EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (1), y, en particular, su artículo 43,

Vista la propuesta de la Comisión (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El Supervisor Europeo de Protección de Datos es el órgano independiente de control encargado de supervisar la aplicación en las instituciones y organismos comunitarios de los actos comunitarios relativos a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de los datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos.

(2) El objetivo de las normas relativas a la protección de datos es garantizar la protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, en particular su vida privada y familiar, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, de conformidad, en particular, con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Estos derechos fundamentales se interpretan, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la tradición constitucional común de los Estados miembros. El objetivo de la protección de datos debe ser garantizado atendiendo al objetivo de que no se restrinja la información accesible a los ciudadanos sobre las actividades públicas.

(3) La creación efectiva de este órgano independiente de control exige establecer el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de Supervisor Europeo de Protección de Datos y del Supervisor Adjunto.

(4) La mayoría de los elementos que deben integrar el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de Supervisor Europeo de Protección de Datos ya forman parte del Reglamento (CE) nº 45/2001. Dicho Reglamento contiene las disposiciones necesarias relativas al nombramiento del Supervisor Europeo de Protección de Datos y del Supervisor Adjunto, y a sus recursos humanos y financieros, su independencia, su obligación de secreto profesional, sus funciones y sus competencias.

El Reglamento interno del Supervisor Europeo de Protección de Datos previsto en la letra k) del artículo 46 del Reglamento (CE) nº 45/2001 debe contener, en particular, normas de procedimiento que determinen la manera en que el Supervisor Europeo de Protección de Datos deba ejercer sus competencias.

(5) El Supervisor Europeo de Protección de Datos está sujeto al Derecho comunitario y debe observar el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (3). Por consiguiente, está sometido a las disposiciones del Tratado relativas a la protección de los derechos y las libertades fundamentales por las que se establece la máxima transparencia posible para el proceso de toma de decisiones en la Unión y se prevé la protección de los datos personales, en particular los relativos a la vida privada.

(6) La dotación financiera prevista en la presente Decisión debe ser compatible con el actual límite máximo de la rúbrica 5.

(7) Sólo dos aspectos importantes del estatuto no figuran en el Reglamento (CE) nº 45/2001 y quedan por lo tanto pendientes. Son los relativos a la determinación del salario del Supervisor y el Supervisor Adjunto, sus asignaciones y demás ventajas de carácter retributivo, así como la sede del Supervisor. Procede, asimismo, precisar las disposiciones del Reglamento (CE) nº 45/2001 relativas al procedimiento de nombramiento del Supervisor Europeo y del Supervisor Adjunto.

(8) El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe tener una retribución del mismo nivel que la del Defensor del Pueblo Europeo, dada la necesidad de garantizar al Supervisor un estatuto que corresponda a sus funciones y competencias, así como el hecho de que el Reglamento (CE) nº 45/2001 se haya guiado en gran medida por el del Defensor del Pueblo Europeo en la definición del perfil institucional del Supervisor. El Defensor del Pueblo Europeo se asimila, a su vez, a un juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con respecto a su remuneración, asignaciones y pensión de jubilación.

(9) El Supervisor Adjunto debe ser asimilado al Secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con respecto a su retribución, asignaciones y pensión de jubilación, de tal modo que se establezca una jerarquía con respecto al Supervisor Europeo, aplicando al mismo tiempo a ambos el mismo tipo de régimen pecuniario, como corresponde a su procedimiento de nombramiento, mandato y funciones.

(10) La sede del Supervisor Europeo de Protección de Datos debe fijarse en Bruselas, con el fin de garantizar la proximidad que, por la naturaleza de sus tareas, debe existir entre el Supervisor Europeo y las instituciones y organismos comunitarios sujetos a su control, y con el fin de facilitar la realización armoniosa de sus funciones.

(11) Procede examinar en qué medida la colaboración con los órganos de control de la protección de datos establecidos en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea, prevista en la letra f) el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 45/2001 permite la consecución del objetivo consistente en garantizar la coherencia en la aplicación de las normas y procedimientos de control relativos a la protección de datos.

(12) La comisión competente del Parlamento Europeo podrá decidir la celebración de una audiencia, abierta a todos los diputados al Parlamento, de los candidatos que figuren en la lista elaborada por la Comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 42 del Reglamento (CE) nº 45/2001 tras una convocatoria pública de candidaturas.

DECIDEN:

Artículo 1.- Retribución del Supervisor Europeo de Protección de Datos

El Supervisor Europeo de Protección de Datos queda asimilado a los jueces del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con respecto a la determinación de su retribución, asignaciones, pensión de jubilación y demás ventajas de carácter retributivo.

Artículo 2.- Retribución del Supervisor Adjunto

El Supervisor Adjunto queda asimilado al Secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con respecto a la determinación de su retribución, asignaciones, pensión de jubilación y demás ventajas de carácter retributivo.

Artículo 3.- Procedimiento de nombramiento

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Adjunto serán nombrados tras una convocatoria pública de candidaturas. Dicha convocatoria permitirá a todas las personas interesadas en toda la Comunidad presentar su candidatura. La lista de los candidatos será pública. La comisión competente del Parlamento Europeo, basándose en la propuesta de la Comisión elaborada de conformidad con el apartado 1 del artículo 42 del Reglamento (CE) nº 45/2001, podrá decidir la organización de una audiencia con objeto de definir una preferencia.

Artículo 4.- Sede

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Adjunto tendrán su sede en Bruselas.

Artículo 5.- La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 2002.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

P. COX

Por el Consejo

El Presidente

M. ARIAS CAÑETE

Por la Comisión

El Presidente

R. PRODI

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(1) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(2) DO C 304 E de 30.10.2001, p. 178.

(3) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en

particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El 7 de mayo de 2003, la Comisión presentó una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo titulada “Reforzar la aplicación de las Directivas de nuevo enfoque”. En su Resolución, de 10 de noviembre de 2003 (3), el Consejo reconoció la importancia del nuevo enfoque como modelo normativo apropiado y eficiente, que permite la innovación tecnológica y la mejora de la competitividad de la industria europea, confirma la necesidad de extender la aplicación de sus principios a nuevas áreas y, al mismo tiempo, reconoce la necesidad de un marco más claro para la evaluación de la conformidad, la acreditación y la vigilancia del mercado.

(2) La presente Decisión establece principios comunes y disposiciones de referencia destinados a aplicarse a toda la legislación sectorial con el fin de establecer una base coherente para la revisión o la refundición de dicha legislación. La presente Decisión constituye, pues, un marco general de naturaleza horizontal para la futura legislación de armonización de las condiciones de comercialización de los productos y un texto de referencia para la legislación vigente en este ámbito.

(3) La presente Decisión establece, en forma de disposiciones de referencia, definiciones y obligaciones generales para los agentes económicos y una serie de procedimientos de evaluación de la conformidad entre los que podrá elegir el legislador, según el caso. Establece asimismo normas para el marcado CE. Además, contiene disposiciones de referencia sobre los requisitos de los organismos de evaluación de la conformidad que se notifiquen a la Comisión por ser competentes para llevar a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad y los procedimientos de notificación pertinentes. La presente Decisión incluye también disposiciones de referencia sobre los procedimientos relativos a los productos que entrañen un riesgo, con el fin de garantizar la seguridad del mercado.

(4) Cuando en el futuro se elabore legislación para un producto ya sujeto a otros actos comunitarios, estos deberán tenerse en cuenta con el fin de garantizar la coherencia de toda la legislación relativa al mismo producto.

(5) No obstante, las especificidades de las necesidades sectoriales pueden ser motivo para recurrir a otras soluciones reguladoras. En particular, ello ocurre cuando existen ordenamientos específicos y exhaustivos para un sector como sucede, por ejemplo, en materia de alimentos y piensos, de productos cosméticos y labores del tabaco, de organizaciones comunes de mercado para los productos agrarios, de productos fitosanitarios y protección de las plantas, de sangre y tejidos humanos, de medicamentos para uso humano o veterinario y productos químicos, o allí donde las necesidades sectoriales requieren una adaptación específica de los principios comunes y las disposiciones de referencia, como, por ejemplo, en el ámbito de los productos sanitarios, los destinados a la construcción y los equipos marinos. Dichos ajustes podrán vincularse también a los módulos contemplados en el anexo II.

(6) Cuando se elabore legislación, el legislador podrá apartarse total o parcialmente de los principios comunes y las disposiciones de referencia establecidas en la presente Decisión debido a las especificidades del sector en cuestión. Dicha opción debe estar justificada.

(7) Aunque no se puede exigir por ley que se incorporen las disposiciones de la presente Decisión a actos legislativos futuros, el Parlamento Europeo y el Consejo, en tanto que colegisladores que adoptan la presente Decisión, han suscrito un claro compromiso político que deben respetar en cualquier acto legislativo futuro que esté dentro del ámbito de la presente Decisión.

(8) En la medida de lo posible, la legislación específica sobre los productos debe evitar un nivel de detalle técnico excesivo y limitarse a establecer los requisitos esenciales. Cuando proceda, esta legislación debe recurrir a normas armonizadas adoptadas de conformidad con la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento para el suministro de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (4), para expresar especificaciones técnicas detalladas. A este respecto, la presente Decisión se basa en y complementa al sistema de normalización previsto por la citada Directiva. No obstante, cuando sea preciso por motivos de salud pública o medio ambiente, protección de los consumidores, o del medio ambiente, cualquier otro aspecto de interés público, o por motivos prácticos, o de seguridad y claridad, podrán establecerse especificaciones técnicas detalladas en la legislación en cuestión.

(9) La presunción de conformidad con una disposición jurídica, deducida de la conformidad con una norma armonizada, debe potenciar el recurso a la conformidad con estas normas armonizadas.

(10) Los Estados miembros o la Comisión deben poder plantear objeciones cuando la norma armonizada no satisfaga totalmente los requisitos de la legislación comunitaria de armonización. La Comisión debe tener la posibilidad de decidir la no publicación de la norma. Con este fin, la Comisión debe consultar a los representantes del sector y a los Estados miembros en la forma adecuada antes de que el Comité establecido en el artículo 5 de la Directiva 98/34/CE emita su dictamen.

(11) Los requisitos esenciales deben redactarse de manera suficientemente precisa para establecer obligaciones jurídicamente vinculantes. Deben formularse de forma que sea posible una evaluación de la conformidad respecto a ellos, incluso en ausencia de normas armonizadas o cuando el fabricante decida no aplicarlas. El grado de detalle de la redacción dependerá de las características de cada sector.

(12) La realización adecuada del procedimiento de evaluación de la conformidad requerido permite a los agentes económicos demostrar que los productos que comercializan cumplen los requisitos aplicables y, a las autoridades competentes, comprobarlo.

(13) Los módulos de los procedimientos de evaluación de la conformidad que deben utilizarse en la legislación comunitaria sobre armonización se establecieron inicialmente en la Decisión 93/465/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado CE de conformidad, que van a utilizarse en las Directivas de armonización técnica (5). La presente Decisión sustituye a dicha Decisión.

(14) Es preciso ofrecer la opción de procedimientos de evaluación de la conformidad claros, transparentes y coherentes, y limitar las variantes posibles. La presente Decisión prevé una serie de módulos que permiten al legislador elegir entre procedimientos, del menos al más estricto, en función del riesgo y del nivel de seguridad requerido.

(15) Con el fin de garantizar la coherencia intersectorial y evitar variantes ad hoc, es deseable que los procedimientos que vayan a utilizarse en la legislación sectorial se elijan entre los módulos indicados de acuerdo con los criterios generales establecidos.

(16) En el pasado, la legislación sobre la libre circulación de mercancías empleó una serie de términos, en parte sin definirlos por lo que precisaban directrices para su explicación e interpretación. En los casos en los que se han introducido definiciones jurídicas, estas difieren en cierta medida en su redacción y, a veces, en su significado, lo que plantea dificultades para su interpretación y correcta aplicación. Por ello, la presente Decisión introduce definiciones claras de algunos conceptos fundamentales.

(17) Los productos que se introduzcan en el mercado comunitario deben respetar el Derecho comunitario pertinente aplicable, y los agentes económicos deben ser responsables de la conformidad de los productos, con arreglo a la función que desempeñen respectivamente en la cadena de suministro, de modo que puedan garantizar un nivel elevado de protección del interés público, como la salud y la seguridad y la protección de los consumidores y del medio ambiente, y garantizar la competencia leal dentro del mercado comunitario.

(18) Se espera que todos los agentes económicos actúen de manera responsable y de conformidad plena con los requisitos jurídicos aplicables cuando introduzcan en el mercado o comercialicen los productos.

(19) Todos los agentes económicos que intervienen en la cadena de suministro y distribución deben adoptar las medidas oportunas para asegurarse de que solo comercializan productos conformes a la legislación aplicable. La presente Decisión establece un reparto claro y proporcionado de las obligaciones que corresponden respectivamente a cada agente en el proceso de suministro y distribución.

(20) Dado que algunas tareas solo puede realizarlas el fabricante, debe hacerse una distinción clara entre este y los agentes de fases posteriores de la cadena de distribución. Además, es necesario distinguir claramente el importador del distribuidor, pues el primero introduce productos de terceros países en el mercado comunitario y, por lo tanto, debe asegurarse de que satisfacen los requisitos comunitarios aplicables.

(21) El fabricante, que dispone de conocimientos detallados sobre el diseño y el proceso de producción, es el más indicado para llevar a cabo todo el procedimiento de evaluación de la conformidad. Por lo tanto, la evaluación de la conformidad debe seguir siendo obligación exclusiva del fabricante.

(22) Es necesario velar por que los productos procedentes de terceros países que entren en el mercado comunitario satisfacen los requisitos comunitarios aplicables y, en particular, que los fabricantes han llevado a cabo los procedimientos de evaluación adecuados con respecto a esos productos. Conviene establecer, por tanto, disposiciones para que los importadores garanticen que los productos que introducen en el mercado satisfacen los requisitos aplicables y que no introducen en el mercado productos que no cumplen dichos requisitos o que presentan un riesgo. Por el mismo motivo, debe preverse asimismo que los importadores se aseguren de que se han llevado a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad y que está disponible el marcado de los productos y la documentación elaborada por los fabricantes para su inspección por parte de las autoridades de supervisión.

(23) El distribuidor comercializa un producto después de que el fabricante o el importador lo hayan introducido en el mercado y debe actuar con la diligencia debida para garantizar que su forma de tratar el producto no afecta negativamente la conformidad de este. Cabe esperar tanto de los importadores como de los distribuidores que actúen con la diligencia debida por lo que respecta a los requisitos aplicables a la introducción en el mercado y la comercialización de los productos.

(24) La Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (6) se aplica, entre otros, a los productos no conformes con la legislación comunitaria de armonización. Los fabricantes e importadores que hayan introducido en el mercado comunitario productos no conformes son responsables por los perjuicios en virtud de dicha Directiva.

(25) Al introducir un producto en el mercado, los importadores deben indicar en el producto su nombre y la dirección en la que se les puede contactar. Se deben contemplar excepciones en casos en que el tamaño o la naturaleza del producto no lo permitan. Esto incluye el caso en que el importador tenga que abrir el envase para que figure su nombre y dirección en el producto.

(26) Cualquier agente económico que introduzca un producto en el mercado con su propio nombre o marca comercial o lo modifique de manera que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos aplicables, debe considerarse que es el fabricante y asumir las obligaciones del fabricante.

(27) Los distribuidores e importadores, al estar próximos al mercado, deben participar en las tareas de vigilancia del mercado realizadas por las autoridades nacionales, y estar dispuestos a participar activamente facilitando a las autoridades competentes toda la información necesaria sobre el producto en cuestión.

(28) La garantía de la trazabilidad de un producto en toda la cadena de suministro contribuye a simplificar y hacer más eficaz la vigilancia del mercado. Un sistema de trazabilidad eficaz facilita la labor de identificación del agente económico responsable del suministro de productos no conformes por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

(29) El marcado CE, que indica la conformidad de un producto, es el resultado visible de todo un proceso que comprende la evaluación de la conformidad en sentido amplio. Los principios generales que rigen el marcado CE se establecen en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos (7).

Las normas que regulan la colocación del marcado CE, que deben aplicarse en la legislación comunitaria de armonización que prevea el uso del citado marcado, deben establecerse en la presente Decisión.

(30) El marcado CE debe ser el único marcado de conformidad que indique que el producto es conforme a la legislación comunitaria de armonización. No obstante, pueden aplicarse otros marcados siempre que estos contribuyan a mejorar la protección del consumidor y no estén cubiertos por la legislación comunitaria de armonización.

(31) Es fundamental aclarar tanto a los fabricantes como a los usuarios que al colocar el marcado CE en un producto el fabricante declara que el producto cumple todos los requisitos aplicables y que asume la plena responsabilidad al respecto.

(32) Para poder evaluar mejor la eficacia del marcado CE y definir estrategias destinadas a evitar abusos, la Comisión debe controlar la aplicación del mismo e informar sobre ello al Parlamento Europeo.

(33) El marcado CE solo puede tener valor si su colocación respeta las condiciones establecidas en el Derecho comunitario.

Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar un control adecuado del cumplimiento de dichas normas y perseguir las infracciones y los abusos del marcado CE por medios jurídicos o de otro tipo.

(34) Los Estados miembros son responsables de garantizar en sus territorios una vigilancia del mercado sólida y eficaz, y deben conferir competencias y recursos suficientes a sus autoridades de vigilancia del mercado.

(35) A fin de concienciar sobre el marcado CE, la Comisión debe poner en marcha una campaña informativa dirigida principalmente a los agentes económicos, las organizaciones de consumidores, las organizaciones del sector y el personal de venta, ya que constituyen los canales más apropiados para transmitir información a los consumidores.

(36) En algunas circunstancias, los procedimientos de evaluación de la conformidad prescritos por la legislación aplicable exigen la intervención de los organismos de evaluación de la conformidad notificados por los Estados miembros a la Comisión.

(37) La experiencia indica que los criterios establecidos en la legislación sectorial y que deben cumplir los organismos de evaluación de la conformidad para ser notificados a la Comisión no son suficientes para garantizar un elevado nivel de rendimiento uniforme de los organismos notificados en toda la Comunidad. Sin embargo, es esencial que todos los organismos notificados desempeñen sus funciones al mismo nivel y en condiciones de competencia leal. Es necesario, pues, el establecimiento de requisitos de obligado cumplimiento por parte de los organismos de evaluación de la conformidad que deseen ser notificados para prestar servicios de evaluación de la conformidad.

(38) Para garantizar un nivel de calidad de la evaluación de la conformidad coherente no solo es necesario consolidar los requisitos que deben cumplir los organismos de evaluación de la conformidad que deseen ser notificados, sino, además, establecer paralelamente los requisitos que deben cumplir las autoridades notificantes y otros organismos que participen en la evaluación, la notificación y la supervisión de los organismos notificados.

(39) El sistema establecido en la presente Decisión se complementa con el sistema de acreditación previsto en el Reglamento (CE) nº 765/2008. Puesto que la acreditación es un medio esencial para verificar la competencia de los organismos de evaluación de la conformidad, debe fomentarse su uso también para la notificación.

(40) Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los criterios establecidos en las normas armonizadas, se debe suponer que cumple los requisitos correspondientes establecidos en la legislación sectorial pertinente.

(41) Cuando la legislación comunitaria de armonización contemple la selección de organismos de evaluación de la conformidad para su aplicación, se debe considerar la acreditación transparente, organizada con arreglo al Reglamento (CE) nº 765/2008 para garantizar el nivel de confidencialidad necesario en los certificados de conformidad, como la forma más adecuada de demostrar la competencia técnica de tales organismos por parte de las autoridades públicas nacionales en toda la Comunidad. No obstante, las autoridades nacionales pueden considerar que poseen los medios adecuados para llevar a cabo esta evaluación por sí mismas. En dicho caso, con el fin de velar por el nivel apropiado de credibilidad de la evaluación por parte de otras autoridades nacionales, deben proporcionar a la Comisión y a los demás Estados miembros las pruebas documentales necesarias de que los organismos de evaluación de la conformidad evaluados satisfacen los requisitos normativos pertinentes.

(42) Es frecuente que los organismos de evaluación de la conformidad subcontraten parte de las actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad o que recurran a una filial. Con el fin de salvaguardar el nivel de protección que se exige para introducir un producto en el mercado comunitario, es fundamental que los subcontratistas y las filiales que vayan a realizar tareas de evaluación de la conformidad cumplan los mismos requisitos que los organismos notificados. Por lo tanto, es importante que la evaluación de la competencia y el rendimiento de los organismos que vayan a notificarse y la supervisión de los ya notificados se aplique también a las actividades de los subcontratistas y las filiales.

(43) Es preciso aumentar la eficacia y transparencia del procedimiento de notificación y, en particular, adaptarlo a las nuevas tecnologías para hacer posible la notificación en línea.

(44) Dado que los organismos notificados pueden ofrecer sus servicios en todo el territorio de la Comunidad, es conveniente ofrecer a los demás Estados miembros y a la Comisión la oportunidad de formular objeciones acerca del organismo notificado. A este respecto, es importante prever un período para aclarar cualquier duda o preocupación sobre la competencia de los organismos de evaluación de la conformidad antes de que empiecen a trabajar como organismos notificados.

(45) A efectos de la competitividad, es fundamental que los organismos notificados apliquen los módulos sin imponer cargas innecesarias a los agentes económicos. Por el mismo motivo y para garantizar la igualdad de trato de los agentes económicos, debe garantizarse la coherencia de la aplicación técnica de los módulos. La mejor manera de lograrlo es instaurar una coordinación y una cooperación adecuadas entre organismos notificados.

(46) Para garantizar el funcionamiento adecuado del proceso de certificación deben consolidarse algunos procedimientos, tales como el intercambio de experiencia y de información entre los organismos notificados y entre estos y las autoridades notificantes.

(47) La legislación comunitaria de armonización establece ya un procedimiento de salvaguardia que interviene únicamente en caso de desacuerdo entre los Estados miembros sobre las medidas adoptadas por uno de ellos. Para aumentar la transparencia y reducir el tiempo de tramitación, es necesario mejorar el actual procedimiento de cláusulas de salvaguardia, a fin de aumentar su eficacia y aprovechar los conocimientos que atesoran los Estados miembros.

(48) El sistema actual debe complementarse con un procedimiento que permita a las partes interesadas estar informadas de las medidas previstas por lo que respecta a los productos que plantean un riesgo para la salud y la seguridad de las personas u otros aspectos de protección del interés público. Ello permite también a las autoridades de vigilancia del mercado, en cooperación con los agentes económicos pertinentes, actuar en una fase más temprana respecto a estos productos.

(49) Si los Estados miembros y la Comisión están de acuerdo sobre la justificación de una medida adoptada por un Estado miembro, no debe exigirse otra intervención de la Comisión excepto en los casos en que la no conformidad pueda atribuirse a las insuficiencias de la norma armonizada.

(50) La legislación comunitaria debe tener conocimiento de la situación específica de las pequeñas y medianas empresas respecto de las cargas administrativas. No obstante, en vez de establecer excepciones y derogaciones generales para dichas empresas, lo que puede implicar que ellas o sus productos son de segunda categoría o de calidad inferior, y provoca una situación jurídica compleja para las autoridades de vigilancia de los mercados, la legislación comunitaria debe prever que se tengan en cuenta las características de estas empresas al establecer las normas relativas a la selección y aplicación de los procedimientos de evaluación de la conformidad más adecuados, así como las obligaciones impuestas a los organismos de evaluación de la conformidad para actuar de forma proporcional al tamaño de las empresas y al hecho de si su pequeña producción es en serie o no. La presente Decisión otorga al legislador la flexibilidad necesaria para tener en cuenta dichas características sin crear innecesariamente soluciones específicas e inadecuadas para las pequeñas y medianas empresas y sin comprometer la protección del interés público.

(51) La presente Decisión establece disposiciones relativas a los organismos de evaluación de la conformidad para realizar sus funciones, teniendo en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas y respetando al mismo tiempo el grado de rigor y el nivel de protección requerido para la conformidad de los productos con los instrumentos legislativos que les son aplicables.

(52) En el plazo de un año a partir de la publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión debe presentar un análisis detallado en el ámbito del marcado de seguridad seguido, si procede, de propuestas legislativas.

DECIDEN:

Artículo 1.- Principios generales

1. Los productos introducidos en el mercado comunitario deberán cumplir toda la legislación aplicable.

2. Cuando se introduzcan productos en el mercado comunitario, los agentes económicos serán responsables de la conformidad de sus productos con toda la legislación aplicable, con arreglo a sus funciones respectivas en la cadena de suministro.

3. Los agentes económicos serán responsables jurídicamente de que toda la información que proporcionen en relación con sus productos sea exacta, íntegra y conforme a las normas comunitarias.

Artículo 2.- Ámbito regulado y alcance

La presente Decisión establece el marco común de los principios generales y las disposiciones de referencia para elaborar la legislación comunitaria que armoniza las condiciones de comercialización de los productos, denominada en lo sucesivo “la legislación comunitaria de armonización”.

La legislación comunitaria de armonización recurrirá a los principios generales establecidos en la presente Decisión, y a las disposiciones de referencia pertinentes y de los anexos I, II y III.

No obstante, la legislación comunitaria de armonización podrá apartarse de estos principios generales y disposiciones de referencia cuando resulte apropiado para tener en cuenta las especificidades del sector pertinente, especialmente cuando ya existan ordenamientos específicos y exhaustivos.

Artículo 3.- Nivel de protección de los intereses públicos

1. En materia de protección del interés público, la legislación comunitaria de armonización se limitará a establecer los requisitos esenciales que determinarán el nivel de dicha protección y los expresará en términos de resultados que deben alcanzarse.

Si no es posible o adecuado aplicar requisitos esenciales, teniendo en cuenta el objetivo de asegurar una adecuada protección de los consumidores, de la salud pública y del medio ambiente o de otros asuntos de protección del interés general, podrán establecerse especificaciones detalladas en la legislación comunitaria de armonización pertinente.

2. Cuando la legislación comunitaria de armonización establezca requisitos esenciales, contemplará la aplicación de normas armonizadas, adoptadas de conformidad con la Directiva 98/34/CE, que expresarán los aspectos técnicos de los citados requisitos y que, solas o conjuntamente con otras normas armonizadas, otorgarán presunción de conformidad con tales requisitos manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de fijar el nivel de protección por otros medios.

Artículo 4.- Procedimientos de evaluación de la conformidad

1. Cuando la legislación comunitaria de armonización exija una evaluación de la conformidad de un producto concreto, se elegirán los procedimientos que vayan a utilizarse entre los módulos establecidos y especificados en el anexo II atendiendo a los criterios siguientes:

a) la adecuación del módulo en cuestión para el tipo de producto;

b) la naturaleza de los riesgos que plantea el producto y la medida en que una evaluación de la conformidad se corresponde con el tipo y el grado de riesgo;

c) si la intervención de un tercero es obligatoria, la necesidad del fabricante de elegir entre el aseguramiento de la calidad y los módulos de certificación del producto establecidos en el anexo II;

d) la necesidad de evitar la imposición de módulos que resultarían excesivamente onerosos respecto a los riesgos contemplados por la legislación pertinente.

2. Si un producto está sujeto a varios actos comunitarios en el ámbito de aplicación de la presente Decisión, el legislador deberá garantizar la coherencia entre los procedimientos de evaluación de la conformidad.

3. Los módulos mencionados en el apartado 1 se aplicarán, según proceda, respecto al producto en cuestión y siguiendo las instrucciones establecidas en ellos.

4. Para productos hechos a medida del cliente y pequeñas series de producción, se aligerarán las condiciones técnicas y administrativas relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad.

5. Cuando se apliquen los módulos mencionados en el apartado 1, y siempre que sea aplicable y pertinente, el instrumento legislativo podrá:

a) en lo que se refiere a documentación técnica, requerir información adicional a la que ya está estipulada en los módulos;

b) modificar el período estipulado en los módulos respecto del plazo en el que el fabricante y/o el organismo notificado están obligados a mantener cualquier tipo de documentación;

c) especificar la elección del fabricante, si los ensayos se efectúan bien por un organismo interno acreditado o bajo la responsabilidad de un organismo notificado elegido por el fabricante;

d) especificar la elección del fabricante, cuando se realiza la verificación del producto, respecto de si los exámenes y ensayos para verificar la conformidad de los productos con los requisitos pertinentes se efectuará mediante examen y ensayo de cada producto o bien mediante examen y ensayo de los productos sobre una base estadística;

e) prever que el certificado de examen CE de tipo tenga un período de validez;

f) especificar que la información pertinente para la evaluación de conformidad y control en servicio se incluya en el certificado o sus anexos en lo referente al certificado de examen CE de tipo;

g) prever diversas disposiciones respecto de las obligaciones del organismo notificado de informar a las autoridades notificantes;

h) si el organismo notificado realiza auditorías periódicas, especificar su frecuencia.

6. Cuando se apliquen los módulos mencionados en el apartado 1, y siempre que sea aplicable y pertinente, el instrumento legislativo determinará:

a) cuando se efectúen controles o verificaciones de productos, los productos afectados, los ensayos adecuados, los sistemas apropiados de muestreo, las características operativas del método estadístico que se aplicará, así como las medidas correspondientes que deberán tomar el organismo notificado y/o el fabricante;

b) cuando se efectúe un examen CE de tipo, la forma adecuada (tipo de diseño, tipo de producción, tipo de diseño y producción) y las muestras requeridas.

7. Existirá un procedimiento de recurso frente a las decisiones del organismo notificado.

Artículo 5.- Declaración CE de conformidad

Cuando la legislación comunitaria de armonización requiera una declaración del fabricante de que se ha demostrado que el producto cumple los requisitos aplicables, denominada en lo sucesivo “declaración CE de conformidad”, la legislación dispondrá que se elabore una declaración única respecto de todos los actos comunitarios aplicables al producto que contenga toda la información pertinente para determinar con qué legislación comunitaria de armonización está relacionada y proporcione las referencias de su publicación.

Artículo 6.- Evaluación de la conformidad

1. Cuando la legislación comunitaria de armonización exija una evaluación de la conformidad, podrá disponer que la efectúen los poderes públicos, los fabricantes o los organismos notificados.

Cuando la legislación comunitaria de armonización establezca que sean los poderes públicos quienes lleven a cabo la evaluación de la conformidad, dicha legislación dispondrá que los organismos de evaluación de la conformidad en los que los citados poderes públicos deleguen las evaluaciones técnicas deben cumplir los mismos requisitos que los establecidos en la presente Decisión para los organismos notificados.

Artículo 7.- Disposiciones de referencia

Las disposiciones de referencia de la legislación comunitaria de armonización de productos se encuentran en el anexo I.

Artículo 8.- Derogación

Queda derogada la Decisión 93/465/CEE.

Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas a la presente Decisión.

Hecho en Estrasburgo, el 9 de julio de 2008.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo

El Presidente

J.-P. JOUYET

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(1) DO C 120 de 16.5.2008, p. 1.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 21 de febrero de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial), y Decisión del Consejo de 23 de junio de 2008.

(3) DO C 282 de 25.11.2003, p. 3.

(4) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/96/CE del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 81).

(5) DO L 220 de 30.8.1993, p. 23.

(6) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29. Directiva modificada por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 141 de 4.6.1999, p. 20).

(7) Véase la página 30 de este Diario Oficial.

HACIA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La historia nos acostumbró a observar ciclos evolutivos con un ritmo de instalación, crecimiento y asentamiento que permitía la adaptación, en mayor o menor medida, a los cambios. Una de las características que observamos a partir del surgimiento de la denominada “era digital” es una velocidad en los cambios tecnológicos que dificulta la adaptación a los mismos, sobretodo para los adultos.

Cuando pensamos en todos los fenómenos tecnológicos de los últimos años relacionados con el surgimiento de internet, vemos una clara diferencia en la forma que adultos y no adultos (entendiendo como tales a niñas, niños y adolescentes) procesamos esos cambios. Así surgieron términos como “nativos digitales” e “inmigrantes digitales” para tratar de distinguir a aquellos que han nacido en un contexto tecnológico-comunicacional básicamente regido por las redes digitales, y aquellos que han tenido que adaptarse y metabolizar esta explosión tecnológica.

