 

§ 80.

Act nº 572 of 19 December 1985 on public administration, as amended by Act nº 276 of 13 May 1998, shall be amended as follows:

1. Section 5 (3) shall read as follows:

«(3) The competent minister may lay down rules on public access to be informed of registers as mentioned in subsection (2) which are not covered by the Act on the processing of personal data. In this connection rules on the payment of a fee may be laid down.»

 

§ 81.

Act nº 430 of 1 June 1994 on information data bases operated by the mass media shall be amended as follows:

1. In section 3, subsections (1) and (3), and section 6 (1) the term «Data Surveillance Authority» shall be replaced by «Data Protection Agency».

2. The following provision shall be inserted as a new section 11 a:

«11 a. The necessary security measures shall be taken to prevent data in information data bases accessible by the general public from being altered by unauthorised persons.»

3. Paragraph 1 of section 16 (1) shall read as follows:

«1. violates sections 4, 5, 7, 8 (1), paragraphs 2 and 3 of section 9, section 11 (1) and (3) or section 11 a.»

4. Section 17 shall read as follows:

«17 – (1) A mass media shall compensate any damage caused by a processing operation in violation of the rules laid down in this Act unless it is proven that the damage could not have been averted by the diligence and care which can reasonably be required in connection with processing of data. The general rules of the law of tort and compensation shall be applicable.

(2) The general rules of law on criminal liability shall be applicable in cases covered by this Act.

(3) Criminal liability under the rules laid down in Part 5 of the Penal Code may be imposed upon companies and similar bodies (legal persons).»

 

§ 82.

The Danish Land Registration Act, cf. Consolidation Act nº 622 of 15 September 1986, as amended most recently by section 2 of Act nº 1019 of 23 December 1998, shall be amended as follows:

1. In section 50 d (1) the term «Data Surveillance Authority» shall be replaced by «Danish Court Administration».

2. Section 50 d (2) and (3) shall read as follows:

«(2) The Danish Court Administration shall carry out inspection of registers of land charges, etc. under the Act. No appeal can be brought against the decisions of the Court Administration.

(3) The Minister of Justice shall lay down more detailed rules about this inspection in consultation with the Danish Court Administration.»

 

§ 83.

This Act shall not extend to the Faroe Islands, but may by Royal Decree be given effect for the processing of data by the constitutional authorities subject to any deviations following from the special conditions in the Faroe Islands. Nor shall this Act extend to Greenland, but may by Royal Decree be given effect subject to any deviations following from the special conditions in Greenland.

Given at Christiansborg Castle, 31 May 2000
Under our Royal Hand and Seal


MARGRETHE R./FRANK JENSEN

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Ley 1845 de protección de datos personales de la ciudad de Buenos Aires

Ley 1845 de protección de datos personales de la ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Ley de Protección de Datos Personales

 

Título I. Disposiciones Generales

 

Artículo 1º.- Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando los datos se refieran a información pública y no a datos personales será de aplicación la Ley nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires.

En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.

 

Artículo 2°.Ámbito de aplicación.

A los fines de la presente ley se consideran incluidos dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires a todos los archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad de los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Artículo 3°.- Definiciones.

A los fines de la presente ley se entiende por:

Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables.

Datos sensibles: Aquellos datos personales que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato discriminatorio al titular de los datos.

Archivos, registros, bases o bancos de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento, cualquiera sea la modalidad o forma de su recolección, almacenamiento, organización o acceso, incluyendo tanto los automatizados como los manuales.

Tratamiento de datos: Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, registro, organización, elaboración, extracción, utilización, cotejo, supresión, y en general, el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de todo tipo de comunicación, consulta, interconexión, transferencia, difusión, o cualquier otro medio que permita el acceso a los mismos.

Titular de datos: Persona física o de existencia ideal cuyos datos sean objeto de tratamiento.

Responsable del archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia ideal del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que sea titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

Encargado del tratamiento: Persona física o de existencia ideal, autoridad pública, dependencia u organismo que, solo o juntamente con otros, realice tratamientos de datos personales por cuenta del responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

Usuario de datos: Persona física que, en ocasión del trabajo y cumpliendo sus tareas específicas, tenga acceso a los datos personales incluidos en cualquier archivo, registro, base o banco de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de acceso público irrestricto: Exclusivamente, se entienden por tales a los boletines, diarios o repertorios oficiales, los medios de comunicación escritos, las guías telefónicas en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección o cualquier otro dato que indique de su pertenencia al grupo.

 

Título II. Del Régimen de los Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos

 

Artículo 4°.- Creación de archivos, registros, bases o bancos de datos:

La creación y mantenimiento de archivos, registros, bases o bancos de datos debe responder a un propósito general y usos específicos lícitos y socialmente aceptados. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros, bases o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires e indicar:

a) Características y finalidad del archivo;

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán;

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;

f) Órgano responsable del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;

g) Dependencia ante la cual los ciudadanos pueden ejercer los derechos reconocidos por la presente ley.

En las disposiciones que se dicten para la supresión de los archivos, registros, bases o bancos de datos se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.
Cuando se traten datos personales recolectados a través de internet, los sitios interactivos de la Ciudad de Buenos Aires deberán informar al titular de los datos personales los derechos que esta ley y la ley nacional les otorgan mediante una política de privacidad ubicada en un lugar visible de la página web.

 

Artículo 5°.- Tratamiento de datos personales efectuados por terceros.

Cuando el responsable de un archivo, registro, base o banco de datos decida encargar a un tercero la prestación de servicios de tratamiento de datos personales, deberá requerir previamente la autorización del organismo de control, a cuyo efecto deberá fundar los motivos que justifican dicho tratamiento.

Los tratamientos de datos personales por terceros que sean aprobados por el organismo de control no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en la norma de creación de archivos, registros, bases o bancos de datos.

Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán contener los niveles de seguridad exigidos por la ley, así como también las obligaciones que surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la información obtenida y cumplir con todas las provisiones de la presente ley a los fines de evitar una disminución en el nivel de protección de los datos personales.

 

Título III. Principios Generales de la Protección de Datos Personales

 

Artículo 6°.- Calidad de los datos.

Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.

La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.

Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas con aquéllas que motivaron su obtención.

Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario para responder con veracidad a la situación de su titular.

Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 13 de la presente ley.

Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.

Los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados, sin necesidad de que lo requiera el titular de los mismos.

 

Artículo 7°.- Consentimiento.

El tratamiento de datos personales se considera ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al titular de datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que se refiere el artículo 18 inciso b) de la presente ley.

El consentimiento puede ser revocado por cualquier medio y en cualquier momento. Dicha revocación no tendrá efectos retroactivos.

No será necesario el consentimiento cuando:

— Los datos personales se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes de la Ciudad de Buenos Aires, o en virtud de una obligación legal;

— Los datos personales se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;

— Se trate de datos personales relativos a la salud de las personas y su tratamiento sea necesario por razones de salud pública y emergencia establecidas por autoridad competente y debidamente fundadas;

— Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;

 

Artículo 8°.- Datos sensibles.

Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. En particular no se podrá solicitar a ningún individuo datos sensibles como condición para su ingreso o promoción dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos sensibles sólo pueden ser tratados cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas, siempre y cuando no puedan ser identificados sus titulares.

Queda prohibida la formación de archivos, registros, bases o bancos de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles, salvo que la presente ley o cualquier otra expresamente disponga lo contrario o medie el consentimiento libre, previo, expreso, informado y por escrito del titular de los datos.

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales o infracciones administrativas sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

 

Artículo 9°.- Datos relativos a la salud.

Los establecimientos sanitarios dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud que presten servicios en los mismos pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.

 

Artículo 10.- Cesión de datos.

Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

Al consentimiento para la cesión de datos personales le son aplicables las disposiciones previstas en el artículo 7° de la presente ley.

El consentimiento no es exigido cuando:

a) Así lo disponga expresamente una ley especial referida a cuestiones sensibles, en particular sobre salud pública, emergencias y seguridad.

b) En los supuestos previstos en el artículo 7° inciso 3° de la presente ley;

c) Se realice entre órganos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;

d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;

e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.

f) Cuando la información sea requerida por un magistrado del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Ministerio Público, en el marco de una causa judicial en particular.

El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

 

Artículo 11.- Transferencia interprovincial.

Es prohibida la transferencia de datos personales a cualquier provincia o municipio cuya administración pública no proporcione niveles de protección adecuados a los establecidos por la Ley Nacional nº 25.326 y la presente ley.

La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

— Colaboración judicial interjurisdiccional;

— Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 3°, apartado e) del artículo anterior;

— Transferencias bancarias, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;

— Intercambio de información entre los respectivos organismos provinciales o nacionales dentro del marco de sus competencias, a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

— Cuando la transferencia tenga por objeto la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

— Consentimiento del titular de los datos.

 

Artículo 12.- Transferencia internacional.

Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no aseguren que los datos personales contarán con una protección adecuada a la proporcionada por la presente ley.

La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

— Colaboración judicial internacional;

— Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 3°, apartado e) del artículo 10 de la presente ley;

— Transferencias bancarias, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;

— Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

— Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa.

— Consentimiento del titular de los datos.

 

Título IV. Derechos de los Titulares de Datos Personales

 

Artículo 13.- Asisten al titular de datos personales los siguientes derechos:

Derecho de información:
Toda persona puede solicitar al organismo de control información relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, su finalidad, identidad y domicilio de sus responsables.

Derecho de acceso:
El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información relativa a los datos personales referidos a su persona que se encuentren incluidos en los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, y del mismo modo, el titular de los datos podrá exigir que se le informe acerca de la identidad de las personas a las que se le hubieran cedido datos relativos a su persona, del origen de los datos incluidos en el archivo, registro, base o banco de datos consultado, y de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de datos que se hubieran realizado.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos consultado debe proporcionar la información solicitada, sin restricciones ni requisitos de ningún tipo, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de datos personales prevista en la presente ley.

El derecho de acceso sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a dos meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercerse en cualquier momento.

La información que el responsable del archivo, registro, base o banco de datos deba brindar al titular de los datos, deberá ser amplia y versar sobre la totalidad de la información referida a su persona que se encuentre almacenada en el archivo, registro, base o banco de datos consultado, aún cuando el requerimiento del titular sólo comprenda un aspecto de sus datos personales.
La información, a opción del titular de los datos, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen u otro medio idóneo a tal fin.

Derecho de rectificación, actualización o supresión:
Toda persona tiene derecho a que los datos personales a ella referidos sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo presentado por el titular de los datos, o advertido el error o falsedad.

El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de datos personales prevista en la presente ley.

En el supuesto de cesión de datos personales a terceros, el responsable del archivo, registro, base o banco de datos cedente debe notificar la rectificación, actualización o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato, debiendo el cesionario tomar cuenta de ello dentro del plazo de dos días de recibida la notificación.

La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.

Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, registro, base o banco de datos, o consignar al proveer información relativa al titular de los datos que hubiera solicitado la rectificación, actualización o supresión, la circunstancia de que dicha información se encuentra sometida a revisión.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, no podrá exigir contraprestación alguna para el ejercicio de los derechos de supresión, rectificación y actualización.

 

Artículo 14.-

El titular de los datos podrá ejercer los derechos que se le reconocen en esta ley por sí o a través de sus representantes legales o convencionales. Se encuentran facultados del mismo modo los sucesores de las personas físicas.

 

Artículo 15.- Excepciones.

El responsable de un archivo, registro, base o banco de datos puede denegar el acceso, rectificación, actualización, pedido de confidencialidad o supresión solicitada por el titular del dato, en función del orden o la seguridad pública, o de la protección de los derechos o intereses de terceros cuando así lo disponga una autoridad judicial a partir de una medida cautelar inscripta.

Asimismo, si al responder al requerimiento del titular del dato existieran medidas cautelares judiciales o administrativas, inscriptas, vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones del control de la salud o del medio ambiente, la investigación de delitos y la verificación de sanciones administrativas.

La resolución que deniegue el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada explicitando la medida que ampara la negativa y notificada al titular del dato.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se debe brindar acceso a los archivos, registros, bases o bancos de datos en la oportunidad en que el titular de los datos tenga que ejercer su derecho de defensa.

 

Título V. Obligaciones Relacionadas con los Datos Personales Asentados en Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos

 

Artículo 16.- Confidencialidad.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el encargado del tratamiento y los usuarios de datos están obligados al secreto profesional respecto de los datos personales sujetos a tratamiento y a guardar dicho secreto, una vez finalizadas las funciones o actividades en virtud de las cuales dichos datos fueron sometidos a tratamiento.

En el caso del encargado del tratamiento y de los usuarios de datos, tal deber subsistirá aun después de finalizada su relación con el responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

El deber de secreto podrá ser relevado por resolución judicial cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

 

Artículo 17.- Seguridad.

El tratamiento de datos personales se sujetará a las medidas de seguridad establecidas en la correspondiente normativa nacional.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el encargado del tratamiento y los usuarios de datos deben adoptar todas las medidas técnicas y de organización necesarias y adecuadas que impidan la adulteración, pérdida, destrucción y el tratamiento o acceso no autorizado a los datos incluidos en sus archivos, registros, bases o bancos de datos. Dichas medidas deberán garantizar un nivel de seguridad apropiado en relación con la tecnología aplicada y sus avances, con la naturaleza de los datos tratados y con los riesgos propios del tratamiento.

 

Artículo 18.- Obligaciones del responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

Constituyen obligaciones del responsable del archivo, registro, base o banco de datos, las siguientes:

— Requerir y obtener el consentimiento del titular de los datos personales, previo a su obtención y tratamiento, en los términos del artículo 7° de la presente ley.

— Informar al titular de los datos, en forma expresa y clara, y bajo pena de nulidad, previamente a recabar información referida a su persona, acerca de:

— La existencia del archivo, registro, base o banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;

— La finalidad para la que serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios o categorías de destinatarios.

— El carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean formuladas.

— Las consecuencias que se deriven de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos.

— La facultad y modo de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos que le confiere la presente ley.

— Detalle sobre los órganos de aplicación de la presente ley.

— Respetar en todo momento los principios generales de la protección de datos personales.

— Proceder en forma inmediata a la rectificación, actualización o supresión, de los datos personales cuando fueran total o parcialmente inexactos, incompletos, o desactualizados.

— Registrar sus archivos, registros, bases o bancos de datos en el Registro de Datos creado por el organismo de control.

 

Artículo 19.- Obligaciones del encargado del tratamiento de datos.

Le asisten al encargado del tratamiento de datos personales los mismos deberes y obligaciones exigidas al responsable del archivo, registro, base o banco de datos tanto respecto de la confidencialidad y reserva que debe mantener sobre la información obtenida, como del respeto y cumplimiento a los principios generales de la protección de datos personales.

El encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento y no podrá, bajo ningún concepto, ceder los datos personales sometidos a tratamiento, ni aun para su conservación.

 

Artículo 20.- Obligaciones del usuario de datos.

Todas las personas que actúen, trabajen, o presten servicios de cualquier tipo en o para algún órgano del sector público de la Ciudad de Buenos Aires sólo podrán tratar los datos personales incorporados en los archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad del órgano para o en el que desempeñen su tarea, cuando así lo disponga el responsable del archivo, registro, base o banco de datos de que se trate o en virtud de una obligación legal.

Quedan sujetos, al igual que los encargados del tratamiento a los mismos deberes y obligaciones exigidos al responsable del archivo, registro, base o banco de datos, tanto respecto de la confidencialidad y reserva que debe mantener sobre la información obtenida, como del respeto y cumplimiento a los principios generales de la protección de datos personales.

El usuario de datos sólo podrá ceder los datos personales sometidos a tratamiento siguiendo expresas instrucciones del responsable del tratamiento.

 

Artículo 21.- Valoraciones.

Son nulos e inválidos los actos y decisiones administrativos que impliquen una valoración del comportamiento o de la personalidad de las personas fundada en el tratamiento de sus datos personales. Asiste al titular de los datos el derecho a impugnar tales actos y decisiones, sin perjuicio de las demás acciones que le pudieran corresponder.

El titular de los datos personales siempre tendrá derecho a conocer la lógica del proceso de decisión automatizada explicado en términos simples y adecuados a su nivel social y cultural.

 

Título VI. Control

 

Artículo 22.- Organismo de control.

Desígnase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como organismo de control de la presente ley.

 

Artículo 23.- Registro de datos personales.

Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el Registro de Datos Personales, que tendrá las siguientes funciones:

— Autorizar y habilitar la creación, uso y funcionamiento de los archivos, registros, bases y bancos de datos personales del sector público de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con lo preceptuado en la presente ley.

— Establecer los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires relativos al proceso de recolección de datos, diseño general del sistema, incluyendo los mecanismos de seguridad y control necesarios, equipamiento técnico, mecanismos adoptados para garantizar los derechos de acceso, supresión, rectificación y actualización así como demás extremos pertinentes.

— Llevar un registro de los archivos, registros, bases o bancos de datos creados por el sector público de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, establecerá el procedimiento de inscripción, su contenido, modificación, cancelación, y la forma en que los ciudadanos podrán presentar sus reclamos, de conformidad con lo establecido en el art. 4°, inc. 3° de la presente ley.

— Garantizar el acceso gratuito al público de toda la información contenida en su registro.

— Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y por el respeto de los derechos al honor, la autodeterminación informativa y la intimidad de las personas.

— Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y propuestas a los responsables, usuarios y encargados de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de lograr una completa adecuación y cumplimiento de los principios contenidos en la presente ley.

— Proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios contra quien estime responsable de la comisión de infracciones al régimen establecido por la presente ley.

— Recibir denuncias.

— Formular denuncias y reclamos judiciales por sí, cuando tuviere conocimiento de manifiestos incumplimientos de lo estipulado en la presente ley por parte de los responsables, usuarios y/o encargados de los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

— Representar a las personas titulares de los datos, cuando éstos se lo requiriesen, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso, rectificación, supresión y actualización, cuando correspondiere, por ante el archivo, registro, base o banco de datos.

— Asistir al titular de los datos, cuando éste se lo requiera, en los juicios que, en virtud de lo establecido en la presente ley, entable por ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

— Elaborar informes sobre los proyectos de ley de la Ciudad de Buenos Aires que de alguna forma tengan impacto en el derecho a la privacidad y protección de los datos personales.

— Elevar un informe anual a la Legislatura sobre el desarrollo de la protección de los datos personales en la Ciudad de Buenos Aires.

— Colaborar con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y con los correspondientes organismos de control provinciales en cuantas acciones y actividades sean necesarias para aumentar el nivel de protección de los datos personales en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

— Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.

 

Artículo 24.-

Cualquier persona podrá conocer la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, su finalidad, la identidad y domicilio del responsable, destinatarios y categorías de destinatarios, condiciones de organización, funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad, garantías para el ejercicio de los derechos del titular de los datos así como toda otra información registrada.

El organismo de control procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:

— Legalidad de la recolección o toma de información personal;

— Legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre ellos;

— Legalidad en la cesión propiamente dicha;

— Legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos.

 

Título VII. Infracciones

 

Artículo 25.- Se consideran infracciones las siguientes:

— Realizar el tratamiento de datos desconociendo los principios establecidos en los Títulos III y IV del presente cuerpo normativo.

— Incumplir las obligaciones descriptas en el Título V.

— No proceder a solicitud del titular de los datos, o del organismo de control a la supresión, rectificación y actualización de los datos personales en los supuestos, tiempo y forma establecidos en esta ley.

— Obstaculizar o impedir el derecho de acceso reconocido en esta ley al titular o al organismo de control en los supuestos, tiempo y forma que la misma estipula.

— Ceder datos personales en infracción a los requisitos que se establecen en la presente ley.

— Crear archivos, registros, bases o bancos de datos, ponerlos en funcionamiento y/o iniciar el tratamiento de datos personales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

— No cumplimentar los demás extremos o requisitos que esta ley establece, así como aquellos que el organismo de control establezca en ejercicio de su competencia.

— Obstruir las funciones que por esta ley se le reconocen al organismo de control.

— Tratar los datos de carácter personal de un modo que lesione, violente o desconozca los derechos a la privacidad, autodeterminación informativa, imagen, identidad, honor así como cualquier otro derecho de que sean titulares las personas físicas o de existencia ideal.

La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.

 

Título VIII. Sanciones

 

Artículo 26.- Responsabilidad.

Los responsables, usuarios, encargados o cesionarios de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que en forma arbitraria obstruyan el ejercicio de los derechos que la presente ley le reconoce a los ciudadanos serán considerados incursos en falta grave.

En caso de comisión de alguna de las infracciones previstas en el art. 25 de esta ley, en la Ley Nacional nº 25.326, su reglamentación y/o sus modificaciones, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas; de la responsabilidad por daños y perjuicios y/o de las sanciones penales que pudieran corresponder, el organismo de control dictará resolución recomendando al órgano del cual dependa jerárquicamente el archivo, registro, base o banco de datos en el que se hubiera verificado la infracción:

La adopción de las medidas que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Dicha resolución se comunicará al responsable del archivo, registro, base o banco de datos, al órgano del cual dependa jerárquicamente, al titular del dato y, cuando corresponda, a los encargados del tratamiento y cesionarios de los datos personales.

La aplicación de las pertinentes sanciones administrativas a los responsables de la infracción individualizando al responsable, los hechos y los perjudicados.

En caso de comisión de alguna de las infracciones previstas en el art. 25 de esta ley por parte de un tercero encargado de realizar tratamientos de datos personales en virtud a un contrato celebrado de acuerdo a lo previsto por el art. 5° de esta ley, de acuerdo al tipo de infracción de que se trate, serán de aplicación con respecto al contratista infractor, las sanciones establecidas por la Ley Nacional nº 25.326, su reglamentación y/o sus modificaciones.

Cumplida la recomendación del organismo de control, el Poder Ejecutivo deberá abrir un sumario administrativo para determinar si existió o no una infracción a la presente ley y dicha conclusión deberá ser informada a la Defensoría del Pueblo.

 

Artículo 27.- Inmovilización de archivos, registros, bases o bancos de datos.

En los supuestos constitutivos de infracción contemplados en los incisos e) y f) del artículo 25 de la presente ley, el organismo de control podrá requerir al órgano del cual dependa jerárquicamente el archivo, registro, base o banco de datos en el que se hubiera cometido la infracción, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los datos personales y, en caso de corresponder, la inmovilización del archivo, registro, base o banco de datos hasta tanto se restablezcan los derechos de los titulares de datos afectados.

 

Título IX. Acción de protección de datos

 

Artículo 28.- Procedencia.

La acción de protección de los datos personales o de hábeas data, de conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires procederá:

Para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, su fuente, origen, finalidad o uso que del mismo se haga.

En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos en infracción de la Ley Nacional Nº 25.326 o la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.

En los casos de incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley.

El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística.

Cuando el pedido de acceso sea relativo a información pública y no a datos personales, será de aplicación la Ley nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Artículo 29.- Legitimación activa.

La acción de protección de los datos personales o de hábeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado.

Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.

En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el organismo de control designado por esta ley.

 

Artículo 30.- Legitimación pasiva.

La acción procederá respecto de los responsables y/o encargados de tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a elección del titular de los datos.

 

Artículo 31.- Jurisdicción y procedimiento aplicable.

La acción de protección de datos tramitará según las disposiciones de la presente ley y supletoriamente por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, las disposiciones del Código Procesal Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires relativas al procedimiento sumarísimo.

 

Artículo 32.- Requisitos de la demanda.

La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable y/o encargado y/o usuario del mismo y el organismo del cual, eventualmente, dependan.

El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona, en los casos del art. 28 inc. b); los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley. Deberá acompañar con el escrito de demanda la prueba documental que funde su pedido.

El accionante podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.

El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.

A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

 

Artículo 33.- Trámite.

Interpuesta la acción, el juez deberá pronunciarse en el término de tres (3) días sobre su procedencia formal, pudiendo dar vista al fiscal. Esta vista no suspende el curso del plazo.

Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.

El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

 

Artículo 34.- Confidencialidad de la información.

Cuando el responsable y/o encargado y/o usuario de un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la presente ley o por una ley específica; deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

El juez de la causa evaluará con criterio restrictivo toda oposición al envío de la información sustentada en las causales mencionadas. La resolución judicial que insista con la remisión de dato será apelable dentro del segundo día de notificada. El recurso se interpondrá fundado. La apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En caso de ser concedida será elevada a la Cámara de Apelaciones dentro del mismo día

Artículo 35.- Contestación del informe. Al contestar el informe, el responsable y/o encargado y/o usuario del archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.

 

Artículo 36.- Ampliación de la demanda.

Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres (3) días.

En caso de que el requerido manifestara que no existe en el registro o banco de datos información sobre el accionante y éste acreditará por algún medio de prueba que tomó conocimiento de ello, podrá solicitar las medidas cautelares que estime corresponder de conformidad con las prescripciones del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

 

Artículo 37.- Sentencia.

Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto del artículo 36, luego de contestada la ampliación, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.

En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el accionante.

Sólo serán apelables para ambas partes la sentencia definitiva, y en caso del accionante, también la que declare la inadmisibilidad formal de la acción.

En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control designado por esta ley, que deberá llevar un registro al efecto e incluir el caso en el informe anual previsto por el art. 23, inciso n).

En caso de incumplirse con la sentencia, y sin perjuicio de su ejecución forzosa, el juez podrá disponer, a pedido de parte, la aplicación de sanciones conminatorias o astreintes.

 

Título X. Disposiciones particulares

 

Artículo 38.- Prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y de crédito.

Los organismos, empresas o dependencias del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito quedan sujetos al régimen de la presente ley y, en lo que a la prestación de dichos servicios se refiere, a las disposiciones específicas de la Ley Nacional nº 25.326, la que resulte más favorable al titular del dato registrado.

 

Artículo 39.- Privacidad laboral en el ámbito del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Se entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras o dispositivos equiparables.

Cuando el correo electrónico sea provisto por un organismo del sector público de la Ciudad de Buenos Aires a sus dependientes en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad del mismo corresponde al empleador, independientemente del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso.

El empleador se encuentra facultado para acceder y controlar toda la información que circule por dicho correo electrónico laboral, como asimismo a prohibir su uso para fines personales.

El ejercicio de estas facultades por parte del empleador, así como las condiciones de uso y acceso al correo electrónico laboral, deberá ser notificado por escrito al trabajador, al momento de poner a su disposición el correo electrónico o en cualquier oportunidad posterior, como requisito previo a su ejercicio.

El empleador deberá asimismo notificar fehacientemente a sus dependientes, la política establecida respecto del acceso y uso de correo electrónico personal, así como del uso de internet en el lugar de trabajo.

El incumplimiento de las órdenes emanadas del superior con respecto a la política de uso de correo electrónico y de internet en lugar de trabajo según lo previsto en esta norma, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 10 y 47 de la Ley nº 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

 

Disposiciones transitorias

 

PRIMERA:

En un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la vigencia de la presente ley se procederá a la reglamentación de la presente ley.

 

SEGUNDA:

En un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la reglamentación, los responsables de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que realicen las actividades que por esta ley se regulan, deberán proceder a obtener la respectiva habilitación y a su consecuente inscripción en el Registro de Datos Personales.

 

Artículo 40.- Comuníquese, etc.

 

SANTIAGO DE ESTRADA

ALICIA BELLO

01Ene/14

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA Master y Post-Grado

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA (UNIBO)

CIRSFID. CENTRO DI RICERCA IN STORIA DEL DIRITTO, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E INFORMATICA GIURIDICA

 

2004

Master in Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica

http://www.cirfid.unibo.it/master2004/

 

2008-2009

Master in Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/2008-2009/Diritto_delle_nuove_tecnologie_e_informatica_giuridica.htm

 

2009-2010

Master in Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica

http://www.masterin.it/post-laurea/universita_bologna16-master-in-diritto-delle-nuove-tecnologie-e-informatica-giuridica.htm 

 

Master Biostatistica
Codice:   8273
Area disciplinare:   Studi ambientali e del territorio; Studi medici e psicologici; Studi delle nuove tecnologie; Studi politici e sociali;
Sede:   Bologna
Livello:   Secondo
Scadenza bando:   martedì 1 dicembre 2009  
Master Gestione della Proprietà Intellettuale
Codice:   8295
Area disciplinare:   Studi aziendali ed economici; Studi giuridici; Studi ingegneristici; Studi delle nuove tecnologie;
Sede:   Bologna
Livello:   Primo
Scadenza bando:   martedì 27 ottobre 2009  
Master Scienze e Tecnologie del Software Libero
Codice:   8337
Area disciplinare:   Studi giuridici; Studi ingegneristici; Studi delle nuove tecnologie;
Sede:   Bologna
Livello:   Primo
Scadenza bando:   mercoledì 28 ottobre 2009  

2012-2013

Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/2012-2013/Diritto_delle_nuove_tecnologie_e_informatica_giuridica.htm

Máster Screen translation

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/2012-2013/Screen_translation.htm

Corsi di alta formazione: Statistical Methods for Spatial Data Analysis and Applications

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/2012-2013/Statistical_Methods_for_Spatial_Data_Analysis_and_Applications.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Provincia de Chubut

Resolución Administrativa nº 301/2002 de 18 de febrero de 2002. Reglamentación del uso de Internet en el Poder Judicial.

 

Rawson, 18 de Febrero de 2002.

 

VISTO

Lo establecido en el inc. 3 del art. 178º de la Constitución de la Provincia del Chubut y en el inc. 15 del art. 33º de la ley nº 37, y;

 

CONSIDERANDO

La necesidad de optimizar el uso de los recursos existentes para la obtención de la mayor capacidad operativa en los medios de comunicaciones informáticos.

El incremento en la cantidad de usuarios de correo e internet que se ha producido en los tres últimos años.

La merma que se habrá de producir en la velocidad de acceso a los referidos medios de comunicación de acuerdo a los análisis de crecimiento de uso, realizados por al área de comunicaciones.

La imposibilidad de incrementar gastos para aumentar el poder de los canales para transferencia de datos, considerando la situación económica actual.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia,

 

RESUELVE

1º) Reglaméntase el uso de Internet como a continuación se indica:

a. Queda autorizado el uso del servicio de acceso a Internet para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial cualquiera sea la función que desempeñen, y siempre que aquel esté directamente relacionado con ésta.

b. Cuando sea necesario que personal administrativo haga uso de dicho servicio, ello será solicitado por el responsable del área correspondiente indicando el motivo y/o beneficio para el servicio de justicia. La petición será dirigida al Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General o al Defensor General, según corresponda. Otorgada la respectiva autorización, ésta será remitida a la Secretaría de Informática Jurídica (SIJ) para su implementación.

c. Sólo se permitirá el acceso a los dominios de primer nivel (TLDTop Level Domain, Genérico) que contengan información de gobierno, informática, organizaciones sin fines de lucro y educativas (gov, net, org, edu, etc.), de acuerdo a lo ya establecido en a).

d. La SIJ tomará los recaudos técnicos necesarios para filtrar los accesos a dominios comerciales, en todos los equipos dependan o no de redes locales conectadas a la Intranet Judicial.

e. Se permitirá acceso a dominios comerciales a los Magistrados del STJ y a los funcionarios responsables de las áreas de administración, compras, finanzas y técnicas, siempre en el marco de lo establecido en el punto a).

f . Cuando un servicio de información jurídica se encontrara ubicado en un sitio comercial, deberá comunicarse dicha situación a la SIJ, a efectos de que proceda a realizar los trámites necesarios para implementar el acceso correspondiente a través de la Subsecretaría de Sistemas Documentales.

 

2º) Establécese el régimen del correo electrónico para el Poder Judicial como a continuación se indica:

g. Todo Magistrado, Funcionario y Empleado podrá acceder a una «cuenta personal» de correo electrónico, en la medida que sea necesario funcionalmente y posible materialmente.

h. Si bien el uso de las «cuentas personales», se rige por un principio de apertura y libertad en las comunicaciones, estas no deberán ser contrarias, o reñidas con el carácter de público estatal y judicial que le proporciona el dominio juschubut.gov.ar, que identifica al Poder Judicial de la Provincia del Chubut.

i. Todas las Unidades Funcionales poseerán una «cuenta institucional» de correo, la que está destinada a las comunicaciones formales entre organismos y/o entidades judiciales y no judiciales de la jurisdicción provincial, como así también de otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales que acepten este método de comunicación electrónica. Esta podrá ser utilizada conjuntamente con el procedimiento informático de «Firma Digital», regulado por ley nacional nº 25.506, mediante el cual se proporciona seguridad sobre la autoría, veracidad e integridad al documento transmitido.

j. Todas la comunicaciones que se realicen mediante equipamiento de propiedad del Poder Judicial, servicios de comunicaciones contratados y cuentas de correo administradas por éste, deberán tener por objetivo directo o indirecto, el mejor Servicio de Justicia.

 

3º) Todas comunicaciones formales entre organismos, deberán realizarse mediante correo firmado digitalmente cuando fuera materialmente posible.

 

4º) La SIJ, a través del Area de Comunicaciones y de sus delegados en las distintas circunscripciones, deberá monitorear el buen funcionamiento de los sistemas de comunicación que regula la presente normativa, con el fin de proponer modificaciones necesarias que permitan brindar una prestación lo más extendida posible, ordenada a los objetivos funcionales del servicio de justicia, eficiente y eficaz.

 

5º) Comuníquese a cada organismo y archívese.

 

Fdo: Dres. José Luis PASUTTI

Fernando Salvador Luis ROYER

Agustín TORREJON.

 

01Ene/14

Jurisprudencia Informatica de Peru. Sentencia del Tribunal Constitucional del Peru, del 21 de enero de 2004. Expediente Nº 1219-2003-HD/TC, caso Nuevo Mundo Holdong S.A.

Sentencia del Tribunal Constitucional del Peru, del 21 de enero de 2004. Expediente Nº 1219-2003-HD/TC, caso Nuevo Mundo Holdong S.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Nuevo Mundo Holding S.A. (NMH) contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 597, su fecha 23 de enero del 2003, que declaró infundada la acción de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de agosto de 2001, el recurrente interpone acción de hábeas data contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), con el objeto de que se le proporcione la información denegada por carta notarial, de fecha 18 de julio de 2001. Alega que se vulnera su derecho de acceso a la información documentada, por cuanto no se le han proporcionado copias de los documentos que los interventores designados por la SBS en el Banco Nuevo Mundo (BNM) entregaron al Banco Interamericano de Finanzas (BIF). Agrega que el pedido incluye copias sobre cualquier data informática y las claves o códigos de acceso a información del BNM que pudiera habérseles entregado.

La demandada aduce que es falso que tenga la calidad de accionista del 99.9999% de las acciones representativas del capital social del Banco Nuevo Mundo (BNM), por lo que considera que la pretensión no tiene sustento, ni la actora legitimidad para interponerla, al carecer manifiestamente de la titularidad y/o legitimidad para formular las pretensiones reclamadas en el presente proceso. Añade que el BNM fue sometido a un régimen de intervención debido, única y exclusivamente, a la negligente administración del BNM, lo que incluso terminó con la apertura de un proceso penal ante el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima contra el representante de NMH, señor Jaques Simón Levy Calvo, por la presunta comisión de delitos contra el orden financiero y monetario.

El Decimocuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 12 de agosto de 2002, declara fundado el hábeas data, por considerar que la demandada no ha cuestionado que no obren en su poder los documentos e informes solicitados en la carta de fojas 9, y porque la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, ni ninguna otra ley, limita el ejercicio del derecho de pedir información sobre una empresa intervenida por dicho organismo.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar que existe un proceso penal contra el accionante por hechos que guardan relación con lo actuado en el proceso investigatorio efectuado por la SBS. Sostiene, asimismo, que la información requerida puede considerarse incluida en el secreto bancario, por lo que es preciso para su conocimiento el pedido previo del Juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso, como se establece en el párrafo final del inciso 5) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado.

Con posterioridad a la vista de la causa, se solicitó que este Tribunal declarara la sustracción de la materia, lo que fue puesto en conocimiento del recurrente.

FUNDAMENTOS

1. Petitorio

1. El objeto de la demanda es que la emplazada proporcione al recurrente la documentación que los interventores designados por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo hayan entregado, hasta el 18 de julio de 2001, al Banco Interamericano de Finanzas. El pedido incluye copias sobre cualquier data informática y las claves o códigos de acceso a información del Banco Nuevo Mundo.

2. Análisis de una cuestión de forma

2. Antes de entrar a evaluar el fondo de la controversia, es preciso detenerse en un argumento expuesto por la demandada cuando la causa había quedado ad portas de expedirse sentencia. Éste es, en concreto, que en el caso se habría producido la sustracción de la materia, pues, con posterioridad a la expedición de la recurrida, la demandada habría encomendado el proceso de liquidación del Banco Nuevo Mundo al Consorcio DEFINE S.A., DIRIGE S.A.C. y Soluciones en Procesamiento S.A., mediante Resolución SBS N.°124-2003, de fecha 30 de enero de 2003. En su opinión, con dicha decisión, la representación legal del BNM pasó a ser asumida por el referido consorcio, por lo que es ella la que tiene actualmente toda la documentación del BNM, de modo que, a su juicio, si hubiera existido algún agravio, éste habría devenido en irreparable.

El Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. La causal de improcedencia contemplada en el inciso 1) del artículo 6° de la Ley nº 23506, esto es, la imposibilidad de analizarse el fondo de la controversia por haberse producido la sustracción de la materia, sólo cabe válidamente invocarse cuando por el acontecimiento de hechos posteriores a la demanda, ya no pueda restablecerse el ejercicio del derecho constitucional alegado como lesionado, frustrándose el objeto del proceso señalado por el artículo 1° de la Ley nº 23506; o cuando, en su defecto, el agravio denunciado haya cesado.

No es el caso, por cierto, de lo que sucede en el presente proceso. En efecto, el Tribunal considera que ninguna consecuencia jurídica se deriva del hecho de que mediante la Resolución SBS nº 124-2003 se haya encomendado al referido consorcio «[…]que lleve a cabo, en nombre y representación de la Superintendencia de Banca y Seguros, el proceso de liquidación del Banco Nuevo Mundo en liquidación» y, a su vez, se le haya conferido la «representación y administración de la mencionada empresa en liquidación». Como se ha expuesto a lo largo del proceso, la demandante no ha solicitado que sea el Banco Nuevo Mundo el que otorgue determinado tipo de información, sino a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) respecto de documentos que los interventores designados por la SBS en el BNM entregaron al Banco Interamericano de Finanzas (BIF).

Tampoco considera este Tribunal Constitucional que la información solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como ha expuesto la demandada, no pueda ser proporcionada, so pretexto de que ésta ya no obre en su poder, tras haber sido entregada al consorcio al que se ha hecho referencia. Y es que si la información solicitada fue entregada por la SBS a un tercer banco, como es el BIF, entonces, es razonable entender que copia de dicha información obre en sus archivos, pues se trata de información sobre la que la SBS, por su propia naturaleza y las funciones que cumple, tiene el deber de conservar. Y si físicamente no lo tuviera, dado que el consorcio «en nombre y representación de la Superintendencia de Banca y Seguros» lleva el proceso de liquidación del Banco Nuevo Mundo en liquidación, puede perfectamente solicitarse o, en su defecto, ordenar su entrega.

3. El proceso constitucional de hábeas data

3. El proceso constitucional de hábeas data tiene por objeto, entre otros derechos, la protección del derecho reconocido en el inciso 5) de la Constitución Política del Perú. Este reconoce el derecho de toda persona «a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga su pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan a la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado».

4. Derecho de acceso a la información pública

4. En la sentencia recaída en el Exp. nº 1707-2002- HD/TC, el Tribunal Constitucional señaló que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho subjetivo de carácter individual en virtud del cual se garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que las que se han previsto como constitucionalmente legítimas. Mediante dicho derecho, desde luego, no sólo se garantiza dicha esfera subjetiva, sino también se posibilita que puedan ejercerse otros derechos fundamentales, como la libertad de investigación científica, la libertad de opinión o expresión, etc., que requieren de aquél, pues, en ciertas ocasiones, el derecho de acceso a la información pública se presenta también como un presupuesto o medio para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública, además de ser un derecho subjetivo, es también un derecho relacional.

5. Pero, en segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene también una dimensión colectiva, vinculada a las exigencias mínimas que se desprenden del principio democrático, mediante el cual se garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna que posibilite la formación libre y racional de la opinión pública, presupuesto de una sociedad democrática, basada en el pluralismo. Así, la información sobre la manera como se maneja la res pública, termina convirtiéndose en un auténtico bien de dominio público o colectivo, que tiene que estar al alcance de cualquier individuo, a fin de que los principios de publicidad y transparencia, en los cuales se sustenta el régimen republicano de gobierno, puedan alcanzar toda su efectividad. De ahí que este Tribunal haya señalado que la publicidad en la actuación de los poderes públicos debe necesariamente entenderse a modo de regla general, en tanto que el secreto o lo oculto es la excepción en los casos constitucionalmente tolerados.

6. Debido a las trascendentales funciones que el derecho de acceso a la información pública está llamado a cumplir en la consolidación del Estado democrático de derecho, este Tribunal ha señalado que se trata de una «libertad preferida». Tras de esa condición del derecho de acceso a la información, evidentemente, no existe una afirmación en el sentido de que en el seno de la Constitución exista un orden jerárquico entre los derechos fundamentales, de manera que una colisión de éste con otros derechos pueda resolverse, en abstracto, haciendo prevalecer al que tiene la condición de «libertad preferida». Todos los derechos constitucionales tienen formalmente la misma jerarquía, de modo que en supuestos de colisión entre ellos, la solución del problema no puede consistir en hacer prevalecer unos sobre otros, sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el principio de concordancia práctica.

Tratándose, sin embargo, de intervenciones estatales sobre cualquiera de las libertades preferidas, esta condición impone que el control sobre las normas y actos que incidan en ella no sólo se encuentren sujetos a un control jurisdiccional más intenso, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino, además, que en ese control tenga que considerarse que tales actos o normas que en él inciden carecen, prima facie, de la presunción de constitucionalidad. Tal presunción de inconstitucionalidad impone al Estado, y a sus órganos, la obligación de probar que existe, detrás de la reserva o el secreto de la información pública solicitada, un apremiante interés público por mantener (inversión de la carga de prueba) y, a su vez, la de justificar razonablemente que sólo manteniendo tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. Con la consecuencia de que si el Estado no lo hace satisfactoriamente, debe hacerse efectiva la presunción de inconstitucionalidad sobre la norma o acto que restrinja el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

5. Sobre las limitaciones del derecho de acceso a la información. El secreto bancario

7. Evidentemente, ni siquiera la condición de libertad preferida de la que goza el derecho de acceso a la información hace de ella un derecho constitucional que no pueda ser objeto de limitaciones. Como se encarga de recordar el propio inciso 5) del artículo 2° de nuestra Ley Fundamental, su ejercicio no es absoluto, sino que está sujeto a límites o restricciones que se pueden derivar, ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros derechos de la misma clase (v. gr. derecho a la intimidad personal), o bien por la necesidad de salvaguardar bienes constitucionalmente relevantes (v. gr. la seguridad nacional), y siempre que éstas hayan sido expresamente previstas por ley.

Precisamente, la entidad emplazada ha justificado su negativa a entregar la información requerida, amparándose en los límites a tal derecho. A su juicio, la «información bancaria» que se solicita gozaría de la garantía del «secreto bancario» y, por lo tanto, sólo podría «levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado». Asimismo, ha sostenido que dicha «información bancaria» habría sido producida en el marco de la investigación legal que realizó la SBS como consecuencia de la intervención al BNM, que ha culminado en abrir un proceso penal a don Jaques Levi Calvo –representante de Nuevo Mundo Holding-, por la presunta comisión del delito contra el orden financiero y monetario durante la administración del BNM. «En consecuencia, –ha sostenido– la información bancaria que solicita la demandante (producida durante la investigación sobre la administración del BNM) es relevante para ese proceso penal. De ahí que nos encontr(e)mos, entonces, ante la excepción a que se refiere la Constitución, pues una Ley vigente (artículo 73° del Código de Procedimientos Penales) establece que la investigación penal es reservada. Este deber de reserva impide que la Superintendencia de Banca y Seguros entregue a la demandante –cuyo representante es el acusado– la información bancaria solicitada. Sólo si el Juez a cargo del proceso penal lo requiere, la SBS estará obligada a entregar la información bancaria a dicho juez, pero no a la demandante ni a su representante».

