El apartado segundo de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la CNMV, contempla la posibilidad de aprobar y modificar la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones, correspondientes a servicios, procedimientos y trámites específicos, que conforme a lo previsto en la letra a) del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, pueden presentarse en el Registro Electrónico de la CNMV. El Anexo I de la citada Resolución recoge la relación de trámites mediante documentos electrónicos normalizados susceptibles de ser presentados ante el Registro Electrónico de la CNMV. Este anexo I fue ya modificado por las Resoluciones de 28 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2012 y 4 de octubre de 2013, de la CNMV.

La Circular 6/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos de Activos Bancarios, señala en su norma 4.ª apartado 3 que la presentación a la CNMV de los modelos de los estados financieros públicos y de los estados reservados de información estadística deberá hacerse por vía telemática mediante el servicio CIFRADOC/CNMV.

También, la Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamaciones y quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a consultas en el ámbito del mercado de valores, señala en su norma quinta, apartado 1 que las quejas o reclamaciones colectivas obligatoriamente se presentarán en el Registro Electrónico de la CNMV, como documentos electrónicos normalizados, a través del servicio CIFRADOC/CNMV y el intercambio de documentación en la tramitación de expedientes de reclamación o queja entre la CNMV y la entidad contra la que se reclame, obligatoriamente habrá de hacerse mediante el servicio CIFRADOC/CNMV.

Y el apartado 2 del artículo 21 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, establece que las condiciones finales, cuando no figuren en el folleto de base ni en un suplemento, deberán facilitarse a los inversores y se depositarán en la CNMV con motivo de cada admisión a negociación tan pronto como sea factible para la persona que solicita la admisión y, si es posible, antes del comienzo de la oferta pública o de la admisión a negociación. Para el caso de la admisión a negociación de una emisión de warrants, las características de las distintas series de warrants que se agrupan en la emisión suponen un elevado número de datos cuyo envío y tratamiento conviene realizar en soporte informático, por tanto es oportuno, por razones de rapidez y eficacia, que el envío por el emisor de estas características a la CNMV se realice por su Registro Electrónico, como documento electrónico normalizado, a través del servicio CIFRADOC/CNMV.

Procede, por lo tanto modificar de nuevo el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la CNMV, con el fin de incorporar estos cuatro nuevos trámites.

Por todo lo anterior, resuelvo:

Primero.

Se incorporan a la relación del anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la CNMV, modificada por las Resoluciones de 28 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2012 y 4 de octubre de 2013, de la CNMV, los siguientes trámites:

El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite FAB se halla en los anexos I y II de la Circular 6/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite REC se halla en el anexo 2 de la Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite ALR contendrá los siguientes campos: código de la reclamación, entidad reclamada, fecha y hora de presentación de las alegaciones, persona física que firma electrónicamente en representación de la entidad reclamada y alegaciones que se adjuntan.

El modelo de comunicación normalizada para la cumplimentación del trámite WAR deberá contener la información determinada en el «modelo de las condiciones finales» que se ha de incluir en el folleto de base según lo establecido por el artículo 22.5.1bis del Reglamento de la Comisión Europea n.º 809/2004 de 29 de abril de 2004, según redacción dada por el Reglamento Delegado (UE) n.º 486/2012 de 30 de marzo de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 809/2004 en lo que se refiere al formato y el contenido del folleto, del folleto de base, de la nota de síntesis y de las condiciones finales, en cuanto a los requisitos de información. Igualmente, cuando la emisión sea de valores con nominal unitario inferior a 100.000 euros, se adjuntará a las condiciones finales el resumen de la emisión cuyo contenido se establece en el artículo 24.3 del Reglamento de la Comisión Europea n.º 809/2004 de 29 de abril de 2004, tal y como éste ha quedado modificado por el citado Reglamento Delegado n.º 486/2012.

El anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la CNMV modificado se incorpora como anexo a esta resolución.

Disposición final única.

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «BOE».

Madrid, 12 de marzo de 2014.

La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer

ANEXO I.- DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA CNMV, MODIFICADO POR LAS RESOLUCIONES DE 28 DE FEBRERO DE 2012, 31 DE OCTUBRE DE 2012, 4 DE OCTUBRE DE 2013 Y 12 DE MARZO DE 2014, DE LA CNMV

Trámites mediante documentos electrónicos normalizados

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos del 4 de abril de 2007, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y, en particular, su artículo 41,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN

I. Observaciones preliminares

La iniciativa y el dictamen del SEPD

1. En febrero de 2007, 15 Estados miembros tomaron la iniciativa con miras a adoptar la Decisión del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (3). Dicha iniciativa trata asuntos relativos al tratamiento de datos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Datos se encarga de asesorar sobre esta iniciativa puesto que esto forma parte de las tareas que se le han encomendado, en particular en el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 45/2001. El SEPD emite este dictamen de oficio, ya que no se ha presentado al SEPD ninguna petición (4). A juicio del SEPD, el presente dictamen debería mencionarse en el preámbulo de la Decisión del Consejo (5).

El contexto y el contenido de esta iniciativa

2. El contexto de esta iniciativa es único dentro de la cooperación contemplada en el tercer pilar. La iniciativa tiene por objetivo hacer que las partes fundamentales del Tratado de Prüm, celebrado el 27 de mayo de 2005 por siete Estados miembros (6), se apliquen a todos los Estados miembros. Dichas partes fundamentales ya han sido ratificadas por algunos de estos Estados miembros, mientras que el resto de ellos están en el proceso de ratificación. Por lo tanto, queda claro que no se tiene la intención de cambiar el contenido de dichas partes fundamentales (7).

3. Según su preámbulo, la iniciativa debe verse como una aplicación del principio de disponibilidad que se presentó en el Programa de La Haya de 2004 como un planteamiento innovador del intercambio transfronterizo de información entre los servicios de seguridad (8). La iniciativa se presenta como una alternativa a la propuesta de Decisión Marco del Consejo sobre el intercambio de información en el marco del principio de disponibilidad sobre la cual el SEPD emitió un dictamen el 28 de febrero de 2006 (9), que no se debatió en el Consejo con vistas a que se adoptase.

4. La iniciativa adopta un enfoque que difiere fundamentalmente de la propuesta de Decisión Marco del Consejo mencionada más arriba. Mientras que la propuesta prevé el acceso directo a la información disponible, la iniciativa tiene como objetivo el acceso indirecto mediante índices de referencia. Asimismo, la iniciativa requiere que los Estados miembros recopilen y almacenen ciertas informaciones aunque aún no estén disponibles en la jurisdicción nacional.

5. Un punto muy importante de la iniciativa es el intercambio de datos biométricos entre la policía y las autoridades judiciales de los Estados miembros, en particular los datos de los ficheros de análisis de ADN y los sistemas automatizados de identificación dactiloscópica (sistemas que contienen impresiones dactilares (10)).

6. La iniciativa incluye un capítulo 6 titulado «Disposiciones generales sobre protección de datos». Este capítulo incluye varias disposiciones de protección de datos que se adaptan específicamente al tipo de intercambio de datos que regulan (11). El capítulo 6 también hace referencia al Convenio no 108 del Consejo de Europa (12) y los documentos relacionados del Consejo de Europa como un marco general para la protección de datos, en ausencia de la adopción de una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (13).

II. Objetivo del dictamen del SEPD

7. Este dictamen tomará en cuenta la particular naturaleza de la iniciativa, concretamente el hecho de que no se prevén modificaciones importantes en el contenido de las disposiciones. Por ello, el SEPD se centrará en algunos problemas generales en relación con la iniciativa y su contexto. Las modificaciones que el SEPD propone esencialmente sirven para mejorar el texto sin modificar el sistema de intercambio de información mismo.

8. El primer problema es de carácter procedimental. La iniciativa implica que unos pocos Estados miembros fijen los principios de actuación de la totalidad de los Estados miembros en un ámbito cubierto por las disposiciones del Tratado UE, en especial el título VI del Tratado UE (el tercer pilar). No se han respetado los procedimientos que figuran en el Título VI sobre una cooperación reforzada.

9. El segundo problema es relativo al principio de disponibilidad. Aunque la iniciativa debe verse como una aplicación de este principio, no conduce hacia la disponibilidad propiamente dicha sino que sólo es un paso más hacia la disponibilidad de la información en materia policial y judicial más allá de las fronteras de los Estados miembros. Es parte de un enfoque poco sistemático que busca facilitar el intercambio de la información en materia policial y judicial.

10. El tercer problema se puede limitar al problema de la proporcionalidad. Es difícil evaluar si la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza justifica las disposiciones de la iniciativa para la Decisión del Consejo. El SEPD recuerda que el Tratado de Prüm se elaboró como un «laboratorio» de intercambio de información transfronterizo, en particular de ficheros de análisis de ADN e impresiones dactilares. Sin embargo, esta iniciativa se presenta antes de que los experimentos de intercambio se hayan realizado con éxito (14).

11. El cuarto problema tiene que ver con la utilización de los datos biométricos. La iniciativa requiere recopilar, almacenar e intercambiar (de manera limitada) ficheros de análisis de ADN e impresiones dactilares. La utilización de estos datos biométricos por los servicios de seguridad presenta riesgos específicos para las personas implicadas y requiere garantías adicionales para proteger sus derechos.

12. El quinto problema tiene que ver con el hecho de que la Decisión del Consejo debería construirse sobre la base de un marco general apropiado para la protección de datos en el tercer pilar, lo que aún no se ha establecido a escala de la UE. En cuanto a esto, el SEPD ilustrará la importancia de tal marco general como condición indispensable para el intercambio de datos personales por parte de las autoridades de los servicios de seguridad, basado en esta iniciativa.

III. Procedimiento y base jurídica

13. Por lo general se compara el Tratado de Prüm con el Acuerdo de Schengen de 1985 y el Convenio de Schengen de 1990 por razones obvias. Varios de los mismos países están implicados, el contenido se asemeja y existe un vínculo estrecho en cuanto a la cooperación dentro de la UE (15). Sin embargo, hay una diferencia esencial con Schengen. Actualmente, hay un marco jurídico europeo que permite a la Unión Europea regular los asuntos correspondientes y existen planes concretos para que se utilice en lo que respecta los asuntos (principales) que abarca el Tratado de Prüm. Más aún, cuando se celebró el Tratado de Prüm la Comisión ya estaba preparando una propuesta de Decisión Marco del Consejo (16).

14. Sin embargo, los Estados miembros implicados optaron por unanimidad por un tratado multilateral que les permitiera eludir el cauce espinoso del tercer pilar. También eludieron los requisitos esenciales y de procedimiento de la cooperación reforzada incluidos en los artículos 40, 40 bis, 43 y 43 bis del Tratado UE (17). Esto es aún más importante dado que el procedimiento en el marco de la cooperación reforzada era obligatorio si al menos ocho Estados miembros participaban. Sin embargo, sólo siete Estados miembros firmaron el Tratado de Prüm, pero después alentaron la adhesión de otros Estados miembros. Se podría decir que el Tratado de Prüm viola las leyes de la Unión Europea por los motivos explicados más arriba. Sin embargo, este argumento es esencialmente teórico en el marco del tercer pilar en el que la Comisión tiene poderes limitados para asegurarse de que los Estados miembros respetan las leyes de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas así como también otros tribunales tienen competencias limitadas.

15. En la situación actual, 15 Estados miembros tomaron la iniciativa con el objetivo de remplazar el Tratado de Prüm por una Decisión del Consejo. Aunque oficialmente no se excluye (y no se puede excluir) la posibilidad de una modificación de la naturaleza de las disposiciones, queda claro que el objetivo de los Estados miembros que presentaron la iniciativa es de no permitir que se introduzca ninguna modificación importante. Este objetivo se debe a que los siete «países Prüm» acaban de incorporar el Tratado de Prüm a escala de sus Derechos internos (o están en una etapa avanzada de su incorporación) y no desean cambiar sus disposiciones nacionales nuevamente. La manera en que procede la Presidencia alemana del Consejo ilustra dicho objetivo. Por ejemplo, el tiempo para la adopción es muy justo y la iniciativa no será examinada por un Grupo del Consejo sino sólo por el Comité del Artículo 36 (el Comité de coordinación previsto en el artículo 36 del TUE, compuesto por altos funcionarios).

16. Por consiguiente, se niega voz y voto verdaderos a los demás Estados miembros en la elección de normas. Sólo pueden elegir entre participar o no participar. Dado que el tercer pilar requiere unanimidad, el hecho de que uno de los Estados miembros desapruebe el texto puede resultar en que los demás Estados miembros prosigan según las bases del procedimiento de cooperación reforzada.

17. Este contexto también afecta la legitimidad democrática de la iniciativa puesto que el dictamen del Parlamento Europeo con arreglo al artículo 39 del TUE casi no puede tener consecuencia alguna en la elección de las normas. Asimismo, el presente dictamen sólo puede tener un efecto limitado.

18. Según el SEPD, es lamentable que se haya aplicado este procedimiento. Niega toda necesidad de un proceso legislativo democrático y transparente puesto que ni siquiera respeta las prerrogativas con arreglo al tercer pilar que ya son bastante limitadas. A estas alturas, el SEPD reconoce el hecho de que se ha elegido este procedimiento y por ello el presente dictamen de ahora en adelante se concentrará principalmente en el contenido de la iniciativa.

19. Por último, el SEPD ha señalado el hecho de que la iniciativa prevé el instrumento de una Decisión del Consejo y no una Decisión Marco del Consejo aunque la iniciativa esté relacionada con el propósito de armonizar las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Esta elección de instrumento puede estar relacionada con la posibilidad de adoptar y aplicar medidas por mayoría cualificada en el caso de las Decisiones del Consejo en virtud del artículo 34, apartado 2, letra c del TUE. El artículo 34 de la iniciativa trata de estas medidas de ejecución.

20. El SEPD recomienda añadir una frase al artículo 34 de la iniciativa para una Decisión del Consejo, que es como sigue: «El Consejo consultará el SEPD antes de adoptar una medida de ejecución de este tipo». El motivo de esta modificación es obvio. Las medidas de ejecución por lo general afectarán al tratamiento de datos personales. Además, si la Comisión no toma la iniciativa para este tipo de medidas, no se aplica el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001.

21. En este contexto, cabe señalar que los siete Estados miembros que firmaron el Tratado de Prüm también celebraron el 5 de diciembre de 2006 un acuerdo de ejecución que incluye las disposiciones necesarias a la incorporación técnica y administrativa del Tratado (18) y su aplicación. Se puede suponer que este acuerdo de ejecución será el modelo para las medidas de ejecución en virtud al artículo 34 de la iniciativa para una Decisión del Consejo. El presente dictamen hará referencia a este acuerdo de ejecución en la medida en que esto puede contribuir a una mejor comprensión de la iniciativa misma.

IV. La iniciativa y el principio de disponibilidad

22. El principio de disponibilidad puede verse como un instrumento fundamental para la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. El libre intercambio de información entre las autoridades de los servicios de seguridad es un avance esencial para afrontar las restricciones territoriales en la lucha contra la delincuencia habida cuenta de la subsistencia de las fronteras intracomunitarias para las investigaciones.

23. De acuerdo con el Programa de La Haya, el principio significa «que, en todo el territorio de la Unión, un funcionario de policía de un Estado miembro que necesite información para llevar a cabo sus obligaciones pueda obtenerla de otro Estado miembro y que el organismo policial del otro Estado miembro que posea dicha información la facilitará para el propósito indicado, (…)». Asimismo, el Programa subraya que los «métodos de intercambio de información deberán hacer pleno uso de las nuevas tecnologías y adaptarse a cada tipo de información, si procede a través del acceso recíproco a las bases de datos nacionales o la interoperabilidad de las mismas, o del acceso directo (en línea)».

24. En este contexto, la iniciativa sólo da un pequeño paso hacia adelante. Sus ambiciones son mucho más pequeñas que las de la Propuesta de la Comisión de una Decisión Marco del Consejo relativa al intercambio de información en virtud del principio de disponibilidad. La iniciativa puede calificarse como un paso hacia la disponibilidad pero no aplica en sentido estricto el principio de disponibilidad. Complementa otras medidas que buscan facilitar el intercambio de informaciones entre los servicios de seguridad, como la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (19) que debe velar por que se facilite la información y la inteligencia a los Estados miembros, previa petición.

25. En su dictamen relativo a dicha Propuesta de la Comisión, el SEPD defendió que el principio de disponibilidad debería aplicarse mediante un enfoque más cauto y gradual. En este enfoque, los tipos de datos intercambiados con arreglo al principio de disponibilidad se limitarán y sólo se permitirá el acceso indirecto, mediante datos índice (20). Este tipo de enfoque gradual permite que la parte interesada controle la eficacia del intercambio de información entre los servicios de seguridad así como también sus consecuencias para la protección de los datos personales del ciudadano.

26. Estas observaciones siguen siendo válidas en el contexto actual. El SEPD saluda el hecho de que esta iniciativa tenga un enfoque más cauto y gradual en cuanto a la manera de aplicar el principio de disponibilidad.

27. Los artículos 5 y 10 de la iniciativa son un ejemplo de este enfoque. Tratan de la transmisión de otros datos de carácter personal (y otra información) siguiendo una concordancia entre perfiles de ADN e impresiones dactilares respectivamente. Ambos casos se regirán de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro requerido, incluidas sus disposiciones relativas a la asistencia judicial. El efecto jurídico de estos dos artículos es limitado. Son una norma de conflictos de leyes (de naturaleza declarativa; no cambian el contexto actual), pero no aplican el principio de disponibilidad (21).

V. Necesidad y proporcionalidad

28. Un intercambio de información eficaz entre los servicios de seguridad es un asunto clave en la cooperación policial y judicial. Para la consolidación de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores es fundamental que se acceda a la información más allá de las fronteras nacionales. Se necesita un marco jurídico apropiado para facilitar el intercambio.

29. Otro problema diferente es determinar si la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza justifica las disposiciones de dicha iniciativa o, en otras palabras, si son necesarias y proporcionales.

30. Primero, se han adoptado varias medidas a escala de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información entre los servicios de seguridad. En algunos casos estas medidas incluyen el establecimiento de una organización centralizada, como Europol o Eurojust, o un sistema de información centralizado, como el Sistema de Información de Schengen. Otras medidas tratan del intercambio directo entre los Estados miembros, como esta iniciativa. Sólo recientemente, se ha adoptado la Decisión Marco 2006/960/JAI como un instrumento que busca simplificar el intercambio de la información entre los servicios de seguridad.

31. Por lo general, sólo se deberían adoptar nuevos instrumentos legales sobre la cooperación policial y judicial tras un estudio de las medidas legislativas ya existentes, que lleve a la conclusión de que dichas medidas existentes no bastan. Los considerandos de esta iniciativa no presentan evidencia de un estudio completo de las medidas existentes. Mencionan la Decisión Marco 2006/960/JAI e indican que se deberá hacer pleno uso de la nueva tecnología y que se proporcionará el acceso recíproco a las bases de datos nacionales. Se intercambiará información precisa rápida y eficazmente. Esto es todo. No se hace referencia por ejemplo al intercambio de información entre los Estados miembros mediante el Sistema de Información de Schengen, que es un instrumento fundamental para el intercambio de información entre los Estados miembros.

32. El SEPD lamenta el hecho de que esta iniciativa se apruebe sin una evaluación correcta de las medidas existentes sobre el intercambio de información entre los servicios de seguridad y hace un llamamiento al Consejo para que incluya este tipo de evaluación en el proceso de adopción.

33. En segundo lugar, como se ha dicho más arriba el Tratado de Prüm se elaboró como un «laboratorio» de intercambio de información transfronterizo, en particular de ADN e impresiones dactilares. Permitió a los Estados miembros implicados experimentar con este intercambio. En la fecha en la que se publica la iniciativa de una Decisión del Consejo los experimentos no se han llevado a la práctica con éxito a escala más importante, salvo un primer intercambio entre Alemania y Austria (22).

34. El SEPD no está convencido de que los primeros resultados del intercambio limitado -durante un corto periodo y habiendo sólo dos Estados miembros implicados, aunque sea muy interesante- puedan utilizarse como evidencia empírica suficiente para aplicar el sistema a todos los Estados miembros.

35. En cuanto a la escala, no es lo mismo que se establezca un sistema de intercambio de información entre unos pocos Estados miembros, que ya han experimentado con bases de datos de ADN, o que se establezca un sistema utilizado por toda la UE, incluidos los Estados miembros que no tienen ninguna experiencia. Además, la pequeña escala permite un contacto estrecho entre los Estados miembros implicados; este tipo de contactos podrían utilizarse también para controlar los riesgos para la protección de los datos personales de las personas implicadas. Asimismo, se supervisa de manera más fácil la pequeña escala. Entonces, aunque el Tratado de Prüm sea necesario y proporcional, esto no quiere decir de por sí que esta iniciativa deberá evaluarse en la misma dirección.

36. En tercer lugar, como se demostrará más abajo en el presente dictamen, existen grandes diferencias entre las leyes nacionales de los Estados miembros en lo que se refiere al almacenamiento y la utilización de los datos biométricos con fines policiales. Asimismo, las prácticas nacionales no están armonizadas. En este contexto, también se debe señalar que aún no se ha adoptado un marco jurídico armonizado para la protección de datos en el tercer pilar.

37. La iniciativa no armoniza los elementos fundamentales del almacenamiento y el intercambio de los distintos tipos de datos incluidos en la misma. A título de ejemplo, la iniciativa no es precisa en cuanto a los propósitos de la obtención y el intercambio. ¿Las disposiciones sobre los perfiles de ADN se aplican a todos los delitos o un Estado miembro puede limitar su aplicación a los delitos más graves? La iniciativa no es clara ni en cuanto al círculo de las personas a las que se refieren los datos recopilados intercambiados. ¿Las bases de datos sólo contienen informaciones (biométricas) sobre sospechosos y/o condenados, o también sobre otras personas como testigos o personas que se encontraban próximas al lugar donde se cometió un delito? Según el SEPD, habría sido preferible que hubiera una mínima armonización en lo que se refiere a estos elementos fundamentales, también para velar por el respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad.

38. El SEPD llega a la siguiente conclusión. Hay inequívocos indicios de que es probable que esta iniciativa sea un instrumento útil para la cooperación policial. Estos indicios son aún más importantes a la luz de las primeras experiencias con el Tratado de Prüm en Alemania y Austria. Sin embargo, no se puede realizar fácilmente un estudio de la necesidad y de la proporcionalidad de esta iniciativa. El SEPD lamenta el hecho de que se tome esta iniciativa sin una evaluación adecuada del impacto que tome en consideración las observaciones realizadas en esta parte del dictamen. Hace un llamamiento al Consejo para que incluya este tipo de evaluación en el proceso de adopción y que estudie como parte de dicha evaluación otras opciones políticas -que posiblemente supongan una menor intrusión (23).

39. Además el SEPD propone incluir una cláusula de evaluación en el capítulo 7 de la iniciativa («Disposiciones de ejecución y disposiciones finales»). Este tipo de cláusula de evaluación es como sigue: «La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de la aplicación de la presente Decisión del Consejo con vistas a determinar si es necesario modificar las disposiciones de la presente Decisión del Consejo, no más de tres años tras su entrada en vigor».

40. Dicha cláusula de evaluación es un instrumento especialmente útil en el presente contexto en el que la necesidad y la proporcionalidad de esta iniciativa no se han establecido claramente (aún) y en el que se introduce un sistema de intercambio de información utilizado por toda la UE que se basa en experiencias limitadas.

VI. Diversos tipos de datos: perfiles de ADN, impresiones dactilares y datos de matriculación de vehículos

Observaciones generales

41. El capítulo 2, acceso en línea y peticiones consecutivas, distingue tres tipos de datos: los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos. Esta distinción lleva a dos observaciones generales.

42. En primer lugar, cabe señalar que todos los datos tratados en el marco de la Decisión del Consejo, salvo los datos a los que se refiere el artículo 13 (24), son datos personales en virtud de la Directiva 95/46/CE (25) y otros instrumentos del derecho comunitario. De conformidad con el artículo 2 a) de la Directiva, se entiende por «datos personales» toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. La propuesta de una Decisión Marco del Consejo sobre la protección de datos personales preparada en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, que -una vez adoptada- se aplicará al intercambio de información en virtud de esta iniciativa, utiliza la misma definición. El SEPD lamenta que la iniciativa no proponga una definición de los datos personales y sugiere incluir esta definición en el artículo 24 por razones de claridad jurídica.

43. En todo caso, de conformidad con la definición mencionada en el punto precedente no cabe duda que también se considera que las bases de datos que contienen únicamente perfiles de ADN y los índices de referencia provenientes de ficheros de análisis del ADN y sistemas de identificación de impresiones dactilares son en su totalidad o en su mayoría recopilaciones de datos personales.

44. En segundo lugar, el propósito del intercambio de datos es diferente para los tres tipos de datos personales: los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos. En lo que se refiere al ADN, los Estados miembros crearán y mantendrán ficheros nacionales de análisis del ADN para los fines de la persecución de delitos (artículo 2, apartado 1), en lo que se refiere a las impresiones dactilares, garantizarán que se disponga de índices de referencia relativos a los datos contenidos en los sistemas automatizados nacionales de identificación dactiloscópica creados para los fines de la prevención y persecución de delitos (artículo 8) y en lo que se refiere a los datos de matriculación de vehículos, el intercambio incluye no sólo la prevención y persecución de delitos, sino también la persecución de infracciones no penales así como también la prevención de amenazas para la seguridad y el orden público (artículo 12, apartado 1).

45. Asimismo, el intercambio de los datos de ADN y las impresiones dactilares y el acceso a éstos están sujetos a garantías más estrictas que el intercambio de datos de matriculación de vehículos y el acceso a éstos. En cuanto a los datos de ADN y las impresiones dactilares, el acceso se limita en un principio a los índices de datos a partir de los cuales la persona implicada no puede identificarse directamente. La iniciativa estipula el principio de la separación en dos bases de datos diferentes con los datos biométricos por un lado y los datos de identificación textual por otro. El acceso a la segunda base de datos sólo es posible si se obtiene una «respuesta pertinente» en la primera. Esta separación de bases de datos no existe en lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos, para los que se facilita un acceso directo y automático y no se necesita una base de datos doble.

46. El SEPD está de acuerdo con esta gradación y considera que es un instrumento útil para la protección de los datos personales de las personas implicadas: cuanto más sensibles sean los datos, los propósitos para los que se puedan utilizar y su acceso serán más limitados. Especialmente en el caso del ADN, que es el tipo de datos personales potencialmente más sensible de que trata la iniciativa, los datos sólo se pueden intercambiar por motivos de procedimiento penal y no por vigilancia preventiva. Además, los perfiles sólo se pueden obtener a partir de la parte no codificante del ADN.

Observaciones específicas de los datos de ADN

47. En lo que se refiere a los datos de ADN, puede aludirse a los dictámenes del SEPD precedentes (26). Es fundamental que se defina claramente el concepto de los datos de ADN y que se diferencien los perfiles de ADN de los datos de ADN que pueden facilitar información sobre las características genéticas y/o el estado de salud de un individuo. También se deben tomar en cuenta los avances de la ciencia: lo que se puede considerar como un perfil ADN inocente en algún momento, puede revelar más tarde mucha más información que lo que se esperaba y necesitaba.

48. La iniciativa limita la disponibilidad de los perfiles de ADN a los obtenidos a partir de la parte no codificante del ADN. Sin embargo, en el texto de la iniciativa no hay definiciones precisas de los perfiles de ADN así como tampoco un procedimiento para elaborar dichas definiciones comunes, según la tecnología de punta en la ciencia. El acuerdo de ejecución del Tratado de Prüm (27) define la parte no codificante del ADN como sigue: las zonas cromosómicas que no contienen ninguna expresión genética, es decir, de las que no se sabe que proporcionen información sobre características hereditarias específicas. El SEPD sugiere incluir una definición de la parte no codificante en la iniciativa y proponer un procedimiento que asegure que efectivamente no se revele -tanto ahora como más tarde- más información a partir de la parte no codificante.

49. La iniciativa parte de la hipótesis de que el hecho de comparar los perfiles de ADN es un instrumento clave para la cooperación policial. Por ello, todos los Estados miembros tienen que realizar bases de datos de ADN para su utilización en la jurisdicción penal. Si se toma en cuenta los costes de dichas bases de datos y los riesgos desde el punto de vista de la protección de datos, se necesita una minuciosa evaluación previa de la eficacia de este instrumento. La experiencia limitada en el intercambio de datos de ADN entre Alemania y Austria no basta.

50. En cuanto a esto, el SEPD señala que la iniciativa obliga a todos los Estados miembros a crear ficheros nacionales de análisis del ADN. Es importante subrayar que varios Estados miembros ya han creado con éxito bases de datos nacionales de ADN, mientras que otros Estados miembros tienen muy poca experiencia o ninguna en este campo. La base de datos más desarrollada de Europa (y del mundo) es la base de datos de ADN del Reino Unido. Dispone de más de 3 millones de entradas, lo que la hace la recopilación de perfiles de ADN más grande. La base de datos incluye a las personas que han sido condenadas por delitos así como también aquellas que han sido detenidas y aquellas que han facilitado muestras voluntariamente con fines de exclusión (28). La situación en otros países es diferente. Por ejemplo, Alemania sólo dispone de los perfiles de aquellos que han sido condenados por delitos graves. Incluso se puede pensar que en Alemania la obtención de ADN que permita responder a objetivos más amplios no sería compatible con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (29).

51. El SEPD lamenta que la iniciativa no especifique las categorías de personas que se incluirán en las bases de datos de ADN. Esta especificación no sólo armonizaría las disposiciones nacionales en este ámbito -lo que contribuiría a la eficacia de la cooperación transfronteriza- sino que también aumentaría la proporcionalidad de la obtención e intercambio de estos datos personales, siempre y cuando se limiten las categorías de personas.

52. Un tema relacionado que es competencia de las leyes nacionales de los Estados miembros es el periodo de conservación de datos de los ficheros de análisis del ADN. El Derecho interno puede estipular que los perfiles que se crean en dichos ficheros se guarden durante toda la vida de la persona implicada, cualquiera que sea la decisión del juicio procesal, pero también puede estipular que los perfiles se guarden, excepto si no se ha acusado a la persona y por ello el tribunal no la ha condenado, o que se evalúe regularmente si es necesario seguir almacenando los datos (30).

53. Por último, el SEPD dirige su atención al artículo 7 sobre la obtención de material genético molecular y transmisión de perfiles de ADN. No se prevé una disposición similar para las impresiones dactilares. La disposición obliga a un Estado miembro, tras petición de otro Estado miembro y en el contexto de investigaciones o acciones penales en curso, a obtener y examinar material genético molecular de una persona y luego transmitir el perfil de ADN a ese otro Estado miembro, de conformidad con ciertas condiciones. Este artículo va demasiado lejos. Obliga a un Estado miembro a obtener (y examinar) activamente material biométrico de una persona a condición de que se permita dicha obtención y examen en el Estado miembro requirente (condición b).

54. La disposición no sólo va demasiado lejos sino que también es indeterminada. Por un lado no se limita a los delitos más graves y ni siquiera a los sospechosos de un delito, por otro se deben cumplir con los requisitos del Derecho interno del Estado miembro requirente (condición c) sin indicar de qué pueden tratarse estos requisitos. Según el SEPD, se necesita una explicación adicional de este artículo, que especifique preferentemente el texto del artículo. En todo caso, este artículo necesita interpretarse de manera más limitada con respecto al principio de proporcionalidad.

VII. El marco para la protección de datos

55. Esta parte del dictamen analizará los problemas siguientes relativos a la protección de datos:

– La necesidad de un marco general para la protección de datos en el tercer pilar.

– Ejemplos que justifiquen los motivos por los cuales se necesita el marco general a pesar de las disposiciones del capítulo 6 de la iniciativa.

– Un corto estudio del capítulo 6.

56. Como comentario previo, el SEPD señala que el artículo 1 de la iniciativa que describe el objetivo y el ámbito de aplicación no contiene ninguna referencia al capítulo 6 aunque las Decisiones del Consejo disponen de un capítulo sobre la protección de datos. Por consiguiente, el SEPD recomienda añadir ese tipo de referencia al texto.

La necesidad de un marco general

57. Como ya se ha observado en otras oportunidades (31), para el SEPD es fundamental que no se adopten instrumentos jurídicos específicos que faciliten el intercambio de información entre los servicios de seguridad -como esta iniciativa de una Decisión del Consejo- antes de que el Consejo adopte un marco sobre la protección de datos que vele por un nivel apropiado de protección de datos de conformidad con las conclusiones del SEPD en sus dos dictámenes sobre la propuesta de la Comisión de una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar (32).

58. Un marco jurídico para la protección de datos personales es una condición indispensable para el intercambio de datos personales entre los servicios de seguridad, como lo estipula el artículo 30, apartado 1, punto b del Tratado UE y con arreglo a varios documentos orientativos de la UE. Sin embargo, en la práctica las leyes que facilitan el intercambio de datos se adoptan antes de que se garantice un nivel adecuado de protección de datos personales. Se debe invertir este orden.

59. El orden inverso es también importante puesto que las normas más detalladas sobre la protección de datos personales en esta iniciativa pueden interferir con la futura Decisión Marco común relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar que aún se está debatiendo. Tampoco es eficaz comenzar a aplicar las disposiciones relativas a la protección de datos personales de esta iniciativa -que incluye la adopción de estándares para la protección de datos y procedimientos administrativos así como también la designación de las autoridades competentes- antes de adoptar la Decisión Marco relativa a la protección de datos personales que puede incluir requisitos diferentes y, por consiguiente, requeriría modificar las disposiciones nacionales que acaban de adoptarse.

60. El artículo 25, apartado 1, de esta iniciativa se refiere al Convenio nº 108 del Consejo de Europa, al Protocolo Adicional de dicho Convenio del 8 de noviembre de 2001 y a la Recomendación no R (87) 15 por la que se regula la utilización de los datos personales en el sector policial. Dichos instrumentos adoptados por el Consejo de Europa deberían facilitar un nivel mínimo de protección de datos personales. Sin embargo, como el SEPD ya lo ha declarado antes (33), el Convenio que obliga a todos los Estados miembros no proporciona la precisión necesaria, como ya se reconoció cuando se adoptó la Directiva 95/46/CE. Dada su naturaleza, la Recomendación no es vinculante.