Si bien el debate sigue abierto, hay un concepto que los que trabajamos la temática manejamos con certeza: después de internet ya nadie descansó en el mundo de la protección de los datos personales.

La historia de la expansión de internet y sus servicios (páginas web de lectura, blogs, buscadores, salas de chat, juegos en línea, correo electrónico, redes sociales, sistemas de transmisión de archivos de todo tipo, conexiones punto a punto, etc.) es la historia de un constante y exponencial crecimiento. En ese contexto de permanente cambio, se produce una proliferación de datos personales de la mano de la multiplicación de las fuentes que los exponen. Este proceso de cambio hace convivir datos públicos con privados y genera otros que sin la existencia de la web no hubiesen cobrado publicidad.

Los adultos fuimos asistiendo a este crecimiento y aprendiendo a entenderlo en etapas. Los niños, niñas y adolescentes, en cambio, nacieron con ellos y no necesitaron asimilar las novedades tecnológicas, generando una naturalización respecto a su evolución.

Podríamos pensar entonces en dos características de esta era tecnológica: la irreversibilidad de su avance y la velocidad de los cambios.

LOS DATOS PERSONALES DE LOS NIÑOS

Un ser humano genera datos personales desde el mismo momento de su concepción, la cual debe ser confirmada por un test de sub unidad beta (HCG), tal vez el primer dato sensible en la vida de una persona. A eso le siguen las ecografías prenatales, los estudios y análisis genéticos y toda la batería de herramientas con la que cuenta la medicina actual para el cuidado prenatal de un bebé.

En el momento del nacimiento se sigue un determinado protocolo. El objetivo es claro: determinar la identidad del recién nacido y que no se produzcan confusiones sobre la misma. Esto se observa desde la colocación de un brazalete en el niño y la madre desde el mismo momento del nacimiento, hasta la obtención de las huellas plantales, la identificación del grupo sanguíneo, talla, peso, circunferencia craneana, la incorporación de un código de barras en las pulseras, la conservación del cordón umbilical, test de Apgar, etc. El establecimiento de la identidad de un recién nacido es un derecho reconocido, y se hace en base a la recolección de una serie de datos personales y sensibles.

De ahí en más, y hasta que sea declarado por la legislación de cada país como ciudadano mayor de edad, quienes ejerzan la representación del niño serán sus padres (o sus representantes legales. dependiendo de cada caso), y además, el Estado, a través de diversos organismos destinados, en cada ordenamiento jurídico deberá velar por su integridad .

Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos a la identidad, a la privacidad y a la intimidad del niño, o sea, cuando nos referimos al cuidado de sus datos personales, parecería que sólamente nos estamos dirigiendo a los padres, tutores, encargados, representantes legales, docentes y a los funcionarios públicos vinculados con esta competencia. Sin embargo, y tal vez la óptica nueva que pretendemos difundir desde este Observatorio, es que los principales involucrados a la hora de defender sus datos personales deben, necesariamente, ser los propios niños y adolescentes. Y eso no quita responsabilidad a quienes legalmente deben ejercer dicho cuidado.

Más que nunca, el desafío es acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de una personalidad completa, lo que incluye la consciencia de la importancia de su intimidad. Es obvio que esta responsabilidad es ineludiblemente de los padres, pero también lo es del Estado, principalmente del sistema educativo. No todo se reduce a fórmulas jurídicas que busquen resarcir daños ya creados. Justamente el objetivo debe ser que esos daños nunca ocurran y los que se encuentran en la mejor situación de lograrlo son los mismos jóvenes. Para ello debemos darles las herramientas necesarias para que puedan seguir creciendo, acertando y equivocándose con sus decisiones, pero que esos errores no sean irreversibles, que sean sólo otra forma de aprender.

Esto se encuentra en consonancia con el derecho a ser escuchado consagrado en el art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, que implica dar su opinión libremente y tenerla en cuenta en función de su edad y madurez.

De este permanente debate y sobre todo de la experiencia de escuchar a los niños, es que pudimos asumir que ellos ya no son, y creemos que no volverán a ser, aquellos que se tuvo en mira al dictar las legislaciones civiles que todavía siguen vigentes. Los niños deben ser protegidos en forma rotunda por cada uno de los responsables en dicha tarea, pero también han demostrado una evolución en su pensamiento y participación que requiere que tomemos conciencia de que es imprescindible transmitirles la necesidad de que se involucren en el cuidado de su propia privacidad e incluso en la de sus pares.

EL ACCESO A INTERNET COMO UN DERECHO

Que el acceso a internet es un derecho humano universal y reconocido internacionalmente no es una novedad, como tampoco que internet es una herramienta de comunicación que es considerada imprescindible para materializar la libertad de expresión y la circulación de la información. Tampoco es un concepto nuevo, pero sí se ha  replanteado en el ámbito internacional, en especial durante los últimos meses, que esa libertad de expresión y esa posibilidad de comunicarse que nos permite internet debe ser defendida y protegida.

A su vez, el reconocimiento que se ha hecho del derecho que tienen los niños de acceder a la información implica que, como contrapartida, debamos realizar un esfuerzo particularizado para que ese acceso sea valorado en un doble sentido: como un beneficio, con todas las posibilidades positivas que abre, y como un riesgo, por todas las implicancias negativas que presenta. Este esfuerzo debe, en definitiva, orientarse a una educación en habilidades.

UNA NUEVA FORMA DE VER EL MUNDO

Para poder educar niños en habilidades que le permitan discernir entre beneficios y riesgos, es indispensable entender que la forma de ver el mundo de los niños de hoy no es necesariamente similar a la de los adultos. La brecha generacional, sumada a la brecha digital, plantean diferentes formas de percibir el contexto y de apropiarse de las herramientas tecnológicas.

Los términos “nativo” e “inmigrante” digital sirven para entender las diferencias que surgen entre aquellos que deben aprender sobre las TIC y los que, al haber nacido y crecido con ellas, las utilizan como algo natural que no requiere aprendizaje.

Los nativos digitales no usan sino que atraviesan la tecnología. No hay un planteamiento sobre cómo funciona un dispositivo, o cómo funciona una herramienta. Hay un uso intuitivo y el dispositivo es un tema secundario, es una herramienta que les sirve para acceder a la conexión. Como concepto unificador de los distintos dispositivos surge la “pantalla”. Los niños hoy se conectan a través de pantallas, preferentemente táctiles.

No se trata de haber nacido a partir de un año determinado; se trata de haber nacido en un contexto donde el uso de la tecnología ya se encontraba incorporado y donde no se tiene registro de una vivencia sin el tipo de tecnología del cual estamos hablando.

¿Cuál es la utilidad de esta clasificación tan de moda? Que pueden establecerse a partir de esta distinción situaciones de investigación, estudio y análisis, pero siempre teniendo en cuenta que la variable “fecha de nacimiento” no es la definitoria. Sin embargo, a los fines prácticos no vemos una utilidad práctica en la utilización de una clasificación que divide entre nativos digitales o no, ya que profundiza una brecha a la hora de encarar la concientización.

Cuando tenemos que abordar la tarea de concientizar a los niños y adolescentes, debemos pensar que no le hablamos a una masa compuesta exclusivamente por nativos digitales. Nuestro discurso debe tener en cuenta distintas realidades y distintos aspectos de un mismo fenómeno, y no profundizar las diferencias.

EL ROL DE LOS PADRES

Los padres de niñas, niños y adolescentes que hoy acceden a las tecnologías tienen diversa formación respecto a este fenómeno. Algunos pueden comprender el alcance de la temática, pero seguramente sea un grupo minoritario.

Hemos visto que a lo largo de los últimos años se ha enfocado en la necesidad de que los padres se involucren con lo tecnológico, como también se han sostenido los beneficios de que utilicen las mismas redes sociales que sus hijos.

Sin negar que es sumamente positivo que los padres aprendan a manejar las herramientas tecnológicas, aprovechar sus ventajas y conocer sus riesgos, el rol del padre debe enfocarse en lo preventivo y lo educativo. Primero, debe existir una comprensión del fenómeno, más allá de la cuestión tecnológica. Esto quiere decir comprender que hoy existe una banalización de la privacidad, una sobreexposición de la imagen y una falta de límites entre lo que es íntimo, lo que es privado y lo que es público. Frente a esto, el uso en sí mismo no es lo más urgente para que un padre aborde, como sí lo es que los tome conciencia de esta nueva fenomenología.

El rol del padre se presenta dentro de lo que es su misión fundamental: construir la socialización de su hijo, poner un límite claro y tener una presencia acorde a la edad y al nivel madurativo.

Por eso el desafío para los adultos debe ser participar en el proceso de socialización y crecimiento de los niños en su interacción con las TIC, más allá de que no cuenten con los conocimientos técnicos que ellos poseen. La importancia del rol del adulto pasa por brindar una mirada crítica y reflexiva de todo este proceso, y brindar los consejos y/o el asesoramiento correcto ante determinadas cuestiones que derivan del uso de la tecnología.

Para poder también incluir su rol educativo y formador (absolutamente distinto al rol educador de un docente) debe haber una comprensión sobre las conductas típicas de los niños, niñas y adolescentes presentes en el uso de las tecnologías. Hay que hacer una evaluación de la situación desde el marco de valores de cada familia, ya que la valoración  (“esto es bueno”, “esto es malo”) es absolutamente privativa del ámbito familiar, y es en función de eso que se podrá determinar qué conductas son las esperadas en el uso de lo tecnológico dentro de esa familia. El análisis debe estar seguido también de un razonamiento. Hoy los niños, niñas y adolescentes manejan un cúmulo de información que les permite el debate, por lo tanto, más allá del límite concreto que puede y debe establecer cada padre, debe brindarse también una explicación clara de las razones.

Para poder brindar esas razones, debe tenerse un conocimiento de las consecuencias de los actos de nuestros hijos en el uso de la tecnología. Por ejemplo, un padre debe saber que una imagen subida hoy con un contenido inadecuado, no podrá ser recuperada, pero además producirá un perjuicio a largo plazo. Los niños y adolescentes se caracterizan por no representarse las consecuencias de sus actos presentes en un futuro que les parece muy lejano, cuando en realidad se trata de futuros que pueden ser tanto cercanos como lejanos (por ejemplo, las consecuencias de una imagen subida a una red social en el ámbito escolar).

EL ROL DEL ESTADO

Uno de los cambios más relevantes que conlleva internet es que obliga a replantear la territorialidad en general y del Estado en particular.

Las leyes, normas y reglas que regían antes de internet podían enmarcarse en un país, comunidad o cualquier otro tipo de territorio delimitado. La web puso en jaque ese tipo de límite y obliga a repensar la forma en que un Estado puede ejercer sus obligaciones en el marco de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, dentro del desafío de ubicar al Estado en el contexto de las TIC, encontramos algunos roles que con seguridad debe representar y que son propios de nuestra área: debe comunicar, informar y concientizar sobre aspectos tanto generales como particulares acerca de la temática de la protección de los datos personales en internet.

El espacio de la prevención en el área que abordamos no requiere de un territorio definido y es por eso que el Estado puede y debe estar presente. Los riesgos que existen en el mundo digital respecto de los datos personales, la intimidad y la privacidad, tienen que ser informados por programas estatales que focalicen sus acciones en llevarle a la población información seria sobre el tema.

La información que debe proveer el Estado, es necesario que cuente el detalle tanto de los riesgos que puede la población encontrarse como las formas de prevenirlos y gestionarlos en caso que ocurran. Debe asimismo informar sobre otros organismos estatales o de la sociedad civil que trabajen las temáticas y a los que se pueda recurrir para asesoramiento.

Es también responsabilidad estatal fomentar la idea de que cada persona es dueña de sus datos personales y por lo tanto, responsable por cuidarlos y elegir quién y cómo los tiene. Apoderarse de la información que habla de nosotros debe ser el núcleo de un cambio de conducta que se vuelve indispensable en un contexto donde internet atraviesa nuestras rutinas casi en su totalidad. Este cambio de conducta debe ser liderado por el Estado que como protector de los derechos de los ciudadanos, y sin buscar fines de lucro, debe cuidarlos y brindarles información para manejarse en un mundo liderado por grandes empresas con grandes intereses.

En lo que respecta a los ámbitos legales y jurídicos, resulta indispensable que los Estados de una misma región trabajen en conjunto para acompañar la dinámica de Internet, que no respeta fronteras. Cerrar puertas y legislar para un país sería anacrónico y, por lo tanto, de escasa utilidad.

Cuando los Estados piensen acciones legales en conjunto, va a ser necesario que ubiquen a internet como lo que es: una herramienta que potencia o expone distintas temáticas existentes fuera de ella. Es por eso que va a ser clave no legislarla como un espacio separado, sino entender tanto su dinámica como las acciones que en su marco ocurren. 

Décret nº 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 14-1 et 15 ;

Vu la loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1. Les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en oeuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.

Article 2. Sous réserve des dispositions prévues au 5° de l'article 3, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 1er.

Article 3. Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

3° L'établissement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

4° La communication aux tiers, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, des informations nominatives mentionnées à l'article 6, lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère ;

5° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :

a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;

c) La durée moyenne des pactes ;

d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;

e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.

Article 4. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris et les agents diplomatiques et consulaires sont les suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

2° Sexe des deux personnes liées par le pacte ;

3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;

4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;

6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;

7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte.

Le greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistre également la date d'effet de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Article 5. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

Article 6. Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère, tout requérant peut obtenir auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris communication des informations suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance, sexe du partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger pour lequel la demande est formée ;

2° Nom et prénoms, date et lieu de naissance de l'autre partenaire ;

3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité ;

4° Date de l'inscription de la déclaration de pacte civil de solidarité sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du greffe du tribunal d'instance ;

6° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

7° Date d'effet de la dissolution du pacte entre les partenaires ;

8° Date d'effet de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Article 7. Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite, à l'exception de la mise en oeuvre des transmissions à l'officier de l'état civil des données nécessaires aux mentions en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire du pacte civil de solidarité prévues par l'article 515-3-1 du code civil.

Article 8. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef de greffe du tribunal d'instance ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité, ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, soit auprès de l'agent diplomatique ou consulaire français ayant enregistré celle-ci, soit auprès du service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre.

Le partenaire né à l'étranger de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Article 9. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent décret.

Article 10. Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

Article 11. Les dispositions du décret nº 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français et du décret nº 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l'article 12.

Article 12. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et sont applicables aux pactes civils de solidarité en cours à cette date.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 2008 :

1° Les dispositions de l'article 5 du décret nº 99-1090 et de l'article 2 du décret nº 99-1091 du 21 décembre 1999 demeurent applicables aux pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier 2007 ;

2° Le traitement automatisé a également pour finalité d'assurer l'établissement, par le greffe du tribunal d'instance compétent, du certificat attestant qu'aucun d'eux n'est déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

3° Le traitement automatisé a également pour finalité d'assurer l'établissement, par le greffe du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, de l'attestation d'inscription de cette déclaration lorsque celle-ci a été effectuée avant le 1er janvier 2007 et ne fait pas encore l'objet d'une mention sur l'acte de naissance des partenaires.

Article 13

I. – Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte, les mots : ” tribunal d'instance “ sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance “.

II. – Les dispositions figurant aux 1° et 2° de l'article 12 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : ” tribunal d'instance “ sont remplacés par les mots : ” tribunal de première instance “.

Article 14. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95, Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El resultado de la consulta pública sobre la revisión de 1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, según se refleja en la Comunicación de la Comisión de 26 de abril de 2000, y las constataciones
de la Comisión recogidas en sus comunicaciones referentes a los informes quinto y sexto sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones han confirmado la necesidad de que la regulación del acceso al mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas esté más armonizada y resulte menos gravosa en toda la Comunidad.

(2) La convergencia entre diferentes redes y servicios de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el establecimiento de un régimen de autorización en el que todos los servicios comparables reciban un trato similar, con independencia de las tecnologías utilizadas.

(3) El objeto de la presente Directiva es crear un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sujeto únicamente a las condiciones establecidas en la presente
Directiva y a toda limitación con arreglo al apartado 1 del artículo 46 del Tratado, en particular medidas en materia de orden público y seguridad y salud públicas.

(4) La presente Directiva contempla la autorización de todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, se suministren o no al público. Esto es importante para garantizar que las dos categorías de suministradores puedan beneficiarse de derechos, condiciones y procedimientos objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

(5) La presente Directiva se aplica únicamente a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias, cuando dicho uso implique el suministro de una red o servicio de comunicaciones electrónicas, normalmente a cambio de una remuneración. El uso personal de equipos terminales de radio, basado en el uso no exclusivo de radiofrecuencias específicas por parte de un usuario y no relacionado con una actividad económica, como por ejemplo el uso de una banda ciudadana por radioaficionados, no constituye suministro de una red o servicio de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, no está incluido en la presente Directiva. Dicho uso se regula en la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (4).

(6) Las disposiciones relativas a la libre circulación de sistemas de acceso condicional y la libre prestación de servicios protegidos basados en dichos sistemas se establecen en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (5). Por tanto, no es preciso que la presente Directiva incluya la autorización de dichos sistemas y servicios.

(7) Debe aplicarse el sistema de autorización menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y de redes y servicios de comunicaciones paneuropeos y hacer posible que proveedores de servicios y consumidores se beneficien de las economías de escala del mercado único.

(8) La mejor manera de alcanzar estos objetivos es la autorización general de todas las redes y todos los servicios de comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la mera notificación. Cuando los Estados miembros exijan a los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas una notificación en el momento en que inicien sus actividades, también podrán exigir prueba de que dicha notificación se ha efectuado mediante un acuse de recibo de la misma, por correo o por vía electrónica, que esté legalmente reconocido. Dicho acuse de recibo nunca debe consistir en un acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación a quien deba presentarse la notificación, ni requerirlo.

(9) Es necesario incluir expresamente en dichas autorizaciones los derechos y obligaciones que incumben a las empresas en virtud de las autorizaciones generales, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Comunidad y facilitar la negociación transfronteriza de la interconexión entre redes públicas de comunicaciones.

(10) La autorización general da derecho a las empresas que suministren al público redes y servicios de comunicaciones electrónicas a negociar la interconexión con arreglo a las condiciones de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (6). Las empresas que suministren redes y servicios de comunicaciones electrónicas a destinatarios distintos del público podrán negociar la interconexión en términos comerciales.

(11) Puede seguir siendo necesario el otorgamiento de derechos específicos para el uso de radiofrecuencias y números, incluidos códigos abreviados, del plan nacional de numeración. Los derechos a los números pueden también atribuirse a partir de un plan europeo de numeración, incluyendo por ejemplo el indicativo de país virtual “3883” que se ha atribuido a los países miembros de la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Estos derechos de uso no deben restringirse, salvo cuando resulte inevitable ante la escasez de radiofrecuencias y la necesidad de garantizar el uso eficiente de las mismas.

(12) La presente Directiva no afecta al hecho de que las radiofrecuencias se asignen directamente a suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o a entidades que utilicen dichas redes o servicios.
Dichas entidades podrán ser suministradores de contenidos de radiodifusión o televisión. Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para otorgar derechos de uso de
radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos, para perseguir los objetivos de interés general de conformidad con la legislación comunitaria, el procedimiento para otorgar radiofrecuencias debe ser, en cualquier caso, objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cualquier restricción nacional a los derechos garantizados por el artículo 49 del Tratado debería estar objetivamente justificada, ser proporcionada y no exceder lo necesario para alcanzar los objetivos de interés general definidos por os Estados miembros con arreglo al Derecho comunitario. La responsabilidad de cumplir las condiciones anejas al derecho de uso de una radiofrecuencia y las correspondientes condiciones asociadas a la autorización general deben recaer, en cualquier caso, en la empresa a la que se haya otorgado el derecho de uso de la radiofrecuencia.

(13) Como parte del procedimiento de solicitud de otorgamiento de derechos de uso de una radiofrecuencia, los Estados miembros podrán verificar si el solicitante será capaz de cumplir las condiciones asociadas a dichos derechos. Con este fin, podrá pedirse al solicitante que presente la información necesaria para demostrar su capacidad de cumplir dichas condiciones. Cuando no se facilite dicha información, la solicitud de derecho de uso de una radiofrecuencia podrá ser rechazada.

(14) No se impone a los Estados miembros ni la obligación ni la prohibición de otorgar derechos de uso de números del plan nacional de numeración o derechos de instalar recursos a empresas distintas de los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

(15) Las condiciones, que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso específicos, deben limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones que establecen la legislación comunitaria y la legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria.

(16) En el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que no se suministren al público, resulta conveniente imponer condiciones menos numerosas y estrictas de las que están justificadas en el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas suministradas al público.

(17) Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de conformidad con la legislación comunitaria, a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en razón de su peso significativo en el mercado según se define en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (7) deben imponerse separadamente de los derechos y obligaciones generales que deriven de la autorización general.

(18) La autorización general debe contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No debe estar sujeta a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica de dicho sector. No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación pueden informar a los operadores de redes y a los suministradores de servicios de otras normativas relacionadas con su ámbito de actividad, por ejemplo, mediante una referencia a las mismas en su sitio de Internet.

(19) El requisito de publicar las decisiones sobre el otorgamiento de derechos de uso de frecuencias o números podrá satisfacerse haciendo accesibles al público dichas decisiones en un sitio de Internet.

(20) Una misma empresa, por ejemplo un operador de cable, puede ofrecer un servicio de comunicaciones electrónicas, como el transporte de señales televisivas, y servicios no contemplados en la presente Directiva, como la comercialización de una oferta de sonido o servicios de contenidos de emisión televisiva, por lo que se podrán imponer a dicha empresa obligaciones adicionales en relación con su actividad como proveedor o distribuidor de contenidos, con arreglo a disposiciones distintas a las de la presente Directiva, sin perjuicio de la lista de condiciones establecida en el anexo de la presente Directiva.

(21) Al otorgar derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de instalar recursos, las autoridades pertinentes podrán informar a las empresas a las que otorguen dichos derechos de las condiciones correspondientes de la autorización general.

(22) Cuando la demanda de radiofrecuencias en un intervalo determinado supere las disponibles, deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la asignación de tales frecuencias, a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso de estos recursos escasos.

(23) Las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar, al establecer los criterios para los procedimientos de selección competitiva o comparativa, que se cumplen los objetivos del artículo 8 de la Directiva
2002/21/CE (Directiva marco). Por consiguiente, no sería contrario a esta Directiva que la aplicación de criterios de selección objetivos, no discriminatorios y proporcionados para fomentar el desarrollo de la competencia tuviera el efecto de excluir a determinadas empresas de un procedimiento de selección competitiva o comparativa para una radiofrecuencia específica.

(24) Cuando la asignación armonizada de radiofrecuencias a empresas particulares se haya acordado a nivel europeo, los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales acuerdos a la hora de otorgar derechos de uso de radiofrecuencias con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.

(25) Los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueden necesitar una confirmación de sus derechos con arreglo a la autorización general en materia de interconexión y derechos de paso, en particular para facilitar las negociaciones con otros niveles, regionales o locales, de la administración o con los proveedores de servicios de otros Estados miembros. A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación deben facilitar estas declaraciones a las empresas, bien previa solicitud o bien como respuesta automática a una notificación al amparo de la autorización general. Dichas declaraciones no deben constituir por sí mismas un título para ejercer derechos, ni tampoco deben depender de ellas derecho alguno en virtud de la autorización general, ni derechos de uso ni el ejercicio de los mismos.

(26) En caso de que una empresa considere que su solicitud de derechos de instalación de recursos no ha sido tramitada con arreglo a los principios expuestos en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), o cuando la adopción de dicha decisión se retrase indebidamente, debe tener el derecho de recurrir la decisión o el retraso en la adopción de la decisión de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

(27) Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de la autorización general deben guardar proporción con la infracción. Salvo en circunstancias excepcionales, no sería proporcionado suspender o retirar el derecho a prestar servicios de comunicaciones electrónicas o el derecho a utilizar radiofrecuencias o números a una empresa en caso de que no cumpla una o más de las condiciones de la autorización general. Esto debe entenderse sin perjuicio de las medidas urgentes que las autoridades pertinentes de los Estados miembros puedan verse obligadas a adoptar en caso de amenaza grave para la seguridad o la salud públicas o para los intereses económicos y operativos de otras empresas. La presente Directiva debe entenderse asimismo sin perjuicio de cualquier demanda entre empresas de indemnización por daños y perjuicios al amparo de la legislación nacional.

(28) Someter a los proveedores de servicios a obligaciones de información y de presentación de informes puede resultar engorroso tanto para las empresas como para la autoridad nacional de reglamentación afectada. Por tanto, tales obligaciones deben ser proporcionadas, tener una justificación objetiva y limitarse a lo estrictamente necesario. No es necesario exigir de manera sistemática y regular una prueba del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la autorización general o a los derechos de uso. Las empresas tienen derecho a conocer para qué fines se utilizará la información que deben facilitar. La aportación de información no debe ser una condición para el acceso al mercado. Por motivos estadísticos, puede requerirse una notificación de los suministradores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas cuando cesen sus actividades.
La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros de facilitar la información necesaria para la defensa de los intereses comunitarios en el contexto de los acuerdos internacionales. Tampoco debe afectar a las obligaciones de presentación de informes establecidas en virtud de una legislación que no sea específica del sector de las comunicaciones electrónicas, como la relativa al Derecho de la competencia.

(30) Pueden imponerse tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación relativas a la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los gastos administrativos y las tasas guardan un equilibrio entre sí.

(31) Los sistemas que regulen las tasas administrativas no deben distorsionar la competencia ni crear barreras a la entrada en el mercado. Con un sistema de autorización general, ya no será posible asignar los costes administrativos, y por ende las tasas, a las empresas, excepto en lo que se refiere a la autorización de derechos de uso de números, frecuencias de radio y derechos de instalar recursos. Las tasas administrativas aplicables deben ajustarse a los principios de un sistema de autorización general. Un ejemplo justo, sencillo y transparente de criterio de asignación de tasas podría ser una clave de distribución en función del volumen de negocios. Cuando las tasas administrativas sean muy bajas, también podrían resultar apropiadas unas tasas uniformes o bien unas tasas que combinen una base uniforme con un componente en función del volumen de negocios.

(32) Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. La presente Directiva no afecta a los fines a los que se destinan los cánones de derecho de uso. Dichos cánones podrán utilizarse, por ejemplo, para financiar actividades de las autoridades nacionales de reglamentación que no puedan cubrirse mediante tasas administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, los cánones por el ejercicio de derechos de uso de radiofrecuencias consistan entera o parcialmente en un importe a tanto alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en la práctica dichos cánones no conducen a una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las radiofrecuencias. La Comisión Europea podrá publicar periódicamente estudios comparativos relativos a las mejores prácticas de asignación de radiofrecuencias, de asignación de números o de concesión de derechos de paso.

(33) A los Estados miembros puede serles necesario modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones relacionados con las autorizaciones generales y derechos de uso cuando esté objetivamente justificado.
Tales modificaciones deben notificarse debida y oportunamente a todas las partes interesadas, dándoles adecuada oportunidad de expresar su opinión sobre las mismas.

(34) El objetivo de transparencia exige que los proveedores de servicios, los consumidores y otras partes interesadas puedan acceder fácilmente a toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias y números, derechos de instalación de recursos, planes nacionales de uso de frecuencias y planes nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen la importante misión de facilitar dicha información y mantenerla actualizada. Cuando esos derechos sean gestionados por otros niveles de la administración, las autoridades nacionales de reglamentación deben tratar de crear una herramienta de fácil utilización para acceder a la información referente a tales derechos.

(35) La Comisión debe supervisar el adecuado funcionamiento del mercado único sobre la base de los regímenes nacionales de autorización con arreglo a la presente Directiva.

(36) Con el fin de lograr una fecha de aplicación única para todos los elementos del nuevo marco regulador aplicable al sector de las comunicaciones electrónicas, es importante que el proceso de incorporación de la Directiva a los Derechos nacionales y la adaptación de las licencias existentes a las nuevas normas tengan lugar simultáneamente. No obstante, en casos específicos en los que la sustitución de las autorizaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva por la autorización general y los derechos de uso individuales de conformidad con la presente Directiva supongan un incremento de las obligaciones de los proveedores de servicios que operan al amparo de una autorización existente o una reducción de sus derechos, los Estados miembros podrán disponer de un plazo adicional de nueve meses a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva para adaptar dichas licencias, a menos que ello tenga consecuencia negativas para los derechos y obligaciones de otras empresas.

(37) Puede ocurrir que la supresión de una condición de autorización relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas plantee graves dificultades a una o varias de las empresas que se hayan beneficiado de dicha condición. En estos casos, la Comisión podrá permitir la aplicación de otras medidas transitorias, a petición de un Estado miembro.

(38) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación y objetivo

1. La presente Directiva tiene como finalidad la realización de un mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas mediante la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización para facilitar su suministro en toda la Comunidad.

2. La presente Directiva se aplicará a las autorizaciones de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2º.- Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

2. Serán asimismo de aplicación las siguientes definiciones:

a) autorización general: toda disposición de los Estados miembros que otorgue derechos para el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que establezca obligaciones específicas al sector que podrán aplicarse a todos o a determinados tipos de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con la presente Directiva;

b) interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación comunitaria o nacional aplicable.

Artículo 3º.-Autorizaciones generales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1. Los Estados miembros garantizarán la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sin perjuicio de las condiciones establecidas en la presente Directiva. A tal fin, los Estados miembros no impedirán a una empresa el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas salvo cuando resulte necesario por los motivos contemplados en el apartado 1 del artículo 46 del Tratado.

2. El suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sólo podrá someterse a una autorización general, sin perjuicio de las obligaciones específicas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 6 o de los derechos de uso a que se hace mención en el artículo 5. Se podrá exigir a la empresa afectada que presente una notificación, pero no exigir la obtención una decisión explícita u otro acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Tras la notificación, si ha lugar, la empresa podrá iniciar su actividad, en su caso con sujeción a las disposiciones sobre derechos de uso contenidas en los artículos 5, 6 y 7.

3. El trámite de notificación a que se refiere el apartado 2 consistirá solamente en la declaración por parte de una persona física o jurídica a la autoridad nacional de reglamentación de su intención de iniciar el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y la entrega de la información mínima necesaria para que la autoridad nacional de reglamentación pueda mantener un registro o una lista de suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información deberá limitarse a lo necesario para la identificación del proveedor, como los números de registro de la empresa, y de sus personas de contacto, el domicilio del proveedor y una breve descripción de la red o servicio que suministrará, así como la fecha prevista para el inicio de la actividad.

Artículo 4º.- Lista mínima de derechos derivados de la autorización general

1. Las empresas autorizadas en virtud del artículo 3 estarán habilitadas para:

a) suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

b) que se les considere su solicitud de derechos necesarios para instalar recursos de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

2. Cuando dichas empresas suministren al público redes o servicios de comunicaciones electrónicas, la autorización general le dará asimismo el derecho a:

a) negociar la interconexión y en su caso obtener el acceso o la interconexión a partir de otros proveedores de redes y servicios de comunicaciones disponibles al público habilitados por una autorización general en cualquier lugar de la Comunidad, de conformidad con la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y con arreglo a las condiciones establecidas en ésta;

b) tener oportunidad de ser designadas para suministrar diferentes elementos de servicio universal y/o cubrir diferentes partes del territorio nacional, de conformidad con la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (8).

Artículo 5º.- Derechos de uso de radiofrecuencias y números

1. Cuando resulte posible, en particular cuando el riesgo de interferencia perjudicial sea insignificante, los Estados miembros no someterán el uso de las radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirán las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general.

2. Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán tales derechos a cualquier empresa que preste o use redes o servicios al amparo de la autorización general y así lo solicite, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de la presente Directiva, y a las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para conceder derechos de uso de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos, para perseguir los objetivos de interés general de conformidad con la legislación comunitaria, tales derechos de uso se otorgarán mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios. Cuando otorguen
derechos de uso, los Estados miembros especificarán si se pueden ceder estos derechos a iniciativa del titular del derecho, y en qué condiciones, en el caso de las radiofrecuencias, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate.

3. Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas lo antes posible tras la recepción de la solicitud completa por la autoridad nacional de reglamentación, en el plazo de tres semanas en el caso de los números que se hayan otorgado por motivos específicos en el marco del plan nacional de numeración y en el plazo de seis semanas en el caso de radiofrecuencias que se hayan otorgado por motivos específicos en el marco del plan nacional de frecuencias. Este último plazo no afectará a cualquier acuerdo internacional que sea de aplicación relativo al uso de radiofrecuencias o posiciones orbitales.

4. Cuando, tras consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), se haya decidido que los derechos de uso de números de excepcional valor económico deban concederse mediante procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán ampliar hasta en tres semanas el plazo máximo de tres semanas.
El artículo 7 será de aplicación a los procedimientos de selección competitiva o comparativa de radiofrecuencias.

5. Los Estados miembros no limitarán el número de derechos de uso que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias de conformidad con el artículo 7.

Artículo 6º.- Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas

1. La autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de uso de radiofrecuencias y de números sólo podrá estar sometida a las condiciones enumeradas respectivamente en las partes A, B y C del Anexo. Dichas condiciones deberán justificarse objetivamente en relación con la red o servicio de que se trate y deberán ser no discriminatorias, proporcionadas y transparentes.

2. Las obligaciones específicas que puedan imponerse a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 y a los artículos 6 y 8 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) o a los designados para la prestación de un servicio universal con arreglo a dicha Directiva, serán
jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones derivados de la autorización general. Para garantizar la transparencia a las empresas, deberán mencionarse en la autorización general los criterios y procedimientos de imposición de tales obligaciones específicas a las empresas.

3. La autorización general contendrá solamente condiciones que sean específicas para el sector y estén establecidas en la Parte A del Anexo, y no repetirá condiciones que ya sean aplicables a las empresas en virtud de otra legislación nacional.

4. Los Estados miembros no repetirán las condiciones de la autorización general cuando otorguen el derecho de uso de radiofrecuencias o números.

Artículo 7º.- Procedimiento por el que se limita el número de derechos de uso de radiofrecuencias otorgados

1. Cuando un Estado miembro estudie la posibilidad de limitar el número de derechos de uso de radiofrecuencias que otorgue, deberá, entre otras cosas:

a) tener debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia;

b) dar a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, la oportunidad de manifestar su punto de vista sobre cualquier limitación de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco);

c) publicar toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso, exponiendo los motivos de la misma;

d) una vez determinado el procedimiento, invitar a presentar solicitudes de derecho de uso; y

e) reconsiderar la limitación a intervalos razonables o a petición razonable de las empresas de que se trate.

2. Cuando un Estado miembro considere que pueden otorgarse nuevos derechos de uso de radiofrecuencias, hará pública dicha conclusión e invitará a presentar nuevas solicitudes para el otorgamiento de tales derechos.

3. Cuando sea preciso limitar el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias, los Estados miembros otorgarán tales derechos sobre la base de unos criterios de selección que deberán ser objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Todo criterio de selección deberá tener debidamente en cuenta la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

4. Cuando vayan a utilizarse procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán prolongar el plazo máximo de seis semanas a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 por el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes para todas las partes interesadas, pero sin que exceda de ocho meses.
Estos plazos máximos se entenderán sin perjuicio de los acuerdos internacionales aplicables relativos al uso de las radiofrecuencias y a la coordinación por satélite.

5. El presente artículo no afectará a la cesión de derechos de uso de radiofrecuencias conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Artículo 8º.- Asignación armonizada de radiofrecuencias

Cuando se haya armonizado el uso de las radiofrecuencias, se hayan acordado condiciones y procedimientos de acceso, y se hayan seleccionado las empresas a las que se asignarán las radiofrecuencias de conformidad con los acuerdos internacionales y las normas comunitarias, los Estados miembros otorgarán el derecho de uso de dichas radiofrecuencias de conformidad con ello. Siempre y cuando se hayan satisfecho en el caso
de un procedimiento común de selección todas las condiciones nacionales vinculadas al derecho de uso de las radiofrecuencias de que se trate, los Estados miembros no impondrán condiciones o criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación de la asignación común de dichas radiofrecuencias.

Artículo 9º.- Declaraciones para facilitar el ejercicio de derechos de instalar recursos y derechos de interconexión

A petición de una empresa, las autoridades nacionales de reglamentación emitirán, en el plazo de una semana, una declaración normalizada que confirme, cuando corresponda, que la empresa ha presentado una notificación con arreglo al apartado 2 del artículo 3 y que detalle las circunstancias en que las empresas que suministren redes o servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de la autorización general tienen derecho
a solicitar derechos de instalación de recursos, negociar la interconexión y/u obtener el acceso o la interconexión para así facilitar el ejercicio de estos derechos, por ejemplo a otros niveles de la administración o en relación con otras empresas.

Cuando proceda, estas declaraciones se podrán también emitir de forma automática tras la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 3.

Artículo 10º.- Cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso y de obligaciones específicas

1. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán solicitar a las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas habilitadas por la autorización general o que disfrutan de derechos de uso de radiofrecuencias o números que faciliten la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, o de las obligaciones específicas a que hace mención el apartado 2 del artículo 6, de conformidad con el artículo 11.

2. Cuando una autoridad nacional de reglamentación compruebe que una empresa no cumple una o más de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso, o de las obligaciones específicas a que hace mención el apartado 2 del artículo 6, notificará a la empresa esta circunstancia y concederá a la misma una oportunidad razonable de manifestar su opinión o de subsanar los posibles incumplimientos en los siguientes plazos:
un mes después de la notificación; o
un período más corto acordado por la empresa o estipulado por la autoridad nacional de reglamentación en caso de repetidos incumplimientos; o
un período más largo decidido por la autoridad nacional de reglamentación.

3. Si la empresa interesada no subsana los incumplimientos en el plazo a que se refiere el apartado 2, la autoridad pertinente adoptará medidas adecuadas y proporcionadas con el fin de garantizar el cumplimiento. A tal efecto, los Estados miembros podrán habilitar a las autoridades pertinentes para que impongan, cuando sea necesario, sanciones económicas. Estas medidas, junto con las razones en que se basan, se comunicarán a la empresa afectada en el plazo de una semana a partir de su adopción y deberán fijar un plazo razonable para que la empresa cumpla con la medida.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los Estados miembros podrán habilitar a la autoridad pertinente a imponer, cuando proceda, sanciones económicas a las empresas por no facilitar información de conformidad con las obligaciones impuestas con arreglo a las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 11 de la presente Directiva o al artículo 9 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) dentro de un plazo
razonable estipulado por la autoridad nacional de reglamentación.

5. En caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones de la autorización general, de los derechos de uso o de obligaciones específicas a que hace mención el apartado 2 del artículo 6, y cuando hayan fracasado las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento mencionadas en el apartado 3 del presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación podrán impedir que una empresa siga suministrando redes o
servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5, cuando la autoridad pertinente tenga pruebas de un incumplimiento de las condiciones de la autorización general, de los derechos de uso o de las obligaciones específicas a que hace mención el apartado 2 del artículo 6 que represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública, o que cree graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, podrá adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la situación como paso previo a una decisión definitiva. Deberá ofrecerse posteriormente a la empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su punto de vista y proponer posibles soluciones. En su caso, la autoridad pertinente podrá confirmar las medidas provisionales.

7. Las empresas tendrán derecho a recurrir las medidas adoptadas en virtud del presente artículo de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 4 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Artículo 11º.- Información exigida en virtud de la autorización general, los derechos de uso y las obligaciones específicas

1. Sin perjuicio de las obligaciones de información y de presentación de informes contenidas en la legislación nacional, distintas de la autorización general, las autoridades nacionales de reglamentación sólo podrán exigir a las empresas que faciliten información en virtud de la autorización general, con respecto a los derechos de uso o a las obligaciones específicas a que se hace mención en el apartado 2 del artículo 6, que resulte adecuada y pueda justificarse objetivamente para:

a) la comprobación sistemática o caso por caso del cumplimiento de las condiciones 1 y 2 de la Parte A, 6 de la Parte B y 7 de la Parte C del Anexo y del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;

b) la comprobación caso por caso del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo cuando se haya recibido una reclamación o cuando la autoridad nacional de reglamentación tenga motivos para creer que determinada condición no se está cumpliendo o, en caso de una investigación efectuada por la autoridad nacional de reglamentación, por iniciativa propia;

c) fijar procedimientos y evaluar las solicitudes de otorgamiento de los derechos de uso;

d) la publicación de síntesis comparativas de la calidad y el precio de los servicios, en beneficio de los consumidores;

e) fines estadísticos claramente definidos;

f) análisis del mercado para los fines de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) o de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal).

No podrá exigirse la información a que se refieren las letras a), b), d), e) y f) del párrafo primero antes del acceso al mercado ni como condición para el mismo.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación soliciten a las empresas que faciliten la información a que se refiere el apartado 1, les informarán asimismo de los fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.

Artículo 12º.- Tasas administrativas

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

Artículo 13º.- Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos

Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no sean discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Artículo 14º.- Modificación de derechos y obligaciones

1. Los Estados miembros velarán por que los derechos, condiciones y procedimientos relativos a las autorizaciones generales y los derechos de uso o derechos de instalación de recursos puedan ser modificados únicamente en casos objetivamente justificados y de manera proporcionada. Deberá notificarse adecuadamente la intención de efectuar tales modificaciones y concederse a las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, un plazo suficiente para que puedan manifestar sus puntos de vista sobre las modificaciones propuestas, que no será inferior a cuatro semanas, salvo en circunstancias excepcionales.

2. Los Estados miembros no deberán restringir ni retirar los derechos para instalar recursos antes de la expiración del período por el que fueron concedidos, salvo en casos justificados y cuando resulte apropiado, de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes sobre compensación por retirada de derechos.

Artículo 15º.- Publicación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se publique y mantenga actualizada de manera adecuada toda la información pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de autorizaciones generales y derechos de uso, para que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información.

2. Cuando la información a que se refiere el apartado 1 se trate a diferentes niveles administrativos, en particular por lo que se refiere a la información relativa a los procedimientos y condiciones sobre derechos de instalación de recursos, la autoridad nacional de reglamentación hará cuanto esté en sus manos, teniendo presentes los costes que ello implica, por hacer una sinopsis fácil de usar de toda esta información, así como de la información sobre los niveles administrativos competentes respectivos y sobre sus autoridades, con objeto de facilitar las solicitudes de derechos de instalación de recursos.

Artículo 16º.- Procedimientos de revisión

La Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de los sistemas nacionales de autorización y el desarrollo de la prestación de servicios transfronterizos en la Comunidad y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, por vez primera, a más tardar, a los tres años de la fecha de aplicación de la presente Directiva, indicada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18. A tal efecto, la Comisión podrá
solicitar información a los Estados miembros, que deberán facilitársela sin dilación injustificada.

Artículo 17º.- Autorizaciones existentes

1. Los Estados miembros adaptarán las autorizaciones ya existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva a lo dispuesto en ella a más tardar de la fecha de aplicación que se indica en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18.

2. Cuando la aplicación del apartado 1 implique una reducción de los derechos o una ampliación de las obligaciones que se deriven de autorizaciones ya existentes, los Estados miembros podrán prorrogar la validez de tales derechos y obligaciones hasta un máximo de nueve meses después de la fecha de aplicación a que se hace mención en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18, siempre que no se vean afectados por ello los derechos de otras empresas con arreglo a la legislación comunitaria. Los Estados miembros notificarán a la Comisión tales prórrogas, señalando las razones que las justifican.

3. Cuando el Estado miembro de que se trate pueda probar que la supresión de una condición de autorización relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas, que estaba vigente antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, crea dificultades excesivas para las empresas que se hayan beneficiado de un acceso por mandato a otra red, y cuando no sea posible para dichas empresas negociar nuevos acuerdos en condiciones comerciales razonables antes de la fecha de aplicación a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18, los Estados miembros podrán solicitar una prórroga temporal de las condiciones de que se trate.

Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar en la fecha de aplicación que se indica en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 18, y en ella deberá especificarse la condición o condiciones y la duración de la prórroga temporal que se solicita.

El Estado miembro deberá informar a la Comisión sobre las razones por las que solicita una prórroga. La Comisión deberá considerar dicha solicitud, teniendo en cuenta la situación concreta de dicho Estado miembro y la de la o las empresas de que se trate, y la necesidad de garantizar un marco de reglamentación coherente a escala comunitaria. La Comisión adoptará una decisión sobre si es preciso dar curso a la solicitud o rechazarla, y en caso de que decida darle curso, sobre el alcance y la duración de la prórroga que deba concederse. La Comisión comunicará su decisión al Estado miembro de que se trate dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la solicitud de prórroga. Dichas decisiones se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 18º.- Incorporación al Derecho nacional

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 24 de julio de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 25 de julio de 2003.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 19º.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 20º.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
P. COX
Por el Consejo
El Presidente
J. C. APARICIO

——————-

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 230 y DO C 270 E de 25.9.2001, p. 182.

(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 55.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 1 de marzo de 2001 (DO C 277 de 1.10.2001, p. 116), Posición Común del Consejo de 17 de septiembre de 2001 (DO C 337 de 30.11.2001, p. 18) y Decisión del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001. Decisión del Consejo de 14 de febrero de 2002.

(4) DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

(5) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.

(6) Véase la página 7 del presente Diario Oficial.

(7) Véase la página 33 del presente Diario Oficial.

(8) Véase la página 51 del presente Diario Oficial.

VISTO:

Lo normado por el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 13 incisos  “n” y “ñ” de la Ley  nº 3 (B.O. nº 394) y modificatoria Ley nº 1177 (B.O. nº 1834), la Resolución nº 52/DP/99 (B.O. nº 718) , la Ley nº 1845 (B.O. nº 2494), las Disposiciones nº 16/DP/04, nº 24/DP/05, nº 80/DP/07, nº 119/DP/07, nº 48/DP/08 y nº 89/DP/08 y nº 92/DP/08.

Y CONSIDERANDO QUE:

La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal según lo establece el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 1° de la Ley nº 3.

Ese atributo adquiere carácter operativo en el artículo 13 de la citada ley cuando establece que para el cumplimiento de las funciones asignadas su titular tendrá entre otras facultades, la de dictar el reglamento interno (inc. n) y la de determinar la estructura orgánico-funcional del organismo (inc. ñ).

En uso de esa facultad, promulgada la Ley nº 1845 que amplía las misiones y funciones de la Defensoría del Pueblo al designarla como órgano de control de la Protección de Datos Personales, la Defensora del Pueblo determinó la creación del Centro de Protección de Datos Personales con dependencia de la Unidad Defensor/a por medio de la Disposición nº 119/07.

Como resultado del dictamen producido por el Jurado Evaluador del concurso convocado por Disposición nº 226/07, la Defensora del Pueblo designó por Disposición nº 48/08, en el cargo de Director del Centro de Protección de Datos Personales de esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Lic. Luis Eduardo Peduto Pardo, D.N.I. 4.543.386, Legajo nº118.

A la vez, mediante Disposición nº 89/08 se creó el Registro de Banco de Datos con funcionamiento en la Oficina de Registro del Centro de Protección de Datos Personales de la Ciudad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y conforme a sus antecedentes profesionales y académicos, por Disposición nº 92/08 se designó con carácter interino, a la Dra. María Inés Tornabene, DNI 18.384.637, Legajo nº 1210, como Jefa de la Oficina de Registro del Centro de Protección de Datos Personales.

Con el propósito del mejor cumplimiento de las funciones del Centro de Protección de Datos Personales, se procederá a delegar en su Director, la facultad de dictar disposiciones internas, suscribir pedidos y contestaciones de informes, notas, oficios, cédulas, intimaciones, así como también toda otra documentación de mero trámite que sea conducente a lograr el objeto de su Centro, ello con excepción de lo dispuesto en la Disposición nº 80/07.

Las características de la responsabilidad primaria y acciones que reviste la función del Centro de Protección de Datos Personales exigen dotarlo de la operatividad adecuada para el cumplimiento de su función y ello incluye disponer de los instrumentos administrativos pertinentes.

Resultando necesario establecer los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, y para el mejor cumplimiento del cometido del Centro, es necesario proceder a la aprobación de un Reglamento para la Inscripción de Bases de Datos Personales en el Registro de Bancos de Datos de la Ciudad del Centro de Protección de Datos Personales.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE:

Artículo 1º:  Aprobar el Reglamento para la inscripción de Bases de Datos Personales en el Registro de Bancos de Datos de la Ciudad del Centro de Protección de Datos Personales, según consta en el Anexo I que forma parte de la presente Disposición a todos sus efectos.

Artículo 2º.- Delégase en el Director del Centro de Protección de Datos Personales Lic. Eduardo Peduto Pardo, DNI 4.543.386, Legajo nº 118, las facultades anteriormente previstas.

Artículo 3º.-  Pase a las Direcciones Generales  Técnica Administrativa, de Derechos y Garantías  de Organización Institucional y Laboral y al Centro de Protección de Datos Personales, a los fines que correspondan.

Artículo 4º.-  Registrar,  comunicar, publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 3 (tres) días y archivar.

ANEXO I.- Reglamento para la inscripción de bases de datos personales en el Registro de Bancos de Datos de la Ciudad del Centro de Protección de Datos Personales

Título I: Cuestiones Generales

Artículo 1: Disposiciones legales. 

Las presentes normas procesales regirán para la inscripción de bases de datos personales del sector público y de prestadores de servicios de tratamiento de datos de la C.A.B.A. en el Centro de Protección de Datos Personales, conforme lo dispone la Ley nº 1845 y su decreto reglamentario 725/07.

Artículo 2: Autoridad de aplicación y competencia. 

El Centro de Protección de Datos Personales es la autoridad de aplicación de la presente normativa y resulta competente para proceder a la inscripción de todos los archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad de los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el Artículo 2° de la Ley nº 1845.

Artículo 3: Representación. Titular responsable del archivo, registro, base o banco de datos. Constitución de domicilio Cambio de representante. 

El trámite de inscripción de las personas físicas o jurídicas comprendidas en la ley 1845, sólo podrá ser iniciado por quien acredite, mediante documentación fehaciente, haber sido designado responsable del archivo, registro, base o banco de datos con acreditación de su cargo.

El solicitante, en su primera presentación,  deberá constituir domicilio en el ámbito de la ciudad, lugar donde se tendrán por válidas las notificaciones posteriores.

Si durante la existencia del archivo, registro, base o banco de datos se designara un nuevo responsable, deberá comunicarse dicha circunstancia a la Oficina de Registro perteneciente al Centro de Protección de Datos Personales.

Artículo 4: Incompetencia.

En caso de haberse declinado la competencia para entender en un pedido de inscripción y haberse dictado el acto administrativo correspondiente, el Director del Centro de Protección de Datos Personales remitirá copia certificada del legajo al organismo que se considere competente para entender en la solicitud de inscripción, junto con la documentación que se hubiere recibido.

Título II: Del Procedimiento de Inscripción

Artículo 5: Formulario. 

Los formularios de inscripción serán puestos a disposición de los interesados por la Oficina de Registro y podrá accederse a ellos en forma personal o a través del sitio de internet www.cpdp.gov.ar.

La presentación de dichos formularios deberá realizarse únicamente en formato papel y deberá tener la firma del responsable.

Si con posterioridad a la aprobación del presente reglamento se incorporara el sistema de firma digital u otro sistema de validación o certificación digital, podrá solicitarse la realización de cualquier trámite mediante esa vía.

Artículo 6: Contenido del formulario. 

El formulario de pedido de inscripción de un archivo, registro, base o banco de datos deberá contener obligatoriamente los siguientes datos:

a) El nombre del archivo, registro, base o banco de datos personales que se quiere registrar;

b) El órgano o ente responsable del banco de datos;

c) Si se trata de un órgano o ente público estatal o no;

d) El número de clave única de identificación tributaria y domicilio;

e) La finalidad del archivo, registro, base o banco de datos personales en cuestión;

f) La tipificación de sus finalidades conforme la lista que integra el formulario de inscripción;

g) El tipo de datos que trata, en especial, si trata datos sensibles, antecedentes penales, contravencionales o de faltas administrativas;

h) Si los datos se obtienen directamente de su titular;

i) Si los datos deben ser facilitados por su titular en forma obligatoria;

j) Si obtiene los datos por cesión de organismos públicos, privados o entes no estatales;

k) Si obtiene los datos de fuentes de acceso público irrestricto;

l) Si efectúa o prevé efectuar cesiones de datos a terceros;

m) Si efectúa o prevé efectuar interconexiones con otros archivos, registros, bases o bancos de datos nacionales o internacionales;

n) La indicación concreta del soporte dónde se almacenan los datos;

o) Los datos completos de la oficina donde los titulares de de los datos pueden ejercer sus derecho de acceso, confidencialidad, rectificación, actualización y supresión de sus datos personales;

p) Si contrata a prestadores de servicios para el tratamiento de sus datos. 

Artículo 7: Iniciación del trámite. 

El trámite de inscripción implica el cumplimiento de los siguientes recaudos:

a) Solicitud formal de inscripción. La solicitud deberá contener la petición de inscripción, la constitución de domicilio y la firma del titular responsable, la que deberá prestarse en la Oficina de Registro en forma personal o mediante certificación de escribano público o funcionario superior competente.

b) La documentación o norma de creación del archivo, registro, base o banco de dato;

c) La documentación que acredite la designación del titular responsable;

d) Formulario de inscripción completado en debida forma;

e) Documentación que acredite personería. 

Artículo 8: Certificado de inscripción en trámite.

Al iniciarse el trámite en la forma descripta en el artículo anterior se otorgará un certificado de inscripción, el cual contará con un número designado a fin de que pueda consultar el estado de su trámite.

Artículo 9: Control de la documentación. 

La Oficina de Registro controlará la autenticidad de la documentación y los datos proporcionados por el solicitante, y podrá requerir que se adjunte documentación aclaratoria, complementaria, o que subsane errores u omisiones.

En caso que se detecten errores que puedan ser subsanados se requerirá al titular responsable la subsanación de los mismos en un plazo que no debe exceder los sesenta (60) días corridos.

Artículo 10: Certificado de Inscripción y Clave Única de Identificación. 

En caso de que a criterio del Centro de Protección de Datos Personales proceda la inscripción de un archivo, registro, banco o base de datos, se dictará el acto administrativo que corresponda a la inscripción del mismo, librándose el correspondiente “Certificado de Inscripción”, asignándose una Clave Única de Identificación.

Artículo 11: Cambios o modificaciones. 

En caso de requerirse por parte de un archivo, registro, banco o base de datos inscripto, la modificación, cambio de responsable, deberá seguirse el mismo procedimiento descripto en este título.

Título III. De las obligaciones de los archivos, registros, bancos o bases de datos del sector público y de los prestadores de servicios de tratamiento de datos

Artículo 12: Inscripción obligatoria. 

A los efectos de cumplir con lo dispuesto en la Ley nº 1845, los archivos, registros, bancos o bases de datos del sector público de la CABA y los prestadores de servicios de tratamiento de datos previstos en el Artículo 23 del decreto reglamentario 725/07 deberán proceder a su inscripción en el Registro Público de Bases de Datos de la Ciudad de Buenos Aires, tutelado por el Centro de Protección de Datos Personales conforme los términos de la Disposición nº 89/08.

Artículo 13: Comunicaciones. 

La Oficina de Registro podrá comunicar por cualquier medio a los archivos, registros, bancos o bases de datos del sector público el procedimiento de inscripción y la normativa vigente, sin que dicha notificación se entienda como un requisito indispensable o previo para el cumplimiento de la obligación de inscribirse.

Artículo 14 Intimaciones. 

Vencido el término otorgado en el artículo 9, a sugerencia de la Oficina de Registro se intimará a los presuntos titulares de los archivos, registros, bancos o bases de datos del sector público o a las autoridades legales de las que dependan, a que formalicen su inscripción dentro del término de treinta (30) días corridos a partir de la notificación.

Artículo15: Notificación al organismo jerárquico. 

Si vencido el término prescripto en el artículo anterior, el archivo, registro, banco o base de datos no procediera a su inscripción, el Director del Centro de Protección de Datos Personales comunicará esta circunstancia al organismo jerárquicamente a cargo del responsable del archivo, registro, banco o base de datos en cuestión a efectos de que inste el cumplimiento de la inscripción registral prevista en la Ley nº 1845, en el plazo consignado en el artículo precedente.

El incumplimiento reiterado y sin justificación en el que incurra el funcionario público, será causal de mal desempeño y falta grave en los términos del artículo 33 de la Ley nº 3.

Artículo 16: Nuevos archivos. 

Los organismos del sector público de la CABA que se hagan responsables de nuevos archivos, registros, bancos o bases de datos personales, o aquellos que se crearan en el futuro, deberán proceder a su inscripción dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados desde que inicien sus actividades.

Título IV. Obligaciones a cargo del Centro de Protección de Datos Personales

Artículo 17: Archivo de documentación. 

La Oficina de Registro deberá archivar la documentación original recibida y emitida, la cual podrá ser compulsada por quienes manifiesten interés al respecto.

Entre la documentación que debe permanecer en su custodia se encuentra la aprobación de la inscripción y copia del Certificados de Inscripción que fuera entregado al responsable.

Artículo 18: Advertencias, solicitudes, exhortaciones, recordatorios y propuestas.  

El Director del Centro de Protección de Datos Personales, de conformidad a las prescripciones del Artículo 23 de la Ley nº 1845, se encuentra facultado para formular advertencias, recordatorios y propuestas a los responsables, usuarios y encargados de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la CABA, a los efectos de lograr una completa adecuación y cumplimiento de los principios contenidos en la normativa vigente en la materia.

Artículo 19: De los informes,

El Centro de Protección de Datos Personales entregará a todo quien lo solicite, un informe escrito en el cual conste el nombre del archivo, registro, banco o base de datos, los datos de su titular, su Número de Registro Inscripto, su dirección, teléfono y el nombre del organismo público responsable de su registro. El mismo será confeccionado por la Oficina de Registro y avalado por el Director del Centro de Protección de Datos Personales. 

1.- Title

This Act is the Copyright (New Technologies) Amendment Act 2008.

2.- Commencement

(1) Section 19(2) comes into force on the day after the date on which this Act receives the Royal assent.

(2) The rest of this Act comes into force on a date to be appointed by the Governor-General by Order in Council.

(3) One or more Orders in Council may be made appointing different dates for the commencement of different provisions.

3.- Principal Act amended

This Act amends the Copyright Act 1994.

Part 1.- Amendments to Parts 1 to 5 of Copyright Act 1994

4.- Interpretation

(1) Section 2(1) is amended by repealing the definition of broadcast.

(2) Section 2(1) is amended by inserting the following definitions in their appropriate alphabetical order:

“CMI or copyright management information has the meaning given to it in section 226F

“communicate means to transmit or make available by means of a communication technology, including by means of a telecommunications system or electronic retrieval system, and communication has a corresponding meaning

“communication work means a transmission of sounds, visual images, or other information, or a combination of any of those, for reception by members of the public, and includes a broadcast or a cable programme

“educational resource supplier means any person:

“(a) whose principal function is the copying of communication works and the supply of the copies it makes to educational establishments for educational purposes; and

“(b) who does not conduct its business for profit; and

“(c) who has been approved by the Minister of Education as an educational resource supplier for the purpose of this Act by a notice published in the Gazette and whose approval has not been revoked

“Internet service provider means a person who does either or both of the following things:

“(a) offers the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a user, of material of the user’s choosing:

“(b) hosts material on websites or other electronic retrieval systems that can be accessed by a user

“TPM or technological protection measure has the meaning given to it in section 226

“TPM work has the meaning given to it in section 226

“TPM circumvention device has the meaning given to it in section 226.”

(3) Section 2(1) is amended by repealing paragraphs (a) and (b) of the definition of copying and substituting the following paragraph:

“(a) means, in relation to any description of work, reproducing, recording, or storing the work in any material form (including any digital format), in any medium and by any means; and”.

(4) Section 2(1) is amended by repealing paragraph (d) of the definition of copying and substituting the following paragraph:

“(d) includes, in relation to a film or communication work, the making of a photograph of the whole or any substantial part of any image forming part of the film or communication work:”.

(5) Section 2(1) is amended by repealing paragraphs (c) to (e) of the definition of material time and substituting the following paragraphs:

“(c) in relation to a communication work, means when the work is made or received in New Zealand; and

“(d) in relation to a typographical arrangement of a published edition, means when the edition is first published”.

(6) Section 2(1) is amended by omitting “broadcast, or cable programme” from paragraph (b) of the definition of performance and substituting “or communication work”.

5.- New section 3 substituted

Section 3 is repealed and the following section substituted:

“3 Associated definitions for communication works

“(1) References in this Act to a person making a communication work are:

“(a) to the person transmitting the communication work or making it available by means of a communication technology, if that person has responsibility to any extent for its contents; and

“(b) any person who provides the contents of the work and who makes with the person communicating the work the arrangements necessary for its communication.

“(2) For the purposes of this Act, in the case of communicating a work by satellite transmission,:

“(a) the place from which the work is communicated is the place from which the signals carrying the work are transmitted to the satellite; and

“(b) the person communicating the work is the person who transmits those signals to the satellite.”

6.- Section 4 repealed

Section 4 is repealed.

7.- Meaning of author

Section 5(2) is amended by repealing paragraphs (c) to (e) and substituting the following paragraphs:

“(c) in the case of a communication work, the person who makes the communication work:

“(d) in the case of a typographical arrangement of a published edition, the publisher.”

8.- Meaning of work of joint authorship

Section 6 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) A communication work must be treated as a work of joint authorship in any case where more than 1 person is to be taken as making the communication work.”

9.- Meaning of publication

(1) Section 10(4)(a)(ii) is amended by omitting “the broadcasting of the work or its inclusion in a cable programme service” and substituting “the communication of the work to the public”.

(2) Section 10(4)(b)(iii) is amended by omitting “the broadcasting of the work or its inclusion in a cable programme service” and substituting “the communication of the work to the public”.

(3) Section 10(4)(d) is amended by repealing subparagraph (ii) and substituting the following paragraph:

“(ii) the communication of the work to the public.”

10.- Meaning of infringing copy

Section 12(5) is amended by repealing paragraph (a) and substituting the following paragraph:

“(a) section 85(4) (which relates to incidental recording for the purposes of a communication work):”.

11.- Copyright in original works

(1) Section 14 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) Copyright is a property right that exists, in accordance with this Act, in original works of the following descriptions:

“(a) literary, dramatic, musical, or artistic works:

“(b) sound recordings:

“(c) films:

“(d) communication works:

“(e) typographical arrangements of published editions.”

(2) Section 14 is amended by repealing subsection (3).

12.- Acts restricted by copyright

Section 16(1) is amended by repealing paragraph (f) and substituting the following paragraph:

“(f) to communicate the work to the public:”.

13.- New section 20 substituted

Section 20 is repealed and the following section substituted:

“20 Qualification by reference to origin of communication work

A communication work qualifies for copyright if it is made from:

“(a) a place in New Zealand; or

“(b) a place in a prescribed foreign country.”

14.- Duration of copyright in literary, dramatic, musical, or artistic works

Section 22 is amended by repealing subsection (4) and substituting the following subsection:

“(4) For the purposes of subsection (3), the circumstances in which a work may be made available to the public include,:

“(a) in the case of a literary, dramatic, or musical work,:

“(i) performance in public:

“(ii) communication to the public:

“(b) in the case of an artistic work,:

“(i) exhibition in public:

“(ii) the playing or showing in public of a film that includes the work:

“(iii) communication to the public.”