8. El Tribunal Constitucional comparte el criterio sostenido por los demandantes, en el sentido de que un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información pública lo constituye el secreto bancario. El problema, sin embargo, no es ese, pues con ello, en realidad, se está afirmando una cosa que se desprende directamente de la misma norma constitucional que reconoce el derecho ius fundamental. El quid del asunto, a juicio del Tribunal, es otro: Pasa por determinar si la información bancaria que se ha solicitado, aun en los términos tan genéricos como se ha requerido, está amparado con la garantía del secreto bancario y, al mismo tiempo, si la SBS es la titular de dicho secreto bancario.

9. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha de precisar que la protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca asegurar la reserva o confidencialidad –términos ambos que aquí se utilizan como sinónimos– de una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de derecho privado. En concreto, la necesaria confidencialidad de las operaciones bancarias de cualquiera de los sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier ente, público o privado, perteneciente al sistema bancario o financiero.

En ese sentido, el secreto bancario forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras. En la medida en que tales operaciones bancarias y financieras forman parte de la vida privada, su conocimiento y acceso sólo pueden levantarse «a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado». A diferencia de lo que sucede con la información pública, en la que la regla es su publicidad y transparencia, y la excepción es el secreto, tratándose del conocimiento de información vinculada a la vida privada de una persona, la regla es siempre el secreto o su confidencialidad, en tanto que su publicidad, sujeta a un control intenso bajo el test de razonabilidad y proporcionalidad, la excepción.

10. La demandada ha dejado entrever que entre los titulares del derecho también ella estaría comprendida. Ciertamente, el Tribunal Constitucional no puede compartir una afirmación de esa naturaleza. Como antes se ha sostenido, mediante el secreto bancario se garantiza la intimidad en materia financiera, es decir, que las operaciones realizadas por los clientes de una empresa financiera o bancaria sean manejadas con discreción y confidencialidad. Desde luego que la efectividad de ese derecho a la intimidad financiera y bancaria impone obligaciones de diversa clase a quienes tienen acceso, por la naturaleza de la función y servicio que prestan, a ese tipo de información. En primer lugar, a los entes financieros y bancarios, con quienes los particulares, en una relación de confianza, establecen determinada clase de negocios jurídicos. En segundo lugar, a la misma Superintendencia de Banca y Seguros, que, como organismo supervisor del servicio público en referencia, tiene acceso a determinada información, a la que, de otro modo, no podría acceder. En definitiva, como señala el artículo 140° de la Ley nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, «Es[tá] prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los artículos 142° y 143°».

No es, pues, la SBS la titular del derecho a la intimidad bancaria y financiera. Tampoco los bancos o entes financieros con los cuales se suscriben tal clase particular de actos jurídicos, sino el individuo o la persona jurídica que confía y celebra actos jurídicos con ellos. De ahí que su levantamiento, cuando no sea autorizado por su propio titular, sólo pueda ser autorizado por mandato judicial, el Fiscal de la Nación o por una Comisión Investigadora del Congreso de la República, y siempre que la información solicitada se refiera al caso investigado.

De manera que la negativa a entregar la información solicitada, bajo esos criterios de justificación, no es admisible constitucionalmente, y no puede ser compartida por el Tribunal Constitucional.

11. No obstante lo anterior, cabe ahora que el Tribunal entienda la justificación de la demandada de esta otra forma: No la entregan, pues si lo hacen, se afectaría el secreto bancario de los individuos que hubieran celebrado actos jurídicos con el BNM. Desde esta perspectiva, la negativa a entregar tal información no se sustentaría en su derecho a mantener la confidencialidad de la información que maneja, sino en el deber especial de protección de los derechos fundamentales en la que, como todo órgano público, se encuentra, de cara a la especial información que pudiera tener registrada, esto es, como uno de los obligados a preservar la reserva de las operaciones financieras y bancarias que los privados hubieran celebrado con el BNM.

Si este fuera el sentido de la justificación de la emplazada, cabría entonces reparar en lo siguiente:

a) Que la información que mantiene la SBS está sometida al principio de publicidad; en consecuencia, se presume pública toda la información que mantenga, salvo las excepciones previstas en la Constitución, desarrolladas ahora por la Ley nº 27806 [y, por supuesto, a las que ella remite].

b) La SBS tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas, en aplicación del principio de publicidad.

c) La SBS, en ningún caso, está facultada, a efectos de proporcionarla, para exigir expresión de causa.

d) Toda denegatoria de acceso a la información debe ser debidamente sustentada en las excepciones establecidas en los artículos 15° a 17° de la Ley nº 27806.

e) Las limitaciones establecidas en la Ley nº 27806 y, en el caso de autos, en la Ley nº 26702, deben ser interpretadas de manera restrictiva, por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

12. Antes de analizar la controversia en los temas que se ha propuesto, cabe aún precisar los alcances en los que en adelante se hará referencia a la Ley nº 27806, una ley que, como indica su artículo 1°, tiene la finalidad de «regular el derecho fundamental de acceso a la información». Y es que cuando se presentó la demanda (el 21 de agosto de 2001), y aún antes, cuando se requirió la información, ésta todavía no se encontraba vigente. Ciertamente, el Tribunal Constitucional no podría exigir de la emplazada ni evaluar su comportamiento, conforme a una ley que, cuando se solicitó la información, todavía no se encontraba vigente.

De ahí que sea preciso indicar que, en realidad, más que evaluar el comportamiento de la emplazada conforme a la Ley nº 27806, en verdad, lo que se pretende es hacer referencia a principios que forman parte del mismo ordenamiento constitucional que la ley no ha hecho sino reiterar. En efecto, que se sostenga que la información que mantiene la SBS está sometida al principio de publicidad; que ésta tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas; que en ningún caso está facultada para exigir expresión de causa, como condición para proporcionarla; que toda denegatoria de acceso a la información debe estar debidamente sustentada en la necesidad de preservarse con ello derechos y bienes constitucionalmente relevantes; y, en fin, que las limitaciones a dicho derecho deben ser interpretadas de manera restrictiva, no son sino la concreción legislativa de principios constitucionales, cuya aplicabilidad, exigencia y respeto no puede entenderse que estuvo subordinada a la interpositio del legislador ordinario.

13. Pues bien, que la SBS es un órgano que se encuentra sujeto al principio de publicidad es una cuestión que no está en discusión. Ella está, en efecto, dentro de los alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese sentido, debe presumirse que la información que mantenga tiene carácter público, salvo las excepciones que la Constitución contempla. Lo que significa que la SBS tiene la obligación de entregar información que le sea solicitada por particulares, y no exigir para ello expresión de causa. Como se ha expresado en el fundamento 11 de esta sentencia, uno de los sentidos en los que puede entenderse la justificación para no entregar la información requerida, es que, si lo hacen, podría afectarse el secreto bancario de terceros.

14. Dado que la recurrente no ha especificado concretamente qué tipo de información es la requerida (se ha limitado a señalar que desean obtener una «copia de los documentos que los interventores designados por la SBS en el BNM hayan entregado hasta esa fecha al BIF», incluyendo dicho pedido «cualquier data informática que se le hubiese remitido y las claves o códigos de acceso a la información del BNM que pudiera habérseles entregado»), es evidente que el rechazo in toto de la información requerida se presenta, a la luz del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública, como irrazonable.

Ciertamente la emplazada está en la obligación de preservar el secreto bancario. Pero también es claro que, con la generalidad con la que se ha planteado el pedido de información, toda ella no está, por la propia naturaleza de la función encomendada a los interventores, protegida por el secreto bancario. Es la generalización de la negativa a entregar la información requerida la que se presenta como incompatible con el derecho de acceso a la información; pero también con los principios de publicidad y transparencia que informan toda la información que posea el Estado. De igual modo, el Tribunal Constitucional considera que la emplazada ha hecho una interpretación extensiva –y no restrictiva, como debió efectuarse– de las excepciones constitucionalmente establecidas para el ejercicio pleno del derecho en referencia, y, en concreto, sobre los alcances de aquello protegido por el secreto bancario.

15. A lo largo de todo el proceso, la SBS no ha alegado que «toda» la información solicitada esté sujeta al secreto bancario, y tampoco ha cuestionado que no obren en su poder los documentos e informes solicitados por la demandante. En su último escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, la SBS ha aseverado que lo proporcionado al BIF contiene «información relativa al estado del Banco intervenido».

Y si bien la información requerida por Nuevo Mundo Holding S.A. es genérica e imprecisa, ya que no especifica el contenido de la información a la que quiere acceder, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso, el juez, en ejecución de sentencia, habrá de realizar una discriminación de aquella información que no esté protegida por el secreto bancario, de la que, por el contrario, sí lo esté, atendiendo, fundamentalmente, a lo previsto en el artículo 142° de la Ley nº 26702, que regula aquella información que no está comprendida dentro de dicho secreto bancario.

Dice, en efecto, dicho artículo 142°: «El secreto bancario no impide el suministro de información de carácter global, particularmente en los siguientes casos:

1. Cuando sea proporcionada por la Superintendencia al Banco Central y a las empresas del sistema financiero para:

i. Usos estadísticos.

ii. La formulación de la política monetaria y su seguimiento.

2. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que se mantenga corresponsalía o que estén interesados en establecer una relación de esa naturaleza.

3. Cuando la soliciten las sociedades de auditoría a que se refiere el numeral 1 del artículo 134° o firmas especializadas en la clasificación de riesgo.

4. Cuando lo requieran personas interesadas en la adquisición de no menos del treinta por ciento (30%) del capital accionario de la empresa».

No constituye violación del secreto bancario, la divulgación de información sobre las sumas recibidas de los distintos clientes para fines de liquidación de la empresa.

De manera que la información a la cual el recurrente podrá acceder tendrá que estar limitada y sólo basada en los supuestos establecidos por el artículo 140° de la respectiva ley.

Por consiguiente, con exclusión de la información relacionada con operaciones pasivas de los clientes (supuesto de secreto bancario), la SBS deberá entregar el resto de información proporcionada al Banco Interamericano de Finanzas.

16. Por otro lado, y en lo que hace al segundo requerimiento, esto es, la inclusión de copias sobre cualquier data informática que se le hubiese remitido, así como las claves o códigos de acceso a dicha información, el Tribunal Constitucional considera que debe actuarse de conformidad con lo expresado en el párrafo anterior. Y si acaso allí existiera información protegida por el secreto bancario, antes de entregarse la información que no lo está, en ejecución de sentencia, el juez deberá cancelar del soporte informático aquella información, antes de ordenar su entrega a la recurrente.

17. Cabe, finalmente, analizar un último argumento expresado por la SBS. A su juicio, no debería ordenarse la entrega de la información, pues el representante de la recurrente está procesado penalmente por la presunta comisión de delitos contra el orden financiero y monetario. De manera que la información que se solicita es relevante para ese proceso penal. Y sucede que, de conformidad con el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales, la investigación penal tiene carácter reservado.

Independientemente de que entre la recurrente en este proceso y la investigada en el proceso penal no exista identidad –si es que acaso, tal identidad sea necesaria-, resulta claro, a partir de todo lo expuesto, que el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales no es aplicable al caso de autos. En efecto, sucede que, de conformidad con el inciso 4) del artículo 139°, uno de los principios que informan todo proceso judicial es su publicidad, salvo que exista disposición contraria de la ley. Y si bien el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales ha establecido, con carácter general (generalidad que ahora este Tribunal no va a juzgar), que la «instrucción tiene carácter reservado», tal reserva no se extiende a toda actuación procesal. En lo que aquí interesa recordar, sólo han de gozar de tal carácter, entre otras, las pruebas que en el proceso penal se hayan ofrecido entre el auto de apertura de instrucción y el auto en virtud del cual se ponga la instrucción «a disposición del defensor durante 3 días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción […](art. 73 C.P.P.)». Y sucede que, en el caso de la información requerida por la recurrente, la SBS no sólo no ha acreditado que ésta haya sido actuada en el proceso penal, y que se extienda sobre ella la cualidad de la reserva, sino, incluso, que dicha información haya sido ofrecida siquiera en el proceso penal.

De modo que tampoco este argumento puede justificar la negativa de la emplazada a entregar la información requerida.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar fundado el hábeas data

2. Ordenar que la Superintendencia de Banca y Seguros proporcione a Nuevo Mundo Holding S.A. la documentación requerida, para lo cual, en ejecución de sentencia, el juez de primera instancia deberá obrar conforme a los fundamentos 15 y 16 de esta sentencia.

Publíquese y notifíquese.

 

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

01Ene/14

Legislacion Informatica de Uruguay. Ley 17.948, de Información sobre Personas, Empresas e Instituciones incorporadas a los

Ley 17.948 de 8 de enero de 2006, de Información sobre Personas, Empresas e Instituciones incorporadas a los Registros del Banco Central del Uruguay.

 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

 

DECRETAN:

 

Artículo 1º. Operaciones amparadas por el artículo 25 del Decreto-Ley nº 15.322

El secreto profesional instituido por el artículo 25 del Decreto-Ley nº 15.322, de 17 de septiembre de 1982, ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas que realizan las instituciones de intermediación financiera y toda otra operación en la que éstas asumen la condición de deudores, depositarios, mandatarios o custodios de dinero o de especie respecto de sus clientes, sin perjuicio del amparo de toda la información confidencial recibida del cliente -tanto en relación a operaciones pasivas como activas- comprendida también en la citada norma.

 

Artículo 2º. Acceso a la información

Declárase que toda persona física o jurídica podrá solicitar, en mérito a lo previsto por el artículo 8º de la Ley nº 17.838, de 24 de septiembre de 2004, información que podrá ser consolidada, de cualquier persona física o jurídica y del conjunto económico que esta persona integre en su caso, que opere con instituciones de intermediación financiera, concerniente a las operaciones bancarias activas con las limitaciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley, como asimismo a la categorización o rango de riesgo crediticio asignado, que conste en la Central de Riesgos Crediticios que lleva actualmente el Banco Central del Uruguay (BCU). Dicha información deberá ser solicitada al Banco Central del Uruguay (BCU), que deberá informar sobre esas solicitudes en un plazo no mayor a veinte días hábiles.

A los efectos de esta ley, se entenderá por conjuntos económicos los registrados como tales por el BCU. Asimismo, esta Institución definirá el concepto de información consolidada incorporado en esta ley.

 

Artículo 3º. Divulgación de la información

El Banco Central del Uruguay (BCU) está facultado para divulgar a toda persona física o jurídica la información a que refiere el artículo 2º de esta ley sobre personas, empresas e instituciones contenida en los registros que se encuentren a su cargo, así como la información sobre deudores, que reciba de las instituciones controladas para su inclusión en la Central de Riesgos Crediticios u otra base de datos sobre operaciones bancarias activas referidas a inversiones, préstamos, créditos, descuentos, hipotecas, avales, garantías u otras obligaciones crediticias, que administre el BCU.

En ningún caso esa divulgación implicará dar noticia sobre fondos y valores que se encuentren depositados en el sistema financiero nacional, así como sobre las declaraciones juradas presentadas por el personal superior de las instituciones financieras para su evaluación con fines de supervisión, salvo las excepciones previstas por ley.

 

Artículo 4º. Medios de divulgación

La divulgación de la información referida en el artículo anterior podrá ser efectuada por los medios y el alcance que el Banco Central del Uruguay (BCU) estime conveniente según el tipo de información que se trate en cada caso, incluyendo la publicación en Internet.

Asimismo, podrá establecer una contraprestación a las consultas formuladas, en los casos que así se determine, estableciéndose como montos máximos para dicha contraprestación 270 UI (doscientos setenta unidades indexadas) por solicitud de información y 90 UI (noventa unidades indexadas) por actualización de información. En tal caso el BCU, por resolución, determinará el máximo de créditos y personas a incluir en cada solicitud, pudiendo además establecer contraprestaciones diferenciales para grandes volúmenes de información.

 

Artículo 5º. Responsabilidad

Las personas físicas y jurídicas del sistema de intermediación financiera que suministren la información contenida en los registros del Banco Central del Uruguay a que hace referencia el artículo 3º de la presente ley, serán los únicos responsables por la veracidad y actualización de la misma.

 

Artículo 6º. Acuerdo de cooperación

El Banco Central del Uruguay podrá suscribir acuerdos de cooperación con organismos financieros internacionales u organismos de supervisión de intermediación financiera de otros países, con el objeto de dar cumplimiento a sus finalidades y en el marco de sus atribuciones.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2005.

NORA CASTRO,
Presidenta.
Marti Dalgalarrondo Añón,
Secretario.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 8 de enero de 2006.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ.
DANILO ASTORI.
REINALDO GARGANO.

01Ene/14

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom as well as the creation of their own state, and particularly the traditions of
statehood and legality of the Krushevo Republic and the historic decisions of the Antifascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and freely manifested will of the citizens of the Republic of Macedonia in the referendum of September 8th, 1991, as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent co-existence with the Macedonian people is
provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanics and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:

· the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign  and independent state, as well as a civil and democratic one

· the establishment and consolidation of the rule of law as a  fundamental system of government;

· the guaranteeing of human rights, citizens' freedoms and  ethnic equality;

· the provision of peace and a common home for the Macedonian  people with the nationalities living in the Republic of  Macedonia; and on

· the provision of social justice, economic wellbeing and  prosperity in the life of the individual and the community,

the Assembly of the Republic of Macedonia adopts

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

BASIC PROVISIONS

Article 8
The fundamental values of the constitutional order of the Republic of Macedonia are:
· the basic freedoms and rights of the individual and citizen,  recognised in international law and set down in the Constitution;
· the free expression of national identity;
· the rule of law;
· the division of state powers into legislative, executive and judicial;
· the legal protection of property;
· the freedom of the market and entrepreneurship;
· humanism, social justice and solidarity;
· local self-government;
· proper urban and rural planning to promote a congenial human
     environment, as well as ecological protection and development;  and
· respect for the generally accepted norms of international law.

Anything that is not prohibited by the Constitution or by law is  permitted in the Republic of Macedonia.
 

II. BASIC FREEDOMS AND RIGHTS OF THE INDIVIDUAL AND CITIZEN

1. CIVIL AND POLITICAL FREDOMS AND RIGHTS

Article 9.
Citizens of the Republic of Macedonia are equal in their freedoms and rights, regardless of sex, race, colour of skin, national and social origin, political and religious beliefs, property and social status.
All citizens are equal before the Constitution and law.

Article 11.
The human right to physical and moral dignity is irrevocable.
Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment, is prohibited.
Forced labour is prohibited.

Article 17.
The freedom and confidentiality of correspondence and other forms  of communication is guaranteed.
Only a court decision may authorise non-application of the  principle of the inviolability of the confidentiality of  correspondence and other forms of communication, in cases where  it is indispensable to a criminal investigation or required in  the interests of the defence of the Republic.

Article 18
The security and confidentiality of personal information are guaranteed.
Citizens are guaranteed protection from any violation of their  personal integrity deriving from the registration of personal  information through data processing.

Article 25
Each citizen is guaranteed the respect and protection of the  privacy of his/her personal and family life and his/her dignity  and repute.

Article 26
The inviolability of the home is guaranteed.
The right to the inviolability of the home may be restricted only  by a court decision in cases of the detection or prevention of  criminal offences or the protection of people's health.

3. GUARANTEES OF BASIC FREEDOMS AND RIGHTS

Article 50
Every citizen may invoke the protection of freedoms and rights  determined  by the Constitution before the regular courts, as well as  before the Constitutional Court of Macedonia, through a procedure  based upon the principles of priority and urgency.
Judicial protection of the legality of individual acts of state administration, as well as of other institutions carrying out public mandates, is guaranteed.
A citizen has the right to be informed on human rights and basic  freedoms as well as actively to contribute, individually of jointly  with others, to their promotion and protection.

 Article 51
In the Republic of Macedonia laws shall be in accordance with the Constitution and all other regulations in accordance with the  Constitution and law.
Everyone is obliged to respect the Constitution and the laws.

01Ene/14

Master y Post-Grado Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Doctorado: Derechos constitucionales e Informática

Doctorado: Limitación constitucional del uso de las tecnologías informáticas

Calle Obispo Trejo s/n. Ciudad Universitaria. Madrid. Teléfonos: 91.3.98.61.65 y 91.3.98.76.79

Fax: 91.3.98.76.78 y 91.3.39.61.70

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Cursos de enseñanza abierta: Derecho Informático

I Curso de Experto Universitario en Seguridad y Comercio Electrónico.

Dirigido a: Titulados medios y superiores (o que hayan superado el equivalente a un Primer Ciclo Universitario). Excepcionalmente la UNED podrá admitir a profesionales relacionados con los contenidos de los cursos.

Cursos a distancia con tutoría telemática a través de Internet e InfoVia Plus

Titulación: Los alumnos que superen el curso obtendrán el título oficial de Experto Universitario en la materia del mismo, por la UNED

Preinscripciones: Fecha límite, 6 de octubre de 2.000

Secretaría e información: Fundación Universidad-Empresa. Cursos de Postgrado DIEEC-UNED. Serrano Jover, 5 6ª planta. 28015 Madrid. Tel. 91.5.48.98.68 (de 8:30 a l4:30 h.) Fax: 91.5.47.06.52/91.5.41.72.94. http://www.fue.es o en el servidor del curso http://volta.ieec.UNED.es

Master en Nuevas Tecnologias de la Información y de la Comunicación

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Precio 2002:03.005 €. Duración: 1.000 horas.

Teléfono 91.3.98.60.00    http://www.uned.es

II Curso de Experto Universitario en Seguridad y Comercio Electrónico

Dirigido a: Titulados medios y superiores (o que hayan superado el equivalente a un Primer Ciclo Universitario). Excepcionalmente la UNED podrá admitir a profesionales relacionados con los contenidos de los cursos.

Cursos a distancia con tutoría telemática a través de Internet e InfoVia Plus

Titulación: Los alumnos que superen el curso obtendrán el título oficial de Experto Universitario en la materia del mismo, por la UNED

Preinscripciones: Fecha límite, 30 de septiembre de 2001

Secretaría e información: Fundación Universidad-Empresa. Cursos de Postgrado DIEEC-UNED. Serrano Jover, 5 6ª planta. 28015 Madrid. Tel. 91.5.48.98.68 (de 8:30 a l4:30 h.) Fax: 91.5.47.06.52/91.5.41.72.94. http://www.fue.es o en el servidor del curso http://volta.ieec.UNED.es

AÑO 2005/2006

I Curso de Experto Profesional en Seguridad Informática de Redes de Ordenadores

Matrícula directa: Fecha límite, 30 de octubre de 2005

Secretaría e información: Fundación Universidad-Empresa. Serrano Jover 5 6ª planta. 28015 MADRID. Teléfono: 91.548.98.68 (de 8:30 a 14:30 horas). Fax: 91.541.72.94.

http://www.fue.es

I Curso de Experto Profesional en Legislación e Internet Empresarial

Matrícula directa: Fecha límte, 30 de octubre de 2005

Secretaría e información: Fundación Universidad-Empresa. Serrano Jover 5 6ª planta. 28015 MADRID. Teléfono: 91.548.98.68 (de 8:30 a 14:30 horas). Fax: 91.541.72.94.

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AÑO 2008/2009

Fundación Uned

Francisco de Rojas 2, 2º 28010 Madrid

Teléfono: 91.386.7275/1592

http://www.fundación.uned.es

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES

20 créditos ECTS

Dir. D. Juan José Montero Pascual

http://cv1.cpd.ua.es/EstudiosXXI/0OFE0/SU2PPESII1EE2/ST8877/OF215992/index.html

EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS

25 créditos ECTS

Dir. D. Lucrecio Rebollo Delgado

EXPERTO UNIVERSITARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

25 créditos ECTS

Dir. D. Lucrecio Rebollo Delgado

http://cv1.cpd.ua.es/EstudiosXXI/0OFE0/SU2PPESII1EE2/ST8877/OF215999/index.html

EXPERTO PROFESIONAL EN DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

20 créditos ECTS

Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez/D. Victor Amaya Rico

01Ene/14

Legislación Informática de Albania. Constitution 1998, 21 October

 

Part I  Basic Principles

 

 
Article 4
(1) The law constitutes the basis and the boundaries of the activity of the state.
(2) The Constitution is the highest law in the Republic of Albania.
(3) The provisions of the Constitution are directly applicable, except when the Constitution provides otherwise.
 

Part II  The Fundamental Human Rights and Freedoms

 

Chapter I  General Principles

 
Article 15
(1) The fundamental human rights and freedoms are indivisible and inalienable and stand at the basis of the entire juridical order.
(2) The organs of public power, in fulfillment of their duties, shall respect the fundamental rights and freedoms, as well as contribute to making them a reality.
 
Article 16
(1) The fundamental rights and freedoms and the duties contemplated in this Constitution for Albanian citizens are also valid for foreigners and stateless persons in the territory of the Republic of Albania, except for cases when the Constitution specifically attaches the exercise of particular rights and freedoms with Albanian citizenship.
(2) The fundamental rights and freedoms and the duties contemplated in this Constitution are valid also for juridical persons so long as they comport with the general purposes of these persons and with the core of these rights, freedoms and duties.
 
Article 17
(1) The limitation of these rights and freedoms may be established only by law for a public interest or for the protection of the rights of others. A limitation shall be in proportion with the situation that has dictated it.
(2) These limitations may not infringe the essence of the rights and freedoms and in no case may exceed the limitations provided for in the European Convention on Human Rights.
 
Article 18
(1) All are equal before the law.
(2) No one may be unjustly discriminated against for reasons such as gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical beliefs, economic condition, education, social status, or ancestry.
(3) No one may be discriminated against for reasons mentioned in Paragraph (2) if reasonable and objective legal grounds do not exist.
 
Article 19
(1) Everyone born of at least one parent with Albanian citizenship gains automatically Albanian citizenship. Albanian citizenship is gained also for other reasons provided by law.
(2) An Albanian citizen may not lose his citizenship, except when he gives it up.
 
Article 20
(1) Persons who belong to national minorities have the right to exercise in full equality before the law the human rights and freedoms.
(2) They have the right freely to express, preserve and develop their ethnic, cultural, religious and linguistic identity, to study and to be taught in their mother tongue, as well as unite in organizations and societies for the protection of their interests and identity.
 

Chapter II  Personal Rights and Freedoms

 
Article 21
The life of every person is protected by law.
 
Article 22
(1) Freedom of expression is guaranteed.
(2) The freedom of the press, radio and television are guaranteed.
(3) Prior censorship of the means of mass communication is prohibited.
(4) The law may require the granting of authorization for the operation of radio or television stations.
 
Article 23
(1) The right to information is guaranteed.
(2) Everyone has the right, in compliance with law, to get information about the activity of state organs, as well as of persons who exercise state functions.
(3) Everybody is given the possibility to follow the meetings of collectively elected organs.
 
Article 24
(1) Freedom of conscience and of religion is guaranteed.
(2) Everyone is free to choose or to change his religion or beliefs, as well as to express them individually or collectively, in public or private life, through cult, education, practices or the performance of rituals.
(3) No one may be forced to take part or not in a religious community or in religious practices or to make his beliefs or faith public.
 
Article 25
No one may be subjected to torture, inhuman or humiliating punishment or treatment.
 
Article 26
No one may be required to perform forced labor, except in cases of the execution of a judicial decision, the performance of military service, or for a service that results from a state of emergency, war or natural disaster that threatens human life or health.
 
Article 27
(1) No one's liberty may be taken away except in the cases and according to the modalities provided by law.
(2) No law may be issued to limit the freedom of a person, except in the following cases:
a) when he is punished with imprisonment by a competent court;
b) for failure to comply with the lawful orders of the court or with an obligation set by law;
c) when there are reasonable suspicions that he has committed a criminal offense or to prevent the commission by him of a criminal offense or his escape after its commission;
d) for the supervision of a minor for purposes of education or for escorting him to a competent organ; e) when a person is the carrier of a contagious disease or is mentally incompetent and dangerous to society, an alcoholic, a drug user, or a vagrant;
f) for illegal entry at state borders or in cases of deportation or extradition.
(3) No one may be deprived of liberty just because he is not in a condition to fulfill a contractual obligation.
 
Article 28
(1) Everyone whose liberty has been taken away has the right to be notified immediately, in a language that he understands, of the reasons for this measure, as well as the accusation made against him. Every person whose liberty has been taken away shall be informed that he has no obligation to make a declaration and has the right to communicate immediately with a lawyer, and he shall also be given the possibility to realize his rights.
(2) Persons who have lost their freedom, according to Article 27 (2) c), must be sent within 48 hours before a judge, who shall decide upon his pre-trial detention or release not later than 48 hours from the time he receives the documents for review.
(3) A person in pre-trial detention has the right to appeal the judge's decision. He has the right to be tried within a reasonable period of time or to be released on bail.
(4) In all other cases, the person whose liberty is taken away extrajudicially may address a judge at anytime, who shall decide within 48 hours regarding the legality of this action.
(5) Every prisoner has the right to humane treatment and respect for his dignity.
 
Article 29
(1) No one may be accused or declared guilty of a criminal offense that was not considered as such by law at the time of its commission, with the exception of cases, which at the time of their commission, according to international law, constitute war crimes or crimes against humanity.
(2) No punishment may be given that is more severe than that which was contemplated by law at the time of commission of the criminal offense.
(3) A favorable criminal law has retroactive effect.
 
Article 30
Everyone is considered innocent if his guilt is not proven by a final judicial decision.
 
Article 31
During a criminal proceeding, everyone has the right:
a) to be notified immediately and in detail of the accusation made against him and of his rights, as well as to have the possibility created to notify his family or those close to him;
b) to have the time and sufficient facilities to prepare his defense;
c) to have the assistance without payment of a translator, when he does not speak or understand the Albanian language;
d) to be defended by himself or with the assistance of a legal defender chosen by him;
to communicate freely and privately with him, as well as to be assured of free defense when he does not have sufficient means;
e) to question witnesses who are present and to seek the presentation of witnesses, experts and other persons who can clarify the facts.
 
Article 32
(1) No one may be obliged to testify against himself or his family or to confess his guilt.
(2) No one may be declared guilty on the basis of data collected in an unlawful manner.
 
Article 33
(1) No one may be denied the right to be heard before being judged.
(2) A person who is hiding from justice may not take advantage of this right.
 
Article 34
No one may be punished more than one time for the same criminal offense nor be tried again, except for cases when the re-adjudication of the case is decided on by a higher court, in the manner specified by law.
 
Article 35
(1) No one may be obliged, except when the law requires it, to make public data connected with his person.
(2) The collection, use and making public of data about a person is done only with his consent, except for the cases provided by law.
(3) Everyone has the right to become acquainted with data collected about him, except for the cases provided by law.
(4) Everyone has the right to request the correction or expunging of untrue or incomplete data or data collected in violation of law.
 
Article 36
The freedom and secrecy of correspondence or other means of communication are guaranteed.
 
Article 37
(1) The inviolability of the residence is guaranteed.
(2) Searches of a residence, as well as the premises forming part of it, may be done only in the cases and manner provided by law.
(3) No one may be subjected to a personal search outside a criminal proceeding, with the exception of the cases of entry into the territory of the state and the leaving of it, or to avoid an immediate risk that threatens public security.
 
Article 38
(1) Everyone has the right to choose his place of residence and to move freely to any part of the territory of the state.
(2) Each person may go out of the state freely.
 
Article 39
(1) No Albanian citizen may be deported from the territory of the state.
(2) Extradition may be permitted only when it is expressly provided in international agreements, to which the Republic of Albania is a party, and only by judicial decision.
(3) The collective expulsion of foreigners is prohibited. The deportation of individuals is permitted under the conditions specified by law.
 
Article 40
Foreigners have the right of refuge in the Republic of Albania according to law.
 
Article 41
(1) The freedom, property, and rights recognized in the Constitution and by law may not be infringed without due process.
(2) Everyone, to protect his constitutional and legal rights, freedoms, and interests, or in the case of accusation raised against him, has the right to a fair and public trial, within a reasonable time, by an independent and impartial court specified by law.
 
Article 42
Everyone has the right to appeal a judicial decision to a higher court, except when the Constitution provides otherwise.
 
Article 43
Everyone has the right to be rehabilitated and/or indemnified in compliance with law if he is damaged because of an unlawful act, action or failure to act of the state organs.
 

Chapter III  Political Rights and Freedoms

 
Article 44
(1) Every citizen who has reached the age of 18, even on the date of the elections, has the right to vote.
(2) Citizens who have been declared mentally incompetent by a final court decision do not have the right to vote.
(3) Convicts that are serving a sentence that deprives them of freedom have only the right to elect.
(4) The vote is personal, equal, free and secret.
 
Article 45
(1) Everyone has the right to organize collectively for any lawful purpose.
(2) The registration of organizations or societies in court is done according to the procedure provided by law.
(3) Organizations or societies that pursue unconstitutional purposes are prohibited in conformity with the law.
 
Article 46
(1) Freedom of peaceful meetings and without arms, as well the participation in them is guaranteed.
(2) Peaceful meetings in squares and places of public passage are held in conformity with the law.
 
Article 47
Everyone, by himself or together with others, may direct requests, complaints or comments to the public organs, which are obliged to answer in the time periods and conditions set by law.
 

01Ene/14

Constitución de 26 de abril de 1987 de la Provincia de Córdoba

La Honorable Convención Constituyente de la Provincia, Sanciona:


 

PREAMBULO

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba, reunidos en Convención Constituyente, con la finalidad de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; reafirmar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad; consolidar el sistema representativo, republicano y democrático; afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino; asegurar la autonomía municipal y el acceso de todas las personas a la justicia, la educación y la cultura; y promover una economía puesta al servicio del hombre y la justicia social; para el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa v la consecución del bien común, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución.

PRIMERA PARTE. Declaraciones, Derechos, Deberes, Garantías y Políticas Especiales

 

TÍTULO PRIMERO. Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías

 

SECCIÓN PRIMERA. Declaraciones de Fe Política

 

Forma de Estado

 

Artículo 1º.­ La Provincia de Córdoba, con los límites que por derecho le corresponden, es parte integrante de la República Argentina, y se organiza como Estado Social de Derecho, sujeto a la Constitución Nacional y a esta Constitución.

 

Forma de gobierno

 

Artículo 2º.­ La Provincia organiza su Gobierno bajo la forma representativa, republicana y democrática, como lo consagra esta Constitución.

 

Soberanía popular

 

Artículo 3º.- La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades legítimamente constituidas y, por sí, de acuerdo con las formas de participación que esta Constitución establece.

 

Inviolabilidad de la persona

 

Artículo 4º.- La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos.

 

Libertad religiosa y de conciencia

 

Artículo 5º.- Son inviolables en el territorio de la Provincia la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público.
Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.

 

Cultos

 

Artículo 6º.- La Provincia de Córdoba, de acuerdo con su tradición cultural, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan  en  los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

 

Libertad, igualdad y solidaridad

 

Artículo 7º.- Todas las personas en la Provincia son libres o iguales ante la ley y no se admiten discriminaciones. La convivencia social se funda en la solidaridad e igualdad de oportunidades.

 

Organización social

 

Artículo 8º.- El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y participativa.

 

Participación

 

Artículo 9º.- El Estado Provincial promueve las condiciones para hacer real y efectiva la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y asociaciones.

 

Libre iniciativa

 

Artículo 10.– El Estado Provincial garantiza la iniciativa privada y toda actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad.

 

Recursos naturales y medio ambiente

 

Artículo 11.- El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales.

 

Capital y asiento de las autoridades

 

Artículo 12.­ Las autoridades que ejercen el gobierno provincial residen en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia. Las dependencias de aquél pueden tener sede en el interior; según principios de descentralización administrativa. Por ley puede establecer se el cambio de asiento de la capital o de algunos de los órganos de gobierno.

Indelegabilidad de funciones

 

Artículo 13.- Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia.

 

Responsabilidad de los funcionarios

 

Artículo 14.­Todos los funcionarios públicos, aun el Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsable civil, penal, administrativa y políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimonial conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes.

 

Publicidad de los actos

 

Artículo 15.- Los actos del Estado son públicos, en especial los que se relacionan con la renta y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal. La ley determina el modo y la oportunidad de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento.

 

Cláusula federal

 

Artículo 16.- Corresponde la Gobierno Provincial:
1°. Ejercer los derechos y competencias no delegadas al Gobierno Federal.
2°. Promover un federalismo de concertación con el Gobierno Federal y entre las provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, así como establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios.
3°. Ejercer en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional.
4°. Concertar con el Gobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva y descentralización del sistema previsional.
5°. Procurar y gestionar la desconcentración y descentralización  de la Administración Federal.
6°. Realizar gestiones y acuerdos en el orden internacional, para satisfacción de sus intereses, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal.

 

Vigencia del orden constitucional y defensa de la democracia

 

Artículo 17.- Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia. Quienes ordenen, consientan, o ejecuten actos de esta índole son considerados infames traidores al orden constitucional.
Los que en este caso ejerzan las funciones previstas para las autoridades de esta Constitución, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno, en la Provincia o en sus municipios.
Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional y de las autoridades legítimas; le asiste al pueblo de la Provincia el derecho de resistencia, cuando no sea posible otro recurso.
Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es insanablemente nula.
A todos los efectos penales y procesales, se consideran vigentes, hasta la finalización del período para el que fueron elegidos, los fueros, inmunidades y privilegios procesales de los funcionarios electos directamente por el pueblo de conformidad a las disposiciones constitucionales, aunque sean destituidos por actos o hechos no previstos por esta Constitución. En consecuencia son nulos de nulidad absoluta y carentes de validez jurídica todas las condenas penales y sus accesorias civiles que se hubieran dictado o se dictaren en contravención a esta norma.

 

SECCIÓN SEGUNDA.- Derechos

 

CAPÍTULO PRIMERO.- Derechos Personales. Derechos. Definiciones

 

Artículo 18.­ Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República reconocen, y están sujetos a los deberes y restricciones que imponen.

 

Derechos enumerados

 

Artículo 19.­ Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:
1°. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal.
2°. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
3°. A la libertad e igualdad de oportunidades.
4°. A aprender y enseñar; a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura.
5°. A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica .
6º. A elegir y ejercer su profesión, Oficio o empleo.
7º. A constituir una familia.
8º. A asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos.
9º. A peticionar ante las autoridades y obtener respuesta y acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos.
10º. A comunicarse, expresarse e informarse.
11º. A entrar; permanecer, transitar y salir del territorio.
12º. Al secreto de los papeles privados, la correspondencia, las comunicaciones telegráficas y telefónicas y las que se practiquen por cualquier otro medio.
13º. A acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del deporte.

 

Derechos no enumerados

 

Artículo 20.­ Los derechos enumerados y reconocidos por esta Constitución no importan denegación de los demás que se derivan de la forma democrática de gobierno y de la condición natural del hombre.

 

De los extranjeros

 

Artículo 21.­ No se puede dictar en la Provincia ley o reglamento que haga inferior la condición de extranjero a la del nacional. Ninguna ley obliga a los extranjeros a pagar mayores contribuciones que las soportadas por los nacionales, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.

 

Operatividad

 

Artículo 22.­ Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal.
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Derechos Sociales

 

 

Del trabajador

 

 

Artículo 23.­ Todas las personas en la Provincia tienen derecho:
1º. A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales.
2º. A la capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico.
3º. A una jornada limitada, con un máximo de cuarenta y cuatro horas semanales, con descansos adecuados y vacaciones pagas; y a disfrutar de su tiempo libre.
4º. A una retribución justa, a igual remuneración por igual tarea y a un salario mínimo, vital y móvil.
5º. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario y haber previsional.
6º. A que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo, en caso de accidente, enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, situación de desempleo y muerte, que tienda a un sistema de seguridad social integral.
7º. A participar en la administración de las instituciones de seguridad social de las que sean beneficiarios.
8º. A participar de la gestión de las empresas públicas, en la forma y límites establecidos por la ley para la elevación económica y social del trabajador, en armonía con las exigencias de la producción.
9°. A la defensa de los intereses profesionales.
10º. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial.
11º. Asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales en gremios o sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo modo.
Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga.
12º. A ser directivos o representantes gremiales, con estabilidad en su empleo y garantías para el cumplimiento de su gestión.
13°. A la estabilidad en los empleos públicos de carrera, no pudiendo ser separados del cargo sin sumario previo, que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado, será nula con la reparación pertinente. Al escalafón en la carrera administrativa .

En caso de duda sobre la aplicación de normas laborales, prevalece la más favorable al trabajador.

 

De la mujer

 

Artículo 24.­ La mujer y el hombre tienen iguales derechos en lo cultural, económico, político, social y familiar, con respecto a sus respectivas características sociobiológicas.
La madre goza de especial protección desde su embarazo, y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento de su esencial función familiar.

 

De la niñez

 

Artículo 25.­ El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar.

 

De la juventud

 

Artículo 26.­ Los jóvenes tienen derecho a que el Estado promueva su desarrollo integral, posibilite su perfeccionamiento, su aporte creativo y propenda a lograr una plena formación democrática, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y moderna, que lo arraigue a su medio y asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.

 

De la discapacidad

 

Artículo 27.­ Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad.

 

De la ancianidad

 

Artículo 28.­ El Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicio a la sociedad.

 

Del consumidor

 

Artículo 29.­ Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses. El Estado promueve su organización y funcionamiento. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO.- Derechos Políticos

 

 

El sufragio

 

Artículo 30.­ Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la vida política. El voto universal, igual, secreto y obligatorio para la elección de las autoridades es la base de la democracia y el único modo de expresión de la voluntad política del pueblo de la Provincia, salvo las excepciones previstas en esta Constitución.
El régimen electoral provincial debe asegurar la representación pluralista y la libertad plena del elector el día del comicio.
Esta Constitución y la ley determinan en qué casos los extranjeros pueden votar.

 

Iniciativa popular

 

Artículo 31.­ Los ciudadanos pueden proponer a la Legislatura proyectos de leyes y de derogación de las vigentes para su consideración; la solicitud debe estar suscripta por el porcentaje de electores que la ley determine
No pueden ser sometidos a este procedimiento los proyectos de leyes concernientes a reformas de la Constitución, aprobación de tratados, tributos, presupuestos, creación y competencia de tribunales.

 

Consulta popular y referéndum

 

Artículo 32.­ Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a consulta popular, de acuerdo con lo que determine la ley.
Se autoriza el referéndum para los casos previstos en esta Constitución.

 

Partidos políticos

 

Artículo 33.­ Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos políticos democráticos y pluralistas.
La Provincia reconoce y garantiza la existencia y personería jurídica de aquellos que sustenten y respeten los principios republicanos, representativos, federales y democráticos establecidos por las Constituciones Nacional y Provincial.
Son orientadores de la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad política del pueblo. La ley establece el régimen de los partidos que actúan en la Provincia y garantiza su libre creación, organización democrática y pluralista, la contribución económica del Estado a su sostenimiento y la rendición de cuentas sobre el origen de sus fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas y un igualitario acceso a los medios de comunicación.
Sólo a los partidos políticos compete postular candidatos para cargos públicos electivos.
La ley garantiza la existencia de un Consejo de Partidos Políticos de carácter consultivos. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO.- Asociaciones y Sociedades Intermedias

 

 

De la familia

 

Artículo 34.­ La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe gozar de condiciones sociales, económicas y culturales, que propendan a su afianzamiento y desarrollo integral.
El Estado la protege y le facilita su constitución y fines
El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres; el Estado se compromete en su cumplimiento.
Se reconoce el derecho al bien de familia.

 

ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

 

Artículo 35.­ La comunidad se funda en la solidaridad. Las organizaciones de carácter económico, profesional, gremial, social y cultural, disponen de todas las facilidades para su creación y desenvolvimiento de sus actividades; sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra, opinión y crítica, y del irrestricto derecho de peticionar a las autoridades y de recibir respuesta de las mismas. Sus estructuras internas deben ser democráticas y pluralistas y la principal exigencia es el cumplimiento de los deberes de solidaridad social.

 

Cooperativas y mutuales

 

Artículo 36.­ El Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades.

 

De los Colegios Profesionales

 

Artículo 37.­ La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la Legislatura. Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley estime necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de los poderes del Estado.

 

 

SECCIÓN TERCERA .- Deberes

 

Artículo 38.­ Los deberes de toda persona son:
1º. Cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución, los tratados interprovinciales y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia.
2º. Honrar y defender a la Patria y a la Provincia.
3º. Participar en la vida política cuando la ley lo determine.
4º. Resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación, de la Provincia y de los municipios.
5º. Contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado.
6º. Prestar servicios civiles en los casos que las leyes así lo requieran.
7º. Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo con las necesidades sociales.
8°. Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.
9º. Cuidar su salud como bien social.
10º. Trabajar en la medida de sus posibilidades.
11º. No abusar del derecho.
12º. Actuar solidariamente 

 

 

SECCIÓN CUARTA.- Garantías

 

 

Debido proceso

 

Artículo 39.­ Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a esta Constitución; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Todo proceso debe concluir en un término razonable.