Ejemplos de la necesidad del marco general a pesar de las disposiciones del capítulo 6

61. Primero, se pretende que las disposiciones del capítulo 6 de la iniciativa se basen en un marco general relativo a la protección de datos (véase el artículo 25 de la iniciativa). Las disposiciones deben entenderse como lex specialis que se aplican a los datos transmitidos con arreglo a esta Decisión del Consejo. Desafortunadamente, el actual marco general del Convenio no 108 del Consejo de Europa y demás documentos relacionados no son satisfactorios. Sin embargo, la intención por sí misma ejemplifica el hecho de que se necesita un marco general apropiado incluido en una Decisión Marco del Consejo. Pero este no es el único ejemplo de la necesidad de dicho marco.

62. Segundo, la iniciativa cubre sólo una parte del tratamiento de datos personales para fines policiales y del intercambio de dichos datos entre los Estados miembros. La naturaleza del capítulo 6 de la iniciativa hace que éste se limite al tratamiento en relación al intercambio de información que prevé la iniciativa. Por consiguiente, se excluye cualquier otro tipo de intercambio de otra información policial y judicial en el ámbito de la iniciativa, principalmente la información que no se refiere a los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos. Otro ejemplo de la cobertura parcial del capítulo 6 de la iniciativa es relativa al acceso con fines policiales a datos obtenidos por empresas privadas, dado que la iniciativa busca intercambiar información entre agencias responsables de la prevención e investigación de delitos penales (artículo 1 de la iniciativa).

63. Tercero, en lo que concierne al ámbito de aplicación de las disposiciones del capítulo 6, el texto de la iniciativa es ambiguo y por consiguiente le falta claridad jurídica. De conformidad con el artículo 24, apartado 2, de la iniciativa estas disposiciones conciernen a los datos que son o han sido transmitidos con arreglo a la Decisión del Consejo. Según el SEPD, esta expresión garantiza que se cubre el acceso directo a los perfiles de ADN, las impresiones dactilares y los datos de matriculación de vehículos así como también la situación especial con arreglo al artículo 7 de la iniciativa (34). Además, no cabe duda que también se cubre la transmisión de datos personales en virtud del artículo 14 (grandes acontecimientos) y el artículo 16 (para la prevención de atentados terroristas).

64. Sin embargo, no queda claro si el capítulo 6 sólo se aplica a los datos personales que los Estados miembros se intercambian o se han intercambiado o si también se aplica a la obtención y el tratamiento de datos relativos al ADN y de las impresiones dactilares en un Estado miembro con arreglo a los artículos 2 y 8 de la iniciativa. En otras palabras, ¿el capítulo 6 se aplica a los datos personales que se han obtenido en virtud de la Decisión del Consejo pero no transmitidos (aún) a otros Estados miembros? Asimismo, tampoco queda claro si se cubre la transmisión de datos personales adicionales tras el hallazgo de una concordancia entre perfiles de ADN o impresiones dactilares dado que por un lado, el considerando 11 implica que la transmisión de información adicional (mediante procedimientos de asistencia mutua) es competencia de la Decisión del Consejo, mientras que por otro lado, los artículos 5 y 10 subrayan que para una transmisión de este tipo se aplica el Derecho interno. Por último, cabe señalar que el artículo 24, apartado 2, incluye una excepción a la aplicabilidad del capítulo 6. Las disposiciones se aplicarán «salvo que se establezca otra cosa en los capítulos precedentes». Según el SEPD, esta condición carece de valor intrínseco -el SEPD no encontró ninguna disposición contradictoria en los capítulos precedentes- no obstante, la condición puede aumentar la ambigüedad del texto en lo que se refiere a la aplicación del capítulo 6.

65. El SEPD recomienda que el artículo 24, apartado 2, especifique que el capítulo 6 se aplica a la obtención y el tratamiento de datos relativos al ADN y de las impresiones dactilares en un Estado miembro y que también cubre la transmisión de datos personales adicionales en el ámbito de esta decisión. Además, se deberá suprimir la condición «salvo que se establezca otra cosa en los capítulos precedentes». Estas aclaraciones garantizarán las consecuencias sustanciales de las disposiciones del capítulo 6.

66. En cuarto lugar, la naturaleza de las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6, siempre que se basen en la noción tradicional de asistencia judicial en materia penal, es un ejemplo de la necesidad de un marco general. El hecho de compartir información supone una armonización mínima de las reglas básicas relativas a la protección de datos o al menos el reconocimiento mutuo de las leyes nacionales para evitar que las diferencias entre las leyes de los Estados miembros perjudiquen la eficacia de la cooperación.

67. Aunque la iniciativa estipula la armonización de algunos asuntos importantes en lo que concierne a las leyes relativas a la protección de datos, en lo que concierne a otros asuntos importantes, las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6 no armonizan las leyes nacionales ni tampoco estipulan el reconocimiento mutuo. En cambio, se basan en la aplicabilidad simultánea de dos (o más) sistemas legales: por lo general, sólo se permite la transmisión de datos si se cumplen las leyes tanto del Estado miembro transmisor como del Estado miembro receptor. En otras palabras, en lo que respecta a estos asuntos la iniciativa no contribuye a un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores sino que éstos dan contenido al sistema tradicional de asistencia judicial en materia penal, basado en la soberanía nacional (35).

68. Según el SEPD, esta naturaleza del capítulo 6 no facilita el intercambio de datos personales sino que aumenta su complejidad, tomando en cuenta que la iniciativa pretende que el sistema del Tratado de Prüm se pueda aplicar en los 27 Estados miembros y dado que no se ha adoptado aún un marco general común relativo a la protección de datos. Por ejemplo, el artículo 26, apartado 1, permite el tratamiento de datos con otros propósitos sólo si lo permite el Derecho interno tanto del Estado miembro transmisor como del receptor. Otro ejemplo es el artículo 28, apartado 3, que estipula que se deben suprimir los datos personales que no se hayan transmitido (o recibido). Pero ¿cómo sabe el Estado miembro receptor que los datos no se han transmitido legítimamente con arreglo a las leyes del Estado miembro transmisor? Esto puede causar dificultades cuando estos problemas surjan en casos pendientes ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

69. En quinto lugar, este marco común relativo a la protección de datos personales es aún más importante puesto que hay grandes diferencias entre las leyes de los Estados miembros, tanto en derecho penal sustantivo como en derecho referente al enjuiciamiento criminal. Además de las consecuencias la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, dichas diferencias también afectan directamente a las personas a las que se refieran los datos que intercambien las autoridades de dos o más Estados miembros. Por ejemplo, su tutela judicial efectiva ante un tribunal puede no ser la misma en todos los Estados miembros.

70. Para concluir, la propuesta armoniza algunos elementos del intercambio de datos entre autoridades competentes y por este motivo incluye un capítulo relativo a la protección de datos, pero está lejos de armonizar todas las garantías de la protección de datos. Las disposiciones no son ni exhaustivas (como debería ser un marco general, lex generalis) ni completas (puesto que faltan elementos importantes, como se demuestra en el punto 75 más abajo).

71. Es evidente que fuera del ámbito de la iniciativa se necesita un marco general común relativo a la protección de datos. El ciudadano tiene derecho a contar con un mínimo nivel armonizado relativo a la protección de datos, sin importar en qué sitio de la Unión Europea se tratan con fines policiales los datos que le conciernen.

72. Pero también en el ámbito de la iniciativa se necesita este tipo de marco común. La iniciativa trata entre otras cosas de la recopilación, el tratamiento y el intercambio de datos biométricos potencialmente sensibles como los datos relativos al ADN. Además, el círculo de personas implicadas que pueden incluirse en este sistema no se limita a los datos de los sospechosos (o condenados) de delitos específicos. En dichas circunstancias, se debería contar aún más con un sistema de protección de datos claro y adecuado.

73. En este contexto, cabe decir nuevamente que no se define de manera clara el ámbito de la iniciativa y el de su capítulo 6. Por motivos de seguridad jurídica es fundamental que se protejan muy bien los datos personales sin tomar en cuenta si entran o no en dicho ámbito y en qué situaciones. Por los mismos motivos, se deberá velar por la coherencia de las normas aplicables dentro y fuera del ámbito de la iniciativa.

Las disposiciones del capítulo 6

74. Las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6 de la iniciativa tratan de los datos que se transmiten o que se han transmitido de conformidad con la decisión. Tratan de unas cuantas cuestiones importantes y se han proyectado cuidadosamente como disposiciones específicas encima de un marco general relativo a la protección de datos. El SEPD concluye que en términos generales las disposiciones ofrecen esencialmente una protección adecuada.

75. Sin embargo, además de lo que ya se ha expresado más arriba sobre la naturaleza de las disposiciones del capítulo 6, el SEPD ha identificado algunos otros defectos en las disposiciones de dicho capítulo (36):

– El artículo 30 sobre el registro sólo se aplica al intercambio de datos personales y no al acceso de dichos datos con fines policiales. Hubiera sido mejor redactar un proyecto del artículo de manera que asegure que se registran todas las actividades respecto a dichos datos.

– El artículo 31 limita el derecho a la información de la persona implicada al derecho de petición de la información. Este requisito va en contra de un elemento fundamental de la protección de datos, a saber, el responsable del tratamiento informa de manera simple al interesado del que se recoge información sobre esta obtención, sin que éste lo pida (37). Es más, el interesado en muchos casos no sabrá nada sobre la obtención de sus datos. Por supuesto el ejercicio del derecho a la información puede estar sujeto a excepciones, condiciones o limitaciones, por ejemplo, para proteger el interés de una investigación penal en curso, pero no puede resultar en que se prive al derecho de su contenido inherente, requiriendo como norma general una petición del interesado (38).

– El capítulo 6 no prevé una separación de datos relativos a diferentes categorías de personas (víctimas, sospechosos, otras personas cuyos datos se encuentran en una base de datos). Este tipo de separación en categorías de personas según su grado de implicación en el delito se incluyó en la propuesta de la Comisión para una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales en el tercer pilar y es aún más importante en el contexto de esta iniciativa puesto que permite el tratamiento de datos personales (a veces sensibles) de personas que no están implicadas directamente en un delito.

– Ya se ha hecho un comentario: falta la definición de los datos personales (39).

76. El SEPD recomienda al Consejo que se ocupe de estos defectos, ya sea modificando el texto de la iniciativa y/o incluyendo estos elementos en una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos en el tercer pilar. Desde el punto de vista del SEPD, la primera opción no conduce necesariamente a una modificación del sistema de intercambio de información y no contradice la intención de los 15 Estados miembros que tomaron la iniciativa de no cambiar las partes esenciales del Tratado de Prüm.

VIII. Conclusiones

77. Este dictamen toma en cuenta la particular naturaleza de la iniciativa, concretamente el hecho de que no se prevén modificaciones importantes del contenido de las disposiciones. Las modificaciones que el SEDP propone esencialmente sirven para mejorar el texto sin modificar el sistema de intercambio de información en sí mismo.

78. El SEPD saluda el hecho de que esta iniciativa tiene un enfoque más cauto y gradual a efectos de la aplicación del principio de disponibilidad. Sin embargo, lamenta que la iniciativa no armonice los elementos esenciales de la obtención e intercambio de los diferentes tipos de datos, también para velar por el respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad.

79. El SEPD lamenta que se tome esta iniciativa sin una evaluación adecuada del impacto y hace un llamamiento al Consejo para que incluya este tipo de evaluación en el proceso de adopción y estudie como parte de esta evaluación otras opciones políticas -que posiblemente supongan una menor intrusión-.

80. El SEPD apoya el enfoque de la iniciativa en lo que se refiere a los diferentes tipos de datos personales: cuanto más sensibles sean los datos, los propósitos para los que se puedan utilizar y su acceso serán más limitados.

81. El SEPD lamenta que la iniciativa no especifique las categorías de personas que se incluirán en las bases de datos de ADN y que no limite los periodos de retención.

82. El Consejo no debería adoptar su Decisión antes de la adopción de una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de los datos personales tratados en el marco de cooperación policial y judicial en materia penal, que ofrezca un nivel de protección adecuado.

83. Las disposiciones relativas a la protección de datos del capítulo 6 de la iniciativa no facilitan el intercambio de datos personales sino que aumentan la complejidad de este intercambio, en la medida en que se basan en la noción tradicional de asistencia judicial en materia penal.

84. El SEPD recomienda modificar el texto de la iniciativa de la siguiente manera:

– incluir en el artículo 1 una referencia al capítulo 6 relativo a la protección de datos,

– incluir una definición de la parte no codificante del ADN y proponer un procedimiento que asegure que no se revele -tanto ahora como más tarde- más información a partir de la parte no codificante,

– especificar el texto del artículo 7, tomando en cuenta que el principio de proporcionalidad requiere una interpretación más limitada de este artículo,

– incluir una definición de los datos personales en el artículo 24,

– especificar en el artículo 24, apartado 2, que el capítulo 6 se aplica a la obtención y el tratamiento de datos relativos al ADN y de las impresiones dactilares en un Estado miembro y que también se cubre la transmisión de datos personales adicionales que sea competencia de esta decisión,

– suprimir en el artículo 24, apartado 2, la condición «salvo que se establezca otra cosa en los capítulos precedentes»,

– modificar el artículo 30 relativo al registro de manera que asegure que se registran todas las actividades relacionadas con ese tipo de datos,

– modificar el artículo 31 de manera que vele por el derecho a la información del interesado sin que se requiera una petición,

– incluir en el capítulo 6 una separación de datos relativos a diferentes categorías de personas (víctimas, sospechosos, otras personas cuyos datos se encuentran en una base de datos),

– añadir una frase al artículo 34 de la iniciativa para una Decisión del Consejo, que es como sigue: «El Consejo consultará el SEPD antes de adoptar una medida de ejecución de este tipo»,

– incluir una cláusula de evaluación en el capítulo 7 de la iniciativa.

85. De manera más general, el SEPD recomienda al Consejo que se ocupe de estos defectos de la iniciativa, ya sea modificando el texto de la iniciativa y/o incluyendo estos elementos en una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos en el tercer pilar. Desde el punto de vista del SEPD, la primera opción (con respecto a los elementos mencionados en el punto precedente) no conduce necesariamente a una modificación del sistema de intercambio de información y no contradice la intención de los 15 Estados miembros que tomaron la iniciativa de no cambiar las partes esenciales del Tratado de Prüm.

86. Por último, se deberá mencionar el presente dictamen en el preámbulo de la Decisión del Consejo.

Hecho en Bruselas, el 4 de abril de 2007.

Peter Hustinx,

Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1

(3) Se mencionan los Estados miembros en el título del presente dictamen. La iniciativa se publicó el 28 de marzo de 2007 en DO C 71, p. 35.

(4) Con arreglo al artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, la Comisión debe consultar al SEPD cuando adopta una propuesta legislativa relativa a la protección de los derechos y libertades de las personas con respecto al tratamiento de datos personales. Esta obligación no es válida si se trata de la iniciativa de uno o más Estados miembros; la consulta del SEPD por los Estados miembros es entonces opcional.

(5) De conformidad con la práctica seguida por la Comisión en otros casos (recientes). Véase el dictamen del SEPD de 12 de diciembre de 2006 relativo a las propuestas de modificación del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y sus normas de desarrollo (COM(2006) 213 final y SEC(2006) 866 final), publicado recientemente en www.edps.europa.eu.

(6) Tratado de 27 de mayo de 2005 entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal.

(7) Véase el punto 15.

(8) El Programa de La Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, aprobado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004.

(9) COM (2005) 490 final. El dictamen del SEPD se publica en el DO [2006], C 116, p. 8.

(10) El presente dictamen utilizará el término más común «impresiones dactilares» en vez de «datos dactiloscópicos» que es el término utilizado en la iniciativa.

(11) Véase el considerando 17 de la iniciativa.

(12) Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981.

(13) Véase más adelante el punto VII del presente dictamen.

(14) Además de la primera experiencia con el intercambio de información entre Alemania y Austria mencionado en el punto 33.

(15) En la época del Schengen, la cooperación dentro de la Comunidad Económica Europea. En muchos casos al Tratado de Prüm se le llama Schengen III.

(16) La Comisión adoptó la propuesta (mencionada en el punto 3) tras la adopción del Tratado de Prüm.

(17) Entre otras cosas estos artículos requieren la participación de la Comisión y el Parlamento Europeo, que deben velar por la utilización de la cooperación reforzada exclusivamente como último recurso.

(18) Se puede encontrar este acuerdo en el documento del Consejo 5473/07 de 22 de enero de 2007. Véase http://www.statewatch.org/news/2007/jan/prum-implementing-agreement.pdf.

(19) DO L 386, p. 89. Se adoptó esta Decisión Marco a iniciativa sueca.

[20] Dictamen del SEPD de 28 de febrero de 2006, DO C 116 de 17.5.2006, p. 8, punto 69.

(21) El SEPD saluda el enfoque gradual en general (punto 26). Sin embargo, como se muestra en el punto 37, en este caso específico sería preferible una armonización mínima de los elementos esenciales de la compilación y el intercambio de los tipos diferentes de datos.

(22) Los resultados de la comparación automatizada de perfiles de ADN en las bases de datos alemana y austríaca se presentaron en la reunión extraoficial de los Ministros JAI en Dresde (del 14 al 16 de enero de 2007) y están publicados en el sitio web de la Presidencia alemana (www.bmi.bund.de). Los resultados de este primer intercambio mencionan una cantidad impresionante de más de 2000 concordancias en dos meses, en algunos casos en relación con delitos graves.

(23) Una «evaluación del impacto en la protección de la intimidad».

(24) Y tal vez también los perfiles de ADN no identificados mencionados en el artículo 2, apartado 2, de la iniciativa.

(25) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos (DO L 281, p. 31).

(26) Véase por ejemplo el dictamen del SEPD relativo al principio de disponibilidad citado en la nota 9, puntos 59 y 60.

(27) Véase la nota 18.

(28) Véase la declaración que el Comisario de información del Reino Unido presentó ante el comité restringido de la Cámara de los Lores relativa a la investigación del Subcomité F de la Unión Europea (Asuntos de Interior) sobre el Tratado de Prüm (punto 10 de la declaración). Al decir «con fines de exclusión» se entiende que no se incluyen personas pertenecientes a los grupos de sospechosos de delitos.

(29) Véase por ejemplo la Sentencia de 14 de diciembre de 2000, BvR 1741/99 en la que la utilización de muestras de ADN para delitos menos graves no se consideró compatible con el principio de proporcionalidad.

(30) Con respecto a esta alternativa, véase el artículo 20, apartado 1 de la propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), (COM(2006) 817 final) y el dictamen del SEPD de 16 de febrero de 2007 (punto 26).

(31) Véase el reciente dictamen del SEPD de 16 de febrero de 2007 relativo a la propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

(32) Dictámenes del SEPD de 19 de diciembre de 2005 (DO [2006] C 47, p. 27) y de 29 de noviembre de 2006, publicados en el sitio web del SEPD.

(33) Véase por ejemplo el (primer) dictamen sobre la propuesta de la Comisión para una Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos en el tercer pilar, punto 4.

(34) Véase al punto 53 del presente dictamen.

(35) Véase también el considerando 11 de la iniciativa que estipula que los Estados miembros «piden información complementaria acogiéndose a procedimientos de asistencia mutua».

(36) Este punto no contiene una lista de defectos limitada; sólo menciona los más importantes desde la perspectiva de la protección de datos.

(37) Véase por ejemplo el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE (referencia en la nota 25).

(38) El SEPD señala que el artículo 31 hace referencia a la Directiva 95/46 CE mientras que en un instrumento del tercer pilar una referencia a un instrumento jurídico aplicable en este campo hubiera sido más lógico, en el caso en cuestión, el protocolo adicional del Convenio 108 del Consejo de Europa.

(39) Véase el punto 42 más arriba.

Act on Processing of Personal Data, Act. Nº 429, 31 may 2000

WE MARGRETHE THE SECOND, by the Grace of God, Queen of Denmark make known that: Folketinget (the Danish Parliament) has passed and We have granted Our Royal Assent to the following Act:

Title I. General provisions

Part 1. Scope of the Act

§ 1.

(1) This Act shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.

(2) This Act shall further apply to other non-automatic systematic processing of data which is performed for private persons or bodies and which includes data on individual persons» private or financial conditions or other personal circumstances which can reasonably be claimed not to be made open to the public. However, this shall not apply to Part 8 and Part 9 of this Act.

(3) This Act shall further apply to the processing of data concerning enterprises, etc., cf. subsections (1) and (2), if the processing is carried out for credit information agencies. The same shall apply in the case of processing of data covered by section 50 (1) 2.

(4) Part 5 of the Act shall also apply to the processing of data concerning companies, etc., cf. subsection (1).

(5) In other cases than those mentioned in subsection (3), the Minister of Justice may decide that the provisions of this Act shall apply, in full or in part, to the processing of data concerning companies, etc. which is performed for private persons or bodies.

(6) In other cases than those mentioned in subsection (4), the competent Minister may decide that the provisions of this Act shall apply, in full or in part, to the processing of data concerning enterprises, etc. performed on behalf of public administrations.

§ 2.

(1) Any rules on the processing of personal data in other legislation which give the data subject a better legal protection shall take precedence over the rules laid down in this Act.

(2) This Act shall not apply where this will be in violation of the freedom of information and expression, cf. Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

(3) This Act shall not apply to the processing of data undertaken by a natural person with a view to the exercise of activities of a purely private nature.

(4) The provisions laid down in Parts 8 and 9 and sections 35 to 37 and section 39 shall not apply to processing of data which is performed on behalf of the courts-of-law in the area of criminal law. Nor shall the provisions laid down in Part 8 of the Act and sections 35 to 37 and section 39 apply to processing of data which is performed on behalf of the police and the prosecution in the area of criminal law.

(5) This Act shall not apply to the processing of data which is performed on behalf of the Folketing (the Danish Parliament) and its related institutions.

(6) This Act shall not apply to the processing of data covered by the Act on information data bases operated by the mass media.

(7) This Act shall not apply to information data bases which exclusively include already published periodicals or sound and vision programmes covered by paragraphs 1 or 2 of section 1 of the Act on the responsibility of the media, or part hereof, provided that the data are stored in the data base in the original version published. However, sections 41, 42 and 69 of the Act shall apply.

(8) Furthermore, this Act shall not apply to information data bases which exclusively include already published texts, images and sound programmes which are covered by paragraph 3 of section 1 of the Act on the responsibility of the media, or parts hereof, provided that the data are stored in the data base in the original version published. However, sections 41, 42 and 69 of the Act shall apply.

(9) This Act shall not apply to manual files of cuttings from published, printed articles which are exclusively processed for journalistic purposes. However, sections 41, 42 and 69 of the Act shall apply.

(10) Processing of data which otherwise takes place exclusively for journalistic purposes shall be governed exclusively by sections 41, 42 and 69 of this Act. The same shall apply to the pro-cessing of data for the sole purpose of artistic or literary expression.

(11) This Act shall not apply to the processing of data which is performed on behalf of the intelligence services of the police and the national defence.

Part 2. Definitions

§ 3.

(1) For the purposes of this Act:

1. «personal data» shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person («data subject»);

2. «processing» shall mean any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means;

3. «personal data filing system» («filing system») shall mean any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis;

4. «controller» shall mean the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the pro-cessing of personal data;

5. «processor» shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;

6. «third party» shall mean any natural or legal person, public authority, agency or any other body other than the data subject, the controller, the processor and the persons who, under the direct authority of the controller or the processor, are authorised to process the data;

7. «recipient» shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom data are disclosed, whether a third party or not; however, authorities which may receive data in the framework of a particular inquiry shall not be regarded as recipients;

8. «the data subject´s consent» shall mean any freely given specific and informed indication of his wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data relating to him being processed;

9. «third country» shall mean any state which is not a member of the European Community and which has not implemented agreements entered into with the European Community which contain rules corresponding to those laid down in Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Part 3. Geographical territory of the Act

§ 4.

(1) This Act shall apply to processing of data carried out on behalf of a controller who is established in Denmark, if the activities are carried out within the territory of the European Community.

(2) This Act shall further apply to processing carried out on behalf of Danish diplomatic representations.

(3) This Act shall also apply to a controller who is established in a third country, if
1. the processing of data is carried out with the use of equipment situated in Denmark, unless such equipment is used only for purposes of transit of data through the territory of the European Community; or
2. the collection of data in Denmark takes place for the purpose of processing in a third country.

(4) A controller who is governed by this Act in accordance with paragraph 1 of subsection (3) shall designate a representative established in the territory of Denmark. This shall be without prejudice to legal actions which could be initiated by the data subject against the controller concerned.

(5) The controller shall inform the Data Protection Agency in writing of the name of the designated representative, cf. subsection (4).

(6) This Act shall apply where data are processed in Denmark on behalf of a controller established in another Member State and the processing is not governed by Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of data and on the free movement of such data. This Act shall also apply if data are processed in Denmark on behalf of a controller established in a state which has entered into an agreement with the European Community which contains rules corresponding to those laid down in the above-mentioned Directive and the processing is not governed by these rules.

Title II. Rules on processing of data

Part 4. Processing of data

§ 5.

(1) Data shall be processed in accordance with good practices for the processing of data.

(2) The collection of data shall take place for specified explicit and legitimate purposes and they shall not be further processed in a way incompatible with these purposes. Further processing of data which takes place exclusively for historical, statistical or scientific purposes shall not be considered incompatible with the purposes for which the data were collected.

(3) Data which are to be processed shall be adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which the data are collected and the purposes for which they are subsequently processed.

(4) The processing of data shall be organised in a way which ensures the required up-dating of the data. Furthermore, necessary checks should be made to ensure that no inaccurate or misleading data are processed. Data which turn out to be inaccurate or misleading shall be erased or rectified without delay.

(5) The data collected may not be kept in a form which makes it possible to identify the data subject for a longer period than is necessary for the purposes for which the data are processed.

§ 6.

(1) Personal data may be processed only if:

1. the data subject has given his explicit consent; or

2. processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a
party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a con-tract; or

3. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject; or

4. processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; or

5. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest; or

6. processing is necessary for the performance of a task carried out in the exercise of official authority vested in the controller or a third party to whom the data are disclosed; or

7. processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by the third party to whom the data are disclosed, and these interests are not overridden by the interests of the data subject.

(2) A company may not disclose data concerning a consumer to a third company for the
purpose of marketing or use such data on behalf of a third company for this purpose, unless the
data subject has given his explicit consent. The consent shall be obtained in accordance with the rules laid down in section 6 (a) of the Danish Marketing Practices Act.

(3) However, the disclosure and use of data as mentioned in subsection (2) may take place
without consent in the case of general data on customers which form the basis for classification
into customer categories, and if the conditions laid down in subsection (1) 7 are satisfied.

(4) Data of the type mentioned in sections 7 and 8 may not be disclosed or used by virtue of
subsection (3). The Minister of Justice may lay down further restrictions in the access to
disclose or use special types of data by virtue of subsection (3).

§ 7.

(1) No processing may take place of personal data revealing racial or ethnic origin, political
opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, or data concerning health
or sex life.

(2) The provision laid down in subsection (1) shall not apply where:

1. the data subject has given his explicit consent to the processing of such data; or

2. processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another person where the person concerned is physically or legally incapable of giving his consent; or

3. the processing relates to data which have been made public by the data subject; or

4. the processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.

(3) Processing of data concerning trade union affiliation may further take place where the pro-cessing is necessary for the controller»s compliance with labour law obligations or specific rights.

(4) Processing may be carried out in the course of its legitimate activities by a foundation, association or any other non-profit-seeking body with a political, philosophical, religious or tradeunion aim of the data mentioned in subsection (1) relating to the members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes. Disclosure of such data may only take place if the data subject has given his express consent or if the processing is covered by subsection (2) 2 to 4 or subsection (3).

(5) The provision laid down in subsection (1) shall not apply where processing of the data is required for the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, the provision of care or treatment or the management of health care services, and where those data are processed by a health professional subject to a statutory obligation of professional secrecy.

(6) Processing of the data mentioned in subsection (1) may take place where the processing is required for the performance by an official authority of its tasks in the area of criminal law.

(7) Exemptions may further be laid down from the provision in subsection (1) where the pro-cessing of data takes place for reasons of substantial public interests. The supervisory authority shall give its authorisation in such cases. The processing may be made subject to specific conditions. The supervisory authority shall notify the Commission of any derogation.

(8) No automatic filing systems may be kept on behalf of a public administration containing data on political affiliations which are not open to the public.

§ 8.

(1) No data about criminal records, serious social problems and other purely private data than those mentioned in section 7 (1) may be processed on behalf of a public administration, unless such processing is necessary for the performance of the tasks of the administration.

(2) The data mentioned in subsection (1) may not be disclosed to any third party. Disclosure may, however, take place where:

1. the data subject has given his explicit consent to such disclosure; or

2. disclosure takes place for the purpose of pursuing private or public interests which clearly override the interests of secrecy, including the interests of the person to whom the data relate; or

3. disclosure is necessary for the performance of the activities of an authority or required for a decision to be made by that authority; or

4. disclosure is necessary for the performance of tasks for an official authority by a person or a company.

(3) Administrative authorities performing tasks in the social field may only disclose the data
mentioned in subsection (1) and the data mentioned in section 7 (1) if the conditions laid down
in subsection (2) 1 or 2 are satisfied, or if the disclosure is a necessary step in the procedure
for dealing with the case or necessary for the performance by an authority of its supervision or
control function.

(4) Private individuals and bodies may process data about criminal records, serious social problems and other purely private matters than those mentioned in section 7 (1) if the data subject has given his explicit consent. Processing may also take place where necessary for the purpose of pursuing a legitimate interest and this interest clearly overrides the interests of the data subject.

(5) The data mentioned in subsection (4) may not be disclosed without the explicit consent of
the data subject. However, disclosure may take place without consent for the purpose of pursuing
public or private interests, including the interests of the person concerned, which clearly override
the interests of secrecy.

(6) Processing of data in the cases which are regulated by subsections (1), (2), (4) and (5) may otherwise be carried out if the conditions laid down in section 7 are satisfied.

(7) A complete register of criminal convictions may be kept only under the control of an official authority.

§ 9.

(1) Data as mentioned in section 7 (1) or section 8 may be processed where the processing is carried out for the sole purpose of operating legal information systems of significant social importance and the processing is necessary for operating such systems.

(2) The data covered by subsection (1) may not subsequently be proposed for any other purpose. The same shall apply to the processing of other data which is carried out solely for the purpose of operating legal information systems, cf. section 6.

(3) The supervisory authority may lay down more detailed conditions concerning the processing operations mentioned in subsection (1). The same shall apply to the data mentioned in section 6 which are processed solely in connection with the operation of legal information systems.

§ 10.

(1) Data as mentioned in section 7 (1) or section 8 may be processed where the processing is carried out for the sole purpose of carrying out statistical or scientific studies of significant social importance and where such processing is necessary in order to carry out these studies.

(2) The data covered by subsection (1) may not subsequently be processed for other than statistical or scientific purposes. The same shall apply to processing of other data carried out solely for statistical or scientific purposes, cf. section 6.

(3) The data covered by subsections (1) and (2) may only be disclosed to a third party with prior authorisation from the supervisory authority. The supervisory authority may lay down more detailed conditions concerning the disclosure.

§ 11.

(1) Official authorities may process data concerning civil registration numbers with a view to unambiguous identification or as file numbers.

(2) Private individuals and bodies may process data concerning civil registration numbers where:

1. this follows from law or regulations; or

2. the data subject has given his explicit consent; or

3. the processing is carried out for scientific or statistical purposes or if it is a matter of disclosing a civil registration number where such disclosure is a natural element of the ordinary operation of companies, etc. of the type mentioned and the disclosure is of decisive importance for an unambiguous identification of the data subject or the disclosure was demanded by an official authority.

(3) Irrespective of the provision laid down in subsection (2) 3, no disclosure may take place of a civil registration number without explicit consent.

§ 12.

(1) Controllers who sell lists of groups or persons for marketing purposes or who perform mailing or posting of messages to such groups on behalf of a third party may only process:

1. data concerning name, address, position, occupation, e-mail address, telephone and fax number;

2. data contained in trade registers which according to law or regulations are intended for public information; and

3. other data if the data subject has given his explicit consent. The consent shall be obtained in accordance with section 6 (a) of the Danish Marketing Practices Act.

(2) Processing of data of the type mentioned in section 7 (1), or section 8, may, however, not take place. The Minister of Justice may lay down further restrictions in the access to process special types of data.

§ 13.

(1) Official authorities and private companies, etc. may not carry out any automatic registration of the telephone numbers to which calls are made from their telephones. However, such registration may take place with the prior authorisation from the supervisory authority in cases where important private or public interests speak in favour hereof. The supervisory authority may lay down more detailed conditions for such registration.

(2) The provision laid down in subsection (1) shall not apply where otherwise provided by statute or as regards the registration by suppliers of telecommunications network and by teleservices of numbers called, either for own use or for use in connection with technical control.

§ 14.

Data covered by this Act may be transferred to storage in a filing system under the rules laid down in the legislation on files.

Part 5. Disclosure to credit information agencies of data on debts to public authorities

§ 15.

(1) Data on debts to public authorities may be disclosed to credit information agencies in accordance with the provisions laid down in this Part of the Act.

(2) No disclosure may take place of data mentioned in section 7 (1) or section 8 (1) of this Act.

(3) Confidential data disclosed in accordance with the rules laid down in this Part shall not for this reason be deemed to be otherwise accessible to the general public.

§ 16.

(1) Data on debts to public authorities may be disclosed to a credit information agency where

1. permitted by law or regulations; or

2. the total amount of debts is due and payable and is in excess of DKK 7,500; however, this amount must not include debts covered by an agreement for an extension of the time for payment or for payment by instalments which has been observed by the data subject.

(2) It is a condition that the same collection authority administers the total amount of debts, cf. subsection (1) 2.