15.- Duration of copyright in sound recordings and films

Section 23 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) For the purposes of subsection (1), a sound recording or film is made available to the public when:

“(a) the work is first:

“(i) published; or

“(ii) communicated to the public; or

“(b) in the case of a film or film sound track,:

“(i) the work is first shown in public; or

“(ii) the work is first played in public.”

16.- New section 24 substituted

Section 24 is repealed and the following section substituted:

“24 Duration of copyright in communication works

“(1) Copyright in a communication work expires at the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the communication work is first communicated to the public.

“(2) Copyright in a repeated communication work expires at the same time as copyright in the initial communication work expires.

“(3) There is no copyright in a repeated communication work that is communicated to the public after copyright in the initial communication work has expired.”

17.- Infringement by performance or playing or showing in public

Section 32(2) is amended by omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “or communication work”.

18.- New section 33 substituted

Section 33 is repealed and the following section substituted:

“33 Infringement by communicating to public

Communicating a work to the public is a restricted act in relation to every description of copyright work.”

19.- Infringement by importation

(1) Section 35(1)(c) is amended by omitting “or” and substituting “and”.

(2) Section 35 is amended by repealing subsections (3) to (5) and substituting the following subsections:

“(3) A person also infringes copyright in a film to which subsection (6) applies if that person:

“(a) imports a copy of the film into New Zealand within 9 months of first being made available to the public; and

“(b) knows or has reason to believe that the film is imported into New Zealand within 9 months of first being made available to the public; and

“(c) is not the licensee of the copyright in New Zealand; and

“(d) imports the film into New Zealand other than for that person’s private and domestic use.

“(4) For the purposes of subsection (3), a film is first made available to the public (as set out in section 23(2)) by any authorised act whether in New Zealand or elsewhere.

“(5) Subsections (3) and (4) are repealed on 31 October 2013.”

20.- Providing means for making infringing copies

Section 37 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) Copyright in a work is infringed by a person who, other than under a copyright licence, communicates a work to 1 or more persons, knowing or having reason to believe that infringing copies will be made by means of the reception of the communication in New Zealand or elsewhere.”

21.- New section 41 substituted

Section 41 is repealed and the following section substituted:

“41 Incidental copying of copyright work

“(1) Copyright in a work is not infringed by:

“(a) the incidental copying of the work in an artistic work, a sound recording, a film, or a communication work; or

“(b) the issue to the public of copies of an artistic work, the playing of a sound recording, the showing of a film, or the communication of a work to the public, in which a copyright work has been incidentally copied; or

“(c) the issue to the public of copies of a sound recording, film, or communication work to which paragraph (a) or (b) applies.

“(2) For the purposes of subsection (1), a musical work, words spoken or sung with music, or so much of a sound recording or communication work as includes a musical work or those words, must not be regarded as incidentally copied in another work if the musical work or the words, sound recording, or communication work is deliberately copied.”

22.- Criticism, review, and news reporting

Section 42 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) Fair dealing with a work for the purpose of reporting current events by means of a sound recording, film, or communication work does not infringe copyright in the work.”

23.- Research or private study

Section 43 is amended by repealing subsection (4) and substituting the following subsection:

“(4) This section does not authorise the making of more than 1 copy of the same work, or the same part of a work, on any 1 occasion, but in this subsection copy does not include a non-infringing transient reproduction to which section 43A applies.”

24.- New section 43A inserted

The following section is inserted after section 43:

“43A Transient reproduction of work

A reproduction of a work does not infringe copyright in the work if the reproduction:

“(a) is transient or incidental; and

“(b) is an integral and essential part of a technological process for:

“(i) making or receiving a communication that does not infringe copyright; or

“(ii) enabling the lawful use of, or lawful dealing in, the work; and

“(c) has no independent economic significance.”

25.- Copying for educational purposes of literary, dramatic, musical, or artistic works or typographical arrangements

Section 44 is amended by inserting the following subsection after subsection (4):

“(4A) A copy of a work made in accordance with subsections (3) and (4) may be communicated to a person who is a student or other person who is to receive, is receiving, or has received, a lesson that relates to the work.”

26.- New section 44A inserted

The following section is inserted after section 44:

“44A Storing copies for educational purposes

“(1) An educational establishment does not infringe copyright in a work that is made available on a website or other electronic retrieval system by storing a copy of the page or pages in which the work appears if:

“(a) the material is stored for an educational purpose; and

“(b) the material:

“(i) is displayed under a separate frame or identifier; and

“(ii) identifies the author (if known) and source of the work; and

“(iii) states the name of the educational establishment and the date on which the work was stored; and

“(c) the material is restricted to use by authenticated users.

“(2) Subsection (1) does not apply, and the educational establishment does infringe copyright in the work, if the educational establishment knowingly fails to delete the stored material within a reasonable time after the material becomes no longer relevant to the course of instruction for which it was stored.

“(3) In subsection (1), authenticated user means a person who:

“(a) is a participant in the course of instruction for which the material is stored; and

“(b) can access the stored material only through a verification process that verifies that he or she is entitled to access the stored material.”

27.- Copying for educational purposes of films and sound recordings

Section 45 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) Copyright in any work that is a film, sound recording, or communication work, or any work included in a film, sound recording, or communication work, is not infringed by the copying of that work in the circumstances set out in subsection (2).”

28.- Performing, playing, or showing work in course of activities of educational establishment

Section 47 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) The playing or showing, for the purposes of instruction, of a sound recording, film, or communication work to the audience described in subsection (1) at an educational establishment is not a playing or showing of the work in public for the purposes of section 32(2).”

29.- New section 48 substituted

Section 48 is repealed and the following section substituted:

“48 Copying and communication of communication work for educational purposes

“(1) This section applies when a copy of a communication work is:

“(a) made or communicated by or on behalf of an educational establishment; or

“(b) made and supplied by an educational resource supplier to an educational establishment.

“(2) In any case to which subsection (1)(a) applies, the making or communication of a copy of the communication work by or on behalf of an educational establishment, and the subsequent communication of the copy within the educational establishment, does not infringe copyright in the communication work or in any work included in it if the copy is made or communicated for the educational establishment’s educational purposes.

“(3) In any case to which subsection (1)(b) applies, the making and supply of a copy of the communication work by an educational resource supplier does not infringe copyright in the communication work or in any work included in it if the copy is made and supplied for the educational purposes of the educational establishment to which it is supplied.

“(4) However, the exclusions from infringement of copyright in subsections (2) and (3) do not apply to:

“(a) the copying of a communication work if or to the extent that:

“(i) licences authorising the copying of the communication work by or on behalf of educational establishments or by educational resource suppliers are available under a licensing scheme; and

“(ii) the educational establishment or the educational resource supplier, as the case may be, knew that fact; or

“(b) the communication of a communication work if or to the extent that:

“(i) licences authorising the communication of the copy by or on behalf of educational establishments are available under a licensing scheme; and

“(ii) the educational establishment knew that fact; or

“(c) the supply of a communication work by an educational resource supplier if or to the extent that:

“(i) licences authorising the supply of the communication work are available under a licensing scheme; and

“(ii) the educational resource supplier knew that fact.”

30.- Interpretation

Section 50(1) and (2) are amended by omitting “sections 51 to 56 of this Act” and substituting in each case “sections 51 to 56C”.

31.- Copying by librarians of parts of published works

Section 51 is amended by adding the following subsection:

“(5) In this section, copy includes a digital copy, but in that case section 56B applies as well.”

32.- Copying by librarians of articles in periodicals

Section 52 is amended by adding the following subsection:

“(4) In this section, copy includes a digital copy, but in that case section 56B applies as well.”

33.- Copying by librarians for users of other libraries

Section 53 is amended by adding the following subsection:

“(5) In this section, copy includes a digital copy, but in that case section 56C applies as well.”

34.- Copying by librarians for collections of other libraries

Section 54 is amended by adding the following subsection:

“(5) In this section, copy includes a digital copy, but in that case section 56C applies as well.”

35 Copying by librarians or archivists to replace copies of works

(1) Section 55(1) is amended by inserting “(other than a digital copy)” after “copy” in the first place where it appears.

(2) Section 55 is amended by adding the following subsections:

“(3) The librarian of a prescribed library or the archivist of an archive may make a digital copy of any item (the original item) in the collection of the library or archive without infringing copyright in any work included in the item if:

“(a) the original item is at risk of loss, damage, or destruction; and

“(b) the digital copy replaces the original item; and

“(c) the original item is not accessible by members of the public after replacement by the digital copy except for purposes of research the nature of which requires or may benefit from access to the original item; and

“(d) it is not reasonably practicable to purchase a copy of the original item.

“(4) The librarian of a prescribed library or the archivist of an archive may make a digital copy of any item (the original item) in the collection of the library or archive without infringing copyright in any work included in the item if:

“(a) the digital copy is used to replace an item in the collection of another prescribed library or archive that has been lost, damaged, or destroyed; and

“(b) it is not reasonably practicable to purchase a copy of the original item.”

36.- Copying by librarians or archivists of certain unpublished works

Section 56 is amended by adding the following subsection:

“(6) In this section, copy includes a digital copy, but in that case section 56B applies as well.”

37.- New sections 56A to 56C inserted

The following sections are inserted after section 56:

“56A Library or archive may communicate digital copy to authenticated users

“(1) The librarian of a prescribed library or the archivist of an archive does not infringe copyright in a work by communicating a digital copy of the work to an authenticated user if the following conditions are met:

“(a) the librarian or archivist has obtained the digital copy lawfully; and

“(b) the librarian or archivist ensures that each user is informed in writing about the limits of copying and communication allowed by this Act, including that a digital copy of a work may only be copied or communicated by the user in accordance with the provisions of this Act; and

“(c) the digital copy is communicated to the user in a form that cannot be altered or modified; and

“(d) the number of users who access the digital copy at any one time is not more than the aggregate number of digital copies of the work that:

“(i) the library or the archive has purchased; or

“(ii) for which it is licensed.

“(2) In subsection (1), authenticated user means a person who:

“(a) has a legitimate right to use the services of the library or archive; and

“(b) can access the digital copy only through a verification process that verifies that the person is entitled to access the digital copy.

“56B Additional conditions for supply of copy of work in digital format by librarian or archivist under section 51, 52, or 56

A copy of a work to which section 51, 52, or 56 applies must not be supplied in a digital format, by the librarian of a prescribed library or the archivist of an archive, to a person (A) unless the following conditions are also complied with:

“(a) the librarian or archivist must give A, when the copy is supplied, a written notice that sets out the terms of use of the copy; and

“(b) the librarian or archivist must, as soon as is reasonably practicable, destroy any additional copy made in the process of making the copy that is supplied to A.

“56C Additional condition for making digital copies under section 53 or 54

A copy of a work to which section 53 or 54 applies must not be supplied in a digital format to a library unless the librarian supplying the digital copy destroys, as soon as is reasonably practicable, any additional copy made in the process of making the copy that is supplied.”

38.- Copying by Parliamentary Library for members of Parliament

Section 58(2) is amended by omitting “broadcast or cable programme” in each place where it appears and substituting in each case “communication work”.

39.- Use of recording of spoken words in certain cases

(1) Section 68(1)(b) is amended by omitting “broadcasting or including in a cable programme service” and substituting “communicating to the public”.

(2) Section 68(2)(a) is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

40.- Provision of Braille copies of literary or dramatic works

Section 69(1) is amended by inserting “or communicate” after “make”.

41.- Public reading or recitation

Section 70 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) Copyright in a work is not infringed by the making of a sound recording, or the communication to the public, of a reading or recitation that under subsection (1) is not treated as a performance in public, if the recording or communication work consists mainly of material in relation to which it is not necessary to rely on that subsection.”

42.- Representation of certain artistic works on public display

(1) Section 73(2) is amended by repealing paragraph (c) and substituting the following paragraph:

“(c) communicating to the public a visual image of the work.”

(2) Section 73 is amended by repealing subsection (3) and substituting the following subsection:

“(3) Copyright is not infringed by the issue to the public of copies, or the communication to the public, of anything the making of which was, under this section, not an infringement of copyright.”

43.- New sections 80A to 80D inserted

The following sections are inserted after section 80:

“80A Decompilation of computer program

“(1) The lawful user of a copy of a computer program expressed in a low level language does not infringe copyright in the program by decompiling it, if the conditions in subsection (2) are met.

“(2) The conditions referred to in subsection (1) are that:

“(a) decompilation is necessary to obtain information necessary for the objective of creating an independent program that can be operated with the program decompiled

or with another program; and

“(b) the information obtained from the decompilation is not used for any purpose other than the objective referred to in paragraph (a).

“(3) In particular, the conditions in subsection (2) are not met if:

“(a) the information necessary to create the independent program is readily available to the lawful user without decompiling the computer program; or

“(b) the lawful user does not confine decompilation of the computer program strictly to the steps that are necessary to create an independent program; or

“(c) the lawful user gives the information obtained from decompiling the computer program to any person when it is not necessary for creating an independent program to do so; or

“(d) the lawful user uses the information obtained from decompiling the computer program to create a program that is substantially similar in its expression to the program that has been decompiled; or

“(e) the lawful user uses the information obtained from decompiling the computer program to do any act that is restricted by copyright.

“(4) In this section, decompile means:

“(a) to convert a computer program expressed in a low level language into a version expressed in a higher level language; or

“(b) to copy the program as a necessary incident of converting it into that version.

“80B Copying or adapting computer program if necessary for lawful use

“(1) The lawful user of a computer program (A) does not infringe copyright in it by copying or adapting it, if:

“(a) copying or adapting it is necessary for A’s lawful use of the program (for example, to correct an error in the program); and

“(b) a properly functioning and error-free copy of the program is not available to A within a reasonable time at an ordinary commercial price.

“(2) This section does not apply to copying or adapting that is permitted under section 80A or 80C.

“80C Observing, studying, or testing of computer program

The lawful user of a computer program (A) does not infringe copyright in it by observing, studying, or testing the functioning of the program in order to determine the ideas and principles that underlie any element of the program if A does so while performing the acts of loading, displaying, running, transmitting, or storing the program that A is entitled to do.

“80D Certain contractual terms relating to use of computer programs have no effect

A term or condition in an agreement for the use of a computer program has no effect in so far as it prohibits or restricts any activity undertaken in accordance with section 80A(2) or 80B(1).”

44.- New section 81A inserted

The following section is inserted after section 81:

“81A Copying sound recording for personal use

“(1) Copyright in a sound recording and in a literary or musical work contained in it is not infringed by copying the sound recording, if the following conditions are met:

“(a) the sound recording is not a communication work or part of a communication work; and

“(b) the copy is made from a sound recording that is not an infringing copy; and

“(c) the sound recording is not borrowed or hired; and

“(d) the copy is made by the owner of the sound recording; and

“(e) that owner acquired the sound recording legitimately; and

“(f) the copy is used only for that owner’s personal use or the personal use of a member of the household in which the owner lives or both; and

“(g) no more than 1 copy is made for each device for playing sound recordings that is owned by the owner of the sound recording; and

“(h) the owner of the sound recording retains the ownership of both the sound recording and of any copy that is made under this section.

“(2) For the avoidance of doubt, subsection (1) does not apply if the owner of the sound recording is bound by a contract that specifies the circumstances in which the sound recording may be copied.”

45.- New heading and new sections 82 to 84 substituted

Sections 82 to 84, and the heading immediately above section 82 are repealed and the following heading and sections substituted:

“Communication works

“82 Recording for purposes of maintaining standards in programmes

The author of a communication work does not infringe copyright in it, or in any work included in it, by recording it, if the recording is made and used solely for the purpose of checking on the maintenance of standards in communication works made by the author.

“83 Recording for purposes of complaining

“(1) A person (A) does not infringe copyright in a communication work, or in any work included in it, by recording it or communicating it or both to a complaint authority, if the recording or the communication or both are done solely for the purpose of complaining to a complaint authority.

“(2) However, subsection (1) does not apply, and A does infringe copyright in the communication work recorded and in any work included in the recording, if A retains the recording for any longer than is reasonably necessary to prepare and despatch the complaint.

“(3) If a person infringes copyright under subsection (2), the recording is treated as an infringing copy.

“(4) In this section and in section 84, complaint authority means any person or body that is responsible for dealing with complaints about the content of communication works, including the content of advertisements in communication works.

“84 Recording for purposes of time shifting

“(1) A person (A) does not infringe copyright in a programme included in a communication work, or in any work included in it, by recording it, if:

“(a) A makes the recording solely for A’s personal use or the personal use of a member of the household in which A lives or both; and

“(b) A makes the recording solely for the purpose of viewing or listening to the recording at a more convenient time; and

“(c) the recording is not made from an on-demand service; and

“(d) A has lawful access to the communication work at the time of making the recording.

“(2) However, subsection (1) does not apply, and A does infringe copyright in the communication work recorded and in any work included in the communication work, if:

“(a) A retains the recording for any longer than is reasonably necessary for viewing or listening to the recording at a more convenient time; or

“(b) in the event that the person who views or listens to the recording wishes to make a complaint to a complaint authority, A retains the recording for any longer than is reasonably necessary to prepare and despatch the complaint.

“(3) If a person infringes copyright under subsection (2), the recording is treated as an infringing copy.

46.- Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme

(1) The heading to section 85 is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication“.

(2) Section 85 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) This section applies where, under an assignment or a licence, a person is authorised to communicate the following works to the public:

“(a) a literary, dramatic, or musical work, or an adaptation of that work; or

“(b) an artistic work; or

“(c) a sound recording or film.”

(3) Section 85(2) is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

(4) Section 85(3)(b) is amended by omitting “broadcasting the work or, as the case may be, including the work in a cable programme” and substituting “communicating the work to the public”.

47.- Section 86 repealed

Section 86 is repealed.

48.- New sections 87 to 87B substituted

(Repealed)

49.- Reception and retransmission of broadcast in cable programme service

Section 88 is amended by adding the following subsection:

“(4) For the purposes of this section only,:

“(a) sections 3 and 4 of this Act before repeal by the Copyright (New Technologies) Amendment Act 2008 continue to apply as if they had not been repealed and as if references in those provisions to ‘this Act’ were references to this section; and

“(b) the definition of broadcast in section 2(1) of this Act before repeal by the Copyright (New Technologies) Amendment Act 2008 continues to apply as if that definition had not been repealed.”

50.- New section 89 substituted

Section 89 is repealed and the following section substituted:

“89 Provision of subtitled copies of communication work

“(1) A body prescribed by regulation made under this Act may, for the purpose of providing people who are deaf or hard of hearing, or physically or mentally disabled in any other way, with copies that are subtitled or otherwise modified for their special needs, make copies of a communication work and issue copies to the public, without infringing any copyright in the communication work or in any work included in the communication work.

“(2) A body must not be prescribed for the purposes of subsection (1) if it is established or conducted for profit.”

51.- Recording for archival purposes

Section 90 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) A person (A) does not infringe copyright in a communication work, or in any work included in it, by recording it or making a copy of a recording of it, if:

“(a) the communication work is in a class of communication work prescribed by regulations made under this Act; and

“(b) A makes the recording or the copy for the purpose of placing it in an archive maintained by a body prescribed by regulations made under this Act.”

52.- Recording by media monitors

(1) Section 91 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsections:

“(1) This section applies to a recording, or a transcript of a recording, of a communication work that consists wholly or substantially of news or reports or discussions of current events.

“(1A) The person who makes the recording or transcript does not infringe copyright in the communication work, or in any work included in the communication work, if the conditions in subsection

(2) are complied with.”

(2) Section 91(2) is amended by omitting “subsection (1)” and substituting “subsection (1A)”.

(3) Section 91(4) is amended by omitting “broadcasts or cable programmes” and substituting “the communication work”.

53.- New heading and new sections 92A to 92E inserted

The following heading and sections are inserted after section 92:

“Internet service provider liability

“92A Internet service provider must have policy for terminating accounts of repeat infringers

“(1) An Internet service provider must adopt and reasonably implement a policy that provides for termination, in appropriate circumstances, of the account with that Internet service provider of a repeat infringer.

“(2) In subsection (1), repeat infringer means a person who repeatedly infringes the copyright in a work by using 1 or more of the Internet services of the Internet service provider to do a restricted act without the consent of the copyright owner.

“92B Internet service provider liability if user infringes copyright

“(1) This section applies if a person (A) infringes the copyright in a work by using 1 or more of the Internet services of an Internet service provider to do a restricted act without the consent of the copyright owner.

“(2) Merely because A uses the Internet services of the Internet service provider in infringing the copyright, the Internet service provider, without more,:

“(a) does not infringe the copyright in the work:

“(b) must not be taken to have authorised A’s infringement of copyright in the work:

“(c) subject to subsection (3), must not be subject to any civil remedy or criminal sanction.

“(3) However, nothing in this section limits the right of the copyright owner to injunctive relief in relation to A’s infringement or any infringement by the Internet service provider.

“(4) In subsections (1) and (2), Internet services means the services referred to in the definition of Internet service provider in section 2(1).

“92C Internet service provider liability for storing infringing material

“(1) This section applies if:

“(a) an Internet service provider stores material provided by a user of the service; and

“(b) the material infringes copyright in a work (other than as a result of any modification by the Internet service provider).

“(2) The Internet service provider does not infringe copyright in the work by storing the material unless:

“(a) the Internet service provider:

“(i) knows or has reason to believe that the material infringes copyright in the work; and

“(ii) does not, as soon as possible after becoming aware of the infringing material, delete the material or prevent access to it; or

“(b) the user of the service who provided the material is acting on behalf of, or at the direction of, the Internet service provider.

“(3) A court, in determining whether, for the purposes of subsection (2), an Internet service provider knows or has reason to believe that material infringes copyright in a work, must take account of all relevant matters, including whether the Internet service provider has received a notice of infringement in relation to the infringement.

“(4) An Internet service provider who deletes a user’s material or prevents access to it because the Internet service provider knows or has reason to believe that it infringes copyright in a work must, as soon as possible, give notice to the user that the material has been deleted or access to it prevented.

“(5) Nothing in this section limits the right of the copyright owner to injunctive relief in relation to a user’s infringement or any infringement by the Internet service provider.

“92D Requirements for notice of infringement

A notice referred to in section 92C(3) must:

“(a) contain the information prescribed by regulations made under this Act; and

“(b) be signed by the copyright owner or the copyright owner’s duly authorised agent.

“92E Internet service provider does not infringe copyright by caching infringing material

“(1) An Internet service provider does not infringe copyright in a work by caching material if the Internet service provider:

“(a) does not modify the material; and

“(b) complies with any conditions imposed by the copyright owner of the material for access to that material; and

“(c) does not interfere with the lawful use of technology to obtain data on the use of the material; and

“(d) updates the material in accordance with reasonable industry practice.

“(2) However, an Internet service provider does infringe copyright in a work by caching material if the Internet service provider does not delete the material or prevent access to it by users as soon as possible after the Internet service provider became aware that:

“(a) the material has been deleted from its original source; or

“(b) access to the material at its original source has been prevented; or

“(c) a court has ordered that the material be deleted from its original source or that access to the material at its original source be prevented.

“(3) Nothing in this section limits the right of the copyright owner to injunctive relief in relation to a user’s infringement or any infringement by the Internet service provider.

“(4) In this section,:

“cache means the storage of material by an Internet service provider that is:

“(a) controlled through an automated process; and

“(b) temporary; and

“(c) for the sole purpose of enabling the Internet service provider to transmit the material more efficiently to other users of the service on their request

“original source means the source from which the Internet service provider copied the material that is cached.”

54.- Subsequent dealings with copies made under this Part

Section 93 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) The provisions referred to in subsection (1) are as follows:

“(a) section 43A (which relates to transient reproduction of work);

“(b) section 44 (which relates to copying for educational purposes of literary, dramatic, musical, or artistic works or typographical arrangements);

“(c) section 44A (which relates to storing for educational purposes);

“(d) section 45 (which relates to copying for educational purposes of films and sound recordings);

“(e) section 48 (which relates to recording by educational establishments of communication works);

“(f) section 49 (which relates to things done for the purposes of an examination);

“(g) section 51 (which relates to copying by librarians of parts of published works);

“(h) section 52 (which relates to copying by librarians of articles in periodicals);

“(i) section 53 (which relates to copying by librarians for users of other libraries);

“(j) section 55 (which relates to copying by librarians or archivists to replace copies of works);

“(k) section 56 (which relates to copying by librarians or archivists of certain unpublished works);

“(l) sections 56A to 56C (which relate to access to and copying of works in digital format);

“(m) section 58 (which relates to copying by the Parliamentary Library for members of Parliament);

“(n) section 69 (which relates to the provision of Braille copies of literary or dramatic works);

“(o) section 80A (which relates to the decompilation of computer programs);

“(p) section 80B (which relates to copying or adapting computer programs if necessary for lawful use);

“(q) section 81A (which relates to copying sound recordings for private and domestic use);

“(r) section 83 (which relates to recording for the purposes of complaining);

“(s) section 84 (which relates to recording for the purposes of time shifting);

“(t) section 90 (which relates to recording for archival purposes);

“(u) section 92C (which relates to Internet service provider liability for storing infringing material);

“(v) section 92E (which relates to Internet service provider liability for caching infringing material).”

55.- Right to be identified as author or director

(1) Section 94(2)(a) is amended by omitting “broadcast, or included in a cable programme” and substituting “or communicated to the public”.

(2) Section 94(6)(b) is amended by omitting “broadcast or included in a cable programme” and substituting “communicated to the public”.

(3) Section 94(8) is amended by repealing paragraph (a) and substituting the following paragraph:

“(a) the film is shown in public or communicated to the public; or”.

56.- Content of right to be identified

Section 95(1)(c) is amended by omitting “broadcast, cable programme” and substituting “communication work”.

57.- Exceptions to right to be identified

(1) Section 97 is amended by repealing subsection (3) and substituting the following subsection:

“(3) The right is not infringed by an act that, under any of the following provisions of this Act, would not infringe copyright in the work:

“(a) section 41 (which relates to incidental copying of a work):

“(b) section 42 (which relates to criticism, review, and news reporting):

“(c) section 43A (which relates to transient reproduction of work):

“(d) section 49 (which relates to things done for the purposes of an examination):

“(e) section 59 (which relates to parliamentary and judicial proceedings):

“(f) section 60 (which relates to Royal commissions and statutory inquiries):

“(g) section 67 (which relates to acts permitted on assumptions as to expiry of copyright or death of author in relation to anonymous or pseudonymous works):

“(h) section 81A (which relates to copying sound recordings for private and domestic use).”

(2) Section 97(8) is amended by repealing paragraph (b) and substituting the following paragraph:

“(b) a part of a film, if that part:

“(i) appears incidentally in another film, or is included in a communication work; and

“(ii) is not a substantial part of the film.”

58.- Content of right to object to derogatory treatment

(1) Section 99(1)(a) is amended by omitting “broadcasts, or includes in a cable programme” and substituting “or communicates to the public”.

(2) Section 99(2)(a) is amended by omitting “broadcasts or includes in a cable programme” and substituting “communicates to the public”.

(3) Section 99(4) is amended by repealing paragraph (a) and substituting the following paragraph:

“(a) shows in public, or communicates to the public, a derogatory treatment of the film; or”.

(4) Section 99(4)(c) is amended by repealing subparagraph (i) and substituting the following subparagraph:

“(i) plays in public or communicates to the public; or”.

59.- Exceptions to right to object to derogatory treatment of films

(1) Section 101(3) is amended by repealing paragraphs (a) and (b) and substituting the following paragraph:

“(a) in relation to the communication of a film,:

“(i) complying with a duty imposed under section 4 of the Broadcasting Act 1989; or

“(ii) maintaining standards that are consistent with the observance of good taste and decency and the maintenance of law and order; or

“(iii) avoiding the commission of an offence; or

“(iv) complying with a duty imposed by or under any enactment:”.

(2) Section 101 is amended by repealing subsection (6) and substituting the following subsection:

“(6) The right is not infringed, in relation to the communication of a film to the public, if the person (A) communicating the film:

“(a) makes a deletion or any deletions from the film that is or are reasonably required to enable A to:

“(i) follow guidelines as to the programmes that may be shown in particular time periods; or

“(ii) fit the film into the time scheduled to show it; or

“(b) communicates the film in separate parts because of its length; or

“(c) uses a clip of a film in an advertisement for the showing of the film.”

60.- False attribution of identity of author or director

Section 102 is amended by repealing subsection (4) and substituting the following subsection:

“(4) A person (A) infringes a right under subsection (2) if:

“(a) A performs a literary, dramatic, or musical work in public, or shows a film to the public, or communicates the work or film to the public; and

“(b) the work or film is accompanied by a false attribution; and

“(c) A knows or has reason to believe that the attribution is false.”

61.- False representation as to literary, dramatic, or musical work

Section 103 is amended by repealing subsection (4) and substituting the following subsection:

“(4) A person (A) infringes the right conferred by subsection (2) if

A performs in public, or communicates to the public, a literary, dramatic, or musical work, accompanied by a false representation, and A knows or has reason to believe that the representation is false.”

62.- Right to privacy of certain photographs and films

(1) Section 105(1) is amended by repealing paragraph (c) and substituting the following paragraph:

“(c) not to have the work communicated to the public.”

(2) Section 105(3)(a) is amended by omitting “broadcast or cable

programme” and substituting “or communication work”.

63.- New sections 112 to 112B substituted

The principal Act is amended by repealing section 112 and substituting the following sections:

“112 Warranty implied in certain licences

“(1) This section applies to a licence that has been granted for:

“(a) the performance or communication to the public of a copyright work that is a literary, dramatic, or musical work or a sound recording or film; or

“(b) the inclusion of a copyright work that is an artistic work in a performance or a communication work.

“(2) A warranty is implied in the licence that the person by whom or on whose behalf the licence is granted is:

“(a) the owner of the copyright in the work, sound recording, or film that is the subject of the licence; or

“(b) authorised to grant the licence by the copyright owner.

“112A Damages for falsely claiming copyright ownership or licence

“(1) This section applies if:

“(a) a person (A) falsely claims to be, or to have been granted a licence by or on behalf of, the owner of the copyright in a literary, dramatic, musical, or an artistic work or a sound recording or film; and

“(b) A has threatened or commenced proceedings for preventing, or claiming damages in respect of, a performance or communication to the public of the work, sound recording, or film (which in this section is called the event); and

“(c) as a result of the threat or commencement of proceedings, the event has not taken place.

“(2) A court may award damages to compensate any of the following persons for any loss sustained because the event did not take place;

“(a) in the case of a threat of proceedings, the person to whom A made the threat;

“(b) in the case of the commencement of proceedings, a defendant;

“(c) any other person interested in the event.

“112B Provisions of sections 112 and 112A to have effect no matter what licence says

The provisions of sections 112 and 112A have effect no matter what any licence may say, and extend to all licences whether granted before or after the commencement of this Act.”

Part 2.- Amendments to Parts 6 to 11 of Copyright Act 1994

64.- Presumptions relevant to computer programs, sound recordings, and films

(1) Section 128(5) is amended by omitting “public, broadcast, or included in a cable programme” and substituting “public or communicated to the public”.

(2) Section 128(6) is amended by omitting “public, broadcast, or included in a cable programme” in each place where it appears and substituting in each case “public or communicated to the public”.

65.- Unjustified proceedings

Section 130(1) is amended by inserting “or a contravention of section 226A” after “copyright”.

66.- Criminal liability for making or dealing with infringing objects

Section 131(4) is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

67.- Works of more than one author

Section 147 is amended by repealing subsection (2) and substituting the following subsection:

“(2) In subsection (1), group of companies means a holding company and its subsidiaries as defined in sections 5 and 6 of the Companies Act 1993.”

68.- Licensing schemes to which sections 149 to 155 apply

(1) Section 148(a) is amended by repealing subparagraph (iv) and substituting the following subparagraph:

“(iv) relate to licences for copying the work or performing, showing, or playing the work in public or communicating the work to the public:”.

(2) Section 148(b) is amended by omitting “broadcasts, or cable programmes” and substituting “communication works”.

(3) Section 148(d) is amended by repealing subparagraphs (iii) and (iv) and substituting the following subparagraph:

“(iii) recording in the circumstances set out in sections 48(1) and 91(2);”.