 

Defensa en juicio

 

Artículo 40.­ Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aun a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecución penal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en causa penal ni en contra de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano y parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, o persona con quien conviva en aparente matrimonio. Carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor.

 

Prueba

 

Artículo 41.­ La prueba es pública en todos los juicios, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es motivada.
No pueden servir en juicio las cartas y papeles privados que hubiesen sido sustraídos.
Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso , no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de hecho, debe estarse a lo más favorable al imputado.

 

Privación de la libertad

 

Artículo 42.­ La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución y siempre que no exceda el término máximo que rija la ley. Las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.
En caso de sobreseimiento o absolución, el Estado puede indemnizar el tiempo de privación de libertad, con arreglo a la ley.
Salvo el caso de flagrancia nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se da aviso inmediato a aquélla, y se pone a su disposición el aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le atribuye, a los fines previstos en el párrafo anterior.
Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del hecho que lo motiva y de los derechos que le asisten, y puede dar aviso de su situación a quien crea conveniente; la autoridad arbitra los medios conducentes a ello.

 

Incomunicación

 

Artículo 43.­ La incomunicación sólo puede ser ordenada por el juez para evitar que el imputado entorpezca la investigación y no puede exceder de dos días. Aun en tal caso queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal de aquél. Rige al respecto, el último párrafo del artículo anterior.

 

Custodia de presos y cárceles

 

Artículo 44.­ Todo funcionario responsable de la custodia de presos, al hacerse cargo de los mismos, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión; a el corresponde su custodia, con exclusividad. Es responsable de la detención o prisión indebida.
Los reglamentos, de cualquier lugar de encarcelamiento, deben atender al resguardo de la salud física y moral del interno, y facilitar su desenvolvimiento personal y afectivo.
Prohibida la tortura o cualquier trato vejatorio o degradante, el funcionario que participe en ellos no los denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera los consienta, cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término 4ue establece la ley.
Los encausados y condenados por delitos son alojados en establecimientos sanos, limpios y sometidos al tratamiento que aconsejan los aportes científicos, técnicos y criminológicos que se hagan en esta materia.
Las mujeres son alojadas en establecimientos especiales y los menores no pueden serlo en locales destinados a la detención de adultos.

 

Inviolabilidad del domicilio. Allanamiento

 

Artículo 45.­ El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden motivada escrita y determinada de juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. Cuando se trate de moradas particulares, el registro no puede realizarse de noche, salvo casos sumamente graves y urgentes.

 

Papeles privados y comunicaciones

 

Artículo 46.­ El secreto de los papeles privados, la correspondencia epistolar y cualquier otra forma de comunicación personal por el medio que sea, es inviolable. La ley determina los casos en que se puede proceder al examen o interceptación mediante orden judicial motivada. 

 

Hábeas Corpus

 

Artículo 47.­ Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas.
Puede también ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso.
La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución.

 

Amparo

 

Artículo 48.­ Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta Constitución o por la Constitución Nacional, y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la forma que determine la ley.

 

Acceso a la Justicia

 

Artículo 49.­ En ningún caso puede resultar limitado el acceso a la Justicia por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia gratuita a tal efecto.

 

Privacidad

 

Artículo 50.­ Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro, la finalidad a que se destina esa información, y a exigir su rectificación y actualización. Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tengan un interés legítimo.
La ley reglamenta el uso de la informática para que no se vulneren el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. 

 

Derecho a la información.  Libertad de expresión.  Pluralidad

 

Artículo 51.- El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no está sujeto a censura previa sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto de los derechos, la reputación de las personas y la protección de la seguridad, la moral y el orden público.
Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión. Se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial. La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico.
La Legislatura no dicta leyes que restrinjan la libertad de prensa.
Cuando se acuse una publicación en que se censura en términos decorosos la conducta de un individuo como magistrado o personalidad pública, imputándose faltas o delitos cuya averiguación y castigo interese a la sociedad, debe admitirse prueba sobre los hechos denunciados y, de resultar ciertos, el acusado queda exento de pena.
La información y la comunicación constituyen un bien social.

 

Mora de la administración.  Amparo

 

Artículo 52.­ Para el caso de que esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del reclamante, puede librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que prudencialmente establezca.

 

Protección de los intereses difusos

 

Articulo 53.­ La ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos en esta Constitución.

 

TÍTULO SEGUNDO.- Políticas Especiales del Estado

 

CAPÍTULO PRIMERO.- Trabajo, Seguridad Social y Bienestar

 

 

Trabajo

 

Artículo 54.­ El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la solidaridad social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espirituales y materiales de la persona y la comunidad; es fundamento de la prosperidad general.
El Estado está obligado a promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de la Provincia.
La ley contempla las situaciones y condiciones especiales del trabajo para asegurar la protección efectiva de los trabajadores.
El Estado Provincial ejerce la policía del trabajo en el ámbito personal y territorial, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal en la materia. Igualmente, en lo que respecta a negociación colectiva en materia de conciliación obligatoria, arbitraje facultativo y arbitraje obligatorio; en este último caso, sólo en situaciones de excepción, y en todos los supuestos referidos, con la misma reserva sobre las facultades de Gobierno Federal.

 

Seguridad Social

 

Artículo 55.­ El Estado Provincial establece y garantiza en el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva , equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones. Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal.

 

Actividades de interés social

 

Artículo 56.­ El Estado Provincial promueve actividades de interés social que tiendan a complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo.

 

Régimen previsional

 

Artículo 57.­ El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.
El régimen previsional debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación con otros sistemas previsionales.
La ley establece un régimen general previsional que contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales, conforme lo establece el artículo 110, inciso 17 de esta Constitución.
Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas.

 

Vivienda

 

Artículo 58.­ Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable en las condiciones que fija la ley.
El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios:
1°. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y pautas culturales y regionales de la comunidad .
2°. Impedir la especulación.
3°. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.

 

Salud

 

Artículo 59.­ La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.
El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud, integra todos los recursos y concierta la política sanitaria con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, municipios e instituciones sociales públicas y privadas.
La Provincia, en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud.
El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción. Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Cultura y Educación

 

Artículo 60.­ El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales.
La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimientan la identidad y unidad nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos.
El Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna.

 

Educación

 

Artículo 61.­ La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral, para la con formación de una sociedad democrática, justa y solidaria.

 

Política educativa

 

Artículo 62.­ La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos:
1°. Ejercer, el Estado Provincial, función educativa obligatoria; establecer la política del sector y supervisar su cumplimiento.
2°. Garantizar el derecho de aprender y de enseñar, reconocer a la familia como agente natural y primario de educación, y la función educativa de la comunidad.
3°. Reconocer la libertad de enseñanza. Las personas, asociaciones y municipios tienen derecho a crear instituciones educativas ajustadas a los principios de esta Constitución, las que son reconocidas según la ley. La misma reglamenta la cooperación económica del Estado con aquellas que no persigan fines de lucro.
4º. Asegurar la obligatoriedad de la educación básica general y común y garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades para acceder a ella.
5°. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal.
Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.
6º. Promover el acceso de los habitantes, según su vocación, capacidad y mérito, a los más altos niveles de formación, investigación y creación.
7°. Generar y promover medios diversos para la educación permanente; la alfabetización, creación cultural, capacitación laboral o formación profesional según las necesidades regionales.
8°. Satisfacer los requerimientos del sistema educativo, en cuanto a la formación y actualización docente.
9°. Asegurar en el presupuesto provincial los recursos suficientes para la prestación adecuada del servicio educativo; integrar aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.
10°. Incorporar obligatoriamente en todos los niveles educativos, el estudio de esta Constitución, sus normas, espíritu e institutos. 

 

Gobierno de la educación

 

Artículo 63.­ El Estado Provincial organiza y fiscaliza el sistema educativo en todos los niveles, con centralización política y normativa y descentralización operativa, de acuerdo con los principios democráticos de participación. Integra en cuerpos colegiados a representantes del Gobierno, de los docentes y de otros agentes institucionales y sociales, en los niveles de elaboración y ejecución de políticas, en la forma y con los atributos que fija la ley.
Los centros de enseñanza son comunidades educativas, cuya acción está ligada a la práctica democrática y a la participación de sus integrantes.

 

Ciencia y tecnología

 

Artículo 64.­ El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre.
Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario; deben evitarse los monopolios, la obsolescencia anticipada y la distorsión de la economía.

 

Patrimonio cultural

 

Artículo 65.­ El Estado Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad.

 

CAPÍTULO TERCERO.- Ecología.  Medio ambiente y calidad de vida

 

Artículo 66.­ Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna.
El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia.
El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico sin discriminación de individuos o regiones.
Para ello dicta normas que aseguren:
1°. La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos.
2°. La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del ambiente.
3°. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.
4°, La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en los asentamientos humanos. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- Economía y Finanzas

 

Principios económicos

 

Artículo 67.­La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales.
El capital cumple una función social y se orienta al crecimiento de la economía.
Los beneficios del crecimiento son distribuidos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de las organizaciones económicas que participan en el proceso productivo.
Se reconoce y garantiza la libre iniciativa privada con sanción a los monopolios, la usura y la especulación.
La propiedad privada es inviolable; nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, y su ejercicio está limitado por la función social que debe cumplir.

 

Recursos naturales

 

Artículo 68.­ El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente.
La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las tecnologías de aplicación.
Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al interés general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes para evitar su contaminación.
El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve su explotación
racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las especies y a su reposición mediante la forestación y reforestación que salvaguarde la estabilidad ecológica.
Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, inalienables e imprescriptibles de la Provincia; su explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
El Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de la política minera, fomenta la prospección, exploración y beneficio de las sustancias minerales del territorio, realiza el inventario de sus recursos y dicta leyes de protección de este patrimonio con el objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y su utilización irracional.

 

Planeamiento

 

Artículo 69.­ El Estado Provincial orienta las actividades económicas conforme a los principios enunciados en esta Constitución; elabora planes en los que promueve la participación de los sectores económicos y sociales interesados, destinados al desarrollo regional e integración económica provincial.
El presupuesto de la Provincia y el de las empresas del Estado se formulan en el marco de dicha planificación.
La Provincia acuerda con otras y con el Gobierno Federal su participación en sistemas federales o regionales de planeamiento.

 

Presupuesto

 

Artículo 70.­ El presupuesto provincial prevé los recursos pertinentes, autoriza las inversiones y gastos y fija el número de agentes públicos; explícita los objetivos que deben ser cuantificados cuando la naturaleza de los mismos lo permita.
Puede proyectarse por más de un ejercicio sin exceder el término del mandato del titular del Poder Ejecutivo.
La falta de sanción de la ley de presupuesto al primero de enero de cada año implica la reconducción automática de los créditos vigentes al finalizar el ejercicio inmediato anterior.
Las empresas del Estado se rigen por sus propios presupuestos.

 

Tributos

 

Artículo 71.­ El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de la legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza.
El Estado Provincial y los municipios establecen sistemas de cooperación, administración y fiscalización conjunta de los gravámenes.
Pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la comunidad.
Ninguna ley puede disminuir el monto de los gravámenes una vez que han vencido los términos generales para su pago en beneficio de los morosos o evasores de las obligaciones tributarias.
La ley determina el modo y la forma para la procedencia de la acción judicial donde se discuta la legalidad del pago de impuestos y tasas.

 

Tesoro provincial

 

Artículo 72.­ El Tesoro Provincial se integra con recursos provenientes de:
1°. Tributos de percepción directa y/o provenientes de regímenes de coparticipación.
2°. Renta y producido de la venta de sus bienes y actividad económica del Estado.
3°. Derechos, convenios, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la explotación de sus bienes o de recursos naturales.
4°. Donaciones y legados.
5°. Los empréstitos y operaciones de crédito. 

 

Créditos públicos

 

Artículo 73.­ El Estado Provincial puede contraer empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emitir títulos públicos y realizar otras operaciones de crédito para el financiamiento de obras públicas, promoción del crecimiento económico y social, modernización del Estado y otras necesidades excepcionales o de extrema urgencia. La ley determina los recursos afectados para el pago de amortización e intereses de las deudas autorizadas que no pueden comprometer más del veinte por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se debe tener como base de cálculo el menor de los ingresos anuales ordinarios de los tres últimos ejercicios, considerados a valores constantes.

 

Contrataciones

 

Artículo 74.­ La enajenación de los bienes de la Provincia o de los municipios se hace en los términos que determinen las leyes u ordenanzas.
Toda contratación del Estado Provincial o de los municipios se efectúa según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el procedimiento de selección.

 

Servicios públicos

 

Artículo 75.­ Los servicios públicos corresponden originariamente, según su naturaleza y características a la Provincia o a los municipios; pueden prestarse directamente, o por medio de cooperativas o sociedades de economía mixta, y por particulares. En el control de su prestación participan los usuarios según lo establecen las leyes u ordenanzas respectivas.

 

Remuneraciones

 

Artículo 76.­ El Estado Provincial, con participación previa y por gremio, fija la remuneración de sus agentes y procura su homogeneidad sobre la base de que a igual tarea corresponde igual remuneración.
Las remuneraciones de los agentes públicos de los Poderes del Estado no superan la del titular del Poder Ejecutivo. 

 

SEGUNDA PARTE.- Autoridades de la Provincia

 

TÍTULO PRIMERO.- Gobierno Provincial

 

SECCIÓN PRIMERA.- Poder Legislativo 

 

Composición

 

Artículo 77.­ El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por una Asamblea compuesta de una Cámara de Diputados y otra de Senadores.

 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- Cámara de Diputados. Integración

 

Artículo 78.­ La Cámara de Diputados se integra por sesenta y seis representantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, considerada éste como distrito único.
Del número expresado, treinta y seis corresponden al partido político que obtenga mayor cantidad de votos.
Los treinta restantes se distribuyen entre los cuatro partidos políticos que sigan a aquél en orden a los votos obtenidos y que superen un mínimo del dos por ciento de los votos emitidos. La distribución entre las minorías se hace del siguiente modo, conforme al orden que surja del resultado de la elección: veinte representantes al segundo; cinco al tercero; tres al cuarto y dos al quinto. Si alguno de los cuatro partidos no alcanza el mínimo electoral exigido, el número de representantes que le corresponde por su orden, es adjudicado entre las minorías que han alcanzado ese mínimo en forma proporcional conforme lo establezca la ley.

 

Incorporación

 

Artículo 79.­ Los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos que no hayan resultado electos, son considerados suplentes para el caso de vacancia. Producida una vacante, se cubre en forma inmediata por el que sigue de acuerdo con el orden establecido en la lista partidaria, y completa el suplente el período del titular que reemplace. Agotada la lista de titulares no electos, se continúa por' el orden de los suplentes que en número de dieciocho integran la lista respectiva.

 

Requisitos para ser diputado

 

Artículo 80.­ Para ser diputado se requiere:
1°. Haber cumplido la edad de veintiún años.
2°. Tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de cinco años, para los naturalizados.
3°. Tener residencia en la Provincia en forma inmediata y continua durante los dos años anteriores a su elección. A tales efectos no causa interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de funciones políticas o técnicas al servicio del Gobierno Federal o de la Provincia.

 

Reelección

 

Artículo 81.­ Los diputados duran cuatro años en sus funciones y son reelegibles. La Cámara se constituye por sí misma.

 

Atribuciones exclusivas

 

Artículo 82.­ Compete exclusivamente a la Cámara de Diputados iniciar la discusión de los proyectos de ley sobre presupuesto, tributos, contratación de empréstitos y la atribución de acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político.

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Cámara de Senadores.

 

 

Integración

 

Artículo 83.­ Los senadores son elegidos directamente y a pluralidad de sufragios por el pueblo de los Departamentos en que se divide la Provincia.
Los Departamentos cuya población no exceda los sesenta mil habitantes eligen un senador, los que tengan entre sesenta mil y cien mil eligen dos, que corresponden a la mayoría; los que tengan entre cien mil y trescientos mil eligen seis, de los que corresponden tres a la mayoría, dos al partido que le sigue en orden y uno al que resulte tercero; y los que tengan más de trescientos mil eligen ocho senadores, de los que corresponden cuatro a la mayoría, tres al partido que le sigue en orden y uno al que resulte tercero en la elección.

 

Suplentes.  Incorporación

 

Artículo 84.­ En el mismo acto eleccionario se elige igual número de senadores suplentes; se consideran tales a los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos que no resultaron electos.
Producida una vacante, se cubre de la siguiente forma:

1º. Por el candidato titular que no hubiese resultado electo.
2º. Por los suplentes en el orden establecido en la lista partidaria.

El suplente completa el período del titular que reemplace. Agotada la lista de titulares y suplentes, el Senado comunica al Poder Ejecutivo para que convoque en forma inmediata a nueva elección.

 

Requisitos para ser senador

 

Artículo 85.­ Para ser senador se requiere:
1º. Haber cumplido la edad de treinta años.
2º. Tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de cinco años.
3º. Tener residencia en el Departamento al que represente en forma inmediata y continua durante los dos años anteriores a su elección, con la salvedad que establece el artículo 80, última parte. 

 

Duración.  Reelección

 

Artículo 86.­ Los senador es duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. El Senado se renueva por mitad de Departamentos cada dos años.

 

Presidente del Senado

 

Artículo 87.­ El vicegobernador es presidente del Senado, pero no tiene voto sino en caso de empate. 

 

Presidente provisorio

 

Artículo 88.­ El Senado nombra en su seno un presidente provisorio que lo preside en caso de ausencia del vicegobernador o cuando éste ejerza las funciones de gobernador. El presidente provisorio tiene voz y voto. 

 

Atribuciones exclusivas del Senado

 

Artículo 89.­ Al Senado le corresponde exclusivamente:
1º. Iniciar la reforma de esta Constitución.
2º. Juzgar a los acusados por la Cámara de Diputados; sus miembros deben prestar juramento para este acto.
3º. Dar acuerdo en sesión secreta para el nombramiento de magistrados y funcionarios a que se refiere esta Constitución. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO.- Disposiciones comunes a ambas Cámaras.

 

 

Inhabilidades

 

Artículo 90.­ No pueden ser miembros del Poder Legislativo: los integrantes de fuerzas armadas y de seguridad en actividad, los excluidos del registro electoral y los inhabilitados por leyes nacionales o provinciales.

 

Incompatibilidades

 

Artículo 91.­ Es incompatible el cargo de legislador con:
1º. El ejercicio de función en el Gobierno Federal, las provincias o los municipios, con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple, y las comisiones honorarias eventuales para cuyo desempeño se requiere autorización previa de la Cámara respectiva.
2º. Todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial o municipal, excepto los de Convencional Constituyente o Convencional Municipal .
3º. El ejercicio de funciones directivas o de representación de empresas beneficiadas con concesiones por parte del Estado.

Los agentes de la Administración Provincial o Municipal, que resulten electos legisladores titulares, quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su función.

 

Prohibiciones

 

Artículo 92.­ Ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra de la Nación, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar por derecho propio. 

 

Inmunidad de opinión

 

Artículo 93.­ Ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones, discursos o votos que emita en el desempeño de su mandato como legislador. 

 

Inmunidad de arresto

 

Artículo 94.­ Desde el momento de su elección o incorporación en el caso de los suplentes, hasta el cese de sus mandatos, los legisladores tienen inmunidad de arresto, salvo el caso de ser sorprendidos en flagrante ejecución de un delito doloso y siempre que sea necesario mantener la privación de libertad para asegurar la investigación y la actuación de la ley. Esta situación debe ser comunicada de inmediato a la Cámara respectiva, con información sumaria del hecho. 

 

Desafuero

 

Artículo 95.­ Cuando se promueva acción penal contra un legislador, el tribunal competente practica una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquél, y si corresponde solicita el desafuero a la Cámara a la que pertenece. Ésta examina las actuaciones en juicio público, y puede suspender al imputado en sus funciones con el voto de los dos tercios de los presentes y ponerlo a disposición del tribunal requirente a sus efectos.
Si la Cámara no resuelve en el término de los sesenta días siguientes al de la recepción del sumario, se considera rechazado el pedido. En el caso del artículo anterior, el plazo es de cinco días. 

 

Prerrogativas de candidatos

 

Artículo 96.­ Los candidatos, una vez oficializadas las listas respectivas y hasta ser proclamados los electos, tienen las siguientes prerrogativas:
1º. A no ser molestados por las autoridades ni detenidos por opiniones vertidas con motivo de la campaña electoral.
2º. A solicitar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo. 

 

Remuneración

 

Artículo 97.­ Los legisladores gozan de la dieta que establece la ley; la misma se hace efectiva de acuerdo con sus asistencias. Sólo se aumenta, cuando se producen incrementos de carácter general para la Administración Pública. Se otorgan viáticos a los legisladores que residen en forma permanente fuera de la ciudad asiento de la Legislatura. 

 

Juez de elecciones

 

Artículo 98.­ Cada Cámara es juez exclusivo de las elecciones derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. En los casos de integración, la minoría basta para juzgar los títulos de los reemplazantes, siempre que se halle en mayoría absoluta respecto de sí misma.
En estos casos, como en los demás en que proceda alguna de ellas como juez o como cuerpo elector, no puede reconsiderar sus resoluciones. 

 

Juramento

 

Articulo 99.­ Los legisladores prestan en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe esta Constitución y la de la Nación. 

 

Quórum

 

Artículo 100.­ Ninguna de las Cámaras entra en sesión sin más de la mitad de sus miembros, pero un número menor puede compeler a los ausentes para que concurran a las sesiones en los términos y bajo las sanciones que cada Cámara establezca. 

 

Publicidad

 

Articulo 101.­ Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, a menos que un grave interés declarado por ellas mismas, exija lo contrario. 

 

Sesiones ordinarias

 

Artículo 102.­ Las Cámaras se reúnen por propia convocatoria en sesiones ordinarias todos los años, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Las sesiones ordinarias pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o por disposición de ambas Cámaras. Durante el receso quedan suspendidos los plazos que a ellas les fije la presente sección. 

 

Sesiones extraordinarias

 

Artículo 103.­ Las Cámaras pueden ser convocadas a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, o por alguno de sus presidentes a solicitud escrita de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara. En este caso, sólo pueden ocuparse del objeto u objetos para los que hayan sido convocadas. 

 

Apertura y cierre de sesiones

 

Artículo 104.­ Las Cámaras, reunidas en Asamblea presidida por el presidente del Senado, abren y cierran sus sesiones ordinarias e invitan al Poder Ejecutivo, en el primer caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la administración y, en el segundo, únicamente para mayor solemnidad del acto. 

 

Simultaneidad de sesiones

 

Articulo 105.­ Ambas Cámaras comienzan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, pueden suspender sus sesiones por más de cuatro días sin el consentimiento de la otra. 

 

Facultades disciplinarias

 

Artículo 106.­ Cada Cámara dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de sus miembros corregir y aun excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación; pero basta el voto de la mayoría de los miembros presentes para decidir sobre la renuncia que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Cada Cámara tiene facultades para sancionar las faltas cometidas dentro y fuera del recinto, que atenten contra el orden de las sesiones y puede imponer a terceros, arrestos que no pasen de treinta días, sin perjuicio de ponerlos si corresponde, a disposición del juez competente. En todos los casos se asegura el derecho de defensa. 

 

Presencia de los ministros

 

Artículo 107.­ Las Cámaras pueden hacer venir al recinto o a sus comisiones, a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes o explicaciones que estimen convenientes, previa comunicación de los puntos a informar o explicar, estando aquéllos obligados a concurrir. En todos los casos la citación se hace en un plazo no inferior a cinco días, salvo que se tratase de un asunto de extrema gravedad o urgencia y así lo disponga la Cámara por mayoría absoluta de sus miembros. El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir, cuando lo estime conveniente, en reemplazo del o de los ministros convocados.

 

Informes

 

Artículo 108.­ Cada Cámara o los legisladores individualmente pueden pedir al Poder Ejecutivo informes por cuestiones de interés público, para el mejor desempeño de su mandato. Los informes solicitados por las Cámaras deben evacuarse dentro del término que fije cada una de ellas.

 

Comisiones de investigación

 

Artículo 109.­ Las Cámaras pueden nombrar de su seno comisiones de investigación al solo efecto del cumplimiento de sus fines, las que deben respetar los derechos y garantías personales y la competencia del Poder Judicial. En todos los casos las comisiones tienen que expedirse en cuanto al resultado de lo investigado. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO.- ATRIBUCIONES. Atribuciones del Poder Legislativo

 

Artículo 110.­ Corresponde al Poder Legislativo:
1°. Dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución sin alterar su espíritu.
2°. Aprobar y desechar los tratados o convenios a que se refiere el artículo 144, inciso 4.
3°. Admitir o rechazar las renuncias que presenten el Gobernador o el Vicegobernador reunidas ambas Cámaras para tal objeto.
4°. Resolver sobre las licencias del Gobernador y del Vicegobernador para salir fuera de la Provincia, cuando sus ausencias abarquen un período mayor de quince días.
5°. Instruir, reunidos en Asamblea con los dos tercios de los votos de los miembros de la misma, a los Senadores Nacionales para su gestión, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia .
6°. Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hace en término y con la anticipación determinada por la ley.
7°. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de los miembros de cada Cámara.
8°. Autorizar con dos tercios de votos de los miembros presentes el abandono de jurisdicción de parte del territorio provincial, con objeto de utilidad pública; y autorizar con dos tercios de votos de los miembros de cada Cámara, la cesión de propiedad de parte del territorio de la Provincia con el mismo objeto. Cuando la cesión importe desmembramiento del territorio, la ley que así lo disponga debe ser sometida a referéndum de la ciudadanía.
9°. Dictar planes generales sobre cualquier objeto de interés regional, y dejar a las respectivas Municipalidades su aplicación.
l0°. Dictar la ley orgánica municipal, conforme a lo que establece esta Constitución. En caso de fusión llamar a referéndum a los electores de los Municipios involucrados. Dictar leyes especiales que deleguen competencias de la Provincia a los Municipios.
11°. Disponer con los dos tercios de los votos de cada Cámara, la intervención a las Municipalidades de acuerdo con esta Constitución.
12°. Dictar la ley orgánica de educación de conformidad con los principios dispuestos en esta Constitución.
13°. Legislar sobre el desarrollo industrial y tecnológico, inmigración y promoción económica y social. Establecer regímenes de estímulo a la radicación de nuevas actividades productivas.
14°. Dictar la ley orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
15°. Legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial . Dictar leyes de colonización que aseguren una más productiva y racional explotación de los recursos agropecuarios.
16°. Dictar la ley de expropiaciones y declarar la utilidad pública a tales efectos.
17°. Dictar una ley general de jubilaciones, retiros y pensiones, en base a un descuento obligatorio sobre los haberes para todos los cargos. Esta ley sólo puede reformarse con un intervalo mínimo de ocho años. En ningún caso puede acordar jubilaciones, pensiones o dádivas por leyes especiales que importen un privilegio que difiera del régimen general.
18°. Dictar la ley orgánica de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Federal
19°. Dictar normas generales sobre la preservación del recurso suelo urbano, referidas al ordenamiento territorial y protectoras del medio ambiente y del equilibrio ecológico.
20°. Dictar las leyes de Partidos Políticos y Electoral.
21°. Dictar las leyes que establecen los procedimientos de Juicio Político y del Jurado de Enjuiciamiento.
22°. Dictar los códigos y leyes procesales.
23°. Crear y suprimir empleos y legislar sobre todas las reparticiones, oficinas y establecimientos públicos, con determinación de las atribuciones y responsabilidades de cada funcionario. Esta legislación debe tener en cuenta la política de reforma administrativa propuesta por esta Constitución.
24°. Dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones, y reglar el escalafón del personal de los Poderes y órganos del Estado Provincial.
25°. Legislar sobre la descentralización de servicios de la Administración y la creación de empresas públicas, sociedades del Estado, bancos y otras instituciones de crédito y ahorro.
26°. Aprobar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.
27°. Considerar el presupuesto general de gastos y calculo de recursos que remite el Poder Ejecutivo antes del quince de octubre para el período siguiente o por uno mayor, siempre que no exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio.
Dictar su propio presupuesto, el que se integra al presupuesto general, y fijar las normas respecto de su personal. Aumentar el número y el sueldo de los agentes de las reparticiones públicas, a propuesta del Poder Ejecutivo.
La ejecución de leyes sancionadas por la Legislatura y que importen gastos se realiza a partir del momento en que existan fondos disponibles en el presupuesto, o se creen los recursos necesarios para satisfacerlos.
28°. Proceder a sancionar dicho presupuesto sobre la base del vigente, si el Poder Ejecutivo no presenta el proyecto antes del término que fija esta Constitución.
29°. Aprobar o desechar las cuentas de inversión del año fenecido, dentro del período ordinario en que se remitan. Si no son observadas en ese período, quedan aprobadas.
30°. Establecer tributos para la formación del tesoro provincial.
31°. Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes en cada Cámara, a contraer empréstitos.
32°. Dictar la ley orgánica del uso del crédito público y arreglar el pago de las deudas del Estado Provincial.
33°. Sancionar leyes de coparticipación tributaria para las Municipalidades y aprobar subsidios para éstas.
34°. Reglamentar la organización y funcionamiento del cargo de Defensor del Pueblo y designar a dicho funcionario con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara reunidos en Asamblea.
35°. Conceder amnistías generales.
36°. Otorgar honores y recompensas de estímulo por servicios de gran importancia prestados a la Provincia, los que no pueden disponerse a favor de los funcionarios durante el desempeño de sus cargos.
37°. Reglar el poder de policía en materia de autorización y represión de juegos de azar, cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a través de los organismos que ella determina.
38°. Promover el bienestar común mediante leyes sobre todo asunto de interés general que no corresponda privativamente al Gobierno Federal.
39°. Dictar todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Provincia. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO.- Formación y Sanción de las Leyes.

 

 

Origen

 

Artículo 111.­ Salvo los casos en que la Cámara de origen es expresamente indicada por la presente Constitución las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras a iniciativa de alguno de sus miembros, del Poder Ejecutivo o por iniciativa popular en los casos que determinan esta Constitución y la ley. 

 

Proyectos aprobados

 

Artículo 112.­ Aprobado un proyecto por la Cámara de origen pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas pasa al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación.
Se considera también aprobado por la Cámara revisora todo proyecto con media sanción, que no haya sido rechazado formalmente una vez transcurridos cuatro meses desde que fuera recibido por aquélla para su consideración.
Se reputa promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles.

 

Proyectos adicionados, observados o desechados

 

Artículo 113.­ Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras puede repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, vuelve a la de origen, y si en ésta se aprueban las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasa al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones son desechadas, vuelve por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí nuevamente es sancionado por una mayoría de dos tercios de sus miembros, pasa el proyecto a la otra Cámara y no se entiende que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Cada Cámara tiene un plazo de treinta días hábiles para considerar las modificaciones propuestas por la otra, transcurrido el cual se tienen por aprobadas si no se pronunciare expresamente.

 

Veto total o parcial

 

Artículo 114.­ Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen; ésta lo discute nuevamente y si lo confirma con mayoría de dos tercios de votos pasa otra vez a la Cámara revisora. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En este caso las votaciones en ambas Cámaras son nominales por si o por no. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no puede repetirse en las sesiones de aquel año.
Vetada en parte una ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la parte no vetada si ella tuviera autonomía normativa y no afectare la unidad del proyecto, previa decisión favorable por parte de la Cámara de origen.

 

Trámite de urgencia

 

Artículo 115.- En cualquier período de sesiones el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento, los que deben ser considerados dentro de los treinta días corridos desde la recepción por la Cámara de origen y en igual plazo por la revisora. Estos plazos son de sesenta días para el proyecto de ley de presupuesto; cuando éste sea desechado, para considerar el nuevo proyecto, cada Cámara tiene treinta días.
La solicitud para el tratamiento de urgencia de un proyecto puede ser hecha aun después de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En estos casos el plazo comienza a correr desde la recepción de la solicitud.
Los proyectos a los que se imponga el trámite dispuesto por este artículo, que no sean expresamente desechados dentro de los plazos establecidos, se tienen por aprobados.
Cada Cámara, con excepción del proyecto de ley de presupuesto, puede dejar sin efecto el trámite de urgencia si así lo resuelve la mayoría de sus miembros, en cuyo caso se aplica a partir de ese momento el trámite ordinario. 

 

Trámite en comisión

 

Artículo 116.­ Las Cámaras pueden delegar en sus comisiones internas la discusión y aprobación de determinados proyectos. Debe asegurarse la publicidad de las sesiones de comisión en estos casos.
Estos proyectos, si obtienen el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión, pasan a la otra Cámara donde se observa el mismo procedimiento para la sanción y, en su caso, al Poder Ejecutivo para la promulgación, salvo que un quinto de los miembros de alguna de las Cámaras o un Bloque Legislativo requiera la discusión del proyecto en el respectivo cuerpo, dentro de los diez días de ser puesto en conocimiento de los integrantes de cada Cámara.

 

Fórmula

 

Artículo 117.­ En la sanción de las leyes se usa esta fórmula: «El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba sancionan con fuerza de Ley».

 

Vigencia.  Irretroactividad

 

Artículo 118.­ Las leyes tienen vigencia a partir del día de su publicación, a menos que las mismas determinen otra fecha.
No tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.
La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

 

 

CAPÍTULO SEXTO.- Juicio Político

 

 

Acusación

 

Artículo 119.- La Cámara de Diputados puede acusar ante el Senado al Gobernador, al Vicegobernador, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Cuentas, a los ministros del Poder Ejecutivo, al Fiscal de Estado, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, incapacidad física o psíquica sobreviniente o indignidad, después de haber conocido a petición de partes o de alguno de sus miembros con las garantías del debido proceso y declarado haber lugar a la formación de la causa por la mayoría de las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes en sesión. Sancionada la acusación de cualquier funcionario sujeto al juicio político el acusado queda suspendido hasta la conclusión del juicio. 

 

Juicio

 

Artículo 120.­ El Senado juzga a los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados en juicio público. Cuando el acusado sea el Gobernador o el Vicegobernador, es presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ninguno es declarado culpable sino por mayoría de dos tercios de votos de los presentes. 

 

Decisión

 

Artículo 121.­ La decisión del Senado no tiene otro efecto que el de destituir al acusado, y aun inhabilitarlo para ocupar algún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Provincia. Pero la parte condenada, queda no obstante, sometida a proceso ante los tribunales competentes si corresponde.

Irrecurribilidad

 

Artículo 122.­ La decisión del Senado es irrecurrible y debe darse dentro del período de sesiones en que hubiera sido iniciado el juicio, prorrogándolas si fuere necesario, para tramitar éste.

 

Plazo

 

Artículo 123.­ En ningún caso el juicio político ante el Senado puede durar más de cuatro meses, vencidos los cuales sin haber recaído resolución, queda absuelto el acusado. 

 

CAPÍTULO SEPTIMO.- Defensor del Pueblo y Consejo Económico Social

 

Defensor del Pueblo

 

Artículo 124.­ La Legislatura, con el voto de dos tercios de sus miembros, reunidos en Asamblea designa al Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo que determine la ley.
Goza de las inmunidades y privilegios de los Legisladores, dura cinco años en sus funciones y no puede ser separado de ellas sino por las causales y el procedimiento establecido respecto al juicio político.

 

Consejo Económico y Social

 

Artículo 125.­ El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y el trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta materia.

 

CAPÍTULO OCTAVO.- Tribunal de Cuentas

 

Integración

 

Artículo 126. – El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete. Deben ser argentinos, abogados o contadores públicos, con diez años de ejercicio de la profesión, cinco de residencia en la Provincia y haber cumplido treinta años de edad.
Son elegidos por el pueblo de la Provincia con representación de las minorías y duran cuatro años en sus cargos. Tienen las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de Cámara.

 

Atribuciones

 

Artículo 127.­ Son atribuciones del Tribunal de Cuentas:
1º. Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos efectuada por los funcionarios y administradores de la Provincia, y cuando así se establezca, su recaudación en particular con respecto a la ley de presupuesto y en general acorde lo determine la ley.
2º. Intervenir preventivamente en todos los actos administrativos que dispongan gastos en la forma y alcances que establezca la ley. En caso de observación, dichos actos sólo pueden cumplirse cuando haya insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros. De mantener la observación el Tribunal pone a disposición de la Legislaturas en el término de quince días y los antecedentes del caso.
3º. Realizar auditorías externas en las dependencias administrativas e instituciones donde el Estado tenga intereses y efectuar investigaciones a solicitud de la Legislatura.
4º. Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, en el cuarto mes de las sesiones ordinarias.
5º. Actuar como órgano requirente en los juicios de cuentas y responsabilidad ante los Tribunales de Justicia.
6º. Elaborar y proponer su propio presupueste al Poder Ejecutivo; designar y remover su personal. 

 

SECCIÓN SEGUNDA.- Poder Ejecutivo

 

CAPÍTULO PRIMERO.- Naturaleza y Duración

 

Gobernador

 

Artículo 128.­ El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador de la Provincia.

 

Vicegobernador

 

Artículo 129.­ Al mismo tiempo y por un mismo período se elige un Vicegobernador que preside el Senado, reemplaza al Gobernador de acuerdo con esta Constitución, es su colaborador directo y puede participar en las reuniones de Ministros. No puede ser cónyuge o pariente del gobernador hasta el segundo grado.

 

Condiciones

 

Artículo 130.­ Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:
1º. Tener treinta años de edad.
2º. Ser argentino nativo o por opción.
3º. Tener residencia en la Provincia durante los cuatro años anteriores inmediatos a la elección, salvo caso de ausencia motivada por servicios a la Nación o a la Provincia, o en organismos internacionales de los que la Nación forma parte.

 

Remuneración

Artículo 131.­ El Gobernador y Vicegobernador perciben un sueldo, que no puede ser alterado durante el período de su mandato, salvo modificaciones de carácter general. No pueden ejercer otro empleo ni percibir emolumento público alguno.

 

Tratamiento

 

Artículo 132.­ El tratamiento oficial del Gobernador y Vicegobernador, cuando desempeñen sus funciones, es el de «Señor Gobernador» y «Señor Vicegobernador».

 

Ausencia

 

Artículo 133.­ El Gobernador y el Vicegobernador no pueden ausentarse de la Provincia sin autorización de las Cámaras, por un período superior a quince días; si las Cámaras se encuentran en receso se les da cuenta oportunamente.

Acefalía

 

Artículo 134.­ En caso de muerte del Gobernador o de su destitución, dimisión, ausencia, suspensión u otro impedimento, las funciones de su cargo pasan al Vicegobernador, quien las ejerce durante el resto del período constitucional, si es por alguno de los tres primeros casos u otro impedimento permanente, y si es por acusación, ausencia, suspensión u otro impedimento temporal, hasta que cese dicho impedimento.

Acefalía simultánea

 

Artículo 135.­ En caso de separación o impedimento simultáneo del Gobernador y Vicegobernador, el mando es ejercido por el presidente provisorio del Senado, y en su defecto por el presidente de la Cámara de Diputados, quien convoca dentro de treinta días a la Provincia a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre que de este falten cuanto menos dos años, y que la separación o impedimento del Gobernador o Vicegobernador fuese permanente. En el caso de procederse a una nueva elección, ésta no puede recaer sobre quien ejerce el Poder Ejecutivo. 

 

Reelección

 

Artículo 136.­ El Gobernador y Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período corriente. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período.

 

Inmunidades e incompatibilidades

 

Artículo 137.­ El Gobernador y Vicegobernador tienen las mismas inmunidades, inhabilidades e incompatibilidades que los legisladores.
La inmunidad de opinión alcanza a los candidatos a dichos cargos, desde su oficia1ización  como tales hasta la proclamación de los electos.

 

Prohibición de ejercer funciones judiciales

 

Artículo 138.­ En ningún caso el Gobernador de la Provincia ni funcionario alguno puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer las fenecidas.

 

Período

 

Artículo 139.­ El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el período de cuatro años  y cesan en ellas el mismo día en que expire ese plazo sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se les complete más tarde.
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Elección

 

 

Forma

 

Artículo 140.­ El Gobernador y Vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. 

 

Juzgamiento

 

Artículo 141.­ La elección de Gobernador y Vicegobernador se juzga por ambas Cámaras reunidas en Asamblea Legislativa inmediatamente de constituidas, la cual decide también en caso de empate. El acto debe quedar concluido en una sola sesión, la que no puede exceder de cinco días.

 

Juramento

 

Artículo 142.­ El Gobernador y Vicegobernador prestan en el acto de su recepción, en manos del Presidente de la Asamblea Legislativa, ante el pueblo que les ha confiado sus destinos, el juramento de rigor y que respete sus convicciones religiosas, de: sostener y cumplir la Constitución de la Provincia de la Nación; defender la libertad y derechos garantidos por ambas; ejecutar y hacer ejecutar las leyes que hayan sancionado y sancionen el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia; respetar y hacer respetar las autoridades de ella y de la Nación.

 

Asunción

 

Artículo 143.­ El Gobernador y Vicegobernador electos deben asumir sus cargos el día que comience su mandato, considerándoseles dimitentes en caso contrario, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditada a juicio de la Legislatura. En caso de considerárseles dimitentes se aplican las normas de los artículos 134 y 135 de esta Constitución. 
 

 

CAPÍTULO TERCERO.- Atribuciones

 

 

Atribuciones y deberes

 

Artículo 144.­ El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1º. Es el jefe del Estado Provincial, al que representa, tiene a cargo su administración, formula y dirige políticas y ejecuta las leyes.
2º. Participa de la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y publica, y expide decretos, instrucciones o reglamentos para su ejecución, sin alterar su espíritu.
3º. Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes por proyectos presentados a las Cámaras Legislativas y puede solicitar el tratamiento de urgencia en los términos y con los efectos previstos en el artículo 115 de esta Constitución. Tiene la iniciativa en forma exclusiva para el dictado de las leyes de presupuesto y de ministerios.
4º. Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares con el Estado Federal, las demás provincias, los municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso. También celebra convenios, con idénticos requisitos, con otras naciones, entes públicos o privados extranjeros y organizaciones internacionales, e impulsa negociaciones con ellas, sin afectar la política exterior a cargo del Gobierno Federal.
5º. Ejerce el derecho de veto y, en su caso, de promulgación parcial, en los términos del artículo 114.
6º. Prorroga las sesiones ordinarias de las Cámaras y las convoca a extraordinarias en los casos previstos en los artículos 102 y 103.
7º. Informa a las Cámaras reunidas en Asamblea con un mensaje sobre el estado de la Provincia a la apertura de sus sesiones ordinarias. También lo puede hacer sobre algún tema en particular cuando lo estime conveniente.
8º. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, después de la sentencia firme y previo informe del tribunal correspondiente; se excluyen los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios designados por el mismo Gobernador que ejerza esta atribución o su reemplazante legal.
9º. Designa, previo acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores, y a los miembros del Ministerio Público. En caso de receso de la Legislatura, designa jueces o agentes del Ministerio Público interinos, que cesan en sus funciones a los treinta días de la apertura de las Cámaras. El Gobernador, el Vicegobernador y los Ministros, no pueden ser propuestos para integrar el Poder Judicial hasta seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
10º. Nombra y remueve por sí solo a los Ministros, funcionarios y agentes de la Administración cuyo nombramiento no esté acordado a otra autoridad, o la facultad haya sido delegada, con sujeción a esta Constitución y a las leyes, y con acuerdo de la Legislatura en los casos previstos por aquélla.
11º. Presenta el proyecto de ley de presupuesto, acompañado del plan de recursos, con antelación de no menos de cuarenta y cinco días al vencimiento del período ordinario de sesiones de las Cámaras.
12º. Envía las cuentas de inversión del ejercicio fenecido, en el segundo mes de las sesiones ordinarias de las Cámaras.
13º. Hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia y los dispone con sujeción a la ley de presupuesto. Debe enviar a la Legislatura y publicar trimestralmente el estado de ejecución del presupuesto y de la Tesorería.
14º. Promueve regímenes de estímulo a las actividades productivas.
15º. Adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos.
16º. Es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, y tiene bajo su custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de seguridad y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la Provincia.
Tiene el deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público, a los presidentes de las Cámaras Legislativas cuando éstos la soliciten, debidamente autorizados por ellas y a las municipalidades y demás autoridades, conforme a la ley.
17º. Tiene a su cargo, conforme a las leyes, la policía del trabajo.
18º. Organiza la Administración Pública, sobre la base de los principios consagrados en el artículo 174  y puede delegar, en forma expresa y delimitada, con arreglo a la ley, determinadas funciones administrativas, las que puede reasumir en cualquier momento.
19°. Dirige la reforma administrativa, con el propósito de hacer más eficiente y menos onerosa la Administración. 
 