(3) It is further a condition for the disclosure of data under the provisions of subsection (1) 2, that:

1. the debt may be recovered by means of a distraint, and that two letters requesting payment have been sent to the debtor;

2. execution has been levied, or attempts have been made to levy execution in respect of the claim;

3. the claim has been established by a final and conclusive court order; or

4. the public authorities have obtained the debtor»s written acknowledgement of the debt being due and payable.

§ 17.

(1) The public authority concerned shall notify the debtor in writing prior to the disclosure of such data. Disclosure may at the earliest take place 4 weeks after such notification.

(2) The notification referred to in subsection (1) shall include information stating:

1. which data will be disclosed;

2. the credit information agency to which disclosure of the data will take place;

3. the time at which the disclosure of the data will take place; and

4. that no disclosure of the data will take place if payment of the debt is effected prior to the disclosure, or if an extension of the time for payment is granted or an agreement is entered into and observed on payment by instalments.

§ 18.

The competent minister may lay down more detailed rules on the procedure in relation to disclosure to credit information agencies of data on debts to public authorities. In this connection it may be decided that data on certain types of debts to public authorities may not be disclosed, or may be disclosed only where further conditions than those referred to in section 16 have been complied with.

Part 6. Credit information agencies

§ 19.

Any person who wishes to carry on business involving processing of data for assessment of financial standing and creditworthiness for the purpose of disclosure of such data (credit information agency) shall obtain authorisation to do so from the Data Protection Agency prior to commencing such processing, cf. section 50 (1) 3.

§ 20.

(1) Credit information agencies may only process data which by their nature are relevant for the assessment of financial standing and creditworthiness.

(2) Data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4) may not be processed.

(3) Data on facts speaking against creditworthiness and dating back more than 5 years may not be processed, except where it is obvious in any specific case that the facts in question are of decisive importance for the assessment of the financial standing and creditworthiness of the person concerned.

§ 21.

According to the provisions of section 28 (1) or section 29 (1), credit information agencies shall notify the person to whom the data relate of the data mentioned in these provisions.

§ 22.

(1) Credit information agencies shall, at any time, at the request of the data subject, notify him within 4 weeks, in an intelligible manner, of the contents of any data or assessments relating to him that the credit information agency has disclosed within the immediately preceding 6 months, and of any other data relating to the data subject that the agency records or stores at the time of the receipt of the request, whether in a processed form or by way of digital media, including any credit ratings.

(2) Where the agency is in possession of further material relating to the data subject, the existence and type of such further material shall at the same time be communicated to him, and he shall be informed of his right to inspect such material by personally contacting the agency.

(3) The agency shall further provide information on the categories of recipients of the data and any available information as to the source of the data referred to in subsections (1) and (2).

(4) The data subject may demand that the agency»s communication as referred to in subsections (1) to (3) shall be given in writing. The Minister of Justice shall lay down rules on the payment of a fee for communications given in writing.

§ 23.

(1) Data on financial standing and creditworthiness may be given only in writing, cf., however, section 22 (1) to (3). The agency may, however either orally or in a similar manner, disclose summary data to subscribers, provided that the name and address of the inquirer are recorded and stored for at least 6 months.

(2) Publications from credit information agencies may contain data in a summary form only and may be distributed only to persons or enterprises subscribing to notices from the agency. The publications may not indicate the civil registration numbers of data subjects.

(3) Disclosure of summary data on indebtedness may only take place where the data originate from the Danish Official Gazette, have been notified by a public authority under the rules laid down in Part 5 of this Act, or if the data relate to indebtedness in excess of DKK 1,000 to a single creditor and the creditor has obtained the written acknowledgement by the data subject of the debt being due and payable, or where legal proceedings have been instituted against the debtor concerned. Data on approved debt re-scheduling schemes may, however, not be disclosed. The rules referred to in the first and second clauses of this subsection shall also apply to the disclosure of summary data on indebtedness in connection with the preparation of broader credit ratings.

(4) Summary data on the indebtedness of individuals may be disclosed only in such a manner that the data cannot form the basis for assessment of the financial standing and creditworthiness of other persons than the individuals concerned.

§ 24.

Any personal data or credit ratings which turn out to be inaccurate or misleading shall be rectified or erased without delay.

§ 25.

Where any data or credit ratings which turn out to be inaccurate or misleading have already been disclosed, the agency shall immediately give written notification of the rectification to the data subject and to any third party who has received the data or the credit rating during the six months immediately preceding the date when the agency became aware of the matter. The data subject shall also be notified of any third party that has been notified under clause 1 of this section, and of the source of the personal data or credit rating.

§ 26.

(1) Where a data subject requests the erasure, rectification or blocking of data or credit assessments which are alleged to be inaccurate or misleading, or requests the erasure of personal data which may not be processed, cf. section 37 (1), the agency shall reply in writing without delay and within 4 weeks from receipt of such a request.

(2) Where the agency refuses to carry out the requested erasure, rectification or blocking, the data subject may within 4 weeks from receipt of the reply of the agency or from expiration of the time-limit for replying laid down in subsection (1) bring the matter before the Data Protection Agency, which shall decide whether erasure, rectification or blocking shall take place. The provisions laid down in section 25 shall be correspondingly applicable.

(3) The reply of the agency in the cases mentioned in subsection (2) shall contain information about the right to bring the matter before the Data Protection Agency and about the time-limit for such submission.

Part 7. Transfer of personal data to third countries

§ 27.

(1) Transfer to a third country of data may take place only if the third country in question ensures an adequate level of protection, cf. however subsection (3).

(2) The adequacy of the level of protection afforded by a third country shall be assessed in the light of all the circumstances surrounding a data transfer operation, in particular the nature of the data, the purpose and duration of the processing operation, the country of origin and country of final destination, the rules of law in force in the third country in question and the professional rules and security measures which are complied with in that country;

(3) In addition to the cases mentioned in subsection (1), transfer of data to a third country may take place on condition that:

1. the data subject has given his explicit consent; or

2. the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of precontractual measures taken in response to the data subject»s request; or

3. the transfer is necessary for the conclusion or performance of a contract concluded in the interest of the data subject between the controller and a third party; or

4. the transfer is necessary or legally required on important public interest grounds, or for the establishment, exercise or defence of legal claims; or

5. the transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; or

6. the transfer is made from a register which according to law or regulations is open to consultation either by the public in general or by any person who can demonstrate legitimate interests, to the extent that the conditions laid down in law for consultation are fulfilled in the particular case; or

7. the transfer is necessary for the prevention, investigation and prosecution of criminal offences and the execution of sentences or the protection of persons charged, witnesses or any other persons in criminal proceedings; or

8. the transfer is necessary to safeguard public security, the defence of the Realm, and national security.

(4) Outside the scope of the transfers referred to in subsection (3), the Data Protection Agency may authorise a transfer of personal data to a third country which does not comply with the provisions laid down in subsection (1), where the controller adduces adequate safeguards with respect to the protection of the rights of the data subject. More detailed conditions may be laid down for the transfer. The Data Protection Agency shall inform the European Commission and the other Member States of the authorisations that it grants pursuant to this provision.

(5) The rules laid down in this Act shall otherwise apply to transfers of personal data to third countries in accordance with subsections (1), (3) and (4).

Title III. The data subject`s rights

Part 8. Information to be provided to the data subject

§ 28.

(1) Where the personal data have been obtained from the data subject, the controller or his representative shall provide the data subject with the following information:

1. the identity of the controller and of his representative;

2. the purposes of the processing for which the data are intended;

3. any further information which is necessary, having regard to the specific circumstances in which the personal data are obtained, to enable the data subject to safeguard his interests, such as:

(a) the categories of recipients;
(b) whether replying to the questions is obligatory or voluntary, as well as possible consequences of failure to reply;
(c) the rules on the right of access to and the right to rectify the data relating to the data subject.

(2) The provisions of subsection (1) shall not apply where the data subject already has the information mentioned in paragraphs 1 to 3.

§ 29.

(1) Where the data have not been obtained from the data subject, the controller or his representative shall at the time of undertaking the recording of the data, or where disclosure to a third party is envisaged, no later than the time when the data are disclosed, provide the data subject with the following information:

1. the identity of the controller and of his representative;

2. the purposes of the processing for which the data are intended;

3. any further information which is necessary, having regard to the specific circumstances in which the data are obtained, to enable the data subject to safeguard his interests, such as:

(a) the categories of data concerned;
(b) the categories of recipients;
(c) the rules on the right of access to and the right to rectify the data relating to the data subject.

(2) The rules laid down in subsection (1) shall not apply where the data subject already has the information referred to in paragraphs 1 to 3 or if recording or disclosure is expressly laid down by law or regulations.

(3) The rules laid down in subsection (1) shall not apply where the provision of such information to the data subject proves impossible or would involve a disproportionate effort.

§ 30.

(1) Section 28 (1) and section 29 (1) shall not apply if the data subject»s interest in obtaining this information is found to be overridden by vital private interests, including the interests of the subject data himself.

(2) Derogations from section 28 (1) and section 29 (1) may also take place if the data subject»s interest in obtaining this information is found to be overridden by vital public interests, including in particular:

1. national security;

2. defence;

3. public security;

4. the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of breaches of ethics for regulated professions;

5. an important economic or financial interest of a Member State or of the European Union, including monetary, budgetary and taxation matters; and

6. monitoring, inspection or regulatory functions, including temporary tasks, connected with the exercise of official authority in cases referred to in paragraphs 3 to 5.

Part 9. The data subject»s right of access to personal data

§ 31.

(1) Where a person submits a request to that effect, the controller shall inform him whether or not data relating to him are being processed. Where such data are being processed, communication to him shall take place in an intelligible form about:

1. the data that are being processed;

2. the purposes of the processing;

3. the categories of recipients of the data; and

4. any available information as to the source of such data.

(2) The controller shall reply to requests as referred to in subsection (1) without delay. If the request has not been replied to within 4 weeks from receipt of the request, the controller shall inform the person in question of the grounds for this and of the time at which the decision can be expected to be available.

§ 32.

(1) Section 30 shall be correspondingly applicable.

(2) Data which are processed on behalf of the public administration in the course of its administrative procedures may be exempted from the right of access to the same extent as under the rules of section 2, sections 7 to 11 and section 14 of the Act on Public Access to Documents in Administrative Files

(3) The right of access shall not apply to data processed on behalf of the courts where the data form part of a text which is not available in its final form. This shall, however, not apply where the data have been disclosed to a third party. There is no right of access to the records of considerations of verdicts or to any other court records of the deliberations of the court or material prepared by the courts for the purpose of such deliberations.

(4) Section 31 (1) shall not apply where data are processed solely for scientific purposes or are kept in personal form for a period which does not exceed the period necessary for the sole purpose of creating statistics.

(5) As regards processing of data in the area of criminal law carried out on behalf of the public administration, the Minister of Justice may lay down exemptions from the right of access under section 31 (1) in so far as the provision of section 32 (1), cf. section 30, is assumed to result in requests for rights of access in general being turned down.

§ 33.

A data subject who has received a communication in accordance with section 31 (1) shall not be entitled to a new communication until 6 months after the last communication, unless he can prove that he has a specific interest to that effect.

§ 34.

(1) Communication in accordance with section 31 (1) shall be in writing, if requested. In cases where the interests of the data subject speak in favour thereof, the communication may, however, be given in the form of oral information about the contents of the data.

(2) The Minister of Justice may lay down rules for payment of a fee for communications which are given in writing by private companies, etc.

Part 10. Other rights

§ 35.

(1) A data subject may at any time object in relation to the controller to the processing of data relating to him.

(2) Where the objection under subsection (1) is justified, the processing may no longer involve those data.

§ 36.

(1) If a data subject objects, a company may not disclose data relating to that person to a third company for the purposes of marketing or use the data on behalf of a third company for such purposes.

(2) Before a company discloses data concerning a consumer to a third company for the purposes of marketing or uses the data on behalf of a third company for such purposes, it must check in the CPR-register whether the consumer has filed a statement to the effect that he does not want to be contacted for the purpose of marketing activities. Before data relating to a consumer who has not given such information to the CPR-register are disclosed or used as mentioned in the first clause of this subsection, the company shall provide information about the right to object under subsection (1) in a clear and intelligible manner. At the same time, the consumer shall be given access to object in a simple manner within a period of two weeks. The data may not be disclosed until the time limit for objecting has expired.

(3) Contacts to consumers under subsection (2) shall otherwise take place in accordance with the rules laid down in section 6 (a) of the Danish Marketing Act and rules issued by virtue of section 6 (a) (6) of the Danish Marketing Act.

(4) The company may not demand any payment of fees in connection with objections.

§ 37.

(1) The controller shall at the request of the data subject rectify, erase or block data which turn out to be inaccurate or misleading or in any other way processed in violation of law or regulations.

(2) The controller shall at the request of the data subject notify the third party to whom the data have been disclosed of any rectification, erasure or blocking carried out in compliance with subsection (1). However, this shall not apply if such notification proves impossible or involves a disproportionate effort.

§ 38.

The data subject may withdraw his consent.

§ 39.

(1) Where the data subject objects, the controller may not make him subject to a decision which produces legal effects concerning him or significantly affects him and which is based solely on automated processing of data intended to evaluate certain personal aspects.

(2) The provision laid down in subsection (1) shall not apply if that decision:

1. is taken in the course of the entering into or performance of a contract, provided the request for the entering into or the performance of the contract, lodged by the data subject, has been satisfied or that there are suitable measures to safeguard his legitimate interests; or

2. is authorised by a law which also lays down measures to safeguard the data subject»s legitimate interests.

(3) The data subject has a right to be informed by the controller as soon as possible and without undue delay about the rules on which a decision as mentioned in subsection (1) is based. Section 30 shall be correspondingly applicable.

§ 40.

The data subject may file a complaint to the appropriate supervisory authority concerning the processing of data relating to him.

Title IV. Security

Part 11. Security of processing

§ 41.

(1) Individuals, companies etc. performing work for the controller or the processor and who have access to data may process these only on instructions from the controller unless otherwise provided by law or regulations.

(2) The instruction mentioned in subsection (1) may not restrict journalistic freedom or impede the production of an artistic or literary product.

(3) The controller shall implement appropriate technical and organisational security measures to protect data against accidental or unlawful destruction, loss or alteration and against unauthorised disclosure, abuse or other processing in violation of the provisions laid down in this Act. The same shall apply to processors.

(4) As regards data which are processed for the public administration and which are of special interest to foreign powers, measures shall be taken to ensure that they can be disposed of or destroyed in the event of war or similar conditions.

(5) The Minister of Justice may lay down more detailed rules concerning the security measures mentioned in subsection (3).

§ 42.

(1) Where a controller leaves the processing of data to a processor, the controller shall make sure that the processor is in a position to implement the technical and organisational security measures mentioned in section 41 (3) to (5), and shall ensure compliance with those measures.

(2) The carrying out of processing by way of a processor shall be governed by a written contract between the parties. This contract shall stipulate that the processor shall act only on instructions from the controller and that the rules laid down in section 41 (3) to (5) shall also apply to processing by way of a processor. If the processor is established in a different Member State, the contract shall stipulate that the provisions on security measures laid down by the law in the Member State in which the processor is established shall also be incumbent on the processor.

Title V. Notification

Part 12. Notification of processing carried out for a public administration

§ 43.

(1) The controller or his representative shall notify the Data Protection Agency before processing of data is carried out on behalf of the public administration, cf., however, section 44. The controller may authorise other authorities or private bodies to make such notifications on his behalf.

(2) The notification shall include the following information:

1. the name and address of the controller and of his representative, if any, and of the processor, if any;

2. the category of processing and its purpose;

3. a general description of the processing;

4. a description of the categories of data subjects and of the categories of data relating to them;

5. the recipients or categories of recipients to whom the data may be disclosed;

6. proposed transfers of data to third countries;

7. a general description of the measures taken to ensure security of processing;

8. the date of the commencement of the processing;

9. the date of erasure of the data.

§ 44.

(1) Processing operations which do not cover data of a confidential nature shall be exempt from the rules laid down in section 43, cf., however, subsection (2). Such processing may further without notification include identification data, including civil registration numbers, and data concerning payments to and from public authorities, unless it is a matter of processing as mentioned in section 45 (1).

(2) The Minister of Justice shall lay down more detailed rules on the categories of processing operations mentioned in subsection (1).

(3) Processing whose sole purpose is the keeping of a register which according to law or regulations is intended to provide information to the public in general and which is open to public consultation shall also be exempt from the rules laid down in section 43.

(4) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that certain categories of processing of data shall be exempt from the provisions laid down in section 43. This shall, however, not apply to the categories of processing mentioned in section 45 (1).

§ 45.

(1) Before processing operations covered by the obligation to notify in section 43 are carried out, the opinion of the Danish Data Protection Agency shall be obtained where:

1. processing includes data which are covered by section 7 (1) and section 8 (1); or

2. processing is carried out for the sole purpose of operating legal information systems; or

3. processing is carried out solely for scientific or statistical purposes; or

4. processing includes alignment or combination of data for control purposes.

(2) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that the opinion of the Agency shall be obtained prior to the start of any other processing operations than those mentioned in subsection (1).

§ 46.

(1) Changes in the information mentioned in section 43 (2) shall be notified to the Agency prior to being implemented. Less important changes may be notified subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

(2) The opinion of the Agency shall be obtained prior to the implementation of changes in the information mentioned in section 43 (2) contained in notifications of processing operations
covered by section 45 (1) or (2). Less important changes shall only be notified. Notification may take place subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

§ 47.

(1) In cases where the data protection responsibility has been delegated to a subordinate authority and the Agency cannot approve the carrying out of a processing operation, the matter shall be brought before the competent Minister who shall decide the matter.

(2) If the Agency cannot authorise the carrying out of a processing operation on behalf of a municipal or county authority, the matter shall be brought before the Minister of the Interior who shall decide the matter.

Part 13. Notification of processing operations carried out on behalf of a private controller

§ 48.

(1) Prior to the commencement of any processing of data which is carried out on behalf of a private controller, the controller or his representative shall notify the Danish Data Protection Agency, cf., however, section 49.

(2) The notification shall include the information mentioned in section 43 (2).

§ 49.

(1) Processing of data shall, except in the cases mentioned in section 50 (2), be exempt from the rules laid down in section 48 where:

1. the processing relates to data about employees, to the extent that the processing does not relate to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4); or

2. the processing relates to data concerning the health of employees, to the extent that the pro-cessing of health data is necessary to comply with provisions laid down by law or regulations; or

3. the processing relates to data concerning employees if registration is necessary under collective agreements or other agreements on the labour market; or

4. the processing relates to data concerning customers, suppliers or other business relations, to the extent that the processing does not relate to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4), or to the extent that it is not a matter of processing operations as mentioned in section 50 (1) 4; or

5. the processing is carried out for the purpose of marketing, to the extent that the processing does not relate to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4); or

6. the processing is carried out by an association or similar body, to the extent that only data concerning the members of the association are processed; or

7. the processing is carried out by lawyers or accountants in the course of business, to the extent that only data concerning their clients are processed; or

8. the processing is carried out by doctors, nurses, dentists, dental technicians, chemists, ther-apists, chiropractors and other persons authorised to exercise professional activities in the health sector, to the extent that the data are used solely for these activities and the processing of the data is not carried out on behalf of a private hospital; or

9. the processing is carried out for the purpose of being used by an occupational health service.

(2) The Minister of Justice shall lay down more detailed rules concerning the processing operations mentioned in subsection (1).

(3) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that other types of processing operations shall be exempt from the provision laid down in section 48. However, this shall not apply to processing operations covered by section 50 (1) unless the processing operations are exempted under section 50 (3).

§ 50.

(1) Prior to the commencement of any processing of data which is subject to the obligation to notify in section 48, the authorisation of the Data Protection Agency shall be obtained where:

1. the processing relates to data as mentioned in section 7 (1) and section 8 (4); or

2. the processing of data is carried out for the purpose of warning third parties against entering into business relations or an employment relationship with a data subject; or

3. the processing is carried out for the purpose of disclosure in the course of business of data for assessment of financial standing and creditworthiness; or

4. the processing is carried out for the purpose of professional assistance in connection with staff recruitment; or

5. the processing is carried out solely for the purpose of operating legal information systems.

(2) In the case of transfer of data as mentioned in subsection (1) to third countries by virtue of section 27 (1) and subsection (3) 2 to 4, the authorisation of the Data Protection Agency to such transfer shall be obtained, also if the processing is otherwise exempt from the obligation to notify by virtue of section 49 (1).

(3) The Minister of Justice may lay down exemptions from the provisions of subsection (1) 1 and subsection (2).

(4) The Minister of Justice may lay down rules to the effect that the authorisation of the Agency shall be obtained prior to the commencement of other processing operations subject to the obligation to notify than those mentioned in subsection (1) or subsection (2).

(5) The Agency may when granting an authorisation under subsection (1), subsection (2) or subsection (4) lay down more detailed conditions for the carrying out of the processing operations for reasons of the protection of the privacy of the data subjects.

§ 51.

(1) Changes in the information mentioned in section 48 (2), cf. section 43 (2), shall be notified to the Agency prior to being implemented. Less important changes may be notified subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

(2) The authorisation of the Agency shall be obtained prior to the implementation of changes in the information mentioned in section 48 (2), cf. section 43 (2), contained in notifications of processing operations covered by section 50 (1), (2) or (4). Less important changes shall only be notified. Notification may take place subsequently, but not more than 4 weeks after the implementation.

Part 14. Notification of processing operations carried out on behalf of the courts-of-law

§ 52.

The rules laid down in sections 43 to 46 shall apply to the notification to the Danish Court Administration of processing of data carried out on behalf of the courts-of-law.

Part 15. Miscellaneous provisions

§ 53.

Processors established in Denmark and offering electronic processing services shall prior to the commencement of such processing operations notify the Data Protection Agency hereof.

§ 54.

(1) The supervisory authority shall keep a register of processing operations notified under sections 43, 48 and 52. This register, which shall, as a minimum, contain the items of information mentioned in section 43 (2), shall be open to consultation by the general public.

(2) A controller shall make the information mentioned in section 43 (2) 1, 2 and 4 to 6 concerning the processing operations performed on his behalf available to any person who makes a request to this effect.

(3) The right of access of the general public to the register mentioned in subsection (1) and the information mentioned in subsection (2) may be restricted to the extent that this is necessary for the prevention, detection and prosecution of criminal offences, or where required for the protection of vital private interests.

Title VI. Supervision and final provisions

Part 16. The Data Protection Agency

§ 55.

(1) The Data Protection Agency, which consists of a Council and a Secretariat, is responsible for the supervision of all processing operations covered by this Act, cf., however part 17.

(2) The day-to-day business is attended to by the Secretariat, headed by a Director.

(3) The Council, which shall be set up by the Minister of Justice, is composed of a chairman, who shall be a legally qualified judge, and of six other members. Substitutes may be appointed for the members of the Council. The members and their substitutes shall be appointed for a term of 4 years.

(4) The Council shall lay down its own rules of procedure and detailed rules on the division of work between the Council and the Secretariat.

§ 56.

The Data Protection Agency shall act with complete independence in executing the functions entrusted to it.

§ 57.

The opinion of the Data Protection Agency shall be obtained when Orders, Circulars or similar general regulations of importance for the protection of privacy in connection with the processing of data are to be drawn up.

§ 58.

(1) The Data Protection Agency shall supervise, on its own initiative or acting on a complaint from a data subject, that the processing is carried out in compliance with the provisions of this Act and any rules issued by virtue of this Act.

(2) The Data Protection Agency may at any time revoke a decision made in accordance with section 27 (4) or section 50 (2), cf. section 27 (1) or (3) 2 to 4, if the European Commission decides that transfer of data to specific third countries may not take place or that such transfers may lawfully take place. This, however, shall only apply where the revocation is necessary in order to comply with the decision of the Commission.

§ 59.

(1) The Data Protection Agency may order a private data controller to discontinue a pro-cessing operation which may not take place under this Act and to rectify, erase or block specific data undergoing such processing.

(2) The Data Protection Agency may prohibit a private data controller from using a specified procedure in connection with the processing of data if the Data Protection Agency finds that the procedure in question involves a considerable risk that data are processed in violation of this Act.

(3) The Data Protection Agency may order a private data controller to implement specific technical and organisational security measures to protect data which may not be processed against processing, and to protect data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, and disclosure to any unauthorised person, abuse or any other unlawful forms of processing.

(4) The Data Protection Agency may in special cases issue a prohibitory or mandatory injunction against data processors, cf. subsections (1) to (3).

§ 60.

(1) The Data Protection Agency shall make decisions in relation to the relevant authority in cases concerning section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section 13 (1), section 27 (4), sections 28 to31, section 32 (1), (2) and (4), sections 33 to 37, section 39 and section 58 (2).

(2) In other cases, the Data Protection Agency shall give opinions to the authority acting as controller.

§ 61.

No appeals may be brought before any other administrative authority against the decisions made by the Data Protection Agency under the provisions of this Act.

§ 62.

(1) The Data Protection Agency may require to be furnished with any information of importance to its activities, including for the decision as to whether or not a particular matter falls under the provisions of this Act.

(2) The members and the staff of the Data Protection Agency shall at any time, against appropriate proof of identity and without any court order, have access to all premises from which processing operations carried out on behalf of the public administration are administered, or from which there is access to the data subject to processing, and to all premises where data or technical equipment are stored or used.

(3) Subsection (2) shall apply correspondingly as regards processing operations carried out on behalf of private data controllers to the extent that such processing is covered by section 50.

(4) Subsection (2) shall also apply to processing operations carried out by processors as referred to in section 53.

§ 63.

(1) The Data Protection Agency may decide that notifications and applications for authorisations under the provisions of this Act and any changes therein may or shall be submitted in a specified manner.

(2) An amount of DKK 1,000 shall be payable in connection with the submission of the following notifications and applications for authorisations under this Act:

1. Notifications under section 48.
2. Authorisations under section 50.
3. Notifications under section 53.

(3) Notifications as referred to in subsection (2) 1 and 3 shall be deemed to have been submitted only when payment has been effected. The Data Protection Agency may decide that authorisations as referred to in subsection (2) 2 shall not be granted until payment has been effected.

(4) The provisions of subsection (2) 1 and 2 do not apply to processing of data which takes place exclusively for scientific or statistical purposes.

(5) Where a processing operation shall both be notified under section 48 and authorised under section 50, only a single fee shall be payable.

§ 64.

(1) The Data Protection Agency may, on its own initiative or at the request of another Member State, check that a processing operation of data taking place in Denmark is lawful, irrespective of whether or not the processing operation is governed by the legislation of another Member State. The provisions laid down in sections 59 and 62 shall be correspondingly applicable.

(2) The Data Protection Agency may further disclose data to supervisory authorities in other Member States to the extent that this is required in order to ensure compliance with the provisions of this Act or those of the data protection legislation of the Member State concerned.

§ 65.

The Data Protection Agency shall submit an annual report on its activities to the Folketing (the Danish Parliament). The report shall be made public. The Data Protection Agency may also make its opinions accessible to the general public. Section 30 shall be correspondingly applicable.

§ 66.

The Data Protection Agency and the Danish Court Administration shall co-operate to the extent required to fulfil their obligations, particularly through the exchange of all relevant data.

Part 17. Supervision of the courts

§ 67.

(1) The Danish Court Administration shall supervise the processing of data carried out on behalf of the courts.

(2) Such supervision shall include the processing of data as regards the administrative affairs of the courts.

(3) As regards other processing of personal data, the decision shall be taken by the competent court. Such decisions may be appealed against to a higher court. As regards special courts or tribunals whose decisions cannot be appealed against to a higher court, decisions as referred to in clause 1 of this subsection may be appealed against to the division of the High Court within whose jurisdiction the court or tribunal is situated. The period allowed for appeal is 4 weeks from the date on which the individual concerned has been notified of the decision.

§ 68.

(1) The provisions of sections 56 and 58, section 62 (1), (2) and (4), section 63 (1) and section 66 shall apply to the exercise by the Danish Court Administration of its supervision under section 67. The decisions of the Danish Court Administration are final and conclusive.

(2) The opinion of the Danish Court Administration shall be obtained when Orders or similar general legal regulations of importance for the protection of privacy in connection with the processing of data carried out for the courts are to be drawn up.

(3) The Danish Court Administration shall publish an annual report on its activities.

Part 18. Liability in damages and criminal liability

§ 69.

The controller shall compensate any damage caused by the processing of data in violation of the provisions of this Act unless it is established that such damage could not have been averted through the diligence and care required in connection with the processing of data.

§ 70.

(1) In the absence of more severe punishment being prescribed under other legislation, any person who commits any of the following offences in connection with processing carried out on behalf of private individuals or bodies shall be liable to a fine or detention:

1. violation of section 4 (5), section 5 (2) – (5), section 6, section 7 (1), section 8 (4), (5) and (7), section 9 (2), section 10 (2) and (3) first clause, section 11 (2) and (3), section 12 (1) and (2) first clause, section 13 (1) first clause, sections 20 – 25, section 26 (1), (2) second clause, and (3), section 27 (1), section 28 (1), section 29 (1), section 31, sections 33 and 34, section 35 (2), sections 36 and 37, section 39 (1) and (3), section 41 (1) and (3), section 42, section 48, section 50 (1) and (2), section 51, section 53 or section 54 (2);

2. failure to comply with the Data Protection Agency»s decision under section 5 (1), section 7 (7), section 13 (1), second clause, section 26 (2), first clause, section 27 (4), sections 28 and 29, section 30 (1) section 31, section 32 (1) and (4), sections 33-37, section 39, section 50 (2) or section 58 (2);

3. failure to comply with the requirements of the Data Protection Agency under section 62 (1);

4. obstruction of the Data Protection Agency from access under section 62 (3) and (4);

5. failure to comply with conditions as referred to in section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section13 (1), section 27 (4), section 50 (5) or any terms or conditions stipulated for an authorisation in accordance with rules issued by virtue of this Act; or

6. failure to comply with prohibitory or mandatory orders issued in accordance with section 59 or in accordance with rules issued by virtue of this Act.

(2) In the absence of more severe punishment being prescribed under other legislation, any person who in connection with a processing operation carried out on behalf of public authorities violates section 41 (3) or section 53 or fails to comply with conditions as referred to in section 7 (7), section 9 (3), section 10 (3), section 13 (1), section 27 (4) or any other terms or conditions for an authorisation in accordance with rules issued by virtue of this Act shall be liable to a fine or detention.

(3) In the absence of more severe punishment being prescribed under other legislation, any person who in connection with a processing operation governed by another Member State»s legislation fails to comply with the decisions of the Data Protection Agency under section 59 or to fulfil the requirements of the Data Protection Agency under section 62 (1), or obstructs the Data Protection Agency»s right of access under section 62 (3) and (4) shall be liable to a fine or detention.
(4) Any rules issued by virtue of this Act may stipulate punishment in the form of a fine or detention.
(5) Criminal liability may be imposed on companies, etc. (legal persons) pursuant to the rules laid down in Part 5 of the Danish Penal Code.

§ 71.

Any person who carries on business or is engaged in business activities as referred to in section 50 (1) 2 to 5 or section 53 may on conviction of a criminal offence be deprived of the right to carry on such business activities provided that the offence committed gives reasonable ground to fears of abuse. Section 79 (3) and (4) shall also apply.

Part 19. Final provisions, including commencement provisions, etc.

§ 72.

The competent minister may in special cases lay down more detailed rules for processing operations carried out on behalf of the public administration.

§ 73.

The Minister of Justice may lay down more detailed rules concerning certain categories of processing operations carried out on behalf of private controllers, including rules to the effect that specific categories of data may not be processed.

§ 74.

Trade associations and other bodies representing other categories of private controllers may in co-operation with the Data Protection Agency draw up codes of conduct intended to contri-bute to the proper implementation of the rules laid down in this Act.

§ 75.

The Minister of Justice may lay down the rules which are necessary for the implementation of decisions issued by the European Community with a view to implementation of the Directive on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, or rules which are necessary for the application of legal acts issued by the Community in the field covered by the Directive.

§ 76.

(1) This Act shall come into operation on 1 July 2000.

(2) The Public Authorities`Registers Act, cf. Consolidation Act nº 654 of 20 September 1991, and the Private Registers, etc. Act, cf. Consolidation Act nº 622 of 2 October 1987 are hereby abolished.

(3) The members of the Register Council shall step in as members of the Data Protection Council until the Minister of Justice has appointed the members of the Data Protection Council.

(4) Order nº 160 of 20 April 1979 on the rules of procedure of the Register Council, etc. shall apply to the activities of the Data Protection Agency until they are abolished or replaced by rules issued by virtue of this Act.

(5) Decree nº 73 of 5 March 1979 which provides that regulations for registers, etc. drawn up by virtue of the Public Authorities`Registers Act shall not be published in the Law Gazette is hereby abolished.

(6) Complaints or control cases filed before 24 October 1998 shall be dealt with in accordance with the rules applying until now. The Data Protection Agency shall exercise the powers vested in the Data Surveillance Authority under these rules.

(7) The Data Protection Agency shall otherwise perform the tasks which are according to the legislation performed by the Data Surveillance Authority.

§ 77.

(1) As regards processing operations carried out on behalf of private individuals or bodies and which were commenced before 24 October 1998, the rules laid down in Part 13 shall be implemented by 1 October 2000 at the latest.

(2) As regards processing operations carried out on behalf of public authorities and which were commenced before 24 October 1998, the rules laid down in Parts 12 and 14 shall be implemented by 1 April 2001 at the latest.

(3) Processing operations commenced before 24 October 1998 may continue without authorisation for 16 weeks after the coming into operation of this Act if authorisation is required under the rules laid down in Title II or the provision laid down in subsection (7).

(4) Processing operations commenced on 24 October 1998 or later, but before the coming into operation of this Act, may continue without prior notification, opinion or authorisation for 16 weeks after the coming into operation of this Act.

(5) Notification according to the provision laid down in section 53 shall take place within 16 weeks after the coming into operation of this Act.

(6) The Minister of Justice may lay down rules concerning prolongation of the time limit mentioned in subsections (1) and (2).