69.- Licences to which sections 157 to 160 apply

(1) Section 156(a) is amended by repealing subparagraph (iii) and substituting the following subparagraph:

“(iii) authorise the copying of the work or the performance, showing, or playing of the work in public or the communication of the work to the public:”.

(2) Section 156(b) is amended by omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “communication work”.

70.- New section 163 substituted

The principal Act is amended by repealing section 163 and substituting the following section:

“163 Licences for educational establishments in respect of works included in communication works

“(1) This section applies to references or applications made under this Part in relation to licences for:

“(a) the recording, for educational purposes, by or on behalf of educational establishments, of communication works that include copyright works; or

“(b) making copies of those recordings for educational purposes.

“(2) When this section applies, the Tribunal must, in considering what charges (if any) should be paid for a licence, have regard to the extent to which the owners of the copyright in the works included in the communication work have already received, or are entitled to receive, payment in respect of their inclusion.”

71.- Licences to reflect conditions imposed by promoters of events

(1) Section 164(1) is amended by omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “or communication work”.

(2) Section 164(2)(b) is amended by omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “or communication work”.

72.- Licences to reflect payments in respect of underlying rights

Section 165(2) is amended by:

(a) omitting “broadcasts, or cable programmes” and substituting “or communication works”; and

(b) omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “or communication work”.

73.- Licences in respect of works included in retransmissions

Section 166 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) This section applies to applications under this Part in relation to licences to include literary, dramatic, musical, or artistic works or sound recordings or films in a communication work when one communication work (in this section referred to as the first transmission) is, by reception and immediate retransmission, to be further communicated to the public (in this section referred to as the further transmission).”

74.- Determination of equitable remuneration

Section 168(1)(e) is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

75.- Interpretation

(1) Paragraph (d) of the definition of commercial exploitation in section 169 is repealed and the following paragraph substituted:

“(d) communicating recordings or copies of recordings to the public”.

(2) Paragraph (b) of the definition of recording in section 169 is amended by omitting “broadcast of, or a cable programme that includes,” and substituting “communication work that includes”.

76.- Application

Section 170(4)(a) is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

77.- Consent required for recording or live transmission of performance

Section 171(1) is amended by repealing paragraph (b) and substituting the following paragraph:

“(b) communicates live to the public the whole or any substantial part of a performance.”

78.- New section 172 substituted

Section 172 is repealed and the following section substituted:

“172 Infringement by use of recording made without performer’s consent

A person (A) infringes a performer’s rights if:

“(a) without the performer’s consent and by means of a recording, A shows in public, plays in public, or communicates to the public the whole or a substantial part of a performance; and

“(b) the recording was made without the performer’s consent; and

“(c) A knows or has reason to believe that the recording was made without the performer’s consent.”

79.- Incidental inclusion of performance or recording

Section 175 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) The rights conferred by this Part are not infringed by:

“(a) the incidental inclusion of a performance or recording in a sound recording, film, or communication work; or

“(b) the playing of a sound recording, the showing of a film, or the making of a communication work, where the performance or sound recording has been incidentally included in that sound recording, film, or communication work; or

“(c) the issue to the public of copies of a sound recording, film, or communication work in which a performance or recording has been incidentally included.”

80.- New section 175A inserted

The following section is inserted after section 175:

“175A Transient reproduction of recording of performance

A reproduction of a recording of a performance of a work does not infringe the rights conferred by this Part in the recording if the reproduction:

“(a) is transient or incidental; and

“(b) is a necessary part of a technological process for the viewing of, or listening to, the recording by a member of the public to whom the recording is lawfully made available; and

“(c) has no independent economic significance.”

81.- Playing or showing sound recording, film, broadcast, or cable programme at educational establishment

(1) The heading to section 178 is amended by omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “or communication work“.

(2) Section 178(1) is amended by omitting “broadcast, or cable programme” and substituting “or communication work”.

82 Recording of broadcasts and cable programmes by educational establishment

(1) The heading to section 179 is amended by omitting “broadcasts and cable programmes” and substituting “communication works“.

(2) Section 179 is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

83.- Use of recordings of spoken works in certain cases

(1) Section 184 is amended by repealing subsection (1) and substituting the following subsection:

“(1) It is not an infringement of the rights conferred by this Part to use a recording of a reading or recitation of a literary work (or to copy the recording and use the copy) if:

“(a) it was made for the purpose of:

“(i) reporting current events; or

“(ii) communicating all or part of the reading or recitation to the public; and

“(b) the conditions in subsection (2) are complied with.”

(2) Section 184(2)(a) is amended by omitting “broadcast or cable programme” and substituting “communication work”.

84.- New section 187 substituted

Section 187 is repealed and the following section substituted:

“187 Incidental recording for purposes of communication work

“(1) A person who proposes to communicate a recording of a performance to the public in circumstances not infringing rights under this Part does not require consent for the purposes of this Part to the making of the further recording if the conditions in subsection (2) are complied with.

“(2) The conditions referred to in subsection (1) are that the further recording:

“(a) must only be used for communicating it to the public in circumstances not infringing rights under this Part; and

“(b) must be destroyed within 6 months after first being communicated to the public, unless the Minister has authorised the preservation of the recording in the records of a government department or in the national archives because of its documentary character or exceptional importance.

“(3) A recording made in accordance with this section is treated as an illicit recording:

“(a) for the purposes of any use in breach of the condition in subsection (2)(a); and

“(b) for all purposes after either of the conditions in subsection (2) is broken.”

85.- New sections 188 to 188B substituted

(Repealed)

86.- Section 189 repealed

Section 189 is repealed.

87.- New section 190 substituted

Section 190 is repealed and the following section substituted:

“190 Provision of subtitled copies of communication work

“(1) A prescribed body that makes a recording of a communication work for the purpose of providing people who are deaf or hard of hearing or physically or mentally disabled in any other way with copies that are subtitled or otherwise modified for their special needs, does not infringe any right under this Part in relation to a performance or recording included in that communication work.

“(2) A body must not be prescribed for the purposes of subsection (1) if it is established or conducted for profit.”

88.- New section 191 substituted

Section 191 is repealed and the following section substituted:

“191 Recording of communication work for archival purposes

“(1) Any person (A) who records, or makes a copy of a recording of, a communication work does not infringe any right under this Part in relation to a performance or recording included in the communication work if:

“(a) the communication work falls within a prescribed class; and

“(b) A makes the recording or the copy for the purpose of it being placed in an archive maintained by a prescribed body.

“(2) A body must not be prescribed for the purposes of subsection (1) if it is established or conducted for profit.”

89.- Criminal liability for making, dealing with, using, or copying illicit recordings

Section 198(2) is amended by repealing paragraph (b) and substituting the following paragraph:

“(b) communicated to the public.”

90.- New heading and new sections 226 to 226J substituted

Section 226 and the heading immediately above section 226 are repealed and the following heading and sections substituted:

“Technological protection measures

“226 Definitions of TPM terms

In sections 226A to 226E, unless the context otherwise requires,:

“TPM or technological protection measure:

“(a) means any process, treatment, mechanism, device, or system that in the normal course of its operation prevents or inhibits the infringement of copyright in a TPM work; but

“(b) for the avoidance of doubt, does not include a process, treatment, mechanism, device, or system to the extent that, in the normal course of operation, it only controls any access to a work for non-infringing purposes (for example, it does not include a process, treatment, mechanism, device, or system to the extent that it controls geographic market segmentation by preventing the playback in New Zealand of a non-infringing copy of a work)

“TPM circumvention device means a device or means that:

“(a) is primarily designed, produced, or adapted for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of a technological protection measure; and

“(b) has only limited commercially significant application except for its use in circumventing a technological protection measure

“TPM work means a copyright work that is protected by a technological protection measure.

“226A Prohibited conduct in relation to technological protection measure

“(1) A person (A) must not make, import, sell, distribute, let for hire, offer or expose for sale or hire, or advertise for sale or hire, a TPM circumvention device that applies to a technological protection measure if A knows or has reason to believe that it will, or is likely to, be used to infringe copyright in a TPM work.

“(2) A person (A) must not provide a service to another person (B) if:

“(a) A intends the service to enable or assist B to circumvent a technological protection measure; and

“(b) A knows or has reason to believe that the service will, or is likely to, be used to infringe copyright in a TPM work.

“(3) A person (A) must not publish information enabling or assisting another person to circumvent a technological protection measure if A intends that the information will be used to infringe copyright in a TPM work.

“226B Rights of issuer of TPM work

“(1) This section applies if a TPM work is issued to the public by, or under licence from, the copyright owner.

“(2) The issuer of the TPM work has the same rights against a person who contravenes section 226A as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.

“(3) The issuer of the TPM work has the same rights under section 122 (order for delivery up in civil proceedings) or 132 (order for delivery up in criminal proceedings) in relation to a TPM circumvention device as a copyright owner has in relation to an infringing copy.

“(4) Sections 126 to 129 (which relate to certain presumptions) apply in relation to proceedings under this section.

“(5) Section 134 (order as to disposal of infringing copy or other object) applies, with all necessary modifications, in relation to the disposal of anything that is delivered up under subsection (3).

“226C Offence of contravening section 226A

“(1) A person (A) commits an offence who, in the course of business, makes, imports, sells, distributes, lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or advertises for sale or hire, a TPM circumvention device that applies to a technological protection measure if A knows that it will, or is likely to, be used to infringe copyright in a TPM work.

“(2) A person (A) commits an offence who, in the course of business, provides a service to another person (B) if:

“(a) A intends the service to enable or assist B to circumvent a technological protection measure; and

“(b) A knows that the service will, or is likely to, be used to infringe copyright in a TPM work.

“(3) A person (A) commits an offence who, in the course of business, publishes information enabling or assisting another person to circumvent a technological protection measure if A intends that the information will be used to infringe copyright in a TPM work.

“(4) A person who commits an offence under this section is liable on conviction on indictment to a fine not exceeding $150,000 or a term of imprisonment not exceeding 5 years or both.

“226D When rights of issuer of TPM work do not apply

“(1) The rights that the issuer of a TPM work has under section 226B do not prevent or restrict the exercise of a permitted act.

“(2) The rights that the issuer of a TPM work has under section 226B do not prevent or restrict the making, importation, sale, or letting for hire of a TPM circumvention device to enable:

“(a) a qualified person to exercise a permitted act under Part 3 using a TPM circumvention device on behalf of the user of a TPM work; or

“(b) a person referred to in section 226E(3) to undertake encryption research.

“(3) In this section and in section 226E, qualified person means:

“(a) the librarian of a prescribed library; or

“(b) the archivist of an archive; or

“(c) an educational establishment; or

“(d) any other person specified by the Governor-General by Order in Council on the recommendation of the Minister.

“(4) A qualified person must not be supplied with a TPM circumvention device on behalf of a user unless the qualified person has first made a declaration to the supplier in the prescribed form.

“(5) In this section,:

“archive has the same meaning as in section 50(1)

“archivist includes a person acting on behalf of the archivist

“encryption technology means the scrambling and descrambling of information using mathematical formulae or algorithms

“librarian includes a person acting on behalf of the librarian

“prescribed library has the same meaning as in section 50(1).

“(6) In this section and in section 226E, encryption research means identifying and analysing flaws and vulnerabilities of encryption technology.

“226E User’s options if prevented from exercising permitted act by TPM

“(1) Nothing in this Act prevents any person from using a TPM circumvention device to exercise a permitted act under Part 3.

“(2) The user of a TPM work who wishes to exercise a permitted act under Part 3 but cannot practically do so because of a TPM may do either or both of the following:

“(a) apply to the copyright owner or the exclusive licensee for assistance enabling the user to exercise the permitted act:

“(b) engage a qualified person (see section 226D(3)) to exercise the permitted act on the user’s behalf using a TPM circumvention device, but only if the copyright owner or the exclusive licensee has refused the user’s request for assistance or has failed to respond to it within a reasonable time.

“(3) Nothing in this Act prevents any person from using a TPM circumvention device to undertake encryption research if that person:

“(a) is either:

“(i) engaged in a course of study at an educational establishment in the field of encryption technology; or

“(ii) employed, trained, or experienced in the field of encryption technology; and

“(b) has either:

“(i) obtained permission from the copyright owner or exclusive licensee of the copyright to the use of a TPM circumvention device for the purpose of the research; or

“(ii) has taken, or will take, all reasonable steps to obtain that permission.

“(4) A qualified person who exercises a permitted act on behalf of the user of a TPM work must not charge the user more than a sum consisting of the total of the cost of the provision of the service and a reasonable contribution to the qualified person’s general expenses.

“Copyright management information

“226F Meaning of copyright management information

In sections 226G, 226H, and 226J CMI or copyright management information means information attached to, or embodied in, a copy of a work that:

“(a) identifies the work, and its author or copyright owner; or

“(b) identifies or indicates some or all of the terms and conditions for using the work, or indicates that the use of the work is subject to terms and conditions.

“226G Interference with CMI prohibited

“(1) A person (A) must not remove or modify any copyright management information attached to, or embodied in, a copy of a work.

“(2) However, subsection (1) does not apply if:

“(a) A has the authority of the copyright owner or the exclusive licensee to remove or modify the copyright management information; or

“(b) A does not know, and has no reason to believe, that the removal or modification will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of the copyright in the work.

“226H Commercial dealing in work subject to CMI interference

“(1) A person (A) must not, in the course of business, make, import, sell, let for hire, offer or expose for sale or hire, or advertise for sale or hire, a copy of a work if any copyright management information attached to, or embodied in, the copy has been removed or modified without the authority of the copyright owner or the exclusive licensee.

“(2) However, subsection (1) does not apply if:

“(a) A has the authority of the copyright owner or the exclusive licensee to remove or modify the copyright management information; or

“(b) A does not know, and has no reason to believe, that the removal or modification will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of the copyright in the work; or

“(c) A does not know, and has no reason to believe, that any copyright management information attached to, or embodied in, the copy has been removed or modified without the authority of the copyright owner or the exclusive licensee.

“226I Contravention of section 226G or 226H

A copyright owner or licensee of a work has the same rights in relation to a contravention of section 226G or 226H as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.

“226J Offence of dealing in work subject to CMI interference

“(1) A person (A) who contravenes section 226H commits an offence if:

“(a) A knows that the copyright management information has been removed or modified without the authority of the copyright owner or exclusive licensee; and

“(b) A knows that dealing in the work will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of the copyright in the work.

“(2) A person who commits an offence under subsection (1) is liable on conviction on indictment to a fine not exceeding $150,000 or a term of imprisonment not exceeding 5 years or both.”

91.- Offence of fraudulently receiving programmes

Section 227(1) is amended by omitting “broadcasting service or cable programme service” and substituting “communication work”.

92.- Rights and remedies in respect of apparatus, etc, for unauthorised reception of transmissions

Section 228(1)(b) is amended by omitting “broadcasting service or cable programme service” and substituting “communication work”.

93.- Supplementary provisions as to fraudulent reception

(1) Section 229(2) is amended by omitting “broadcasting services or cable programme services” and substituting “communication works”.

(2) Section 229(3) is amended by omitting “broadcasting service or cable programme service” and substituting “communication work”.

94.- Application to Convention countries

Section 230(1) is amended by repealing paragraph (d) and substituting the following paragraph:

“(d) apply in relation to communication works communicated from any Convention country as they apply in relation to communication works communicated from New Zealand,:”.

95.- Application of Act (other than Part 9) to other entities

Section 232(2) is amended by repealing paragraph (d) and substituting the following paragraph:

“(d) it applies to communication works communicated from any Convention country as it applies to communication works communicated from New Zealand.”

96.- Regulations

(1) Section 234(e) is amended by omitting “broadcasts or cable programmes” and substituting “communication works”.

(2) Section 234 is amended by inserting the following paragraph after paragraph (e):

“(ea) prescribing the form of a notice of infringement for the purposes of section 92D:”.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

ENMIENDA nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 1º. Se enmienda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la modificación de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, en la forma siguiente:

Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida.

Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.

3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.

Artículo 174. El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida.

Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida.

Artículo 2º. Imprímase íntegramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y publíquese a continuación de esta Constitución la Enmienda sancionada y anótese al pie de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 del texto constitucional la referencia de número y fecha de esta Enmienda.

Sancionada por la Asamblea Nacional a los catorce días del mes de enero de dos mil nueve y aprobada por el pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, mediante referendo constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

Plaza Pérez Bonalde de Catia Parroquia Sucre Municipio Libertador, en Caracas, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil nueve. Años 198° de la Independencia, 149° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana.

Cumplase,

(L.S.)

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Defensa

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería

(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para el Turismo

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Educación

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Salud

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Infraestructura

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo

(L.S.)

120

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo

(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación

(L.S.)

121

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para la Cultura

(L.S.)

Refrendado

El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat

(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social

(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para el Deporte

(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática

(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

(L.S.)

Refrendado

La Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer

(L.S.)

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles entre las fronteras comunes.

CONVENIO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SCHENGEN de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes

El REINO DE BÉLGICA, la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, la REPÚBLICA FRANCESA, el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO y el REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, en lo sucesivo denominados “las Partes contratantes”,

BASÁNDOSE en el Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes,

DECIDIDOS a cumplir la voluntad, expresada en dicho Acuerdo, de lograr la supresión de controles en las fronteras comunes en la circulación de personas y de facilitar en dichas fronteras el transporte y la circulación de mercancías,

CONSIDERANDO que el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, completado por el Acta Única Europea, dispone que el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores,

CONSIDERANDO que la finalidad perseguida por las Partes contratantes coincide con el citado objetivo, sin perjuicio de las medidas que se adopten en aplicación de las disposiciones del Tratado,

CONSIDERANDO que el cumplimiento de esta voluntad requiere una serie de medidas al efecto y una estrecha cooperación entre las Partes contratantes,

HAN CONVENIDO EN LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

TÍTULO I. DEFINICIONES

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio, se entenderá por:

“Fronteras interiores”: Las fronteras terrestres comunes de las Partes contratantes, así como sus aeropuertos por lo que respecta a los vuelos interiores y sus puertos marítimos por lo que respecta a los enlaces regulares de transbordadores con procedencia o destino exclusivamente en otros puertos de los territorios de las Partes contratantes y que no efectúen escala en los puertos ajenos a dichos territorios;

“Fronteras exteriores”: Las fronteras terrestres y marítimas, así como los aeropuertos y puertos marítimos de las Partes contratantes, siempre que no sean fronteras interiores;

“Vuelo interior”: Todo vuelo con procedencia o destino exclusivamente en los territorios de las Partes contratantes, sin aterrizaje en el territorio de un tercer Estado;

“Tercer Estado”: Todo Estado que no sea una de las Partes contratantes;

“Extranjero”: Toda persona que no sea nacional de un Estado miembro de las Comunidades Europeas;

“Extranjero inscrito”: Todo extranjero inscrito como no admisible en el Sistema de Información de Schengen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96;

“Paso fronterizo”: Todo paso autorizado por las autoridades competentes para cruzar las fronteras exteriores;

“Control fronterizo”: El control realizado en las fronteras que, con independencia de otros motivos, se base únicamente en la intención de cruzar la frontera;

“Transportista”: Toda persona física o jurídica que realice, con carácter profesional, el transporte de personas por vía aérea, marítima o terrestre;

“Permiso de residencia”: Toda autorización expedida por una Parte contratante que dé derecho a permanecer en su territorio. No se incluye en esta definición la autorización temporal de residencia en el territorio de una Parte contratante expedida durante el examen de una solicitud de asilo o de una solicitud de permiso de residencia;

“Solicitud de asilo”: Toda solicitud presentada por escrito, oralmente o de cualquier otra forma por un extranjero en la frontera exterior o en el territorio de una Parte contratante con el fin de obtener el reconocimiento de su condición de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y con el fin de obtener el derecho de residencia invocando tal condición;

“Solicitante de asilo”: Todo extranjero que haya presentado una solicitud de asilo con arreglo al presente Convenio sobre la cual no exista todavía resolución definitiva;

“Examen de una solicitud de asilo”: El conjunto de procedimientos de examen, de decisión y de medidas adoptadas en aplicación de decisiones definitivas relativas a una solicitud de asilo, con excepción de la determinación de la Parte contratante responsable del examen de la solicitud de asilo en virtud de las disposiciones del presente Convenio.

TÍTULO II. SUPRESIÓN DE CONTROLES EN LAS FRONTERAS INTERIORES Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS

CAPÍTULO I. CRUCE DE FRONTERAS INTERIORES

Artículo 2

1. Las fronteras interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice control alguno de las personas.

2. No obstante, cuando así lo exijan el orden público o la seguridad nacional, una Parte contratante podrá decidir, previa consulta a las demás Partes contratantes, que se efectúen en las fronteras interiores y durante un período limitado controles fronterizos nacionales adaptados a la situación. Si el orden público o la seguridad nacional exigieran una acción inmediata, la Parte contratante de que se trate adoptará las medidas necesarias e informará de ello lo antes posible a las demás Partes contratantes.

3. La supresión del control de personas en las fronteras interiores no afectará a lo dispuesto en el artículo 22, ni al ejercicio de las competencias de policía por las autoridades competentes en virtud de la legislación de cada Parte contratante sobre el conjunto de su territorio, ni a las obligaciones de poseer, llevar consigo y presentar títulos y documentos contemplados en su legislación.

4. Los controles de mercancías se efectuarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Convenio.

CAPÍTULO 2. CRUCE DE FRONTERAS EXTERIORES

Artículo 3

1. En principio, las fronteras exteriores sólo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas. El Comité ejecutivo adoptará disposiciones más detalladas, así como las excepciones y modalidades del tráfico fronterizo menor y las normas aplicables a categorías especiales de tráfico marítimo, como la navegación de placer o la pesca costera.

2. Las Partes contratantes se comprometen a fijar sanciones que penalicen el cruce no autorizado de las fronteras exteriores fuera de los pasos fronterizos y de las horas de apertura establecidas.

Artículo 4

1. Las Partes contratantes garantizan que, a partir de 1993, los pasajeros de un vuelo procedente de terceros Estados que embarquen en vuelos interiores serán sometidos previamente, a la entrada, a un control de personas y a un control de los equipajes de mano en el aeropuerto de llegada del vuelo exterior. Los pasajeros de un vuelo interior que embarquen en un vuelo con destino a terceros Estados serán sometidos previamente, a la salida, a un control de personas y a un control de los equipajes de mano en el aeropuerto de salida del vuelo exterior.

2. Las Partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para que los controles puedan realizarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no afectará al control de los equipajes facturados; dicho control se realizará en el aeropuerto de destino final o en el aeropuerto de salida inicial, respectivamente.

4. Hasta la fecha mencionada en el apartado 1, se considerará a los aeropuertos como fronteras exteriores para los vuelos interiores, no obstante la definición de fronteras interiores.

Artículo 5

1. Para una estancia que no exceda de tres meses, se podrá autorizar la entrada en el territorio de las Partes contratantes a los extranjeros que cumplan las condiciones siguientes:

a) poseer un documento o documentos válidos que permitan el cruce de la frontera, determinados por el Comité ejecutivo;

b) estar en posesión de un visado válido cuando éste sea exigido;

c) en su caso, presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios adecuados de subsistencia, tanto para el período de estancia previsto como para el regreso al país de procedencia o el tránsito hacia un tercer Estado en el que su admisión esté garantizada, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios;

d) no estar incluido en la lista de no admisibles;

e) no suponer un peligro para el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de una de las Partes contratantes.

2. Se negará la entrada en el territorio de las Partes contratantes al extranjero que no cumpla todas estas condiciones, excepto si una Parte contratante considera necesario establecer una excepción a este principio por motivos humanitarios o de interés nacional o por obligaciones internacionales. En tal caso, la admisión quedará limitada al territorio de la Parte contratante de que se trate, la cual deberá advertir de ello a las demás Partes contratantes.

Estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo o de las contenidas en el artículo 18.

3. Se admitirá en tránsito al extranjero titular de una autorización de residencia o de un visado de regreso expedidos por una de las Partes contratantes o, en caso necesario, de ambos documentos, a no ser que figure en la lista nacional de no admisibles de la Parte contratante en cuyas fronteras exteriores se presente.

Artículo 6

1. La circulación transfronteriza en las fronteras exteriores estará sujeta al control de las autoridades competentes. El control se efectuará con arreglo a principios uniformes para los territorios de las Partes contratantes, en el marco de las competencias nacionales y de la legislación nacional, teniendo en cuenta los intereses de todas las Partes contratantes.

2. Los principios uniformes mencionados en el apartado 1 serán los siguientes:

a) El control de las personas incluirá no solo la comprobación de los documentos de viaje y de las restantes condiciones de entrada, de residencia, de trabajo y de salida, sino también la investigación y la prevención de peligros para la seguridad nacional y el orden público de las Partes contratantes. Dicho control se referirá asimismo a los vehículos y los objetos que se hallen en poder de las personas que crucen las fronteras, y cada Parte contratante lo efectuará de conformidad con su legislación, en particular en lo que se refiere al registro de los mismos.

b) Todas las personas deberán ser objeto de al menos un control que permita determinar su identidad tras haber exhibido o presentado documentos de viaje.

c) A la entrada, deberá someterse a los extranjeros a un control minucioso, con arreglo a lo dispuesto en la letra a).

d) A la salida, se procederá al control que exija el interés de todas las Partes contratantes en virtud del derecho de extranjería y en la medida en que sea necesario para investigar y prevenir peligros para la seguridad nacional y el orden público de las Partes contratantes. Dicho control se efectuará sobre los extranjeros en todos los casos.

e) Si no pudieran efectuarse dichos controles por circunstancias especiales, se establecerán prioridades. A este respecto, el control de la circulación a la entrada tendrá prioridad, en principio, sobre el control a la salida.

3. Las autoridades competentes vigilarán con unidades móviles los espacios de las fronteras exteriores situados entre los pasos fronterizos, así como los pasos fronterizos fuera de las horas normales de apertura. Dicho control se efectuará de tal manera que no se incite a las personas a evitar el control en los pasos fronterizos. El Comité ejecutivo fijará, en su caso, las modalidades de la vigilancia.

4. Las Partes contratantes se comprometen a disponer de personal adecuado y en número suficiente para ejercer el control y la vigilancia de las fronteras exteriores.

5. En las fronteras exteriores se ejercerá un nivel equivalente de control.

Artículo 7

Las Partes contratantes se prestarán asistencia y garantizarán una cooperación estrecha y permanente para efectuar de forma eficaz los controles y la vigilancia. En particular, procederán a un intercambio de todas las informaciones pertinentes e importantes, con la excepción de los datos nominativos de carácter individual, a no ser que el presente Convenio disponga lo contrario, también procederán a la armonización, en la medida de lo posible, de las instrucciones dadas a los servicios responsables de los controles y fomentarán una formación y una actualización de conocimientos uniformes para el personal destinado a los controles. Dicha cooperación podrá adoptar la forma de un intercambio de funcionarios de enlace.

Artículo 8

El Comité ejecutivo adoptará las decisiones necesarias sobre las modalidades prácticas de aplicación del control y de la vigilancia de las fronteras.

CAPÍTULO 3. VISADOS

Sección 1. Visados para estancias de corta duración

Artículo 9

1. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar una política común en lo relativo a la circulación de personas y, en particular, al régimen de visados. A tal efecto, se prestarán asistencia mutua y se comprometerán a proseguir de común acuerdo la armonización de su política en materia de visados.

2. Por lo que respecta a terceros Estados cuyos nacionales estén sujetos a un régimen de visados común a todas las Partes contratantes en el momento de la firma del presente Convenio o después de la misma, dicho régimen de visados sólo podrá modificarse de común acuerdo entre todas las Partes contratantes. Una Parte contratante podrá hacer excepciones al régimen común de visados respecto de un tercer país, por motivos imperiosos de política nacional que exijan una decisión urgente. Deberá consultar previamente a las demás Partes contratantes y tener en cuenta los intereses de éstas al adoptar su decisión, así como las consecuencias de la misma.

Artículo 10

1. Se creará un visado uniforme válido para el territorio de todas las Partes contratantes. Dicho visado, cuyo período de validez se contempla en el artículo 11, podrá ser expedido para una estancia de tres meses como máximo.

2. Hasta que se instaure dicho visado, las Partes contratantes reconocerán sus visados nacionales respectivos, siempre que su expedición se efectúe basándose en los requisitos y criterios comunes que se determinen en el marco de las disposiciones pertinentes del presente capitulo.

3. Como excepción a las disposiciones de los apartados 1 y 2, cada Parte contratante se reservará el derecho de restringir la validez territorial del visado según las modalidades comunes que se determinen en el marco de las disposiciones pertinentes del presente capítulo.

Artículo 11

1. El visado instituido en el artículo 10 podrá ser:

a) un visado de viaje válido para una o varias entradas, sin que la duración de una estancia ininterrumpida o la duración total de estancias sucesivas puedan ser superiores a tres meses por semestre, a partir de la fecha de la primera entrada;

b) un visado de tránsito que permita a su titular transitar una, dos o excepcionalmente varias veces por los territorios de las Partes contratantes para dirigirse al territorio de un tercer Estado, sin que la duración del tránsito pueda ser superior a cinco días.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será obstáculo para que, durante el semestre de que se trate, una Parte contratante expida en caso de necesidad un nuevo visado cuya validez se limite a su territorio.

Artículo 12

1. Las autoridades diplomáticas y consulares de las Partes contratantes y, en su caso, las autoridades de las Partes contratantes designadas en el marco del artículo 17, expedirán el visado uniforme instituido en el apartado 1 del artículo 10.

2. La Parte contratante competente para expedir dicho visado será, en principio, la del destino principal y, si este no puede determinarse, la expedición del visado incumbirá en principio al puesto diplomático o consular de la Parte contratante de primera entrada.

3. El Comité ejecutivo precisará las normas de desarrollo y, en particular, los criterios de determinación del destino principal.

Artículo 13

1. No podrá estamparse ningún visado en un documento de viaje si éste está caducado.

2. El período de validez del documento de viaje deberá ser superior al del visado, habida cuenta del plazo de utilización de éste. Deberá permitir el regreso del extranjero a su país de origen o su entrada en un tercer país.

Artículo 14

1. No podrá estamparse ningún visado en un documento de viaje si éste no es válido para ninguna de las Partes contratantes. Si el documento de viaje sólo es válido para una o varias Partes contratantes, el visado se limitará a esta o estas Partes contratantes.

2. Si el documento de viaje no estuviera reconocido como válido por una o varias Partes contratantes, podrá expedirse el visado en forma de autorización que haga las veces de visado.

Artículo 15

En principio, los visados mencionados en el artículo 10 sólo podrán expedirse si el extranjero cumple las condiciones de entrada establecidas en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 5.

Artículo 16

Si, por uno de los motivos enumerados en el apartado 2 del artículo 5, una Parte contratante estimara necesario hacer una excepción al principio definido en el artículo 15 y expidiese un visado a un extranjero que no cumpla todas las condiciones de entrada contempladas en el apartado 1 del artículo 5, la validez de dicho visado se limitará al territorio de dicha Parte contratantes la cual deberá advertir de ello a las demás Partes contratantes.

Artículo 17

1. El Comité ejecutivo adoptará normas comunes para el examen de las solicitudes de visado, velará por su aplicación correcta y las adaptará a las nuevas situaciones y circunstancias.

2. Además, el Comité ejecutivo precisará los casos en que la expedición de visado esté supeditada a la consulta de la autoridad central de la Parte contratante que reciba la solicitud, así como, en su caso, de las autoridades centrales de las demás Partes contratantes.

3. El Comité ejecutivo adoptará asimismo las decisiones necesarias en relación con los puntos siguientes:

a) los documentos de viaje en los que podrá estamparse un visado;

b) las autoridades encargadas de la expedición de visados;

c) los requisitos de expedición de visados en las fronteras;

d) la forma, el contenido, el plazo de validez de los visados y los derechos que se percibirán por su expedición;

e) las condiciones para la prórroga y denegación de visados a que se refieren las letras c) y d), de conformidad con los intereses de todas las Partes contratantes;

f) las modalidades de limitación de la validez territorial de los visados;

g) los principios de elaboración de una lista común de extranjeros inscritos como no admisibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96.