 

CAPÍTULO CUARTO.- Ministros

 

 

Condiciones e inmunidades

 

Artículo 145.­ Para ser nombrado Ministro se requiere tener veinticinco años y las demás condiciones que la Constitución exige para ser elegido Diputado, con las mismas inmunidades.

 

Remuneración

 

Artículo 146.­ Los Ministros perciben un sueldo que no puede ser alterado, salvo modificaciones de carácter general.

 

Designación y competencias

 

Artículo 147.­ El Gobernador designa a sus Ministros, en el número y con la competencia que determine la ley. Los Ministros refrendan y legalizan con su firma los actos del Gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez. Los Ministros pueden por sí solos tomar todas las resoluciones que la ley les autorice de acuerdo con su competencia, y en aquellas materias administrativas que el Gobernador les delegue expresamente, con arreglo a la ley. 

 

Memoria

 

Artículo 148.­ Dentro del primer mes del período legislativo, los Ministros presentan a las Cámaras una memoria detallada del estado de la Administración de la Provincia en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. 

 

Asistencia a la Cámara

 

Artículo 149.­ Los Ministros deben asistir a las sesiones de las Cámaras, cuando sean llamados por ellas, y pueden también hacerlo cuando lo estimen conveniente.
 

 

CAPÍTULO QUINTO.- Órganos de Control

 

 

Fiscal de Estado

 

Artículo 150.­ El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia. Debe ser abogado con no menos de diez años de ejercicio. Es designado y removido por el Poder Ejecutivo y puede ser sometido a juicio político. 

 

Contaduría General de la Provincia

 

Artículo 151.­ La Contaduría General de la Provincia tiene como función el registro y control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial en la actividad administrativa de los poderes del Estado.
Realiza en forma descentralizada el control preventivo de todos los libramientos de pago, con autorización originada en la ley general de presupuesto o leyes que sancionen gastos, sin cuya intervención no pueden cumplirse.
Está a cargo de un Contador Público, con diez años de ejercicio en la profesión, designado y removido por el Poder Ejecutivo.
La ley establece la organización de la Contaduría, sus atribuciones y responsabilidades. 
 

 

SECCIÓN TERCERA.- Poder Judicial

 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- Disposiciones Generales

 

 

Composición

 

Artículo 152.­ El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Tribunal Superior de Justicia y por los demás tribunales inferiores con la competencia material, territorial y de grado que establece esta Constitución y la ley respectiva.

 

Unidad de jurisdicción

 

Artículo 153.­ El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia .

 

Garantía de independencia

 

Artículo 154.­ Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta omisión de delitos o inhabilidad física o psíquica. Gozan de la misma inmunidad de arresto que los legisladores. Reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y que no puede ser disminuida por acto de autoridad o con descuentos que no sean los que aquélla disponga con fines de previsión u obra social.

 

Deberes

 

Artículo 155.­ Los magistrados y funcionarios judiciales están obligados a concurrir a sus despachos en los horarios de atención al público. Deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan, con fundamentación lógica y legal.

 

Prohibiciones

 

Artículo 156.­ Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones.

 

Designación

 

Artículo 157.­ Los jueces y funcionarios son nombrados y removidos del modo establecido en esta Constitución.
Son nulos y de ningún valor los procedimientos seguidos o las sentencias y resoluciones dictadas por personas que no sean nombradas en la forma prescripta.
La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad en la designación de magistrados inferiores.

 

Requisitos

 

Artículo 158.­ Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere tener doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, para Vocal de Cámara ocho, para Juez seis y para Asesor Letrado cuatro. En todos los casos, ciudadanía en ejercicio, treinta años de edad para los miembros del Tribunal Superior de Justicia y veinticinco para los restantes.

 

Jurado de Enjuiciamiento

 

Artículo 159.­ Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a que hace referencia el artículo 144 inciso 9 no sujetos a juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro Senadores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría. El acusado continúa en sus funciones si el Jurado no dispone lo contrario. El fallo debe dictarse, bajo pena de caducidad dentro de los sesenta días a contar desde la acusación, la que debe realizar en el término de treinta días de formulada la denuncia, bajo la responsabilidad personal del Fiscal General.

 

Competencia

 

Artículo 160.­ Corresponde al Poder Judicial de la Provincia el conocimiento y decisión de las cuestiones que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que celebre la Provincia, por las leyes y demás normas provinciales; de las causas que se susciten contra empleados o funcionarios que no estén sujetos a juicio político ni enjuiciamiento ante el Jurado; y la aplicación de las normas del inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional.

 

Supremacía de normas

 

Artículo 161.­ Los Tribunales y Juzgados de la Provincia, en el ejercicio de sus funciones, aplican esta Constitución y los tratados interprovinciales como la ley suprema, respecto de las leyes que haya sancionado o sancione la Legislatura.

 

Jurados

 

Artículo 162.­ La ley puede determinar los casos en que los Tribunales colegiados son también integrados por jurados.

 

Sentencia

 

Artículo 163.­ Los Tribunales colegiados dan a conocer en público sus sentencias.
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Tribunal Superior de Justicia

 

 

Integración

 

Artículo 164.­ El Tribunal Superior de Justicia está integrado por siete miembros, y puede dividirse en salas. Elige anualmente entre sus vocales un presidente.

 

Competencia

 

Artículo 165.­ El Tribunal Superior de Justicia tiene la siguiente competencia:
1º. Conocer y resolver originaria y exclusivamente, en pleno:
a) De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, Cartas Orgánicas y ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución, y se controviertan en caso concreto por parte interesada;
b) De las cuestiones de competencia entre poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común;
c) De los conflictos internos de las Municipalidades, de una Municipalidad contra otra, o de éstas con autoridades de la Provincia;
d) De las acciones por responsabilidad civil promovidas contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, sin necesidad de remoción previa.
2º. Conocer y resolver, en pleno, de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad.
3°. Conocer y resolver, por intermedio de sus salas, de los recursos que las leyes de procedimientos acuerden.
4°. Conocer y resolver de la recusación de sus Vocales y en las quejas por denegación o retardo de justicia de acuerdo con las normas procesales

 

Artículo 166.­ El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones:
1º. Dictar el Reglamento Interno del Poder Judicial de la Provincia, que debe atender a los principios de celeridad, eficiencia y descentralización.
2º. Ejercer la superintendencia de la Administración de Justicia sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público y de la delegación que establezca respecto de los Tribunales de mayor jerarquía de cada circunscripción o región judicial.
3º. Crear la escuela de especialización y capacitación para magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento.
4º. Preparar y elevar el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su consideración por la Legislatura dentro del presupuesto general de la Provincia.
5º. Elevar a la Legislatura por intermedio del Poder Ejecutivo proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento del Poder Judicial.
6º. Aplicar sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios y empleados judiciales, de conformidad al régimen y procedimiento que se fije.
7º. Designar a su personal en base a un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad.
8º Remover a los empleados judiciales.
9º. Informar anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los Tribunales.
10º. Supervisar con los demás jueces las cárceles provinciales. El Tribunal Superior podrá delegar en su Presidente las atribuciones previstas en el inciso 2 de este artículo.

 

CAPÍTULO TERCERO.- Justicia de Paz

 

 

Caracteres

 

Artículo 167.­ La ley determina el número de los jueces de paz, el período de sus funciones el sueldo del que gozan, su competencia territorial, conforme al principio de descentralización de sus asientos, y material, en la solución de cuestiones menores o vecinales y contravenciones o faltas provinciales. El procedimiento es verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales.

 

Requisitos

 

Artículo 168.­ Para ser designado juez de paz se requiere tener veinticinco años de edad, ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de abogado en lo posible, y las demás condiciones de idoneidad que establece la ley.

 

Nombramiento

 

Artículo 169.­ Los jueces de paz son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, el que no puede otorgarlo antes de los quince días de haberse publicado el pedido correspondiente. Durante el período de su ejercicio sólo pueden ser removidos por el Tribunal Superior de Justicia si concurren las causales enumeradas en el artículo 154. 
 

 

CAPÍTULO CUARTO.- Justicia Electoral

 

 

Tribunal Electoral Provincial

 

Artículo 170.­ La Justicia Electoral está a cargo de un juez que tiene la competencia y atribuciones que le establece una ley especial dictada al efecto.
 

 

CAPÍTULO QUINTO.- Ministerio Público

 

 

Organización

 

Artículo 171.­ El Ministerio Público está a cargo de un Fiscal General y de los fiscales que de él dependan según lo establece la ley orgánica respectiva. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio de la Provincia. El Fiscal General fija las políticas de persecución penal e instruye a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones conforme al párrafo anterior, con arreglo a las leyes. 

 

Funciones

 

Artículo 172.­ El Ministerio Público tiene las siguientes funciones:
1º. Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas.
2°. Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquéllos la satisfacción del interés social.
3º. Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares.
4°. Dirigir la Policía Judicial.

 

Composición

 

Artículo 173.­ El Fiscal General de la Provincia debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia y tiene iguales incompatibilidades e inmunidades. Dura en sus funciones cinco años y puede ser designado nuevamente.
Los demás miembros del Ministerio Público, son inamovibles mientras dure su buen desempeño, gozan de todas las inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que los jueces.
Son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del Poder Judicial, según su jerarquía.
  

 

SECCIÓN CUARTA.- Administración Pública Provincial y Municipal

 

 

Principios

 

Artículo 174.- La Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual busca armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos.
El ingreso a la Administración Pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes , que asegure la igualdad de oportunidades. La ley establece las condiciones de dicho concurso, y los cargos en los que por la naturaleza de las funciones, deba prescindirse de aquél.

 

Regionalización

 

Artículo 175.­ Una ley especial establece la regionalización de la Provincia a los fines de facilitar la desconcentración administrativa, la más eficiente prestación de los servicios públicos, y unificar los diversos criterios de división territorial.

 

Procedimiento

 

Artículo 176.­ La Administración Provincial y Municipal sujeta su actuación a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, sencillez en su trámite, determinación de plazos para expedirse y participación de quienes puedan verse afectados en sus intereses, mediante procedimiento público e informal para los administrados.

 

Acumulación de empleos

 

Artículo 177.­ No pueden acumularse en la misma persona dos o más empleos de las reparticiones provinciales, con excepción de la docencia y las profesiones del arte de curar, cuyas incompatibilidades establece la ley. Cuando se trate de cargos públicos, puede retenerse el empleo sin percepción de haberes.

 

Demandas contra el Estado

 

Articulo 178.­ El Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas pueden ser demandadas ante los tribunales ordinarios sin necesidad de formalidad ni autorización previa de la Legislatura y sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno.
La actuación del Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas en el ejercicio de Función administrativa quedan sometidos al control judicial de acuerdo con lo que determine la ley de la materia y sin otro requisito que el interesado haya agotado la vía administrativa. 

 

Sentencias contra el Estado

 

Artículo 179.­ Los bienes del Estado Provincial o Municipal no pueden ser objeto de embargos preventivos. La ley determina el tiempo de cumplir sentencias condenatorias en contra del Estado Provincial y de los Municipios.
 

 

TÍTULO SEGUNDO.- Municipalidades y Comunas 

 

 

Autonomía

 

Artículo 180.­ Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional.
Los municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten.

 

Municipio

 

Artículo 181.­ Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes, se considera Municipio. Aquellas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, pueden dictar sus Cartas Orgánicas.

 

Cartas Orgánicas Municipales

 

Artículo 182.­ Las Cartas Orgánicas Municipales, son sancionadas por convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza sancionada al efecto.
La Convención Municipal se integra por el doble número de concejales, elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional. Para ser Convencional se requieren las mismas condiciones que para ser Concejal.

 

Requisitos

 

Artículo 183.­ Las Cartas Orgánicas deben asegurar:
1º. El sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades, y el voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros.
2º. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes.
3º. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.
4°. Los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.
5º. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano.
6º. Los demás requisitos que establece esta Constitución.

 

Ley Orgánica Municipal

 

Artículo 184.­ La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los municipios que no tengan Carta Orgánica. Estos pueden establecer diferentes tipos de gobierno, siempre que aseguren lo prescripto en los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior. La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior.

 

Competencia territorial

 

Artículo 185.­ La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. La Legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites; éstos no pueden exceder los correspondientes al Departamento respectivo.
Por ley el Gobierno Provincial delega a Los municipios el ejercicio de su poder de policía, en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial. 

 

Competencia material

 

Artículo 186.­ Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal:
1º. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común.
2º. Juzgar políticamente a las autoridades municipales.
3º. Crear, determinar y percibir los recursos económico-financieros, confeccionar presupuestos, realizar la inversión de recursos y el control de los mismos.
4º. Administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio municipal.
5º. Nombrar y remover los agentes municipales, con garantía de la carrera administrativa y la estabilidad.
6º. Realizar obras públicas y prestar servicios públicos por sí o por intermedio de particulares.
7º. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios.
8º. Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales y nacionales, en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y artístico.
9º. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas.
10º. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la materia.
11º. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios.
12º. Publicar periódicamente el estado de sus ingresos y gastos y, anualmente, una memoria sobre la labor desarrollada.
13º. Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial.
14º. Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado.

 

Régimen sancionatorio y Tribunal de Faltas

 

Artículo 187.­ Las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas que en consecuencia se dicten pueden autorizar a las autoridades para imponer multas; disponer la demolición de construcciones; clausura y desalojo de los inmuebles; secuestro, decomiso o destrucción de objetos, para lo cual las Municipalidades pueden requerir el auxilio de la fuerza pública y recabar órdenes de allanamiento.
También pueden imponer sanciones de arresto de hasta quince días, con recurso judicial suficiente y efectos suspensivos ante el juez que la ley determine.
Las disposiciones orgánicas pueden establecer Tribunales de Faltas.

 

Recursos

 

Artículo 188.­ Las municipalidades disponen de los siguientes recursos:
1º. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo provincial y federal.
2º. Los precios públicos municipales, tasas, derechos, patentes, contribuciones por mejoras, multas y todo ingreso de capital originado por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio.
3º. Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento. El monto resultante se distribuye en los municipios y comunas de acuerdo con la ley, en base a los principios de proporcionalidad y redistribución solidaria.
4º. Donaciones, legados y demás aportes especiales.

 

Empréstitos

 

Artículo 189.­ Las Municipalidades pueden contraer empréstitos para obras públicas o conversión de la deuda ya existente, a tal fin destinan un fondo de amortización, al que no puede darse otra aplicación. El servicio de la totalidad de los empréstitos no debe comprometer más de la quinta parte de los recursos del ejercicio. 

 

Convenios intermunicipales

 

Artículo 190.­ Las Municipalidades pueden celebrar convenios entre sí, y constituir organismos intermunicipales para la prestación de servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica y financiera o actividades de interés común de su competencia. Pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal u organismos descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses comunes.

 

Participación

 

Artículo 191.­ Las Municipalidades convienen con la Provincia su participación en la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que preste o ejecute en su radio, con la asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización operativa.
Participan en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional, y acuerdan su participación en la realización de obras y prestación de servicios que les afecten en razón de la zona.
Es obligación del Gobierno Provincial brindar asistencia técnica.

 

Cooperación

 

Artículo 192.­ Las Municipalidades deben prestar la cooperación requerida por el Gobierno de la Provincia para hacer cumplir la Constitución y sus leyes. El Gobierno Provincial debe colaborar a requerimiento de las Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones específicas.

Acefalía

 

Artículo 193.­ En caso de acefalía total de los municipios, la Legislatura, con los dos tercios de votos de cada Cámara, declara la intervención, por un plazo no mayor de noventa días, y autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a designar un comisionado para que convoque a nuevas elecciones para completar el período.
El comisionado sólo tiene facultades para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

 

Comunas

 

Artículo 194.­ En las poblaciones estables de menos de dos mil habitantes, se establecen Comunas. La ley determina las condiciones para su existencia, competencia material y territorial, asignación de recursos y forma de gobierno que asegure un sistema representativo con elección directa de sus autoridades. 
 

 

TÍTULO TERCERO.- Poder Constituyente 

 

 

Poder Constituyente

 

Artículo 195.­ El Poder Constituyente para reformar en todo o en parte la presente Constitución, es ejercido por el pueblo de la Provincia en la forma que esta Constitución lo determina.

 

Necesidad

 

Artículo 196.­ La declaración de la necesidad de la reforma y la convocatoria a la Convención Constituyente que la lleva a cabo, debe ser aprobada con el voto de dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara. Debe designarse con precisión el punto o puntos que han de ser materia de aquélla; no puede la Convención pronunciarse sobre otros.

 

Publicación

 

Artículo 197.­ La declaración de la necesidad de la reforma no puede ser iniciada ni vetada por el Poder Ejecutivo. Debe ser publicada treinta días en los principales diarios de la Provincia, juntamente con la fecha del comicio. 

 

Composición de la Convención.  Número

Inmunidades

 

Artículo 198.­ La Convención se compone de un número de miembros igual al de la Legislatura, elegidos directamente por el pueblo, por el sistema proporcional, considerada la Provincia como distrito único. Los convencionales deben reunir las condiciones exigidas para ser Diputado Provincial y gozan de las mismas inmunidades. El cargo de Convencional es compatible con cualquier otro cargo público que no sea el de Gobernador, Vicegobernador, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

 

Término

 

Artículo 199.­La declaración de la necesidad de la reforma no puede establecer un término mayor de un año para que la Convención cumpla su cometido. Debe la misma constituirse dentro de los treinta días corridos a partir de la fecha de proclamación de los electos.

 

Promulgación y publicación

 

Artículo 200.­ Corresponde al Gobernador promulgar en el término de diez días la reforma realizada y ordenar su publicación. Si así no lo hiciere, se tiene por promulgada tácitamente. 

 

Disposición complementaria

Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la «Declaración Universal de los Derechos del Hombre», de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la «Convención Americana sobre Derechos Humanos» (Preámbulo y Parte I ), suscripta en San José de Costa Rica en 1969, aprobada por la República Argentina a través de la ley nº 23.054 de 1984, a la cual adhirió esta Provincia de Córdoba por ley nº 7.098 de 1985.
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera.- Esta Constitución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, la que debe efectuarse dentro de los cinco días de su sanción.
Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes de disolver el Cuerpo.
El Gobernador de la Provincia, el Vicegobernador, los Presidentes de las Cámaras Legislativas y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia prestan juramento ante la Convención Constituyente.
Cada Poder del Estado dispone lo necesario para que los funcionarios que los integran juren esta Constitución.
El día 25 de Mayo de 1987 el pueblo de la Provincia es invitado a jurar fidelidad a la presente Constitución en actos públicos.

 

Segunda.­ A los efectos del artículo 83 de esta Constitución, en la primera elección que se realice en la Provincia para renovación parcial del Senado, los Departamentos Capital y San Justo eligen cinco y tres Senadores, respectivamente, de los que corresponden: en el Departamento Capital, dos Senadores a cada uno de los partidos que resulten primero y segundo en la elección y un Senador al partido que resulte tercero; y en el Departamento San Justo, un Senador a cada uno de los partidos que resulten primero, segundo y tercero.
Los Senadores así elegidos tienen mandato hasta el momento en que fenezca el de los actuales Senadores de dichos Departamentos y pueden ser reelectos.

 

Tercera.- El Tribunal Superior de Justicia continúa integrado por cinco miembros hasta tanto sean designados los dos restantes.

 

Cuarta.- Hasta la asunción de los miembros del Tribunal de Cuentas, conforme lo prevé la presente Constitución, continúan en sus funciones los actuales miembros o los que sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

 

Quinta.- Todo funcionario o empleado de cualquiera de los Poderes del Estado Provincial y municipalidades, Tribunal de Cuentas, empresas públicas y entes autárquicos o descentralizados, que se encuentren en condiciones de obtener en el régimen provincial la jubilación ordinaria hasta el 31 de diciembre de 1987, deben acogerse a sus beneficios dentro de dicho plazo, vencido el cual cesan automáticamente en sus cargos. Esta disposición es aplicable a los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.

 

Sexta.- Los Jefes Políticos continúan en sus funciones hasta la finalización del mandato del actual Gobernador de la Provincia.

 

Séptima.- Hasta tanto la Legislatura sancione la ley sobre delitos de imprenta, rigen en la materia las disposiciones pertinentes del Código Penal Argentino.

 

Octava.- Las elecciones que tengan por objeto la renovación de las autoridades a que se refiere el Título Segundo Municipalidades y Comunas de la Segunda Parte de la presente Constitución, son convocadas por única vez por el Poder Ejecutivo de la Provincia, según las bases de esta Constitución, de la ley 3.373 y complementarios, y lo prescripto por el Código Electoral Nacional, en lo no previsto por aquéllas.

 

Novena.- Todas las Municipalidades existentes al momento de sanción de esta Constitución mantienen ese rango institucional, aunque no tengan dos mil habitantes.

 

Décima.- Las Convenciones Municipales deben convocarse con posterioridad a la sanción de la futura Ley Orgánica Municipal, que reemplace a la vigente nº 3.373 y sus complementarias.

 

Undécima.- El porcentaje mínimo de coparticipación previsto en el artículo 188 inciso 3 se aplica de la siguiente forma: 15% en el ejercicio 1988; 17,5% en el ejercicio 1989 y 20% en el ejercicio 1990.

 

Duodécima.- Hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias de esta Constitución subsisten los actuales regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias.

 

Decimotercera.- El Señor Presidente de la Convención Constituyente, con el auxilio de los Secretarios y Prosecretarios del Cuerpo, está facultado para realizar todos los actos administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de esta Convención.
Los integrantes de la Comisión de Coordinación y Redacción tienen a su cargo el cuidado de la publicación de esta Constitución en el Boletín Oficial.

 

Decimocuarta.- El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente reemplaza al hasta ahora vigente.

 

Decimoquinta.- Acatando la voluntad popular, esta Convención queda disuelta a las veinticuatro horas del día 30 de abril de 1987.

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia, en Córdoba, a veintiséis días del mes de abril del año mil novecientos ochenta y siete.

 

ROBERTO LOUSTAU BIDAUT .- Presidente

LUIS E. MEDINA ALLENDE .- Secretario legislativo                                                             

MIGUEL. H. D'ALESSANDRO .- Secretario administrativo 

Abecasis, Alberto; Alcalino, Juan Jacobo Eugenio; Alciatti, Leandro Enrique; Alonso, Alfredo Ignacio; Amelotti, Osvaldo; Andruet, Armando Segundo; Aracena, Ernesto Vicente; Arato, Juan Eduardo; Arraya, Jorge Francisco; Astesano, Armando Andrés; Balestrini, Miguel Alberto; Barbieri, Domingo Argentino, Berardo Rodolfo; Bercovich de Sachetta, Nélida; Bergami, Norberto Romildo; Bertarelli, Carlos Aiberto, Brook, Mario Carlos; Cáceres Bouhid, Jorge M.; Cafferata Nores, José Ignacio; Calvo, Daniel Alberto; Capdevila, Eduardo Omar; Carbonett.i, Domingo Angel; Carrizo, Raúl Alfonso Corpus; Casari de Alarcia, María Leonor; Cendoya, Jorge Joaquín; Cornet, Roberto Julio; Costamagna Raúl Miguel I.; Chiacchiera, Alberto José Ramón; De la Colina, Juan Miguel; De la Rúa, Jorge Enrique; De la Sota, José Manuel; Del Barco, Alipio Ricardo; Demarchi, Héctor José; Di Carlo, Alberto Francisco; Gavier, Ernesto; Gentile, Jorge Horacio; Gianni, Isabel Norma Cleopatra; Gómez, Manuel; González, Leonardo del R.; Hernández, Antonio María; López, Carlos Hugo; Loustau Bidau, Roberto; Malvasio de Garello, Liliana A.; Maqueda, Juan Carlos; Martínez, Víctor Cristian; Molinari Romero, Luis Arturo R.; Monte, Ramón Mostafé; Montilla, Tomás Antonio; Morales, Oscar Humberto; Mosquera, José Alejandro; Muñoz, Ricardo; Nacusi, Walter Osvaldo; Obregón Cano, Horacio Enrique; Orgaz, Carlos Alfredo; Ortiz, Ignacio Efraín; Páez, Demetrio Alejandro; Peralta Carranza, Héctor Hugo; Pardo, Héctor Omar; Pereira, Luis Alberto; Petta, Juan Carlos; Prunesti, Raúl Héctor; Puga Marín de Sánchez, María T.; Rahal, Abelardo Elías; Roggero, Humberto Jesús; Rostagno, Víctor Carlos; Rufeil, José Tanus; Ruiz, Daniel Oscar; Sabattini, Ileana; Scarpino (h), Pascual; Scoles, Ricardo Mario; Serafini, Néstor Ricardo; Soria, Luis Alejandro; Tagle Achával, Carlos Ricardo; Terzi, Eduardo Antonio; Torres, Elpidio Ángel; Trettel Meyer, Raúl Antonio B. – Convencionales Constituyentes. 
 
ANEXO I.- Declaración Universal de Derechos Humanos

 

ANEXO II.- Convención Americana sobre Derechos Humanos  «Pacto de San José de Costa Rica» 

 

 

01Ene/14

Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník

Ustanovenie § 11 zaruèuje základné práva fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, obèianskej cti a ¾udskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

 

Ustanovenia § 12 sa týkajú písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov ako aj obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa fyzickej osoby. Možnos ich vyhotovenia resp. použita je podmienená súhlasom fyzickej osoby. Taktiež sa tu ustanovujú prípady kedy tento súhlas nie je potrebný.

 

Paragraf 13 rieši otázky odstráneina následkov neoprávneného zásahu do práva na ochranu súkromia fyzickej osoby ako aj jej právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

 

Paragraf 15 ustanovuje prechod práva na ochranu súkromia zosnulej fyzickej osoby na osoby blízke. 

01Ene/14

Decisión 6 de noviembre de 2000, de la Comisión relativa a los criterios mínimos que deben tener en cuenta los Estados miembros para designar organismos de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica

(DOCE L 289/43 DE 16  NOVIEMBRE DE 2.000)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (DO L 13 de 19 de enero de 2.000, p. 12)  y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
 

Considerando lo siguiente:

(1) El 13 de diciembre de 1999, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.

(2) El anexo III de la Directiva 1999/93/CE contiene los requisitos para los dispositivos seguros de creación de firmas. Según el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva, la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firmas con los requisitos fijados en el anexo III será evaluada por los organismos públicos o privados pertinentes, designados por los Estados miembros, y la Comisión establecerá criterios para que los Estados miembros determinen si procede designar a un organismo para que lleve a cabo dicha evaluación de la conformidad.

(3) La Comisión debe fijar los mencionados criterios previa consulta con el «Comité de firma electrónica» establecido con arreglo al apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 1999/93/CE.

(4) Las medidas previstas en la presente Decisión son conforme, al dictamen del Comité de firma electrónica.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La finalidad de la presente Decisión es fijar los criterios que deben tener en cuenta los Estados miembros para designar los organismos nacionales responsables de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma.

Artículo 2
El organismo designado que forme parte de una entidad que ejerza actividades distintas de la determinación de la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firmas con los requisitos establecidos en el anexo III de la Directiva 1999/ 93/CE deberá ser identificable dentro de dicha entidad. Deberá ser posible distinguir claramente las diferentes actividades.

Artículo 3
El organismo y su personal no deberán ejercer actividad alguna que pueda interferir con su independencia de apreciación y su integridad en relación con su cometido. En particular, el organismo deberá ser independiente de las partes interesadas. Por consiguiente, ni el organismo, ni su responsable ejecutivo, ni el personal encargado de llevar a cabo las actividades de determinación de la conformidad podrán ser diseñadores, fabricantes, proveedores o instaladores de dispositivos seguros de creación de firmas, ni prestadores de servicios de certificación que expidan certificados al público, ni tampoco representantes autorizados de ninguna de estas partes.

Además, deberán gozar de independencia financiera y no participar directamente en el diseño, construcción,
comercialización o mantenimiento de dispositivos seguros de creación de firmas, ni representar a las partes que ejercen estas actividades. Esto no excluye la posibilidad de que el fabricante y el organismo notificado intercambien información técnica.

Artículo 4
El organismo y su personal deberán ser capaces de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firmas con los requisitos establecidos en el anexo III de la Directiva 1999/93/CE con un elevado nivel de integridad profesional, fiabilidad y suficiente competencia técnica.

Artículo 5
El organismo deberá ser transparente en sus prácticas de determinación de la conformidad y tendrá registrada toda la información de interés relativa a dichas prácticas. Todas las partes interesadas podrán tener acceso a los servicios del organismo. El funcionamiento del organismo responderá a procedimientos gestionados de forma no discriminatoria.

Artículo 6
El organismo deberá tener a su disposición los recursos materiales y humanos necesarios para desempeñar adecuada y diligentemente los trabajos técnicos y administrativos asociados al cometido para el que se le ha designado.

Artículo 7
El personal responsable de la determinación de la conformidad deberá tener: una sólida formación técnica y profesional, particularmente en el ámbito de las tecnologías de firma electrónica y aspectos conexos relativos a la seguridad de la tecnología de la información, un conocimiento satisfactorio de los requisitos de la evaluación de la conformidad que realizan y experiencia adecuada en su realización.

Artículo 8
Deberá quedar garantizada la imparcialidad del personal. Su remuneración no dependerá del número de determinaciones de la conformidad realizadas ni de los resultados de dichas determinaciones.

Artículo 9
El organismo deberá contar con mecanismos adecuados para cubrir las responsabilidades resultantes de su actividades, por ejemplo contratando los seguros apropiados.

Artículo 10
El organismo deberá contar con los mecanismos adecuados para garantizar la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de su cometido con arreglo a la Directiva 1999/93/CE o a cualquier disposición de Derecho interno que la aplique, salvo con respecto a las autoridades competentes del Estado miembro que lo haya designado.

Artículo 11
Cuando un organismo designado delegue en un tercero la realización de una parte de la determinación de la conformidad, deberá garantizar y poder demostrar que este tercero tiene la competencia necesaria para prestar el servicio de que se trate. El organismo designado asumirá la responsabilidad plena por los trabajos efectuados en estas condiciones. La decisión definitiva corresponderá al organismo designado.

Artículo 12
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2000.

Por la Comisión, Erkki LIIKANEN, Miembro de la Comisión
 

01Ene/14

CONFERENCE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGY

The Conference Program

Thursday, March 8, 2001

1:00-5:00:
Intellectual Property in a Borderless World: Globalization and Harmonization

The reach of the Internet and the power of digital technology together create a challenge to traditional concepts of national intellectual property law. These problems include the practical and legal difficulty of enforcement of existing laws, the need for effective mechanisms for resolving disputes, and the challenge to copyright and trademark law presented by the fact of continual technological change. This session will explore the problems created by globalization and by the search for ways to
harmonize the laws of the United States with those of the rest of the world.

Friday, March 9, 2001

9:00-12:15:
Access Limitation as the New Protection Paradigm
This session will consider generally the problems and opportunities presented by the growing use of devices limiting access to intellectual property, particularly the consequences of the Digital Millennium Copyright Act.

2:00-3:45:
Information, Research, and Protection of and Limitations on Data and Databases.
Building on the morning session, this session will revisit  proposals for the protection of data and databases and the problems posed for scholarly research both by such protection and by operation of present intellectual property laws. The panel will consider how, if at all, the product of research can be protected in a manner consistent with society’s need for free access to information, in an environment of instantaneous mass access to, and redistribution of digital data. In addition to application of
access limiting devices, the panel will consider the consequences for both owners and users of databases and data, of the Uniform Computer Information Transactions Act and pending Congressional database protection legislation.

4:00-6:00:
The Impact of Technological Change on the way in which Scholars, Educational Institutions, Libraries, and Archives, Deal with Intellectual Property
This session, in multi-parts, will first continue and build on the earlier session discussion of scholarly research, and then move to the specific challenge presented by the development of distance learning devices and programs.

Saturday, March 10, 2001

9:00-10:15
Looking Ahead and Shaping the Future:
Here we attempt to extrapolate present developments to the next quarter century.

The panel will look at the impact of technology and intellectual property laws on the creative process from the future perspective: What would we be talking about if the Conference were being held in March, 2025?

10:30-12:00
Wrap-Up: What Can and Should We be Doing Now?
We will attempt both to summarize and synthesize what, if any, consensus has emerged from the proceedings and find direction for future interdisciplinary activity

01Ene/14

Circular 2/2000, de 30 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos normalizados de contrato-tipo de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión y otros desarrollos de la Orden ministerial de 7 de octubre de 1

 

 

El Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores, atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la verificación, previamente a su aplicación, de que los contratos-tipo reguladores de las actividades u operaciones del mercado de valores contienen toda la información exigida en la normativa vigente.

 

La Orden ministerial de 25 de octubre de 1995, de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993, establece la necesaria utilización de un contrato-tipo para desarrollar la actividad de gestión de carteras y señala las líneas generales de su contenido que deberá atender la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como las normas de conducta del Real Decreto 629/1993.

 

Adicionalmente, la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, aún cuando no contiene normas de conducta «ex novo», sí desarrolla el Real Decreto 629/1993 para adaptarlo a las particularidades de la actividad especifica de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. En concreto, establece un contenido mínimo más detallado de los contratos-tipo de gestión de carteras que el señalado en el número séptimo de la Orden ministerial de 25 de octubre de 1995. Por otra parte, la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su disposición final para desarrollar su contenido y en particular aprobar los modelos normalizados de contrato-tipo, así como para establecer los plazos para adaptar los contratos firmados con anterioridad a su entrada en vigor a los requisitos establecidos en ella.

 

Con el fin de promover una mayor transparencia del mercado y en consecuencia un mayor grado de protección al inversor, y paralelamente simplificar al máximo posible el trámite de verificación del contrato-tipo en beneficio de la eficacia, no sólo del órgano supervisor, sino también de las entidades gestoras, la Circular establece un modelo normalizado de contrato-tipo de gestión de carteras de uso voluntario. La utilización del modelo normalizado propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores significará indudablemente una mayor seguridad jurídica para todos los intervinientes en el mercado financiero en el área de la actividad de gestión discrecional de carteras.

 

La Circular precisa adicionalmente determinados aspectos sobre el contenido mínimo de los contratos-tipo, el depósito de activos financieros, así como sobre el archivo de justificantes de las órdenes específicas recibidas de los clientes con contrato de gestión de carteras. En cuanto a la utilización de cuentas globales («cuentas ómnibus»), la Circular, de acuerdo con la previsión expresa de la Orden ministerial de 7 de octubre, establece los requisitos que deben cumplirse para su utilización en el ámbito de la actividad de gestión de carteras. Los criterios adoptados prácticamente coinciden con los establecidos en la norma 12ª, apartado 1, letra a), de la Circular 1/1998 de la CNMV. No obstante, con el objeto de aclarar que las cuentas globales se admiten únicamente para valores e instrumentos financieros negociados en el extranjero y no para efectivo, y para homogeneizar los requisitos señalados en ambas Circulares, la presente Circular incluye una disposición adicional que modifica la norma 12ª, apartado 1, letra a), de la Circular 1/1998 de la CNMV.

 

En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Comité Consultivo y del Banco de España, en su reunión del 30 de mayo de 2000 ha dispuesto lo siguiente:

 

Norma 1ª Ámbito de aplicación.

La presente Circular será de aplicación a las Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito tanto españolas como extranjeras (en adelante, las entidades), que lleven a cabo en territorio nacional actividades de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión (gestión de carteras) con arreglo a los mandatos conferidos por inversores residentes en España.

 

Norma 2ª Plazo para adaptar los contratos firmados con los clientes.

1. Las entidades que realicen la actividad de gestión de carteras deberán adaptar los contratos firmados con sus clientes al contenido de la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, en el plazo de cinco meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Circular. A solicitud de la entidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar la ampliación de este plazo hasta un máximo de otros tres meses adicionales.

 

2. Las entidades deberán remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter previo a su aplicación, los borradores de contrato tipo en la forma prevista en la Circular 1/1996 sobre normas de actuación, transparencia e identificación de los clientes en las operaciones del mercado de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comprobará que los contratos tipo se ajustan a lo dispuesto en la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 y los pondrá a disposición del público de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas 10 y 12 de la Circular 1/1996.

 

Norma 3ª Modelo normalizado de contrato-tipo de gestión de carteras.

1. Las entidades podrán adoptar como contrato-tipo de gestión de carteras el modelo normalizado que se adjunta en el anexo de la presente Circular. Cuando una entidad se acoja a la utilización del modelo normalizado, únicamente deberá remitir a la CNMV un escrito que certifique que la entidad ha adoptado tal modelo normalizado como contrato-tipo de gestión de carteras. Una vez recibido este escrito, la CNMV lo pondrá a disposición del público, para dar a conocer que la entidad se ha acogido a dicho modelo normalizado.

 

3. Las asociaciones profesionales que agrupen a uno o varios tipos de entidades autorizadas a realizar la actividad de gestión de carteras podrán elaborar modelos de contrato-tipo aplicables a sus miembros. La aceptación por éstos de dichos modelos podrá sustituir la obligación individual de su elaboración y resultará de aplicación lo establecido en el apartado anterior de esta norma.

 

Norma 4ª Contenido mínimo del contrato-tipo de gestión de carteras.

1. Los contratos-tipo deberán contener, al menos, los aspectos exigidos en las disposiciones reglamentarias vigentes en cada momento y, en todo caso, mencionarán de forma expresa si el contenido por el que la entidad ha optado se ajusta o no al modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 

2. El texto del modelo normalizado constituye un contenido mínimo de los contratos-tipo.

 

Norma 5ª Depósito de valores, instrumentos financieros y efectivo.

1. Las cuentas de valores e instrumentos financieros y de efectivo afectas a la gestión deberán identificarse en las cláusulas del contrato-tipo o bien en sus anexos. El depósito o registro de dichos activos deberá realizarse en cuentas individuales abiertas a nombre del cliente contratadas directamente por él o a través de la entidad gestora mediante poder específico.

 

2. Las cuentas de efectivo deberán estar abiertas en una entidad de crédito. No obstante, cuando se trate de cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorio también podrán estar abiertas en sociedades y agencias de valores.

 

Norma 6ª Cuentas globales.

1. No obstante lo dispuesto en la norma anterior, la adquisición o enajenación de valores o instrumentos financieros por cuenta de los clientes podrá registrarse en cuentas globales de valores o instrumentos financieros («cuentas ómnibus») cuando la entidad opere en mercados extranjeros en los que la práctica habitual exija la utilización de cuentas globales de valores o instrumentos financieros para clientes de una misma entidad.

 

2. Con carácter previo a la apertura de cuentas globales, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

 

a) La unidad de control de la entidad gestora emitirá, por cada entidad financiera en que pretendan abrirse, un informe sobre su calidad crediticia y sobre los riesgos específicos, legales y operacionales que entraña esta operativa. El informe se someterá a la autorización del órgano de administración de la entidad gestora.

 

b) Deberá existir una separación absoluta entre la cuenta propia de la entidad y la de terceros, no pudiéndose registrar posiciones de la entidad y de sus clientes en la misma cuenta. La denominación de la cuenta de clientes reflejará expresamente el carácter de cuenta de terceros.

 

c) La entidad establecerá un procedimiento interno que permita individualizar contablemente la posición de cada cliente.

 

d) Será necesario obtener la autorización escrita de cada cliente, informándole de los riesgos que asume como consecuencia de esta operativa, así como de la identidad y calidad crediticia de la entidad financiera que actúe como depositaria de las cuentas globales.

 

Norma 7ª Archivo de justificantes de órdenes específicas.

Las órdenes específicas recibidas de clientes con los que la entidad gestora mantenga un contrato de gestión de carteras deberán cumplir los requisitos establecidos en la Circular 3/1993, de 29 de diciembre, de la CNMV, sobre registro de operaciones y archivo de justificantes de órdenes, y en particular los relativos al archivo de justificantes.

 

Norma adicional.

Se realiza la siguiente modificación en la norma 12ª de la Circular 1/1998, de 10 de junio, de la CNMV, sobre sistemas de control, seguimiento y evaluación continuada de riesgos:

 

El texto contenido en la letra a) del párrafo 1 quedará redactado de la siguiente forma:

 

«a) Los valores de los clientes que las entidades sujetas mantengan en depósito o depositen en otras entidades y las garantías que constituyan, en valores a en efectivo, en entidades liquidadoras, deberán realizarse en cuentas individualizadas abiertas a nombre de cada cliente, cualquiera que sea la relación existente entre el cliente y la entidad sujeta.

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la adquisición o enajenación de valores o instrumentos financieros por cuenta de los clientes podrá registrarse en cuentas globales de valores o instrumentos financieros («cuentas ómnibus») cuando la entidad opere en mercados extranjeros en los que la práctica habitual exija la utilización de cuentas globales de valores o instrumentos financieros para clientes de una misma entidad.

 

Con carácter previo a la apertura de cuentas globales, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

 

La unidad de control de la entidad sujeta emitirá, por cada entidad financiera en que pretendan abrirse, un informe sobre su calidad crediticia y sobre los riesgos específicos, legales y operacionales que entraña esta operativa. El informe se someterá a la autorización del órgano de administración de la entidad sujeta.

 

Deberá existir una separación absoluta entre la cuenta propia de la entidad y la de terceros, no pudiéndose registrar posiciones de la entidad y de sus clientes en la misma cuenta. La denominación de la cuenta de clientes reflejará expresamente el carácter de cuenta de terceros.

 

La entidad establecerá un procedimiento interno que permita individualizar contablemente la posición de cada cliente.

 

Será necesario obtener la autorización escrita de cada cliente, informándole de los riesgos que asume como consecuencia de esta operativa, así como de la identidad y calidad crediticia de la entidad financiera que actúe como depositaria de las cuentas globales.

 

Las entidades sujetas no podrán utilizar cuentas globales para la realización de operaciones o el depósito de valores e instrumentos financieros por cuenta de instituciones de inversión colectiva.»

 

Norma final. Entrada en vigor.

Las entidades que tengan que adaptar sus contratos tipo a la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 deberán remitir los borradores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo de un mes desde  la entrada en vigor de esta Circular. La Comisión Nacional dispondrá de un plazo de tres meses para formular las observaciones a que se refiere la norma décima de la Circular 1/1996, de 27 de marzo, sobre normas de actuación, transparencia o identificación de los clientes en las operaciones del mercado de valores.

 

La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

ANEXO

Modelo normalizado de contrato-tipo de gestión discrecional o individualizada de carteras de inversión

 

Introducción:

El presente contrato establece los criterios generales de inversión que nuestra entidad (la ENTIDAD) va aplicar al invertir el patrimonio que usted, como cliente de un servicio de inversión de gestión discrecional e individualizada de carteras, pone a nuestra disposición a tal fin.

 

Es muy importante que usted(es) lo lea(n) atentamente antes de firmarlo, puesto que junto a las estipulaciones contractuales que regulan los derechos y obligaciones, suyos y nuestros, en el ámbito del servicio que vamos a prestarle(s), en este documento usted(es) señala(n) sus preferencias de inversión y otras condiciones necesarias para que pueda(n) recibir un servicio adecuado a sus circunstancias y expectativas.

 

Para ello, en la primera sección del contrato se han incluido varios apartados en forma de cuadro o esquema, donde usted(es) debe(n) indicarnos aquellas alternativas u opciones de inversión que entienda(n) se ajustan a pus necesidades teniendo en cuenta tanto la finalidad inversora que usted(es) persigue(n), como el riesgo que quiere(n) asumir. Asimismo, también debe(n) hacernos saber cualesquiera otras condiciones o circunstancias especiales, en su caso, que precisen sean tenidas en cuenta por nuestra entidad durante la prestación del servicio de gestión discrecional de su cartera de inversiones.

 

A este respecto, antes de firmar cada apartado y el contrato en su conjunto, conviene que usted(es) nos consulte(n) cualquier duda que pueda(n) tener al cumplimentar su primera sección, o bien cualquier otro apartado del contrato, dado que es nuestra obligación ase-sorarle(s) lealmente, a nuestro mejor saber y entender.