(7) The Supervisory Authority may in exceptional cases and on application decide that processing operations commenced before the coming into operation of this Act may continue, irrespective of the rules on processing laid down in Title II.

§ 78.

(1) Processing operations which have been notified before the coming into operation of this Act under section 2 (3) second clause of the Private Registers, etc. Act may continue until 1 October 2001 in accordance with the rules applying until now. The Data Protection Agency shall exercise the powers vested in the Data Surveillance Authority.

(2) Processing operations as mentioned in subsection (1) shall comply with sections 5, 41 and 42 of the Act. As regards such operations, the data subject may demand rectification, erasure or blocking of data which are inaccurate or misleading or which are stored in a way which is incompatible with the legitimate purposes pursued by the controller. The Data Protection Agency shall carry out inspection under the rules laid down in Part 16 of this Act.

§ 79.

Consent which has been given in accordance with the rules applying until now shall apply to processing operations carried out after the coming into operation of this Act if the consent satisfies the requirements laid down in paragraph 8 of section 3 of this Act, cf. paragraph 1 of section 6, paragraph 1 of section 7 (2), paragraphs 2 to 5 of section 8, paragraph 2 of section 11 (2) or subsection (3) or paragraph 1 of section 27 (3).

§ 80.

Act nº 572 of 19 December 1985 on public administration, as amended by Act nº 276 of 13 May 1998, shall be amended as follows:

1. Section 5 (3) shall read as follows:

«(3) The competent minister may lay down rules on public access to be informed of registers as mentioned in subsection (2) which are not covered by the Act on the processing of personal data. In this connection rules on the payment of a fee may be laid down.»

§ 81.

Act nº 430 of 1 June 1994 on information data bases operated by the mass media shall be amended as follows:

1. In section 3, subsections (1) and (3), and section 6 (1) the term «Data Surveillance Authority» shall be replaced by «Data Protection Agency».

2. The following provision shall be inserted as a new section 11 a:

«11 a. The necessary security measures shall be taken to prevent data in information data bases accessible by the general public from being altered by unauthorised persons.»

3. Paragraph 1 of section 16 (1) shall read as follows:

«1. violates sections 4, 5, 7, 8 (1), paragraphs 2 and 3 of section 9, section 11 (1) and (3) or section 11 a.»

4. Section 17 shall read as follows:

«17 – (1) A mass media shall compensate any damage caused by a processing operation in violation of the rules laid down in this Act unless it is proven that the damage could not have been averted by the diligence and care which can reasonably be required in connection with processing of data. The general rules of the law of tort and compensation shall be applicable.

(2) The general rules of law on criminal liability shall be applicable in cases covered by this Act.

(3) Criminal liability under the rules laid down in Part 5 of the Penal Code may be imposed upon companies and similar bodies (legal persons).»

§ 82.

The Danish Land Registration Act, cf. Consolidation Act nº 622 of 15 September 1986, as amended most recently by section 2 of Act nº 1019 of 23 December 1998, shall be amended as follows:

1. In section 50 d (1) the term «Data Surveillance Authority» shall be replaced by «Danish Court Administration».

2. Section 50 d (2) and (3) shall read as follows:

«(2) The Danish Court Administration shall carry out inspection of registers of land charges, etc. under the Act. No appeal can be brought against the decisions of the Court Administration.

(3) The Minister of Justice shall lay down more detailed rules about this inspection in consultation with the Danish Court Administration.»

§ 83.

This Act shall not extend to the Faroe Islands, but may by Royal Decree be given effect for the processing of data by the constitutional authorities subject to any deviations following from the special conditions in the Faroe Islands. Nor shall this Act extend to Greenland, but may by Royal Decree be given effect subject to any deviations following from the special conditions in Greenland.

Given at Christiansborg Castle, 31 May 2000
Under our Royal Hand and Seal

MARGRETHE R./FRANK JENSEN

Ley 1845 de protección de datos personales de la ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Ley de Protección de Datos Personales

Título I. Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando los datos se refieran a información pública y no a datos personales será de aplicación la Ley nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires.

En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.

Artículo 2°.– Ámbito de aplicación.

A los fines de la presente ley se consideran incluidos dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires a todos los archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad de los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Definiciones.

A los fines de la presente ley se entiende por:

Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables.

Datos sensibles: Aquellos datos personales que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato discriminatorio al titular de los datos.

Archivos, registros, bases o bancos de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento, cualquiera sea la modalidad o forma de su recolección, almacenamiento, organización o acceso, incluyendo tanto los automatizados como los manuales.

Tratamiento de datos: Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, registro, organización, elaboración, extracción, utilización, cotejo, supresión, y en general, el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de todo tipo de comunicación, consulta, interconexión, transferencia, difusión, o cualquier otro medio que permita el acceso a los mismos.

Titular de datos: Persona física o de existencia ideal cuyos datos sean objeto de tratamiento.

Responsable del archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia ideal del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que sea titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

Encargado del tratamiento: Persona física o de existencia ideal, autoridad pública, dependencia u organismo que, solo o juntamente con otros, realice tratamientos de datos personales por cuenta del responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

Usuario de datos: Persona física que, en ocasión del trabajo y cumpliendo sus tareas específicas, tenga acceso a los datos personales incluidos en cualquier archivo, registro, base o banco de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de acceso público irrestricto: Exclusivamente, se entienden por tales a los boletines, diarios o repertorios oficiales, los medios de comunicación escritos, las guías telefónicas en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección o cualquier otro dato que indique de su pertenencia al grupo.

Título II. Del Régimen de los Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos

Artículo 4°.- Creación de archivos, registros, bases o bancos de datos:

La creación y mantenimiento de archivos, registros, bases o bancos de datos debe responder a un propósito general y usos específicos lícitos y socialmente aceptados. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros, bases o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires e indicar:

a) Características y finalidad del archivo;

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán;

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;

f) Órgano responsable del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;

g) Dependencia ante la cual los ciudadanos pueden ejercer los derechos reconocidos por la presente ley.

En las disposiciones que se dicten para la supresión de los archivos, registros, bases o bancos de datos se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.
Cuando se traten datos personales recolectados a través de internet, los sitios interactivos de la Ciudad de Buenos Aires deberán informar al titular de los datos personales los derechos que esta ley y la ley nacional les otorgan mediante una política de privacidad ubicada en un lugar visible de la página web.

Artículo 5°.- Tratamiento de datos personales efectuados por terceros.

Cuando el responsable de un archivo, registro, base o banco de datos decida encargar a un tercero la prestación de servicios de tratamiento de datos personales, deberá requerir previamente la autorización del organismo de control, a cuyo efecto deberá fundar los motivos que justifican dicho tratamiento.

Los tratamientos de datos personales por terceros que sean aprobados por el organismo de control no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en la norma de creación de archivos, registros, bases o bancos de datos.

Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán contener los niveles de seguridad exigidos por la ley, así como también las obligaciones que surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la información obtenida y cumplir con todas las provisiones de la presente ley a los fines de evitar una disminución en el nivel de protección de los datos personales.

Título III. Principios Generales de la Protección de Datos Personales

Artículo 6°.- Calidad de los datos.

Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.

La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.

Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas con aquéllas que motivaron su obtención.

Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario para responder con veracidad a la situación de su titular.

Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 13 de la presente ley.

Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.

Los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados, sin necesidad de que lo requiera el titular de los mismos.

Artículo 7°.- Consentimiento.

El tratamiento de datos personales se considera ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al titular de datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que se refiere el artículo 18 inciso b) de la presente ley.

El consentimiento puede ser revocado por cualquier medio y en cualquier momento. Dicha revocación no tendrá efectos retroactivos.

No será necesario el consentimiento cuando:

— Los datos personales se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes de la Ciudad de Buenos Aires, o en virtud de una obligación legal;

— Los datos personales se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;

— Se trate de datos personales relativos a la salud de las personas y su tratamiento sea necesario por razones de salud pública y emergencia establecidas por autoridad competente y debidamente fundadas;

— Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;

Artículo 8°.- Datos sensibles.

Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. En particular no se podrá solicitar a ningún individuo datos sensibles como condición para su ingreso o promoción dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos sensibles sólo pueden ser tratados cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas, siempre y cuando no puedan ser identificados sus titulares.

Queda prohibida la formación de archivos, registros, bases o bancos de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles, salvo que la presente ley o cualquier otra expresamente disponga lo contrario o medie el consentimiento libre, previo, expreso, informado y por escrito del titular de los datos.

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales o infracciones administrativas sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Artículo 9°.- Datos relativos a la salud.

Los establecimientos sanitarios dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud que presten servicios en los mismos pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.

Artículo 10.- Cesión de datos.

Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

Al consentimiento para la cesión de datos personales le son aplicables las disposiciones previstas en el artículo 7° de la presente ley.

El consentimiento no es exigido cuando:

a) Así lo disponga expresamente una ley especial referida a cuestiones sensibles, en particular sobre salud pública, emergencias y seguridad.

b) En los supuestos previstos en el artículo 7° inciso 3° de la presente ley;

c) Se realice entre órganos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;

d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;

e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.

f) Cuando la información sea requerida por un magistrado del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Ministerio Público, en el marco de una causa judicial en particular.

El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Artículo 11.- Transferencia interprovincial.

Es prohibida la transferencia de datos personales a cualquier provincia o municipio cuya administración pública no proporcione niveles de protección adecuados a los establecidos por la Ley Nacional nº 25.326 y la presente ley.

La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

— Colaboración judicial interjurisdiccional;

— Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 3°, apartado e) del artículo anterior;

— Transferencias bancarias, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;

— Intercambio de información entre los respectivos organismos provinciales o nacionales dentro del marco de sus competencias, a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

— Cuando la transferencia tenga por objeto la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

— Consentimiento del titular de los datos.

Artículo 12.- Transferencia internacional.

Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no aseguren que los datos personales contarán con una protección adecuada a la proporcionada por la presente ley.

La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

— Colaboración judicial internacional;

— Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 3°, apartado e) del artículo 10 de la presente ley;

— Transferencias bancarias, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;

— Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

— Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa.

— Consentimiento del titular de los datos.

Título IV. Derechos de los Titulares de Datos Personales

Artículo 13.- Asisten al titular de datos personales los siguientes derechos:

Derecho de información:
Toda persona puede solicitar al organismo de control información relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, su finalidad, identidad y domicilio de sus responsables.

Derecho de acceso:
El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información relativa a los datos personales referidos a su persona que se encuentren incluidos en los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, y del mismo modo, el titular de los datos podrá exigir que se le informe acerca de la identidad de las personas a las que se le hubieran cedido datos relativos a su persona, del origen de los datos incluidos en el archivo, registro, base o banco de datos consultado, y de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de datos que se hubieran realizado.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos consultado debe proporcionar la información solicitada, sin restricciones ni requisitos de ningún tipo, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de datos personales prevista en la presente ley.

El derecho de acceso sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a dos meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercerse en cualquier momento.

La información que el responsable del archivo, registro, base o banco de datos deba brindar al titular de los datos, deberá ser amplia y versar sobre la totalidad de la información referida a su persona que se encuentre almacenada en el archivo, registro, base o banco de datos consultado, aún cuando el requerimiento del titular sólo comprenda un aspecto de sus datos personales.
La información, a opción del titular de los datos, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen u otro medio idóneo a tal fin.

Derecho de rectificación, actualización o supresión:
Toda persona tiene derecho a que los datos personales a ella referidos sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo presentado por el titular de los datos, o advertido el error o falsedad.

El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de datos personales prevista en la presente ley.

En el supuesto de cesión de datos personales a terceros, el responsable del archivo, registro, base o banco de datos cedente debe notificar la rectificación, actualización o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato, debiendo el cesionario tomar cuenta de ello dentro del plazo de dos días de recibida la notificación.

La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.

Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, registro, base o banco de datos, o consignar al proveer información relativa al titular de los datos que hubiera solicitado la rectificación, actualización o supresión, la circunstancia de que dicha información se encuentra sometida a revisión.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, no podrá exigir contraprestación alguna para el ejercicio de los derechos de supresión, rectificación y actualización.

Artículo 14.-

El titular de los datos podrá ejercer los derechos que se le reconocen en esta ley por sí o a través de sus representantes legales o convencionales. Se encuentran facultados del mismo modo los sucesores de las personas físicas.

Artículo 15.- Excepciones.

El responsable de un archivo, registro, base o banco de datos puede denegar el acceso, rectificación, actualización, pedido de confidencialidad o supresión solicitada por el titular del dato, en función del orden o la seguridad pública, o de la protección de los derechos o intereses de terceros cuando así lo disponga una autoridad judicial a partir de una medida cautelar inscripta.

Asimismo, si al responder al requerimiento del titular del dato existieran medidas cautelares judiciales o administrativas, inscriptas, vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones del control de la salud o del medio ambiente, la investigación de delitos y la verificación de sanciones administrativas.

La resolución que deniegue el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada explicitando la medida que ampara la negativa y notificada al titular del dato.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se debe brindar acceso a los archivos, registros, bases o bancos de datos en la oportunidad en que el titular de los datos tenga que ejercer su derecho de defensa.

Título V. Obligaciones Relacionadas con los Datos Personales Asentados en Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos

Artículo 16.- Confidencialidad.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el encargado del tratamiento y los usuarios de datos están obligados al secreto profesional respecto de los datos personales sujetos a tratamiento y a guardar dicho secreto, una vez finalizadas las funciones o actividades en virtud de las cuales dichos datos fueron sometidos a tratamiento.

En el caso del encargado del tratamiento y de los usuarios de datos, tal deber subsistirá aun después de finalizada su relación con el responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

El deber de secreto podrá ser relevado por resolución judicial cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Artículo 17.- Seguridad.

El tratamiento de datos personales se sujetará a las medidas de seguridad establecidas en la correspondiente normativa nacional.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el encargado del tratamiento y los usuarios de datos deben adoptar todas las medidas técnicas y de organización necesarias y adecuadas que impidan la adulteración, pérdida, destrucción y el tratamiento o acceso no autorizado a los datos incluidos en sus archivos, registros, bases o bancos de datos. Dichas medidas deberán garantizar un nivel de seguridad apropiado en relación con la tecnología aplicada y sus avances, con la naturaleza de los datos tratados y con los riesgos propios del tratamiento.

Artículo 18.- Obligaciones del responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

Constituyen obligaciones del responsable del archivo, registro, base o banco de datos, las siguientes:

— Requerir y obtener el consentimiento del titular de los datos personales, previo a su obtención y tratamiento, en los términos del artículo 7° de la presente ley.

— Informar al titular de los datos, en forma expresa y clara, y bajo pena de nulidad, previamente a recabar información referida a su persona, acerca de:

— La existencia del archivo, registro, base o banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;

— La finalidad para la que serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios o categorías de destinatarios.

— El carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean formuladas.

— Las consecuencias que se deriven de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos.

— La facultad y modo de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos que le confiere la presente ley.

— Detalle sobre los órganos de aplicación de la presente ley.

— Respetar en todo momento los principios generales de la protección de datos personales.

— Proceder en forma inmediata a la rectificación, actualización o supresión, de los datos personales cuando fueran total o parcialmente inexactos, incompletos, o desactualizados.

— Registrar sus archivos, registros, bases o bancos de datos en el Registro de Datos creado por el organismo de control.

Artículo 19.- Obligaciones del encargado del tratamiento de datos.

Le asisten al encargado del tratamiento de datos personales los mismos deberes y obligaciones exigidas al responsable del archivo, registro, base o banco de datos tanto respecto de la confidencialidad y reserva que debe mantener sobre la información obtenida, como del respeto y cumplimiento a los principios generales de la protección de datos personales.

El encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento y no podrá, bajo ningún concepto, ceder los datos personales sometidos a tratamiento, ni aun para su conservación.

Artículo 20.- Obligaciones del usuario de datos.

Todas las personas que actúen, trabajen, o presten servicios de cualquier tipo en o para algún órgano del sector público de la Ciudad de Buenos Aires sólo podrán tratar los datos personales incorporados en los archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad del órgano para o en el que desempeñen su tarea, cuando así lo disponga el responsable del archivo, registro, base o banco de datos de que se trate o en virtud de una obligación legal.

Quedan sujetos, al igual que los encargados del tratamiento a los mismos deberes y obligaciones exigidos al responsable del archivo, registro, base o banco de datos, tanto respecto de la confidencialidad y reserva que debe mantener sobre la información obtenida, como del respeto y cumplimiento a los principios generales de la protección de datos personales.

El usuario de datos sólo podrá ceder los datos personales sometidos a tratamiento siguiendo expresas instrucciones del responsable del tratamiento.

Artículo 21.- Valoraciones.

Son nulos e inválidos los actos y decisiones administrativos que impliquen una valoración del comportamiento o de la personalidad de las personas fundada en el tratamiento de sus datos personales. Asiste al titular de los datos el derecho a impugnar tales actos y decisiones, sin perjuicio de las demás acciones que le pudieran corresponder.

El titular de los datos personales siempre tendrá derecho a conocer la lógica del proceso de decisión automatizada explicado en términos simples y adecuados a su nivel social y cultural.

Título VI. Control

Artículo 22.- Organismo de control.

Desígnase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como organismo de control de la presente ley.

Artículo 23.- Registro de datos personales.

Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el Registro de Datos Personales, que tendrá las siguientes funciones:

— Autorizar y habilitar la creación, uso y funcionamiento de los archivos, registros, bases y bancos de datos personales del sector público de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con lo preceptuado en la presente ley.

— Establecer los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires relativos al proceso de recolección de datos, diseño general del sistema, incluyendo los mecanismos de seguridad y control necesarios, equipamiento técnico, mecanismos adoptados para garantizar los derechos de acceso, supresión, rectificación y actualización así como demás extremos pertinentes.

— Llevar un registro de los archivos, registros, bases o bancos de datos creados por el sector público de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, establecerá el procedimiento de inscripción, su contenido, modificación, cancelación, y la forma en que los ciudadanos podrán presentar sus reclamos, de conformidad con lo establecido en el art. 4°, inc. 3° de la presente ley.

— Garantizar el acceso gratuito al público de toda la información contenida en su registro.

— Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y por el respeto de los derechos al honor, la autodeterminación informativa y la intimidad de las personas.

— Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y propuestas a los responsables, usuarios y encargados de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de lograr una completa adecuación y cumplimiento de los principios contenidos en la presente ley.

— Proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios contra quien estime responsable de la comisión de infracciones al régimen establecido por la presente ley.

— Recibir denuncias.

— Formular denuncias y reclamos judiciales por sí, cuando tuviere conocimiento de manifiestos incumplimientos de lo estipulado en la presente ley por parte de los responsables, usuarios y/o encargados de los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

— Representar a las personas titulares de los datos, cuando éstos se lo requiriesen, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso, rectificación, supresión y actualización, cuando correspondiere, por ante el archivo, registro, base o banco de datos.

— Asistir al titular de los datos, cuando éste se lo requiera, en los juicios que, en virtud de lo establecido en la presente ley, entable por ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

— Elaborar informes sobre los proyectos de ley de la Ciudad de Buenos Aires que de alguna forma tengan impacto en el derecho a la privacidad y protección de los datos personales.

— Elevar un informe anual a la Legislatura sobre el desarrollo de la protección de los datos personales en la Ciudad de Buenos Aires.

— Colaborar con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y con los correspondientes organismos de control provinciales en cuantas acciones y actividades sean necesarias para aumentar el nivel de protección de los datos personales en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

— Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.

Artículo 24.-

Cualquier persona podrá conocer la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, su finalidad, la identidad y domicilio del responsable, destinatarios y categorías de destinatarios, condiciones de organización, funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad, garantías para el ejercicio de los derechos del titular de los datos así como toda otra información registrada.

El organismo de control procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:

— Legalidad de la recolección o toma de información personal;

— Legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre ellos;

— Legalidad en la cesión propiamente dicha;

— Legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos.

Título VII. Infracciones

Artículo 25.- Se consideran infracciones las siguientes:

— Realizar el tratamiento de datos desconociendo los principios establecidos en los Títulos III y IV del presente cuerpo normativo.

— Incumplir las obligaciones descriptas en el Título V.

— No proceder a solicitud del titular de los datos, o del organismo de control a la supresión, rectificación y actualización de los datos personales en los supuestos, tiempo y forma establecidos en esta ley.

— Obstaculizar o impedir el derecho de acceso reconocido en esta ley al titular o al organismo de control en los supuestos, tiempo y forma que la misma estipula.

— Ceder datos personales en infracción a los requisitos que se establecen en la presente ley.

— Crear archivos, registros, bases o bancos de datos, ponerlos en funcionamiento y/o iniciar el tratamiento de datos personales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

— No cumplimentar los demás extremos o requisitos que esta ley establece, así como aquellos que el organismo de control establezca en ejercicio de su competencia.

— Obstruir las funciones que por esta ley se le reconocen al organismo de control.

— Tratar los datos de carácter personal de un modo que lesione, violente o desconozca los derechos a la privacidad, autodeterminación informativa, imagen, identidad, honor así como cualquier otro derecho de que sean titulares las personas físicas o de existencia ideal.

La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.

Título VIII. Sanciones

Artículo 26.- Responsabilidad.

Los responsables, usuarios, encargados o cesionarios de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que en forma arbitraria obstruyan el ejercicio de los derechos que la presente ley le reconoce a los ciudadanos serán considerados incursos en falta grave.

En caso de comisión de alguna de las infracciones previstas en el art. 25 de esta ley, en la Ley Nacional nº 25.326, su reglamentación y/o sus modificaciones, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas; de la responsabilidad por daños y perjuicios y/o de las sanciones penales que pudieran corresponder, el organismo de control dictará resolución recomendando al órgano del cual dependa jerárquicamente el archivo, registro, base o banco de datos en el que se hubiera verificado la infracción:

La adopción de las medidas que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Dicha resolución se comunicará al responsable del archivo, registro, base o banco de datos, al órgano del cual dependa jerárquicamente, al titular del dato y, cuando corresponda, a los encargados del tratamiento y cesionarios de los datos personales.

La aplicación de las pertinentes sanciones administrativas a los responsables de la infracción individualizando al responsable, los hechos y los perjudicados.

En caso de comisión de alguna de las infracciones previstas en el art. 25 de esta ley por parte de un tercero encargado de realizar tratamientos de datos personales en virtud a un contrato celebrado de acuerdo a lo previsto por el art. 5° de esta ley, de acuerdo al tipo de infracción de que se trate, serán de aplicación con respecto al contratista infractor, las sanciones establecidas por la Ley Nacional nº 25.326, su reglamentación y/o sus modificaciones.

Cumplida la recomendación del organismo de control, el Poder Ejecutivo deberá abrir un sumario administrativo para determinar si existió o no una infracción a la presente ley y dicha conclusión deberá ser informada a la Defensoría del Pueblo.

Artículo 27.- Inmovilización de archivos, registros, bases o bancos de datos.

En los supuestos constitutivos de infracción contemplados en los incisos e) y f) del artículo 25 de la presente ley, el organismo de control podrá requerir al órgano del cual dependa jerárquicamente el archivo, registro, base o banco de datos en el que se hubiera cometido la infracción, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los datos personales y, en caso de corresponder, la inmovilización del archivo, registro, base o banco de datos hasta tanto se restablezcan los derechos de los titulares de datos afectados.

Título IX. Acción de protección de datos

Artículo 28.- Procedencia.

La acción de protección de los datos personales o de hábeas data, de conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires procederá:

Para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, su fuente, origen, finalidad o uso que del mismo se haga.

En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos en infracción de la Ley Nacional Nº 25.326 o la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.

En los casos de incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley.

El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística.

Cuando el pedido de acceso sea relativo a información pública y no a datos personales, será de aplicación la Ley nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 29.- Legitimación activa.

La acción de protección de los datos personales o de hábeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado.

Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.

En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el organismo de control designado por esta ley.

Artículo 30.- Legitimación pasiva.

La acción procederá respecto de los responsables y/o encargados de tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a elección del titular de los datos.

Artículo 31.- Jurisdicción y procedimiento aplicable.

La acción de protección de datos tramitará según las disposiciones de la presente ley y supletoriamente por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, las disposiciones del Código Procesal Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires relativas al procedimiento sumarísimo.

Artículo 32.- Requisitos de la demanda.

La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable y/o encargado y/o usuario del mismo y el organismo del cual, eventualmente, dependan.

El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona, en los casos del art. 28 inc. b); los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley. Deberá acompañar con el escrito de demanda la prueba documental que funde su pedido.

El accionante podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.

El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.

A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

Artículo 33.- Trámite.

Interpuesta la acción, el juez deberá pronunciarse en el término de tres (3) días sobre su procedencia formal, pudiendo dar vista al fiscal. Esta vista no suspende el curso del plazo.

Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.

El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

Artículo 34.- Confidencialidad de la información.

Cuando el responsable y/o encargado y/o usuario de un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la presente ley o por una ley específica; deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

El juez de la causa evaluará con criterio restrictivo toda oposición al envío de la información sustentada en las causales mencionadas. La resolución judicial que insista con la remisión de dato será apelable dentro del segundo día de notificada. El recurso se interpondrá fundado. La apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En caso de ser concedida será elevada a la Cámara de Apelaciones dentro del mismo día

Artículo 35.- Contestación del informe. Al contestar el informe, el responsable y/o encargado y/o usuario del archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.

Artículo 36.- Ampliación de la demanda.

Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres (3) días.

En caso de que el requerido manifestara que no existe en el registro o banco de datos información sobre el accionante y éste acreditará por algún medio de prueba que tomó conocimiento de ello, podrá solicitar las medidas cautelares que estime corresponder de conformidad con las prescripciones del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

Artículo 37.- Sentencia.

Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto del artículo 36, luego de contestada la ampliación, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.

En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el accionante.

Sólo serán apelables para ambas partes la sentencia definitiva, y en caso del accionante, también la que declare la inadmisibilidad formal de la acción.

En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control designado por esta ley, que deberá llevar un registro al efecto e incluir el caso en el informe anual previsto por el art. 23, inciso n).

En caso de incumplirse con la sentencia, y sin perjuicio de su ejecución forzosa, el juez podrá disponer, a pedido de parte, la aplicación de sanciones conminatorias o astreintes.

Título X. Disposiciones particulares

Artículo 38.- Prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y de crédito.

Los organismos, empresas o dependencias del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito quedan sujetos al régimen de la presente ley y, en lo que a la prestación de dichos servicios se refiere, a las disposiciones específicas de la Ley Nacional nº 25.326, la que resulte más favorable al titular del dato registrado.

Artículo 39.- Privacidad laboral en el ámbito del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Se entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras o dispositivos equiparables.

Cuando el correo electrónico sea provisto por un organismo del sector público de la Ciudad de Buenos Aires a sus dependientes en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad del mismo corresponde al empleador, independientemente del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso.

El empleador se encuentra facultado para acceder y controlar toda la información que circule por dicho correo electrónico laboral, como asimismo a prohibir su uso para fines personales.

El ejercicio de estas facultades por parte del empleador, así como las condiciones de uso y acceso al correo electrónico laboral, deberá ser notificado por escrito al trabajador, al momento de poner a su disposición el correo electrónico o en cualquier oportunidad posterior, como requisito previo a su ejercicio.

El empleador deberá asimismo notificar fehacientemente a sus dependientes, la política establecida respecto del acceso y uso de correo electrónico personal, así como del uso de internet en el lugar de trabajo.

El incumplimiento de las órdenes emanadas del superior con respecto a la política de uso de correo electrónico y de internet en lugar de trabajo según lo previsto en esta norma, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 10 y 47 de la Ley nº 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Disposiciones transitorias

PRIMERA:

En un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la vigencia de la presente ley se procederá a la reglamentación de la presente ley.

SEGUNDA:

En un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la reglamentación, los responsables de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que realicen las actividades que por esta ley se regulan, deberán proceder a obtener la respectiva habilitación y a su consecuente inscripción en el Registro de Datos Personales.

Artículo 40.- Comuníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA

ALICIA BELLO

Resolución Administrativa nº 301/2002 de 18 de febrero de 2002. Reglamentación del uso de Internet en el Poder Judicial.

Rawson, 18 de Febrero de 2002.

VISTO

Lo establecido en el inc. 3 del art. 178º de la Constitución de la Provincia del Chubut y en el inc. 15 del art. 33º de la ley nº 37, y;

CONSIDERANDO

La necesidad de optimizar el uso de los recursos existentes para la obtención de la mayor capacidad operativa en los medios de comunicaciones informáticos.

El incremento en la cantidad de usuarios de correo e internet que se ha producido en los tres últimos años.

La merma que se habrá de producir en la velocidad de acceso a los referidos medios de comunicación de acuerdo a los análisis de crecimiento de uso, realizados por al área de comunicaciones.

La imposibilidad de incrementar gastos para aumentar el poder de los canales para transferencia de datos, considerando la situación económica actual.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia,

RESUELVE

1º) Reglaméntase el uso de Internet como a continuación se indica:

a. Queda autorizado el uso del servicio de acceso a Internet para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial cualquiera sea la función que desempeñen, y siempre que aquel esté directamente relacionado con ésta.

b. Cuando sea necesario que personal administrativo haga uso de dicho servicio, ello será solicitado por el responsable del área correspondiente indicando el motivo y/o beneficio para el servicio de justicia. La petición será dirigida al Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General o al Defensor General, según corresponda. Otorgada la respectiva autorización, ésta será remitida a la Secretaría de Informática Jurídica (SIJ) para su implementación.

c. Sólo se permitirá el acceso a los dominios de primer nivel (TLDTop Level Domain, Genérico) que contengan información de gobierno, informática, organizaciones sin fines de lucro y educativas (gov, net, org, edu, etc.), de acuerdo a lo ya establecido en a).

d. La SIJ tomará los recaudos técnicos necesarios para filtrar los accesos a dominios comerciales, en todos los equipos dependan o no de redes locales conectadas a la Intranet Judicial.

e. Se permitirá acceso a dominios comerciales a los Magistrados del STJ y a los funcionarios responsables de las áreas de administración, compras, finanzas y técnicas, siempre en el marco de lo establecido en el punto a).

f . Cuando un servicio de información jurídica se encontrara ubicado en un sitio comercial, deberá comunicarse dicha situación a la SIJ, a efectos de que proceda a realizar los trámites necesarios para implementar el acceso correspondiente a través de la Subsecretaría de Sistemas Documentales.

2º) Establécese el régimen del correo electrónico para el Poder Judicial como a continuación se indica:

g. Todo Magistrado, Funcionario y Empleado podrá acceder a una «cuenta personal» de correo electrónico, en la medida que sea necesario funcionalmente y posible materialmente.

h. Si bien el uso de las «cuentas personales», se rige por un principio de apertura y libertad en las comunicaciones, estas no deberán ser contrarias, o reñidas con el carácter de público estatal y judicial que le proporciona el dominio juschubut.gov.ar, que identifica al Poder Judicial de la Provincia del Chubut.

i. Todas las Unidades Funcionales poseerán una «cuenta institucional» de correo, la que está destinada a las comunicaciones formales entre organismos y/o entidades judiciales y no judiciales de la jurisdicción provincial, como así también de otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales que acepten este método de comunicación electrónica. Esta podrá ser utilizada conjuntamente con el procedimiento informático de «Firma Digital», regulado por ley nacional nº 25.506, mediante el cual se proporciona seguridad sobre la autoría, veracidad e integridad al documento transmitido.

j. Todas la comunicaciones que se realicen mediante equipamiento de propiedad del Poder Judicial, servicios de comunicaciones contratados y cuentas de correo administradas por éste, deberán tener por objetivo directo o indirecto, el mejor Servicio de Justicia.

3º) Todas comunicaciones formales entre organismos, deberán realizarse mediante correo firmado digitalmente cuando fuera materialmente posible.

4º) La SIJ, a través del Area de Comunicaciones y de sus delegados en las distintas circunscripciones, deberá monitorear el buen funcionamiento de los sistemas de comunicación que regula la presente normativa, con el fin de proponer modificaciones necesarias que permitan brindar una prestación lo más extendida posible, ordenada a los objetivos funcionales del servicio de justicia, eficiente y eficaz.

5º) Comuníquese a cada organismo y archívese.

Fdo: Dres. José Luis PASUTTI

Fernando Salvador Luis ROYER

Agustín TORREJON.

Sentencia del Tribunal Constitucional del Peru, del 21 de enero de 2004. Expediente Nº 1219-2003-HD/TC, caso Nuevo Mundo Holdong S.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Nuevo Mundo Holding S.A. (NMH) contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 597, su fecha 23 de enero del 2003, que declaró infundada la acción de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de agosto de 2001, el recurrente interpone acción de hábeas data contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), con el objeto de que se le proporcione la información denegada por carta notarial, de fecha 18 de julio de 2001. Alega que se vulnera su derecho de acceso a la información documentada, por cuanto no se le han proporcionado copias de los documentos que los interventores designados por la SBS en el Banco Nuevo Mundo (BNM) entregaron al Banco Interamericano de Finanzas (BIF). Agrega que el pedido incluye copias sobre cualquier data informática y las claves o códigos de acceso a información del BNM que pudiera habérseles entregado.

La demandada aduce que es falso que tenga la calidad de accionista del 99.9999% de las acciones representativas del capital social del Banco Nuevo Mundo (BNM), por lo que considera que la pretensión no tiene sustento, ni la actora legitimidad para interponerla, al carecer manifiestamente de la titularidad y/o legitimidad para formular las pretensiones reclamadas en el presente proceso. Añade que el BNM fue sometido a un régimen de intervención debido, única y exclusivamente, a la negligente administración del BNM, lo que incluso terminó con la apertura de un proceso penal ante el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima contra el representante de NMH, señor Jaques Simón Levy Calvo, por la presunta comisión de delitos contra el orden financiero y monetario.

El Decimocuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 12 de agosto de 2002, declara fundado el hábeas data, por considerar que la demandada no ha cuestionado que no obren en su poder los documentos e informes solicitados en la carta de fojas 9, y porque la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, ni ninguna otra ley, limita el ejercicio del derecho de pedir información sobre una empresa intervenida por dicho organismo.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar que existe un proceso penal contra el accionante por hechos que guardan relación con lo actuado en el proceso investigatorio efectuado por la SBS. Sostiene, asimismo, que la información requerida puede considerarse incluida en el secreto bancario, por lo que es preciso para su conocimiento el pedido previo del Juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso, como se establece en el párrafo final del inciso 5) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado.