Sección 2. Visados para estancias de larga duración

Artículo 18

Los visados para una estancia superior a tres meses serán visados nacionales expedidos por cada Parte contratante con arreglo a su propia legislación. Un visado de esta índole permitirá a su titular transitar por el territorio de las demás Partes contratantes para dirigirse al territorio de la Parte contratante que expidió el visado, salvo si no cumple las condiciones de entrada contempladas en las letras a), d) y e) del apartado 1 del artículo 5 o si figura en la lista nacional de no admisibles de la Parte contratante por cuyo territorio desee transitar.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 19

1. Las extranjeros titulares de un visado uniforme que hayan entrado regularmente en el territorio de las Partes contratantes podrán circular libremente por el territorio de todas las Partes contratantes durante el período de validez del visado, siempre que cumplan las condiciones de entrada contempladas en las letras a), g), d) y e) del apartado 1 del artículo 5.

2. Hasta que se instaure el visado uniforme, los extranjeros titulares de un visado expedido por una de las Partes contratantes que hayan entrado regularmente en el territorio de una de ellas podrá circular libremente por el territorio de todas las Partes contratantes durante el período de validez del visado y, como máximo, durante tres meses a partir de la fecha de la primera entrada, siempre que cumplan las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 5.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los visados cuya validez sea objeto de una limitación territorial de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del presente título.

4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

Artículo 20

1. Los extranjeros que no estén sujetos a la obligación de visado podrán circular libremente por los territorios de las Partes contratantes por una duración máxima de tres meses en un período de seis meses a partir de la fecha de su primera entrada, siempre que cumplan las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 5.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obstaculizará el derecho de cada Parte contratante a prolongar más allá de tres meses la estancia de un extranjero en su territorio, en circunstancias excepcionales o en explicación de las disposiciones de un acuerdo bilateral suscrito antes de la entrada en vigor del presente Convenio.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

Artículo 21

1. Los extranjeros titulares de un permiso de residencia expedido por una de las Partes contratantes podrán, al amparo de dicho permiso y de un documento de viaje que sean válidos, circular libremente durante un período de tres meses como máximo por el territorio de las demás Partes contratantes, siempre que cumplan las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c) y e) del apartado 1 de 1 artículo 5 y que no figuren en la lista nacional de no admisibles de la Parte contratante de que se trate.

2. El apartado 1 se aplicará asimismo a los extranjeros titulares de una autorización provisional de residencia expedida por una de las Partes contratantes y de un documento de viaje expedido por dicha Parte contratante.

3. Las Partes contratantes comunicaran al Comité ejecutivo la lista de los documentos que expidan y que sirvan como permiso de residencia o autorización provisional de residencia y documento de viaje con arreglo al presente artículo.

4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

Artículo 22

1. Los extranjeros que hayan entrado regularmente en el territorio de una de las Partes contratantes estarán obligados a declararlo, en las condiciones establecidas por cada Parte contratante, a las autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio entren. Dicha declaración podrá realizarse, a elección de cada Parte contratante, bien a la entrada o bien, en un plazo de tres días hábiles a partir de la entrada, dentro del territorio de la Parte contratante en la que entren.

2. Los extranjeros que residan en el territorio de una de las Partes contratantes y que se dirijan al territorio de otra Parte contratante estarán obligados a realizar la declaración mencionada en el apartado 1.

3. Cada Parte contratante adoptará las excepciones a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y las comunicará al Comité ejecutivo.

Artículo 23

1. El extranjero que no cumpla o que haya dejado de cumplir las condiciones de corta estancia aplicables en el territorio de una de las Partes contratantes deberá, en principio, abandonar sin demora el territorio de las Partes contratantes.

2. El extranjero que disponga de un permiso de residencia o de una autorización de residencia provisional en vigor expedidos por otra Parte contratante deberá dirigirse sin demora al territorio de dicha Parte contratante.

3. Cuando dicho extranjero no abandone el territorio voluntariamente o pueda presumirse que no lo abandonará, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de seguridad nacional o de orden público, el extranjero será expulsado del territorio de la Parte contratante donde haya sido aprehendido, en las condiciones establecidas en el Derecho nacional de dicha Parte contratante. Si la aplicación de tal Derecho no permitiera la expulsión, la Parte contratante de que se trate podrá permitir la estancia del interesado en su territorio.

4. La expulsión podrá realizarse desde el territorio de ese Estado al país de origen del extranjero o a cualquier otro Estado donde sea posible su admisión, en particular en aplicación de las disposiciones pertinentes de los acuerdos de readmisión suscritos por las Partes contratantes.

5. Lo dispuesto en el apartado 4 no constituirá un obstáculo para las disposiciones nacionales relativas al derecho de asilo ni para la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, ni para las disposiciones del apartado 2 del presente artículo y del apartado 1 del artículo 33 del presente Convenio.

Artículo 24

Sin perjuicio de la definición de los criterios y modalidades prácticas apropiadas que realice el Comité ejecutivo, las Partes contratantes compensarán entre ellas los desequilibrios financieros que pudieran resultar de la obligación de expulsión mencionada en el artículo 23 cuando dicha expulsión no pueda realizarse a expensas del extranjero.

CAPÍTULO 5. PERMISOS DE RESIDENCIA E INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE NO ADMISIBLES

Artículo 25

1. Cuando una Parte contratante proyecte expedir un permiso de residencia a un extranjero inscrito como no admisible, consultará previamente a la Parte contratante informadora y tendrá en cuenta los intereses de ésta; el permiso de residencia sólo podrá ser expedido por motivos serios, especialmente de carácter humanitario o derivados de obligaciones internacionales.

Si se expide el permiso de residencia, la Parte contratante informadora procederá a retirar la inscripción; no obstante, podrá inscribir a dicho extranjero en su lista nacional de personas no admisibles.

2. Cuando se compruebe que un extranjero titular de un permiso de residencia válido expedido por una Parte contratante está incluido en la lista de no admisibles, la Parte contratante informadora consultara a la Parte que expidió el permiso de residencia para determinar si existen motivos suficientes para retirarlo.

Si no se retira el permiso de residencia, la Parte contratante informadora procederá a retirar la inscripción; no obstante, podrá inscribir a dicho extranjero en su lista nacional de personas no admisibles.

CAPÍTULO 6. MEDIDAS DE APOYO

Artículo 26

1. Sin perjuicio de los compromisos resultantes de su adhesión a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, las Partes contratantes se comprometen a introducir en su legislación nacional las normas siguientes:

a) Si se negara la entrada en el territorio de una Parte contratante a un extranjero, el transportista que lo hubiere llevado a la frontera exterior por vía aérea, marítima o terrestre estará obligado a hacerse cargo de él inmediatamente. A petición de las autoridades de vigilancia de fronteras, deberá llevar al extranjero al tercer Estado que hubiere expedido el documento de viaje con que hubiere viajado o a cualquier otro tercer Estado donde se garantice su admisión.

b) El transportista estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para cerciorarse de que el extranjero transportado por vía aérea o marítima tenga en su poder los documentos de viaje exigidos para entrar en el territorio de las Partes contratantes.

2. Sin perjuicio de los compromisos resultantes de su adhesión a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y respetando su derecho constitucional, las Partes contratantes se comprometen a establecer sanciones contra los transportistas que, por vía aérea o marítima, transporten, desde un tercer Estado hasta el territorio de las Partes contratantes, a extranjeros que no estén en posesión de los documentos de viaje exigidos.

3. Lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 y en del apartado 2 se aplicará a los transportistas de grupos que realicen enlaces internacionales por carretera en autocar, con excepción del tráfico fronterizo.

Artículo 27

1. Las Partes contratantes se comprometen a establecer sanciones adecuadas contra cualquier persona que, con fines lucrativos, ayude o intente ayudar a un extranjero a entrar o a permanecer en el territorio de una Parte contratante quebrantando la legislación de dicha Parte contratante sobre entrada y estancia de extranjeros.

2. Si una Parte contratante tuviera conocimiento de hechos mencionados en el apartado 1 que quebranten la legislación de otra Parte contratante, informara de ello a esta última.

3. La Parte contratante que solicite a otra Parte contratante la persecución de hechos mencionados en el apartado 1 por quebrantamiento de su propia legislación deberá justificar mediante denuncia oficial o certificación de las autoridades competentes qué disposiciones legislativas han sido quebrantadas.

CAPÍTULO 7. RESPONSABILIDAD DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO

Artículo 28

Las Partes contratantes reafirman sus obligaciones con arreglo a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, sin ninguna restricción geográfica del ámbito de aplicación de estos instrumentos, y su compromiso de cooperar con los servicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en la aplicación de dichos instrumentos.

Artículo 29

1. Las Partes contratantes se comprometen a que sea examinada toda solicitud de asilo presentada por un extranjero en el territorio de una de ellas.

2. Este compromiso no obligará a una Parte contratante a autorizar en todos los casos la entrada o estancia del solicitante de asilo en su territorio.

Cada Parte contratante conservará el derecho a devolver o expulsar a un solicitante de asilo a un tercer Estado, con arreglo a sus disposiciones nacionales y a sus obligaciones internacionales.

3. Sea cual fuere la Parte contratante que reciba la solicitud de asilo del extranjero, una sola Parte contratante será responsable del examen de la solicitud. Dicha Parte se determinará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 30.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 y por razones particulares relativas especialmente al Derecho nacional, toda Parte contratante conservará el derecho de examinar una solicitud de asilo aunque la responsabilidad incumba a otra Parte contratante con arreglo al presente Convenio.

Artículo 30

1. La Parte contratante responsable del examen de una solicitud de asilo se determinará de la forma siguiente:

a) Si una Parte hubiera expedido al solicitante de asilo un visado, del tipo que fuere, o un permiso de residencia, dicha Parte será responsable del examen de la solicitud. Si el visado se hubiera expedido con autorización de otra Parte contratante, será responsable la Parte contratante que haya dado la autorización.

b) Si varias Partes contratantes hubieren expedido al solicitante de asilo un visado, del tipo que fuere, o un permiso de residencia, la Parte contratante responsable será la que haya expedido el visado o el permiso de residencia que caduque en fecha más tardía.

c) Mientras el solicitante de asilo no haya abandonado el territorio de las Partes contratantes, la responsabilidad definida en las letras a) y b) subsistirá aunque haya caducado el visado, del tipo que fuere, o el permiso de residencia. Si el solicitante de asilo hubiera abandonado el territorio de las Partes contratantes tras haber sido expedido el visado o el permiso de residencia, dichos documentos basarán la responsabilidad con arreglo a las letras a) y b), a no ser que mientras tanto hubieran caducado en virtud de disposiciones nacionales.

d) Cuando el solicitante de asilo esté dispensado de la obligación de visado por las Partes contratantes, será responsable la Parte contratante por cuyas fronteras exteriores haya entrado el solicitante de asilo en el territorio de las Partes contratantes.

Mientras no se haya realizado completamente la armonización de las políticas de visado y en el caso de que el solicitante de asilo esté dispensado de la obligación de visado únicamente por algunas Partes contratantes, será responsable, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a), b) y c), la Parte contratante por cuya frontera exterior hubiera entrado el solicitante de asilo en el territorio de las Partes contratantes a causa de la dispensa de visado.

Si la solicitud de visado se hubiera presentado ante una Parte contratante que haya expedido al solicitante un visado de tránsito -con independencia de que el solicitante haya cruzado o no el control de pasaportes- y si el visado de tránsito se hubiera expedido tras haber comprobado el país de tránsito, ante las autoridades consulares o diplomáticas de la Parte contratante de destino, que el solicitante de asilo cumple las condiciones de entrada en la Parte contratante de destino, ésta última será la responsable del examen de la solicitud.

e) Si el solicitante de asilo hubiera entrado en el territorio de las Partes contratantes sin poseer uno o varios documentos que le permitan cruzar la frontera, determinados por el Comité ejecutivo, será responsable la Parte contratante por cuyas fronteras exteriores haya entrado el solicitante de asilo en el territorio de las Partes contratantes.

f) Si un extranjero cuya solicitud de asilo ya esté siendo examinada por una Parte contratante presentara una nueva solicitud, será responsable la Parte contratante que ya esté examinando la solicitud.

g) Si un extranjero que ya haya obtenido de una Parte contratante una decisión definitiva para una solicitud de asilo anterior presentara una nueva solicitud, será responsable la Parte contratante que examinó la anterior, si el solicitante no hubiera abandonado el territorio de las Partes contratantes.

2. Si una Parte contratante asumiera el examen de una solicitud de asilo en aplicación del apartado 4 del artículo 29, la Parte contratante que sea responsable en virtud del apartado 1 del presente artículo quedará liberada de sus obligaciones.

3. Cuando no pueda determinarse la Parte contratante responsable con arreglo a los criterios definidos en los apartados 1 y 2, será responsable la Parte contratante ante la que se haya presentado la solicitud de asilo.

Artículo 31

1. Las Partes contratantes procurarán determinar cuanto antes cuál de ellas es responsable del examen de una solicitud de asilo.

2. Si una Parte contratante que no sea responsable en virtud del artículo 30 recibiera una solicitud de asilo de un extranjero que esté en su territorio, dicha Parte contratante podrá solicitar a la Parte contratante responsable que se haga cargo del solicitante de asilo para realizar el examen de su solicitud de asilo.

3. La Parte contratante responsable estará obligada a hacerse cargo del solicitante de asilo contemplado en el apartado 2 si la petición se efectúa en un plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud de asilo. Si no se realizara la petición en dicho plazo, la Parte contratante ante la que se hubiera presentado la solicitud de asilo será responsable de examinarla.

Artículo 32

La Parte contratante del examen de la solicitud de asilo lo llevará a cabo con arreglo a su Derecho nacional.

Artículo 33

1. Cuando el solicitante de asilo se halle irregularmente en el territorio de otra Parte contratante durante el tiempo que dure el procedimiento de asilo, la Parte contratante responsable estará obligada a readmitirlo.

2. No se aplicará el apartado 1 cuando la otra Parte contratante haya expedido al solicitante de asilo un permiso de residencia de una validez igual o superior a un año. En tal caso, la responsabilidad del examen de la solicitud se transferirá a la otra Parte contratante.

Artículo 34

1. La Parte contratante responsable estará obligada a readmitir al extranjero cuya solicitud de asilo haya sido definitivamente rechazada y que haya entrado en el territorio de otra Parte contratante sin haber sido autorizado a permanecer en el mismo.

2. Sin embargo, no se aplicará el apartado 1 cuando la Parte contratante responsable hubiera expulsado al extranjero fuera del territorio de las Partes contratantes.

Artículo 35

1. La Parte contratante que hubiera reconocido a un extranjero el estatuto de refugiado y le hubiera concedido el derecho de residencia estará obligada a asumir la responsabilidad del examen de la solicitud de asilo de un miembro de su familia, siempre que los interesados estén de acuerdo.

2. El miembro de la familia mencionado en el apartado 1 deberá ser el cónyuge del solicitante o su hijo o hija solteros menores de 18 años o, si el propio solicitante de asilo es soltero y menor de 18 años, su padre o su madre.

Artículo 36

Cualquier Parte contratante que sea responsable del examen de la solicitud de asilo podrá, por razones humanitarias basadas en particular en motivos familiares o culturales, pedir a otra Parte contratante que asuma tal responsabilidad, siempre que el interesado lo desee. La Parte contratante que reciba la solicitud estudiará si puede acceder a la misma.

Artículo 37

1. Las autoridades competentes de las Partes contratantes se comunicarán mutuamente y cuanto antes las informaciones relativas a:

a) las nuevas normas o medidas adoptadas en el ámbito del derecho de asilo o del examen de las solicitudes de asilo, a más tardar en el momento de su entrada en vigor;

b) los datos estadísticos relativos a las llegadas mensuales de solicitantes de asilo, indicando los principales países de procedencia, y las decisiones correspondientes a solicitudes de asilo, en la medida en que estén disponibles;

c) la aparición o el crecimiento significativo de determinados grupos de solicitantes de asilo y las informaciones que se posean al respecto;

d) las decisiones fundamentales en el ámbito del derecho de asilo.

2. Además, las Partes contratantes garantizarán una estrecha cooperación en la recopilación de datos sobre la situación de los países de procedencia de los solicitantes de asilo, a fin de poder realizar una evaluación común.

3. Las demás Partes contratantes deberán respetar cualquier indicación facilitada por otra Parte contratante sobre el examen confidencial de las informaciones que comunique.

Artículo 38

1. Cada Parte contratante comunicará a toda Parte contratante que lo solicite las informaciones que posea acerca de un solicitante de asilo y que sean necesarias para:

– determinar la Parte contratante responsable del examen de la solicitud de asilo,

– el examen de la solicitud de asilo,

– el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente capítulo.

2. Dichos datos sólo podrán referirse a:

a) la identidad (nombre y apellidos, en su caso apellido anterior, apodos o seudónimos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad actual y anterior del solicitante de asilo y, en su caso, de los miembros de su familia);

b) los documentos de identidad y de viaje (referencia, período de validez, fechas de expedición, autoridad que los haya expedido, lugar de expedición, etc.);

c) los demás elementos necesarios para identificar al solicitante;

d) los lugares de estancia y los itinerarios de viaje;

e) los permisos de residencia o los visados expedidos por una Parte contratante;

f) el lugar en que se haya presentado la solicitud de asilo;

g) en su caso, la fecha de presentación de una solicitud de asilo anterior, la fecha de presentación de la solicitud actual, el estado actual del procedimiento y el contenido de la decisión.

3. Además, una Parte contratante podrá solicitar a otra Parte contratante que le comunique los motivos invocados por el solicitante de asilo en apoyo de su solicitud y, en su caso, los motivos de la decisión tomada respecto a él. La Parte contratante requerida evaluará si puede acceder a la petición que se le presente. En todo caso, la comunicación de estos datos estará supeditada al consentimiento del solicitante de asilo.

4. El intercambio de información se hará a petición de una Parte contratante y únicamente tendrá lugar entre las autoridades cuya designación haya sido comunicada al Comité ejecutivo por cada Parte contratante.

5. Los datos intercambiados únicamente podrán utilizarse para los fines previstos en el apartado 1. Dichos datos sólo podrán comunicarse a las autoridades y jurisdicciones encargadas de:

– determinar la Parte contratante responsable del examen de la solicitud de asilo,

– el examen de la solicitud de asilo,

– la puesta en práctica de las obligaciones derivadas del presente capítulo.

6. La Parte contratante que transmita los datos velará por su exactitud y su actualidad.

En el supuesto de que dicho Estado miembro facilitara datos inexactos o que no hubieran debido transmitirse, se informará inmediatamente de ello a las Partes contratantes destinatarias, las cuales estarán obligadas a rectificar dichas informaciones o a eliminarlas.

7. Un solicitante de asilo tendrá derecho a que se le comuniquen, a petición suya, las informaciones que se hayan intercambiado que le conciernan, siempre que las mismas estén disponibles.

Si se comprobara que dichas informaciones son inexactas o no hubieran debido transmitirse, tendrá derecho a exigir la rectificación o eliminación de las mismas. Las correcciones se efectuarán en las condiciones establecidas en el apartado 6.

8. En cada Parte contratante de que se trate se dejará constancia de la transmisión y la recepción de las informaciones intercambiadas.

9. Los datos transmitidos se conservarán durante un período no superior al necesario para los fines para los que se hubieren intercambiado. La Parte contratante de que se trate estudiará a su debido tiempo la necesidad de conservarlos.

10. En cualquier caso, las informaciones transmitidas tendrán al menos la misma protección que la que el Derecho de la Parte contratante destinataria atribuye a las informaciones de naturaleza similar.

11. Si los datos no fueran tratados de forma automática sino de otra forma, cada Parte contratante deberá tomar medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo a través de medios de control efectivos. Si una Parte contratante dispusiera de un servicio del tipo mencionado en el apartado 12, podrá encomendar a dicho servicio las funciones de control.

12. Cuando una o varias Partes contratantes deseen informatizar el tratamiento de la totalidad o de parte de los datos mencionados en los apartados 2 y 3, la informatización únicamente estará autorizada si las Partes contratantes interesadas hubieran adoptado una legislación aplicable a dicho tratamiento que cumpla los principios del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y si hubieran confiado a alguna autoridad nacional adecuada el control independiente del tratamiento y de la explotación de los datos transmitidos de conformidad con el presente Convenio.

TÍTULO III. POLICÍA Y SEGURIDAD

CAPÍTULO 1. COOPERACIÓN POLICIAL

Artículo 39

1. Las Partes contratantes se comprometen a que sus servicios de policía, respetando la legislación nacional y dentro de los límites de sus competencias, se presten asistencia para prevenir e investigar hechos delictivos, siempre que el Derecho nacional no reserve la solicitud a las autoridades judiciales y que la solicitud misma o su ejecución no supongan la aplicación de medidas coactivas por la Parte contratante requerida. Cuando las autoridades de policía requeridas no sean competentes para ejecutar una solicitud, la transmitirán a las autoridades competentes.

2. La Parte contratante requirente podrá utilizar las informaciones facilitadas por escrito por la Parte contratante requerida en virtud del apartado l con el fin de aportar una prueba de los hechos imputados sólo en el caso de que las autoridades judiciales competentes de la Parte contratante requerida lo consientan.

3. Las solicitudes de asistencia contempladas en el apartado 1 y las respuestas a las mismas podrán intercambiarse entre los órganos centrales encargados, en cada Parte contratante, de la cooperación policial internacional. Cuando la solicitud no pueda cursarse a su debido tiempo por la mencionada vía, las autoridades de policía de la Parte contratante requirente podrán remitirla directamente a las autoridades competentes de la Parte requerida y éstas podrán responder directamente. En tal caso, la autoridad de policía requirente informará sin demora de su solicitud directa al órgano central que esté encargado, en la Parte contratante requerida, de la cooperación policial internacional.

4. En las regiones fronterizas podrá regularse la cooperación mediante acuerdos entre los Ministros competentes de las Partes contratantes.

5. Lo dispuesto en el presente artículo no será un obstáculo para los acuerdos bilaterales más completos, presentes y futuros, entre Partes contratantes que tengan una frontera común. Las Partes contratantes se informarán mutuamente de dichos acuerdos.

Artículo 40

1. Los agentes de una de las Partes contratantes que, en el marco de una investigación judicial, estén vigilando a una persona que presuntamente haya participado en un hecho delictivo que pueda dar lugar a extradición, estarán autorizados a proseguir tal vigilancia en el territorio de otra Parte contratante cuando ésta haya autorizado la vigilancia transfronteriza a raíz de una solicitud de asistencia judicial presentada previamente. En la autorización se podrán imponer condiciones.

Previa solicitud, la vigilancia se encomendará a los agentes de la Parte contratante en cuyo territorio se realice.

La solicitud de asistencia judicial mencionada en el párrafo primero deberá dirigirse a una autoridad designada por cada una de las Partes contratantes y competente para conceder o transmitir la autorización solicitada.

2. Cuando, por razones particularmente urgentes, no pueda solicitarse la autorización previa de la otra Parte contratante, los agentes encargados de la vigilancia estarán autorizados a proseguir más allá de la frontera la vigilancia de una persona que presuntamente haya cometido hechos delictivos enumerados en el apartado 7, en las condiciones siguientes:

a) El cruce de la frontera será comunicado inmediatamente durante la vigilancia a la autoridad de la Parte contratante designada en el apartado 5 en cuyo territorio prosiga la operación de vigilancia,

b) Se transmitirá sin demora la solicitud de asistencia judicial presentada con arreglo al apartado 1 y en la que se expongan los motivos que justifiquen el cruce de la frontera sin autorización previa.

La vigilancia cesará en cuanto la Parte contratante en cuyo territorio se esté efectuando así lo solicite, a raíz de la comunicación mencionada en la letra a) o de la solicitud contemplada en la letra b), o en el caso de que cinco horas después de cruzar la frontera no se hubiera obtenido la autorización.

3. Sólo podrá realizarse la vigilancia mencionada en los apartados 1 y 2 si se cumplen las condiciones generales siguientes:

a) Los agentes que realicen la vigilancia deberán atenerse a lo dispuesto en el presente artículo y al Derecho de la Parte contratante en cuyo territorio estén actuando, deberán obedecer las órdenes de las autoridades locales competentes.

b) Sin perjuicio de las situaciones previstas en el apartado 2, los agentes llevarán consigo durante la vigilancia un documento que certifique que la autorización ha sido concedida.

c) Los agentes que realicen la vigilancia deberán poder justificar en cualquier momento su carácter oficial.

d) Los agentes que realicen la vigilancia podrán llevar su arma de servicio durante la misma, salvo que la Parte requerida decida expresamente lo contrario; estará prohibida su utilización excepto en caso de legítima defensa.

e) Estará prohibida la entrada en los domicilios y los lugares donde el público no tenga acceso.

f) Los agentes de vigilancia no podrán interrogar ni detener a la persona vigilada.

g) Cualquier operación será objeto de un informe a las autoridades de la Parte contratante en cuyo territorio se haya realizado; podrá exigirse la comparecencia de los agentes que hayan realizado la vigilancia.

h) Cuando lo soliciten las autoridades de la Parte contratante en cuyo territorio se haya realizado la vigilancia, las autoridades de la Parte contratante de donde procedan los agentes colaborarán en la investigación que resulte de la operación en que participaron, incluidos los procedimientos judiciales.

4. Los agentes contemplados en los apartados 1 y 2 serán:

– por lo que se refiere al Reino de Bélgica: los miembros de la policía judicial dependientes del Ministerio fiscal, los miembros de la gendarmería y de la policía municipal, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 6, los agentes de aduanas por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– por lo que se refiere a la República Federal de Alemania: los agentes de las Polizeien des Bundes und der Länder, así como, únicamente para el ámbito del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y tráfico de armas, los agentes del Zollfahndungsdienst (servicio de investigaciones aduaneras), en su condición de agentes auxiliares del Ministerio público,

– por lo que se refiere a la República Francesa: los oficiales y agentes de policía judicial de la policía nacional y de la gendarmería nacional, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 6, los agentes de aduanas por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– por lo que se refiere al Gran Ducado de Luxemburgo: los agentes de la gendarmería y de la policía, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 6, los agentes de aduanas por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos: los agentes de la Rijkspolitie y de la Gemeentepolitie, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 6, los agentes del servicio fiscal de información y de investigación competentes en materia de derechos de entrada e impuestos sobre consumos específicos, por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos.

5. La autoridad contemplada en los apartados 1 y 2 será:

– por lo que se refiere al Reino de Bélgica: el Commissariat général de la Police judiciaire,

– por lo que se refiere a la República Federal de Alemania: el Bundeskriminalamt,

– por lo que se refiere a la República Francesa: la Direction centrale de la Police judiciaire,

– por lo que se refiere al Gran Ducado de Luxemburgo: el Procureur général d'Etat,

– por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos: el Landelijk Officier van Justitie que sea competente para la vigilancia transfronteriza.

6. En el plano bilateral, las Partes contratantes podrán ampliar el ámbito de aplicación del presente artículo y adoptar disposiciones adicionales en ejecución del mismo.

7. La vigilancia mencionada en el apartado 2 sólo podrá realizarse por uno de los hechos delictivos siguientes:

– asesinato,

– homicidio,

– violación,

– incendio provocado,

– falsificación de moneda,

– robo y encubrimiento con ánimo de lucro o receptación,

– extorsión,

– secuestro y toma de rehenes,

– tráfico de seres humanos,

– tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

– infracciones de las disposiciones legales en materia de armas y explosivos,

– destrucción con explosivos,

– transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos.

Artículo 41

1. Los agentes de una de las Partes contratantes que, en su país, están siguiendo a una persona hallada en flagrante delito de comisión de una de las infracciones mencionadas en el apartado 4 o de la participación en una de dichas infracciones estarán autorizados a proseguir la persecución sin autorización previa en el territorio de otra Parte contratante cuando las autoridades competentes de la otra Parte contratante, debido a la especial urgencia, no hayan podido ser advertidas previamente de la entrada en el territorio por uno de los medios de comunicación mencionados en el artículo 44, o cuando dichas autoridades no hayan podido personarse en el lugar con tiempo suficiente para reanudar la persecución.

Se aplicarán las mismas normas cuando la persona perseguida se hubiese evadido mientras estaba bajo detención provisional o cumpliendo una pena privativa de libertad.

A más tardar en el momento en que se cruce la frontera, los agentes que realicen la persecución recurrirán a las autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar la persecución. La persecución cesará cuando así lo solicite la Parte contratante en cuyo territorio deba tener lugar la persecución. A petición de los agentes que realicen la persecución, las autoridades locales competentes aprehenderán a la persona perseguida para determinar su identidad o proceder a su detención.

2. La persecución se realizará con arreglo a una de las modalidades siguientes, debiendo definirse ésta en la declaración mencionada en el apartado 9:

a) Los agentes que realicen la persecución no tendrán derecho a interrogar.

b) Si no se formulara ninguna solicitud de interrupción de la persecución y las autoridades locales competentes no pudieran intervenir con la rapidez suficiente, los agentes que realicen la persecución podrán retener a la persona perseguida hasta que los agentes de la Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar la persecución, a los que deberá informarse sin demora, puedan determinar su identidad o proceder a su detención.

3. La persecución se realizará con arreglo a los apartados 1 y 2 y según una de las siguientes modalidades, debiendo definirse ésta en la declaración mencionada en el apartado 9:

a) en una zona o durante un período que empezará a contar a partir del cruce de la frontera, debiendo definirse éstos en la declaración;

b) sin límites de espacio ni de tiempo.

4. En una declaración contemplada en el apartado 9, las Partes contratantes definirán las infracciones mencionadas en el apartado 1 con arreglo a una de las modalidades siguientes:

a) Las infracciones siguientes:

– asesinato,

– homicidio,

– violación,

– incendio provocado,

– falsificación de moneda,

– robo y encubrimiento con ánimo de lucro o receptación,

– extorsión,

– secuestro y toma de rehenes,

– tráfico de seres humanos,

– tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

– infracciones de las disposiciones legales en materia de armas y explosivos,

– destrucción con explosivos,

– transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– delito de fuga a raíz de un accidente con resultado de muerte o heridas graves.

b) Las infracciones que puedan dar lugar a extradición.

5. La persecución sólo podrá realizarse en las condiciones generales siguientes:

a) Los agentes que realicen la persecución deberán asustarse a lo dispuesto en el presente artículo y al Derecho de la Parte contratante en cuyo territorio estén actuando; deberán cumplir las órdenes de las autoridades locales competentes.

b) La persecución se efectuará únicamente por las fronteras terrestres.

c) Estará prohibida la entrada en los domicilios y los lugares donde el público no tenga acceso.

d) Los agentes que realicen la persecución deberán ser fácilmente identificables, o bien porque lleven un uniforme o un brazalete, o dispositivos accesorios colocados en el vehículo; estará prohibido usar indumentaria civil cuando se utilicen vehículos comunes desprovistos de la identificación antes mencionada; los agentes que realicen la persecución deberán estar en condiciones de justificar en todo momento su carácter oficial.

e) Los agentes que realicen la persecución podrán llevar su arma de servicio; estará prohibida su utilización salvo en caso de legítima defensa.

f) Con el fin de ser conducida ante las autoridades locales competentes, la persona perseguida, sólo podrá ser sometida a un registro de seguridad, una vez aprehendida como se establece en la letra b) del apartado 2, podrán utilizarse esposas durante su traslado; se podrán requisar los objetos que estén en posesión de la persona perseguida.

g) Después de cada una de las operaciones mencionadas en los apartados 1, 2 y 3, los agentes que realicen la persecución se presentarán ante las autoridades locales competentes de la Parte contratante en cuyo territorio hayan actuado y darán cuenta de su misión; a petición de dichas autoridades, estarán obligados a permanecer a disposición de las mismas hasta que se hayan aclarado suficientemente las circunstancias de su acción; esta condición se aplicará incluso cuando la persecución no haya conducido a la detención de la persona perseguida.

h) Las autoridades de la Parte contratante de donde procedan los agentes que hayan realizado la persecución prestaran su ayuda en la investigación que sea consecuencia de la operación en que hayan participado, incluidos los procedimientos judiciales, cuando así lo soliciten las autoridades de la Parte contratante en cuyo territorio se realice la persecución.