 

Índice y explicación sumaria del contenido de este contrato:

El contrato se compone de dos secciones acompañadas de varios anexos con datos cuya extensión y detalle aconsejan separarlos del cuerpo principal del contrato. A continuación se explica brevemente, para facilitar su comprensión, el objeto de los distintos apartados y cláusulas del presente contrato.

 

La primera sección recoge los siguientes apartados informativos o condiciones preliminares:

 

A) Identificación de las partes contratantes.

 

B) Identificación de la entidad depositaria del efectivo.

 

C) Identificación de la entidad depositaria de los valores e instrumentos financieros.

 

D) Criterios generales de inversión. Usted(es) debe(n) señalar sus preferencias sobre:

 

El perfil general de riesgo de sus inversiones.

 

La operativa con instrumentos derivados.

 

El horizonte temporal de la inversión.

 

E) Autorizaciones expresas del cliente. Usted(es) debe(n) pronunciarse expresamente si autoriza(n):

 

i) la realización de determinadas operaciones, reseñadas posteriormente en la sección segunda, cláusula cuarta del contrato, que podrían ocasionar conflictos entre sus intereses como cliente y los nuestros como entidad;

 

ii) la utilización excepcional de cuentas de depósito de valores globales en el supuesto de valores e instrumentos financieros negociados en el extranjero;

 

iii) el envío de información y comunicaciones derivadas del presente contrato a una dirección determinada.

 

F) Tipos de operaciones financieras que podrán realizarse. Al igual que en la anterior letra D) debe(n) usted(es) señalar el tipo de valores, su origen, mercados y divisas sobre los que desea realicemos el servicio de gestión discrecional de su cartera objeto de este contrato.

 

La segunda sección está dedicada a recoger las cláusulas del contrato. En ellas se establecen los deberes y obligaciones recíprocas de las partes que intervienen en el contrato, usted(es) como cliente y nosotros como entidad. En concreto, y en orden correlativo, aparecen las siguientes cláusulas:

 

Primera. Objeto del contrato.- La gestión de forma discrecional e individual de un determinado patrimonio de su propiedad, cuya relación detallada se adjunta como anexo, que usted(es), como cliente, encargan realice, por cuenta suya, nuestra entidad.

 

Segunda. Depósito de los valores, instrumentos financieros y efectivo.- Se establece el depósito obliga-torio de todos los activos financieros afectos a este contrato, así como los productos o rendimientos futuros derivados de su gestión, en las cuentas individuales identificadas al efecto en las letras B) y C) de la primera sección de este contrato, con la única excepción, en su caso, de las cuentas globales autorizadas [ver las estipulaciones de la cuarta cláusula de esta sección segunda y el punto ii) de la letra E) de la primera sección].

 

Tercera. Facultades de la entidad.- Con la firma de este contrato autoriza(n) a nuestra entidad a disponer del patrimonio por usted(es) aportado para su gestión al amparo de este contrato (ver la primera cláusula de esta sección segunda y anexos adjuntos), conforme a las preferencias que han sido señaladas en las letras D), E) y F) de la primera sección.

 

Cuarta. Autorizaciones.- Se explica el contenido de las autorizaciones i) e ii) señaladas en la letra E) de la primera sección del contrato.

 

Quinta. Obligaciones de información.- Desarrolla el alcance de la información que periódicamente le(s) remitirá nuestra entidad sobre el valor y evolución de su cartera de inversiones gestionada, comisiones, gastos soportados, entidades con las que se opera y donde están depositados sus activos, así como toda información que se estime relevante. Nuestra entidad podrá proporcionarle(s) también otra información adicional concerniente a su cartera de inversiones siempre que usted(es) lo solicite(n).

 

Sexta. Actuación de la entidad.- Como entidad prestadora del servicio de gestión discrecional e individual de carteras, asumimos la obligación de actuar a nuestro mejor y leal saber y entender, y de cumplir con las normas de conducta establecidas en la normativa del mercado de valores. Para ello es necesario que usted(es) nos comunique(n) cualquier circunstancia especial o incompatibilidad que le(s) afecte en la gestión del patrimonio cuya gestión nos confiere(n).

 

Séptima. Comisiones y régimen económico aplicable.- Nuestra entidad cargará periódicamente en las cuentas de efectivo a su nombre, identificadas en la letra B) de la primera sección, el importe de las comisiones devengadas de acuerdo con las tarifas vigentes por la prestación del servicio de gestión discrecional e individual objeto de este contrato.

 

Octava. Duración y terminación.- Usted(es) podrá(n) finalizar cuando desee(n) el presente contrato sin necesidad de preaviso. Bastará que nos haga(n) la correspondiente comunicación a nuestra entidad. Una vez resuelto el contrato usted(es) podrá(n) disponer directamente de su patrimonio sin necesidad de intervención alguna por parte de nuestra entidad. Eso sí, deberá(n) tener en cuenta que las operaciones ordenadas con anterioridad a su comunicación no podrán ser canceladas.

 

Novena. Modificación.- Usted(es) podrá(n) realizar retiradas parciales de su patrimonio afecto a este contrato, así como comunicar o solicitar, en su caso, cualquier modificación en las condiciones del contrato.

 

Décima. Comunicaciones.- Las comunicaciones se harán por escrito a los domicilios o direcciones indicadas en el contrato por cualquier medio, cuya seguridad y confidencialidad esté probada, que permita reproducir la información en soporte papel.

 

Undécima. Protección de datos.- Sus datos personales no se utilizarán para finalidades distintas a las relacionadas con el presente contrato y se mantendrán en la más estricta confidencialidad.

 

Duodécima. Jurisdicción.- En caso de discrepancia en la interpretación o aplicación del contrato, usted(es) como cliente(es) podrán acudir a los Tribunales de Justicia del lugar en el que usted(es) resida(n) habitualmente.

 

Además de los anexos, el contrato puede incorporar posibles cláusulas particulares acordadas o pactadas entre usted(es) y nuestra entidad más específicas que las señaladas en el texto principal del contrato.

 

SECCIÓN PRIMERA

 

A) Partes contratantes:

 

En……………….a………………….de………………

 

De una parte,

 

(Identificación completa de la entidad gestora incluyendo su denominación, domicilio, datos de inscripción en los Registros públicos. Identificación de los apoderados que intervienen y referencia a los datos del apoderamiento.)

 

Y de otra,

 

(Identificación completa del cliente. Cuando se trate de una entidad deberá señalarse su denominación, domicilio y los datos de inscripción en el Registro público. En este supuesto se identificará a los apoderados que intervienen y se incluirá una referencia a los datos del apoderamiento.)

 

EXPONEN

 

Puestas de acuerdo las partes en cuanto a su contenido que se ajusta al modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y reconociéndose mutuamente capacidad al efecto, suscriben el presente contrato de acuerdo a las siguientes condiciones preliminares:

 

B) Entidad depositaria del efectivo: (Cuando sea más de una podrá remitirse al correspondiente anexo).

 

C) Entidad depositaria de los valores e instrumentos financieros: (Cuando sea más de una podrá remitirse al correspondiente anexo).

 

D) Criterios generales de inversión: (este apartado del perfil de riesgo sólo es aplicable a inversores no institucionales).

 

Conocidas la experiencia inversora y capacidad financiera del cliente, la entidad asume los criterios generales de inversión que se desprenden de las siguientes indicaciones:

 

Perfil

Firma del cliente(*)

Conservador

Moderado

Arriesgado

Muy arriesgado

 

 

 

(*) Fírmese sólo una de las alternativas posibles. En caso de ausencia de firma la entidad considerará que el perfil es conservador. Si aparecen firmas en varias casillas, la entidad considerará la alternativa firmada de menor riesgo.

 

Operativa con instrumentos derivados:

 

El cliente autoriza la realización de operaciones con instrumentos derivados:

Tipo

Firma del cliente (*)

De cobertura

De inversión

 

 

 

(*) En caso de ausencia de firmas la entidad considerará que el cliente opta por la no utilización de instrumentos derivados.

 

(Si el cliente acepta la realización de operaciones de inversión, el contrato deberá incluir la siguiente advertencia:

 

«El cliente conoce que la operativa en estos instrumentos podría comportar un elevado riesgo y que un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.»)

 

Horizonte temporal de la inversión:

 

Horizonte

Firma del cliente (*)

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 2 años

Entre 2 años y 5 años

Más de 5 años

Otros:…………………………………………………….

A determinar por la entidad

 

 

 

(*) El cliente debe firmar sólo una de las alternativas posibles

 

E) Autorizaciones expresas del cliente:

 

Autorización

Sí/No

Firma del cliente

El cliente autoriza la realización de operaciones de las señaladas en la cláusula cuarta de este contrato por importe superior al 25 por 100 del importe total de la cartera.

 

 

El cliente autoriza, con sujeción a la normativa vigente, a la utilización de las «cuentas globales» señaladas en el anexo cuando así lo exija la operativa habitual de los mercados extranjeros, pero siempre que haya sido previamente informado de las circunstancias y los riesgos inherentes a la operativa de dichas cuentas.

 

 

El cliente autoriza el envío de la información y comunicaciones derivadas de este contrato a

…………………………………………

 

 

 

 

F) Tipo de operaciones que podrán realizarse:

 

 

 

Domicilio del emisor

 

Mercados (*)

 

Divisa (*)

 

Firma del cliente

Operaciones y categorías de valores

o instrumentos financieros

Unión

Europea

Otros

Estados

Valores

e instrumentos

negociados

en mercados

regulados

Valores

e instrumentos

no

negociados

en mercados

regulados

Euro

Otras

 

Renta fija:

 

 

 

 

 

 

 

Deuda pública.

 

 

 

 

 

 

 

Renta fija privada.

 

 

 

 

 

 

 

Renta fija indiciada o con opciones:

 

 

 

 

 

 

 

Bonos con rendimiento indiciado.

 

 

 

 

 

 

 

Bonos subordinados.

 

 

 

 

 

 

 

Bonos convertibles y canjeables.

 

 

 

 

 

 

 

Bonos con opción de amortización

anticipada.

 

 

 

 

 

 

 

Renta variable:

 

 

 

 

 

 

 

Acciones y participaciones excepto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaciones en FIAMM.

 

NA

NA

NA

 

 

 

Participaciones en FIM de renta fija.

 

NA

NA

NA

 

 

 

Participaciones en otros FIM.

 

NA

NA

NA

 

 

 

Participaciones en otras ¡¡C españolas.

 

NA

 

 

 

 

 

Participaciones en OICVM que

cumplan la Directiva 85/611.

 

 

 

 

 

 

 

Otras participaciones en HIC

extranjeras.

 

 

 

 

 

 

 

Derivados:

 

 

 

 

 

 

 

Opciones y futuros financieros.

 

 

 

 

 

 

 

Otros instrumentos derivados

financieros.

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones con productos estructurados.

 

 

 

 

 

 

 

Otras:

 

 

 

 

 

 

 

Cesión de valores en préstamo.

 

 

 

 

 

 

 

——————

 

 

 

 

 

 

 

——————

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Márquense con una X todas las alternativas deseadas. Si la columna de firmas se deja totalmente en blanco la entidad considerará que el cliente acepta únicamente las operaciones de renta fija. Cuando para un tipo de operación firmada no se marque la opción del domicilio del emisor, de mercados y de la divisa, la entidad considerará que el cliente opta respectivamente por Unión Europea, valores o instrumentos negociados en mercados regulados y euros. El tipo de operaciones y categorías de valores o instrumentos financieros señalados podrá ampliarse o especificarse mediante cláusulas particulares anexas al contrato y debidamente firmadas.

 

SECCION SEGUNDA

 

El contrato se rige además por las siguientes cláusulas:

 

Primera. Objeto del contrato.

1. El presente contrato regula la gestión discrecional e individualizada, por parte de la entidad, de los valores, efectivo y otros instrumentos financieros del cliente que, en el momento de la firma de este contrato o en cualquier momento, ponga, con esa finalidad, a disposición de la entidad, así como de los rendimientos generados por aquéllos.

 

2. La cartera inicial del cliente es la que se detalla en el anexo del presente contrato. La actividad de gestión recaerá exclusivamente y no podrá superar en ningún momento, salvo en los supuestos y límites que establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la suma de los dos conceptos siguientes:

 

a) El patrimonio aportado inicialmente o en sucesivas ocasiones por el cliente.

 

b) El importe de créditos en su caso obtenidos de una entidad habilitada. La concesión de crédito exigirá, en todo caso, la previa formalización del correspondiente documento contractual de crédito suscrito por el cliente y el acreditante.

 

3. La entidad actuará de acuerdo a las condiciones preliminares y cláusulas de este contrato y sólo podrá desviarse de los criterios generales de inversión pactados cuando el criterio profesional del gestor aconseje dicha desviación o se produzcan incidencias en la contratación. En estos casos, la entidad, además de registrar las desviaciones informará con detalle de las mismas al cliente de forma inmediata.

 

Segunda. Depósito de los valores, instrumentos financieros y efectivo.

-La entidad promoverá el registro o depósito de los activos financieros objeto de este contrato, dando lugar a las correspondientes anotaciones en las cuentas de valores y efectivo afectas de forma exclusiva al presente contrato.

 

Tercera. Facultades de la entidad

-La entidad ejercitará su actividad de gestión con las más amplias facultades, pudiendo, en nombre y por cuenta del cliente entre otras operaciones, comprar, suscribir, enajenar, prestar, acudir a las amortizaciones, ejercitar los derechos económicos, realizar los cobros pertinentes, conversiones y canje de los valores y, en general, activos financieros sobre los que recaiga la gestión, desarrollando las actuaciones, comunicaciones e iniciativas exigidas ara ello, pudiendo, a tales efectos, suscribir cuantos documentos sean necesarios.

 

Cuarta. Autorizaciones expresas.

1. Si la utilización de cuentas globales («cuentas ómnibus») viene exigida por la operativa habitual de negociación por cuenta ajena de valores e instrumentos financieros en mercados extranjeros, la entidad podrá utilizarlas siempre que obtenga la autorización expresa del cliente, al que informará previamente de los riesgos que asumirá así como de la entidad y calidad crediticia de la entidad depositaria.

 

2. Cuando las operaciones sobre valores o instrumentos financieros contempladas en los apartados i), ii) y iii) del punto 1.b) de la cláusula siguiente, por sí, o sumadas a las posiciones de esos mismos valores o instrumentos ya existentes en la cartera del cliente representen más del 25 por 100 del importe total de la cartera gestionada al cliente, la entidad deberá recabar una autorización genérica previa del cliente para realizar dichas operaciones. A estos efectos la cartera gestionada se valorará a valor de realización o, en su caso, al valor utilizado para el cálculo de la comisión de gestión.

 

No obstante el carácter genérico de la autorización anterior, cuando la entidad negocie por cuenta propia con el cliente, deberá quedar constancia explícita, por escrito, de que el cliente ha conocido tal circunstancia antes de concluir la correspondiente operación. (Este párrafo sólo resulta aplicable a entidades autorizadas a negociar por cuenta propia.)

 

Quinta. Obligaciones de información.

1. Trimestralmente con carácter general, o mensualmente cuando la cartera gestionada presentara pérdidas al final del mes con respecto al final del mes anterior y cuando el perfil general de riesgo del cliente sea «arriesgado» o «muy arriesgado», la entidad remitirá al cliente la siguiente información:

 

a) Composición detallada de la cartera e información que posibilite su comparación con la situación de la cartera en el momento en que se efectuó la última comunicación.

 

b) Variaciones en la composición de la cartera habidas durante el período, incluyendo la liquidez, así como detalle de valores nominales y efectivos calculados estos últimos según los criterios de valoración contenidos en el anexo del presente contrato, número de valores e instrumentos financieros comprados, vendidos o prestados, entidades a través de las que se hayan canalizado las operaciones, mercados, garantías depositadas, entidades que actúan de contrapartida en las operaciones OTC, pagos de cupones o de dividendos, fechas de conversión o canje y amortizaciones. La entidad identificará específicamente y de forma separada las operaciones, inversiones o actuaciones siguientes:

 

i. La inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por la entidad o entidades de su grupo o en instituciones de inversión colectiva gestionadas por éste.

 

ii. La suscripción o adquisición de valores o instrumentos financieros en los que la entidad o alguna entidad de su grupo actúe como asegurador o colocador de la emisión u oferta pública de venta.

 

iii. Los valores o instrumentos financieros resultantes de la negociación de la entidad o entidades del grupo con el cliente.

 

iv. Operaciones entre el cliente y otros clientes de la entidad.

 

c) Entidades que tuvieran depositados, administrados o registrados los valores, el efectivo y otros activos financieros, especificando en su caso las cuentas globales (cuentas ómnibus).

 

d) Detalle de las comisiones y gastos repercutidos directamente al cliente tanto si el beneficiario es la propia entidad como si lo es un tercero. En todo caso se identificarán las entidades que perciben los correspondientes ingresos y los conceptos por los que se aplican.

 

2. Una vez al año, la entidad remitirá al cliente la siguiente información:

 

a) Las cantidades totales, directa o indirectamente, percibidas por la entidad distintas de las directamente repercutidas al cliente, en proporción al patrimonio gestionado al cliente, como resultado de acuerdos alcanzados por la entidad con intermediarios u otras entidades financieras y que tengan su origen en operaciones realizadas para los clientes de la entidad en el marco del contrato de gestión de carteras.

 

b) Datos necesarios para la declaración de los impuestos, en lo que hace referencia a la cartera gestionada.

 

3. Si el valor de la cartera del cliente experimentara una reducción superior al 25 por 100 de su valor a la fecha de referencia de la última información remitida al cliente, la entidad comunicará esta situación al cliente de forma inmediata.

 

4. Cuando la entidad solicite conforme a lo previsto en la normativa vigente la representación del cliente para el ejercicio de los derechos políticos derivados de las acciones pertenecientes a la cartera gestionada, deberán informar al cliente expresamente de la existencia de cualquier relación o vínculo interesado entre la entidad y su grupo con alguna de las sociedades a las que se refiero la representación.

 

5. Siempre que el cliente lo solicite, la entidad le proporcionará toda la información adicional concerniente a las operaciones realizadas, a las consultas que formule referentes a su cartera de valores y a las entidades a través de las cuales se hubieran canalizado las operaciones.

 

Sexta. Actuación de la entidad.

1. Las partes convienen y se hacen responsables de la aplicación al presente contrato de las normas de conducta previstas en la legislación del mercado de valores que resulten de aplicación.

 

El cliente informará a la entidad cuando surjan situaciones de incompatibilidad o alguna circunstancia que impida la inversión del patrimonio gestionado en determinados valores o instrumentos financieros.

 

2. La entidad no efectuará en ningún caso operaciones prohibidas por la legislación española, ni aquellas que requieran autorizaciones oficiales o expresas del cliente mientras no se obtengan estas autorizaciones.

 

3. No obstante el carácter individual de la gestión de carteras, la entidad, con el objeto de racionalizar las órdenes de compraventa de activos, podrá agrupar operaciones de diferentes clientes dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. Para evitar un posible conflicto de interés entre los clientes derivado de esta u otras actuaciones, la entidad dispone de unos criterios objetivos de prorrateo o distribución de operaciones entre clientes en particular, y de resolución de posibles conflictos de interés en general, que se detallan seguidamente:

Criterios:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..etc.

 

La entidad se compromete a aplicar en todo caso dichos criterios objetivos que sólo se modificarán previa comunicación y aceptación del cliente.

 

4. La entidad responderá de los perjuicios que pueda causar al cliente por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente contrato y por actuaciones dolosas o realizadas con negligencia, en cuyo caso indemnizará al cliente.

 

Séptima. Comisiones y régimen económico aplicable.

-El cliente abonará a la entidad las tarifas correspondientes por el concepto de gestión de cartera y los gastos de intermediación y otras comisiones de acuerdo con lo previsto en las condiciones económicas incluidas en el anexo particular del presente contrato, que, en ningún caso, superan las recogidas en el folleto informativo de tarifas. Asimismo, la cartera se valorará a esos efectos según lo previsto en el anexo del contrato. La entidad hará efectivas las cantidades debidas con cargo a la cuenta de efectivo del cliente afecta al contrato de gestión.

 

La entidad informará al cliente de cualquier modificación que se produzca en las tarifas de comisiones y gastos repercutibles que afecten al presente contrato. El cliente dispondrá de dos meses desde la recepción de la citada información para solicitar la modificación o extinción del contrato, sin que le sean aplicadas las nuevas tarifas hasta que transcurra dicho plazo. Sin embargo, en el caso de que la tarifa sea claramente beneficiosa para el cliente se aplicará inmediatamente.

 

Octava. Duración y terminación.

-La duración del presente contrato es …………………,pudiendo cualquiera de las partes unilateralmente dar por finalizado el mismo en cualquier momento de su vigencia, mediante la correspondiente comunicación en la que habrá de señalarse e identificarse la(s) entidad(es) financiera(s) y las cuentas a nombre del cliente correspondientes, en las que éste podrá disponer de los valores, instrumentos financieros y efectivo que integren el patrimonio gestionado cuyo contrato es objeto de resolución.

 

Cuando la vigencia del contrato se desee interrumpir a voluntad de la entidad será necesario un preaviso de quince días. Una vez resuelto el contrato, la entidad rendirá y dará razón de las cuentas de gestión en un plazo máximo de quince días.

 

En el caso de extinción anticipada del contrato, la entidad sólo tendrá derecho a percibir las comisiones por las operaciones realizadas pendientes de liquidar en el momento de la resolución del contrato y la parte proporcional devengada de las tarifas correspondientes el

período iniciado en el momento de finalización del contrato.

 

La cancelación anticipada del contrato no afectará a la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones en curso que se hubiesen concertado con anterioridad a la comunicación, que seguirán rigiéndose por las condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con las estipulaciones del presente contrato.

 

A partir de la comunicación efectiva de resolución anticipada del contrato, el cliente dispondrá de su patrimonio de forma directa e inmediata en las cuentas de valores, instrumentos financieros y efectivo señaladas al efecto, y la entidad recabará instrucciones expresas del cliente para cualquier otra operación. No obstante, cuando por el carácter extraordinario o urgente de las circunstancias no pudieran recabarse instrucciones del cliente y fuese imprescindible la actuación de la entidad para mantener el valor de la cartera del cliente, la entidad realizará las operaciones necesarias dando cuenta al cliente de forma inmediata.

 

Novena. Modificación

-El cliente podrá retirar efectivo o activos de su cuenta, restringir o modificar los activos sobre los que se extienda la gestión de cartera o sustraerlos del régimen de gestión previsto en este contrato, poniéndolo en conocimiento de la entidad, en su caso, con la antelación suficiente como para que la correspondiente operación pueda realizarse. Igualmente, el cliente comunicará con la suficiente antelación a la entidad cualquier acto de disposición o gravamen sobre los valores, activos o efectivo de su cartera.

 

El cliente podrá limitar las facultades de gestión de la entidad, así como las diversas modalidades de inversión de la cartera, dar instrucciones a la entidad o modificar las ya existentes previa comunicación a la entidad.

 

Las modificaciones indicadas no afectarán a la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones en curso que se hubiesen concertado con anterioridad a la comunicación, que seguirán rigiéndose por las condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con las estipulaciones del presente contrato.

 

Décima. Comunicaciones.

-Las comunicaciones entre las partes se realizarán por escrito a los domicilios o direcciones indicados en el contrato por cualquier medio cuya seguridad y confidencialidad esté probada y permita reproducir la información en soporte papel. Cuando el cliente opte por el envío de las comunicaciones a un tercero deberá notificar su autorización expresa a la entidad.

 

Undécima. Protección de datos.

-La entidad procederá al tratamiento automatizado y archivo de los datos de carácter personal del cliente recogidos en este contrato, así como la cesión de los mismos en cuanto fuera necesario para la realización de las operaciones que efectúe la entidad en relación con el cumplimiento de la gestión que se regula en el presente contrato.

 

La entidad velará en todo momento para que los datos personales mencionados sean exactos, completos y al día, no se usen para finalidades distintas de las relacionadas con el presente contrato y se mantengan en la más estricta confidencialidad.

 

La entidad en todo momento cumplirá con la normativa aplicable en relación con el tratamiento automatizado, archivo y protección de los datos personales obtenidos como consecuencia de este contrato y establecerá los mecanismos internos necesarios que aseguren el ejercicio por el cliente de su derecho de información, acceso, rectificación y cancelación.

 

Duodécima. Jurisdicción.

-Para todas las cuestiones derivadas de este contrato, las partes acuerdan someterse, con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderlos, a los Juzgados y Tribunales del lugar de residencia del cliente.

 

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, por duplicado, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

 

EL CLIENTE                                                                                                                           LA ENTIDAD

 

Indicaciones para la utilización del modelo normalizado de contrato-tipo de gestión discrecional e individualizada de carteras

 

1ª Las partes contratantes podrán añadir cláusulas particulares que no contradigan las del modelo de contrato-tipo normalizado.

 

2ª La entidad gestora incorporará los anexos a este contrato que estime necesarios o, en su caso, convenientes, pero siempre respetando la indicación anterior. Si la entidad lo prefiere, la información de los anexos a los que se refiere el modelo normalizado podrá integrarse en el texto principal del contrato. Los anexos deberán numerarse.

 

3ª En el supuesto de entidades gestoras no residentes en España pero autorizadas a desarrollar la actividad de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión en territorio español, deberá añadirse una cláusula o apartado donde se haga mención expresa al Fondo de Garantía de Inversiones al que la entidad está adscrita, o del sistema alternativo de garantía. El contenido de esta parte del contrato-tipo deberá remitirse a la CNMV.

 

4ª Para considerar que el modelo de contrato-tipo se ajusta al modelo normalizado aprobado por la CNMV, no se podrán suprimir ni sustituir palabras del texto autorizado y deberá respetarse el orden propuesta. Como excepción a esta norma, el texto de la cláusula duodécima podrá alterarse con el objeto de que las partes puedan acogerse a un procedimiento de arbitraje. En este caso también, el contenido de esta cláusula del contrato-tipo deberá remitirse a la CNMV.

 

Madrid, 30 de mayo de 2000.-El Presidente, Juan Fernández-Armesto Fernández España.

 

 

 

01Ene/14

COM 2009/111/final. Comunicación de la Comisión de 12 de marzo de 2009, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones, sobre la movilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitar la transición a una ec

1.- INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2008, la Unión Europea reiteró su compromiso de alcanzar sus objetivos de ahorro energético y de emisión de carbono para 2020 (1) y subrayó la urgencia de intensificar los esfuerzos encaminados a mejorar la eficiencia energética (2). La eficiencia energética ocupa un lugar central en los esfuerzos de la Unión para abordar los problemas de la seguridad del abastecimiento energético y el cambio climático (3). Con la reciente crisis financiera y la ralentización de la economía europea se hace aún más necesario aumentar la eficiencia de la energía y de otros recursos.

La reorientación de la innovación tecnológica hacia el logro de un crecimiento que implique alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono ayudará a Europa a salir de la crisis económica de forma más sostenible. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son conocidas por su amplia capacidad de ahorro energético, a escala de toda la economía, y por su potencial de generar cambios rápidos y profundos en cualquier sector de la sociedad, de la administración pública o de la industria.

Lo que se requiere ahora es un marco de actuación que incluya claramente a las TIC en los esfuerzos encaminados a afrontar la crisis actual. Europa tiene la oportunidad de ocupar una posición de liderazgo en el establecimiento de dicho marco y tiene que aprovecharla. Una serie de organizaciones internacionales, tales como la OCDE (4), también se interesan por las TIC con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que determinará el curso que se deba dar al Protocolo de Kyoto.

Esta Comunicación presenta una serie de ambiciosas medidas centradas en lo que puede lograrse a corto plazo, tanto en el sector de las TIC como, explotando plenamente el efecto catalizador de las TIC, en todos los sectores de la sociedad y la economía, y proporciona la base para una recomendación que habrá de adoptar la Comisión en el segundo semestre de 2009. Dicha recomendación establecerá las tareas, los objetivos y los plazos para que las partes interesadas de la industria y los Estados miembros aceleren sus avances en este sentido.

 

2.- ¿QUÉ PAPEL PUEDEN DESEMPEÑAR LAS TIC?

Generalmente se reconoce el potencial de las TIC para mejorar la eficiencia energética (5), (6). Sin embargo, en ausencia de medidas específicas encaminadas a coordinar unos esfuerzos fragmentados y a proporcionar incentivos, este potencial podría no llegar a realizarse dentro del plazo establecido para el logro de los objetivos (2020). Las TIC pueden realizar una contribución doble, como se expone a continuación.

Papel catalizador de las TIC

Las TIC pueden catalizar mejoras de la eficiencia energética reduciendo la cantidad de energía necesaria para prestar un determinado servicio:

– Al permitir el control y la gestión directa del consumo de energía, las TIC pueden favorecer el aumento de la eficiencia energética en los grandes sectores consumidores de energía; estudios recientes indican que esta capacidad puede aprovecharse para reducir el consumo energético de los edificios de la UE en hasta un 17 % y para disminuir las emisiones de carbono de los sistemas de transporte en hasta un 27 % (7).

– Al proporcionar herramientas para una mayor eficiencia energética de los modelos empresariales, de los métodos de trabajo y de los modos de vida, por ejemplo a través del comercio electrónico, el teletrabajo y la administración pública electrónica, y tecnologías de colaboración avanzadas, las TIC pueden reducir la demanda de energía y de otros recursos.

– Al proporcionar técnicas innovadoras, las TIC pueden reducir el despilfarro de energía, como ilustra claramente la técnica del alumbrado con semiconductores; en el ámbito de la informática van apareciendo soluciones nuevas, tales como los dispositivos de «cliente ligero» (8), la computación distribuida y las tecnologías de virtualización, que apuntan a una reducción de las ineficiencias de los sistemas actuales.

Función cuantificadora de las TIC

Las TIC pueden proporcionar la base cuantitativa que puede servir para diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de eficiencia energética.

– Los contadores inteligentes aprovechan la capacidad de las TIC para cuantificar el consumo de energía y proporcionar información adecuada a los consumidores. Si los consumidores llegan a comprender el origen de las ineficiencias, podrán actuar para atenuarlas o erradicarlas por completo. Las pruebas con contadores inteligentes realizadas en la UE muestran que el suministro de información a los consumidores sobre su consumo real de energía puede reducir el consumo en hasta un 10 % (9).

– Las TIC también pueden abordar la complejidad de la medición del rendimiento energético de un sistema (10) : determinadas herramientas de equipo lógico pueden ofrecer información y datos sobre la forma de configurar mejor los distintos elementos de un sistema a fin de optimizar su rendimiento energético global atendiendo al criterio de coste-eficacia. Con la imperiosa necesidad de que el diseño y la planificación tengan en cuenta los aspectos energéticos y ambientales, estas aplicaciones informáticas se irán extendiendo a sistemas cada vez más complejos, tales como zonas urbanas y ciudades.

– La mera existencia de los objetivos para 2020 hace de la cuantificación exacta y verificable del consumo de energía una cuestión de importancia capital. El sector de las TIC está mejor preparado que ningún otro sector para superar este reto; además puede ofrecer herramientas y soluciones para que otros sectores también puedan hacerlo.

 

3.- APROVECHAR AL MÁXIMO LAS TIC: RETOS Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La Comisión ha realizado un amplio ejercicio de recopilación de datos y análisis (11) con objeto de evaluar el potencial de las TIC para ayudar a los Estados miembros a cumplir los objetivos para 2020. Sus resultados han revelado varios retos y han permitido determinar las líneas de actuación.

Retos planteados

La utilización de equipos de tecnologías de la información y la comunicación en la prestación de servicios representa alrededor del 1,75 % de las emisiones de carbono en Europa; otro 0,25 % de las emisiones de carbono proceden de la producción de equipos basados en las TIC y material electrónico de consumo. A medida que aumenta la gama y la penetración de las TIC se incrementa su consumo global de energía (12).

Los otros sectores de la economía y de la sociedad son responsables del 98 % restante de las emisiones de carbono. Es aquí en donde se espera que la capacidad catalizadora de las TIC realice una mayor contribución a la reducción de las emisiones -de hasta un 15 % de aquí a 2020 según algunos informes (13)– y de los costes.

Algunas empresas del sector de las TIC se han comprometido al cumplimiento de objetivos de ahorro energético y reducción de las emisiones (14). Los objetivos y plazos, aunque a menudo ambiciosos, difieren ampliamente, y el sector apenas dispone de elementos comunes para determinar con precisión dónde pueden lograrse aumentos de eficiencia y dónde deben concentrarse los esfuerzos. Por otra parte, los datos cuantitativos sobre los beneficios alcanzados y alcanzables gracias a las TIC son con frecuencia incoherentes (15). La consiguiente dificultad para comparar soluciones que permitan el ahorro de energía, especialmente a nivel de sistema, pueden disuadir de su adopción.

La eliminación de estas incoherencias requerirá el empleo de métodos armonizados de medición y cuantificación del rendimiento energético. Esto proporcionará, a su vez, datos fiables para el diseño, la aplicación y la evaluación de estrategias de ahorro energético.

Necesidad de actuar

A menos que se disponga de un enfoque más sistemático en todo el sector de las TIC para medir y cuantificar el rendimiento energético de sus propios procesos, es muy probable que se pasen por alto o se comprendan mal las verdaderas ventajas de las TIC.

Si los consumidores -ya sean particulares, empresas o administraciones públicas- no disponen de medios que les permitan verificar y comparar las posibles estrategias de ahorro energético ofrecidas por las TIC y su relación coste-eficacia, es muy real la amenaza de que el anuncio de supuestas virtudes ecológicas («blanqueo ecológico») (16) arrebate cuota de mercado a otras soluciones que ofrecen beneficios legítimos.

Con objeto de promover la legitimidad, la transparencia y unos progresos reales en la aplicación de las TIC para mejorar la eficiencia energética es muy necesario establecer unas condiciones de igualdad basadas en métodos comunes de medición del rendimiento energético, especialmente en los sistemas más complejos, y en una visión común de los compromisos, los objetivos y la metodología.

Con este fin, la Comisión se propone publicar una recomendación de medidas que sienten las bases para que las TIC contribuyan a aumentos de la eficiencia energética y reducciones de las emisiones, que se puedan medir y verificar, en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Las medidas se estructurarán en torno a las tres líneas de actuación siguientes:

– En primer lugar , se deberá invitar al sector de las TIC a fijarse objetivos y a alcanzar un acuerdo colectivo sobre métodos de medida centrados en la exactitud, la transparencia y la verificabilidad del consumo de energía y de las emisiones de carbono de sus procesos, a nivel empresarial y sectorial.

– En segundo lugar, se deberá alentar a las asociaciones entre el sector de las TIC y otros importantes sectores consumidores de energía a determinar dónde y de qué forma las TIC pueden contribuir a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones en esos sectores y a acelerar así el suministro de herramientas que permitan evaluar y optimizar el rendimiento energético de forma comparable.

– En tercer lugar, se deberá invitar a los Estados miembros a que permitan el despliegue en toda la UE de herramientas basadas en las TIC que puedan desencadenar una modificación del comportamiento de consumidores, empresas y grupos y, al mismo tiempo, impulsar la demanda de soluciones innovadoras basadas en las TIC para optimizar el rendimiento energético de sus propias actividades.

4.- CONTEXTO GENERAL DE LA RECOMENDACIÓN

 

4.1.- Reducción del consumo energético y de las emisiones de carbono de las TIC

El sector de las TIC emplea a 6,6 millones de personas en los 27 Estados miembros de la UE, promoviendo la capacidad de innovación de todos los sectores y contribuyendo en más del 40 % al incremento global de la productividad (17).

Las TIC se han integrado en prácticamente todos los sectores de la economía europea. Como consecuencia de este éxito, la utilización de productos y servicios basados en las TIC representa alrededor del 7,8 % del consumo de electricidad de la UE y podría aumentar hasta el 10,5 % de aquí a 2020 (18).

Varios instrumentos jurídicos existentes abordan el mayor consumo que se deriva de la creciente utilización de productos basados en las TIC. En el marco de la Directiva sobre el diseño ecológico de los productos que utilizan energía (19), se establecerán requisitos mínimos en materia de energía para los productos tales como las fuentes de alimentación externas y los ordenadores. El Reglamento sobre el programa Energy Star (20) concede la etiqueta de eficiencia energética («Energy Star») a los productos del mercado con mejor rendimiento energético e impone a los Estados miembros la obligación de aplicar criterios exigentes de eficiencia energética en la contratación pública de equipo de oficina.

Otras medidas, tales como el Reglamento relativo a la etiqueta ecológica (21), completan este marco, contemplando continuas mejoras de los productos basados en las TIC a lo largo de su vida útil, por ejemplo, en materia de eficiencia energética. El Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible (22) proporciona un marco integrado y global para seguir desarrollando y reforzando la aplicación de las medidas mencionadas. Por otra parte, la legislación de la UE contempla la reducción de los efectos medioambientales de los equipos basados en las TIC al final de su vida útil (23).

Existen posibilidades no aprovechadas para que el sector de las TIC se centre en mejoras sistémicas y siga reduciendo el consumo de energía de sus propios procesos (funcionamiento, fabricación, prestación de servicios, cadena de abastecimiento, etc.). Si el sector adoptase un enfoque más sistemático para controlar y medir el consumo de energía en cada etapa de un proceso, podría generar datos verificables y comparables que le permitirían determinar oportunidades de mejora y desarrollar y aplicar soluciones.

Habrá que invitar al sector de las TIC a iniciar colectivamente un proceso de mejora basado en herramientas y métodos de medición comunes que le permitan facilitar datos sobre su rendimiento energético, establecer objetivos realistas y realizar una evaluación comparativa de los avances realizados. Dichos esfuerzos deberán considerar debidamente toda la vida útil y los efectos medioambientales asociados. El sector de las TIC deberá dar ejemplo y se le animará a comprometerse a alcanzar metas ambiciosas en relación con los objetivos de la Unión Europea para 2020. Además de los beneficios en materia medioambiental y de costes, tales esfuerzos llevarán indudablemente a prácticas innovadoras que podrán reproducirse en otras industrias.

La recomendación se centrará en el sector de los edificios y la construcción y en la logística del transporte, teniendo en cuenta su gran participación relativa en el consumo global de energía y los esfuerzos actuales de la Comisión y los Estados miembros en estos sectores.

4.1.1. -Sector de los edificios y la construcción

El consumo energético de los edificios representa aproximadamente el 40 % del consumo final de energía de la UE, realizándose más del 50 % en forma de electricidad. El sector tiene un alto potencial de ahorro energético rentable que, de realizarse, significaría una reducción del 11 % del consumo total de energía de la UE de aquí a 2020 (24).

En el marco de la Directiva sobre el diseño ecológico de los productos que utilizan energía se están aplicando medidas de desarrollo que establecen requisitos medioambientales y de rendimiento energético para los productos basados en las TIC empleados en el sector de los edificios y la construcción. Las TIC pueden contribuir a una mayor realización de este potencial mediante sistemas de gestión de los edificios y la energía, tecnologías de medición inteligente, sistemas de alumbrado con semiconductores y de regulación del alumbrado, detectores inteligentes y herramientas informáticas de optimización. Teniendo en cuenta que el rendimiento energético depende de muchos factores diferentes, tales como materiales y tecnologías, y de las posibles interacciones entre dichos factores, es muy conveniente desarrollar una comprensión sistemática del rendimiento energético de los edificios. Como parte del Plan de Recuperación adoptado en noviembre de 2008 (25), la Comisión propone organizar asociaciones entre el sector público y el sector privado que impulsen el desarrollo y la demostración de tecnologías ecológicas y de materiales y sistemas eficientes energéticamente en los edificios, con vistas a reducir radicalmente su consumo de energía y sus emisiones de carbono.

La propuesta de refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios introduce un marco general para una metodología de cálculo del rendimiento energético de los edificios. La aplicación de esta Directiva proporcionará gran cantidad de información sobre la composición del patrimonio inmobiliario europeo (26).

Dicha información proporciona una referencia útil para el sector de los edificios y la construcción, así como para los responsables políticos. También abre oportunidades para el desarrollo de aplicaciones y herramientas informáticas con el fin de cumplir la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios .

Se invitará al sector de las TIC a colaborar con el sector de los edificios y la construcción a fin de determinar las áreas en que pueden maximizarse los efectos y la relación coste-eficacia de las TIC y especificar exigencias al respecto. También debe fomentarse la interoperabilidad entre las herramientas de auditoría y los sistemas de gestión de los edificios y la energía, con vistas a desarrollar una visión global del rendimiento energético de los edificios.

Se puede ir más allá del marco metodológico general introducido en la Directiva y adoptar metodologías comunes para la presentación de los datos. De esta forma, las TIC podrían aplicarse para la recopilación, la agregación y el análisis comparativo de datos a escala de la UE con el fin de respaldar el establecimiento de valores de referencia y la evaluación de las políticas establecidas.

4.1.2.- Racionalización del consumo de energía en el sector del transporte por medio de la logística

Los sistemas de transporte representan alrededor del 26 % del consumo final de energía de la UE. Hay un gran margen de mejora de la eficiencia energética y racionalización de los transportes, especialmente por medio de la logística.

En el marco del Plan de acción para la logística del transporte de mercancías (27), se introducen una serie de acciones para potenciar la función de la logística en la racionalización del transporte y reducir sus efectos medioambientales. El Plan de acción para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes (STI) (28) prevé medidas específicas centradas en el desarrollo de STI para promover el intercambio modal -en particular, los corredores de transporte en lo que se refiere a las mercancías y los sistemas de planificación de itinerarios multimodales en cuanto a los viajeros- a fin de permitir reducciones significativas de la congestión del tráfico.

Las medidas relativas al flete electrónico y a los sistemas de transporte inteligentes subrayan la importancia de las herramientas de las TIC para el logro de estos objetivos. El Plan de Recuperación de noviembre de 2008 prevé la organización de asociaciones entre el sector público y el sector privado con el fin de desarrollar una amplia gama de tecnologías y de infraestructuras energéticas inteligentes destinadas a los transportes.

El sector de las TIC deberá colaborar con el sector de logística del transporte a fin de aprovechar la oportunidad de ampliar y mejorar la información conforme a lo indicado por el Plan de Acción (29). Debe ponerse a disposición de las empresas cuyas actividades dependan del transporte de mercancías información útil sobre consumo de energía y sobre emisiones de carbono del transporte de mercancías.

Dado que dicha información se hace disponible mediante el uso más extendido de los sistemas de transporte inteligentes, es importante que se recoja, se presente y se agregue de forma normalizada y que a ella puedan acceder todos los usuarios potenciales: desde los particulares y empresas que utilizan el transporte de mercancías hasta las administraciones públicas y los responsables políticos.

4.2. Fomento de un cambio duradero del comportamiento de los consumidores, las empresas y las colectividades

4.2.1. Consumo final de energía

Los contadores inteligentes hacen posible un flujo de información en tiempo real en los dos sentidos entre los operadores de redes, los proveedores de energía y los consumidores, permitiendo así a todos los interesados gestionar y controlar mejor el consumo de energía y los costes asociados. Asimismo permiten la introducción de circuitos de control para manejar los aparatos a distancia. Si se actúa en esta dirección se verán beneficiados los operadores de redes y los proveedores, así como los consumidores.

Los contadores inteligentes generan información más exacta sobre la demanda de consumo, información que, a su vez, puede ser utilizada por los operadores de redes para gestionar mejor su red y reducir así las pérdidas. También pueden permitir la aplicación de mecanismos de adaptación de la demanda, a fin de reducir la demanda en las horas punta, evitando así inversiones innecesarias en capacidad adicional. Además, los proveedores pueden utilizar esa información para desarrollar fórmulas de tarificación que tengan en cuenta el diferente coste de la energía según el periodo de consumo.

Los contadores inteligentes pueden proporcionar a los consumidores una información completa sobre su consumo de energía y el coste de la energía consumida (30), permitiéndoles beneficiarse realmente del mercado interior de la energía. Los resultados de las primeras pruebas prácticas realizadas en algunos Estados miembros indican que la utilización de contadores inteligentes puede reducir el consumo de energía en hasta un 10 %(31), en función del contexto y de la calidad de la información transmitida al consumidor.

Sin embargo, la medición inteligente no siempre se aplica de este modo; en general se trata de un flujo de información en un solo sentido, hacia el proveedor o el operador de redes. Teniendo en cuenta los altos costes de la inversión inicial y que los aparatos de medición tienen una duración prevista de 10 a 15 años, es primordial que los Estados miembros acuerden un nivel mínimo de funcionalidad para la medición inteligente, de modo que se ofrezcan a todos los consumidores las mismas opciones mínimas, con independencia de su lugar de residencia y de la identidad del proveedor del servicio, y se garantice la interoperabilidad.