Con posterioridad a la vista de la causa, se solicitó que este Tribunal declarara la sustracción de la materia, lo que fue puesto en conocimiento del recurrente.

FUNDAMENTOS

1. Petitorio

1. El objeto de la demanda es que la emplazada proporcione al recurrente la documentación que los interventores designados por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo hayan entregado, hasta el 18 de julio de 2001, al Banco Interamericano de Finanzas. El pedido incluye copias sobre cualquier data informática y las claves o códigos de acceso a información del Banco Nuevo Mundo.

2. Análisis de una cuestión de forma

2. Antes de entrar a evaluar el fondo de la controversia, es preciso detenerse en un argumento expuesto por la demandada cuando la causa había quedado ad portas de expedirse sentencia. Éste es, en concreto, que en el caso se habría producido la sustracción de la materia, pues, con posterioridad a la expedición de la recurrida, la demandada habría encomendado el proceso de liquidación del Banco Nuevo Mundo al Consorcio DEFINE S.A., DIRIGE S.A.C. y Soluciones en Procesamiento S.A., mediante Resolución SBS N.°124-2003, de fecha 30 de enero de 2003. En su opinión, con dicha decisión, la representación legal del BNM pasó a ser asumida por el referido consorcio, por lo que es ella la que tiene actualmente toda la documentación del BNM, de modo que, a su juicio, si hubiera existido algún agravio, éste habría devenido en irreparable.

El Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. La causal de improcedencia contemplada en el inciso 1) del artículo 6° de la Ley nº 23506, esto es, la imposibilidad de analizarse el fondo de la controversia por haberse producido la sustracción de la materia, sólo cabe válidamente invocarse cuando por el acontecimiento de hechos posteriores a la demanda, ya no pueda restablecerse el ejercicio del derecho constitucional alegado como lesionado, frustrándose el objeto del proceso señalado por el artículo 1° de la Ley nº 23506; o cuando, en su defecto, el agravio denunciado haya cesado.

No es el caso, por cierto, de lo que sucede en el presente proceso. En efecto, el Tribunal considera que ninguna consecuencia jurídica se deriva del hecho de que mediante la Resolución SBS nº 124-2003 se haya encomendado al referido consorcio «[…]que lleve a cabo, en nombre y representación de la Superintendencia de Banca y Seguros, el proceso de liquidación del Banco Nuevo Mundo en liquidación» y, a su vez, se le haya conferido la «representación y administración de la mencionada empresa en liquidación». Como se ha expuesto a lo largo del proceso, la demandante no ha solicitado que sea el Banco Nuevo Mundo el que otorgue determinado tipo de información, sino a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) respecto de documentos que los interventores designados por la SBS en el BNM entregaron al Banco Interamericano de Finanzas (BIF).

Tampoco considera este Tribunal Constitucional que la información solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como ha expuesto la demandada, no pueda ser proporcionada, so pretexto de que ésta ya no obre en su poder, tras haber sido entregada al consorcio al que se ha hecho referencia. Y es que si la información solicitada fue entregada por la SBS a un tercer banco, como es el BIF, entonces, es razonable entender que copia de dicha información obre en sus archivos, pues se trata de información sobre la que la SBS, por su propia naturaleza y las funciones que cumple, tiene el deber de conservar. Y si físicamente no lo tuviera, dado que el consorcio «en nombre y representación de la Superintendencia de Banca y Seguros» lleva el proceso de liquidación del Banco Nuevo Mundo en liquidación, puede perfectamente solicitarse o, en su defecto, ordenar su entrega.

3. El proceso constitucional de hábeas data

3. El proceso constitucional de hábeas data tiene por objeto, entre otros derechos, la protección del derecho reconocido en el inciso 5) de la Constitución Política del Perú. Este reconoce el derecho de toda persona «a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga su pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan a la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado».

4. Derecho de acceso a la información pública

4. En la sentencia recaída en el Exp. nº 1707-2002- HD/TC, el Tribunal Constitucional señaló que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho subjetivo de carácter individual en virtud del cual se garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que las que se han previsto como constitucionalmente legítimas. Mediante dicho derecho, desde luego, no sólo se garantiza dicha esfera subjetiva, sino también se posibilita que puedan ejercerse otros derechos fundamentales, como la libertad de investigación científica, la libertad de opinión o expresión, etc., que requieren de aquél, pues, en ciertas ocasiones, el derecho de acceso a la información pública se presenta también como un presupuesto o medio para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública, además de ser un derecho subjetivo, es también un derecho relacional.

5. Pero, en segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene también una dimensión colectiva, vinculada a las exigencias mínimas que se desprenden del principio democrático, mediante el cual se garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna que posibilite la formación libre y racional de la opinión pública, presupuesto de una sociedad democrática, basada en el pluralismo. Así, la información sobre la manera como se maneja la res pública, termina convirtiéndose en un auténtico bien de dominio público o colectivo, que tiene que estar al alcance de cualquier individuo, a fin de que los principios de publicidad y transparencia, en los cuales se sustenta el régimen republicano de gobierno, puedan alcanzar toda su efectividad. De ahí que este Tribunal haya señalado que la publicidad en la actuación de los poderes públicos debe necesariamente entenderse a modo de regla general, en tanto que el secreto o lo oculto es la excepción en los casos constitucionalmente tolerados.

6. Debido a las trascendentales funciones que el derecho de acceso a la información pública está llamado a cumplir en la consolidación del Estado democrático de derecho, este Tribunal ha señalado que se trata de una «libertad preferida». Tras de esa condición del derecho de acceso a la información, evidentemente, no existe una afirmación en el sentido de que en el seno de la Constitución exista un orden jerárquico entre los derechos fundamentales, de manera que una colisión de éste con otros derechos pueda resolverse, en abstracto, haciendo prevalecer al que tiene la condición de «libertad preferida». Todos los derechos constitucionales tienen formalmente la misma jerarquía, de modo que en supuestos de colisión entre ellos, la solución del problema no puede consistir en hacer prevalecer unos sobre otros, sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el principio de concordancia práctica.

Tratándose, sin embargo, de intervenciones estatales sobre cualquiera de las libertades preferidas, esta condición impone que el control sobre las normas y actos que incidan en ella no sólo se encuentren sujetos a un control jurisdiccional más intenso, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino, además, que en ese control tenga que considerarse que tales actos o normas que en él inciden carecen, prima facie, de la presunción de constitucionalidad. Tal presunción de inconstitucionalidad impone al Estado, y a sus órganos, la obligación de probar que existe, detrás de la reserva o el secreto de la información pública solicitada, un apremiante interés público por mantener (inversión de la carga de prueba) y, a su vez, la de justificar razonablemente que sólo manteniendo tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. Con la consecuencia de que si el Estado no lo hace satisfactoriamente, debe hacerse efectiva la presunción de inconstitucionalidad sobre la norma o acto que restrinja el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

5. Sobre las limitaciones del derecho de acceso a la información. El secreto bancario

7. Evidentemente, ni siquiera la condición de libertad preferida de la que goza el derecho de acceso a la información hace de ella un derecho constitucional que no pueda ser objeto de limitaciones. Como se encarga de recordar el propio inciso 5) del artículo 2° de nuestra Ley Fundamental, su ejercicio no es absoluto, sino que está sujeto a límites o restricciones que se pueden derivar, ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros derechos de la misma clase (v. gr. derecho a la intimidad personal), o bien por la necesidad de salvaguardar bienes constitucionalmente relevantes (v. gr. la seguridad nacional), y siempre que éstas hayan sido expresamente previstas por ley.

Precisamente, la entidad emplazada ha justificado su negativa a entregar la información requerida, amparándose en los límites a tal derecho. A su juicio, la «información bancaria» que se solicita gozaría de la garantía del «secreto bancario» y, por lo tanto, sólo podría «levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado». Asimismo, ha sostenido que dicha «información bancaria» habría sido producida en el marco de la investigación legal que realizó la SBS como consecuencia de la intervención al BNM, que ha culminado en abrir un proceso penal a don Jaques Levi Calvo –representante de Nuevo Mundo Holding-, por la presunta comisión del delito contra el orden financiero y monetario durante la administración del BNM. «En consecuencia, –ha sostenido– la información bancaria que solicita la demandante (producida durante la investigación sobre la administración del BNM) es relevante para ese proceso penal. De ahí que nos encontr(e)mos, entonces, ante la excepción a que se refiere la Constitución, pues una Ley vigente (artículo 73° del Código de Procedimientos Penales) establece que la investigación penal es reservada. Este deber de reserva impide que la Superintendencia de Banca y Seguros entregue a la demandante –cuyo representante es el acusado– la información bancaria solicitada. Sólo si el Juez a cargo del proceso penal lo requiere, la SBS estará obligada a entregar la información bancaria a dicho juez, pero no a la demandante ni a su representante».

8. El Tribunal Constitucional comparte el criterio sostenido por los demandantes, en el sentido de que un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información pública lo constituye el secreto bancario. El problema, sin embargo, no es ese, pues con ello, en realidad, se está afirmando una cosa que se desprende directamente de la misma norma constitucional que reconoce el derecho ius fundamental. El quid del asunto, a juicio del Tribunal, es otro: Pasa por determinar si la información bancaria que se ha solicitado, aun en los términos tan genéricos como se ha requerido, está amparado con la garantía del secreto bancario y, al mismo tiempo, si la SBS es la titular de dicho secreto bancario.

9. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha de precisar que la protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca asegurar la reserva o confidencialidad –términos ambos que aquí se utilizan como sinónimos– de una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de derecho privado. En concreto, la necesaria confidencialidad de las operaciones bancarias de cualquiera de los sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier ente, público o privado, perteneciente al sistema bancario o financiero.

En ese sentido, el secreto bancario forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras. En la medida en que tales operaciones bancarias y financieras forman parte de la vida privada, su conocimiento y acceso sólo pueden levantarse «a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado». A diferencia de lo que sucede con la información pública, en la que la regla es su publicidad y transparencia, y la excepción es el secreto, tratándose del conocimiento de información vinculada a la vida privada de una persona, la regla es siempre el secreto o su confidencialidad, en tanto que su publicidad, sujeta a un control intenso bajo el test de razonabilidad y proporcionalidad, la excepción.

10. La demandada ha dejado entrever que entre los titulares del derecho también ella estaría comprendida. Ciertamente, el Tribunal Constitucional no puede compartir una afirmación de esa naturaleza. Como antes se ha sostenido, mediante el secreto bancario se garantiza la intimidad en materia financiera, es decir, que las operaciones realizadas por los clientes de una empresa financiera o bancaria sean manejadas con discreción y confidencialidad. Desde luego que la efectividad de ese derecho a la intimidad financiera y bancaria impone obligaciones de diversa clase a quienes tienen acceso, por la naturaleza de la función y servicio que prestan, a ese tipo de información. En primer lugar, a los entes financieros y bancarios, con quienes los particulares, en una relación de confianza, establecen determinada clase de negocios jurídicos. En segundo lugar, a la misma Superintendencia de Banca y Seguros, que, como organismo supervisor del servicio público en referencia, tiene acceso a determinada información, a la que, de otro modo, no podría acceder. En definitiva, como señala el artículo 140° de la Ley nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, «Es[tá] prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los artículos 142° y 143°».

No es, pues, la SBS la titular del derecho a la intimidad bancaria y financiera. Tampoco los bancos o entes financieros con los cuales se suscriben tal clase particular de actos jurídicos, sino el individuo o la persona jurídica que confía y celebra actos jurídicos con ellos. De ahí que su levantamiento, cuando no sea autorizado por su propio titular, sólo pueda ser autorizado por mandato judicial, el Fiscal de la Nación o por una Comisión Investigadora del Congreso de la República, y siempre que la información solicitada se refiera al caso investigado.

De manera que la negativa a entregar la información solicitada, bajo esos criterios de justificación, no es admisible constitucionalmente, y no puede ser compartida por el Tribunal Constitucional.

11. No obstante lo anterior, cabe ahora que el Tribunal entienda la justificación de la demandada de esta otra forma: No la entregan, pues si lo hacen, se afectaría el secreto bancario de los individuos que hubieran celebrado actos jurídicos con el BNM. Desde esta perspectiva, la negativa a entregar tal información no se sustentaría en su derecho a mantener la confidencialidad de la información que maneja, sino en el deber especial de protección de los derechos fundamentales en la que, como todo órgano público, se encuentra, de cara a la especial información que pudiera tener registrada, esto es, como uno de los obligados a preservar la reserva de las operaciones financieras y bancarias que los privados hubieran celebrado con el BNM.

Si este fuera el sentido de la justificación de la emplazada, cabría entonces reparar en lo siguiente:

a) Que la información que mantiene la SBS está sometida al principio de publicidad; en consecuencia, se presume pública toda la información que mantenga, salvo las excepciones previstas en la Constitución, desarrolladas ahora por la Ley nº 27806 [y, por supuesto, a las que ella remite].

b) La SBS tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas, en aplicación del principio de publicidad.

c) La SBS, en ningún caso, está facultada, a efectos de proporcionarla, para exigir expresión de causa.

d) Toda denegatoria de acceso a la información debe ser debidamente sustentada en las excepciones establecidas en los artículos 15° a 17° de la Ley nº 27806.

e) Las limitaciones establecidas en la Ley nº 27806 y, en el caso de autos, en la Ley nº 26702, deben ser interpretadas de manera restrictiva, por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

12. Antes de analizar la controversia en los temas que se ha propuesto, cabe aún precisar los alcances en los que en adelante se hará referencia a la Ley nº 27806, una ley que, como indica su artículo 1°, tiene la finalidad de «regular el derecho fundamental de acceso a la información». Y es que cuando se presentó la demanda (el 21 de agosto de 2001), y aún antes, cuando se requirió la información, ésta todavía no se encontraba vigente. Ciertamente, el Tribunal Constitucional no podría exigir de la emplazada ni evaluar su comportamiento, conforme a una ley que, cuando se solicitó la información, todavía no se encontraba vigente.

De ahí que sea preciso indicar que, en realidad, más que evaluar el comportamiento de la emplazada conforme a la Ley nº 27806, en verdad, lo que se pretende es hacer referencia a principios que forman parte del mismo ordenamiento constitucional que la ley no ha hecho sino reiterar. En efecto, que se sostenga que la información que mantiene la SBS está sometida al principio de publicidad; que ésta tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas; que en ningún caso está facultada para exigir expresión de causa, como condición para proporcionarla; que toda denegatoria de acceso a la información debe estar debidamente sustentada en la necesidad de preservarse con ello derechos y bienes constitucionalmente relevantes; y, en fin, que las limitaciones a dicho derecho deben ser interpretadas de manera restrictiva, no son sino la concreción legislativa de principios constitucionales, cuya aplicabilidad, exigencia y respeto no puede entenderse que estuvo subordinada a la interpositio del legislador ordinario.

13. Pues bien, que la SBS es un órgano que se encuentra sujeto al principio de publicidad es una cuestión que no está en discusión. Ella está, en efecto, dentro de los alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese sentido, debe presumirse que la información que mantenga tiene carácter público, salvo las excepciones que la Constitución contempla. Lo que significa que la SBS tiene la obligación de entregar información que le sea solicitada por particulares, y no exigir para ello expresión de causa. Como se ha expresado en el fundamento 11 de esta sentencia, uno de los sentidos en los que puede entenderse la justificación para no entregar la información requerida, es que, si lo hacen, podría afectarse el secreto bancario de terceros.

14. Dado que la recurrente no ha especificado concretamente qué tipo de información es la requerida (se ha limitado a señalar que desean obtener una «copia de los documentos que los interventores designados por la SBS en el BNM hayan entregado hasta esa fecha al BIF», incluyendo dicho pedido «cualquier data informática que se le hubiese remitido y las claves o códigos de acceso a la información del BNM que pudiera habérseles entregado»), es evidente que el rechazo in toto de la información requerida se presenta, a la luz del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública, como irrazonable.

Ciertamente la emplazada está en la obligación de preservar el secreto bancario. Pero también es claro que, con la generalidad con la que se ha planteado el pedido de información, toda ella no está, por la propia naturaleza de la función encomendada a los interventores, protegida por el secreto bancario. Es la generalización de la negativa a entregar la información requerida la que se presenta como incompatible con el derecho de acceso a la información; pero también con los principios de publicidad y transparencia que informan toda la información que posea el Estado. De igual modo, el Tribunal Constitucional considera que la emplazada ha hecho una interpretación extensiva –y no restrictiva, como debió efectuarse– de las excepciones constitucionalmente establecidas para el ejercicio pleno del derecho en referencia, y, en concreto, sobre los alcances de aquello protegido por el secreto bancario.

15. A lo largo de todo el proceso, la SBS no ha alegado que «toda» la información solicitada esté sujeta al secreto bancario, y tampoco ha cuestionado que no obren en su poder los documentos e informes solicitados por la demandante. En su último escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, la SBS ha aseverado que lo proporcionado al BIF contiene «información relativa al estado del Banco intervenido».

Y si bien la información requerida por Nuevo Mundo Holding S.A. es genérica e imprecisa, ya que no especifica el contenido de la información a la que quiere acceder, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso, el juez, en ejecución de sentencia, habrá de realizar una discriminación de aquella información que no esté protegida por el secreto bancario, de la que, por el contrario, sí lo esté, atendiendo, fundamentalmente, a lo previsto en el artículo 142° de la Ley nº 26702, que regula aquella información que no está comprendida dentro de dicho secreto bancario.

Dice, en efecto, dicho artículo 142°: «El secreto bancario no impide el suministro de información de carácter global, particularmente en los siguientes casos:

1. Cuando sea proporcionada por la Superintendencia al Banco Central y a las empresas del sistema financiero para:

i. Usos estadísticos.

ii. La formulación de la política monetaria y su seguimiento.

2. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que se mantenga corresponsalía o que estén interesados en establecer una relación de esa naturaleza.

3. Cuando la soliciten las sociedades de auditoría a que se refiere el numeral 1 del artículo 134° o firmas especializadas en la clasificación de riesgo.

4. Cuando lo requieran personas interesadas en la adquisición de no menos del treinta por ciento (30%) del capital accionario de la empresa».

No constituye violación del secreto bancario, la divulgación de información sobre las sumas recibidas de los distintos clientes para fines de liquidación de la empresa.

De manera que la información a la cual el recurrente podrá acceder tendrá que estar limitada y sólo basada en los supuestos establecidos por el artículo 140° de la respectiva ley.

Por consiguiente, con exclusión de la información relacionada con operaciones pasivas de los clientes (supuesto de secreto bancario), la SBS deberá entregar el resto de información proporcionada al Banco Interamericano de Finanzas.

16. Por otro lado, y en lo que hace al segundo requerimiento, esto es, la inclusión de copias sobre cualquier data informática que se le hubiese remitido, así como las claves o códigos de acceso a dicha información, el Tribunal Constitucional considera que debe actuarse de conformidad con lo expresado en el párrafo anterior. Y si acaso allí existiera información protegida por el secreto bancario, antes de entregarse la información que no lo está, en ejecución de sentencia, el juez deberá cancelar del soporte informático aquella información, antes de ordenar su entrega a la recurrente.

17. Cabe, finalmente, analizar un último argumento expresado por la SBS. A su juicio, no debería ordenarse la entrega de la información, pues el representante de la recurrente está procesado penalmente por la presunta comisión de delitos contra el orden financiero y monetario. De manera que la información que se solicita es relevante para ese proceso penal. Y sucede que, de conformidad con el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales, la investigación penal tiene carácter reservado.

Independientemente de que entre la recurrente en este proceso y la investigada en el proceso penal no exista identidad –si es que acaso, tal identidad sea necesaria-, resulta claro, a partir de todo lo expuesto, que el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales no es aplicable al caso de autos. En efecto, sucede que, de conformidad con el inciso 4) del artículo 139°, uno de los principios que informan todo proceso judicial es su publicidad, salvo que exista disposición contraria de la ley. Y si bien el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales ha establecido, con carácter general (generalidad que ahora este Tribunal no va a juzgar), que la «instrucción tiene carácter reservado», tal reserva no se extiende a toda actuación procesal. En lo que aquí interesa recordar, sólo han de gozar de tal carácter, entre otras, las pruebas que en el proceso penal se hayan ofrecido entre el auto de apertura de instrucción y el auto en virtud del cual se ponga la instrucción «a disposición del defensor durante 3 días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción […](art. 73 C.P.P.)». Y sucede que, en el caso de la información requerida por la recurrente, la SBS no sólo no ha acreditado que ésta haya sido actuada en el proceso penal, y que se extienda sobre ella la cualidad de la reserva, sino, incluso, que dicha información haya sido ofrecida siquiera en el proceso penal.

De modo que tampoco este argumento puede justificar la negativa de la emplazada a entregar la información requerida.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar fundado el hábeas data

2. Ordenar que la Superintendencia de Banca y Seguros proporcione a Nuevo Mundo Holding S.A. la documentación requerida, para lo cual, en ejecución de sentencia, el juez de primera instancia deberá obrar conforme a los fundamentos 15 y 16 de esta sentencia.

Publíquese y notifíquese.

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Ley 17.948 de 8 de enero de 2006, de Información sobre Personas, Empresas e Instituciones incorporadas a los Registros del Banco Central del Uruguay.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º. Operaciones amparadas por el artículo 25 del Decreto-Ley nº 15.322

El secreto profesional instituido por el artículo 25 del Decreto-Ley nº 15.322, de 17 de septiembre de 1982, ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas que realizan las instituciones de intermediación financiera y toda otra operación en la que éstas asumen la condición de deudores, depositarios, mandatarios o custodios de dinero o de especie respecto de sus clientes, sin perjuicio del amparo de toda la información confidencial recibida del cliente -tanto en relación a operaciones pasivas como activas- comprendida también en la citada norma.

Artículo 2º. Acceso a la información

Declárase que toda persona física o jurídica podrá solicitar, en mérito a lo previsto por el artículo 8º de la Ley nº 17.838, de 24 de septiembre de 2004, información que podrá ser consolidada, de cualquier persona física o jurídica y del conjunto económico que esta persona integre en su caso, que opere con instituciones de intermediación financiera, concerniente a las operaciones bancarias activas con las limitaciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley, como asimismo a la categorización o rango de riesgo crediticio asignado, que conste en la Central de Riesgos Crediticios que lleva actualmente el Banco Central del Uruguay (BCU). Dicha información deberá ser solicitada al Banco Central del Uruguay (BCU), que deberá informar sobre esas solicitudes en un plazo no mayor a veinte días hábiles.

A los efectos de esta ley, se entenderá por conjuntos económicos los registrados como tales por el BCU. Asimismo, esta Institución definirá el concepto de información consolidada incorporado en esta ley.

Artículo 3º. Divulgación de la información

El Banco Central del Uruguay (BCU) está facultado para divulgar a toda persona física o jurídica la información a que refiere el artículo 2º de esta ley sobre personas, empresas e instituciones contenida en los registros que se encuentren a su cargo, así como la información sobre deudores, que reciba de las instituciones controladas para su inclusión en la Central de Riesgos Crediticios u otra base de datos sobre operaciones bancarias activas referidas a inversiones, préstamos, créditos, descuentos, hipotecas, avales, garantías u otras obligaciones crediticias, que administre el BCU.

En ningún caso esa divulgación implicará dar noticia sobre fondos y valores que se encuentren depositados en el sistema financiero nacional, así como sobre las declaraciones juradas presentadas por el personal superior de las instituciones financieras para su evaluación con fines de supervisión, salvo las excepciones previstas por ley.

Artículo 4º. Medios de divulgación

La divulgación de la información referida en el artículo anterior podrá ser efectuada por los medios y el alcance que el Banco Central del Uruguay (BCU) estime conveniente según el tipo de información que se trate en cada caso, incluyendo la publicación en Internet.

Asimismo, podrá establecer una contraprestación a las consultas formuladas, en los casos que así se determine, estableciéndose como montos máximos para dicha contraprestación 270 UI (doscientos setenta unidades indexadas) por solicitud de información y 90 UI (noventa unidades indexadas) por actualización de información. En tal caso el BCU, por resolución, determinará el máximo de créditos y personas a incluir en cada solicitud, pudiendo además establecer contraprestaciones diferenciales para grandes volúmenes de información.

Artículo 5º. Responsabilidad

Las personas físicas y jurídicas del sistema de intermediación financiera que suministren la información contenida en los registros del Banco Central del Uruguay a que hace referencia el artículo 3º de la presente ley, serán los únicos responsables por la veracidad y actualización de la misma.

Artículo 6º. Acuerdo de cooperación

El Banco Central del Uruguay podrá suscribir acuerdos de cooperación con organismos financieros internacionales u organismos de supervisión de intermediación financiera de otros países, con el objeto de dar cumplimiento a sus finalidades y en el marco de sus atribuciones.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2005.

NORA CASTRO,
Presidenta.
Marti Dalgalarrondo Añón,
Secretario.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 8 de enero de 2006.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ.
DANILO ASTORI.
REINALDO GARGANO.

Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom as well as the creation of their own state, and particularly the traditions of
statehood and legality of the Krushevo Republic and the historic decisions of the Antifascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and freely manifested will of the citizens of the Republic of Macedonia in the referendum of September 8th, 1991, as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent co-existence with the Macedonian people is
provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanics and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:

· the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign  and independent state, as well as a civil and democratic one

· the establishment and consolidation of the rule of law as a  fundamental system of government;

· the guaranteeing of human rights, citizens' freedoms and  ethnic equality;

· the provision of peace and a common home for the Macedonian  people with the nationalities living in the Republic of  Macedonia; and on

· the provision of social justice, economic wellbeing and  prosperity in the life of the individual and the community,

the Assembly of the Republic of Macedonia adopts

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

BASIC PROVISIONS

Article 8
The fundamental values of the constitutional order of the Republic of Macedonia are:
· the basic freedoms and rights of the individual and citizen,  recognised in international law and set down in the Constitution;
· the free expression of national identity;
· the rule of law;
· the division of state powers into legislative, executive and judicial;
· the legal protection of property;
· the freedom of the market and entrepreneurship;
· humanism, social justice and solidarity;
· local self-government;
· proper urban and rural planning to promote a congenial human
     environment, as well as ecological protection and development;  and
· respect for the generally accepted norms of international law.

Anything that is not prohibited by the Constitution or by law is  permitted in the Republic of Macedonia.
 

II. BASIC FREEDOMS AND RIGHTS OF THE INDIVIDUAL AND CITIZEN

1. CIVIL AND POLITICAL FREDOMS AND RIGHTS

Article 9.
Citizens of the Republic of Macedonia are equal in their freedoms and rights, regardless of sex, race, colour of skin, national and social origin, political and religious beliefs, property and social status.
All citizens are equal before the Constitution and law.

Article 11.
The human right to physical and moral dignity is irrevocable.
Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment, is prohibited.
Forced labour is prohibited.

Article 17.
The freedom and confidentiality of correspondence and other forms  of communication is guaranteed.
Only a court decision may authorise non-application of the  principle of the inviolability of the confidentiality of  correspondence and other forms of communication, in cases where  it is indispensable to a criminal investigation or required in  the interests of the defence of the Republic.

Article 18
The security and confidentiality of personal information are guaranteed.
Citizens are guaranteed protection from any violation of their  personal integrity deriving from the registration of personal  information through data processing.

Article 25
Each citizen is guaranteed the respect and protection of the  privacy of his/her personal and family life and his/her dignity  and repute.

Article 26
The inviolability of the home is guaranteed.
The right to the inviolability of the home may be restricted only  by a court decision in cases of the detection or prevention of  criminal offences or the protection of people's health.

3. GUARANTEES OF BASIC FREEDOMS AND RIGHTS

Article 50
Every citizen may invoke the protection of freedoms and rights  determined  by the Constitution before the regular courts, as well as  before the Constitutional Court of Macedonia, through a procedure  based upon the principles of priority and urgency.
Judicial protection of the legality of individual acts of state administration, as well as of other institutions carrying out public mandates, is guaranteed.
A citizen has the right to be informed on human rights and basic  freedoms as well as actively to contribute, individually of jointly  with others, to their promotion and protection.

 Article 51
In the Republic of Macedonia laws shall be in accordance with the Constitution and all other regulations in accordance with the  Constitution and law.
Everyone is obliged to respect the Constitution and the laws.

Part I  Basic Principles

 
Article 4
(1) The law constitutes the basis and the boundaries of the activity of the state.
(2) The Constitution is the highest law in the Republic of Albania.
(3) The provisions of the Constitution are directly applicable, except when the Constitution provides otherwise.
 

Part II  The Fundamental Human Rights and Freedoms

Chapter I  General Principles

 
Article 15
(1) The fundamental human rights and freedoms are indivisible and inalienable and stand at the basis of the entire juridical order.
(2) The organs of public power, in fulfillment of their duties, shall respect the fundamental rights and freedoms, as well as contribute to making them a reality.
 
Article 16
(1) The fundamental rights and freedoms and the duties contemplated in this Constitution for Albanian citizens are also valid for foreigners and stateless persons in the territory of the Republic of Albania, except for cases when the Constitution specifically attaches the exercise of particular rights and freedoms with Albanian citizenship.
(2) The fundamental rights and freedoms and the duties contemplated in this Constitution are valid also for juridical persons so long as they comport with the general purposes of these persons and with the core of these rights, freedoms and duties.
 
Article 17
(1) The limitation of these rights and freedoms may be established only by law for a public interest or for the protection of the rights of others. A limitation shall be in proportion with the situation that has dictated it.
(2) These limitations may not infringe the essence of the rights and freedoms and in no case may exceed the limitations provided for in the European Convention on Human Rights.
 
Article 18
(1) All are equal before the law.
(2) No one may be unjustly discriminated against for reasons such as gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical beliefs, economic condition, education, social status, or ancestry.
(3) No one may be discriminated against for reasons mentioned in Paragraph (2) if reasonable and objective legal grounds do not exist.
 
Article 19
(1) Everyone born of at least one parent with Albanian citizenship gains automatically Albanian citizenship. Albanian citizenship is gained also for other reasons provided by law.
(2) An Albanian citizen may not lose his citizenship, except when he gives it up.
 
Article 20
(1) Persons who belong to national minorities have the right to exercise in full equality before the law the human rights and freedoms.
(2) They have the right freely to express, preserve and develop their ethnic, cultural, religious and linguistic identity, to study and to be taught in their mother tongue, as well as unite in organizations and societies for the protection of their interests and identity.
 

Chapter II  Personal Rights and Freedoms

 
Article 21
The life of every person is protected by law.
 
Article 22
(1) Freedom of expression is guaranteed.
(2) The freedom of the press, radio and television are guaranteed.
(3) Prior censorship of the means of mass communication is prohibited.
(4) The law may require the granting of authorization for the operation of radio or television stations.
 
Article 23
(1) The right to information is guaranteed.
(2) Everyone has the right, in compliance with law, to get information about the activity of state organs, as well as of persons who exercise state functions.
(3) Everybody is given the possibility to follow the meetings of collectively elected organs.
 
Article 24
(1) Freedom of conscience and of religion is guaranteed.
(2) Everyone is free to choose or to change his religion or beliefs, as well as to express them individually or collectively, in public or private life, through cult, education, practices or the performance of rituals.
(3) No one may be forced to take part or not in a religious community or in religious practices or to make his beliefs or faith public.
 
Article 25
No one may be subjected to torture, inhuman or humiliating punishment or treatment.
 
Article 26
No one may be required to perform forced labor, except in cases of the execution of a judicial decision, the performance of military service, or for a service that results from a state of emergency, war or natural disaster that threatens human life or health.
 
Article 27
(1) No one's liberty may be taken away except in the cases and according to the modalities provided by law.
(2) No law may be issued to limit the freedom of a person, except in the following cases:
a) when he is punished with imprisonment by a competent court;
b) for failure to comply with the lawful orders of the court or with an obligation set by law;
c) when there are reasonable suspicions that he has committed a criminal offense or to prevent the commission by him of a criminal offense or his escape after its commission;
d) for the supervision of a minor for purposes of education or for escorting him to a competent organ; e) when a person is the carrier of a contagious disease or is mentally incompetent and dangerous to society, an alcoholic, a drug user, or a vagrant;
f) for illegal entry at state borders or in cases of deportation or extradition.
(3) No one may be deprived of liberty just because he is not in a condition to fulfill a contractual obligation.
 
Article 28
(1) Everyone whose liberty has been taken away has the right to be notified immediately, in a language that he understands, of the reasons for this measure, as well as the accusation made against him. Every person whose liberty has been taken away shall be informed that he has no obligation to make a declaration and has the right to communicate immediately with a lawyer, and he shall also be given the possibility to realize his rights.
(2) Persons who have lost their freedom, according to Article 27 (2) c), must be sent within 48 hours before a judge, who shall decide upon his pre-trial detention or release not later than 48 hours from the time he receives the documents for review.
(3) A person in pre-trial detention has the right to appeal the judge's decision. He has the right to be tried within a reasonable period of time or to be released on bail.
(4) In all other cases, the person whose liberty is taken away extrajudicially may address a judge at anytime, who shall decide within 48 hours regarding the legality of this action.
(5) Every prisoner has the right to humane treatment and respect for his dignity.
 
Article 29
(1) No one may be accused or declared guilty of a criminal offense that was not considered as such by law at the time of its commission, with the exception of cases, which at the time of their commission, according to international law, constitute war crimes or crimes against humanity.
(2) No punishment may be given that is more severe than that which was contemplated by law at the time of commission of the criminal offense.
(3) A favorable criminal law has retroactive effect.
 
Article 30
Everyone is considered innocent if his guilt is not proven by a final judicial decision.
 