6. Una persona que haya sido detenida por las autoridades locales competentes a raíz de la acción contemplada en el apartado 2 podrá ser retenida, con independencia de su nacionalidad, para proceder a su interrogatorio. Se aplicarán por analogía las normas pertinentes del Derecho nacional.

Si dicha persona no tuviera la nacionalidad de la Parte contratante en cuyo territorio haya sido detenida, será puesta en libertad a más tardar seis horas después de la detención, sin contar las horas entre medianoche y las nueve de la mañana, a no ser que las autoridades locales competentes hubieran recibido previamente una solicitud de arresto provisional de cualquier tipo a efectos de extradición.

7. Los agentes contemplados en los apartados anteriores serán:

– por lo que se refiere al Reino de Bélgica: los miembros de la policía judicial dependientes del Ministerio fiscal, los miembros de la gendarmería y de la policía municipal, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 10, los agentes de aduanas por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– por lo que se refiere a la República Federal de Alemania: los agentes de las Polizeien des Bundes und der Länder, así como, únicamente en el ámbito del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y tráfico de armas, los agentes del Zollfahndungsdienst (servicio de investigaciones aduaneras), en su condición de agentes auxiliares del ministerio público,

– por lo que se refiere a la República Francesa: los oficiales y agentes de policía judicial de la policía nacional y de la gendarmería nacional, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 10, los agentes de aduanas por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– por lo que se refiere al Gran Ducado de Luxemburgo: los agentes de la gendarmería y de la policía, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 10, los agentes de aduanas por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos,

– por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos: los funcionarios de la Rijkspolitie y de la Gemeentepolitie, así como, en las condiciones establecidas en acuerdos bilaterales adecuados contemplados en el apartado 10, los funcionarios del servicio fiscal de información y de investigación competentes en materia de derechos de entrada e impuestos sobre consumos específicos, por lo que respecta a sus atribuciones relativas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, al tráfico de armas y explosivos y al transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos.

8. Para las Partes contratantes interesadas, el presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 27 del Tratado Benelux de extradición y asistencia judicial en materia penal de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974.

9. En el momento de la firma del presente Convenio, cada Parte contratante hará una declaración en la que definirá, basándose en lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4, las modalidades de ejercicio de la persecución en su territorio para cada una de las Partes contratantes con las que tenga frontera común.

Cada Parte contratante podrá, en cualquier momento, sustituir su declaración por otra, siempre que no restrinja el alcance de la precedente.

Cada declaración se realizará previo acuerdo con cada una de las Partes contratantes interesadas y con el objetivo de que los regímenes aplicables a ambos lados de las fronteras interiores sean equivalentes.

10. A nivel bilateral, las Partes contratantes podrán ampliar el ámbito de aplicación del apartado 1 y adoptar disposiciones adicionales para la aplicación del presente artículo.

Artículo 42

Durante las operaciones contempladas en los artículos 40 y 41, los agentes que estén realizando una misión en territorio de otra Parte contratante se asimilarán a los agentes de ésta en lo relativo a las infracciones que pudieran sufrir o cometer.

Artículo 43

1. Cuando, de conformidad con los artículos 40 y 41 del presente Convenio, los agentes de una Parte contratante se hallaran realizando una misión en el territorio de otra Parte contratante, la primera será responsable de los daños que causaren durante el desarrollo de sus cometidos de acuerdo con el Derecho de la Parte contratante en cuyo territorio estén actuando.

2. La Parte contratante en cuyo territorio se causaren los daños contemplados en el apartado 1 asumirá la reparación de dichos daños en las condiciones aplicables a los daños causados por sus propios agentes.

3. La Parte contratante cuyos agentes hubieren causado daños a cualquier persona en el territorio de otra Parte contratante restituirá íntegramente a esta última los importes que hubiere abonado a las víctimas o a sus derechohabientes.

4. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto de terceros y con excepción de lo dispuesto en el apartado 3, cada una de las Partes contratantes, en el caso contemplado en el apartado 1, renunciará a pedir a otra Parte contratante el reembolso del importe de los daños que hubiere sufrido.

Artículo 44

1. De conformidad con los convenios internacionales pertinentes y teniendo en cuenta las circunstancias locales y las posibilidades, técnicas, las Partes contratantes establecerán, en particular en las regiones fronterizas, líneas telefónicas, radio, télex y otros enlaces directos para facilitar la cooperación policial y aduanera, especialmente para transmitir a tiempo informaciones en el marco de la vigilancia y la persecución transfronterizas.

2. Además de estas medidas, que deberán adoptarse a corto plazo, examinarán en particular las posibilidades siguientes:

a) el intercambio de materiales o el destino de funcionarios de enlace equipados con material de radio adecuado;

b) la ampliación de las bandas de frecuencia utilizadas en las zonas fronterizas;

c) el establecimiento de un enlace común a los servicios de policía y de aduana que operen en las mismas zonas;

d) la coordinación de sus programas de compra de equipos de comunicación, con vistas a establecer sistemas de comunicación normalizados y compatibles.

Artículo 45

1. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar que:

a) el director de un establecimiento de hospedaje o su encargado procuren que los extranjeros alojados, incluidos los nacionales de las demás Partes contratantes y de otros Estados miembros de las Comunidades Europeas, con excepción de los cónyuges o menores que les acompañen o de los miembros de grupos de viaje, cumplimenten y firmen personalmente las fichas de declaración y que justifiquen su identidad mediante la presentación de un documento de identidad vigente;

b) las fichas de declaración así cumplimentadas sean conservadas por las autoridades competentes o transmitidas a éstas, siempre que dichas autoridades lo estimen necesario para prevenir peligros, para perseguir delitos o para dilucidar el paradero de personas desaparecidas o víctimas de accidentes, excepto si el Derecho nacional dispusiera otra cosa.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará por analogía a las personas que se alojen en cualquier tipo de lugar explotado por arrendadores profesionales, en particular tiendas de campaña, caravanas y barcos.

Artículo 46

1. En casos particulares y respetando su legislación nacional, cada Parte contratante podrá comunicar a la Parte contratante interesada, sin haber sido invitada a ello, informaciones que puedan ser importantes para ésta con el fin de ayudarla a reprimir infracciones futuras, prevenir infracciones o prevenir peligros para el orden y la seguridad públicos.

2. Sin perjuicio del régimen de cooperación en las regiones fronterizas contemplado en el apartado 4 del artículo 39, las informaciones se intercambiarán a través de la autoridad central que se designe. En casos particularmente urgentes, el intercambio de informaciones mencionado en el presente artículo podrá efectuarse directamente entre las autoridades de policía interesadas salvo disposiciones nacionales en contrario. Se informará de ello sin demora a la autoridad central.

Artículo 47

1. Las Partes contratantes podrán suscribir acuerdos bilaterales que permitan el destino provisional, por un período determinado o indeterminado, de funcionarios de enlace de una Parte contratante en servicios de policía de la otra Parte contratante.

2. El destino provisional de funcionarios de enlace por un período determinado o indeterminado tendrá como finalidad fomentar y acelerar la cooperación entre las Partes contratantes, especialmente al prestar una ayuda:

a) en forma de intercambio de informaciones para luchar de forma tanto preventiva como represiva contra la criminalidad;

b) en la ejecución de peticiones de cooperación policial y judicial en materia penal;

c) a las autoridades encargadas de la vigilancia de las fronteras exteriores en el ejercicio de su cometido.

3. Los funcionarios de enlace tendrán una misión de asesoramiento y ayuda. No tendrán competencia para ejecutar de forma autónoma medidas de policía. Facilitarán informaciones y ejecutará sus cometidos en el marco de las instrucciones que les hayan dado la Parte contratante de origen y la Parte contratante en la que estén destinados. Informarán regularmente al jefe de servicio de policía en el que estén destinados.

4. Las Partes contratantes podrán acordar, en un marco bilateral o multilateral, que los funcionarios de enlace de una Parte contratante destinados provisionalmente en terceros Estados representen también los intereses de una o varias de las otras Partes contratantes. En virtud de tales acuerdos, los funcionarios de enlace destinados provisionalmente en terceros Estados facilitarán informaciones a otras Partes contratantes, previa solicitud o por iniciativa propia, y llevarán a cabo cometidos por cuenta de dichas Partes, dentro de los limites de sus competencias. Las Partes contratantes se informarán mutuamente cuando tengan el propósito de destinar a funcionarios de enlace en terceros Estados.

CAPÍTULO 2. ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

Artículo 48

1. El objetivo de las disposiciones del presente capítulo es completar el Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, así como, en lo que respecta a las relaciones entre las Partes contratantes miembros de la Unión Económica Benelux, el capítulo II del Tratado Benelux de extradición y asistencia judicial en materia penal de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974, y facilitar la aplicación de dichos acuerdos.

2. El apartado 1 no afectará a la aplicación de disposiciones más amplias de los acuerdos bilaterales vigentes entre las Partes contratantes.

Artículo 49

También se prestará asistencia judicial:

a) en procedimientos por hechos que sean punibles con arreglo al Derecho nacional de una de las dos Partes contratantes como infracciones de los reglamentos perseguidas por autoridades administrativas cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal;

b) en procedimientos de indemnización por medidas de instrucción o condenas injustificadas;

c) en los procedimientos de gracia;

d) en las acciones civiles conexas a las acciones penales, mientras el órgano jurisdiccional penal aún no se haya pronunciado definitivamente sobre la acción penal;

e) para la notificación de comunicaciones judiciales relativas a la ejecución de una pena o medida de seguridad, de la percepción de una multa o del pago de las costas procesales;

f) para medidas relativas a la suspensión del veredicto o el aplazamiento de la ejecución de una pena o medida de seguridad, a la puesta en libertad condicional, al aplazamiento de la ejecución o a la interrupción de la ejecución de una pena o medida de seguridad.

Artículo 50

1. Las Partes contratantes se comprometen a prestarse, de conformidad con el Convenio y el Tratado contemplados en el artículo 48, la asistencia judicial para las infracciones de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de impuestos sobre consumos específicos, de impuestos sobre el valor añadido y de aduanas. Por disposiciones en materia de aduanas se entenderán las normas contempladas en el artículo 2 del Convenio de 7 de septiembre de 1967 entre Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos relativo a la asistencia mutua entre administraciones aduaneras, así como en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n§ 1468/81 del Consejo de 19 de mayo de 1981.

2. Las solicitudes basadas en el fraude de impuestos sobre consumos específicos no podrán rechazarse alegando que el país requerido no recauda impuestos sobre consumos específicos para las mercancías contempladas en la solicitud.

3. La Parte contratante requirente no transmitirá ni utilizará las informaciones ni los documentos probatorios obtenidos de la Parte contratante requerida para la instrucción, enjuiciamiento o procedimientos distintos de los mencionados en la solicitud sin el consentimiento previo de la Parte contratante requerida.

4. Podrá denegarse la asistencia judicial prevista en el presente artículo cuando el importe estimado de los derechos percibidos de menos o eludidos no supere los 25000 ecus, o cuando el valor estimado de las mercancías exportadas o importadas sin autorización no supere los 100000 ecus, a no ser que, por las circunstancias o la personalidad del acusado, la Parte contratante requirente considere el asunto muy grave.

5. Lo dispuesto en el presente artículo también se aplicará cuando la asistencia solicitada se refiera a hechos sancionados únicamente con multa por infracción de reglamentos perseguida por las autoridades administrativas y cuando la solicitud de asistencia judicial provenga de una autoridad judicial.

Artículo 51

Las Partes contratantes sólo podrán subordinar la concesión de comisiones rogatorias a efectos de registro y de embargo a las condiciones siguientes:

a) que el hecho que haya dado lugar a la comisión rogatoria sea sancionable según el Derecho de ambas Partes contratantes a una pena privativa de libertad o a una medida de seguridad que restrinja la libertad durante un período máximo de al menos seis meses, o sea sancionable con arreglo al Derecho de una de las dos Partes contratantes con una sanción equivalente y, según el Derecho de la otra Parte contratante, constituya una infracción de reglamentos perseguida por autoridades administrativas cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante una jurisdicción competente, en particular en materia penal;

b) que la ejecución de la comisión rogatoria sea compatible con el Derecho de la Parte contratante requerida.

Artículo 52

1. Cada una de las Partes contratantes podrá remitir los documentos relativos al procedimiento directamente por correo a las personas que se hallen en el territorio de otra Parte contratante. Las Partes contratantes entregarán al Comité ejecutivo una lista de los documentos que es posible remitir por esa vía.

2. Cuando existan razones para pensar que el destinatario no comprende la lengua en que esté redactado el documento, deberá traducirse éste -o al menos los párrafos importantes del mismo- a la lengua de la Parte contratante en cuyo territorio se halle el destinatario. Si la autoridad que remite el documento supiera que el destinatario sólo conoce otra lengua, deberá traducirse el documento -o al menos los párrafos importantes del mismo- a esa otra lengua.

3. Cuando un perito o un testigo no comparezcan tras una citación remitida por correo, no podrá imponérseles sanción ni medida coercitiva alguna, aunque la citación contuviera un requerimiento, a no ser que, por su propia voluntad, se persone más adelante en el territorio de la Parte requirente y se le cite de nuevo legalmente en el mismo. La autoridad que envíe por correo las citaciones procurará que éstas no contengan ningún requerimiento. Tal disposición se entiende sin perjuicio del artículo 34 del Tratado Benelux de extradición y de asistencia judicial en materia penal de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974.

4. Si el hecho que motiva la solicitud de asistencia judicial fuera sancionable con arreglo al Derecho de ambas Partes contratantes por infracción de reglamentos perseguida por autoridades administrativas cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante una jurisdicción competente, en particular en materia penal, el envío de los documentos relativos al procedimiento se efectuará, en principio, con arreglo al apartado 1.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el envío de documentos relativos al procedimiento podrá realizarse a través de las autoridades judiciales de la Parte contratante requerida cuando se desconozca la dirección del destinatario o cuando la Parte contratante requirente exija una notificación personal.

Artículo 53

1. Las solicitudes de asistencia judicial podrán hacerse directamente entre las autoridades judiciales y podrán remitirse por la misma vía.

2. El apartado 1 se entiende sin perjuicio de la facultad de envío y reenvío de las solicitudes entre Ministerios de Justicia o a través de las oficinas centrales nacionales de la Organización Internacional de Policía Criminal.

3. Las peticiones de traslado temporal o de tránsito de personas que se hallen en situación de arresto provisional o detención o que sean objeto de una medida privativa de libertad, así como el intercambio periódico u ocasional de datos relativos al registro de penados deberán hacerse a través de los Ministerios de Justicia.

4. Con arreglo al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, en el caso de la República Federal de Alemania se entenderá por Ministerio de Justicia el Ministro Federal de Justicia y los Ministros o Senadores de Justicia de los Estados Federados.

5. Las autoridades judiciales de la Parte contratante requirente podrán remitir directamente a las autoridades judiciales de la Parte contratante requerida las denuncias por infracciones de la legislación relativa al tiempo de conducción y de descanso, efectuadas con arreglo al artículo 21 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959 o al artículo 42 del Tratado Benelux de extradición y asistencia judicial en materia penal de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974.

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

Artículo 54

Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.

Artículo 55

1. En el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, una Parte contratante podrá declarar que no está vinculada por el artículo 54 en uno o varios de los supuestos siguientes:

a) cuando los hechos contemplados en la sentencia extranjera hayan tenido lugar total o parcialmente en su territorio; sin embargo, en este último caso, esta excepción no se aplicará si los hechos tuvieron lugar en parte en el territorio de la Parte contratante donde se haya dictado la sentencia;

b) cuando los hechos contemplados en la sentencia extranjera constituyan una infracción contra la seguridad del Estado u otros intereses igualmente esenciales de dicha Parte contratante;

c) cuando los hechos contemplados en la sentencia extranjera hayan sido cometidos por un funcionario de dicha Parte contratante, incumpliendo las obligaciones de su cargo.

2. Las Partes contratantes que hayan hecho una declaración relativa a la excepción mencionada en la letra b) del apartado 1 deberán precisar las categorías de infracciones a las que podrá aplicarse dicha excepción.

3. Las Partes contratantes podrán retirar en cualquier momento la declaración relativa a una o varias de las excepciones mencionadas en el apartado 1.

4. Las excepciones que hayan sido objeto de una declaración con arreglo al apartado 1 no se aplicarán cuando, para los mismos hechos, la Parte contratante interesada haya solicitado la persecución a la otra Parte contratante o haya concedido la extradición de la persona de que se trate.

Artículo 56

Si una Parte contratante entablara nuevas diligencias contra una persona que hubiere sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos por otra Parte contratante, de la sanción que en su caso se imponga deberán deducirse los períodos de privación de libertad que se hubieren cumplido en el territorio de esta última Parte contratante por tales hechos. También se tendrán en cuenta, en la medida en que lo permitan las legislaciones nacionales, las sanciones no privativas de libertad que ya se hubieren aplicado.

Artículo 57

1. Cuando una persona esté acusada de una infracción por una Parte contratante cuyas autoridades competentes consideren que la acusación se refiere a los mismos hechos por los que ya fue juzgada en sentencia firme por otra Parte contratante, dichas autoridades solicitarán, si lo estiman necesario, las informaciones pertinentes a las autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio ya se hubiere dictado una resolución judicial.

2. Las informaciones solicitadas se remitirán cuanto antes y serán tenidas en cuenta para el curso que deba darse al procedimiento entablado.

3. En el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, cada Parte contratante designará a las autoridades que estarán autorizadas para solicitar y recibir las informaciones contempladas en el presente artículo.

Artículo 58

Las disposiciones anteriores no serán obstáculo para la aplicación de las. disposiciones nacionales más extensivas relativas al efecto non bis in idem vinculado a las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero.

CAPÍTULO 4. EXTRADICIÓN

Artículo 59

1. Las disposiciones del presente artículo tienen por objetivo completar el Convenio europeo de extradición de 13 de septiembre de 1957 y, en las relaciones entre las Partes contratantes miembros de la Unión Económica Benelux, el capítulo I del Tratado Benelux de extradición y asistencia judicial en materia penal de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974, y facilitar la aplicación de dichos Acuerdos.

2. El apartado 1 no afectará a la aplicación de disposiciones más extensivas de acuerdos bilaterales que estén en vigor entre Partes contratantes.

Artículo 60

En las relaciones entre dos Partes contratantes de las cuales una no sea Parte en el Convenio europeo de extradición de 13 de septiembre de 1957, se aplicarán las disposiciones de dicho Convenio teniendo en cuenta las reservas y declaraciones presentadas en el momento de la ratificación de dicho Convenio o, en el caso de las Partes contratantes que no sean Parte en el Convenio, en el momento de la ratificación, aprobación o aceptación del presente Convenio.

Artículo 61

La República Francesa se compromete a conceder la extradición, a solicitud de una Parte contratante, de las personas perseguidas por hechos castigados por la legislación francesa con una pena o medida de seguridad privativa de libertad de una duración máxima de por lo menos dos años y por la legislación de la Parte contratante requirente con una pena o medida de seguridad privativa de libertad de una duración máxima de por lo menos un año.

Artículo 62

1. Por lo que se refiere a la interrupción de la prescripción, se aplicarán únicamente las disposiciones de la Parte contratante requirente.

2. Una amnistía promulgada por la Parte contratante requerida no constituirá un obstáculo para la extradición, a no ser que la infracción sea competencia de dicha Parte contratante.

3. La obligación de conceder la extradición no se verá afectada por la ausencia de denuncia o de dictamen oficial autorizando las diligencias que sólo sean necesarias en virtud de la legislación de la Parte contratante requerida.

Artículo 63

Con arreglo al Convenio y al Tratado mencionados en el artículo 59, las Partes contratantes se comprometen a concederse entre ellas la extradición de las personas que sean perseguidas por las autoridades judiciales de la Parte contratante requirente por una de las infracciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 50 o que sean buscadas por aquellas para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad impuestas para una de esas infracciones.

Artículo 64

Una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen, efectuada con arreglo al artículo 95, surtirá el mismo efecto que una solicitud de detención provisional con arreglo al artículo 16 del Convenio europeo de extradición de 13 de septiembre de 1957 o al artículo 15 del Tratado Benelux de extradición y asistencia judicial en materia penal de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974.

Artículo 65

1. Sin perjuicio de la facultad de recurrir a la vía diplomática, el Ministerio competente de la Parte contratante requirente remitirá las solicitudes de extradición y tránsito al Ministerio competente de la Parte contratante requerida.

2. Los Ministerios competentes son:

– por lo que se refiere al Reino de Bélgica: el Ministerio de Justicia,

– por lo que se refiere a la República Federal de Alemania: el Ministro Federal de Justicia y los Ministros o Senadores de Justicia de los Estados Federados,

– por lo que se refiere al Gran Ducado de Luxemburgo: el Ministerio de Justicia,

– por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos: el Ministerio de Justicia.

Artículo 66

1. Si la extradición de una persona reclamada no estuviera manifiestamente prohibida en virtud del Derecho de la Parte contratante requerida, esta Parte contratante podrá autorizar la extradición sin procedimiento formal de extradición, siempre que la persona reclamada consienta en ello en acta redactada ante un miembro del poder judicial y una vez que éste le haya informado de su derecho a un procedimiento formal de extradición. La persona reclamada podrá ser asistida por un abogado durante la audiencia.

2. En caso de extradición en virtud del apartado 1, la persona reclamada que declare explícitamente renunciar a la protección que le confiere el principio de especialidad no podrá revocar dicha declaración.

CAPÍTULO 5. TRANSMISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA PENALES

Artículo 67

Las disposiciones que figuran a continuación tienen por objetivo completar el Convenio del Consejo de Europa de 21 de marzo de 1983 sobre el traslado de personas condenadas entre las Partes contratantes que son Parte en dicho Convenio.

Artículo 68

1. La Parte contratante en cuyo territorio se haya impuesto una pena privativa de libertad o una medida de seguridad que restrinja la libertad mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada contra un nacional de otra Parte contratante que, al huir a su país, se haya sustraído a la ejecución de dicha pena o medida de seguridad, podrá solicitar a esta última Parte contratante, si la persona evadida se encuentra en su territorio, que asuma la ejecución de la pena o de la medida de seguridad.

2. A la espera de los documentos que apoyen la solicitud de reanudación de la pena o de la medida de seguridad o de la parte de la pena que quede por cumplir, y de la decisión que se tome sobre dicha solicitud, la Parte contratante requerida podrá, a petición de la Parte contratante requirente, someter a la persona condenada a detención preventiva o adoptar otras medidas para garantizar su permanencia en el territorio de la Parte contratante requerida.

Artículo 69

La transmisión de la ejecución en virtud del artículo 68 no estará subordinada al consentimiento de la persona contra la que se haya impuesto la pena o la medida de seguridad. Serán aplicables por analogía las demás disposiciones del Convenio del Consejo de Europa de 21 de marzo de l983 sobre el traslado de personas condenadas.

CAPÍTULO 6. ESTUPEFACIENTES

Artículo 70

1. Las Partes contratantes crearán un grupo de trabajo permanente encargado de examinar problemas comunes relativos a la represión de la criminalidad en materia de estupefacientes y, en su caso, de elaborar propuestas para mejorar, si es necesario, los aspectos prácticos y técnicos de la cooperación entre las Partes contratantes. El grupo de trabajo presentará sus propuestas al Comité ejecutivo.

2. El grupo de trabajo contemplado en el apartado 1, cuyos miembros serán designados por las autoridades nacionales competentes, estará compuesto en particular por representantes de los servicios encargados de las funciones de policía y de las aduanas.

Artículo 71

1. Por lo que se refiere a la cesión directa o indirecta de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de cualquier tipo, incluido el cánnabis, así como a la tenencia de dichos productos y sustancias a efectos de cesión o exportación, las Partes contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con los convenios existentes de las Naciones Unidas(1), todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2. Las Partes contratantes se comprometen a prevenir y reprimir con medidas administrativas y penales la exportación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluido el cánnabis, así como la cesión, el suministro y la entrega de dichos productos y sustancias, sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de los artículos 74, 75 y 76.

3. Con el fin de luchar contra la importación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluido el cánnabis, las Partes contratantes reforzarán los controles de la circulación de personas, mercancías y de los medios de transporte en las fronteras exteriores. El grupo de trabajo contemplado en el artículo 70 deberá precisar tales medidas. Dicho grupo de trabajo tomará especialmente en consideración el desplazamiento de parte del personal de policía y aduanas que deje de trabajar en las fronteras interiores, así como el recurso a perros policía y a métodos modernos de detección de droga.

4. Con el fin de garantizar la observancia de lo dispuesto en el presente artículo, las Partes contratantes vigilarán especialmente los lugares utilizados notoriamente para el tráfico de drogas.

5. Por lo que respecta a la lucha contra la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de cualquier tipo, incluido el cánnabis, las Partes contratantes harán todo lo posible para prevenir y luchar contra los efectos negativos de dicha demanda ilícita. Las medidas adoptadas a tal fin serán responsabilidad de cada Parte contratante.

Artículo 72

De conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico nacional, las Partes contratantes garantizan que se adoptarán disposiciones legales que permitan la incautación y confiscación de los productos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Artículo 73

1. De conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico nacional, las Partes contratantes se comprometen a tomar medidas que permitan las entregas vigiladas en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2. La decisión de recurrir a entregas vigiladas se adoptará en cada caso concreto basándose en una autorización previa de la Parte contratante de que se trate

3. Cada Parte contratante conservará la dirección y el control de las actuaciones en su territorio y estará autorizada a intervenir.

Artículo 74

Por lo que respecta al comercio legal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, las Partes contratantes acuerdan que los controles resultantes de los Convenios de las Naciones Unidas enumerados en el artículo 71 que se efectúen en las fronteras interiores deberán transferirse en la medida de lo posible al interior del país.

Artículo 75

1. Por lo que se refiere a la circulación de viajeros con destino a territorios de las Partes contratantes o por dichos territorios, las personas podrán transportar los estupefacientes y sustancias psicotrópicas que sean necesarios en el marco de un tratamiento médico, siempre que al efectuarse un control puedan presentar un certificado expedido o legalizado por una autoridad competente del Estado de residencia.

2. El Comité ejecutivo establecerá la forma y el contenido del certificado contemplado en el apartado 1 y expedido por una de las Partes contratantes, y en particular los datos relativos a la naturaleza y la cantidad de los productos y sustancias y a la duración del viaje.

3. Las Partes contratantes se comunicarán mutuamente qué autoridades son competentes para la expedición o legalización del certificado contemplado en el apartado 2.

Artículo 76

1. Las Partes contratantes adoptarán, en caso necesario y con arreglo a sus propios usos médicos, éticos y prácticos, las medidas apropiadas para el control de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas que estén sujetos en el territorio de una o varias Partes contratantes a controles más rigurosos que en su propio territorio, a fin de no reducir la eficacia de dichos controles.

2. El apartado 1 se aplicará asimismo a las sustancias de uso frecuente en la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

3. Las Partes contratantes se comunicarán mutuamente las medidas adoptadas con vistas a la aplicación de la vigilancia del comercio legal de las sustancias mencionadas en los apartados 1 y 2.

4. En el Comité ejecutivo se abordarán regularmente los problemas hallados a este respecto.

CAPÍTULO 7. ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES

Artículo 77

1. Las Partes contratantes se comprometen a adaptar a lo dispuesto en el presente capítulo sus disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas nacionales relativas a la adquisición, tenencia, comercio y entrega de armas de fuego y de municiones.

2. El presente capítulo se refiere a la adquisición, tenencia, comercio y entrega de armas de fuego y de municiones por parte de personas físicas o jurídicas; no se refiere a la entrega a las autoridades centrales y territoriales, a las fuerzas armadas y a la policía, ni a la adquisición ni tenencia por éstas, ni a la fabricación de armas de fuego y de municiones por empresas públicas.

Artículo 78

1. En el marco del presente capítulo, las armas de fuego quedan clasificadas como sigue:

a) armas prohibidas;

b) armas sujetas a autorización;

c) armas sujetas a declaración.

2. El mecanismo de cierre, el depósito de munición y el cañón de las armas de fuego estarán sujetos por analogía a las disposiciones aplicables al objeto del que formen parte o al que estén destinados a formar parte.

3. Se considerarán armas cortas con arreglo al presente Convenio las armas de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm o cuya longitud total no exceda de 60 cm; se considerarán armas largas todas las demás armas de fuego.

Artículo 79

1. La lista de armas de fuego y municiones prohibidas comprende los objetos siguientes:

a) las armas de fuego normalmente utilizadas como armas de fuego de guerra;

b) las armas de fuego automáticas, aunque no sean de guerra;

c) las armas de fuego camufladas bajo la forma de otro objeto;

d) las municiones de balas perforantes, explosivas o incendiarias así como los proyectiles para dichas municiones;

e) las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles dum-dum o con puntas huecas, así como los proyectiles para dichas municiones.

2. En casos particulares, las autoridades competentes podrán conceder autorizaciones para armas de fuego y municiones de las citadas en el apartado 1, siempre que no sean contrarias a la seguridad y al orden público.

Artículo 80

1. La lista de armas de fuego cuya adquisición y tenencia estén sujetas a autorización incluirá, por lo menos, las siguientes armas de fuego, siempre que no estén prohibidas:

a) las armas de fuego cortas semiautomáticas o de repetición;

b) las armas de fuego cortas de un solo disparo con percusión central;

c) las armas de fuego cortas de un solo disparo con percusión anular y con una longitud total inferior a 28 cm;

d) las armas de fuego largas semiautomáticas cuyo cargador y recámara puedan contener más de tres cartuchos;

e) las armas de fuego largas de repetición y semiautomáticas, de cañón liso que no exceda de 60 cm;

f) las armas de fuego civiles semiautomáticas que tengan la apariencia de un arma de fuego automática de guerra.

2. La lista de armas sujetas a autorización no incluirá:

a) las armas para señales, lacrimógenas o de alarma, siempre que se garantice por medios técnicos la imposibilidad de su transformación, mediante herramientas normales, en armas que permitan el tiro de municiones con bala, y siempre que el disparo de una sustancia irritante no provoque lesiones irreversibles en las personas;

b) las armas de fuego largas semiautomáticas cuyo cargador y recámara no puedan contener más de tres cartuchos sin ser recargadas, siempre que el cargador sea inamovible o que se garantice que dichas armas no puedan transformarse mediante el uso de herramientas corrientes en armas cuyo cargador y recámara puedan contener más de tres cartuchos.

Artículo 81

La lista de armas de fuego sujetas a declaración incluirá, siempre que dichas armas no estén prohibidas ni sujetas a autorización:

a) las armas de fuego largas de repetición;

b) las armas de fuego largas de un impacto con uno o varios cañones estriados;

c) las armas de fuego cortas, de un impacto con percusión anular de una longitud total superior a 28 cm;

d) las armas enumeradas en la letra b) del apartado 2 del artículo 80.

Artículo 82

Las listas de armas contempladas en los artículos 79, 80 y 81 no incluirán:

a) las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean -salvo excepciones- anteriores al 1 de enero de 1870, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas prohibidas o sujetas a autorización;

b) las reproducciones de armas mencionadas en la letra a), siempre que no permitan la utilización de un cartucho con casquillo metálico;

c) las armas de fuego que sean inutilizables para disparar cualquier munición mediante la aplicación de procedimientos técnicos garantizados con la marca grabada de un organismo oficial o reconocidos por un organismo de ese tipo.

Artículo 83

Sólo podrá expedirse una autorización de adquisición y tenencia de un arma de fuego de las mencionadas en el artículo 80 cuando:

a) el interesado haya cumplido dieciocho años, salvo las excepciones para la práctica de la caza o del deporte;

b) el interesado no esté incapacitado para adquirir o poseer un arma de fuego por razón de enfermedad mental o de cualquier otra incapacidad mental o física;

c) el interesado no haya sido condenado por una infracción o cuando no haya otros indicios que permitan suponer que es peligroso para la seguridad o para el orden público;

d) pueda considerarse válido el motivo alegado por el interesado para la adquisición o tenencia de armas de fuego.