Habrá que invitar a los Estados miembros a que lleguen a un acuerdo sobre unas especificaciones de funcionamiento mínimas para la medición inteligente a escala de la UE que permitan a los operadores de redes, a los proveedores, y sobre todo a los consumidores, gestionar eficazmente sus necesidades de energía y utilizar soluciones basadas en las TIC, una vez que estén disponibles, para una gestión automatizada de la energía. En términos de funcionalidad, ello requerirá flujos de información en tiempo real en los dos sentidos y la posibilidad de nuevos circuitos de control. Estas especificaciones serían compatibles con el mandato de normalización de los contadores de los suministros públicos recientemente emitido por la Comisión (32).

La medición inteligente es precisamente un primer paso hacia unas redes eléctricas inteligentes. Finalmente, las redes inteligentes deberán facilitar no sólo una mejor gestión del consumo de energía, sino también la integración de las fuentes de energía alternativas y renovables en mucho mayor escala de lo que es posible actualmente, lo que tendría efectos positivos para la seguridad energética y el medio ambiente.

4.2.2.- Papel de liderazgo para los Estados miembros

Las autoridades públicas tienen a su disposición una serie de instrumentos para incitar a sus ciudadanos a comportamientos que impliquen un consumo de energía eficiente y con bajo nivel de emisión de carbono, cabiendo destacar: la facultad de elaborar y aplicar políticas de construcción y de urbanismo, de intervenir mediante la contratación pública para crear demanda , de lanzar programas de innovación y de apoyar proyectos piloto y las mejores prácticas. También pueden influir directamente en su propio consumo de energía.

Se deberá invitar a los Estados miembros y a las autoridades centrales, regionales y locales a tomar la iniciativa para estimular la demanda de soluciones innovadoras basadas en las TIC que les ayuden a incorporar la eficiencia energética en todos los aspectos de la gestión de infraestructuras y la prestación de servicios, del urbanismo y de la elaboración de políticas. El empleo de herramientas informáticas de optimización avanzadas, junto con datos fiables, será esencial para una toma de decisiones eficaz.

En el marco de la política de cohesión en el periodo 2007-2013, se prevén aproximadamente 86 000 millones de euros para inversiones en I+D e innovación, que incluyen la utilización y desarrollo de las TIC. Se alienta a los Estados miembros a utilizar estos fondos para apoyar el desarrollo de soluciones basadas en las TIC que mejoren el rendimiento energético.

 

4.3.- PRÓXIMAS ETAPAS

Se iniciará una consulta pública a fin de garantizar que la Comisión y todas las partes interesadas tengan una visión común de las cuestiones pendientes y de las soluciones propuestas. En particular, en aras de una mayor transparencia y de lograr avances efectivos y mensurables, la Comisión desea asegurarse de que las expectativas, las reivindicaciones y los compromisos se basan en un lenguaje común.

Tras la consulta pública está prevista la adopción de una recomendación en el segundo semestre de 2009.

 

5.- FUNCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Apoyar la aplicación de las medidas recomendadas

Tras la publicación de la presente Comunicación, la Comisión invitará a los representantes de los sectores, en su caso a través de las asociaciones sectoriales pertinentes, a establecer un marco de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos.

La Comisión también investiga la posibilidad de establecer una página web europea que sirva de plataforma abierta de información y comunicación para que las partes interesadas, tanto del sector público como del privado, intercambien sus mejores prácticas, experiencias, información y datos, lo que podría servir para acelerar los avances hacia los objetivos fijados.

La Comisión está colaborando con el Comité de las Regiones en la elaboración de una guía práctica para las autoridades regionales y locales relativa a la mejora del rendimiento energético mediante la utilización innovadora de las TIC.

La Comisión también está trabajando para facilitar la contribución de la iniciativa ICT21EE (33) al «Acuerdo entre alcaldes», con objeto de animar y ayudar a las ciudades y municipios a utilizar las TIC para reducir las emisiones.

Apoyo a la actividad de I+D

En 2007, en la prioridad TIC del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico se introdujo un tema específico (» Las TIC en favor de la eficiencia energética») . Dicho tema se centra en soluciones para la red eléctrica (red inteligente), los edificios y el transporte, y la actividad de I+D sobre alumbrado con semiconductores. En el marco del Programa para la Innovación y la Competitividad se apoyan proyectos piloto sobre los mismos temas. La Comisión también proporciona financiación a TIC eficientes energéticamente (34) .

La inversión ha de centrarse más en aquellas áreas de investigación que puedan proporcionar las mayores ventajas desde el punto de vista de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono. Será cada vez más importante realizar esfuerzos intersectoriales y pluridisciplinarios a mayor escala. El Plan de Recuperación, propuesto por la Comisión en noviembre de 2008, incluye tales esfuerzos en forma de asociaciones público-privadas para la I+D en la construcción, el sector automovilístico y la industria manufacturera.

Por otro lado, en el marco de la política de cohesión se financian numerosos proyectos que apoyan a las TIC en favor de una mayor eficiencia energética y mejoran el rendimiento energético de los productos y servicios basados en las TIC. En el contexto del Plan de Recuperación, la Comisión ha tomado medidas para acelerar la aplicación de los programas de la política de cohesión y aumentar más las posibilidades de financiación para los proyectos encaminados a aumentar la eficiencia energética.

Apoyo a la innovación

Muchas de las aplicaciones y soluciones basadas en las TIC que ayudarán a Europa a pasar a una economía con bajo nivel de emisión de carbono procederán de innovaciones en el ámbito de los programas informáticos. En la UE hay aproximadamente medio millón de empresas en el sector de los programas informáticos. Estas empresas, que suelen emplear de tres a siete personas, tienen niveles de productividad y rentabilidad que se sitúan entre los más altos de todos los sectores de la economía (35).

La guía práctica para las autoridades regionales y locales, mencionada anteriormente, expondrá cómo las administraciones pueden aprovechar las TIC en sus planes relativos al cambio climático (36). Al mismo tiempo, describirá la forma en que los fondos de cohesión pueden apoyar a las asociaciones entre empresas para proporcionar aplicaciones innovadoras de las TIC, y presentará medidas concretas para promover sinergias entre la investigación apoyada por la Comisión y la financiación de innovaciones.

Un mayor impulso deberá provenir de las denominadas «comunidades del conocimiento y de la innovación», con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (37). La primera convocatoria de estas comunidades se centra en tres temas prioritarios: atenuación del cambio climático y adaptación al mismo, energía sostenible, y futura sociedad de la información y la comunicación.

El Plan de Recuperación propuesto por la Comisión en noviembre de 2008 incluye un importante esfuerzo presupuestario para proporcionar banda ancha de alta velocidad en toda Europa. Una Comunicación de continuación ha dado un paso más, especificando dónde deberán asignarse inversiones en las áreas de energía y banda ancha (38). Esto debería contribuir a una utilización más extendida de las TIC que permita abordar los retos planteados por el cambio climático y la energía y abrir oportunidades de poner en contacto colectividades y empresas innovadoras en toda Europa.

Las medidas propuestas no repercuten en el presupuesto comunitario.

 

6.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Las medidas que se prevé presentar en la Recomendación de la Comisión hacen referencia a las contribuciones que deberán realizar el sector de las TIC y las TIC al logro de los objetivos para 2020. Se hará una revisión en 2012, cuyos resultados se publicarán y formarán parte de los elementos considerados para justificar una eventual acción de seguimiento.

En el cuadro siguiente figura la lista de medidas previstas, junto con las etapas, los resultados esperados y los plazos.

Actor/medida                                              Etapa/informes                                                     Plazo

Sector de las TIC                                         Cartas de intenciones del sector de las TIC              Seis meses a partir de la adopción

 

                                                                    Objetivos y hojas de ruta                                         Final de 2010

 

                                                                    Informes de evolución                                             Cada año

 

Sector de las TIC asociado al sector de

los edificios y la construcción                        Disponibilidad de requisitos para las soluciones

                                                                   basadas en las TIC Informe de evolución                  Final de 2012

 

Sector de las TIC asociado

a la logística                                                Disponibilidad de datos sobre consumo de energía

                                                                  y emisiones de carbono Informe de evolución             Final de 2012

 

Estados miembros                                     Especificaciones funcionales comunes para la

                                                                medición inteligente                                                      Final de 2012

 

                                                                Estrategias de urbanismo que incorporen la eficiencia

                                                                energética y las emisiones de carbono                           Final de 2010

 

                                                                Informes de evolución                                                   Cada año

 

7.- CONCLUSIONES

Europa se ha fijado a sí misma objetivos ambiciosos para 2020, a saber: reducir un 20 % el consumo de energía primaria (39), reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20 % y elevar al 20 % la parte de las energías renovables. La mejora de la eficiencia energética es esencial para alcanzar estos objetivos.

Aunque se están adoptando y aplicando medidas legislativas, los datos disponibles indican que el ahorro de energía no está aumentando a un ritmo suficiente. Según informes recientes, las medidas actuales, si se aplican plenamente, permitirán un ahorro energético de alrededor del 13 % de aquí a 2020 (40). Aunque ello representaría un avance importante, sería muy insuficiente con respecto a las necesidades.

Aún no se ha aprovechado la oportunidad de complementar las medidas existentes con una serie de acciones específicas encaminadas a superar los obstáculos y realizar todo el potencial de las TIC para permitir una utilización de la energía más eficiente. El marco de actuación propuesto tiende a reforzar las medidas normativas y no normativas existentes en el área de la eficiencia energética, y a contribuir así a los objetivos para 2020:

– mejorando la eficiencia energética de las TIC;

– utilizando las TIC para mejorar la eficiencia energética en los otros sistemas e infraestructuras consumidores de energía en que se apoya nuestra economía;

– empleando las TIC para proporcionar una base cuantitativa que permita diseñar, aplicar y evaluar estrategias de eficiencia energética;

– invitando a los Estados miembros a impulsar la innovación y a desplegar y valorizar las TIC para permitir aumentos de la eficiencia energética;

– reforzando la cooperación entre todos los participantes privados y públicos a fin de cosechar los máximos beneficios de la utilización de las TIC para mejorar la eficiencia energética.

La consulta pública que se realizará permitirá a la Comisión y a todas las partes interesadas asegurarse de la existencia de una visión común de los problemas que están en juego y de la forma de resolverlos.

Es necesario un compromiso a nivel nacional, regional y local si se desean lograr avances reales. Por consiguiente, incumbe al Consejo y al Parlamento Europeo y a los responsables políticos nacionales, regionales y locales confirmar su total adhesión a las líneas de acción anunciadas en la presente Comunicación.

—————————————————————————————————————-

(1) Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia 7224/1/07, 4 de mayo de 2007.

(2) Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia 7271/08, 12 de diciembre de 2008.

(3) COM(2006) 545, COM(2008) 30.

(4) Conferencia de la OCDE, «Las TIC, el medio ambiente y el cambio climático», Copenhague, mayo de 2009.

(5) COM(2008) 772.

(6) COM(2008) 241. Esta Comunicación tiene en cuenta los dictámenes emitidos por el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones y la Resolución adoptada por propia iniciativa por el Parlamento Europeo.

(7) Bio Intelligence Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency.

Smart 2020 Enabling the low-carbon economy in the information age.

(8) En este caso, los ordenadores no tienen disco duro y se basan principalmente en servidores centrales para el procesamiento de datos.

(9) Report on Methodology for Estimating Energy Savings , ESMA, marzo de 2008.

(10) Por sistema se entiende aquí un conjunto de entidades que consumen energía, tales como centros de datos, edificios, fábricas y ciudades.

(11) Resultados de la consulta pública sobre las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la eficiencia energética; informe del grupo consultivo ad hoc sobre las TIC para la eficiencia energética .

(12) Informe Smart 2020 .

(13) Estudio Bio Intelligence .

(14) Informe Smart 2020 .

(15) Como ilustran las diferencias en los datos presentados en el estudio Bio Intelligence y en el informe Smart 2020 .

(16) Véase, por ejemplo, The six sins of greenwashing : www.terrachoice.com/files/6_ sins .pdf.

(17) Van Ark: EU KLEMS Growth and Productivity Accounts, 2007.

(18) Estudio Bio Intelligence .

(19) Directiva 2005/32/CE.

(20) Reglamento (CE) nº 106/2008, de 15 de enero de 2008.

(21) Reglamento (CE) nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, DO L 237 de 20.9.2000, p. 1.

(22) COM (2008) 397.

(23) Directiva 2002/95/CE y Directiva 2002/96/CE.

(24) COM (2008) 780.

(25) COM (2008) 800.

(26) Directiva 2002/91/CE; www.buildingsplatform.org.

(27) COM (2007) 607.

(28) COM (2008) 886.

(29) COM (2007) 607.

(30) Esta es una de las cuestiones que se debaten actualmente en el Foro de los Ciudadanos y la Energía.

(31) Report on Methodology for Estimating Energy Savings , ESMA, marzo de 2008.

(32) Mandato de normalización dirigido al CEN, al CENELEC y al ETSI en el ámbito de instrumentos de medición para el desarrollo de una arquitectura abierta de los contadores de suministros públicos con inclusión de protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad.

(33) http://ec.europa.eu/energy/sustainable/covenant _ mayors _en.htm; proyecto PIC n° 225024 ICT21EE.

(34) La financiación total asignada a estas iniciativas asciende a más de 400 millones de euros.

(35) Eurostat 2007.

(36) CdR 254/2008 fin.

(37) http://ec.europa.eu/eit.

(38) COM (2009) 36 final.

(39) Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia, 8-9 de marzo de 2007 (7224/1/07).

(40) COM(2008) 772.

 

01Ene/14

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 1966

SECCIÓN II. DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

CAPITULO I

Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

Artículo 11. El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.

Artículo 28. Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o intercepción sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

Artículo 33. El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.

 

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CONSTITUCIÓN 1967 CON LAS MODIFICACIONES PLEBISCITADAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1989, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1994, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2004

 

SECCION I.- DE LA NACION Y SU SOBERANIA

CAPITULO I

Artículo 1°.
La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio.

Artículo 2°.
Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero.

Artículo 3°.
Jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna.

CAPITULO II

Artículo 4°.
La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

CAPITULO III

Artículo 5°.
Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.

CAPITULO IV

Artículo 6°.
En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos.
La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva
complementación de sus servicios públicos.

SECCION II.- DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO I

Artículo 7°.
Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.

Artículo 8°.
Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

Artículo 9°.
Se prohíbe la fundación de mayorazgos. Ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni honores o distinciones hereditarias.

Artículo 10.
Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo 11.
El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.
Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.

Artículo 13.
La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales.

Artículo 14.
No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político.

Artículo 15.
Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.

Artículo 16.
En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La
declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.

Artículo 17.
En caso de prisión indebida el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el recurso de «habeas corpus», a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el Juez indicado.

Artículo 18.
Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios.

Artículo 19.
Quedan prohibidos los juicios por comisión.

Artículo 20.
Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el que sean tratados en ellas como reos.

Artículo 21.
Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía. La ley proveerá lo conveniente a este respecto.

Artículo 22.
Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas.

Artículo 23.
Todos los jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.

Artículo 24.
El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.

Artículo 25.
Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.

Artículo 26.
A nadie se le aplicará la pena de muerte.
En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.

Artículo 27.
En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley.

Artículo 28.
Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.

Artículo 29.
Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.

Artículo 30.
Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.

Artículo 31.
La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General, o estando ésta disuelta o en receso, de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la
patria; y entonces sólo para la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 168.

Artículo 32.
La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

Artículo 33.
El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.

Artículo 34.
Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa.

Artículo 35.
Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden del magistrado civil según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales casos se le infiera.

Artículo 36.
Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.

Artículo 37.
Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad.

Artículo 38.
Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.

Artículo 39.
Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.

CAPITULO II

Artículo 40.
La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.

Artículo 41.
El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios
compensatorios, siempre que los necesiten.
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso.

Artículo 42.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él.
La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo.Artículo 43.
La ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer.

Artículo 44.
El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

Artículo 45.
Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

Artículo 46.
El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.
El Estado combatirá por medio de la Ley y de las ConvencionesInternacionales, los vicios sociales.

Artículo 47.
La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La Ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgesores.

Artículo 48.
El derecho sucesorio queda garantido dentro de los límites que establezca la ley. La línea recta ascendente y la descendente tendrán un tratamiento preferencial en las leyes impositivas.

Artículo 49.
El «bien de familia», su constitución, conservación, goce y transmisión, serán objeto de una legislación protectora especial.

Artículo 50.
El Estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará preferentemente con este destino el ahorro público.
Toda organización comercial o industrial trustificada estará bajo el contralor del Estado.
Asimismo el Estado impulsará políticas de descentralización, de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar general.

Artículo 51.
El Estado o los Gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.
Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso.

Artículo 52.
Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores.
Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas.

Artículo 53.
El trabajo está bajo la protección especial de la ley.
Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica.

Artículo 54.
La ley ha de reconocer a quien se hallaré en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y moral.
El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado.

Artículo 55.
La ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo.

Artículo 56.
Toda empresa cuyas características determinen la permanencia del personal en el respectivo establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados, en las condiciones que la ley establecerá.

Artículo 57.
La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica.
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.

Artículo 58.
Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.

Artículo 59.
La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.
Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes:
A)Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales.
B)Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura.
C)Del Tribunal de Cuentas.
D)De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos.
E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto sedisponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos.

Artículo 60.
La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente.
Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso 4° de este artículo. Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Constitución. No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano administrativo correspondiente.

Artículo 61.
Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII.

Artículo 62.
Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes, y mientras no lo hagan regirán para ellos las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios públicos.
A los efectos de declarar la amovilidad de sus funcionarios y de calificar los cargos de carácter político o de particular confianza, se requerirán los tres quintos del total de componentes de la Junta Departamental.

Artículo 63.
Los Entes Autónomos comerciales e industriales proyectarán, dentro del año de promulgada la presente Constitución, el Estatuto para los funcionarios de su dependencia, el cual será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Este Estatuto contendrá las disposiciones conducentes a asegurar el normal funcionamiento de los servicios y las reglas de garantía establecidas en los artículos anteriores para los funcionarios, en lo que fuere conciliable con los fines específicos de cada Ente Autónomo.

Artículo 64.
La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos.

Artículo 65.
La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias.
En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus empleados y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la continuidad de los servicios.

Artículo 66.
Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.

Artículo 67.
Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.
Los ajustes de la asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Indice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las
remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.
Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de:

A) Constribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley.
Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y

B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.

Artículo 68.
Queda garantida la libertad de enseñanza.
La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.
Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos pupilos, los maestros o instituciones que desee.

Artículo 69.
Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.

Artículo 70.
Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.
El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica.
La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones.

Artículo 71.
Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares.
En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.

CAPITULO III

Artículo 72.
La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.

SECCION III.- DE LA CIUDADANIA Y DEL SUFRAGIO

CAPITULO I

Artículo 73.
Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales.

Artículo 74.
Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico.

Artículo 75.
Tienen derecho a la ciudadanía legal:
A)Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República.
B)Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual en el país.
C)Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes.
La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada.
Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los incisos A) y B) hasta tres años después del otorgamiento de la respectiva carta.
La existencia de cualesquiera de las causales de suspensión a que se refiere el artículo 80, obstará al otorgamiento de la carta de la ciudadanía.

Artículo 76.
Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía.
No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor en la enseñanza superior.

CAPITULO II

Artículo 77.
Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.
El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley pero sobre las bases siguientes:
1°) Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.
2°) Voto secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de esta obligación.
3°) Representación proporcional integral.
4°) Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los Partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración.
Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales, la Corte Electoral. La denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los Partidos.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar.
5°) El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la
propaganda política de carácter electoral.
6°) Todas las corporaciones de carácter electivo que se designen para intervenir en las cuestiones de sufragio, deberán ser elegidas con las garantías consignadas en este artículo.
7°)Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría.
8°)La ley podrá extender a otras autoridades por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, la prohibición de los numerales 4° y 5°.
9°) La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Presidente y Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral a excepción de los referidos en el inciso tercero de este numeral, se realizará el último domingo del mes de octubre cada cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 151. Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para el Presidente y Vicepresidente de la República deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político.
La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones
nacionales. Las listas de candidatos para los cargos departamentales deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político.
10) Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que correspondan, ni a los Intendentes que renuncien tres meses antes de la elección para poder ser candidatos.
11) El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los Partidos deberán:
a) ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades;
b) dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente.
12) Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones internas que reglamentará la Ley sancionada por el voto de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Por idéntica mayoría determinará la forma de elegir el candidato de cada partido a la Vicepresidencia de la República y, mientras dicha Ley no se dicte, se estará a lo que a este respecto resuelvan los órganos partidarios competentes. Esta Ley determinará además, la forma en que se suplirán las vacantes de candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia que se produzcan luego de su elección y antes de la elección nacional.

Artículo 78.
Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República.
La prueba de la residencia se fundará indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada, y si la justificación fuera satisfactoria para la autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el Registro, Cívico, autorizado por la certificación que, a los efectos, le extenderá aquella misma autoridad.

CAPITULO III

Artículo 79.
La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los de Presidente y Vicepresidente de la República, se hará mediante la utilización del lema del partido político.
La Ley por el voto de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara reglamentará esta disposición.
Elveinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las Leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las Leyes que establezcan tributos.
Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por Ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

CAPITULO IV

Artículo 80.
La ciudadanía se suspende:
1°) Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente.
2°) Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría.
3°) Por no haber cumplido dieciocho años de edad.
4°) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.
5°) Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que determinará la ley sancionada de acuerdo con el numeral 7° del artículo 77.
6°) Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, las contenidas en las Secciones I y II de la presente Constitución.
7°) Por la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 75.
Estas dos últimas causales solo regirán respecto de los ciudadanos legales.
El ejercicio del derecho que otorga el artículo 78 se suspende por las causales enumeradas precedentemente.

CAPITULO V

Artículo 81.
La nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico.
La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior.

SECCION IV.- DE LA FORMA DE GOBIERNO Y SUS DIFERENTES PODERES

CAPITULO UNICO

Artículo 82.
La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana.
Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.

SECCION V.- DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

Artículo 83.
El Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General.

Artículo 84.
Esta se compondrá de dos Cámaras: una de Representantes y otra de Senadores, las que actuarán separada o conjuntamente, según las distintas disposiciones de la presente Constitución.

Artículo 85.
A la Asamblea General compete:
1°) Formar y mandar publicar los Códigos.
2°) Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia y de lo Contencioso-Administrativo.
3°) Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior.
4°) Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes.
5°) Aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas que presente el Poder Ejecutivo.
6°) Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
7°) Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.
8°) Designar todos los años la fuerza armada necesaria. Los efectivos militares sólo podrán ser aumentados por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
9°) Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos; establecer aduanas y derechos de exportación e importación aplicándose, en cuanto a estos últimos, lo dispuesto en el artículo 87; así como declarar de interés nacional zonas turísticas, que serán atendidas por el Ministerio respectivo.
10)Justificar el peso, ley y valor de las monedas; fijar el tipo y denominación de las mismas: y arreglar el sistema de pesas y medidas.
11)Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran al sólo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo.
12)Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando, para este caso, el tiempo de su regreso a ella.
13)Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus dotaciones o retiros, y aprobar, reprobar o disminuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo; acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores públicos a los grandes servicios.
14)Conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, y acordar amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
15)Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben reunirse.
16)Elegir el lugar en que deban residir las primeras autoridades de la Nación.
17)Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
18)Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las Secciones respectivas.
19)Juzgar políticamente la conducta de los Ministros de Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección VIII.
20)Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los artículos 256 a 261.

Artículo 86.
La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.
Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.

Artículo 87.
Para sancionar impuestos se necesitará el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

CAPITULO II

Artículo 88.
La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a
favor de cada lema en todo el país.
No podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos.
Corresponderá a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos.
Elnúmero de Representantes podrá ser modificado por la ley, la que requerirá para su sanción, dos tercios de votos del total de los componentes de cada Cámara.

Artículo 89.
Los Representantes durarán cinco años en sus funciones y su elección se efectuará con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III.

Artículo 90.
Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cinco años de ejercicio, y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.

Artículo 91.
No pueden ser Representantes:
1°) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los miembros del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, de los Consejos o Directorios o los
Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales y los Intendentes.
2°) Los empleados militares o civiles dependientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del de Cuentas, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, por servicios a sueldo, con excepción de los retirados o jubilados. Esta disposición no rige para los que desempeñen cargos universitarios docentes o universitarios técnicos con funciones docentes; pero si el elegido opta por continuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure su mandato. Los militares que renuncien al destino y al sueldo para ingresar al Cuerpo Legislativo, conservarán el grado, pero mientras duren sus funciones legislativas no podrán ser ascendidos, estarán exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan desempeñando funciones legislativas a los efectos de la antigüedad para el ascenso.

Artículo 92.
No pueden ser candidatos a Representantes el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquél, cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo o discontinuo. Tampoco podrán serlo los Jueces y Fiscales Letrados, ni los Intendentes, ni los funcionarios policiales en los Departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral.
Para los Consejeros y Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto en el artículo 201.

Artículo 93.
Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

CAPITULO III

Artículo 94.
La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción electoral, conforme con las garantías y las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III y a lo que expresan los artículos siguientes.
Será integrada, además, con el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la de la Asamblea General.
Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la Presidencia de la República o en caso de vacancia definitiva o temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el primer titular de la lista más votada del lema más votado y, de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado.

Artículo 95.
Los Senadores serán elegidos por el sistema de representación proporcional integral.

Artículo 96.
La distribución de los cargos de Senadores obtenidos por diferentes sub-lemas dentro del mismo lema partidario, se hará también proporcionalmente al número de votos emitidos a favor de las respectivas listas.

Artículo 97.
Los Senadores durarán cinco años en sus funciones.

Artículo 98.
Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio, y, en ambos casos, treinta años cumplidos de edad.

Artículo 99.
Son aplicables a los Senadores las incompatibilidades a que se refiere el artículo 91, con las excepciones en el mismo establecidas.

Artículo 100.
No pueden ser candidatos a Senadores los Jueces y Fiscales Letrados, ni los funcionarios policiales, ni los militares con mando de fuerza o en ejercicio de alguna actividad militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral.
Para los Consejeros y Directores de Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto por el artículo 201.

Artículo 101.
El ciudadano que fuere elegido Senador y Representante podrá optar entre uno y otro cargo.

Artículo 102.
A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

Artículo 103.
Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores haya separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley.

SECCION VI.- DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS. DE LA COMISION PERMANENTE

CAPITULO I

Artículo 104.
La Asamblea General empezará sus sesiones el primero de marzo de cada año, sesionando hasta el quince de diciembre, o sólo hasta el quince de setiembre, en el caso de que haya elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus sesiones el quince de febrero siguiente.
La Asamblea General se reunirá en las fechas indicadas sin necesidad de convocatoria especial del Poder Ejecutivo y presidirá sus sesiones y las de la Cámara de Senadores hasta la toma de posesión del Vicepresidente de la República, el primer titular de la lista de Senadores más votada del lema más votado.
Sólo por razones graves y urgentes la Asamblea General o cada una de las Cámaras, así como el Poder Ejecutivo, podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria así como el proyecto de ley declarado de urgente consideración que tuviere a estudio aunque no estuviere incluido en aquélla. Asimismo, el receso quedará automáticamente suspendido para la Cámara que tenga o reciba, durante el transcurso del mismo, para su consideración, un proyecto con declaración de urgente consideración.
La simple convocatoria a sesiones extraordinarias no bastará para hacer cesar el receso de la Asamblea General o de cada una de las Cámaras. Para que el receso se interrumpa, deberán realizarse efectivamente sesiones y la interrupción durará mientras éstas se efectúen.

CAPITULO II

Artículo 105.
Cada Cámara se gobernará interiormente por el reglamento que se dicte, y, reunidas ambas en Asamblea General, por el que ésta establezca.

Artículo 106.
Cada Cámara nombrará su Presidente y Vicepresidente, a excepción del Presidente de la Cámara de Senadores, respecto al cual regirá lo dispuesto en el artículo 94.

Artículo 107.
Cada Cámara nombrará sus Secretarios y el personal de su dependencia, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que deberá establecer contemplando las reglas de garantías previstas en los artículos 58 a 66, en lo que corresponda.

Artículo 108.
Cada Cámara aprobará dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura, sus presupuestos, por tres quintos de votos del total de sus componentes y lo comunicará al Poder Ejecutivo para que los incluya en el
Presupuesto Nacional. Estos presupuestos se estructurarán por programas y se les dará, además, amplia difusión pública.
Dentro de los cinco primeros meses de cada período legislativo, podrá, por el mismo quórum, establecer las modificaciones que estime indispensables.
Si vencidos los plazos el presupuesto no hubiera sido aprobado, continuará rigiendo el anterior.

Artículo 109.
Ninguna de las Cámaras podrá abrir sus sesiones mientras no esté reunida más de la mitad de sus miembros, y si esto no se hubiera realizado el día que señala la Constitución, la minoría podrá reunirse para compeler a los ausentes bajo las penas que acordare.

Artículo 110.
Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí y con los demás Poderes, por medio de sus respectivos Presidentes, y con autorización de un Secretario.

Artículo 111.
Las pensiones graciables serán resueltas mediante el voto secreto y requerirán la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Los reglamentos de cada Cámara podrán establecer el voto secreto para los casos de venias y designaciones.

CAPITULO III

Artículo 112.
Los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones.

Artículo 113.
Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho.

Artículo 114.
Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente.

Artículo 115.
Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación.
Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias.

Artículo 116.
Las vacantes que por cualquier motivo se produzcan en cada Legislatura, se llenarán por los suplentes designados al tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley, y sin hacerse nueva elección.
La ley podrá autorizar también la convocatoria de suplentes por impedimento temporal o licencia de los Legisladores titulares.

Artículo 117.
Los Senadores y Representantes serán compensados por sus servicios con una asignación mensual que percibirán durante el término de sus mandatos, sin perjuicio de los descuentos que correspondieran, de acuerdo con el reglamento de la respectiva Cámara, en caso de inasistencias injustificadas a las sesiones de la Cámara que integran o de las comisiones informantes de que forman parte.
Tales descuentos, en todo caso, se fijarán proporcionalmente a la asignación.
La asignación será fijada por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, en el último período de cada Legislatura, para los miembros de la siguiente. Dicha compensación les será satisfecha con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y fuera de ella, los Legisladores no podrán recibir beneficios económicos de ninguna naturaleza que deriven del ejercicio de su cargo.

CAPITULO IV

Artículo 118.
Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso – Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva, el que lo trasmitirá de inmediato al órgano que corresponda. Si éste no facilitare los informes dentro del plazo que fijará la ley, el Legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva.
No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Artículo 119.
Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VIII.
Cuando los informes se refieran a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, los Ministros podrán requerir la asistencia conjunta de un representante del respectivo Consejo o Directorio.

Artículo 120.
Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos.

Artículo 121.
En los casos previstos en los tres artículos anteriores, cualquiera de las Cámaras podrá formular declaraciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VIII.

CAPITULO V

Artículo 122.
Los Senadores y los Representantes, después de incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los Poderes del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados o de cualquier otro órgano público ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, quedando en todos los casos vacante su
representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el servicio.
Cuando un Senador sea convocado para ejercer temporalmente la Presidencia de la República y cuando los Senadores y los Representantes sean llamados a desempeñar Ministerios o Subsecretarías de Estado, quedarán suspendidos en sus funciones legislativas, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.

Artículo 123.
La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público electivo, cualquiera sea su naturaleza.

Artículo 124.
Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato:
1°)Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público.
2°)Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida imnediata del cargo legislativo.

Artículo 125.
La incompatibilidad dispuesta por el inciso primero del artículo 122, alcanzará a los Senadores y a los Representantes hasta un año después de la terminación de su mandato, salvo expresa autorización de la Cámara respectiva.

Artículo 126.
La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá reglamentar las prohibiciones establecidas en los dos artículos precedentes o establecer otras, así como extenderlas a los integrantes de otros órganos.

CAPITULO VI

Artículo 127.
Habrá una Comisión Permanente compuesta de cuatro Senadores y siete Representantes elegidos por el sistema proporcional, designados unos y otros, por sus respectivas Cámaras.
Será Presidente de la misma un Senador de la mayoría.
La designación se hará anualmente, -dentro de los quince días de la constitución de la Asamblea General o de la iniciación de cada período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Artículo 128.
Al mismo tiempo que se haga esta elección, se hará la de un suplente para cada uno de los once miembros que entre a llenar sus funciones en los casos de enfermedad, muerte u otros que ocurran, de los titulares.

Artículo 129.
La Comisión Permanente velará sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, haciendo al Poder Ejecutivo las advertencias convenientes al efecto, bajo responsabilidad para ante la Asamblea General actual o siguiente, en su caso.

Artículo 130.
Para el caso de que dichas advertencias, hechas hasta por segunda vez, no surtieran efecto, podrá por sí sola, según la importancia o gravedad del asunto, convocar a la Asamblea General.
En el caso de que el Presidente de la República hubiere hecho uso de la facultad otorgada por el artículo 148, inciso 7°, la Comisión Permanente dará cuenta a la Asamblea General al constituirse las nuevas Cámaras o al reiniciar sus funciones las anteriores.

Artículo 131.
Ejercerá sus funciones desde la fecha indicada por la Constitución para la iniciación del receso de la Asamblea General, hasta que se reinicien las sesiones ordinarias.
Los asuntos de competencia de la Comisión Permanente que se encuentren a estudio de la Asamblea General o de la Cámara de Senadores en la fecha indicada para la iniciación del receso, pasarán de oficio a conocimiento de aquélla.
No obstante, interrumpido el receso y mientras dure el período de sesiones extraordinarias, la Asamblea General o la Cámara de Senadores podrán, cuando así lo resuelvan, asumir jurisdicción en los asuntos de su competencia que se encuentren a consideración de la Comisión Permanente, previa comunicación a este Cuerpo.
Terminadas las sesiones extraordinarias, los asuntos no resueltos sobre los que hayan asumido jurisdicción la Asamblea General o la Cámara de Senadores, serán remitidos de oficio, por la Mesa respectiva, a la Comisión Permanente.
En cada nuevo período de sesiones extraordinarias que se realice durante el receso, la Asamblea General o la Cámara de Senadores, podrán hacer uso de la facultad que les acuerda este artículo.
Terminado el receso los asuntos sin resolución a conocimiento de la Comisión Permanente pasarán de oficio al Cuerpo que corresponda.
No afectará la obligación y la responsabilidad que impone a la Comisión Permanente el artículo 129, la circunstancia de que la Asamblea General o cualquiera de las Cámaras se reúnan en sesiones extraordinarias, ni aun
cuando la Asamblea General o la Cámara de Senadores hayan asumido jurisdicción sobre todos los asuntos a consideración de la Comisión Permanente.
Si hubiesen caducado los poderes de los Senadores y Representantes por expiración del plazo constitucional, sin que estuviesen proclamados los Senadores y Representantes electos, o se hubiera hecho uso de la facultad del artículo 148, inciso 7°, la Comisión Permanente en ejercicio continuará en las funciones que en este Capítulo se le confieren, hasta la constitución de las nuevas Cámaras.
En este caso, al constituirse cada una de las Cámaras, procederá a efectuar la designación de los nuevos miembros de la Comisión Permanente.

Artículo 132.
Corresponderá también a la Comisión Permanente, prestar o rehusar su consentimiento en todos los casos en que el Poder Ejecutivo lo necesite, con arreglo a la presente Constitución y la facultad concedida a las Cámaras en los artículos 118 y siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 13 del artículo 168.

SECCION VII.- DE LA PROPOSICION, DISCUSION, SANCION Y PROMULGACION DE LAS LEYES

CAPITULO I

Artículo 133.
Todo proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 85 y artículo 86.
Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada.
El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos propuestos.

CAPITULO II

Artículo 134.
Si la Cámara en que tuvo principio el proyecto, lo aprueba, lo pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe también, lo reforme, adicione o deseche.

Artículo 135.
Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley, lo devolviese con adiciones u observaciones, y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallare justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aún, aprobar otro nuevo.

Artículo 136.
Si la Cámara a quien fuese remitido el proyecto no tiene reparos que oponerle, lo aprobará, y sin más que avisarlo a la Cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar.
Los proyectos de ley no sancionados por una y otra Cámara en la misma Legislatura, se considerarán como iniciados en la Cámara que los sancione ulteriormente.

Artículo 137.
Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días.

Artículo 138.
Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros
presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado.

Artículo 139.
Trascurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas.

Artículo 140.
Si las Cámaras reunidas desaprobaran el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura.

Artículo 141.
En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa.

Artículo 142.
Cuando un proyecto hubiese sido desechado al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado hasta el siguiente período de la Legislatura.

CAPITULO III

Artículo 143.
Si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para ser promulgado sin demora.

Artículo 144.
Si el Ejecutivo no devolviese el proyecto, cumplidos los diez días que establece el artículo 137, tendrá fuerza de ley y se cumplirá como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por la Cámara remitente.

Artículo 145.
Reconsiderado por las Cámaras reunidas un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, si aquéllas lo aprobaron nuevamente, se tendrá por su última sanción, y comunicado al Poder Ejecutivo, lo hará promulgar enseguida sin más reparos.

CAPITULO IV

Artículo 146.
Sancionada una ley para su promulgación se usará siempre de esta fórmula: «El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:»

SECCION VIII.- DE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER EJECUTIVO

CAPITULO UNICO

Artículo 147.
Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los Ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno.
Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada, con un término no inferior a cuarenta y ocho horas, para resolver sobre su curso.
Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta a la Asamblea General, la que será citada dentro de las cuarenta y ocho horas.
Si en una primera convocatoria de la Asamblea General, no se reúne el número suficiente para sesionar, se practicará una segunda convocatoria y la Asamblea General se considerará constituida con el número de Legisladores que concurra.

Artículo 148.
La desaprobación podrá ser individual, plural o colectiva, debiendo ser pronunciada en cualquier caso, por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en sesión especial y pública. Sin
embargo, podrá optarse por la sesión secreta cuando así lo exijan las circunstancias.
Se entenderá por desaprobación individual la que afecte a un Ministro, por desaprobación plural la que afecte a más de un Ministro, y por desaprobación colectiva la que afecte a la mayoría del Consejo de Ministros.
La desaprobación pronunciada conforme a lo dispuesto en los incisos anteriores, determinará la renuncia del Ministro, de los Ministros o del Consejo de Ministros, según los casos.
El Presidente de la República podrá observar el voto de desaprobación cuando sea pronunciado por menos de dos tercios del total de componentes del Cuerpo.
En tal caso la Asamblea General será convocada a sesión especial a celebrarse dentro de los diez días siguientes.
Si en una primera -convocatoria la Asamblea General no reúne el número de Legisladores necesarios para sesionar, se practicará una segunda convocatoria, no antes de veinticuatro horas ni después de setenta y dos horas de la primera, y si en ésta tampoco tuviera número se considerará revocado el acto de desaprobación.
Si la Asamblea General mantuviera su voto por un número inferior a los tres quintos del total de sus componentes, el Presidente de la República, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes podrá mantener por decisión expresa, al Ministro, a los Ministros o al Consejo de Ministros censurados y disolver las Cámaras.
En tal caso deberá -convocar a nueva elección de Senadores y Representantes, la que se efectuará el octavo domingo siguiente a la fecha de la referida decisión.
El mantenimiento del Ministro, Ministros o Consejo de Ministros censurados, la disolución de las Cámaras y la convocatoria a nueva elección, deberá hacerse simultáneamente en el mismo decreto.
En tal caso las Cámaras quedarán suspendidas en sus funciones, pero subsistirá el estatuto y fuero de los Legisladores.
El Presidente de la República no podrá ejercer esa facultad durante los últimos doce meses de su mandato. Durante igual término, la Asamblea General podrá votar la desaprobación con los efectos del apartado tercero del presente artículo, cuando sea pronunciada por dos tercios o más del total de sus componentes.
Tratándose de desaprobación no colectiva, el Presidente de la República no podrá ejercer esa facultad sino una sola vez durante el término de su mandato.
Desde el momento en que el Poder Ejecutivo no dé cumplimiento al decreto de convocatoria a las nuevas elecciones, las Cámaras volverán a reunirse de pleno derecho y recobrarán sus facultades constitucionales como Poder legítimo del Estado y caerá el Consejo de Ministros.
Si a los noventa días de realizada la elección, la Corte Electoral no hubiese proclamado la mayoría de los miembros de cada una de las Cámaras, las Cámaras disueltas también recobrarán sus derechos.
Proclamada la mayoría de los miembros de cada una de las nuevas Cámaras por la Corte Electoral, la Asamblea General se reunirá de pleno derecho dentro del tercer día de efectuada la comunicación respectiva.
La nueva Asamblea General se reunirá sin previa convocatoria del Poder Ejecutivo y simultáneamente cesará la anterior.
Dentro de los quince días de su constitución la nueva Asamblea General, por mayoría absoluta del total de sus componentes, mantendrá o revocará el voto de desaprobación. Si lo mantuviera caerá el Consejo de Ministros.
Las Cámaras elegidas extraordinariamente, completarán el término de duraciónnormal de las cesantes.

SECCION IX.- DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

Artículo 149.
El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido en esta Sección y demás disposiciones concordantes.

Artículo 150.
Habrá un Vicepresidente, que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva de la Presidencia deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término del período de Gobierno.
El Vicepresidente de la República desempeñará la Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores.

Artículo 151.
El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral 9° del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.
Regirán además las garantías que se establecen para el sufragio en la Sección III, considerándose a la República como una sola circunscripción electoral.
Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que tengan treinta y cinco años cumplidos de edad.

Artículo 152.
El Presidente y el Vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.
Esta disposición comprende al Presidente con respecto a la Vicepresidencia y no al Vicepresidente con respecto a la Presidencia, salvo las excepciones de los incisos siguientes.
El Vicepresidente y el ciudadano que hubiesen desempeñado la Presidencia por vacancia definitiva por más de un año, no podrán ser electos para dichos cargos sin que transcurra el mismo plazo establecido en el inciso primero.
Tampoco podrá ser elegido Presidente, el Vicepresidente o el ciudadano que estuviese en el ejercicio de la Presidencia en el término comprendido en los tres meses anteriores a la elección.

Artículo 153.
En el caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la República, en razón de licencia, renuncia cese o muerte del Presidente y del Vicepresidente en su caso, deberá desempeñarla el Senador primer titular de la lista más votada del partido político por el cual fueron electos aquellos, que reúna las calidades exigidas por el artículo 151 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su defecto, la desempeñará el primer titular de la misma lista en ejercicio del cargo, que reuniese esas calidades si no tuviese dichos impedimentos, y así sucesivamente.

Artículo 154.
Las dotaciones del Presidente y del Vicepresidente de la República serán fijadas por ley previamente a cada elección sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño del cargo.

Artículo 155.
En caso de renuncia, incapacidad permanente, o muerte del Presidente y Vicepresidente electos, antes de tomar posesión de los cargos, desempeñarán la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, respectivamente, el primer y segundo titular de la lista más votada a la Cámara de Senadores, del partido político por el cual fueron electos el Presidente y el Vicepresidente, siempre que reúnan las calidades exigidas por el artículo 151, no estuviesen impedidos por lo dispuesto por el artículo 152 y ejercieran el cargo de Senador.
En su defecto, desempeñarán dichos cargos, los demás titulares por el orden de su ubicación en la misma lista en el ejercicio del cargo de Senador, que reuniesen esas calidades si no tuviesen dichos impedimentos.

Artículo 156.
Si en la fecha en que deban asumir sus funciones no estuvieran proclamados por la Corte Electoral, el Presidente y el Vicepresidente de la República, o fuera anulada su elección, el Presidente cesante delegará el mando en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien actuará hasta que se efectúe la trasmisión quedando en tanto suspendido en sus funciones judiciales.

Artículo 157.
Cuando el Presidente electo estuviera incapacitado temporalmente para la toma de posesión del cargo o para el ejercicio del mismo, será sustituido por el Vicepresidente, y en su defecto, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 153 hasta tanto perduren las causas que generaron dicha incapacidad.

Artículo 158.
El 1° de marzo siguiente a la elección, el Presidente y Vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente en presencia de ambas Cámaras reunidas en Asamblea General la siguiente declaración:
«Yo, N.N., me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.»

Artículo 159.
El Presidente de la República tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior.