Article 31
During a criminal proceeding, everyone has the right:
a) to be notified immediately and in detail of the accusation made against him and of his rights, as well as to have the possibility created to notify his family or those close to him;
b) to have the time and sufficient facilities to prepare his defense;
c) to have the assistance without payment of a translator, when he does not speak or understand the Albanian language;
d) to be defended by himself or with the assistance of a legal defender chosen by him;
to communicate freely and privately with him, as well as to be assured of free defense when he does not have sufficient means;
e) to question witnesses who are present and to seek the presentation of witnesses, experts and other persons who can clarify the facts.
 
Article 32
(1) No one may be obliged to testify against himself or his family or to confess his guilt.
(2) No one may be declared guilty on the basis of data collected in an unlawful manner.
 
Article 33
(1) No one may be denied the right to be heard before being judged.
(2) A person who is hiding from justice may not take advantage of this right.
 
Article 34
No one may be punished more than one time for the same criminal offense nor be tried again, except for cases when the re-adjudication of the case is decided on by a higher court, in the manner specified by law.
 
Article 35
(1) No one may be obliged, except when the law requires it, to make public data connected with his person.
(2) The collection, use and making public of data about a person is done only with his consent, except for the cases provided by law.
(3) Everyone has the right to become acquainted with data collected about him, except for the cases provided by law.
(4) Everyone has the right to request the correction or expunging of untrue or incomplete data or data collected in violation of law.
 
Article 36
The freedom and secrecy of correspondence or other means of communication are guaranteed.
 
Article 37
(1) The inviolability of the residence is guaranteed.
(2) Searches of a residence, as well as the premises forming part of it, may be done only in the cases and manner provided by law.
(3) No one may be subjected to a personal search outside a criminal proceeding, with the exception of the cases of entry into the territory of the state and the leaving of it, or to avoid an immediate risk that threatens public security.
 
Article 38
(1) Everyone has the right to choose his place of residence and to move freely to any part of the territory of the state.
(2) Each person may go out of the state freely.
 
Article 39
(1) No Albanian citizen may be deported from the territory of the state.
(2) Extradition may be permitted only when it is expressly provided in international agreements, to which the Republic of Albania is a party, and only by judicial decision.
(3) The collective expulsion of foreigners is prohibited. The deportation of individuals is permitted under the conditions specified by law.
 
Article 40
Foreigners have the right of refuge in the Republic of Albania according to law.
 
Article 41
(1) The freedom, property, and rights recognized in the Constitution and by law may not be infringed without due process.
(2) Everyone, to protect his constitutional and legal rights, freedoms, and interests, or in the case of accusation raised against him, has the right to a fair and public trial, within a reasonable time, by an independent and impartial court specified by law.
 
Article 42
Everyone has the right to appeal a judicial decision to a higher court, except when the Constitution provides otherwise.
 
Article 43
Everyone has the right to be rehabilitated and/or indemnified in compliance with law if he is damaged because of an unlawful act, action or failure to act of the state organs.
 

Chapter III  Political Rights and Freedoms

 
Article 44
(1) Every citizen who has reached the age of 18, even on the date of the elections, has the right to vote.
(2) Citizens who have been declared mentally incompetent by a final court decision do not have the right to vote.
(3) Convicts that are serving a sentence that deprives them of freedom have only the right to elect.
(4) The vote is personal, equal, free and secret.
 
Article 45
(1) Everyone has the right to organize collectively for any lawful purpose.
(2) The registration of organizations or societies in court is done according to the procedure provided by law.
(3) Organizations or societies that pursue unconstitutional purposes are prohibited in conformity with the law.
 
Article 46
(1) Freedom of peaceful meetings and without arms, as well the participation in them is guaranteed.
(2) Peaceful meetings in squares and places of public passage are held in conformity with the law.
 
Article 47
Everyone, by himself or together with others, may direct requests, complaints or comments to the public organs, which are obliged to answer in the time periods and conditions set by law.
 

La Honorable Convención Constituyente de la Provincia, Sanciona:

PREAMBULO

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba, reunidos en Convención Constituyente, con la finalidad de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; reafirmar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad; consolidar el sistema representativo, republicano y democrático; afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino; asegurar la autonomía municipal y el acceso de todas las personas a la justicia, la educación y la cultura; y promover una economía puesta al servicio del hombre y la justicia social; para el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa v la consecución del bien común, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución.

PRIMERA PARTE. Declaraciones, Derechos, Deberes, Garantías y Políticas Especiales

TÍTULO PRIMERO. Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías

SECCIÓN PRIMERA. Declaraciones de Fe Política

Forma de Estado

Artículo 1º.­ La Provincia de Córdoba, con los límites que por derecho le corresponden, es parte integrante de la República Argentina, y se organiza como Estado Social de Derecho, sujeto a la Constitución Nacional y a esta Constitución.

Forma de gobierno

Artículo 2º.­ La Provincia organiza su Gobierno bajo la forma representativa, republicana y democrática, como lo consagra esta Constitución.

Soberanía popular

Artículo 3º.- La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades legítimamente constituidas y, por sí, de acuerdo con las formas de participación que esta Constitución establece.

Inviolabilidad de la persona

Artículo 4º.- La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos.

Libertad religiosa y de conciencia

Artículo 5º.- Son inviolables en el territorio de la Provincia la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público.
Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.

Cultos

Artículo 6º.- La Provincia de Córdoba, de acuerdo con su tradición cultural, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan  en  los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Libertad, igualdad y solidaridad

Artículo 7º.- Todas las personas en la Provincia son libres o iguales ante la ley y no se admiten discriminaciones. La convivencia social se funda en la solidaridad e igualdad de oportunidades.

Organización social

Artículo 8º.- El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y participativa.

Participación

Artículo 9º.- El Estado Provincial promueve las condiciones para hacer real y efectiva la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y asociaciones.

Libre iniciativa

Artículo 10.– El Estado Provincial garantiza la iniciativa privada y toda actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad.

Recursos naturales y medio ambiente

Artículo 11.- El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales.

Capital y asiento de las autoridades

Artículo 12.­ Las autoridades que ejercen el gobierno provincial residen en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia. Las dependencias de aquél pueden tener sede en el interior; según principios de descentralización administrativa. Por ley puede establecer se el cambio de asiento de la capital o de algunos de los órganos de gobierno.

Indelegabilidad de funciones

Artículo 13.- Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia.

Responsabilidad de los funcionarios

Artículo 14.­Todos los funcionarios públicos, aun el Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsable civil, penal, administrativa y políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimonial conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes.

Publicidad de los actos

Artículo 15.- Los actos del Estado son públicos, en especial los que se relacionan con la renta y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal. La ley determina el modo y la oportunidad de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento.

Cláusula federal

Artículo 16.- Corresponde la Gobierno Provincial:
1°. Ejercer los derechos y competencias no delegadas al Gobierno Federal.
2°. Promover un federalismo de concertación con el Gobierno Federal y entre las provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, así como establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios.
3°. Ejercer en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional.
4°. Concertar con el Gobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva y descentralización del sistema previsional.
5°. Procurar y gestionar la desconcentración y descentralización  de la Administración Federal.
6°. Realizar gestiones y acuerdos en el orden internacional, para satisfacción de sus intereses, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal.

Vigencia del orden constitucional y defensa de la democracia

Artículo 17.- Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia. Quienes ordenen, consientan, o ejecuten actos de esta índole son considerados infames traidores al orden constitucional.
Los que en este caso ejerzan las funciones previstas para las autoridades de esta Constitución, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno, en la Provincia o en sus municipios.
Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional y de las autoridades legítimas; le asiste al pueblo de la Provincia el derecho de resistencia, cuando no sea posible otro recurso.
Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es insanablemente nula.
A todos los efectos penales y procesales, se consideran vigentes, hasta la finalización del período para el que fueron elegidos, los fueros, inmunidades y privilegios procesales de los funcionarios electos directamente por el pueblo de conformidad a las disposiciones constitucionales, aunque sean destituidos por actos o hechos no previstos por esta Constitución. En consecuencia son nulos de nulidad absoluta y carentes de validez jurídica todas las condenas penales y sus accesorias civiles que se hubieran dictado o se dictaren en contravención a esta norma.

SECCIÓN SEGUNDA.- Derechos

CAPÍTULO PRIMERO.- Derechos Personales. Derechos. Definiciones

Artículo 18.­ Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República reconocen, y están sujetos a los deberes y restricciones que imponen.

Derechos enumerados

Artículo 19.­ Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:
1°. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal.
2°. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
3°. A la libertad e igualdad de oportunidades.
4°. A aprender y enseñar; a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura.
5°. A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica .
6º. A elegir y ejercer su profesión, Oficio o empleo.
7º. A constituir una familia.
8º. A asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos.
9º. A peticionar ante las autoridades y obtener respuesta y acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos.
10º. A comunicarse, expresarse e informarse.
11º. A entrar; permanecer, transitar y salir del territorio.
12º. Al secreto de los papeles privados, la correspondencia, las comunicaciones telegráficas y telefónicas y las que se practiquen por cualquier otro medio.
13º. A acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del deporte.

Derechos no enumerados

Artículo 20.­ Los derechos enumerados y reconocidos por esta Constitución no importan denegación de los demás que se derivan de la forma democrática de gobierno y de la condición natural del hombre.

De los extranjeros

Artículo 21.­ No se puede dictar en la Provincia ley o reglamento que haga inferior la condición de extranjero a la del nacional. Ninguna ley obliga a los extranjeros a pagar mayores contribuciones que las soportadas por los nacionales, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.

Operatividad

Artículo 22.­ Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal.
 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Derechos Sociales

Del trabajador

Artículo 23.­ Todas las personas en la Provincia tienen derecho:
1º. A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales.
2º. A la capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico.
3º. A una jornada limitada, con un máximo de cuarenta y cuatro horas semanales, con descansos adecuados y vacaciones pagas; y a disfrutar de su tiempo libre.
4º. A una retribución justa, a igual remuneración por igual tarea y a un salario mínimo, vital y móvil.
5º. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario y haber previsional.
6º. A que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo, en caso de accidente, enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, situación de desempleo y muerte, que tienda a un sistema de seguridad social integral.
7º. A participar en la administración de las instituciones de seguridad social de las que sean beneficiarios.
8º. A participar de la gestión de las empresas públicas, en la forma y límites establecidos por la ley para la elevación económica y social del trabajador, en armonía con las exigencias de la producción.
9°. A la defensa de los intereses profesionales.
10º. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial.
11º. Asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales en gremios o sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo modo.
Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga.
12º. A ser directivos o representantes gremiales, con estabilidad en su empleo y garantías para el cumplimiento de su gestión.
13°. A la estabilidad en los empleos públicos de carrera, no pudiendo ser separados del cargo sin sumario previo, que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado, será nula con la reparación pertinente. Al escalafón en la carrera administrativa .

En caso de duda sobre la aplicación de normas laborales, prevalece la más favorable al trabajador.

De la mujer

Artículo 24.­ La mujer y el hombre tienen iguales derechos en lo cultural, económico, político, social y familiar, con respecto a sus respectivas características sociobiológicas.
La madre goza de especial protección desde su embarazo, y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento de su esencial función familiar.

De la niñez

Artículo 25.­ El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar.

De la juventud

Artículo 26.­ Los jóvenes tienen derecho a que el Estado promueva su desarrollo integral, posibilite su perfeccionamiento, su aporte creativo y propenda a lograr una plena formación democrática, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y moderna, que lo arraigue a su medio y asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.

De la discapacidad

Artículo 27.­ Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad.

De la ancianidad

Artículo 28.­ El Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicio a la sociedad.

Del consumidor

Artículo 29.­ Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses. El Estado promueve su organización y funcionamiento. 

CAPÍTULO TERCERO.- Derechos Políticos

El sufragio

Artículo 30.­ Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la vida política. El voto universal, igual, secreto y obligatorio para la elección de las autoridades es la base de la democracia y el único modo de expresión de la voluntad política del pueblo de la Provincia, salvo las excepciones previstas en esta Constitución.
El régimen electoral provincial debe asegurar la representación pluralista y la libertad plena del elector el día del comicio.
Esta Constitución y la ley determinan en qué casos los extranjeros pueden votar.

Iniciativa popular

Artículo 31.­ Los ciudadanos pueden proponer a la Legislatura proyectos de leyes y de derogación de las vigentes para su consideración; la solicitud debe estar suscripta por el porcentaje de electores que la ley determine
No pueden ser sometidos a este procedimiento los proyectos de leyes concernientes a reformas de la Constitución, aprobación de tratados, tributos, presupuestos, creación y competencia de tribunales.

Consulta popular y referéndum

Artículo 32.­ Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a consulta popular, de acuerdo con lo que determine la ley.
Se autoriza el referéndum para los casos previstos en esta Constitución.

Partidos políticos

Artículo 33.­ Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos políticos democráticos y pluralistas.
La Provincia reconoce y garantiza la existencia y personería jurídica de aquellos que sustenten y respeten los principios republicanos, representativos, federales y democráticos establecidos por las Constituciones Nacional y Provincial.
Son orientadores de la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad política del pueblo. La ley establece el régimen de los partidos que actúan en la Provincia y garantiza su libre creación, organización democrática y pluralista, la contribución económica del Estado a su sostenimiento y la rendición de cuentas sobre el origen de sus fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas y un igualitario acceso a los medios de comunicación.
Sólo a los partidos políticos compete postular candidatos para cargos públicos electivos.
La ley garantiza la existencia de un Consejo de Partidos Políticos de carácter consultivos. 

CAPÍTULO CUARTO.- Asociaciones y Sociedades Intermedias

De la familia

Artículo 34.­ La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe gozar de condiciones sociales, económicas y culturales, que propendan a su afianzamiento y desarrollo integral.
El Estado la protege y le facilita su constitución y fines
El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres; el Estado se compromete en su cumplimiento.
Se reconoce el derecho al bien de familia.

ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

Artículo 35.­ La comunidad se funda en la solidaridad. Las organizaciones de carácter económico, profesional, gremial, social y cultural, disponen de todas las facilidades para su creación y desenvolvimiento de sus actividades; sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra, opinión y crítica, y del irrestricto derecho de peticionar a las autoridades y de recibir respuesta de las mismas. Sus estructuras internas deben ser democráticas y pluralistas y la principal exigencia es el cumplimiento de los deberes de solidaridad social.

Cooperativas y mutuales

Artículo 36.­ El Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades.

De los Colegios Profesionales

Artículo 37.­ La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la Legislatura. Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley estime necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de los poderes del Estado.

SECCIÓN TERCERA .- Deberes

Artículo 38.­ Los deberes de toda persona son:
1º. Cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución, los tratados interprovinciales y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia.
2º. Honrar y defender a la Patria y a la Provincia.
3º. Participar en la vida política cuando la ley lo determine.
4º. Resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación, de la Provincia y de los municipios.
5º. Contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado.
6º. Prestar servicios civiles en los casos que las leyes así lo requieran.
7º. Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo con las necesidades sociales.
8°. Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.
9º. Cuidar su salud como bien social.
10º. Trabajar en la medida de sus posibilidades.
11º. No abusar del derecho.
12º. Actuar solidariamente 

SECCIÓN CUARTA.- Garantías

Debido proceso

Artículo 39.­ Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a esta Constitución; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Todo proceso debe concluir en un término razonable.

Defensa en juicio

Artículo 40.­ Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aun a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecución penal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en causa penal ni en contra de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano y parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, o persona con quien conviva en aparente matrimonio. Carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor.

Prueba

Artículo 41.­ La prueba es pública en todos los juicios, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es motivada.
No pueden servir en juicio las cartas y papeles privados que hubiesen sido sustraídos.
Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso , no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de hecho, debe estarse a lo más favorable al imputado.

Privación de la libertad

Artículo 42.­ La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución y siempre que no exceda el término máximo que rija la ley. Las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.
En caso de sobreseimiento o absolución, el Estado puede indemnizar el tiempo de privación de libertad, con arreglo a la ley.
Salvo el caso de flagrancia nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se da aviso inmediato a aquélla, y se pone a su disposición el aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le atribuye, a los fines previstos en el párrafo anterior.
Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del hecho que lo motiva y de los derechos que le asisten, y puede dar aviso de su situación a quien crea conveniente; la autoridad arbitra los medios conducentes a ello.

Incomunicación

Artículo 43.­ La incomunicación sólo puede ser ordenada por el juez para evitar que el imputado entorpezca la investigación y no puede exceder de dos días. Aun en tal caso queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal de aquél. Rige al respecto, el último párrafo del artículo anterior.

Custodia de presos y cárceles

Artículo 44.­ Todo funcionario responsable de la custodia de presos, al hacerse cargo de los mismos, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión; a el corresponde su custodia, con exclusividad. Es responsable de la detención o prisión indebida.
Los reglamentos, de cualquier lugar de encarcelamiento, deben atender al resguardo de la salud física y moral del interno, y facilitar su desenvolvimiento personal y afectivo.
Prohibida la tortura o cualquier trato vejatorio o degradante, el funcionario que participe en ellos no los denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera los consienta, cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término 4ue establece la ley.
Los encausados y condenados por delitos son alojados en establecimientos sanos, limpios y sometidos al tratamiento que aconsejan los aportes científicos, técnicos y criminológicos que se hagan en esta materia.
Las mujeres son alojadas en establecimientos especiales y los menores no pueden serlo en locales destinados a la detención de adultos.

Inviolabilidad del domicilio. Allanamiento

Artículo 45.­ El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden motivada escrita y determinada de juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. Cuando se trate de moradas particulares, el registro no puede realizarse de noche, salvo casos sumamente graves y urgentes.

Papeles privados y comunicaciones

Artículo 46.­ El secreto de los papeles privados, la correspondencia epistolar y cualquier otra forma de comunicación personal por el medio que sea, es inviolable. La ley determina los casos en que se puede proceder al examen o interceptación mediante orden judicial motivada. 

Hábeas Corpus

Artículo 47.­ Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas.
Puede también ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso.
La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución.

Amparo

Artículo 48.­ Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta Constitución o por la Constitución Nacional, y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la forma que determine la ley.

Acceso a la Justicia

Artículo 49.­ En ningún caso puede resultar limitado el acceso a la Justicia por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia gratuita a tal efecto.

Privacidad

Artículo 50.­ Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro, la finalidad a que se destina esa información, y a exigir su rectificación y actualización. Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tengan un interés legítimo.
La ley reglamenta el uso de la informática para que no se vulneren el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. 

Derecho a la información.  Libertad de expresión.  Pluralidad

Artículo 51.- El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no está sujeto a censura previa sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto de los derechos, la reputación de las personas y la protección de la seguridad, la moral y el orden público.
Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión. Se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial. La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico.
La Legislatura no dicta leyes que restrinjan la libertad de prensa.
Cuando se acuse una publicación en que se censura en términos decorosos la conducta de un individuo como magistrado o personalidad pública, imputándose faltas o delitos cuya averiguación y castigo interese a la sociedad, debe admitirse prueba sobre los hechos denunciados y, de resultar ciertos, el acusado queda exento de pena.
La información y la comunicación constituyen un bien social.

Mora de la administración.  Amparo

Artículo 52.­ Para el caso de que esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del reclamante, puede librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que prudencialmente establezca.

Protección de los intereses difusos

Articulo 53.­ La ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos en esta Constitución.

TÍTULO SEGUNDO.- Políticas Especiales del Estado

CAPÍTULO PRIMERO.- Trabajo, Seguridad Social y Bienestar

Trabajo

Artículo 54.­ El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la solidaridad social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espirituales y materiales de la persona y la comunidad; es fundamento de la prosperidad general.
El Estado está obligado a promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de la Provincia.
La ley contempla las situaciones y condiciones especiales del trabajo para asegurar la protección efectiva de los trabajadores.
El Estado Provincial ejerce la policía del trabajo en el ámbito personal y territorial, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal en la materia. Igualmente, en lo que respecta a negociación colectiva en materia de conciliación obligatoria, arbitraje facultativo y arbitraje obligatorio; en este último caso, sólo en situaciones de excepción, y en todos los supuestos referidos, con la misma reserva sobre las facultades de Gobierno Federal.

Seguridad Social

Artículo 55.­ El Estado Provincial establece y garantiza en el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva , equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones. Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal.

Actividades de interés social

Artículo 56.­ El Estado Provincial promueve actividades de interés social que tiendan a complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo.

Régimen previsional

Artículo 57.­ El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.
El régimen previsional debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación con otros sistemas previsionales.
La ley establece un régimen general previsional que contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales, conforme lo establece el artículo 110, inciso 17 de esta Constitución.
Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas.

Vivienda

Artículo 58.­ Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable en las condiciones que fija la ley.
El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios:
1°. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y pautas culturales y regionales de la comunidad .
2°. Impedir la especulación.
3°. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia.

Salud

Artículo 59.­ La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.
El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud, integra todos los recursos y concierta la política sanitaria con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, municipios e instituciones sociales públicas y privadas.
La Provincia, en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud.
El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción. Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos. 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Cultura y Educación

Artículo 60.­ El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales.
La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimientan la identidad y unidad nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos.
El Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna.

Educación

Artículo 61.­ La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral, para la con formación de una sociedad democrática, justa y solidaria.

Política educativa

Artículo 62.­ La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos:
1°. Ejercer, el Estado Provincial, función educativa obligatoria; establecer la política del sector y supervisar su cumplimiento.
2°. Garantizar el derecho de aprender y de enseñar, reconocer a la familia como agente natural y primario de educación, y la función educativa de la comunidad.
3°. Reconocer la libertad de enseñanza. Las personas, asociaciones y municipios tienen derecho a crear instituciones educativas ajustadas a los principios de esta Constitución, las que son reconocidas según la ley. La misma reglamenta la cooperación económica del Estado con aquellas que no persigan fines de lucro.
4º. Asegurar la obligatoriedad de la educación básica general y común y garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades para acceder a ella.
5°. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal.
Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.
6º. Promover el acceso de los habitantes, según su vocación, capacidad y mérito, a los más altos niveles de formación, investigación y creación.
7°. Generar y promover medios diversos para la educación permanente; la alfabetización, creación cultural, capacitación laboral o formación profesional según las necesidades regionales.
8°. Satisfacer los requerimientos del sistema educativo, en cuanto a la formación y actualización docente.
9°. Asegurar en el presupuesto provincial los recursos suficientes para la prestación adecuada del servicio educativo; integrar aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.
10°. Incorporar obligatoriamente en todos los niveles educativos, el estudio de esta Constitución, sus normas, espíritu e institutos. 

Gobierno de la educación

Artículo 63.­ El Estado Provincial organiza y fiscaliza el sistema educativo en todos los niveles, con centralización política y normativa y descentralización operativa, de acuerdo con los principios democráticos de participación. Integra en cuerpos colegiados a representantes del Gobierno, de los docentes y de otros agentes institucionales y sociales, en los niveles de elaboración y ejecución de políticas, en la forma y con los atributos que fija la ley.
Los centros de enseñanza son comunidades educativas, cuya acción está ligada a la práctica democrática y a la participación de sus integrantes.

Ciencia y tecnología

Artículo 64.­ El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre.
Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario; deben evitarse los monopolios, la obsolescencia anticipada y la distorsión de la economía.

Patrimonio cultural

Artículo 65.­ El Estado Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad.

CAPÍTULO TERCERO.- Ecología.  Medio ambiente y calidad de vida

Artículo 66.­ Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna.
El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia.
El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico sin discriminación de individuos o regiones.
Para ello dicta normas que aseguren:
1°. La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos.
2°. La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del ambiente.
3°. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.
4°, La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en los asentamientos humanos. 

CAPÍTULO CUARTO.- Economía y Finanzas

Principios económicos

Artículo 67.­La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales.
El capital cumple una función social y se orienta al crecimiento de la economía.
Los beneficios del crecimiento son distribuidos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de las organizaciones económicas que participan en el proceso productivo.
Se reconoce y garantiza la libre iniciativa privada con sanción a los monopolios, la usura y la especulación.
La propiedad privada es inviolable; nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, y su ejercicio está limitado por la función social que debe cumplir.

Recursos naturales

Artículo 68.­ El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente.
La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las tecnologías de aplicación.
Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al interés general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes para evitar su contaminación.
El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve su explotación
racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las especies y a su reposición mediante la forestación y reforestación que salvaguarde la estabilidad ecológica.
Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, inalienables e imprescriptibles de la Provincia; su explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
El Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de la política minera, fomenta la prospección, exploración y beneficio de las sustancias minerales del territorio, realiza el inventario de sus recursos y dicta leyes de protección de este patrimonio con el objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y su utilización irracional.

Planeamiento

Artículo 69.­ El Estado Provincial orienta las actividades económicas conforme a los principios enunciados en esta Constitución; elabora planes en los que promueve la participación de los sectores económicos y sociales interesados, destinados al desarrollo regional e integración económica provincial.
El presupuesto de la Provincia y el de las empresas del Estado se formulan en el marco de dicha planificación.
La Provincia acuerda con otras y con el Gobierno Federal su participación en sistemas federales o regionales de planeamiento.

Presupuesto

Artículo 70.­ El presupuesto provincial prevé los recursos pertinentes, autoriza las inversiones y gastos y fija el número de agentes públicos; explícita los objetivos que deben ser cuantificados cuando la naturaleza de los mismos lo permita.
Puede proyectarse por más de un ejercicio sin exceder el término del mandato del titular del Poder Ejecutivo.
La falta de sanción de la ley de presupuesto al primero de enero de cada año implica la reconducción automática de los créditos vigentes al finalizar el ejercicio inmediato anterior.
Las empresas del Estado se rigen por sus propios presupuestos.

Tributos

Artículo 71.­ El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de la legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza.
El Estado Provincial y los municipios establecen sistemas de cooperación, administración y fiscalización conjunta de los gravámenes.
Pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la comunidad.
Ninguna ley puede disminuir el monto de los gravámenes una vez que han vencido los términos generales para su pago en beneficio de los morosos o evasores de las obligaciones tributarias.
La ley determina el modo y la forma para la procedencia de la acción judicial donde se discuta la legalidad del pago de impuestos y tasas.

Tesoro provincial

Artículo 72.­ El Tesoro Provincial se integra con recursos provenientes de:
1°. Tributos de percepción directa y/o provenientes de regímenes de coparticipación.
2°. Renta y producido de la venta de sus bienes y actividad económica del Estado.
3°. Derechos, convenios, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la explotación de sus bienes o de recursos naturales.
4°. Donaciones y legados.
5°. Los empréstitos y operaciones de crédito. 

Créditos públicos

Artículo 73.­ El Estado Provincial puede contraer empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emitir títulos públicos y realizar otras operaciones de crédito para el financiamiento de obras públicas, promoción del crecimiento económico y social, modernización del Estado y otras necesidades excepcionales o de extrema urgencia. La ley determina los recursos afectados para el pago de amortización e intereses de las deudas autorizadas que no pueden comprometer más del veinte por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se debe tener como base de cálculo el menor de los ingresos anuales ordinarios de los tres últimos ejercicios, considerados a valores constantes.

Contrataciones

Artículo 74.­ La enajenación de los bienes de la Provincia o de los municipios se hace en los términos que determinen las leyes u ordenanzas.
Toda contratación del Estado Provincial o de los municipios se efectúa según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el procedimiento de selección.

Servicios públicos

Artículo 75.­ Los servicios públicos corresponden originariamente, según su naturaleza y características a la Provincia o a los municipios; pueden prestarse directamente, o por medio de cooperativas o sociedades de economía mixta, y por particulares. En el control de su prestación participan los usuarios según lo establecen las leyes u ordenanzas respectivas.

Remuneraciones

Artículo 76.­ El Estado Provincial, con participación previa y por gremio, fija la remuneración de sus agentes y procura su homogeneidad sobre la base de que a igual tarea corresponde igual remuneración.
Las remuneraciones de los agentes públicos de los Poderes del Estado no superan la del titular del Poder Ejecutivo. 

SEGUNDA PARTE.- Autoridades de la Provincia

TÍTULO PRIMERO.- Gobierno Provincial

SECCIÓN PRIMERA.- Poder Legislativo 

Composición

Artículo 77.­ El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por una Asamblea compuesta de una Cámara de Diputados y otra de Senadores.

CAPÍTULO PRIMERO.- Cámara de Diputados. Integración

Artículo 78.­ La Cámara de Diputados se integra por sesenta y seis representantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, considerada éste como distrito único.
Del número expresado, treinta y seis corresponden al partido político que obtenga mayor cantidad de votos.
Los treinta restantes se distribuyen entre los cuatro partidos políticos que sigan a aquél en orden a los votos obtenidos y que superen un mínimo del dos por ciento de los votos emitidos. La distribución entre las minorías se hace del siguiente modo, conforme al orden que surja del resultado de la elección: veinte representantes al segundo; cinco al tercero; tres al cuarto y dos al quinto. Si alguno de los cuatro partidos no alcanza el mínimo electoral exigido, el número de representantes que le corresponde por su orden, es adjudicado entre las minorías que han alcanzado ese mínimo en forma proporcional conforme lo establezca la ley.

Incorporación

Artículo 79.­ Los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos que no hayan resultado electos, son considerados suplentes para el caso de vacancia. Producida una vacante, se cubre en forma inmediata por el que sigue de acuerdo con el orden establecido en la lista partidaria, y completa el suplente el período del titular que reemplace. Agotada la lista de titulares no electos, se continúa por' el orden de los suplentes que en número de dieciocho integran la lista respectiva.

Requisitos para ser diputado

Artículo 80.­ Para ser diputado se requiere:
1°. Haber cumplido la edad de veintiún años.
2°. Tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de cinco años, para los naturalizados.
3°. Tener residencia en la Provincia en forma inmediata y continua durante los dos años anteriores a su elección. A tales efectos no causa interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de funciones políticas o técnicas al servicio del Gobierno Federal o de la Provincia.

Reelección

Artículo 81.­ Los diputados duran cuatro años en sus funciones y son reelegibles. La Cámara se constituye por sí misma.

Atribuciones exclusivas

Artículo 82.­ Compete exclusivamente a la Cámara de Diputados iniciar la discusión de los proyectos de ley sobre presupuesto, tributos, contratación de empréstitos y la atribución de acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político.

CAPÍTULO SEGUNDO.- Cámara de Senadores.

Integración

Artículo 83.­ Los senadores son elegidos directamente y a pluralidad de sufragios por el pueblo de los Departamentos en que se divide la Provincia.
Los Departamentos cuya población no exceda los sesenta mil habitantes eligen un senador, los que tengan entre sesenta mil y cien mil eligen dos, que corresponden a la mayoría; los que tengan entre cien mil y trescientos mil eligen seis, de los que corresponden tres a la mayoría, dos al partido que le sigue en orden y uno al que resulte tercero; y los que tengan más de trescientos mil eligen ocho senadores, de los que corresponden cuatro a la mayoría, tres al partido que le sigue en orden y uno al que resulte tercero en la elección.

Suplentes.  Incorporación

Artículo 84.­ En el mismo acto eleccionario se elige igual número de senadores suplentes; se consideran tales a los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos que no resultaron electos.
Producida una vacante, se cubre de la siguiente forma:

1º. Por el candidato titular que no hubiese resultado electo.
2º. Por los suplentes en el orden establecido en la lista partidaria.

El suplente completa el período del titular que reemplace. Agotada la lista de titulares y suplentes, el Senado comunica al Poder Ejecutivo para que convoque en forma inmediata a nueva elección.

Requisitos para ser senador

Artículo 85.­ Para ser senador se requiere:
1º. Haber cumplido la edad de treinta años.
2º. Tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de cinco años.
3º. Tener residencia en el Departamento al que represente en forma inmediata y continua durante los dos años anteriores a su elección, con la salvedad que establece el artículo 80, última parte. 

Duración.  Reelección

Artículo 86.­ Los senador es duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. El Senado se renueva por mitad de Departamentos cada dos años.

Presidente del Senado

Artículo 87.­ El vicegobernador es presidente del Senado, pero no tiene voto sino en caso de empate. 

Presidente provisorio

Artículo 88.­ El Senado nombra en su seno un presidente provisorio que lo preside en caso de ausencia del vicegobernador o cuando éste ejerza las funciones de gobernador. El presidente provisorio tiene voz y voto. 

Atribuciones exclusivas del Senado

Artículo 89.­ Al Senado le corresponde exclusivamente:
1º. Iniciar la reforma de esta Constitución.
2º. Juzgar a los acusados por la Cámara de Diputados; sus miembros deben prestar juramento para este acto.
3º. Dar acuerdo en sesión secreta para el nombramiento de magistrados y funcionarios a que se refiere esta Constitución. 

CAPÍTULO TERCERO.- Disposiciones comunes a ambas Cámaras.

Inhabilidades

Artículo 90.­ No pueden ser miembros del Poder Legislativo: los integrantes de fuerzas armadas y de seguridad en actividad, los excluidos del registro electoral y los inhabilitados por leyes nacionales o provinciales.

Incompatibilidades

Artículo 91.­ Es incompatible el cargo de legislador con:
1º. El ejercicio de función en el Gobierno Federal, las provincias o los municipios, con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple, y las comisiones honorarias eventuales para cuyo desempeño se requiere autorización previa de la Cámara respectiva.
2º. Todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial o municipal, excepto los de Convencional Constituyente o Convencional Municipal .
3º. El ejercicio de funciones directivas o de representación de empresas beneficiadas con concesiones por parte del Estado.

Los agentes de la Administración Provincial o Municipal, que resulten electos legisladores titulares, quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su función.

Prohibiciones

Artículo 92.­ Ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra de la Nación, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar por derecho propio. 

Inmunidad de opinión

Artículo 93.­ Ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones, discursos o votos que emita en el desempeño de su mandato como legislador. 

Inmunidad de arresto

Artículo 94.­ Desde el momento de su elección o incorporación en el caso de los suplentes, hasta el cese de sus mandatos, los legisladores tienen inmunidad de arresto, salvo el caso de ser sorprendidos en flagrante ejecución de un delito doloso y siempre que sea necesario mantener la privación de libertad para asegurar la investigación y la actuación de la ley. Esta situación debe ser comunicada de inmediato a la Cámara respectiva, con información sumaria del hecho. 