Artículo 84

1. La declaración para las armas mencionadas en el artículo 81 se inscribirá en un registro que llevarán las personas mencionadas en el artículo 85.

2. Cuando un arma sea cedida por una persona distinta de las contempladas en el artículo 85, la declaración deberá hacerse con arreglo a las modalidades que determine cada Parte contratante.

3. Las declaraciones contempladas en el presente artículo deberán incluir las indicaciones necesarias para la identificación de las personas y de las armas de que se trate.

Artículo 85

1. Las Partes contratantes se comprometen a someter a una obligación de autorización a las personas que fabriquen armas de fuego sujetas a autorización y a las que se dediquen a su comercio, y a una obligación de declaración a las personas que fabriquen armas de fuego sujetas a declaración y a quienes se dediquen a su comercio. La autorización para las armas de fuego sujetas a autorización abarcará asimismo las armas de fuego sujetas a declaración. Las Partes contratantes someterán a las personas que fabriquen armas y a las que comercien con ellas a una vigilancia que garantice un control eficaz.

2. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar disposiciones para que, como mínimo, todas las armas de fuego lleven inscrito de forma duradera un número de orden que permita su identificación y lleven la marca del fabricante.

3. Las Partes contratantes establecerán la obligación de que los fabricantes y comerciantes registren todas las armas de fuego sujetas a autorización y a declaración; los registros deberán permitir determinar con rapidez la naturaleza de las armas de fuego, su origen y el comprador.

4. Por lo que respecta a las armas de fuego sujetas a autorización en virtud de los artículos 79 y 80, las Partes contratantes se comprometen a adoptar disposiciones para que el número de identificación y la marca del arma de fuego también figuren en la autorización expedida al poseedor de las mismas.

Artículo 86

1. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar disposiciones que prohiban a los poseedores legítimos de armas de fuego sujetas a autorización o a declaración entregar dichas armas a personas que no tengan autorización de compra o certificado de declaración.

2. Las Partes contratantes podrán autorizar la entrega temporal de dichas armas con arreglo a las modalidades que determinen.

Artículo 87

1. Las Partes contratantes introducirán en sus legislaciones nacionales disposiciones que permitan la retirada de la autorización cuando el titular deje de cumplir las condiciones de expedición previstas en el artículo 83.

2. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar medidas adecuadas, que incluirán, en particular, la incautación del arma de fuego y la retirada de la autorización, y a prever sanciones adecuadas para el incumplimiento de las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables a las armas de fuego. Las sanciones podrán incluir la confiscación de las armas de fuego.

Artículo 88

1. Las personas titulares de una autorización de compra de un arma de fuego serán dispensadas de la autorización para la compra de municiones destinadas a dicha arma.

2. La adquisición de municiones por personas que no sean titulares de una autorización de armas estará sujeta al régimen aplicable al arma a la cual estén destinadas dichas municiones. La autorización podrá ser expedida para una sola o para todas las categorías de municiones.

Artículo 89

El Comité ejecutivo podrá modificar o completar las listas de armas de fuego prohibidas, sujetas a autorización y a declaración, para tener en cuenta la evolución económica y técnica y la seguridad del Estado.

Artículo 90

Las Partes contratantes tendrán la facultad de adoptar leyes o disposiciones más estrictas relativas al régimen de armas de fuego y municiones.

Artículo 91

1. Las Partes contratantes, sobre la base del Convenio europeo de 28 de junio de 1978 relativo al control sobre la adquisición y la tenencia de armas de fuego por particulares, decidirán la creación, en el marco de sus legislaciones nacionales, de un intercambio de información relativo a la adquisición de armas fuego por personas -ya sean simples particulares o armeros minoristas- que residan de forma habitual o que estén establecidos en el territorio de otra Parte contratante. Se considerará armero minorista a toda persona cuya actividad profesional consista, total o parcialmente, en el comercio al por menor de armas de fuego.

2. El intercambio de información se referirá:

a) entre dos Partes contratantes que hayan ratificado el Convenio citado en el apartado 1, a las armas de fuego que se recogen en el anexo 1, parte A, nº 1, letras a) a h) de dicho Convenio;

b) entre dos Partes contratantes de las cuales una al menos no haya ratificado el Convenio citado en el apartado 1, a las armas sujetas por cada una de las Partes contratantes a un régimen de autorización o de declaración.

3. La información relativa a la adquisición de armas de fuego se comunicará sin demora e incluirá los datos siguientes:

a) la fecha de adquisición y la identidad del comprador, a saber:

– si se trata de una persona física: su nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, dirección y número de pasaporte o de documento nacional de identidad, así como la fecha de expedición e indicación de la autoridad que los hubiere expedido, sea o no un armero,

– si se trata de una persona jurídica: la denominación o razón social y la sede social, así como los nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, dirección y número de pasaporte o de documento nacional de identidad de la persona habilitada para representar a la persona jurídica,

b) el modelo, el número de fabricación, el calibre y demás características del arma de fuego de que se trate, así como su número de identificación.

4. Cada Parte contratante designará a una autoridad nacional que enviará y recibirá la información mencionada en los apartados 2 y 3 y comunicará sin demora a las demás Partes contratantes cualquier modificación que se produjese en la designación de dicha autoridad.

5. La autoridad designada por cada Parte contratante podrá transmitir a los servicios locales competentes de policía y a las autoridades de vigilancia de la frontera la información que le haya sido comunicada a efectos de prevención o de persecución de hechos delictivos e infracciones de los reglamentos.

TÍTULO IV. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN

CAPÍTULO 1. CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN

Artículo 92

1. Las Partes contratantes crearán y mantendrán un sistema de información común denominado en lo sucesivo “el Sistema de Información de Schengen”, que constará de una parte nacional en cada una de las Partes contratantes y de una unidad de apoyo técnico. El Sistema de Información de Schengen permitirá que las autoridades designadas de las Partes contratantes, mediante un procedimiento de consulta automatizado, dispongan de descripciones de personas y de objetos, al efectuar controles en la frontera y comprobaciones y otros controles de policía y de aduanas realizados dentro del país de conformidad con el Derecho nacional, así como, únicamente en relación con la categoría de la inscripción mencionada en el artículo 96, a efectos del procedimiento de expedición de visados, de expedición de permisos de residencia y de la administración de extranjeros en el marco de la aplicación de las disposiciones sobre la circulación de personas.

2. Cada Parte contratante creará y mantendrá, por su cuenta y riesgo, su parte nacional del Sistema de Información de Schengen, cuyo fichero de datos deberá ser materialmente idéntico a los ficheros de datos de la parte nacional de cada una de las otras Partes contratantes mediante el recurso a la unidad de apoyo técnico. Con vistas a permitir una transmisión rápida y eficaz de los datos tal como se indica en el apartado 3, cada Parte contratante deberá ajustarse, al elaborar su parte nacional, a los protocolos y procedimientos establecidos en común por las Partes contratantes para la unidad de apoyo técnico. El fichero de datos de cada parte nacional servirá para la consulta automatizada en el territorio de cada una de las Partes contratantes. No se permitirá la consulta de ficheros de datos de las partes nacionales de las demás Partes contratantes.

3. Las Partes contratantes crearán y mantendrán, por cuenta y riesgo de todas ellas, la unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen, cuya responsabilidad será asumida por la República Francesa; esta unidad de apoyo técnico estará establecida en Estrasburgo. La unidad de apoyo técnico comprenderá un fichero de datos que garantizará la identidad de los ficheros de datos de las Partes nacionales para la transmisión en línea de informaciones. En el fichero de datos de la unidad de apoyo técnico figurarán las descripciones de personas y de objetos, siempre que dichas descripciones afecten a todas las Partes contratantes. El fichero de la unidad de apoyo técnico no incluirá otros datos distintos de los mencionados en el presente apartado y en el apartado 2 del artículo 113.

CAPÍTULO 2. EXPLOTACIÓN Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN

Artículo 93

El Sistema de Información de Schengen tiene como objeto, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, preservar el orden y la seguridad públicos, incluida la seguridad del Estado, y la aplicación de las disposiciones del presente Convenio sobre la circulación de personas por los territorios de las Partes contratantes, con la ayuda de la información transmitida por dicho sistema.

Artículo 94

1. El Sistema de Información de Schengen incluye exclusivamente las categorías de datos que proporciona cada una de las Partes contratantes y que son necesarias para los fines previstos en los artículos 95 a 100. La Parte contratante informadora comprobará si la importancia del caso justifica la introducción de la descripción en el Sistema de Información de Schengen.

2. Las categorías de datos son las siguientes:

a) las personas descritas;

b) los objetos contemplados en el artículo 100 y los vehículos contemplados en el artículo 99.

3. Respecto a las personas, los elementos introducidos serán como máximo los siguientes:

a) el nombre y los apellidos; en su caso, los alias registrados por separado;

b) los rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables;

c) la primera letra del segundo nombre;

d) la fecha y el lugar de nacimiento;

e) el sexo;

f) la nacionalidad;

g) la indicación de que las personas de que se trate están armadas;

h) la indicación de que las personas de que se trate son violentas;

i) el motivo de la inscripción;

j) la conducta que debe observarse.

No se autorizarán otras anotaciones, en particular los datos enumerados en la primera frase del artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas en lo referente al tratamiento informatizado de datos de carácter personal.

4. Si una Parte contratante considerara que una identificación realizada de conformidad con los artículos 95, 97 o 99 no es compatible con su Derecho nacional, con sus obligaciones internacionales o con intereses nacionales esenciales, dicha Parte contratante podrá añadir posteriormente a dicha inscripción en el fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen una indicación destinada a que la ejecución de la medida pertinente no se realice en su territorio a causa de la descripción. Deberán celebrarse consultas a este respecto con las demás Partes contratantes.

Artículo 95

1. Los datos relativos a las personas buscadas para su detención a efectos de extradición se introducirán a instancias de la autoridad judicial de la Parte contratante requirente.

2. Con carácter previo a la descripción, la Parte contratante informadora comprobará si la detención está autorizada en virtud del Derecho nacional de las Partes contratantes requeridas. Si la Parte contratante informadora albergase dudas, deberá consultar a las demás Partes contratantes interesadas.

La Parte contratante informadora enviará a las Partes contratantes requeridas, al mismo tiempo que la descripción por la vía más rápida la siguiente información esencial relativa al asunto:

a) la autoridad que pide la detención;

b) la existencia de una orden de detención o de un documento que tenga la misma fuerza, o de una sentencia ejecutoria;

c) el carácter y la calificación legal de la infracción;

d) la descripción de las circunstancias en que se cometió la infracción, incluidos el momento, el lugar y el grado de participación de la persona mencionada;

e) en la medida de lo posible, las consecuencias de la infracción.

3. Una Parte contratante requerida podrá hacer que la descripción vaya acompañada en el fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen de una indicación destinada a prohibir, hasta que se suprima dicha indicación, la detención motivada por la descripción. La indicación deberá suprimirse a mas tardar veinticuatro horas después de haberse introducido la descripción, a menos que dicha Parte contratante deniegue la detención solicitada por razones jurídicas o por razones especiales de oportunidad. En la medida en que, en casos particularmente excepcionales, la complejidad de los hechos que hayan motivado la descripción lo justifique, el plazo anteriormente citado podrá ampliarse hasta una semana. Sin perjuicio de una indicación o de una resolución denegatoria, las demás Partes contratantes podrán ejecutar la detención solicitada mediante la descripción.

4. Si, por motivos particularmente urgentes, una Parte contratante solicitara una búsqueda inmediata, la Parte requerida examinará si puede renunciar a la indicación. La Parte contratante requerida adoptará las medidas necesarias para que la actuación pertinente pueda ejecutarse sin demora en caso de ratificarse la descripción.

5. Si no fuera posible proceder a la detención por no haber concluido aún el examen o por una decisión denegatoria de una Parte contratante requerida, esta última deberá tratar la descripción como una indicación con vistas a la comunicación del lugar de estancia.

6. Las Partes contratantes requeridas ejecutarán la actuación pertinente solicitada por la descripción de conformidad con los convenios de extradición vigentes y con el Derecho nacional. Cuando se trate de uno de sus nacionales, no estarán obligadas a ejecutar la actuación solicitada, sin perjuicio de la posibilidad de proceder a la detención con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 96

1. Los datos relativos a los extranjeros que estén incluidos en la lista de no admisibles se introducirán sobre la base de una descripción nacional resultante de decisiones adoptadas, observando las normas de procedimiento previstas por la legislación nacional, por las autoridades administrativas o por los órganos jurisdiccionales competentes.

2. Las decisiones podrán basarse en la amenaza para el orden público o la seguridad nacional que pueda constituir la presencia de un extranjero en el territorio nacional.

Éste podrá ser particularmente el caso:

a) de un extranjero que haya sido condenado por una infracción sancionada con una pena privativa de libertad de un año como mínimo;

b) de un extranjero sobre el cual existan razones serias para creer que ha cometido hechos delictivos graves, incluidos los contemplados en el artículo 71, o sobre el cual existan indicios reales de que piensa cometer tales hechos en el territorio de una Parte contratante.

3. Las decisiones podrán basarse asimismo en el hecho de que el extranjero haya sido objeto de una medida de alejamiento, de devolución o de expulsión que no haya sido revocada ni suspendida y que incluya o vaya acompañada de una prohibición de entrada o, en su caso, de residencia, basada en el incumplimiento de las legislaciones nacionales relativas a la entrada o a la residencia de extranjeros.

Artículo 97

Los datos relativos a las personas desaparecidas o a las personas que, en interés de su propia protección o para la prevención de amenazas, deban ser puestas a salvo provisionalmente a petición de la autoridad competente o de la autoridad judicial competente de la Parte informadora, se introducirán para que las autoridades de policía comuniquen a la parte informadora el lugar de residencia o puedan poner a salvo a la persona con el fin de impedirles que prosigan su viaje, siempre que así lo autorice la legislación nacional. Esto se aplicará en particular a los menores y a las personas que deban ser internadas por resolución de una autoridad competente. La comunicación estará subordinada al consentimiento de la persona desaparecida, si ésta es mayor de edad.

Artículo 98

1. Los datos relativos a los testigos, a las personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales en el marco de un procedimiento penal para responder sobre hechos por los cuales hayan sido objeto de diligencias, o a las personas a las que se deba notificar una sentencia represiva o un requerimiento para que se presente a fin de ser sometido a una pena privativa de libertad, se introducirán, a instancia de las autoridades judiciales competentes, para comunicar el lugar de residencia o de domicilio.

2. La información solicitada se comunicará a la Parte requirente de conformidad con la legislación nacional y con los convenios aplicables relativos a la asistencia judicial en materia penal.

Artículo 99

1. Los datos relativos a las personas o a los vehículos serán introducidos, de conformidad con el Derecho nacional de la Parte contratante informadora, a efectos de vigilancia discreta o de control específico, con arreglo al apartado 5.

2. Se podrá realizar una inscripción para la represión de infracciones penales y para la prevención de amenazas para la seguridad pública:

a) cuando existan indicios reales que permitan presumir que la persona de que se trata tiene intención de cometer o está cometiendo hechos delictivos numerosos y extremadamente graves, o

b) cuando la apreciación global del interesado, en particular sobre la base de hechos delictivos cometidos hasta entonces, permita suponer que seguirá cometiendo en el futuro hechos delictivos extremadamente graves.

3. Además, la descripción podrá efectuarse de conformidad con el Derecho nacional a instancias de las autoridades competentes para la seguridad del Estado, cuando existan indicios concretos que permitan suponer que la información mencionada en el apartado 4 es necesaria para la prevención de una amenaza grave que procede del interesado o de otras amenazas graves para la seguridad interior y exterior del Estado. La Parte contratante informadora deberá consultar previamente a las demás Partes contratantes.

4. En el marco de la vigilancia discreta, las informaciones que se indican a continuación podrán, total o parcialmente, ser obtenidas y remitidas a la autoridad informadora, con motivo de controles fronterizos o de otros controles de policía y de aduanas efectuados dentro del país:

a) el hecho de haber encontrado a la persona descrita o al vehículo descrito;

b) el lugar, el momento y el motivo de la comprobación;

c) el itinerario y el destino del viaje;

d) las personas que acompañan al interesado o los ocupantes;

e) el vehículo utilizado;

f) los objetos transportados;

g) las circunstancias en que se ha encontrado a la persona o al vehículo.

Durante la obtención de estas informaciones es conveniente tratar de conservar la discreción de la vigilancia.

5. En el marco del control específico mencionado en el apartado 1, las personas, los vehículos y los objetos transportados podrán ser registrados con arreglo al Derecho nacional, para cumplir la finalidad contemplada en los apartados 2 y 3. Si las leyes de una Parte contratante no autorizaran el control específico, éste se convertirá automáticamente, para esa Parte contratante, en vigilancia discreta.

6. Una Parte contratante requerida podrá hacer que la descripción vaya acompañada en el fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen de una indicación destinada a prohibir, hasta que se suprima dicha indicación, la ejecución de la medida pertinente en aplicación de la descripción con vistas a una vigilancia discreta o a un control específico. La indicación deberá suprimirse a más tardar veinticuatro horas después de haberse introducido la descripción, a menos que dicha Parte contratante deniegue la medida solicitada por razones jurídicas o por razones especiales de oportunidad. Sin perjuicio de una indicación o de una resolución denegatoria, las demás Partes contratantes podrán ejecutar la medida solicitada en virtud de la descripción.

Artículo 100

1. Los datos relativos a los objetos buscados con vistas a su incautación o como pruebas en un procedimiento penal se introducirán en el Sistema de Información de Schengen.

2. Si tras una consulta se comprobara la existencia de una descripción de un objeto encontrado, la autoridad que lo hubiere comprobado se pondrá en contacto con la autoridad informadora para decidir sobre las medidas necesarias. A tal fin, también podrán transmitirse datos de carácter personal, de conformidad con el presente Convenio. Las medidas que deberá adoptar la Parte contratante que hubiere hallado el objeto deberán ser conformes con su Derecho nacional.

3. Se introducirán las categorías de objetos siguientes:

a) los vehículos de motor de una cilindrada superior a 50 cc que hayan sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente;

b) los remolques y caravanas de un peso en vacío superior a 750 Kg que hayan sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente;

c) las armas de fuego que hayan sido robadas, sustraídas u ocultadas fraudulentamente;

d) los documentos vírgenes que hayan sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente;

e) los documentos de identidad expedidos (pasaportes, documentos de identidad, permisos de conducción) que hayan sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente;

f) los billetes de banco (billetes registrados).

Artículo 101

1. El acceso a los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen, así como el derecho de consultarlos directamente, estará reservado exclusivamente a las autoridades competentes para:

a) los controles fronterizos;

b) las demás comprobaciones de policía y de aduanas realizadas dentro del país, así como la coordinación de las mismas.

2. Además, el acceso a los datos introducidos de conformidad con el artículo 96, así como el derecho a consultarlos directamente, podrán ser ejercidos por las autoridades competentes para la expedición de visados, por las autoridades centrales competentes para el examen de las solicitudes de visado y por las autoridades competentes para la expedición de permisos de residencia y para la administración de los extranjeros en el marco de la aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio sobre la circulación de personas. El acceso a los datos estará regulado por el Derecho nacional de cada Parte contratante.

3. Los usuarios podrán consultar únicamente los datos que sean necesarios para el cumplimiento de su misión.

4. Cada Parte contratante facilitará al Comité ejecutivo la lista de las autoridades competentes que estén autorizadas a consultar directamente los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen. En dicha lista se indicará, para cada autoridad, los datos que puede consultar y para qué misión.

CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SEGURIDAD DE LOS DATOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN

Artículo 102

1. Las Partes contratantes sólo podrán utilizar los datos previstos en los artículos 95 a 100 con los fines enunciados para cada una de las descripciones mencionadas en dichos artículos.

2. Los datos sólo podrán ser duplicados con fines técnicos, siempre que dicha duplicación sea necesaria para la consulta directa por las autoridades mencionadas en el artículo 101. Las descripciones de otras Partes contratantes no podrán copiarse de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen a otros ficheros de datos nacionales.

3. Dentro del marco de las descripciones previstas en los artículos 95 a 100 del presente Convenio, toda excepción al apartado 1, para pasar de un tipo de descripción a otros deberá justificarse por la necesidad de prevenir una amenaza grave inminente para el orden y la seguridad públicos, por razones graves de seguridad del Estado o con vistas a prevenir un hecho delictivo grave. A tal fin, deberá obtenerse la autorización previa de la Parte contratante informadora.

4. Los datos no podrán ser utilizados con fines administrativos. Como excepción, los datos introducidos con arreglo al artículo 96 sólo podrán utilizarse, de conformidad con el Derecho nacional de cada Parte contratante, para los fines que se definen en el apartado 2 del artículo 101.

5. Toda utilización de datos que no sea conforme con los apartados 1 a 4 se considerará como una desviación de la finalidad respecto al Derecho nacional de cada Parte contratante.

Artículo 103

Cada Parte contratante velará por que una décima parte, como promedio, de las transmisiones de datos de carácter personal sea registrada en la parte nacional del Sistema de Información de Schengen por la autoridad gestora del fichero, a efectos de control de la admisibilidad de la consulta. El registro sólo podrá utilizarse para este fin y se suprimirá al cabo de seis meses.

Artículo 104

1. El Derecho nacional de la Parte contratante informadora se aplicará a la descripción, salvo que existan condiciones más exigentes en el presente Convenio.

2. Siempre que el presente Convenio no establezca disposiciones particulares, se aplicará el Derecho de cada Parte contratante a los datos introducidos en la parte nacional del Sistema de Información de Schengen.

3. Siempre que el presente Convenio no establezca disposiciones particulares sobre la ejecución de la medida pertinente solicitada por la descripción, será aplicable el Derecho nacional de la Parte contratante requerida que ejecute la medida pertinente. En la medida en que el presente Convenio establezca disposiciones particulares relativas a la ejecución de la medida pertinente solicitada por la descripción, las competencias en lo referente a la medida pertinente estarán reguladas por el Derecho nacional de la Parte contratante requerida. Si no fuera posible ejecutar la medida pertinente, la Parte contratante requerida informará de ello inmediatamente a la Parte contratante informadora.

Artículo 105

La Parte contratante informadora será responsable de la exactitud, actualidad y licitud de la introducción de los datos en el Sistema de Información de Schengen.

Artículo 106

1. La Parte contratante informadora será la única autorizada para modificar, completar, rectificar o suprimir los datos que hubiere introducido.

2. Si una de las Partes contratantes que no haya hecho la descripción dispusiera de indicios que hagan presumir que un dato contiene errores de hecho o de derecho, informará de ello lo antes posible a la Parte contratante informadora, la cual deberá comprobar la comunicación y, en caso necesario, corregir o suprimir sin demora el dato.

3. Si las Partes contratantes no pudieran llegar a un acuerdo, la Parte contratante que no hubiere dado origen a la descripción someterá el caso para dictamen a la autoridad de control común mencionada en el apartado 1 del artículo 115.

Artículo 107

Cuando una persona ya haya sido objeto de descripción en el Sistema de Información de Schengen, la Parte contratante que introduzca una nueva descripción se pondrá de acuerdo con la Parte contratante que hubiere introducido la primera descripción acerca de la integración de las descripciones. A tal fin, las Partes contratantes también podrán adoptar disposiciones generales.

Artículo 108

1. Cada una de las Partes contratantes designará a una autoridad que tenga la competencia central para la parte nacional del Sistema de información de Schengen.

2. Cada una de las Partes contratantes efectuará su descripción a través de dicha autoridad.

3. La citada autoridad será responsable del correcto funcionamiento de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen y adoptará las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Convenio.

4. Las Partes contratantes se comunicarán entre sí a través del depositario de la autoridad mencionada en el apartado 1.

Artículo 109

1. El derecho de toda persona a acceder a los datos que se refieran a ella y estén introducidos en el Sistema de Información de Schengen se ejercerá respetando el derecho de la Parte contratante ante la que se hubiere alegado tal derecho. Si el Derecho nacional así lo prevé, la autoridad nacional de control prevista en el apartado 1 del artículo 114 decidirá si se facilita información y con arreglo a qué modalidades. Una Parte contratante que no haya realizado la descripción no podrá facilitar información relativa a dichos datos, a no ser que previamente hubiere dado a la Parte contratante informadora la ocasión de adoptar una posición.

2. No se facilitará información a la persona de que se trate si dicha información pudiera ser perjudicial para la ejecución de la tarea legal consignada en la descripción o para la protección de los derechos y libertades de terceros. Se denegará en todos los casos durante el período de descripción con vistas a una vigilancia discreta.

Artículo 110

Toda persona podrá hacer rectificar datos que contengan errores de hecho que se refieran a ella o hacer suprimir datos que contengan errores de derecho que se refieran a ella.

Artículo 111

1. Toda persona podrá emprender acciones, en el territorio de cada Parte contratante, ante el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en virtud del Derecho nacional, en particular a efectos de rectificación, supresión, información o indemnización motivadas por una descripción que se refiera a ella.

2. Las Partes contratantes se comprometen mutuamente a ejecutar las resoluciones definitivas dictadas por los órganos jurisdiccionales o las autoridades mencionadas en el apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.

Artículo 112

1. Los datos de carácter personal introducidos en el Sistema de Información de Schengen a efectos de la búsqueda de personas sólo se conservarán durante el tiempo necesario para los fines para los que se hubieren facilitado dichos datos. A más tardar tres años después de su introducción, la Parte contratante informadora deberá examinar la necesidad de conservarlos. Dicho plazo será de un año para las descripciones contempladas en el artículo 99.

2. Cada una de las Partes contratantes fijará, en su caso, unos plazos de examen más cortos con arreglo a su Derecho nacional.

3. La unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen indicará automáticamente a las Partes contratantes la supresión programada en el sistema, con un preaviso de un mes.

4. La Parte contratante informadora podrá, durante el plazo de examen, decidir que se mantenga la descripción, siempre que dicho mantenimiento sea necesario para los fines que motivaron la descripción. La prolongación de la descripción deberá ser comunicada a la unidad de apoyo técnico. Lo dispuesto en el apartado 1 será aplicable a la descripción que decida mantenerse.

Artículo 113

1. Los datos distintos de los mencionados en el artículo 112 se conservarán como máximo durante diez años; los datos relativos a los documentos de identidad expedidos y a los billetes de banco registrados, como máximo durante cinco años, y los que se refieran a vehículos de motor, remolques y caravanas, como máximo durante tres años.

2. Los datos suprimidos se conservarán un ano más en la unidad de apoyo técnico. Durante dicho período, sólo podrán consultarse para comprobar a posteriori su exactitud y la licitud de su integración. Después deberán ser destruidos.

Artículo 114

1. Cada Parte contratante designará a una autoridad de control que, respetando el Derecho nacional, se encargue de ejercer un control independiente sobre el fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen y de comprobar que el tratamiento y la utilización de los datos introducidos en el Sistema de Integración de Schengen no atentan contra los derechos de la persona de que se trate. A tal fin, la autoridad de control tendrá acceso al fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen.

2. Toda persona tendrá derecho a solicitar a las autoridades de control que comprueben los datos referentes a ella integrados en el Sistema de Información de Schengen, así como el uso que se haga de dichos datos. Este derecho estará regulado por el Derecho nacional de la Parte contratante ante la que se presente la solicitud. Si los datos hubieran sido integrados por otra Parte contratante, el control se realizará en estrecha colaboración con la autoridad de control de dicha Parte contratante.

Artículo 115

1. Se creará una autoridad de control común encargada del control de la unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen. Dicha autoridad estará compuesta por dos representantes de cada autoridad nacional de control. Cada Parte contratante dispondrá de un voto deliberativo. El control se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, en el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, teniendo en cuenta la Recomendación R (87) 15  de 17 de septiembre de 1987 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, dirigida a regular la utilización de datos de carácter personal en el sector de la policía y con arreglo al Derecho nacional de la Parte contratante responsable de la unidad de apoyo técnico.

2. Por lo que respecta a la unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen, la autoridad de control común tendrá por cometido comprobar la correcta ejecución de las disposiciones del presente Convenio. A tal fin, tendrá acceso a la unidad de apoyo técnico.

3. La autoridad de control común también tendrá competencia para analizar las dificultades de aplicación o de interpretación que pudieran surgir con motivo de la explotación del Sistema de Información de Schengen, para estudiar los problemas que pudieran plantearse en el ejercicio del control independiente efectuado por las autoridades de control nacionales de las Partes contratantes o en el ejercicio del derecho de acceso al sistema, así como para elaborar propuestas armonizadas con vistas a hallar soluciones comunes a los problemas existentes.

4. Los informes elaborados por la autoridad de control común se remitirán a los organismos a los cuales las autoridades de control nacional remitan sus informes.

Artículo 116

1. Toda Parte contratante será responsable, con arreglo a su Derecho nacional, de cualquier daño ocasionado a una persona como consecuencia de la explotación del fichero nacional del Sistema de Información de Schengen. Lo mismo ocurrirá cuando los daños hayan sido causados por la Parte contratante informadora, si ésta hubiere introducido datos que contengan errores de hecho o de derecho.

2. Si la Parte contratante contra la que se emprenda una acción no fuera la Parte contratante informadora, esta última estará obligada a reembolsar, si se le pide, las cantidades pagadas con carácter de indemnización, a no ser que los datos hubieren sido utilizados por la Parte contratante requerida incumpliendo el presente Convenio.

Artículo 117

1. Por lo que se refiere al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que se transmitan en aplicación del presente título, cada Parte contratante adoptará, a más tardar en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio, las disposiciones nacionales necesarias para conseguir un nivel de protección de los datos de carácter personal que sea al menos igual al resultante de los principios del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas en lo referente al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, y respetando la Recomendación R (87) 15  de 17 de septiembre de 1987 del Comité de Ministros del Consejo de Europa dirigida a regular la utilización de datos de carácter personal en el sector de la policía.

2. La transmisión de datos de carácter personal prevista en el presente título no podrá realizarse hasta que las disposiciones de protección de datos de carácter personal previstas en el apartado 1 hayan entrado en vigor en el territorio de las Partes contratantes afectadas por la transmisión.

Artículo 118

1. Cada una de las Partes contratantes se compromete a adoptar, en lo referente a la parte nacional del Sistema de Información de Schengen, las medidas adecuadas:

a) para impedir que toda persona no autorizada acceda a las instalaciones utilizadas para el tratamiento de datos de carácter personal (control en la entrada de las instalaciones);

b) para impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o retirados por una persona no autorizada (control de los soportes de datos);

c) para impedir que se introduzcan sin autorización en el fichero, o que puedan conocerse, modificarse o suprimirse sin autorización datos de carácter personal introducidos (control de la introducción);

d) para impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de datos (control de la utilización);

e) para garantizar que, para el uso de un sistema de tratamiento automatizado de datos, las personas autorizadas sólo puedan tener acceso a los datos que sean de su competencia (control del acceso);

f) para garantizar la posibilidad de verificar y comprobar a qué autoridades pueden ser remitidos datos de carácter personal a través de las instalaciones de transmisión de datos (control de la transmisión);

g) para garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de carácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de datos, en qué momento y por qué persona han sido introducidos (control de la introducción);

h) para impedir que, en el momento de la transmisión de datos de carácter personal y durante el transporte de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimidos sin autorización (control del transporte).

2. Cada Parte contratante deberá adoptar medidas especiales para garantizar la seguridad de los datos durante la transmisión de datos a servicios situados fuera del territorio de las Partes contratantes. Tales medidas deberán ser comunicadas a la autoridad de control común.

3. Cada Parte contratante sólo podrá designar para el tratamiento de datos de su parte nacional del Sistema de Información de Schengen a personas especialmente cualificadas y sujetas a un control de seguridad.

4. La Parte contratante responsable de la unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen adoptará con respecto de éste último las medidas previstas en los apartados 1 a 3.