CAPITULO II

Artículo 160.
El Consejo de Ministros se integrará con los titulares de los respectivos Ministerios o quienes hagan sus veces, y tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen en su seno el Presidente de la República o sus Ministros en temas de sus respectivas carteras. Tendrá, asimismo, competencia privativa en los casos previstos en los incisos 7° (declaratoria de urgencia), 16, 19 y 24 del artículo 168.

Artículo 161.
Actuará bajo la presidencia del Presidente de la República quien tendrá voz en las deliberaciones y voto en las resoluciones que será decisivo para los casos de empate, aun cuando éste se hubiera producido por efecto de su propio voto.
El Consejo de Ministros será convocado por el Presidente de la República cuando lo juzgue conveniente o cuando lo soliciten uno ó varios Ministros para plantear temas de sus respectivas carteras; y deberá reunirse dentro de las veinticuatro horas siguientes o en la fecha que indique la convocatoria.

Artículo 162.
El Consejo celebrará sesión con la concurrencia de la mayoría de sus miembros y se estará a lo que se resuelva por mayoría absoluta de votos de miembros presentes.

Artículo 163.
En cualquier momento y por igual mayoría se podrá poner término a una deliberación. La moción que se haga con ese fin no será discutida.

Artículo 164.
Todas las resoluciones del Consejo de Ministros podrán ser revocadas por el voto de la mayoría absoluta de sus componentes.

Artículo 165.
Las resoluciones que originariamente hubieran sido acordadas por el Presidente de la República con el Ministro o Ministros respectivos, podrán ser revocadas por el Consejo, por mayoría absoluta de presentes.

Artículo 166.
El Consejo de Ministros dictará su reglamento interno.

Artículo 167.
Cuando un Ministro esté encargado temporariamente de otro Ministerio, en el Consejo de Mnistros se le computará un solo voto.

CAPITULO III

Artículo 168.
Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos,o con el Consejo de Ministros, corresponde:
1°) La conservación del orden y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior.
2°) El mando superior de todas las fuerzas armadas.
3°) Dar retiros y arreglar las pensiones de los empleados civiles y militares conforme a las leyes.
4°) Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que, conforme a la Sección VII, se hallen ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución.
5°) Informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención.
6°) Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII.
7°) Proponer a las Cámaras proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración.
La declaración de urgencia deberá ser hecha simultáneamente con la remisión de cada proyecto, en cuyo caso deberán ser considerados por el Poder Legislativo dentro de los plazos que a continuación se expresan, y se tendrán por sancionados si dentro de tales plazos no han sido expresamente desechados, ni se ha sancionado un proyecto sustitutivo. Su trámite se ajustará a las siguientes reglas:
a) El Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado;
b) no podrán merecer esta calificación los proyectos de Presupuesto, ni aquellos para cuya sanción se requiera el voto de tres quintos o dos tercios del total de componentes de cada Cámara;
c) cada Cámara por el voto de los tres quintos del total de sus componentes, podrá dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, en cuyo caso se aplicarán a partir de ese momento los trámites normales previstos en la Sección VII;
d) la Cámara que reciba en primer lugar el proyecto deberá considerarlo dentro de un plazo de cuarenta y cinco días. Vencidos los primeros treinta días, la Cámara será convocada a sesión extraordinaria y permanente para la consideración del proyecto. Una vez vencidos los quince días de tal convocatoria sin que el proyecto hubiere sido expresamente desechado, se reputará aprobado por dicha Cámara en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado inmediatamente y de oficio a la otra Cámara;
e) la segunda Cámara tendrá treinta días para pronunciarse y si aprobase un texto distinto al remitido por la primera, lo devolverá a ésta, que dispondrá de quince días para su consideración. Vencido este nuevo plazo sin
pronunciamiento expreso, el proyecto se remitirá inmediatamente y de oficio a la Asamblea General. Si venciere el plazo de treinta días sin que el proyecto hubiere sido expresamente desechado, se reputará aprobado por dicha Cámara en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado a éste inmediatamente y de oficio, si así correspondiere, o en la misma forma a la primera Cámara, si ésta hubiere aprobado un texto distinto al del Poder Ejecutivo;
f) la Asamblea General dispondrá de diez días para su consideración. Si venciera este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso se tendrá por sancionado el proyecto en la forma en que lo votó la última Cámara que le
prestó expresa aprobación;
La Asamblea General, si se pronunciare expresamente, lo hará de conformidad con el artículo 135;
g)cuando un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración fuese desechado por cualquiera de las dos Cámaras, se aplicará lo dispuesto por el artículo 142;
h) el plazo para la consideración por la primera Cámara empezará a correr a partir del día siguiente al del recibo del proyecto por el Poder Legislativo. Cada uno de los plazos ulteriores comenzará a correr automáticamente al vencer el plazo inmediatamente anterior o a partir del día siguiente al del recibo por el órgano correspondiente si hubiese habido aprobación expresa antes del vencimiento del término.8°) Convocar al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias con determinaciónde los asuntos materia de la convocatoria y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 104.
9°) Proveer los empleos civiles y militares, conforme a la Constitución y a las leyes.
10) Destituir los empleados por ineptitud, omisión o delito, en todos los casos con acuerdo de la Cámara de Senadores o, en su receso, con el de la Comisión Permanente, y en el último, pasando el expediente a la Justicia. Los funcionarios diplomáticos y consulares podrán, además, ser destituidos, previa venia de la Cámara de Senadores, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país y de la representación que invisten. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución definitiva dentro de los noventa días, el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada, a los efectos de la destitución.
11) Conceder los ascensos militares conforme a las leyes, necesitando, para los de Coronel y demás Oficiales superiores, la venia de la Cámara de Senadores o, en su receso, la de la Comisión Permanente.
12)Nombrar el personal consular y diplomático, con obligación de solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente hallándose aquélla en receso, para los Jefes de Misión. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución dentro de los sesenta días el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada.
Los cargos de Embajadores y Ministros del servicio exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo, salvo que la ley dictada con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara disponga lo contrario.
13)Designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos de votos del total de
componentes. La venia no será necesaria para designar al Procurador del Estado en lo Contencioso – Administrativo, ni los Fiscales de Gobierno y de Hacienda.
14) Destituir por sí los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles.
15) Recibir Agentes Diplomáticos y autorizar el ejercicio de sus funciones a los Cónsules extranjeros.
16) Decretar la ruptura de relaciones y, previa resolución de la Asamblea General, declarar la guerra, si para evitarla no diesen resultado el arbitraje u otros medios pacíficos.
17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últimas resuelvan.
En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, como las otras, deberá
someterse, dentro de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su resolución. El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes.
18) Recaudar las rentas que, conforme a las leyes deban serlo por sus dependencias, y darles el destino que según aquéllas corresponda.
19) Preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos, de acuerdo a lo establecido en la Sección XIV, y dar cuenta instruida de la inversión hecha de los anteriores.
20) Concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo.
21) Conceder privilegios industriales conforme a las leyes.
22) Autorizar o denegar la creación de cualesquier Bancos que hubieran de establecerse.
23) Prestar, a requerimiento del Poder Judicial, el concurso de la fuerza pública.
24) Delegar por resolución fundada y bajo su responsabilidad política las atribuciones que estime convenientes.
25) El Presidente de la República firmará las resoluciones y comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlas.
No obstante el Poder Ejecutivo podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con el mismo requisito precedentemente fijado.
26) El Presidente de la República designará libremente un Secretario y un Prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros.
Ambos cesarán con el Presidente y podrán ser removidos o reemplazados por éste, en cualquier momento.

Artículo 169.
No podrá permitir goce de sueldo por otro título que el de servicio activo, jubilación, retiro o pensión, conforme a las leyes.

CAPITULO IV

Artículo 170.
El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas sin autorización de la Cámara de Senadores.

Artículo 171.
El Presidente de la República gozará de las mismas inmunidades y le alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y a los Representantes.

Artículo 172.
El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de los componentes de la Cámara de Representantes, el Presidente de la República quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO V

Artículo 173.
En cada departamento de la República habrá un Jefe de Policía que será designado para el período respectivo por el Poder Ejecutivo, entre ciudadanos que tengan las calidades exigidas para ser Senador.
El Poder Ejecutivo podrá separarlo o removerlo cuando lo estime conveniente.

SECCION X.- DE LOS MINISTROS DE ESTADO

CAPITULO I

Artículo 174.
La Ley por mayoría absoluta de componentes de cada Cámara y a iniciativa del Poder Ejecutivo, determinará el número de Ministerios, su denominación propia y sus atribuciones y competencias en razón de materia, sin perjucio de lo dispuesto por el artículo 181.
El Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, podrá redistribuir dichas atribuciones y competencias.
El Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo.
El Presidente de la República podrá requerir de la Asamblea General un voto de confianza expreso para el Consejo de Ministros. A tal efecto éste comparecerá ante la Asamblea General, la que se pronunciará sin debate, por el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes y dentro de un plazo no mayor de setenta y dos horas que correrá a partir de la recepción de la comunicación del Presidente de la República por la Asamblea General. Si ésta no se reuniese dentro del plazo estipulado o, reuniéndose, no adoptase decisión, se entenderá que el voto de confianza ha sido otorgado.
Los Ministros cesarán en sus cargos por resolución del Presidente de la República, sin perjuicio de lo establecido en la Sección VIII.

Artículo 175.
El Presidente de la República podrá declarar, si así lo entendiere que el Consejo de Ministros carece de respaldo Parlamentario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, esa declaración lo facultará a sustituir uno o más Ministros.
Si así lo hiciere, el Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcialmente a los miembros no electivos de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, así como, en su caso, a los Directores Generales de estos últimos, no siendo estas sustituciones impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, deberá solicitar la venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo con el artículo 187, para designar a los nuevos Directores o, en su caso, Directores Generales. Obtenida la venia, podrá proceder a la sustitución.
Las facultades otorgadas en este artículo no podrán ser ejercidas durante el primer año del mandato del gobierno ni dentro de los doce meses anteriores a la asunción del gobierno siguiente.
Dichas facultades tampoco podrán ejercerse respecto de las autoridades de la Universidad de la República.

Artículo 176.
Para ser Ministro se necesitan las mismas calidades que para Senador.

Artículo 177.
Al iniciarse cada período legislativo, los Ministros darán cuenta sucinta a la Asamblea General, del estado de todo lo concerniente a sus respectivos Ministerios.

Artículo 178.
Los Ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes en lo que fuere pertinente.
No podrán ser acusados sino en la forma que señala el artículo 93 y, aun así sólo durante el ejercicio del cargo. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Representantes, el Ministro acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 179.
El Ministro o los Ministros serán responsables de los decretos y órdenes que firmen o expidan con el Presidente de la República, salvo el caso de resolución expresa del Consejo de Ministros en el que la responsabilidad será de los que acuerden la decisión, haciéndose efectiva de conformidad con los artículos 93,102 y 103.
Los Ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delitos aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Consejo de Ministros.

Artículo 180.
Los Ministros podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, de cada Cámara, de la Comisión Permanente y de sus respectivas comisiones internas, y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrán voto. Igual derecho tendrán los Subsecretarios de Estado, previa autorización del Ministro respectivo, salvo en las situaciones previstas en los artículos 119 y 147 en las que podrán asistir acompañando al Ministro. En todo caso, los Subsecretarios de Estado actuarán bajo la responsabilidad de los Ministros.

Artículo 181.
Son atribuciones de los Ministros, en sus respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Poder Ejecutivo:
1°) Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones.
2°) Preparar y someter a consideración superior los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen convenientes.
3°) Disponer, en los límites de su competencia, el pago de las deudas reconocidas del Estado.
4°) Conceder licencias a los empleados de su dependencia.
5°) Proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones.
6°) Vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer penas disciplinarias.
7°) Firmar y comunicar las resoluciones del Poder Ejecutivo.
8°) Ejercer las demás atribuciones que les cometan las leyes o las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160.
9°) Delegar a su vez por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes.

Artículo 182.
Las funciones de los Ministros y Subsecretarios serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

Artículo 183.
Cada Ministerio tendrá un Subsecretario que ingresará con el Ministro, a su propuesta, y cesará con él, salvo nueva designación.

Artículo 184.
En caso de licencia de un Ministro, el Presidente de la República designará a quien lo sustituya interinamente, debiendo recaer la designación en otro Ministro o en el Subsecretario de la respectiva Cartera.

SECCION XI.- DE LOS ENTES AUTONOMOS Y DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

 

CAPITULO I

Artículo 185.
Los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por Directorios o Directores Generales y tendrán el grado de descentralización que fijen la presente Constitución y las leyes que se dictaron con la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Los Directorios, cuando fueren rentados, se compondrán de tres o cinco miembros según lo establezca la ley en cada caso.
La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá determinar que los Servicios Descentralizados estén dirigidos por un Director General, designado según el procedimiento del artículo 187.En la concertación de convenios entre los Consejos o Directorios con Organismos Internacionales, Instituciones o Gobiernos extranjeros, el Poder Ejecutivo señalará los casos que requerirán su aprobación previa, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido en la Sección V.

Artículo 186.
Los servicios que a continuación se expresan: Correos y Telégrafos, Administraciones de Aduanas y Puertos y la Salud Pública no podrán ser descentralizados en forma de entes autónomos, aunque la ley podrá
concederles el grado de autonomía que sea compatible con el contralor del Poder Ejecutivo.

Artículo 187.
Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero.
Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.
La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de designación.

Artículo 188.
Para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara.
El aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado.
El Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre
consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes.
La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Artículo 189.
Para crear nuevos Entes Autónomos y para suprimir los existentes, se requerirán los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.
Laley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá declarar electiva la designación de los miembros de los Directorios, determinando en cada caso las personas o los Cuerpos interesados en el servicio, que han de efectuar esa elección.

Artículo 190.
Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.

Artículo 191.
Los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera. La ley fijará la norma y número anual de los mismos y todos deberán llevar la visación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 192.
Los miembros de los Directorios o Directores Generales cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos.
Las vacancias definitivas se llenarán por el procedimiento establecido para la provisión inicial de los cargos respectivos, pero la ley podrá establecer que, conjuntamente con los titulares de los cargos electivos, se elijan suplentes que los reemplazarán en caso de vacancia temporal o definitiva.
La ley, dictada por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, regulará lo correspondiente a las vacancias temporales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior.
Podrán ser reelectos o designados para otro Directorio o Dirección General siempre que su gestión no haya merecido observación del Tribunal de Cuentas, emitida por lo menos por cuatro votos conformes de sus miembros.

Artículo 193.
Los Directorios o Directores Generales cesantes, deberán rendir cuentas de su gestión al Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XIII.

Artículo 194.
Las decisiones definitivas de los Entes Autónomos, sólo darán lugar a recursos o acciones ante el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo o el Poder Judicial, según lo disponga esta Constitución o las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 197 y 198.

Artículo 195.
Créase el Banco de Previsión Social, con carácter de ente autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de las normas que establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un año. Sus directores no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese, siendo de aplicación para el caso lo dispuesto por el artículo 201, inciso tercero.

Artículo 196.
Habrá un Banco Central de la República, que estará organizado como ente autónomo y tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley aprobada con el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

Artículo 197.
Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los
actos observados.
En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva
resolverá. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198.

Artículo 198.
Lo dispuesto en el artículo precedente es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan.
Si la Cámara de Senadores, no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.
Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de Directorios o Directores Generales cuya venia de destitución se solicita, con miembros de Directorios o Directores Generales de otros Entes, con carácter interino y hasta que se produzca el pronunciamiento del Senado.
Las destituciones y remociones previstas en este artículo y en el anterior, no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 199.
Para modificar la Carta Orgánica de los Bancos del Estado, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.

Artículo 200.
Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los Consejeros o Directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos como catedráticos o profesores y designados para desempeñar el cargo de Decano o funciones docentes honorarias.
La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni
remuneración fija.
Tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se
relacionen con la Institución a que pertenecen.
Las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan a las funciones docentes.

Artículo 201.
Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección.
En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones.
Los Organismos Electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito.

CAPITULO II

Artículo 202.
La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos.
Los demás servicios docentes del Estado, también estarán a cargo de Consejos Directivos Autónomos, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.
Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias. Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan.
La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza.

Artículo 203.
Los Consejos Directivos de los servicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de -sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley sancionada por la mayoría determinada en el inciso anterior.

Artículo 204.
Los Consejos Directivos tendrán los cometidos y atribuciones que determinará la ley sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
Dichos Consejos establecerán el Estatuto de sus funcionarios de conformidad con las bases contenidas en los artículos 58 a 61 y las reglas fundamentales que establezca la ley, respetando la especialización del Ente.

Artículo 205.
Serán aplicables, en lo pertinente, a los distintos servicios de enseñanza, los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198 (incisos 1 y 2), 200 y 201.

SECCION XII.- DEL CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

CAPITULO UNICO

Artículo 206.
La ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. La ley indicará la forma de constitución y funciones del mismo.

Artículo 207.
El Consejo de Economía Nacional se dirigirá a los Poderes Públicos por escrito, pero podrá hacer sostener sus puntos de vista ante las Comisiones Legislativas, por uno o más de sus miembros.

SECCION XIII.- DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

CAPITULO UNICO

Artículo 208.
El Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros que deberán reunir las mismas calidades exigidas para ser Senador.
Serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Regirán a su respecto las incompatibilidades establecidas en los artículos 122, 123, 124 y 125.
Sus miembros cesarán en sus funciones cuando la Asamblea General, que sustituya a la que los designó, efectúe los nombramientos para el nuevo período.
Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares.

Artículo 209.
Los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables, ante la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. La Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes.

Artículo 210.
El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley, que proyectará el mismo Tribunal.
También podrá atribuírsele por ley, funciones no especificadas en esta Sección.

Artículo 211.
Compete al Tribunal de Cuentas:
A) Dictaminar e informar en materia de presupuestos.
B) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladores que establecerá la ley y al sólo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto.
Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos.
En los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el cometido a que se refiere este inciso podrá ser ejercido con las mismas ulterioridades, por intermedio de los respectivos contadores o funcionarios que hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la superintendencia del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo que disponga la ley, la cual podrá hacer extensiva esta regla a otros servicios públicos con administración de fondos.
C) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de los los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.
D) Presentar a la Asamblea General la memoria anual relativa a la rendición de cuentas establecida en el inciso anterior.
E) Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.
F) Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza.
G) Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder Ejecutivo, para ser incluidos en los presupuestos respectivos. El Poder Ejecutivo, con las modificaciones que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo,
estándose a su resolución.

Artículo 212.
El Tribunal de Cuentas tendrá superintendencia en todo lo que corresponda a sus cometidos y con sujeción a lo que establezca su Ley Orgánica, sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, pudiendo proponer, a quien corresponda, las reformas que creyere convenientes.

Artículo 213.
El Tribunal de Cuentas presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, el que lo elevará al Poder Legislativo con las observaciones que le mereciera. Dicho proyecto comprenderá las normas reguladoras de la administración financiera y económica y especialmente la organización de los servicios de contabilidad y recaudación; requisitos con fines de contralor, para la adquisición y enajenación de bienes y contratación que afecten a la Hacienda Pública; para hacer efectiva la intervención preventiva en los ingresos, gastos y pagos; y las responsabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcionarios que intervienen en la gestión del patrimonio del Estado.

SECCION XIV.- DE LA HACIENDA PUBLICA

CAPITULO I

Artículo 214.
El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que regirá para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
El Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá:
A) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa.
B) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa.
C) Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos Departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial referida en el
artículo 230, asesorará; sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no compartiere su opinión,
igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislativo.
Los Gobiernos Departamentales remitirán al Poder Legislativo, dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, una rendición de cuentas de los recursos recibidos por aplicación de este literal, con indicación
precisa de los montos y de los destinos aplicados.
D) Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto.
Los apartados precedentes podrán ser objeto de leyes separadas en razón de la materia que comprendan. El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que, coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.

Artículo 215.
El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.

Artículo 216.
Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprenda los Gastos Ordinarios permanentes de la Administración cuya revisión periódica no sea indispensable.
No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.
Todos los proyectos de presupuestos serán elevados a quien corresponda para su consideración y aprobación, en forma comparativa con los presupuestos vigentes.

CAPITULO II

Artículo 217.
Cada Cámara deberá pronunciarse sobre los proyectos de presupuestos o leyes de Rendición de Cuentas dentro del término de cuarenta y cinco días de recibidos.
De no haber pronunciamiento en este término el o los proyectos se considerarán rechazados.

Artículo 218.
Cuando el proyecto aprobado por una de las Cámaras, fuera modificado por la otra Cámara, la Cámara que originariamente lo aprobó deberá pronunciarse sobre las modificaciones dentro de los quince días siguientes, transcurridos los cuales o rechazadas las modificaciones el proyecto pasará a la Asamblea General.
La Asamblea General deberá pronunciarse dentro de los quince días siguientes.
Si la Asamblea General no se pronunciara dentro de este término los proyectos se tendrán por rechazados.

Artículo 219.
Sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos en el caso exclusivo del Proyecto de Presupuesto Nacional y sólo dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada Cámara.

CAPITULO III

Artículo 220.
El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo
siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo.

Artículo 221.
Los presupuestos de los Entes Industriales o Comerciales del Estado serán proyectados por cada uno de éstos y elevados al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas cinco meses antes del comienzo de cada ejercicio, con excepción del siguiente al año electoral, en que podrán ser presentados en cualquier momento.
El Tribunal de Cuentas dictaminará dentro de los treinta días de recibidos.
El Poder Ejecutivo con asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá observarlo y, en este caso, así como en el que mediasen observaciones del Tribunal de Cuentas lo devolverá al Ente respectivo.
Si el Ente aceptase las observaciones del Poder Ejecutivo y el dictamen del Tribunal de Cuentas, devolverá los antecedentes al Poder Ejecutivo para la aprobación del presupuesto y su inclusión con fines informativos
en el Presupuesto Nacional.
No mediando la conformidad establecida en el inciso anterior, los proyectos de presupuestos se remitirán a la Asamblea General, con agregación de antecedentes.
La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, resolverá en cuanto a las discrepancias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 215, por el voto de los dos tercios del total de sus componentes. Si no resolviera dentro del término de cuarenta días se tendrá por aprobado el presupuesto, con las observaciones del Poder Ejecutivo.
El dictamen del Tribunal de Cuentas requiere el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros.
La ley fijará, previo informe de los referidos Entes y del Tribunal de Cuentas y la opinión del Poder Ejecutivo emitida con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los porcentajes que cada Ente podrá destinar a sueldos y gastos de dirección y de administración.

CAPITULO IV

Artículo 222.
Se aplicarán al Presupuesto Departamental, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 86, 133, 214, 215, 216 y 219.

Artículo 223.
Cada Intendente proyectará el Presupuesto Departamental que regirá para su período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros meses del ejercicio de
su mandato.

Artículo 224.
Las Juntas Departamentales considerarán los proyectos de presupuesto preparados por los Intendentes dentro de los cuatro meses de su presentación.

Artículo 225.
Las Juntas Departamentales sólo podrán modificar los proyectos de presupuestos para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran éstas, sancionará definitivamente el presupuesto.
En ningún caso la Junta podrá introducir otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal. Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado.

Artículo 226.
Vencido el término establecido en el artículo 224 sin que la Junta Departamental hubiese tomado resolución definitiva, se considerará rechazado el proyecto de presupuesto remitido por el Intendente.

Artículo 227.
Los presupuestos departamentales declarados vigentes, se comunicarán al Poder Ejecutivo para su inclusión, a título informativo, en los presupuestos respectivos y al Tribunal de Cuentas con instrucción a éste de los antecedentes relativos a sus observaciones, cuando las hubiere.

CAPITULO V

Artículo 228.
La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a Hacienda Pública, será de cargo del Tribunal de cuentas.
Mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes.

Artículo 229.
El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, con excepción de las asignaciones a que se refieren los artículos 117, 154 y 295.

CAPITULO VI

Artículo 230.
Habrá una Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dependerá directamente de la Presidencia de la República. Estará dirigida por una Comisión integrada con representantes de los Ministros vinculados al desarrollo y por un Director designado por el Presidente de la República que la presidirá.
El Director deberá reunir las condiciones necesarias para ser Ministro y ser persona de reconocida competencia en la materia. Su cargo será de particular confianza del Presidente de la República.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se comunicará directamente con los Ministerios y Organismos Públicos para el cumplimiento de sus funciones.
Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas.
La Oficina de Planeamiento y presupuesto, asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de los Planes y Programas de Desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización que serán ejecutadas:
A) Por el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, respecto de sus correspondientes cometidos.
B) Por los Gobiernos Departamentales respecto de los cometidos que les asignen la Constitución y la Ley. A estos efectos se formará una Comisión Sectorial que estará exclusivamente integrada por delegados del Congreso de Intendentes y de los Ministros competentes, la que propondrá planes de descentralización que previa aprobación por el Poder Ejecutivo, se aplicarán por los organismos que corresponda. Sin perjuicio de ello, la Ley podrá establecer el número de los integrantes, los cometidos y atribuciones de esta Comisión así como reglamentar su funcionamiento.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tendrá además los cometidos que por otras disposiciones se le asignen expresamente así como los que la ley determine.

Artículo 231.
La ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara podrá disponer expropiaciones correspondientes a planes y programas de desarrollo económico, propuestas por el Poder Ejecutivo,
mediante una justa indemnización y conforme a las normas del artículo 32.

Artículo 232.
Dicha indemnización podrá no ser previa, pero en ese caso la ley deberá establecer expresamente los recursos necesarios para asegurar su pago total en el término establecido, que nunca superará los diez años; la entidad expropiante no podrá tomar posesión del bien sin antes haber pagado efectivamente por lo menos la cuarta parte del total de la indemnización.
Los pequeños propietarios, cuyas características determinará la ley,recibirán siempre el total de la indemnización previamente a la toma de posesión del bien.

SECCION XV.- DEL PODER JUDICIAL

CAPITULO I4

Artículo 233.
El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que estableciere la ley.

CAPITULO II

Artículo 234.
La Suprema Corte de Justicia se compondrá de cinco miembros.

Artículo 235.
Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia se requiere:
1°) Cuarenta años cumplidos de edad.
2°) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país.
3°) Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.

Artículo 236.
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal.
En los casos de vacancia y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento, para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.

Artículo 237.
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos sin perjuicio de lo que dispone el artículo 250 y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección.

Artículo 238.
Su dotación será fijada por el Poder Legislativo.

CAPITULO III

Artículo 239.
A la Suprema Corte de Justicia corresponde:
1°) Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuye a la Suprema Corte jurisdicción originaria será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios, que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivada con referencias expresas a la ley que se aplique.
2°) Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial.
3°) Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos respectivos, acompañados de las modificaciones que estime pertinentes.
4°) Con aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso con la de la Comisión Permanente, nombrar los ciudadanos que han decomponer los Tribunales de Apelaciones, ciñendo su designación a los siguientes requisitos:
a) Al voto conforme de tres de sus miembros, para candidatos que pertenezcan a la Judicatura o al Ministerio Público, y
b) al voto conforme de cuatro, para candidatos que no tengan las calidades del párrafo anterior.
5°) Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte.
Estos nombramientos tendrán carácter de definitivos desde el momento en que se produzcan, cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz, en destinos que deban ser desempeñados por abogados.
Si los mismos funcionarios tuviesen menor antigüedad en sus respectivos cargos serán considerados con carácter de Jueces Letrados interinos, por un período de dos años, a contar desde la fecha de nombramiento, y por el mismo tiempo tendrán ese carácter los ciudadanos que recién ingresen a la Magistratura.
Durante el período de interinato, la Suprema Corte podrá remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría absoluta del total de sus miembros. Vencido el término del interinato, el nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho.
6°) Nombrar a los Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz por mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte de Justicia.
7°) Nombrar, promover y destituir por sí, mediante el voto conforme de cuatro de sus componentes, los empleados del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 66, en lo que corresponda.
8°) Cumplir los demás cometidos que le señale la ley.

Artículo 240.
En el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros Poderes del Estado, y su Presidente estará facultado para concurrir a las comisiones parlamentarias, para que con voz y sin voto, participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos que interesen a la Administración de Justicia, pudiendo promover en ellas el andamiento de proyectos de reforma judicial y de los Códigos de Procedimientos.

CAPITULO IV

Artículo 241.
Habrá los Tribunales de Apelaciones que la ley determine y con las atribuciones que ésta les fije. Cada uno de ellos se compondrá de tres miembros.

Artículo 242.
Para ser miembro de un Tribunal de Apelaciones, se requiere:
1°) Treinta y cinco años cumplidos de edad.
2°) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio.
3°) Ser abogado con ocho años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de seis años.

Artículo 243.
Los miembros de los Tribunales de Apelaciones durarán en sus cargos por todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite dispuesto por el artículo 250.

CAPITULO V

Artículo 244.
La ley fijará el número de Juzgados Letrados de la República, atendiendo a las exigencias de la más pronta y fácil administración de Justicia, y señalará los lugares de sede de cada uno de ellos, sus atribuciones y el modo de ejercerlas.

Artículo 245.
Para ser Juez Letrado, se requiere:
1°) Veintiocho años cumplidos de edad.
2°) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cuatro años de ejercicio.
3°) Ser abogado con cuatro años de antigüedad o haber pertenecido con esa calidad por espacio de dos años al Ministerio Público o Fiscal o a la Justicia de Paz.

Artículo 246.
Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los siguientes requisitos:
1°) Al voto conforme de tres de los miembros de la Suprema Corte en favor del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración, o de ambos extremos, con respecto al anterior.
2°) Al voto conforme de cuatro de sus miembros en favor del traslado, si el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, o de ambos extremos, con respecto al anterior.

CAPITULO VI

Artículo 247.
Para ser Juez de Paz se requiere:
1°) Veinticinco años cumplidos de edad.
2°) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.
A las calidades enunciadas, se deberán agregar la de abogado para ser Juez de Paz en el departamento de Montevideo y la de abogado o escribano público para serlo en las Capitales y ciudades de los demás departamentos y en cualquiera otra población de la República, cuyo movimiento judicial así lo exija, a juicio de la Suprema Corte.

Artículo 248.
En la República habrá tantos Juzgados de Paz cuantas sean las secciones judiciales en que se divida el territorio de los departamentos.

Artículo 249.
Los Jueces de Paz durarán cuatro años en el cargo y podrán ser removidos en cualquier tiempo, si así conviene a los fines del mejor servicio público.

CAPITULO VII

Artículo 250.
Todo miembro del Poder Judicial cesará en el cargo al cumplir setenta años de edad.

Artículo 251.
Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria permanente, excepto aquellas especialmente conexas con la judicial.
Para desempeñar cualquiera de estas funciones se requerirá previamente la autorización de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.

Artículo 252.
A los Magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los despachos y oficinas internas de la Suprema Corte, Tribunales y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en cuanto se manifieste. Cesa la prohibición, únicamente cuando se trate de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos y ascendientes.
En lo que se refiere al personal de los despachos y oficinas, se estará, además, a las excepciones que la ley establezca.
La ley podrá también instituir prohibiciones particulares para los funcionarios o empleados de las dependencias no aludidas por el apartado primero de este artículo.

CAPITULO VIII

Artículo 253.
La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra.
Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria.

Artículo 254.
La justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley.
En los pleitos en que tal declaración se hubiere hecho a favor del demandante, el demandado gozará del mismo beneficio hasta la sentencia definitiva, la cual lo consolidará si declara la ligereza culpable del demandante en el ejercicio de su acción.

Artículo 255.
No se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha tentado la conciliación ante la Justicia de Paz, salvo las excepciones que estableciere la ley.

CAPITULO IX

Artículo 256.
Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 257.
A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

Artículo 258.
La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:
1°) Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia.
2°) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial.
El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su
inaplicabilidad, antes de dictar resolución.
En este caso y en el previsto por el numeral 2°), se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 259.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.

Artículo 260.
Los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción, podrán también ser declarados inconstitucionales, con sujeción a lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 261.
La ley reglamentará los procedimientos pertinentes.

SECCION XVI.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS DEPARTAMENTOS

CAPITULO I

Artículo 262.
El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada
departamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección.
Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.
La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 273 y 275.
El Intendente, con acuerdo de la Junta Departamental, podrá delegar en las autoridades locales la ejecución de determinados cometidos, en sus respectivas circunscripciones territoriales.
Los Gobiernos Departamentales podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo así como con los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, la organización y la prestación de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma regional o interdepartamental.
Habrá un Congreso de Intendentes, integrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales. El Congreso, que también podrá celebrar los convenios a que refiere el inciso precedente, se comunicará directamente con los Poderes del gobierno.

Artículo 263.
Las Juntas Departamentales se compondrán de treinta y un miembros.

Artículo 264.
Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá dieciocho años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos.

Artículo 265.
Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes.

Artículo 266.
Los Intendentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renuncien con tres meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones.

Artículo 267.
Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes de la fecha de toma de posesión por lo menos.

Artículo 268.
Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal.
Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del período de gobierno en transcurso.
Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental – siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267 – y en su defecto por los
Vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones.
Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente electo o fuese anulada la elección departamental quedará prorrogado el período del Intendente cesante, hasta que se efectúe la transmisión del mando.

Artículo 269.
La ley sancionada con el voto de dos tercios del total de los componentes de cada Cámara podrá modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales.

CAPITULO II

Artículo 270.
Las Juntas Departamentales y los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo, con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio establece la Sección III.

Artículo 271.
Los partidos políticos seleccionarán sus candidatos a Intendente mediante elecciones internas que reglamentará la Ley sancionada por el voto de los dos tercios de componentes de cada Cámara.
Para la elección de Intendente Municipal se acumularán por lema los votos en favor de cada partido político, quedando prohibida la acumulación por sublema.
Corresponderá el cargo de Intendente Municipal al candidato de la lista más votada del partido político más votado.
La Ley, sancionada por la mayoría estipulada en el primer inciso, podrá establecer que cada partido presentará una candidatura única para la Intendencia Municipal.

Artículo 272.
Los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se distribuirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que serán distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas.
Los demás cargos serán distribuidos por el sistema de la representación proporcional integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior.

CAPITULO III

Artículo 273.
La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental.
Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento.
Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales:
1°) Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesarios, dentro de su competencia.
2°) Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el Intendente, conforme a lo dispuesto en la Sección XIV.
3°) Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.
4°) Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración
Departamental. El requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de componentes de la Junta.
5°) Destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas.
6°) Sancionar, por tres quintos del total de sus componentes, dentro de los doce primeros meses de cada período de Gobierno, su Presupuesto de Sueldos y Gastos y remitirlo al Intendente para que lo incluya en el
Presupuesto respectivo.
Dentro de los cinco primeros meses de cada año podrán establecer, por tres quintos de votos del total de sus componentes, las modificaciones que estimen indispensables en su Presupuesto de Sueldos y Gastos.
7°) Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los antecedentes a la Justicia.
8°) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.
9°) Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales.
10) Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule.
11) Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales.

CAPITULO IV

Artículo 274.
Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental.

Artículo 275.
Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:

1°) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.

2°) Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportuno para su cumplimiento.

3°) Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV.

4°) Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y contribuciones, fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios.

5°) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito, pasará, además, los antecedentes a la Justicia.

6°) Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar los que aquélla sancione dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la sanción.

7°) Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta Departamental.

8°) Designar los miembros de la Juntas Locales, con anuencia de la Junta Departamental.

9°) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento.

Artículo 276.
Corresponde al Intendente representar al departamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados.

CAPITULO V

Artículo 277.
El Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fijados.
El Secretario será nombrado por cada Intendente y cesará con él, salvo nueva designación, pudiendo ser removido o reemplazado transitoriamente en cualquier momento.

Artículo 278.
El Intendente podrá atribuir a comisiones especiales la realización de cometidos específicos, delegando las facultades necesarias para su cumplimiento.

Artículo 279.
El Intendente determinará la competencia de las direcciones generales de departamento y podrá modificar su denominación.

Artículo 280.
Los directores generales de departamento ejercerán los cometidos que el Intendente expresamente delegue en ellos.

CAPITULO VI

Artículo 281.
Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal.
Este podrá observar aquéllos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia.
Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales.
No podrán ser observados los presupuestos que hayan llegado a la Asamblea General por el trámite establecido en el artículo 225.

Artículo 282.
El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y de sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto.

Artículo 283.
Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del departamento, en la forma que establezca la ley.

Artículo 284.
Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.

Artículo 285.
La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva.
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo anterior.

Artículo 286.
La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su
dependencia, a facilitar los datos solicitados.

CAPITULO VII

Artículo 287.
El número de miembros de las autoridades locales, que podrán ser unipersonales o pluripersonales, su forma de integración en este último caso, así como las calidades exigidas para ser titular de las mismas, serán establecidos por la ley.
Los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales no podrán integrar las autoridades locales.

Artículo 288.
La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas.

CAPITULO VIII

Artículo 289.
Es incompatible, el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental.

Artículo 290.
No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de los Gobiernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el Gobierno Departamental.
No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos, los funcionarios comprendidos en el inciso 4° del artículo 77.

Artículo 291.
Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, tampoco podrán durante su mandato:
1°) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo.
2°) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.

Artículo 292.
La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo.

Artículo 293.
Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.

Artículo 294.
Los cargos de Intendente y de miembros de Junta Departamental, son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.

CAPITULO IX

Artículo 295.
Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios.
Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos.

Artículo 296.
Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93.
La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes.

CAPITULO X

Artículo 297.
Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:

1°) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental.

2°) El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada en las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados.

3°) Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artículo.

4°) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles beneficiados por obras públicas departamentales.

5°) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo de las empresas concesionarias de servicios exclusivamente departamentales.

6°) Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte.

7°)Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, cultural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.

8°) Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que ésta determine.

9°) Los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que se efectúen apuestas mutuas, con excepción de los establecidos por ley, mientras no sean derogados.

10) El producido de las multas:
a) que el Gobierno Departamental haya establecido mientras no sean derogadas, o estableciere según sus facultades;
b) que las leyes vigentes hayan establecido con destino a los Gobiernos Departamentales;
c) que se establecieran por nuevas leyes, con destino a los Gobiernos Departamentales.

11) Las rentas de los bienes de propiedad del Gobierno Departamental y el producto de las ventas de éstos.

12) Las donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptaren.

13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de los recursos del Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presupuestal.

Artículo 298.
La ley, que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo y por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, podrá:
1. Sin recurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los tributos departamentales, así como ampliar las fuentes sobre las cuales éstos podrán recaer.
2. Destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo. Con su producido se formará un fondo presupuestal, afectado al financiamiento de los programas y planes a que refiere el inciso quinto del artículo 230. Dicha alícuota deberá ser propuesta preceptivamente en el Presupuesto Nacional.
3. Exonerar temporariamente de tributos nacionales, así como rebajar sus alícuotas, a las empresas que se instalaren en el interior del país.

Artículo 299.
Los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios, sino después de diez días de publicados en el «Diario Oficial», y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una sección especial. Deberán publicarse, además, por lo menos, en dos periódicos del departamento.

Artículo 300.
El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de publicados en el «Diario Oficial», fundándose en razones de interés general, los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.

Artículo 301.
Los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública Departamental, ni concertar préstamos ni empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuencia del Poder Legislativo, otorgada por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de un término de sesenta días, pasado el cual se entenderá acordada dicha anuencia.
Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental.

Artículo 302.
Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.

CAPITULO XI

Artículo 303.
Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.

CAPITULO XII

Artículo 304.
La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.
También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.

Artículo 305.
El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción.

Artículo 306.
La fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e Intendentes Municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones.

SECCION XVII.- DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I

Artículo 307.
Habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que estará compuesto de cinco miembros.
En los casos de vacancias y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento para el cumplimiento de su función jurisdiccional, se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.

Artículo 308.
Las calidades necesarias para ser miembro de este Tribunal, la forma de su designación, las prohibiciones e incompatibilidades, la dotación y duración del cargo, serán las determinadas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO II

Artículo 309.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.
La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.
La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.

Artículo 310.
El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.
Para dictar resolución, deberán concurrir todos los miembros del Tribunal, pero bastará la simple mayoría para declarar la nulidad del acto impugnado por lesión de un derecho subjetivo.
En los demás casos, para pronunciar la nulidad del acto, se requerirán cuatro votos conformes. Sin embargo, el Tribunal reservará a la parte demandante, la acción de reparación, si tres votos conformes declaran
suficientemente justificada la causal de nulidad invocada.

Artículo 311.
Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.
Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos.

Artículo 312.
La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que se refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare.
El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.
En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación.

Artículo 313.
El Tribunal entenderá, además, en las contiendas de competencia fundadas en la legislación y en las diferencias que se susciten entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y, también, en las contiendas o diferencias entre uno y otro de estos órganos.
También entenderá en las contiendas o diferencias que se produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o Consejos de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de la voluntad del órgano.
De toda contienda fundada en la Constitución entenderá la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO III

Artículo 314.
Habrá un Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, nombrado por el Poder Ejecutivo.
Las calidades necesarias para desempeñar este cargo, las prohibiciones e incompatibilidades, así como la duración y dotación, serán las determinadas para los miembros del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo.

Artículo 315.
El Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo será necesariamente oído, en último término, en todos los asuntos de la jurisdicción del Tribunal.
El Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo es independiente en el ejercicio de sus funciones. Puede, en consecuencia, dictaminar según su convicción, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a derecho.

Artículo 316.
La autoridad demandada podrá hacerse representar o asesorar por quien crea conveniente.

CAPITULO IV

Artículo 317.
Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el «Diario Oficial».
Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.
Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.
Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley.

Artículo 318.
Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable.
Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

Artículo 319.
La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes.
La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que en cada caso determine la ley.

CAPITULO V

Artículo 320.
La ley podrá, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, crear órganos inferiores dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.
Estos órganos serán designados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo que disponga la ley sobre la base de las disposiciones que se establecen para el Poder Judicial y estarán sometidos a su superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica.

Artículo 321.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo proyectará sus presupuestos y los remitirá, en su oportunidad, al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los respectivos proyectos de presupuestos, acompañándolos de las modificaciones que estime pertinentes.

SECCION XVIII.- DE LA JUSTICIA ELECTORAL

CAPITULO UNICO

Artículo 322.
Habrá una Corte Electoral que tendrá las siguientes facultades, además de las que se establecen en la Sección III y las que le señale la ley:
A) Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.
B) Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales.
C) Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum.

Artículo 323.
En materia presupuestal y financiera, se estará lo que se dispone en la Sección XIV.

Artículo 324.
La Corte Electoral se compondrá de nueve titulares que tendrán doble número de suplentes. Cinco titulares y sus suplentes serán designados por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad.
Los cuatro titulares restantes, representantes de los Partidos, serán elegidos por la Asamblea General, por doble voto simultáneo de acuerdo a un sistema de representación proporcional.

Artículo 325.
Los miembros de la Corte Electoral no podrán ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el Cuerpo Electoral, salvo que renuncien y cesen en sus funciones por lo menos seis meses antes de la fecha de aquélla.

Artículo 326.
Las resoluciones de la Corte Electoral se adoptarán por mayoría de votos y deberán contar, para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de tres de los cinco miembros a que se refiere el inciso 1° del artículo 324, salvo que se adopten por dos tercios de votos del total de sus componentes.

Artículo 327.
La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos
tercios de votos de la Asamblea General.
En tal caso deberá convocar a una nueva elección – total o parcial – la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de nulidad.

Artículo 328.
La Corte Electoral se comunicará directamente con los Poderes Públicos.

SECCION XIX.- DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ANTERIORES. DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA REFORMA DE LA PRESENTE CONSTITUCION

CAPITULO I

Artículo 329.
Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo.

CAPITULO II

Artículo 330.

El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación.

CAPITULO III

Artículo 331.
La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:

A) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.
La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa popular.

B) Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice.
Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y B), se requerirá que vote por «SI» la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el
treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

C) Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General.
El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades.
Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de una Convención Nacional Constituyente que
deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la Convención.
El número de convencionales será doble del de Legisladores.
Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de convencionales.
Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, serán las que rijan para los Representantes.
Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma.
Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, contado desde la fecha de su instalación. El proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa publicación.
El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, en la fecha que indicará la Convención Nacional Constituyente.
Los votantes se expresarán por «Sí» o por «No» y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
En los casos de los apartados A) y B) sólo se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que hubieran sido presentados con seis meses de anticipación – por lo menos – a la fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes.

D) La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura. Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General.

E) Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, en los casos de los apartados A), B), C) y D) coincidiera con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con independencia de las listas de elección.
Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la
decisión plebiscitaria.

CAPITULO IV

Artículo 332.
Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

A) Si el plebiscito fuera proclamado afirmativo, por resolución firme de la Corte Electoral, la presente reforma entrará en vigor con fuerza obligatoria, a partir de ese momento.