Desafuero

Artículo 95.­ Cuando se promueva acción penal contra un legislador, el tribunal competente practica una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquél, y si corresponde solicita el desafuero a la Cámara a la que pertenece. Ésta examina las actuaciones en juicio público, y puede suspender al imputado en sus funciones con el voto de los dos tercios de los presentes y ponerlo a disposición del tribunal requirente a sus efectos.
Si la Cámara no resuelve en el término de los sesenta días siguientes al de la recepción del sumario, se considera rechazado el pedido. En el caso del artículo anterior, el plazo es de cinco días. 

Prerrogativas de candidatos

Artículo 96.­ Los candidatos, una vez oficializadas las listas respectivas y hasta ser proclamados los electos, tienen las siguientes prerrogativas:
1º. A no ser molestados por las autoridades ni detenidos por opiniones vertidas con motivo de la campaña electoral.
2º. A solicitar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo. 

Remuneración

Artículo 97.­ Los legisladores gozan de la dieta que establece la ley; la misma se hace efectiva de acuerdo con sus asistencias. Sólo se aumenta, cuando se producen incrementos de carácter general para la Administración Pública. Se otorgan viáticos a los legisladores que residen en forma permanente fuera de la ciudad asiento de la Legislatura. 

Juez de elecciones

Artículo 98.­ Cada Cámara es juez exclusivo de las elecciones derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. En los casos de integración, la minoría basta para juzgar los títulos de los reemplazantes, siempre que se halle en mayoría absoluta respecto de sí misma.
En estos casos, como en los demás en que proceda alguna de ellas como juez o como cuerpo elector, no puede reconsiderar sus resoluciones. 

Juramento

Articulo 99.­ Los legisladores prestan en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe esta Constitución y la de la Nación. 

Quórum

Artículo 100.­ Ninguna de las Cámaras entra en sesión sin más de la mitad de sus miembros, pero un número menor puede compeler a los ausentes para que concurran a las sesiones en los términos y bajo las sanciones que cada Cámara establezca. 

Publicidad

Articulo 101.­ Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, a menos que un grave interés declarado por ellas mismas, exija lo contrario. 

Sesiones ordinarias

Artículo 102.­ Las Cámaras se reúnen por propia convocatoria en sesiones ordinarias todos los años, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Las sesiones ordinarias pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o por disposición de ambas Cámaras. Durante el receso quedan suspendidos los plazos que a ellas les fije la presente sección. 

Sesiones extraordinarias

Artículo 103.­ Las Cámaras pueden ser convocadas a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, o por alguno de sus presidentes a solicitud escrita de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara. En este caso, sólo pueden ocuparse del objeto u objetos para los que hayan sido convocadas. 

Apertura y cierre de sesiones

Artículo 104.­ Las Cámaras, reunidas en Asamblea presidida por el presidente del Senado, abren y cierran sus sesiones ordinarias e invitan al Poder Ejecutivo, en el primer caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la administración y, en el segundo, únicamente para mayor solemnidad del acto. 

Simultaneidad de sesiones

Articulo 105.­ Ambas Cámaras comienzan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, pueden suspender sus sesiones por más de cuatro días sin el consentimiento de la otra. 

Facultades disciplinarias

Artículo 106.­ Cada Cámara dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de sus miembros corregir y aun excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación; pero basta el voto de la mayoría de los miembros presentes para decidir sobre la renuncia que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Cada Cámara tiene facultades para sancionar las faltas cometidas dentro y fuera del recinto, que atenten contra el orden de las sesiones y puede imponer a terceros, arrestos que no pasen de treinta días, sin perjuicio de ponerlos si corresponde, a disposición del juez competente. En todos los casos se asegura el derecho de defensa. 

Presencia de los ministros

Artículo 107.­ Las Cámaras pueden hacer venir al recinto o a sus comisiones, a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes o explicaciones que estimen convenientes, previa comunicación de los puntos a informar o explicar, estando aquéllos obligados a concurrir. En todos los casos la citación se hace en un plazo no inferior a cinco días, salvo que se tratase de un asunto de extrema gravedad o urgencia y así lo disponga la Cámara por mayoría absoluta de sus miembros. El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir, cuando lo estime conveniente, en reemplazo del o de los ministros convocados.

Informes

Artículo 108.­ Cada Cámara o los legisladores individualmente pueden pedir al Poder Ejecutivo informes por cuestiones de interés público, para el mejor desempeño de su mandato. Los informes solicitados por las Cámaras deben evacuarse dentro del término que fije cada una de ellas.

Comisiones de investigación

Artículo 109.­ Las Cámaras pueden nombrar de su seno comisiones de investigación al solo efecto del cumplimiento de sus fines, las que deben respetar los derechos y garantías personales y la competencia del Poder Judicial. En todos los casos las comisiones tienen que expedirse en cuanto al resultado de lo investigado. 

CAPÍTULO CUARTO.- ATRIBUCIONES. Atribuciones del Poder Legislativo

Artículo 110.­ Corresponde al Poder Legislativo:
1°. Dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución sin alterar su espíritu.
2°. Aprobar y desechar los tratados o convenios a que se refiere el artículo 144, inciso 4.
3°. Admitir o rechazar las renuncias que presenten el Gobernador o el Vicegobernador reunidas ambas Cámaras para tal objeto.
4°. Resolver sobre las licencias del Gobernador y del Vicegobernador para salir fuera de la Provincia, cuando sus ausencias abarquen un período mayor de quince días.
5°. Instruir, reunidos en Asamblea con los dos tercios de los votos de los miembros de la misma, a los Senadores Nacionales para su gestión, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia .
6°. Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hace en término y con la anticipación determinada por la ley.
7°. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de los miembros de cada Cámara.
8°. Autorizar con dos tercios de votos de los miembros presentes el abandono de jurisdicción de parte del territorio provincial, con objeto de utilidad pública; y autorizar con dos tercios de votos de los miembros de cada Cámara, la cesión de propiedad de parte del territorio de la Provincia con el mismo objeto. Cuando la cesión importe desmembramiento del territorio, la ley que así lo disponga debe ser sometida a referéndum de la ciudadanía.
9°. Dictar planes generales sobre cualquier objeto de interés regional, y dejar a las respectivas Municipalidades su aplicación.
l0°. Dictar la ley orgánica municipal, conforme a lo que establece esta Constitución. En caso de fusión llamar a referéndum a los electores de los Municipios involucrados. Dictar leyes especiales que deleguen competencias de la Provincia a los Municipios.
11°. Disponer con los dos tercios de los votos de cada Cámara, la intervención a las Municipalidades de acuerdo con esta Constitución.
12°. Dictar la ley orgánica de educación de conformidad con los principios dispuestos en esta Constitución.
13°. Legislar sobre el desarrollo industrial y tecnológico, inmigración y promoción económica y social. Establecer regímenes de estímulo a la radicación de nuevas actividades productivas.
14°. Dictar la ley orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
15°. Legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial . Dictar leyes de colonización que aseguren una más productiva y racional explotación de los recursos agropecuarios.
16°. Dictar la ley de expropiaciones y declarar la utilidad pública a tales efectos.
17°. Dictar una ley general de jubilaciones, retiros y pensiones, en base a un descuento obligatorio sobre los haberes para todos los cargos. Esta ley sólo puede reformarse con un intervalo mínimo de ocho años. En ningún caso puede acordar jubilaciones, pensiones o dádivas por leyes especiales que importen un privilegio que difiera del régimen general.
18°. Dictar la ley orgánica de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Federal
19°. Dictar normas generales sobre la preservación del recurso suelo urbano, referidas al ordenamiento territorial y protectoras del medio ambiente y del equilibrio ecológico.
20°. Dictar las leyes de Partidos Políticos y Electoral.
21°. Dictar las leyes que establecen los procedimientos de Juicio Político y del Jurado de Enjuiciamiento.
22°. Dictar los códigos y leyes procesales.
23°. Crear y suprimir empleos y legislar sobre todas las reparticiones, oficinas y establecimientos públicos, con determinación de las atribuciones y responsabilidades de cada funcionario. Esta legislación debe tener en cuenta la política de reforma administrativa propuesta por esta Constitución.
24°. Dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones, y reglar el escalafón del personal de los Poderes y órganos del Estado Provincial.
25°. Legislar sobre la descentralización de servicios de la Administración y la creación de empresas públicas, sociedades del Estado, bancos y otras instituciones de crédito y ahorro.
26°. Aprobar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.
27°. Considerar el presupuesto general de gastos y calculo de recursos que remite el Poder Ejecutivo antes del quince de octubre para el período siguiente o por uno mayor, siempre que no exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio.
Dictar su propio presupuesto, el que se integra al presupuesto general, y fijar las normas respecto de su personal. Aumentar el número y el sueldo de los agentes de las reparticiones públicas, a propuesta del Poder Ejecutivo.
La ejecución de leyes sancionadas por la Legislatura y que importen gastos se realiza a partir del momento en que existan fondos disponibles en el presupuesto, o se creen los recursos necesarios para satisfacerlos.
28°. Proceder a sancionar dicho presupuesto sobre la base del vigente, si el Poder Ejecutivo no presenta el proyecto antes del término que fija esta Constitución.
29°. Aprobar o desechar las cuentas de inversión del año fenecido, dentro del período ordinario en que se remitan. Si no son observadas en ese período, quedan aprobadas.
30°. Establecer tributos para la formación del tesoro provincial.
31°. Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes en cada Cámara, a contraer empréstitos.
32°. Dictar la ley orgánica del uso del crédito público y arreglar el pago de las deudas del Estado Provincial.
33°. Sancionar leyes de coparticipación tributaria para las Municipalidades y aprobar subsidios para éstas.
34°. Reglamentar la organización y funcionamiento del cargo de Defensor del Pueblo y designar a dicho funcionario con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara reunidos en Asamblea.
35°. Conceder amnistías generales.
36°. Otorgar honores y recompensas de estímulo por servicios de gran importancia prestados a la Provincia, los que no pueden disponerse a favor de los funcionarios durante el desempeño de sus cargos.
37°. Reglar el poder de policía en materia de autorización y represión de juegos de azar, cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a través de los organismos que ella determina.
38°. Promover el bienestar común mediante leyes sobre todo asunto de interés general que no corresponda privativamente al Gobierno Federal.
39°. Dictar todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Provincia. 

CAPÍTULO QUINTO.- Formación y Sanción de las Leyes.

Origen

Artículo 111.­ Salvo los casos en que la Cámara de origen es expresamente indicada por la presente Constitución las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras a iniciativa de alguno de sus miembros, del Poder Ejecutivo o por iniciativa popular en los casos que determinan esta Constitución y la ley. 

Proyectos aprobados

Artículo 112.­ Aprobado un proyecto por la Cámara de origen pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas pasa al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación.
Se considera también aprobado por la Cámara revisora todo proyecto con media sanción, que no haya sido rechazado formalmente una vez transcurridos cuatro meses desde que fuera recibido por aquélla para su consideración.
Se reputa promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles.

Proyectos adicionados, observados o desechados

Artículo 113.­ Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras puede repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, vuelve a la de origen, y si en ésta se aprueban las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasa al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones son desechadas, vuelve por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí nuevamente es sancionado por una mayoría de dos tercios de sus miembros, pasa el proyecto a la otra Cámara y no se entiende que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Cada Cámara tiene un plazo de treinta días hábiles para considerar las modificaciones propuestas por la otra, transcurrido el cual se tienen por aprobadas si no se pronunciare expresamente.

Veto total o parcial

Artículo 114.­ Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen; ésta lo discute nuevamente y si lo confirma con mayoría de dos tercios de votos pasa otra vez a la Cámara revisora. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En este caso las votaciones en ambas Cámaras son nominales por si o por no. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no puede repetirse en las sesiones de aquel año.
Vetada en parte una ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la parte no vetada si ella tuviera autonomía normativa y no afectare la unidad del proyecto, previa decisión favorable por parte de la Cámara de origen.

Trámite de urgencia

Artículo 115.- En cualquier período de sesiones el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento, los que deben ser considerados dentro de los treinta días corridos desde la recepción por la Cámara de origen y en igual plazo por la revisora. Estos plazos son de sesenta días para el proyecto de ley de presupuesto; cuando éste sea desechado, para considerar el nuevo proyecto, cada Cámara tiene treinta días.
La solicitud para el tratamiento de urgencia de un proyecto puede ser hecha aun después de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En estos casos el plazo comienza a correr desde la recepción de la solicitud.
Los proyectos a los que se imponga el trámite dispuesto por este artículo, que no sean expresamente desechados dentro de los plazos establecidos, se tienen por aprobados.
Cada Cámara, con excepción del proyecto de ley de presupuesto, puede dejar sin efecto el trámite de urgencia si así lo resuelve la mayoría de sus miembros, en cuyo caso se aplica a partir de ese momento el trámite ordinario. 

Trámite en comisión

Artículo 116.­ Las Cámaras pueden delegar en sus comisiones internas la discusión y aprobación de determinados proyectos. Debe asegurarse la publicidad de las sesiones de comisión en estos casos.
Estos proyectos, si obtienen el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión, pasan a la otra Cámara donde se observa el mismo procedimiento para la sanción y, en su caso, al Poder Ejecutivo para la promulgación, salvo que un quinto de los miembros de alguna de las Cámaras o un Bloque Legislativo requiera la discusión del proyecto en el respectivo cuerpo, dentro de los diez días de ser puesto en conocimiento de los integrantes de cada Cámara.

Fórmula

Artículo 117.­ En la sanción de las leyes se usa esta fórmula: «El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba sancionan con fuerza de Ley».

Vigencia.  Irretroactividad

Artículo 118.­ Las leyes tienen vigencia a partir del día de su publicación, a menos que las mismas determinen otra fecha.
No tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.
La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

CAPÍTULO SEXTO.- Juicio Político

Acusación

Artículo 119.- La Cámara de Diputados puede acusar ante el Senado al Gobernador, al Vicegobernador, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Cuentas, a los ministros del Poder Ejecutivo, al Fiscal de Estado, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, incapacidad física o psíquica sobreviniente o indignidad, después de haber conocido a petición de partes o de alguno de sus miembros con las garantías del debido proceso y declarado haber lugar a la formación de la causa por la mayoría de las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes en sesión. Sancionada la acusación de cualquier funcionario sujeto al juicio político el acusado queda suspendido hasta la conclusión del juicio. 

Juicio

Artículo 120.­ El Senado juzga a los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados en juicio público. Cuando el acusado sea el Gobernador o el Vicegobernador, es presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ninguno es declarado culpable sino por mayoría de dos tercios de votos de los presentes. 

Decisión

Artículo 121.­ La decisión del Senado no tiene otro efecto que el de destituir al acusado, y aun inhabilitarlo para ocupar algún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Provincia. Pero la parte condenada, queda no obstante, sometida a proceso ante los tribunales competentes si corresponde.

Irrecurribilidad

Artículo 122.­ La decisión del Senado es irrecurrible y debe darse dentro del período de sesiones en que hubiera sido iniciado el juicio, prorrogándolas si fuere necesario, para tramitar éste.

Plazo

Artículo 123.­ En ningún caso el juicio político ante el Senado puede durar más de cuatro meses, vencidos los cuales sin haber recaído resolución, queda absuelto el acusado. 

CAPÍTULO SEPTIMO.- Defensor del Pueblo y Consejo Económico Social

Defensor del Pueblo

Artículo 124.­ La Legislatura, con el voto de dos tercios de sus miembros, reunidos en Asamblea designa al Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo que determine la ley.
Goza de las inmunidades y privilegios de los Legisladores, dura cinco años en sus funciones y no puede ser separado de ellas sino por las causales y el procedimiento establecido respecto al juicio político.

Consejo Económico y Social

Artículo 125.­ El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y el trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta materia.

CAPÍTULO OCTAVO.- Tribunal de Cuentas

Integración

Artículo 126. – El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete. Deben ser argentinos, abogados o contadores públicos, con diez años de ejercicio de la profesión, cinco de residencia en la Provincia y haber cumplido treinta años de edad.
Son elegidos por el pueblo de la Provincia con representación de las minorías y duran cuatro años en sus cargos. Tienen las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de Cámara.

Atribuciones

Artículo 127.­ Son atribuciones del Tribunal de Cuentas:
1º. Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos efectuada por los funcionarios y administradores de la Provincia, y cuando así se establezca, su recaudación en particular con respecto a la ley de presupuesto y en general acorde lo determine la ley.
2º. Intervenir preventivamente en todos los actos administrativos que dispongan gastos en la forma y alcances que establezca la ley. En caso de observación, dichos actos sólo pueden cumplirse cuando haya insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros. De mantener la observación el Tribunal pone a disposición de la Legislaturas en el término de quince días y los antecedentes del caso.
3º. Realizar auditorías externas en las dependencias administrativas e instituciones donde el Estado tenga intereses y efectuar investigaciones a solicitud de la Legislatura.
4º. Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, en el cuarto mes de las sesiones ordinarias.
5º. Actuar como órgano requirente en los juicios de cuentas y responsabilidad ante los Tribunales de Justicia.
6º. Elaborar y proponer su propio presupueste al Poder Ejecutivo; designar y remover su personal. 

SECCIÓN SEGUNDA.- Poder Ejecutivo

CAPÍTULO PRIMERO.- Naturaleza y Duración

Gobernador

Artículo 128.­ El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador de la Provincia.

Vicegobernador

Artículo 129.­ Al mismo tiempo y por un mismo período se elige un Vicegobernador que preside el Senado, reemplaza al Gobernador de acuerdo con esta Constitución, es su colaborador directo y puede participar en las reuniones de Ministros. No puede ser cónyuge o pariente del gobernador hasta el segundo grado.

Condiciones

Artículo 130.­ Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:
1º. Tener treinta años de edad.
2º. Ser argentino nativo o por opción.
3º. Tener residencia en la Provincia durante los cuatro años anteriores inmediatos a la elección, salvo caso de ausencia motivada por servicios a la Nación o a la Provincia, o en organismos internacionales de los que la Nación forma parte.

Remuneración

Artículo 131.­ El Gobernador y Vicegobernador perciben un sueldo, que no puede ser alterado durante el período de su mandato, salvo modificaciones de carácter general. No pueden ejercer otro empleo ni percibir emolumento público alguno.

Tratamiento

Artículo 132.­ El tratamiento oficial del Gobernador y Vicegobernador, cuando desempeñen sus funciones, es el de «Señor Gobernador» y «Señor Vicegobernador».

Ausencia

Artículo 133.­ El Gobernador y el Vicegobernador no pueden ausentarse de la Provincia sin autorización de las Cámaras, por un período superior a quince días; si las Cámaras se encuentran en receso se les da cuenta oportunamente.

Acefalía

Artículo 134.­ En caso de muerte del Gobernador o de su destitución, dimisión, ausencia, suspensión u otro impedimento, las funciones de su cargo pasan al Vicegobernador, quien las ejerce durante el resto del período constitucional, si es por alguno de los tres primeros casos u otro impedimento permanente, y si es por acusación, ausencia, suspensión u otro impedimento temporal, hasta que cese dicho impedimento.

Acefalía simultánea

Artículo 135.­ En caso de separación o impedimento simultáneo del Gobernador y Vicegobernador, el mando es ejercido por el presidente provisorio del Senado, y en su defecto por el presidente de la Cámara de Diputados, quien convoca dentro de treinta días a la Provincia a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre que de este falten cuanto menos dos años, y que la separación o impedimento del Gobernador o Vicegobernador fuese permanente. En el caso de procederse a una nueva elección, ésta no puede recaer sobre quien ejerce el Poder Ejecutivo. 

Reelección

Artículo 136.­ El Gobernador y Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período corriente. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período.

Inmunidades e incompatibilidades

Artículo 137.­ El Gobernador y Vicegobernador tienen las mismas inmunidades, inhabilidades e incompatibilidades que los legisladores.
La inmunidad de opinión alcanza a los candidatos a dichos cargos, desde su oficia1ización  como tales hasta la proclamación de los electos.

Prohibición de ejercer funciones judiciales

Artículo 138.­ En ningún caso el Gobernador de la Provincia ni funcionario alguno puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer las fenecidas.

Período

Artículo 139.­ El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el período de cuatro años  y cesan en ellas el mismo día en que expire ese plazo sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se les complete más tarde.
 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Elección

Forma

Artículo 140.­ El Gobernador y Vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. 

Juzgamiento

Artículo 141.­ La elección de Gobernador y Vicegobernador se juzga por ambas Cámaras reunidas en Asamblea Legislativa inmediatamente de constituidas, la cual decide también en caso de empate. El acto debe quedar concluido en una sola sesión, la que no puede exceder de cinco días.

Juramento

Artículo 142.­ El Gobernador y Vicegobernador prestan en el acto de su recepción, en manos del Presidente de la Asamblea Legislativa, ante el pueblo que les ha confiado sus destinos, el juramento de rigor y que respete sus convicciones religiosas, de: sostener y cumplir la Constitución de la Provincia de la Nación; defender la libertad y derechos garantidos por ambas; ejecutar y hacer ejecutar las leyes que hayan sancionado y sancionen el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia; respetar y hacer respetar las autoridades de ella y de la Nación.

Asunción

Artículo 143.­ El Gobernador y Vicegobernador electos deben asumir sus cargos el día que comience su mandato, considerándoseles dimitentes en caso contrario, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditada a juicio de la Legislatura. En caso de considerárseles dimitentes se aplican las normas de los artículos 134 y 135 de esta Constitución. 
 

CAPÍTULO TERCERO.- Atribuciones

Atribuciones y deberes

Artículo 144.­ El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1º. Es el jefe del Estado Provincial, al que representa, tiene a cargo su administración, formula y dirige políticas y ejecuta las leyes.
2º. Participa de la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y publica, y expide decretos, instrucciones o reglamentos para su ejecución, sin alterar su espíritu.
3º. Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes por proyectos presentados a las Cámaras Legislativas y puede solicitar el tratamiento de urgencia en los términos y con los efectos previstos en el artículo 115 de esta Constitución. Tiene la iniciativa en forma exclusiva para el dictado de las leyes de presupuesto y de ministerios.
4º. Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares con el Estado Federal, las demás provincias, los municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso. También celebra convenios, con idénticos requisitos, con otras naciones, entes públicos o privados extranjeros y organizaciones internacionales, e impulsa negociaciones con ellas, sin afectar la política exterior a cargo del Gobierno Federal.
5º. Ejerce el derecho de veto y, en su caso, de promulgación parcial, en los términos del artículo 114.
6º. Prorroga las sesiones ordinarias de las Cámaras y las convoca a extraordinarias en los casos previstos en los artículos 102 y 103.
7º. Informa a las Cámaras reunidas en Asamblea con un mensaje sobre el estado de la Provincia a la apertura de sus sesiones ordinarias. También lo puede hacer sobre algún tema en particular cuando lo estime conveniente.
8º. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, después de la sentencia firme y previo informe del tribunal correspondiente; se excluyen los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios designados por el mismo Gobernador que ejerza esta atribución o su reemplazante legal.
9º. Designa, previo acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores, y a los miembros del Ministerio Público. En caso de receso de la Legislatura, designa jueces o agentes del Ministerio Público interinos, que cesan en sus funciones a los treinta días de la apertura de las Cámaras. El Gobernador, el Vicegobernador y los Ministros, no pueden ser propuestos para integrar el Poder Judicial hasta seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
10º. Nombra y remueve por sí solo a los Ministros, funcionarios y agentes de la Administración cuyo nombramiento no esté acordado a otra autoridad, o la facultad haya sido delegada, con sujeción a esta Constitución y a las leyes, y con acuerdo de la Legislatura en los casos previstos por aquélla.
11º. Presenta el proyecto de ley de presupuesto, acompañado del plan de recursos, con antelación de no menos de cuarenta y cinco días al vencimiento del período ordinario de sesiones de las Cámaras.
12º. Envía las cuentas de inversión del ejercicio fenecido, en el segundo mes de las sesiones ordinarias de las Cámaras.
13º. Hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia y los dispone con sujeción a la ley de presupuesto. Debe enviar a la Legislatura y publicar trimestralmente el estado de ejecución del presupuesto y de la Tesorería.
14º. Promueve regímenes de estímulo a las actividades productivas.
15º. Adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos.
16º. Es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, y tiene bajo su custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de seguridad y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la Provincia.
Tiene el deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público, a los presidentes de las Cámaras Legislativas cuando éstos la soliciten, debidamente autorizados por ellas y a las municipalidades y demás autoridades, conforme a la ley.
17º. Tiene a su cargo, conforme a las leyes, la policía del trabajo.
18º. Organiza la Administración Pública, sobre la base de los principios consagrados en el artículo 174  y puede delegar, en forma expresa y delimitada, con arreglo a la ley, determinadas funciones administrativas, las que puede reasumir en cualquier momento.
19°. Dirige la reforma administrativa, con el propósito de hacer más eficiente y menos onerosa la Administración. 
 

CAPÍTULO CUARTO.- Ministros

Condiciones e inmunidades

Artículo 145.­ Para ser nombrado Ministro se requiere tener veinticinco años y las demás condiciones que la Constitución exige para ser elegido Diputado, con las mismas inmunidades.

Remuneración

Artículo 146.­ Los Ministros perciben un sueldo que no puede ser alterado, salvo modificaciones de carácter general.

Designación y competencias

Artículo 147.­ El Gobernador designa a sus Ministros, en el número y con la competencia que determine la ley. Los Ministros refrendan y legalizan con su firma los actos del Gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez. Los Ministros pueden por sí solos tomar todas las resoluciones que la ley les autorice de acuerdo con su competencia, y en aquellas materias administrativas que el Gobernador les delegue expresamente, con arreglo a la ley. 

Memoria

Artículo 148.­ Dentro del primer mes del período legislativo, los Ministros presentan a las Cámaras una memoria detallada del estado de la Administración de la Provincia en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. 

Asistencia a la Cámara

Artículo 149.­ Los Ministros deben asistir a las sesiones de las Cámaras, cuando sean llamados por ellas, y pueden también hacerlo cuando lo estimen conveniente.
 

CAPÍTULO QUINTO.- Órganos de Control

Fiscal de Estado

Artículo 150.­ El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia. Debe ser abogado con no menos de diez años de ejercicio. Es designado y removido por el Poder Ejecutivo y puede ser sometido a juicio político. 

Contaduría General de la Provincia

Artículo 151.­ La Contaduría General de la Provincia tiene como función el registro y control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial en la actividad administrativa de los poderes del Estado.
Realiza en forma descentralizada el control preventivo de todos los libramientos de pago, con autorización originada en la ley general de presupuesto o leyes que sancionen gastos, sin cuya intervención no pueden cumplirse.
Está a cargo de un Contador Público, con diez años de ejercicio en la profesión, designado y removido por el Poder Ejecutivo.
La ley establece la organización de la Contaduría, sus atribuciones y responsabilidades. 
 

SECCIÓN TERCERA.- Poder Judicial

CAPÍTULO PRIMERO.- Disposiciones Generales

Composición

Artículo 152.­ El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Tribunal Superior de Justicia y por los demás tribunales inferiores con la competencia material, territorial y de grado que establece esta Constitución y la ley respectiva.

Unidad de jurisdicción

Artículo 153.­ El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia .

Garantía de independencia

Artículo 154.­ Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta omisión de delitos o inhabilidad física o psíquica. Gozan de la misma inmunidad de arresto que los legisladores. Reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y que no puede ser disminuida por acto de autoridad o con descuentos que no sean los que aquélla disponga con fines de previsión u obra social.

Deberes

Artículo 155.­ Los magistrados y funcionarios judiciales están obligados a concurrir a sus despachos en los horarios de atención al público. Deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan, con fundamentación lógica y legal.

Prohibiciones

Artículo 156.­ Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones.

Designación

Artículo 157.­ Los jueces y funcionarios son nombrados y removidos del modo establecido en esta Constitución.
Son nulos y de ningún valor los procedimientos seguidos o las sentencias y resoluciones dictadas por personas que no sean nombradas en la forma prescripta.
La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad en la designación de magistrados inferiores.

Requisitos

Artículo 158.­ Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere tener doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, para Vocal de Cámara ocho, para Juez seis y para Asesor Letrado cuatro. En todos los casos, ciudadanía en ejercicio, treinta años de edad para los miembros del Tribunal Superior de Justicia y veinticinco para los restantes.

Jurado de Enjuiciamiento

Artículo 159.­ Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a que hace referencia el artículo 144 inciso 9 no sujetos a juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro Senadores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría. El acusado continúa en sus funciones si el Jurado no dispone lo contrario. El fallo debe dictarse, bajo pena de caducidad dentro de los sesenta días a contar desde la acusación, la que debe realizar en el término de treinta días de formulada la denuncia, bajo la responsabilidad personal del Fiscal General.

Competencia

Artículo 160.­ Corresponde al Poder Judicial de la Provincia el conocimiento y decisión de las cuestiones que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que celebre la Provincia, por las leyes y demás normas provinciales; de las causas que se susciten contra empleados o funcionarios que no estén sujetos a juicio político ni enjuiciamiento ante el Jurado; y la aplicación de las normas del inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional.

Supremacía de normas

Artículo 161.­ Los Tribunales y Juzgados de la Provincia, en el ejercicio de sus funciones, aplican esta Constitución y los tratados interprovinciales como la ley suprema, respecto de las leyes que haya sancionado o sancione la Legislatura.

Jurados

Artículo 162.­ La ley puede determinar los casos en que los Tribunales colegiados son también integrados por jurados.

Sentencia

Artículo 163.­ Los Tribunales colegiados dan a conocer en público sus sentencias.
 

CAPÍTULO SEGUNDO.- Tribunal Superior de Justicia

Integración

Artículo 164.­ El Tribunal Superior de Justicia está integrado por siete miembros, y puede dividirse en salas. Elige anualmente entre sus vocales un presidente.

Competencia

Artículo 165.­ El Tribunal Superior de Justicia tiene la siguiente competencia:
1º. Conocer y resolver originaria y exclusivamente, en pleno:
a) De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, Cartas Orgánicas y ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución, y se controviertan en caso concreto por parte interesada;
b) De las cuestiones de competencia entre poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común;
c) De los conflictos internos de las Municipalidades, de una Municipalidad contra otra, o de éstas con autoridades de la Provincia;
d) De las acciones por responsabilidad civil promovidas contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, sin necesidad de remoción previa.
2º. Conocer y resolver, en pleno, de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad.
3°. Conocer y resolver, por intermedio de sus salas, de los recursos que las leyes de procedimientos acuerden.
4°. Conocer y resolver de la recusación de sus Vocales y en las quejas por denegación o retardo de justicia de acuerdo con las normas procesales

Artículo 166.­ El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones:
1º. Dictar el Reglamento Interno del Poder Judicial de la Provincia, que debe atender a los principios de celeridad, eficiencia y descentralización.
2º. Ejercer la superintendencia de la Administración de Justicia sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público y de la delegación que establezca respecto de los Tribunales de mayor jerarquía de cada circunscripción o región judicial.
3º. Crear la escuela de especialización y capacitación para magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento.
4º. Preparar y elevar el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su consideración por la Legislatura dentro del presupuesto general de la Provincia.
5º. Elevar a la Legislatura por intermedio del Poder Ejecutivo proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento del Poder Judicial.
6º. Aplicar sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios y empleados judiciales, de conformidad al régimen y procedimiento que se fije.
7º. Designar a su personal en base a un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad.
8º Remover a los empleados judiciales.
9º. Informar anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los Tribunales.
10º. Supervisar con los demás jueces las cárceles provinciales. El Tribunal Superior podrá delegar en su Presidente las atribuciones previstas en el inciso 2 de este artículo.

CAPÍTULO TERCERO.- Justicia de Paz

Caracteres

Artículo 167.­ La ley determina el número de los jueces de paz, el período de sus funciones el sueldo del que gozan, su competencia territorial, conforme al principio de descentralización de sus asientos, y material, en la solución de cuestiones menores o vecinales y contravenciones o faltas provinciales. El procedimiento es verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales.

Requisitos

Artículo 168.­ Para ser designado juez de paz se requiere tener veinticinco años de edad, ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de abogado en lo posible, y las demás condiciones de idoneidad que establece la ley.

Nombramiento

Artículo 169.­ Los jueces de paz son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, el que no puede otorgarlo antes de los quince días de haberse publicado el pedido correspondiente. Durante el período de su ejercicio sólo pueden ser removidos por el Tribunal Superior de Justicia si concurren las causales enumeradas en el artículo 154. 
 

CAPÍTULO CUARTO.- Justicia Electoral

Tribunal Electoral Provincial

Artículo 170.­ La Justicia Electoral está a cargo de un juez que tiene la competencia y atribuciones que le establece una ley especial dictada al efecto.
 

CAPÍTULO QUINTO.- Ministerio Público

Organización

Artículo 171.­ El Ministerio Público está a cargo de un Fiscal General y de los fiscales que de él dependan según lo establece la ley orgánica respectiva. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio de la Provincia. El Fiscal General fija las políticas de persecución penal e instruye a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones conforme al párrafo anterior, con arreglo a las leyes. 

Funciones

Artículo 172.­ El Ministerio Público tiene las siguientes funciones:
1º. Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas.
2°. Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquéllos la satisfacción del interés social.
3º. Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares.
4°. Dirigir la Policía Judicial.

Composición

Artículo 173.­ El Fiscal General de la Provincia debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia y tiene iguales incompatibilidades e inmunidades. Dura en sus funciones cinco años y puede ser designado nuevamente.
Los demás miembros del Ministerio Público, son inamovibles mientras dure su buen desempeño, gozan de todas las inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que los jueces.
Son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del Poder Judicial, según su jerarquía.
  

SECCIÓN CUARTA.- Administración Pública Provincial y Municipal

Principios

Artículo 174.- La Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual busca armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos.
El ingreso a la Administración Pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes , que asegure la igualdad de oportunidades. La ley establece las condiciones de dicho concurso, y los cargos en los que por la naturaleza de las funciones, deba prescindirse de aquél.

Regionalización

Artículo 175.­ Una ley especial establece la regionalización de la Provincia a los fines de facilitar la desconcentración administrativa, la más eficiente prestación de los servicios públicos, y unificar los diversos criterios de división territorial.