B) Las disposiciones contenidas en las Secciones VIII, IX, X, XI y XVI, entrarán a regir el 1° de marzo de 1967.

C) Las listas de candidatos para las Juntas Electorales, creadas por la ley nº 7.690, de 9 de enero de 1924, se incluirán en la misma hoja de votación en que figuren candidatos a cargos nacionales.

D) La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de los quince días siguientes a la iniciación de la próxima legislatura, procederá a fijar las asignaciones que percibirán el Presidente, el Vicepresidente de la República y los Intendentes Municipales que resultaren electos de acuerdo con este proyecto de reforma constitucional.

E) Créanse los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte, Comunicaciones y Turismo, que tendrán competencia sobre las materias indicadas.
Los actuales Ministerios de Instrucción Pública y Previsión Social y de Industrias y Trabajo se transformarán, respectivamente en Ministerio de Cultura y Ministerio de Industria y Comercio.
La Comisión Nacional de Turismo, la Dirección Gral. de Correos, la Dirección Gral. de Telecomunicaciones, la Dirección General de Aviación Civil del Uruguay y la Dirección General de Meteorología del Uruguay, pasarán a depender, en calidad de servicios centralizados, del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá delegarles, bajo su responsabilidad y por decreto fundado, las competencias que estime necesarias para asegurar la eficacia y continuidad del cumplimiento de los servicios.
Facúltase al Poder Ejecutivo para tomar de Rentas Generales las cantidades necesarias para la instalación y funcionamiento de los referidos Ministerios, hasta que la ley sancione sus presupuestos de sueldos, gastos e inversiones.

F) Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que se indican, mientras no se dicten las leyes previstas para su integración, serán administrados:
1°) El Banco Central de la República; el Banco de la República Oriental del Uruguay; el Banco de Seguros del Estado; el Banco Hipotecario del Uruguay; la Administración General de las Usinas Eléctricas y los
Teléfonos del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y la Administración Nacional de Puertos, por Directorios de cinco miembros designados en la forma indicada en el artículo 187.
2°) La Administración de las Obras Sanitarias del Estado y la Administración de los Ferrocarriles del Estado, por Directorios de tres miembros designados en la forma prevista en el artículo 187.
3°) El Servicio Oceanográfico y de Pesca y las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, por Directores Generales designados en la forma indicada en el artículo 187.

G) Un Directorio integrado en la forma que se indica seguidamente, regirá el Instituto Nacional de Colonización:
a) Un Presidente designado por el Poder Ejecutivo en la forma prevista en el artículo 187;
b) Un delegado del Ministerio de Ganadería y Agricultura;
c) Un delegado del Ministerio de Hacienda;
d) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que deberá elegirlo de una lista integrada con dos candidatos propuestos por la Universidad de la República y dos candidatos propuestos por la Universidad del Trabajo
del Uruguay; y
e) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que deberá elegirlo de entre los candidatos propuestos por las organizaciones nacionales de productores, las cooperativas agropecuarias y las sociedades de fomento rural, cada una de las cuales tendrá derecho a proponer un candidato.

H) A partir del 1° de marzo de 1967, y hasta tanto la ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada una de las Cámaras, establezca la integración del Directorio del Banco Central de la República y sus competencias, este organismo, estará integrado en la forma indicada en el apartado 1° de la Cláusula F) de estas Disposiciones Transitorias, y tendrá los cometidos y atribuciones que actualmente corresponden al Departamento de Emisión del Banco de la República.

I) Las disposiciones de la Sección XVII se aplicarán a los actos administrativos cumplidos o ejecutados a partir del 1° de marzo de 1952.
Los actos administrativos anteriores a esa fecha podrán ser impugnados, o seguirán el trámite en curso, de conformidad con el régimen en vigor a la fecha de cumplimiento de esos actos. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que atribuyen competencias a los órganos de la justicia ordinaria para conocer en primera o ulterior instancia, en asuntos sometidos a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

J) En tanto no se promulgue la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo:
1°) Se regirá en su integración y funcionamiento, en cuanto sea aplicable, por la Ley nº 3.246, de 28 de octubre de 1907 y las leyes modificativas y complementarias.
2°) El procedimiento ante el mismo será el establecido en el Código de Procedimiento Civil para los juicios ordinarios de menor cuantía.
3°) Deberá dictar sus decisiones dentro del término establecido a ese efecto para la Suprema Corte de Justicia por las Leyes nº 9.594, de 12 de setiembre de 1936 y nº 13.355, de 17 de agosto de 1965; y el
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo deberá expedirse dentro del término establecido por la misma ley para el Fiscal de Corte. Las decisiones del Tribunal serán susceptibles de ampliación o de aclaración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 486 y 487 del Código de Procedimiento Civil.
4°) Los órganos de la Justicia ordinaria remitirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo copia testimoniada de las sentencias que dictaron con motivo del ejercicio de la acción de reparación prevista en el artículo 312. Los representantes de la parte demandada remitirán igualmente copia testimoniada de esas sentencias al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.
5°) La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que, en cada caso, establecen las leyes hasta ahora vigentes, para recurrir ante la autoridad judicial. En los casos no
previstos expresamente, el término será de sesenta días a contar del día siguiente al de la notificación personal del acto administrativo definitivo, si correspondiere, o de su publicación en el «Diario Oficial» o del de
expiración del plazo que tiene la autoridad para dictar la correspondiente providencia.

K) La disposición del artículo 247 no será aplicable para los Jueces de Paz en funciones al tiempo de sancionarse la presente Constitución, los que también podrán ser reelectos por más de una vez aun cuando no
concurran las calidades que expresa el apartado final de dicho artículo.

L) La opción a que refiere el artículo 312, sólo podrá ejercitarse respecto de los actos administrativos dictados a partir de la vigencia de esta reforma.

M) Las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, la de la Industria y Comercio y la de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, estarán regidas por el Directorio del Banco de
Previsión Social, que se integrará en la siguiente forma:
a) cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, en la forma prevista en el artículo 187, uno de los cuales lo presidirá;
b) uno electo por los afiliados activos;
c) uno electo por los afiliados pasivos;
d) uno electo por las empresas contribuyentes.
Mientras no se realicen las elecciones de los representantes de los afiliados en el Directorio del Banco de Previsión Social, éste estará integrado por los miembros designados por el Poder Ejecutivo y en ese lapso el voto del Presidente del Directorio será decisivo en caso de empate, aun cuando éste se hubiere producido por efecto de su propio voto.

N) Mientras no se dicte la Ley prevista para su integración, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal estará integrado por cinco miembros, tres de los cuales por lo menos deberán ser maestros con más de diez años de antigüedad, designados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo previsto en el artículo 187.

O) La Comisión de Planeamiento y Presupuesto estará integrada por los Ministros de: Hacienda; Ganadería y Agricultura; Industria y Comercio; Trabajo y Seguridad Social; Obras Públicas; Salud Pública; Transporte,
Comunicaciones y Turismo, y Cultura, o sus representantes y el director de la oficina, que la presidirá. Se instalará de inmediato, con los cometidos, útiles, mobiliario y personal de la actual Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico.

P) El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de precios, el Directorio del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, la Comisión Nacional de Educación Física y el Consejo Directivo del Servicio Oficial
de Difusión Radio Eléctrica, estarán integrados por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros.

Q) Todos los directorios y autoridades cuya forma de integración se modifica por estas enmiendas, continuarán en funciones hasta que estén designados o electos sus sucesores.

R) La disposición establecida en el artículo 77, inciso 9°), que se refiere a la separación de hojas de votación para los Gobiernos Departamentales, no regirá para la elección del 27 de noviembre de 1966.

S) En el plazo de un año, el Poder Ejecutivo elevará al Poder Legislativo, el proyecto de ley a que se refiere el artículo 202.

T) Los miembros del actual Consejo Nacional de Gobierno podrán ser elegidos para desempeñar los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República; y los miembros de los actuales Concejos Departamentales
podrán serlo para desempeñar los cargos de Intendentes Municipales.
Las prohibiciones establecidas en el artículo 201 no se aplicarán en la elección nacional de 1966.

U) La Presidencia de la Asamblea General publicará de inmediato el nuevo texto de la Constitución.

V) La presente reforma del artículo 67 entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 1990. En ocasión del primer ajuste a realizarse con posterioridad a esa fecha, el mismo se hará, como mínimo, en función de la variación operada en el Índice Medio de Salarios entre el 1° de enero de 1990 y la fecha de vigencia de dicho ajuste.

V') Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión
social (Art. 67) que se contenga en las leyes presupuestales o de rendición de cuentas a partir del 1° de octubre de 1992. La Suprema Corte de Justicia, de oficio, o a petición de cualquier habitante de la República, emitirá pronunciamiento sin más trámite, indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración, lo que comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
Dichas normas dejarán de producir efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia.

W) Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las Elecciones Nacionales a celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que se dicte la Ley prevista
en el numeral 12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases:

a) Podrán votar todos los inscriptos en el Registro Cívico.

b) Se realizarán en forma simultánea el último domingo de abril del año en que deban celebrarse las elecciones nacionales por todos los partidos políticos que concurran a éstas últimas.

c) El sufragio será secreto y no obligatorio.

d) En un único acto y hoja de votación se expresará el voto:
1. por el ciudadano a nominar como candidato único del partido a la Presidencia de la República.
2. por las nóminas de convencionales nacionales y departamentales.
Para integrar ambas convenciones se aplicará la representación proporcional y los precandidatos no podrán acumular entre sí.
La referencia a convencionales comprende el colegio elector u órgano deliberativo con funciones electorales partidarias que determine la Carta Orgánica o el estatuto equivalente de cada partido político.

e) El precandidato más votado será nominado directamente como candidato único a la Presidencia de la República siempre que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos de su partido. También lo será aquel precandidato que hubiera superado el cuarenta por ciento de los votos válidos de su Partido y que, además, hubiese aventajado al segundo precandidato por no menos del diez por ciento de los referidos votos.

f) De no darse ninguna de las circunstancias referidas en el literal anterior, el Colegio Elector Nacional, o el órgano deliberativo que haga sus veces, surgido de dicha elección interna, realizará la nominación del candidato a la Presidencia en votación nominal y pública, por mayoría absoluta de sus integrantes.

g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro Partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales.
Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electores partidarios.

h) De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura presidencial antes de la elección nacional, será ocupada automáticamente por el candidato a Vicepresidente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del colegio elector nacional u órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.
De producirse con relación al candidato a Vicepresidente, corresponderá al candidato presidencial designar su sustituto, salvo resolución en contrario de acuerdo con lo estipulado en el inciso anterior.

X) En tanto no se dicte la Ley prevista en el penúltimo inciso del artículo 230, la Comisión Sectorial estará integrada por los delegados de los Ministerios competentes y por cinco delegados del Congreso de Intendentes, debiendo instalarse dentro de los noventa días a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional.

Y) Mientras no se dicten las leyes previstas por los artículos 262 y 287, las autoridades locales se regirán por las siguientes normas:
1. Se llamarán Juntas Locales, tendrán cinco miembros y, cuando fueren electivas, se integrarán por representación proporcional, en cuyo caso serán presididas por el primer titular de la lista más votada del lema más
votado en la respectiva circunscripción territorial. En caso contrario, sus miembros se designarán por los Intendentes con la anuencia de la Junta Departamental y respetando, en lo posible, la proporcionalidad existente en la representación de los diversos partidos en dicha Junta.
2. Habrá Juntas Locales en todas las poblaciones en que ellas existan a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución, así como en las que, a partir de la fecha, cree la Junta Departamental, a propuesta del
Intendente.

Z) Mientras no se dictare la ley prevista en el artículo 271, los candidatos de cada partido a la Intendencia Municipal serán nominados por su órgano deliberativo departamental o por el que, de acuerdo a sus respectivas Cartas Orgánicas o Estatutos haga las veces de Colegio Elector. Este órgano será electo en las elecciones internas a que se refiere la disposición transitoria letra W).
Será nominado candidato quién haya sido más votado por los integrantes del órgano elector.
También lo podrá ser quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el treinta por ciento de los sufragios emitidos. Cada convencional o integrante del órgano que haga las veces de Colegio Elector votará por un sólo candidato.
De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura a la Intendencia Municipal antes de la elección departamental, será ocupada automáticamente por su primer suplente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del colegio elector departamental u órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.
De producirse con relación al primer suplente, corresponderá al colegio elector departamental u órgano deliberativo equivalente, la designación de su sustituto.

Z') El mandato actual de los Intendentes Municipales, Ediles Departamentales y miembros de las Juntas Locales electivas, se prorrogará, por única vez hasta la asunción de las nuevas autoridades según lo dispone el artículo 262 de la presente

01Ene/14

Convención Tampere 10 noviembre 1998,  sobre el suministro de recursos de Telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe.

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO,

reconociendo

que la magnitud, complejidad, frecuencia y repercusiones de las catástrofes están aumentando a un ritmo extraordinario, lo que afecta de forma particularmente grave a los países en desarrollo,

recordando

que los organismos humanitarios de socorro y asistencia requieren recursos de telecomunicaciones fiables y flexibles para realizar sus actividades vitales,

recordando además

la función esencial de los recursos de telecomunicaciones para facilitar la seguridad del personal de socorro y asistencia humanitaria,

recordando asimismo

la función vital de la radiodifusión para difundir en caso de catástrofe información precisa a las poblaciones amenazadas,

convencidos

de que el despliegue eficaz y oportuno de los recursos de telecomunicaciones y un flujo de información rápido, eficaz, exacto y veraz resultan esenciales para reducir la pérdida de vidas y el sufrimiento humanos y los daños a las cosas y al medio ambiente ocasionados por las catástrofes,

preocupados

por el impacto de las catástrofes en las instalaciones de telecomunicaciones y el flujo de información,

conscientes

de las necesidades especiales de asistencia técnica de los países menos desarrollados y propensos a las catástrofes, con objeto de producir recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro,

reafirmando

la absoluta prioridad adjudicada a las comunicaciones de emergencia para salvar vidas humanas en más de cincuenta instrumentos jurídicos internacionales y, concretamente, en la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,

tomando nota

de la historia de la cooperación y coordinación internacionales en lo que concierne a la mitigación de las catástrofes y las operaciones de socorro en casos de catástrofe, lo que incluye el despliegue y la utilización oportunos de los recursos de telecomunicaciones que, según se ha demostrado, contribuyen a salvar vidas humanas,

tomando nota asimismo

de las Actas de la Conferencia Internacional sobre comunicaciones de socorro en casos de catástrofe (Ginebra, 1990), en las que se señala la eficacia de los sistemas de telecomunicaciones en la reacción frente a las catástrofes y la rehabilitación subsiguiente,

tomando nota asimismo

del llamamiento urgente que se hace en la Declaración de Tampere sobre comunicaciones de socorro en casos de catástrofe (Tampere, 1991) en favor de unos sistemas fiables de telecomunicaciones para la mitigación de las catástrofes y las operaciones de socorro y de la preparación de un convenio internacional sobre comunicaciones en caso de catástrofe que facilite la utilización de esos sistemas,

tomando nota asimismo

de la Resolución 44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se proclama el periodo 1990 2000 decenio internacional para la reducción de los desastres naturales, y la Resolución 46/182, en la que se pide una intensificación de la coordinación internacional de la asistencia humanitaria de emergencia,

tomando nota asimismo

del destacado papel que se asigna a los recursos de comunicaciones en la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama en favor de un mundo más seguro, aprobados por la Conferencia Mundial sobre reducción de desastres naturales, celebrada en Yokohama en 1994,

tomando nota asimismo

de la Resolución 7 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1994), reafirmada en la Resolución 36 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto, 1994), en la que se insta a los gobiernos a que tomen todas las disposiciones prácticas necesarias para facilitar el rápido despliegue y el uso eficaz del equipo de telecomunicaciones, con objeto de mitigar los efectos de las catástrofes y para las operaciones de socorro en caso de catástrofe, reduciendo y, cuando sea posible, suprimiendo los obstáculos reglamentarios e intensificando la cooperación entre los Estados,

tomando nota asimismo

de la Resolución 644 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997), en la que se insta a los gobiernos a dar su pleno apoyo a la adopción del presente Convenio y su aplicación en el plano nacional,

tomando nota asimismo

de la Resolución 19 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998), en la que se insta a los gobiernos a que prosigan el examen del presente Convenio para determinar si contemplan apoyar la adopción del mismo,

tomando nota asimismo

de la Resolución 51/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se propugna la creación de un procedimiento transparente y ordenado para poner en práctica mecanismos eficaces para la coordinación de la asistencia en caso de catástrofe, así como para la introducción de ReliefWeb como sistema mundial de información para la difusión de información fiable y oportuna sobre emergencias y catástrofes naturales,

remitiéndose

a las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre telecomunicaciones de emergencia en lo que concierne al papel crucial que desempeñan las telecomunicaciones en la mitigación de los efectos de las catástrofes y en las operaciones de socorro en caso de catástrofe,

apoyándose

en las actividades de un gran número de Estados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, organismos humanitarios, proveedores de equipo y servicios de telecomunicaciones, medios de comunicación social, universidades y organizaciones de socorro, con objeto de mejorar y facilitar las comunicaciones en caso de catástrofe,

deseosos

de garantizar una aportación rápida y fiable de recursos de telecomunicaciones para atenuar los efectos de las catástrofes y realizar operaciones de socorro en caso de catástrofe, y

deseosos además

de facilitar la cooperación internacional para mitigar el impacto de las catástrofes,

han convenido en lo siguiente:

Artículo 1º.- Definiciones

A los efectos del presente Convenio, salvo cuando el contexto en que se usan indique lo contrario, los términos que figuran a continuación tendrán el significado que se especifica:

1. Por «Estado Parte» se entiende todo Estado que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el presente Convenio.

2. Por «Estado Parte asistente» se entiende un Estado Parte en el presente Convenio que proporcione asistencia de telecomunicaciones en aplicación del Convenio.

3. Por «Estado Parte solicitante» se entiende un Estado Parte en el presente Convenio que solicite asistencia de telecomunicaciones en aplicación del Convenio.

4. Por «el presente Convenio» se entiende el Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe.

5. Por «depositario» se entiende el depositario del presente Convenio según lo estipulado en el artículo 16.

6. Por «catástrofe» se entiende una grave perturbación del funcionamiento de la sociedad que suponga una amenaza considerable y generalizada para la vida humana, la salud, las cosas o el medio ambiente, con independencia de que la catástrofe sea ocasionada por un accidente, la naturaleza o las actividades humanas y de que sobrevenga súbitamente o como resultado de un proceso dilatado y complejo.

7. Por «mitigación de catástrofes» se entiende las medidas encaminadas a prevenir, predecir, observar y/o mitigar los efectos de las catástrofes, así como para prepararse y reaccionar ante las mismas.

8. Por «peligro para la salud» se entiende el brote repentino de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, una epidemia o pandemia, o cualquier otro evento que amenace de manera significativa la vida o la salud humanas y pueda desencadenar una catástrofe.

9. Por «peligro natural» se entiende un evento o proceso, como terremotos, incendios, inundaciones, vendavales, desprendimientos de tierras, aludes, ciclones, tsunamis, plagas de insectos, sequías o erupciones volcánicas, que puedan desencadenar una catástrofe.

10. Por «organización no gubernamental» se entiende toda organización, incluidas las entidades privadas o sociedades, distinta del Estado o de una organización gubernamental o intergubernamental, interesada en la mitigación de las catástrofes y las operaciones de socorro o en el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de las catástrofes y las operaciones de socorro.

11. Por «entidad no estatal» se entiende toda entidad, distinta del Estado, con inclusión de las organizaciones no gubernamentales y del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, interesada en la mitigación de las catástrofes y en las operaciones de socorro o en el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de las catástrofes y las operaciones de socorro.

12 Por «operaciones de socorro» se entiende las actividades orientadas a reducir la pérdida de vidas y el sufrimiento humanos y los daños materiales y/o al medio ambiente como consecuencia de una catástrofe.

13. Por «asistencia de telecomunicaciones» se entiende la prestación de recursos de telecomunicaciones o de cualquier otro recurso o apoyo destinado a facilitar la utilización de los recursos de telecomunicaciones.

14. Por «recursos de telecomunicaciones» se entiende el personal, el equipo, los materiales, la información, la capacitación, el espectro de radiofrecuencias, las redes o los medios de transmisión o cualquier otro recurso que requieran las telecomunicaciones.

15. Por «telecomunicaciones» se entiende la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, mensajes escritos, imágenes, sonido o información de toda índole, por cable, ondas radioeléctricas, fibra óptica u otro sistema electromagnético.

Artículo 2º.-Coordinación

1. El coordinador del socorro de emergencia de las Naciones Unidas será el coordinador de las operaciones a los efectos del presente Convenio y cumplirá las funciones de coordinador de las operaciones especificadas en los artículos 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

2. El coordinador de las operaciones recabará la cooperación de otros organismos apropiados de las Naciones Unidas, particularmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para que le asistan en la consecución de los objetivos del presente Convenio y, en particular, el cumplimiento de las funciones indicadas en los artículos 8 y 9, y para proporcionar el apoyo técnico necesario en consonancia con el objeto respectivo de dichos organismos.

3. Las responsabilidades del coordinador de las operaciones en el marco del presente Convenio estarán circunscritas a las actividades de coordinación de carácter internacional.

Artículo 3º.- Disposiciones generales

1. Los Estados Partes cooperarán entre sí y con las entidades no estatales y las organizaciones intergubernamentales, de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, para facilitar la utilización de los recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe.

2. Dicha utilización podrá consistir, entre otras cosas, en lo siguiente:

a) la instalación de equipo de telecomunicaciones terrenales y por satélite para predecir y observar peligros naturales, peligros para la salud y catástrofes, así como para proporcionar información en relación con estos eventos;

b) el intercambio entre los Estados Partes y entre éstos y otros Estados, entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales de información acerca de peligros naturales, peligros para la salud y catástrofes, así como la comunicación de dicha información al público, particularmente a las comunidades amenazadas;

c) el suministro sin demora de asistencia de telecomunicaciones para mitigar los efectos de una catástrofe; y

d) la instalación y explotación de recursos fiables y flexibles de telecomunicaciones destinados a las organizaciones de socorro y asistencia humanitarias.

3. Para facilitar dicha utilización, los Estados Partes podrán concertar otros acuerdos o arreglos multinacionales o bilaterales.

4. Los Estados Partes pedirán al coordinador de las operaciones que, en consulta con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el depositario, otras entidades competentes de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, haga todo lo posible, de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, para:

a) elaborar, en consulta con los Estados Partes, modelos de acuerdo que puedan servir de base para concertar acuerdos multilaterales o bilaterales que faciliten el suministro de recursos de telecomunicaciones para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro;

b) poner a disposición de los Estados Partes, de otros Estados, entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales, por medios electrónicos y otros mecanismos apropiados, modelos de acuerdo, mejores prácticas y otra información pertinente con referencia al suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y operaciones de socorro en caso de catástrofe;

c) elaborar, aplicar y mantener los procedimientos y sistemas de acopio y difusión de información que resulten necesarios para aplicar el Convenio; e

d) informar a los Estados acerca de las disposiciones del presente Convenio, así como facilitar y apoyar la cooperación entre los Estados Partes prevista en el Convenio.

5. Los Estados Partes cooperarán para mejorar la capacidad de las organizaciones gubernamentales, las entidades no estatales y las organizaciones intergubernamentales que permita establecer mecanismos de entrenamiento en técnicas de manejo y operación de los equipos, así como cursos de aprendizaje en innovación, diseño y construcción de elementos de telecomunicaciones de emergencia que faciliten la prevención, monitoreo y mitigación de las catástrofes.

Artículo 4º.- Prestación de asistencia de telecomunicaciones

1. El Estado Parte que requiera asistencia de telecomunicaciones para mitigar los efectos de una catástrofe y efectuar operaciones de socorro podrá recabarla de cualquier otro Estado Parte, sea directamente o por conducto del coordinador de las operaciones. Si la solicitud se efectúa por conducto del coordinador de las operaciones, éste comunicará inmediatamente dicha solicitud a los demás Estados Partes interesados. Si la asistencia se recaba directamente de otro Estado Parte, el Estado Parte solicitante informará lo antes posible al coordinador de las operaciones.

2. El Estado Parte que solicite asistencia de telecomunicaciones especificará el alcance y el tipo de asistencia requerida, así como las medidas tomadas en aplicación de los artículos 5 y 9 del presente Convenio y, en lo posible, proporcionará al Estado Parte a quien se dirija la petición de asistencia y/o al coordinador de las operaciones cualquier otra información necesaria para determinar en qué medida dicho Estado Parte puede atender la petición.

3. El Estado Parte a quien se dirija una solicitud de asistencia de telecomunicaciones, sea directamente o por conducto del coordinador de las operaciones, determinará y comunicará sin demora al Estado Parte solicitante si va a proporcionar la asistencia requerida, sea o no directamente, así como el alcance, las condiciones, las restricciones y, en su caso, el coste, de dicha asistencia.

4. El Estado Parte que decida suministrar asistencia de telecomunicaciones lo pondrá en conocimiento del coordinador de las operaciones a la mayor brevedad.

5. Los Estados Partes no proporcionarán ninguna asistencia de telecomunicaciones en aplicación del presente Convenio sin el consentimiento del Estado Parte solicitante, el cual conservará la facultad de rechazar total o parcialmente la asistencia de telecomunicaciones ofrecida por otro Estado Parte en cumplimiento del presente Convenio, de conformidad con su propia legislación y política nacional.

6. Los Estados Partes reconocen el derecho de un Estado Parte solicitante a pedir directamente asistencia de telecomunicaciones a entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales, así como el derecho de toda entidad no estatal y entidad gubernamental a proporcionar, de acuerdo con la legislación a la que estén sometidas, asistencia de telecomunicaciones a los Estados Partes solicitantes con arreglo al presente artículo.

7. Una entidad no estatal no puede ser «Estado Parte solicitante» ni pedir asistencia de telecomunicaciones en virtud del presente Convenio.

8. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará el derecho de los Estados Partes a dirigir, controlar, coordinar y supervisar, al amparo de su legislación nacional, la asistencia de telecomunicaciones proporcionada de acuerdo con el presente Convenio dentro de su territorio.

Artículo 5º.- Privilegios, inmunidades y facilidades

1. El Estado Parte solicitante concederá, en la medida en que lo permita su legislación nacional, a las personas físicas que no sean nacionales suyos, así como a las organizaciones que no tengan su sede o su domicilio dentro de su territorio, que actúen con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio para prestar asistencia de telecomunicaciones y que hayan sido notificadas al Estado Parte solicitante y aceptadas por éste, los privilegios, inmunidades y facilidades necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, lo que incluye:

a) inmunidad de arresto o detención o de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado Parte solicitante, por actos u omisiones relacionados específica y directamente con el suministro de asistencia de telecomunicaciones;

b) exoneración de impuestos, aranceles u otros gravámenes, con excepción de los incorporados normalmente en el precio de los bienes o servicios, en lo que concierne al desempeño de sus funciones de asistencia, o sobre el equipo, los materiales y otros bienes transportados al territorio del Estado Parte solicitante o adquiridos en éste para prestar asistencia de telecomunicaciones en virtud del presente Convenio;

c) inmunidad contra la confiscación, el embargo o la requisa de dichos equipos, materiales y bienes.

2. En la medida de sus capacidades, el Estado Parte solicitante proporcionará instalaciones y servicios locales para la adecuada y eficaz administración de la asistencia de telecomunicaciones, y cuidará de que se expida sin tardanza la correspondiente licencia al equipo de telecomunicaciones transportado a su territorio en aplicación del presente Convenio, o de que éste sea exonerado de licencia con arreglo a su legislación y reglamentos nacionales.

3. El Estado Parte solicitante garantizará la protección del personal, el equipo y los materiales transportados a su territorio con arreglo a lo estipulado en el presente Convenio.

4. El derecho de propiedad sobre el equipo y los materiales proporcionados en aplicación del presente Convenio no quedará afectado por su utilización de conformidad con lo dispuesto en el mismo. El Estado Parte solicitante garantizará la pronta devolución de dicho equipo, material y bienes al Estado Parte asistente.

5. El Estado Parte solicitante no destinará la instalación o utilización de los recursos de telecomunicaciones proporcionados en aplicación del presente Convenio a fines que no estén directamente relacionados con la predicción, la observación y la mitigación de los efectos de una catástrofe, o con las actividades de preparación y reacción ante ésta o la realización de las operaciones de socorro durante y después de la misma.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no obligará a ningún Estado Parte solicitante a conceder privilegios e inmunidades a sus nacionales o residentes permanentes, ni tampoco a las organizaciones con sede o domicilio en su territorio.

7. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades que se les haya concedido de conformidad con el presente artículo, todas las personas que accedan al territorio de un Estado Parte con el objeto de proporcionar asistencia de telecomunicaciones o de facilitar de otro modo la utilización de los recursos de telecomunicaciones en aplicación del presente Convenio, y las organizaciones que proporcionen asistencia de telecomunicaciones o faciliten de otro modo la utilización de los recursos de telecomunicaciones en virtud del presente Convenio, deberán respetar las leyes y reglamentos de dicho Estado Parte. Esas personas y organizaciones no interferirán en los asuntos internos del Estado Parte a cuyo territorio hayan accedido.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones con respecto a los privilegios e inmunidades concedidos a las personas y organizaciones que participen directa o indirectamente en la asistencia de telecomunicaciones, en aplicación de otros acuerdos internacionales (incluidos la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, y la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los Organismos Especializados, adoptada por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947) o del derecho internacional.

Artículo 6º.- Terminación de la asistencia

1. En cualquier momento y mediante notificación escrita, el Estado Parte solicitante o el Estado Parte asistente podrán dar por terminada la asistencia de telecomunicaciones recibida o proporcionada en virtud del artículo 4. Recibida dicha notificación, los Estados Partes interesados consultarán entre sí para proceder de forma adecuada y ordenada a la terminación de dicha asistencia, teniendo presentes los posibles efectos de dicha terminación para la vida humana y para las operaciones de socorro en curso.

2. Los Estados Partes que proporcionen o reciban asistencia de telecomunicaciones en cumplimiento del presente Convenio quedarán sujetos a las disposiciones de éste una vez terminada dicha asistencia.

3. El Estado Parte que solicite la terminación de la asistencia de telecomunicaciones lo comunicará al coordinador de las operaciones, el cual proporcionará la ayuda solicitada y necesaria para facilitar la terminación de la asistencia de telecomunicaciones.

Artículo 7º.- Pago o reembolso de gastos o cánones

1. Los Estados Partes podrán subordinar la prestación de asistencia de telecomunicaciones para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro a un acuerdo de pago o reembolso de los gastos o cánones especificados, teniendo siempre presente lo preceptuado en el párrafo 8 del presente artículo.

2. Cuando se planteen estas condiciones, los Estados Partes establecerán por escrito, con anterioridad al suministro de la asistencia de telecomunicaciones:

a) la obligación de pago o reembolso;

b) el importe de dicho pago o reembolso o las bases sobre las cuales éste haya de calcularse; y

c) cualquier otra condición o restricción aplicable a dicho pago o reembolso, con inclusión, en particular, de la moneda en que habrá de efectuarse dicho pago o reembolso.

3. Las condiciones estipuladas en los párrafos 2 b) y 2 c) del presente artículo podrán ser satisfechas sobre la base de tarifas, tasas o precios comunicados al público.

4. Para que la negociación de los acuerdos de pago o reembolso no retrase indebidamente la prestación de asistencia de telecomunicaciones, el coordinador de las operaciones preparará, en consulta con los Estados Partes, un modelo de acuerdo de pago o reembolso que podrá servir de base para negociar las obligaciones de pago o reembolso en el marco del presente artículo.

5. Ningún Estado Parte estará obligado a abonar o reembolsar gastos o cánones con arreglo al presente Convenio si no ha aceptado expresamente las condiciones establecidas por el Estado Parte asistente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo.

6. Si la prestación de asistencia de telecomunicaciones está subordinada al pago o reembolso de gastos o cánones con arreglo al presente artículo, dicho pago o reembolso se efectuará sin demora una vez que el Estado Parte asistente haya solicitado el pago o reembolso.

7. Las cantidades abonadas o reembolsadas por un Estado Parte solicitante en relación con la prestación de asistencia de telecomunicaciones podrán transferirse libremente fuera de la jurisdicción del Estado Parte solicitante sin retraso ni retención alguna.

8. Para determinar si debe condicionarse la prestación de asistencia de telecomunicaciones a un acuerdo sobre el pago o reembolso de los gastos o cánones que se especifiquen, así como sobre el importe de tales gastos o cánones y las condiciones y restricciones aplicables, los Estados Partes tendrán en cuenta, entre otros factores pertinentes, los siguientes:

a) los principios de las Naciones Unidas sobre la asistencia humanitaria;

b) la índole de la catástrofe, peligro natural o peligro para la salud de que se trate;

c) los efectos o los posibles efectos de la catástrofe;

d) el lugar de origen de la catástrofe;

e) la zona afectada o potencialmente afectada por la catástrofe;

f) la existencia de catástrofes anteriores y la probabilidad de que se produzcan en el futuro catástrofes en la zona afectada;

g) la capacidad del Estado afectado por la catástrofe, peligro natural o peligro para la salud para prepararse o reaccionar ante dicho evento; y

h) las necesidades de los países en desarrollo.

9. El presente artículo se aplicará también a las situaciones en que la asistencia de telecomunicaciones sea prestada por una entidad no estatal o una organización gubernamental, siempre que:

a) el Estado Parte solicitante haya dado su acuerdo al suministro de asistencia de telecomunicaciones para la mitigación de la catástrofe y las operaciones de socorro y no haya puesto término a la misma;

b) la entidad no estatal o la organización intergubernamental que proporcione esa asistencia de telecomunicaciones haya notificado al Estado Parte solicitante su voluntad de aplicar el presente artículo y los artículos 4 y 5;

c) la aplicación del presente artículo no sea incompatible con ningún otro acuerdo referente a las relaciones entre el Estado Parte solicitante y la entidad no estatal o la organización intergubernamental que preste esa asistencia de telecomunicaciones.

Artículo 8º.- Inventario de información sobre asistencia de telecomunicaciones

1. Los Estados Partes comunicarán al coordinador de las operaciones la autoridad o autoridades:

a) competentes en los asuntos derivados de las disposiciones del presente Convenio y autorizadas para solicitar, ofrecer, aceptar o dar por terminada la asistencia de telecomunicaciones;

b) competentes para identificar los recursos gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que podrían ponerse a disposición para facilitar la utilización de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y operaciones de socorro, incluida la prestación de asistencia de telecomunicaciones.

2. Los Estados Partes procurarán comunicar sin demora al coordinador de las operaciones los cambios que se hayan producido en la información suministrada en cumplimiento del presente artículo.

3. El coordinador de las operaciones podrá aceptar la notificación por parte de una entidad no estatal o una organización intergubernamental de su propio procedimiento aplicable a la autorización para ofrecer y dar por terminada la asistencia de telecomunicaciones que suministre según lo previsto en el presente artículo.

4. Los Estados Partes, las entidades no estatales o las organizaciones intergubernamentales podrán incluir a su discreción en el material que depositen en poder del coordinador de las operaciones información sobre recursos específicos de telecomunicaciones y sobre planes para el empleo de dichos recursos en respuesta a una petición de asistencia de telecomunicaciones por un Estado Parte.

5. El coordinador de las operaciones conservará las copias de todas las listas de autoridades y comunicará sin tardanza esa información a los Estados Partes, a otros Estados, a las entidades no estatales y las organizaciones intergubernamentales interesadas, salvo cuando un Estado Parte, una entidad no estatal o una organización intergubernamental haya indicado previamente por escrito que se restrinja la distribución de su información.

6. El coordinador de las operaciones tratará de igual modo el material depositado por entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales que el depositado por Estados Partes.

Artículo 9º.- Obstáculos reglamentarios

1. En lo posible y de conformidad con su legislación nacional, los Estados Partes reducirán o suprimirán los obstáculos reglamentarios a la utilización de recursos de telecomunicaciones para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro, incluida la prestación de asistencia de telecomunicaciones.

2. Entre los obstáculos reglamentarios figuran los siguientes:

a) normas que restringen la importación o exportación de equipos de telecomunicaciones;

b) normas que restringen la utilización de equipo de telecomunicaciones o del espectro de radiofrecuencias;

c) normas que restringen el movimiento del personal que maneja el equipo de telecomunicaciones o que resulta esencial para su utilización eficaz;

d) normas que restringen el tránsito de recursos de telecomunicaciones por el territorio de un Estado Parte; y

e) retrasos en la administración de dichas normas.

3. La reducción de los obstáculos reglamentarios podrá adoptar, entre otras, las siguientes formas:

a) revisar las disposiciones;

b) exonerar a ciertos recursos de telecomunicaciones de la aplicación de dichas normas mientras se están utilizando para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro;

c) el despacho en aduana anticipado de los recursos de telecomunicaciones destinados a la mitigación de catástrofes y operaciones de socorro, de conformidad con dichas disposiciones;

d) el reconocimiento de la homologación extranjera del equipo de telecomunicaciones y de las licencias de explotación;

e) la inspección simplificada de los recursos de telecomunicaciones destinados a la mitigación de catástrofes y operaciones de socorro, de conformidad con dichas disposiciones; y

f) la suspensión temporal de la aplicación de dichas disposiciones en lo que respecta a la utilización de los recursos de telecomunicaciones para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro.

4. Cada Estado Parte facilitará, a instancia de los demás Estados Partes y en la medida en que lo permita su legislación nacional, el tránsito hacia su territorio, así como fuera y a través de éste, del personal, el equipo, los materiales y la información que requiera la utilización de recursos de telecomunicaciones para mitigar una catástrofe y realizar operaciones de socorro.

5. Los Estados Partes informarán al coordinador de las operaciones y a los demás Estados Partes, sea directamente o por conducto del coordinador de las operaciones, de:

a) las medidas adoptadas en aplicación del presente Convenio para reducir o eliminar los referidos obstáculos reglamentarios;

b) los procedimientos que pueden seguir, en aplicación del presente Convenio, los Estados Partes, otros Estados, entidades no estatales u organizaciones intergubernamentales para eximir a los recursos de telecomunicaciones especificados que se utilicen para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro de la aplicación de dichas disposiciones, para aplicar el despacho en aduana anticipado o la inspección simplificada de tales recursos en consonancia con las normas pertinentes, aceptar la homologación extranjera de esos recursos o suspender temporalmente la aplicación de disposiciones que serían normalmente aplicables a dichos recursos; y

c) las condiciones y, en su caso, restricciones, referentes a la aplicación de dichos procedimientos.

6. El coordinador de las operaciones comunicará periódicamente y sin tardanza a los Estados Partes, a otros Estados, a entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales una lista actualizada de tales medidas, con indicación del alcance, las condiciones y, en su caso, restricciones aplicables.

7. Nada de lo dispuesto en el presente artículo permitirá la violación o abrogación de las obligaciones y responsabilidades impuestas por la legislación nacional, el derecho internacional o acuerdos multilaterales o bilaterales, incluidas las obligaciones y responsabilidades en materia de inspección aduanera y controles a la exportación.

Artículo 10º.- Relación con otros acuerdos internacionales

El presente Convenio no afectará a los derechos y obligaciones de los Estados Partes derivados de otros acuerdos internacionales o del derecho internacional.

Artículo 11º.- Solución de controversias

1. En caso de controversia entre los Estados Partes acerca de la interpretación o aplicación del presente Convenio, los Estados Partes interesados celebrarán consultas entre sí con el objeto de solucionarla. Las consultas se iniciarán sin demora una vez que un Estado Parte comunique por escrito a otro Estado Parte la existencia de una controversia relativa al presente Convenio. El Estado Parte que formule una declaración escrita en tal sentido transmitirá sin tardanza copia de la misma al depositario.

2. Si la controversia entre los Estados Partes no puede resolverse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de comunicación de la antedicha declaración escrita, los Estados Partes interesados podrán solicitar los buenos oficios de cualquier otro Estado Parte, u otro Estado, entidad no estatal u organización intergubernamental para facilitar la solución de la controversia.

3. En caso de que ninguno de los Estados Partes en la controversia solicite los buenos oficios de otro Estado Parte, u otro Estado, entidad no estatal u organización intergubernamental o si los buenos oficios no facilitan la solución de la controversia dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se solicitaron los buenos oficios, cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá:

a) pedir que ésta se someta a arbitraje obligatorio; o

b) someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando los Estados Partes en la controversia hayan aceptado en el momento de la firma o ratificación del presente Convenio o de la adhesión al mismo o en cualquier momento posterior la jurisdicción de la Corte respecto de esa controversia.

4. En caso de que los Estados Partes en la controversia pidan que ésta se someta a arbitraje obligatorio y la sometan a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, tendrá precedencia el procedimiento ante la Corte.

5. En caso de controversia entre un Estado Parte que solicite asistencia de telecomunicaciones y una entidad no estatal u una organización intergubernamental que tenga su sede o domicilio fuera del territorio de ese Estado Parte acerca de la prestación de asistencia de telecomunicaciones en virtud del artículo 4, la pretensión de la entidad no estatal o de la organización intergubernamental podrá ser endosada directamente por el Estado Parte en el que dicha entidad no estatal u organización intergubernamental tenga su sede o domicilio como reclamación internacional en virtud del presente artículo, siempre que ello no sea incompatible con ningún otro acuerdo existente entre el Estado Parte y la entidad no estatal o la organización intergubernamental involucrada en la controversia.

6. Al proceder a la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o al adherirse al mismo, un Estado podrá declarar que no se considera obligado por los procedimientos de solución de controversia previstos en el párrafo 3 o por alguno de ellos. Los demás Estados Partes no estarán obligados por el procedimiento o los procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 3 con respecto al Estado Parte cuya declaración a tal efecto esté en vigor.

Artículo 12º.- Entrada en vigor

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de Emergencia en Tampere el 18 de junio de 1998 y, con posterioridad a esa fecha, en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 22 de junio de 1998 hasta el 21 de junio de 2003.

2. Todo Estado podrá manifestar su consentimiento en obligarse por el presente Convenio mediante:

a) la firma (firma definitiva);

b) la firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida del depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación; o

c) el depósito de un instrumento de adhesión.

3. El Convenio entrará en vigor treinta (30) días después del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o de la firma definitiva por treinta (30) Estados.

4. El presente Convenio entrará en vigor para cada Estado que lo haya firmado definitivamente o haya depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, una vez cumplido el requisito especificado en el párrafo 3 del presente artículo, treinta (30) días después de la fecha de la firma definitiva o de la manifestación del consentimiento en obligarse.

Artículo 13º.- Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio, a cuyo efecto las hará llegar al depositario, el cual las comunicará para aprobación a los demás Estados Partes.

2. Los Estados Partes notificarán al depositario si aceptan o no las enmiendas propuestas dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la recepción de las mismas.

3. Las enmiendas aprobadas por dos tercios de los Estados Partes se incorporarán a un Protocolo que se abrirá a la firma de todos los Estados Partes en la sede del depositario.

4. El Protocolo entrará en vigor igual que el presente Convenio. Para los Estados que lo hayan firmado definitivamente o hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y una vez cumplidos los requisitos estipulados al efecto, el Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de la firma definitiva o de la manifestación del consentimiento en obligarse.

Artículo 14º.- Reservas

1. Al firmar definitivamente, ratificar o adherirse al presente Convenio o a una modificación del mismo, los Estados Partes podrán formular reservas.

2. Un Estado Parte podrá retirar en todo momento las reservas que haya formulado mediante notificación escrita al depositario. El retiro de una reserva surtirá efecto en el momento de su ratificación al depositario.

 

Artículo 15º.- Denuncia

1. Los Estados Partes podrán denunciar el presente Convenio mediante notificación escrita al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto noventa (90) días después de la fecha de depósito de la notificación escrita.

3. A instancia del Estado Parte denunciante, en la fecha en que surta efecto la denuncia dejarán de utilizarse las copias de las listas de autoridades, de las medidas adoptadas y de los procedimientos existentes para reducir los obstáculos reglamentarios, que haya suministrado el Estado Parte que denuncie el presente Convenio.

Artículo 16º.- Depositario

El presente Convenio se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17º.- Textos auténticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario. Sólo se abrirán a la firma en Tampere el 18 de junio de 1998 los textos auténticos en español, francés e inglés. El depositario preparará después lo antes posible los textos auténticos en árabe, chino y ruso.