Procedimiento

Artículo 176.­ La Administración Provincial y Municipal sujeta su actuación a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, sencillez en su trámite, determinación de plazos para expedirse y participación de quienes puedan verse afectados en sus intereses, mediante procedimiento público e informal para los administrados.

Acumulación de empleos

Artículo 177.­ No pueden acumularse en la misma persona dos o más empleos de las reparticiones provinciales, con excepción de la docencia y las profesiones del arte de curar, cuyas incompatibilidades establece la ley. Cuando se trate de cargos públicos, puede retenerse el empleo sin percepción de haberes.

Demandas contra el Estado

Articulo 178.­ El Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas pueden ser demandadas ante los tribunales ordinarios sin necesidad de formalidad ni autorización previa de la Legislatura y sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno.
La actuación del Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas en el ejercicio de Función administrativa quedan sometidos al control judicial de acuerdo con lo que determine la ley de la materia y sin otro requisito que el interesado haya agotado la vía administrativa. 

Sentencias contra el Estado

Artículo 179.­ Los bienes del Estado Provincial o Municipal no pueden ser objeto de embargos preventivos. La ley determina el tiempo de cumplir sentencias condenatorias en contra del Estado Provincial y de los Municipios.
 

TÍTULO SEGUNDO.- Municipalidades y Comunas 

Autonomía

Artículo 180.­ Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional.
Los municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten.

Municipio

Artículo 181.­ Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes, se considera Municipio. Aquellas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, pueden dictar sus Cartas Orgánicas.

Cartas Orgánicas Municipales

Artículo 182.­ Las Cartas Orgánicas Municipales, son sancionadas por convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza sancionada al efecto.
La Convención Municipal se integra por el doble número de concejales, elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional. Para ser Convencional se requieren las mismas condiciones que para ser Concejal.

Requisitos

Artículo 183.­ Las Cartas Orgánicas deben asegurar:
1º. El sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades, y el voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros.
2º. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes.
3º. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.
4°. Los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.
5º. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano.
6º. Los demás requisitos que establece esta Constitución.

Ley Orgánica Municipal

Artículo 184.­ La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los municipios que no tengan Carta Orgánica. Estos pueden establecer diferentes tipos de gobierno, siempre que aseguren lo prescripto en los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior. La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior.

Competencia territorial

Artículo 185.­ La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. La Legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites; éstos no pueden exceder los correspondientes al Departamento respectivo.
Por ley el Gobierno Provincial delega a Los municipios el ejercicio de su poder de policía, en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial. 

Competencia material

Artículo 186.­ Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal:
1º. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común.
2º. Juzgar políticamente a las autoridades municipales.
3º. Crear, determinar y percibir los recursos económico-financieros, confeccionar presupuestos, realizar la inversión de recursos y el control de los mismos.
4º. Administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio municipal.
5º. Nombrar y remover los agentes municipales, con garantía de la carrera administrativa y la estabilidad.
6º. Realizar obras públicas y prestar servicios públicos por sí o por intermedio de particulares.
7º. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios.
8º. Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales y nacionales, en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y artístico.
9º. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas.
10º. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la materia.
11º. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios.
12º. Publicar periódicamente el estado de sus ingresos y gastos y, anualmente, una memoria sobre la labor desarrollada.
13º. Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial.
14º. Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado.

Régimen sancionatorio y Tribunal de Faltas

Artículo 187.­ Las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas que en consecuencia se dicten pueden autorizar a las autoridades para imponer multas; disponer la demolición de construcciones; clausura y desalojo de los inmuebles; secuestro, decomiso o destrucción de objetos, para lo cual las Municipalidades pueden requerir el auxilio de la fuerza pública y recabar órdenes de allanamiento.
También pueden imponer sanciones de arresto de hasta quince días, con recurso judicial suficiente y efectos suspensivos ante el juez que la ley determine.
Las disposiciones orgánicas pueden establecer Tribunales de Faltas.

Recursos

Artículo 188.­ Las municipalidades disponen de los siguientes recursos:
1º. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo provincial y federal.
2º. Los precios públicos municipales, tasas, derechos, patentes, contribuciones por mejoras, multas y todo ingreso de capital originado por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio.
3º. Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento. El monto resultante se distribuye en los municipios y comunas de acuerdo con la ley, en base a los principios de proporcionalidad y redistribución solidaria.
4º. Donaciones, legados y demás aportes especiales.

Empréstitos

Artículo 189.­ Las Municipalidades pueden contraer empréstitos para obras públicas o conversión de la deuda ya existente, a tal fin destinan un fondo de amortización, al que no puede darse otra aplicación. El servicio de la totalidad de los empréstitos no debe comprometer más de la quinta parte de los recursos del ejercicio. 

Convenios intermunicipales

Artículo 190.­ Las Municipalidades pueden celebrar convenios entre sí, y constituir organismos intermunicipales para la prestación de servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica y financiera o actividades de interés común de su competencia. Pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal u organismos descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses comunes.

Participación

Artículo 191.­ Las Municipalidades convienen con la Provincia su participación en la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que preste o ejecute en su radio, con la asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización operativa.
Participan en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional, y acuerdan su participación en la realización de obras y prestación de servicios que les afecten en razón de la zona.
Es obligación del Gobierno Provincial brindar asistencia técnica.

Cooperación

Artículo 192.­ Las Municipalidades deben prestar la cooperación requerida por el Gobierno de la Provincia para hacer cumplir la Constitución y sus leyes. El Gobierno Provincial debe colaborar a requerimiento de las Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones específicas.

Acefalía

Artículo 193.­ En caso de acefalía total de los municipios, la Legislatura, con los dos tercios de votos de cada Cámara, declara la intervención, por un plazo no mayor de noventa días, y autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a designar un comisionado para que convoque a nuevas elecciones para completar el período.
El comisionado sólo tiene facultades para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Comunas

Artículo 194.­ En las poblaciones estables de menos de dos mil habitantes, se establecen Comunas. La ley determina las condiciones para su existencia, competencia material y territorial, asignación de recursos y forma de gobierno que asegure un sistema representativo con elección directa de sus autoridades. 
 

TÍTULO TERCERO.- Poder Constituyente 

Poder Constituyente

Artículo 195.­ El Poder Constituyente para reformar en todo o en parte la presente Constitución, es ejercido por el pueblo de la Provincia en la forma que esta Constitución lo determina.

Necesidad

Artículo 196.­ La declaración de la necesidad de la reforma y la convocatoria a la Convención Constituyente que la lleva a cabo, debe ser aprobada con el voto de dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara. Debe designarse con precisión el punto o puntos que han de ser materia de aquélla; no puede la Convención pronunciarse sobre otros.

Publicación

Artículo 197.­ La declaración de la necesidad de la reforma no puede ser iniciada ni vetada por el Poder Ejecutivo. Debe ser publicada treinta días en los principales diarios de la Provincia, juntamente con la fecha del comicio. 

Composición de la Convención.  Número

Inmunidades

Artículo 198.­ La Convención se compone de un número de miembros igual al de la Legislatura, elegidos directamente por el pueblo, por el sistema proporcional, considerada la Provincia como distrito único. Los convencionales deben reunir las condiciones exigidas para ser Diputado Provincial y gozan de las mismas inmunidades. El cargo de Convencional es compatible con cualquier otro cargo público que no sea el de Gobernador, Vicegobernador, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Término

Artículo 199.­La declaración de la necesidad de la reforma no puede establecer un término mayor de un año para que la Convención cumpla su cometido. Debe la misma constituirse dentro de los treinta días corridos a partir de la fecha de proclamación de los electos.

Promulgación y publicación

Artículo 200.­ Corresponde al Gobernador promulgar en el término de diez días la reforma realizada y ordenar su publicación. Si así no lo hiciere, se tiene por promulgada tácitamente. 

Disposición complementaria

Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la «Declaración Universal de los Derechos del Hombre», de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la «Convención Americana sobre Derechos Humanos» (Preámbulo y Parte I ), suscripta en San José de Costa Rica en 1969, aprobada por la República Argentina a través de la ley nº 23.054 de 1984, a la cual adhirió esta Provincia de Córdoba por ley nº 7.098 de 1985.
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Esta Constitución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, la que debe efectuarse dentro de los cinco días de su sanción.
Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes de disolver el Cuerpo.
El Gobernador de la Provincia, el Vicegobernador, los Presidentes de las Cámaras Legislativas y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia prestan juramento ante la Convención Constituyente.
Cada Poder del Estado dispone lo necesario para que los funcionarios que los integran juren esta Constitución.
El día 25 de Mayo de 1987 el pueblo de la Provincia es invitado a jurar fidelidad a la presente Constitución en actos públicos.

Segunda.­ A los efectos del artículo 83 de esta Constitución, en la primera elección que se realice en la Provincia para renovación parcial del Senado, los Departamentos Capital y San Justo eligen cinco y tres Senadores, respectivamente, de los que corresponden: en el Departamento Capital, dos Senadores a cada uno de los partidos que resulten primero y segundo en la elección y un Senador al partido que resulte tercero; y en el Departamento San Justo, un Senador a cada uno de los partidos que resulten primero, segundo y tercero.
Los Senadores así elegidos tienen mandato hasta el momento en que fenezca el de los actuales Senadores de dichos Departamentos y pueden ser reelectos.

Tercera.- El Tribunal Superior de Justicia continúa integrado por cinco miembros hasta tanto sean designados los dos restantes.

Cuarta.- Hasta la asunción de los miembros del Tribunal de Cuentas, conforme lo prevé la presente Constitución, continúan en sus funciones los actuales miembros o los que sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Quinta.- Todo funcionario o empleado de cualquiera de los Poderes del Estado Provincial y municipalidades, Tribunal de Cuentas, empresas públicas y entes autárquicos o descentralizados, que se encuentren en condiciones de obtener en el régimen provincial la jubilación ordinaria hasta el 31 de diciembre de 1987, deben acogerse a sus beneficios dentro de dicho plazo, vencido el cual cesan automáticamente en sus cargos. Esta disposición es aplicable a los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Sexta.- Los Jefes Políticos continúan en sus funciones hasta la finalización del mandato del actual Gobernador de la Provincia.

Séptima.- Hasta tanto la Legislatura sancione la ley sobre delitos de imprenta, rigen en la materia las disposiciones pertinentes del Código Penal Argentino.

Octava.- Las elecciones que tengan por objeto la renovación de las autoridades a que se refiere el Título Segundo Municipalidades y Comunas de la Segunda Parte de la presente Constitución, son convocadas por única vez por el Poder Ejecutivo de la Provincia, según las bases de esta Constitución, de la ley 3.373 y complementarios, y lo prescripto por el Código Electoral Nacional, en lo no previsto por aquéllas.

Novena.- Todas las Municipalidades existentes al momento de sanción de esta Constitución mantienen ese rango institucional, aunque no tengan dos mil habitantes.

Décima.- Las Convenciones Municipales deben convocarse con posterioridad a la sanción de la futura Ley Orgánica Municipal, que reemplace a la vigente nº 3.373 y sus complementarias.

Undécima.- El porcentaje mínimo de coparticipación previsto en el artículo 188 inciso 3 se aplica de la siguiente forma: 15% en el ejercicio 1988; 17,5% en el ejercicio 1989 y 20% en el ejercicio 1990.

Duodécima.- Hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias de esta Constitución subsisten los actuales regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias.

Decimotercera.- El Señor Presidente de la Convención Constituyente, con el auxilio de los Secretarios y Prosecretarios del Cuerpo, está facultado para realizar todos los actos administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de esta Convención.
Los integrantes de la Comisión de Coordinación y Redacción tienen a su cargo el cuidado de la publicación de esta Constitución en el Boletín Oficial.

Decimocuarta.- El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente reemplaza al hasta ahora vigente.

Decimoquinta.- Acatando la voluntad popular, esta Convención queda disuelta a las veinticuatro horas del día 30 de abril de 1987.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Provincia, en Córdoba, a veintiséis días del mes de abril del año mil novecientos ochenta y siete.

ROBERTO LOUSTAU BIDAUT .- Presidente

LUIS E. MEDINA ALLENDE .- Secretario legislativo                                                             

MIGUEL. H. D'ALESSANDRO .- Secretario administrativo 

Abecasis, Alberto; Alcalino, Juan Jacobo Eugenio; Alciatti, Leandro Enrique; Alonso, Alfredo Ignacio; Amelotti, Osvaldo; Andruet, Armando Segundo; Aracena, Ernesto Vicente; Arato, Juan Eduardo; Arraya, Jorge Francisco; Astesano, Armando Andrés; Balestrini, Miguel Alberto; Barbieri, Domingo Argentino, Berardo Rodolfo; Bercovich de Sachetta, Nélida; Bergami, Norberto Romildo; Bertarelli, Carlos Aiberto, Brook, Mario Carlos; Cáceres Bouhid, Jorge M.; Cafferata Nores, José Ignacio; Calvo, Daniel Alberto; Capdevila, Eduardo Omar; Carbonett.i, Domingo Angel; Carrizo, Raúl Alfonso Corpus; Casari de Alarcia, María Leonor; Cendoya, Jorge Joaquín; Cornet, Roberto Julio; Costamagna Raúl Miguel I.; Chiacchiera, Alberto José Ramón; De la Colina, Juan Miguel; De la Rúa, Jorge Enrique; De la Sota, José Manuel; Del Barco, Alipio Ricardo; Demarchi, Héctor José; Di Carlo, Alberto Francisco; Gavier, Ernesto; Gentile, Jorge Horacio; Gianni, Isabel Norma Cleopatra; Gómez, Manuel; González, Leonardo del R.; Hernández, Antonio María; López, Carlos Hugo; Loustau Bidau, Roberto; Malvasio de Garello, Liliana A.; Maqueda, Juan Carlos; Martínez, Víctor Cristian; Molinari Romero, Luis Arturo R.; Monte, Ramón Mostafé; Montilla, Tomás Antonio; Morales, Oscar Humberto; Mosquera, José Alejandro; Muñoz, Ricardo; Nacusi, Walter Osvaldo; Obregón Cano, Horacio Enrique; Orgaz, Carlos Alfredo; Ortiz, Ignacio Efraín; Páez, Demetrio Alejandro; Peralta Carranza, Héctor Hugo; Pardo, Héctor Omar; Pereira, Luis Alberto; Petta, Juan Carlos; Prunesti, Raúl Héctor; Puga Marín de Sánchez, María T.; Rahal, Abelardo Elías; Roggero, Humberto Jesús; Rostagno, Víctor Carlos; Rufeil, José Tanus; Ruiz, Daniel Oscar; Sabattini, Ileana; Scarpino (h), Pascual; Scoles, Ricardo Mario; Serafini, Néstor Ricardo; Soria, Luis Alejandro; Tagle Achával, Carlos Ricardo; Terzi, Eduardo Antonio; Torres, Elpidio Ángel; Trettel Meyer, Raúl Antonio B. – Convencionales Constituyentes. 
 
ANEXO I.- Declaración Universal de Derechos Humanos

ANEXO II.- Convención Americana sobre Derechos Humanos  «Pacto de San José de Costa Rica» 

Ustanovenie § 11 zaruèuje základné práva fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, obèianskej cti a ¾udskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Ustanovenia § 12 sa týkajú písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov ako aj obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa fyzickej osoby. Možnos ich vyhotovenia resp. použita je podmienená súhlasom fyzickej osoby. Taktiež sa tu ustanovujú prípady kedy tento súhlas nie je potrebný.

Paragraf 13 rieši otázky odstráneina následkov neoprávneného zásahu do práva na ochranu súkromia fyzickej osoby ako aj jej právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Paragraf 15 ustanovuje prechod práva na ochranu súkromia zosnulej fyzickej osoby na osoby blízke. 

(DOCE L 289/43 DE 16  NOVIEMBRE DE 2.000)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (DO L 13 de 19 de enero de 2.000, p. 12)  y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
 

Considerando lo siguiente:

(1) El 13 de diciembre de 1999, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.

(2) El anexo III de la Directiva 1999/93/CE contiene los requisitos para los dispositivos seguros de creación de firmas. Según el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva, la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firmas con los requisitos fijados en el anexo III será evaluada por los organismos públicos o privados pertinentes, designados por los Estados miembros, y la Comisión establecerá criterios para que los Estados miembros determinen si procede designar a un organismo para que lleve a cabo dicha evaluación de la conformidad.

(3) La Comisión debe fijar los mencionados criterios previa consulta con el «Comité de firma electrónica» establecido con arreglo al apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 1999/93/CE.

(4) Las medidas previstas en la presente Decisión son conforme, al dictamen del Comité de firma electrónica.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La finalidad de la presente Decisión es fijar los criterios que deben tener en cuenta los Estados miembros para designar los organismos nacionales responsables de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma.

Artículo 2
El organismo designado que forme parte de una entidad que ejerza actividades distintas de la determinación de la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firmas con los requisitos establecidos en el anexo III de la Directiva 1999/ 93/CE deberá ser identificable dentro de dicha entidad. Deberá ser posible distinguir claramente las diferentes actividades.

Artículo 3
El organismo y su personal no deberán ejercer actividad alguna que pueda interferir con su independencia de apreciación y su integridad en relación con su cometido. En particular, el organismo deberá ser independiente de las partes interesadas. Por consiguiente, ni el organismo, ni su responsable ejecutivo, ni el personal encargado de llevar a cabo las actividades de determinación de la conformidad podrán ser diseñadores, fabricantes, proveedores o instaladores de dispositivos seguros de creación de firmas, ni prestadores de servicios de certificación que expidan certificados al público, ni tampoco representantes autorizados de ninguna de estas partes.

Además, deberán gozar de independencia financiera y no participar directamente en el diseño, construcción,
comercialización o mantenimiento de dispositivos seguros de creación de firmas, ni representar a las partes que ejercen estas actividades. Esto no excluye la posibilidad de que el fabricante y el organismo notificado intercambien información técnica.

Artículo 4
El organismo y su personal deberán ser capaces de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de creación de firmas con los requisitos establecidos en el anexo III de la Directiva 1999/93/CE con un elevado nivel de integridad profesional, fiabilidad y suficiente competencia técnica.

Artículo 5
El organismo deberá ser transparente en sus prácticas de determinación de la conformidad y tendrá registrada toda la información de interés relativa a dichas prácticas. Todas las partes interesadas podrán tener acceso a los servicios del organismo. El funcionamiento del organismo responderá a procedimientos gestionados de forma no discriminatoria.

Artículo 6
El organismo deberá tener a su disposición los recursos materiales y humanos necesarios para desempeñar adecuada y diligentemente los trabajos técnicos y administrativos asociados al cometido para el que se le ha designado.

Artículo 7
El personal responsable de la determinación de la conformidad deberá tener: una sólida formación técnica y profesional, particularmente en el ámbito de las tecnologías de firma electrónica y aspectos conexos relativos a la seguridad de la tecnología de la información, un conocimiento satisfactorio de los requisitos de la evaluación de la conformidad que realizan y experiencia adecuada en su realización.

Artículo 8
Deberá quedar garantizada la imparcialidad del personal. Su remuneración no dependerá del número de determinaciones de la conformidad realizadas ni de los resultados de dichas determinaciones.

Artículo 9
El organismo deberá contar con mecanismos adecuados para cubrir las responsabilidades resultantes de su actividades, por ejemplo contratando los seguros apropiados.

Artículo 10
El organismo deberá contar con los mecanismos adecuados para garantizar la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de su cometido con arreglo a la Directiva 1999/93/CE o a cualquier disposición de Derecho interno que la aplique, salvo con respecto a las autoridades competentes del Estado miembro que lo haya designado.

Artículo 11
Cuando un organismo designado delegue en un tercero la realización de una parte de la determinación de la conformidad, deberá garantizar y poder demostrar que este tercero tiene la competencia necesaria para prestar el servicio de que se trate. El organismo designado asumirá la responsabilidad plena por los trabajos efectuados en estas condiciones. La decisión definitiva corresponderá al organismo designado.

Artículo 12
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2000.

Por la Comisión, Erkki LIIKANEN, Miembro de la Comisión
 

The Conference Program

Thursday, March 8, 2001

1:00-5:00:
Intellectual Property in a Borderless World: Globalization and Harmonization

The reach of the Internet and the power of digital technology together create a challenge to traditional concepts of national intellectual property law. These problems include the practical and legal difficulty of enforcement of existing laws, the need for effective mechanisms for resolving disputes, and the challenge to copyright and trademark law presented by the fact of continual technological change. This session will explore the problems created by globalization and by the search for ways to
harmonize the laws of the United States with those of the rest of the world.

Friday, March 9, 2001

9:00-12:15:
Access Limitation as the New Protection Paradigm
This session will consider generally the problems and opportunities presented by the growing use of devices limiting access to intellectual property, particularly the consequences of the Digital Millennium Copyright Act.

2:00-3:45:
Information, Research, and Protection of and Limitations on Data and Databases.
Building on the morning session, this session will revisit  proposals for the protection of data and databases and the problems posed for scholarly research both by such protection and by operation of present intellectual property laws. The panel will consider how, if at all, the product of research can be protected in a manner consistent with society’s need for free access to information, in an environment of instantaneous mass access to, and redistribution of digital data. In addition to application of
access limiting devices, the panel will consider the consequences for both owners and users of databases and data, of the Uniform Computer Information Transactions Act and pending Congressional database protection legislation.

4:00-6:00:
The Impact of Technological Change on the way in which Scholars, Educational Institutions, Libraries, and Archives, Deal with Intellectual Property
This session, in multi-parts, will first continue and build on the earlier session discussion of scholarly research, and then move to the specific challenge presented by the development of distance learning devices and programs.

Saturday, March 10, 2001

9:00-10:15
Looking Ahead and Shaping the Future:
Here we attempt to extrapolate present developments to the next quarter century.

The panel will look at the impact of technology and intellectual property laws on the creative process from the future perspective: What would we be talking about if the Conference were being held in March, 2025?

10:30-12:00
Wrap-Up: What Can and Should We be Doing Now?
We will attempt both to summarize and synthesize what, if any, consensus has emerged from the proceedings and find direction for future interdisciplinary activity

El Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores, atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la verificación, previamente a su aplicación, de que los contratos-tipo reguladores de las actividades u operaciones del mercado de valores contienen toda la información exigida en la normativa vigente.

La Orden ministerial de 25 de octubre de 1995, de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993, establece la necesaria utilización de un contrato-tipo para desarrollar la actividad de gestión de carteras y señala las líneas generales de su contenido que deberá atender la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como las normas de conducta del Real Decreto 629/1993.

Adicionalmente, la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, aún cuando no contiene normas de conducta «ex novo», sí desarrolla el Real Decreto 629/1993 para adaptarlo a las particularidades de la actividad especifica de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. En concreto, establece un contenido mínimo más detallado de los contratos-tipo de gestión de carteras que el señalado en el número séptimo de la Orden ministerial de 25 de octubre de 1995. Por otra parte, la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su disposición final para desarrollar su contenido y en particular aprobar los modelos normalizados de contrato-tipo, así como para establecer los plazos para adaptar los contratos firmados con anterioridad a su entrada en vigor a los requisitos establecidos en ella.

Con el fin de promover una mayor transparencia del mercado y en consecuencia un mayor grado de protección al inversor, y paralelamente simplificar al máximo posible el trámite de verificación del contrato-tipo en beneficio de la eficacia, no sólo del órgano supervisor, sino también de las entidades gestoras, la Circular establece un modelo normalizado de contrato-tipo de gestión de carteras de uso voluntario. La utilización del modelo normalizado propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores significará indudablemente una mayor seguridad jurídica para todos los intervinientes en el mercado financiero en el área de la actividad de gestión discrecional de carteras.

La Circular precisa adicionalmente determinados aspectos sobre el contenido mínimo de los contratos-tipo, el depósito de activos financieros, así como sobre el archivo de justificantes de las órdenes específicas recibidas de los clientes con contrato de gestión de carteras. En cuanto a la utilización de cuentas globales («cuentas ómnibus»), la Circular, de acuerdo con la previsión expresa de la Orden ministerial de 7 de octubre, establece los requisitos que deben cumplirse para su utilización en el ámbito de la actividad de gestión de carteras. Los criterios adoptados prácticamente coinciden con los establecidos en la norma 12ª, apartado 1, letra a), de la Circular 1/1998 de la CNMV. No obstante, con el objeto de aclarar que las cuentas globales se admiten únicamente para valores e instrumentos financieros negociados en el extranjero y no para efectivo, y para homogeneizar los requisitos señalados en ambas Circulares, la presente Circular incluye una disposición adicional que modifica la norma 12ª, apartado 1, letra a), de la Circular 1/1998 de la CNMV.

En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Comité Consultivo y del Banco de España, en su reunión del 30 de mayo de 2000 ha dispuesto lo siguiente:

Norma 1ª Ámbito de aplicación.

La presente Circular será de aplicación a las Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito tanto españolas como extranjeras (en adelante, las entidades), que lleven a cabo en territorio nacional actividades de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión (gestión de carteras) con arreglo a los mandatos conferidos por inversores residentes en España.

Norma 2ª Plazo para adaptar los contratos firmados con los clientes.

1. Las entidades que realicen la actividad de gestión de carteras deberán adaptar los contratos firmados con sus clientes al contenido de la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, en el plazo de cinco meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Circular. A solicitud de la entidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar la ampliación de este plazo hasta un máximo de otros tres meses adicionales.

2. Las entidades deberán remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter previo a su aplicación, los borradores de contrato tipo en la forma prevista en la Circular 1/1996 sobre normas de actuación, transparencia e identificación de los clientes en las operaciones del mercado de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comprobará que los contratos tipo se ajustan a lo dispuesto en la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 y los pondrá a disposición del público de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas 10 y 12 de la Circular 1/1996.

Norma 3ª Modelo normalizado de contrato-tipo de gestión de carteras.

1. Las entidades podrán adoptar como contrato-tipo de gestión de carteras el modelo normalizado que se adjunta en el anexo de la presente Circular. Cuando una entidad se acoja a la utilización del modelo normalizado, únicamente deberá remitir a la CNMV un escrito que certifique que la entidad ha adoptado tal modelo normalizado como contrato-tipo de gestión de carteras. Una vez recibido este escrito, la CNMV lo pondrá a disposición del público, para dar a conocer que la entidad se ha acogido a dicho modelo normalizado.

3. Las asociaciones profesionales que agrupen a uno o varios tipos de entidades autorizadas a realizar la actividad de gestión de carteras podrán elaborar modelos de contrato-tipo aplicables a sus miembros. La aceptación por éstos de dichos modelos podrá sustituir la obligación individual de su elaboración y resultará de aplicación lo establecido en el apartado anterior de esta norma.

Norma 4ª Contenido mínimo del contrato-tipo de gestión de carteras.

1. Los contratos-tipo deberán contener, al menos, los aspectos exigidos en las disposiciones reglamentarias vigentes en cada momento y, en todo caso, mencionarán de forma expresa si el contenido por el que la entidad ha optado se ajusta o no al modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. El texto del modelo normalizado constituye un contenido mínimo de los contratos-tipo.

Norma 5ª Depósito de valores, instrumentos financieros y efectivo.

1. Las cuentas de valores e instrumentos financieros y de efectivo afectas a la gestión deberán identificarse en las cláusulas del contrato-tipo o bien en sus anexos. El depósito o registro de dichos activos deberá realizarse en cuentas individuales abiertas a nombre del cliente contratadas directamente por él o a través de la entidad gestora mediante poder específico.

2. Las cuentas de efectivo deberán estar abiertas en una entidad de crédito. No obstante, cuando se trate de cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorio también podrán estar abiertas en sociedades y agencias de valores.

Norma 6ª Cuentas globales.

1. No obstante lo dispuesto en la norma anterior, la adquisición o enajenación de valores o instrumentos financieros por cuenta de los clientes podrá registrarse en cuentas globales de valores o instrumentos financieros («cuentas ómnibus») cuando la entidad opere en mercados extranjeros en los que la práctica habitual exija la utilización de cuentas globales de valores o instrumentos financieros para clientes de una misma entidad.

2. Con carácter previo a la apertura de cuentas globales, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) La unidad de control de la entidad gestora emitirá, por cada entidad financiera en que pretendan abrirse, un informe sobre su calidad crediticia y sobre los riesgos específicos, legales y operacionales que entraña esta operativa. El informe se someterá a la autorización del órgano de administración de la entidad gestora.

b) Deberá existir una separación absoluta entre la cuenta propia de la entidad y la de terceros, no pudiéndose registrar posiciones de la entidad y de sus clientes en la misma cuenta. La denominación de la cuenta de clientes reflejará expresamente el carácter de cuenta de terceros.

c) La entidad establecerá un procedimiento interno que permita individualizar contablemente la posición de cada cliente.

d) Será necesario obtener la autorización escrita de cada cliente, informándole de los riesgos que asume como consecuencia de esta operativa, así como de la identidad y calidad crediticia de la entidad financiera que actúe como depositaria de las cuentas globales.

Norma 7ª Archivo de justificantes de órdenes específicas.

Las órdenes específicas recibidas de clientes con los que la entidad gestora mantenga un contrato de gestión de carteras deberán cumplir los requisitos establecidos en la Circular 3/1993, de 29 de diciembre, de la CNMV, sobre registro de operaciones y archivo de justificantes de órdenes, y en particular los relativos al archivo de justificantes.

Norma adicional.

Se realiza la siguiente modificación en la norma 12ª de la Circular 1/1998, de 10 de junio, de la CNMV, sobre sistemas de control, seguimiento y evaluación continuada de riesgos:

El texto contenido en la letra a) del párrafo 1 quedará redactado de la siguiente forma:

«a) Los valores de los clientes que las entidades sujetas mantengan en depósito o depositen en otras entidades y las garantías que constituyan, en valores a en efectivo, en entidades liquidadoras, deberán realizarse en cuentas individualizadas abiertas a nombre de cada cliente, cualquiera que sea la relación existente entre el cliente y la entidad sujeta.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la adquisición o enajenación de valores o instrumentos financieros por cuenta de los clientes podrá registrarse en cuentas globales de valores o instrumentos financieros («cuentas ómnibus») cuando la entidad opere en mercados extranjeros en los que la práctica habitual exija la utilización de cuentas globales de valores o instrumentos financieros para clientes de una misma entidad.

Con carácter previo a la apertura de cuentas globales, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

La unidad de control de la entidad sujeta emitirá, por cada entidad financiera en que pretendan abrirse, un informe sobre su calidad crediticia y sobre los riesgos específicos, legales y operacionales que entraña esta operativa. El informe se someterá a la autorización del órgano de administración de la entidad sujeta.

Deberá existir una separación absoluta entre la cuenta propia de la entidad y la de terceros, no pudiéndose registrar posiciones de la entidad y de sus clientes en la misma cuenta. La denominación de la cuenta de clientes reflejará expresamente el carácter de cuenta de terceros.

La entidad establecerá un procedimiento interno que permita individualizar contablemente la posición de cada cliente.

Será necesario obtener la autorización escrita de cada cliente, informándole de los riesgos que asume como consecuencia de esta operativa, así como de la identidad y calidad crediticia de la entidad financiera que actúe como depositaria de las cuentas globales.

Las entidades sujetas no podrán utilizar cuentas globales para la realización de operaciones o el depósito de valores e instrumentos financieros por cuenta de instituciones de inversión colectiva.»

Norma final. Entrada en vigor.

Las entidades que tengan que adaptar sus contratos tipo a la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 deberán remitir los borradores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo de un mes desde  la entrada en vigor de esta Circular. La Comisión Nacional dispondrá de un plazo de tres meses para formular las observaciones a que se refiere la norma décima de la Circular 1/1996, de 27 de marzo, sobre normas de actuación, transparencia o identificación de los clientes en las operaciones del mercado de valores.

La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO

Modelo normalizado de contrato-tipo de gestión discrecional o individualizada de carteras de inversión

Introducción:

El presente contrato establece los criterios generales de inversión que nuestra entidad (la ENTIDAD) va aplicar al invertir el patrimonio que usted, como cliente de un servicio de inversión de gestión discrecional e individualizada de carteras, pone a nuestra disposición a tal fin.

Es muy importante que usted(es) lo lea(n) atentamente antes de firmarlo, puesto que junto a las estipulaciones contractuales que regulan los derechos y obligaciones, suyos y nuestros, en el ámbito del servicio que vamos a prestarle(s), en este documento usted(es) señala(n) sus preferencias de inversión y otras condiciones necesarias para que pueda(n) recibir un servicio adecuado a sus circunstancias y expectativas.

Para ello, en la primera sección del contrato se han incluido varios apartados en forma de cuadro o esquema, donde usted(es) debe(n) indicarnos aquellas alternativas u opciones de inversión que entienda(n) se ajustan a pus necesidades teniendo en cuenta tanto la finalidad inversora que usted(es) persigue(n), como el riesgo que quiere(n) asumir. Asimismo, también debe(n) hacernos saber cualesquiera otras condiciones o circunstancias especiales, en su caso, que precisen sean tenidas en cuenta por nuestra entidad durante la prestación del servicio de gestión discrecional de su cartera de inversiones.

A este respecto, antes de firmar cada apartado y el contrato en su conjunto, conviene que usted(es) nos consulte(n) cualquier duda que pueda(n) tener al cumplimentar su primera sección, o bien cualquier otro apartado del contrato, dado que es nuestra obligación ase-sorarle(s) lealmente, a nuestro mejor saber y entender.

Índice y explicación sumaria del contenido de este contrato:

El contrato se compone de dos secciones acompañadas de varios anexos con datos cuya extensión y detalle aconsejan separarlos del cuerpo principal del contrato. A continuación se explica brevemente, para facilitar su comprensión, el objeto de los distintos apartados y cláusulas del presente contrato.

La primera sección recoge los siguientes apartados informativos o condiciones preliminares:

A) Identificación de las partes contratantes.

B) Identificación de la entidad depositaria del efectivo.

C) Identificación de la entidad depositaria de los valores e instrumentos financieros.

D) Criterios generales de inversión. Usted(es) debe(n) señalar sus preferencias sobre:

El perfil general de riesgo de sus inversiones.