Todas las entradas de José Cuervo

07Ago/16

Standford Law School

stanford lawschoolAdvanced Juelsgaard Intellectual Property and Innovation Clinic LAW 914 Section 01 Class #29196

Intellectual Property: Copyright LAW 4007 Section 01 Class #29174

Intellectual Property: International and Comparative Patent Law LAW 4009 Section 01 Class #29211

Introduction to Intellectual Property LAW 4005 Section 01 Class #29212

Law, Science, and Technology Colloquium LAW 8004 Section 01 Class #29205

07Ago/16

Ley 603 de 27 de julio de 2000

Ley 603 de 27 de julio de 2000, por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 47 de la Ley 222 de 1995, quedará así:

“Artículo 47. Informe de gestión.

El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre:

1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.

2. La evolución previsible de la sociedad.

3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.

4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo.

A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren”.

Artículo 2°.

Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre derechos de autor por parte de las sociedades para impedir que, a través de su violación, también se evadan tributos.

Artículo 3°.

Esta ley rige a partir de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República, Miguel Pinedo Vidal.

El Secretario General del honorable Senado de la República, Manuel Enríquez Rosero.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Gustavo Bustamante Moratto.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos Calderón.

El Ministro de Desarrollo Económico, Augusto Ramírez Ocampo

30Jun/16

Número 15, primer semestre 2016

ISSN 1989-5852
Título clave: Revista informática jurídica
Tít. abreviado: Rev. inform. jurid.

Introducción

En este decimoquinto número de la Revista, aparecen artículos de colaboradores por orden alfabético.

Un agradecimiento especial a los 15 colaboradores que han aportado sus artículos para hacer posible la publicación semestral de esta revista.

Un cordial saludo para todos y gracias por vuestra colaboración.

José Cuervo Álvarez

  1. Introducción
  2. Aldana Llanes, Irais
  3. Badia Rivera, María A.
  4. Cabrera García, Anabel
  5. Castillo Dominguez, Danae del Carmen
  6. Diáz Núñez, Yenner J.
  7. Domínguez Leyva, Arnoldo
  8. Enoa Payés, Loyanis
  9. Estepa, Camille
  10. Fernández Coello, Reinier
  11. Ortiz, Nestor L.
  12. Rodríguez Burgos, Bárbara Lou
  13. Rodríguez Ramírez, María Isabel
  14. Roque Hernández, Yoslenys
  15. Sánchez Guzmán, Hernan Antonio
  16. Vázquez Riverón, Areys

Aldana Llanes, Irais

Universidad de Granma. Facultad de Ciencias Informáticas, naturales y exactas

Paseo virtual del Museo Casa Natal de Carlos M. de Céspedes (10.03.2016) (Artículo en colaboración con Yenner J. Diaz Núñez y María Rodríguez Ramírez)

Badia Rivera, María A.

Curso “Ciber Law”, impartido por el Profesor Frederick Vega, en la Facultad de Derechos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

El Ciberacoso; del plantel escolar a la sociedad. ¿Listos para la evolución? (16.05.2016) (Artículo en colaboración con Bárbara Lou Rodríguez Burgos)

Cabrera García, Anabel

Centro de Gobierno Electrónico. Facultad 3. Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera a San Antonio de los Baños, km 2 1/2, La Lisa, Torrens, La Habana. Cuba  [email protected]

Implementación del paquete Acto de Requerimiento de Pago al Deudor en el módulo Ejecutivo del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos  (07.06.2016) (Artículo en colaboración con Hernán Antonio Sánchez Guzmán y Yoslenys Roque Hernández)

Componente para la anulación de señalamientos en el Módulo Laboral del Sistema para la Informatización de Gestión de los Tribunales Populares Cubanos (19.06.2016)  (Artículo en colaboración con Yoslenys Roque Hernández, Reinier Fernández Coello y Hernán Antonio Sánchez Guzmán)

Castillo Dominguez, Danae del Carmen

Centro de Gobierno Electrónico. Facultad 3 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera a San Antonio de los Baños, km. 2 1/2 . Torrens, Boyeros, La Habana, CP 19370.  [email protected]

Desarrollo del proceso de Demanda conjunta del subsistema de Disciplina y derecho laboral del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos (29.06.2016) (Artículo en colaboración con Reinier Fernández Coello, Yoslenys Roque Hernández y Hernán Antonio Sánchez Guzmán)

Diáz Núñez, Yenner J.

Universidad de Granma. Facultad de Ciencias Informáticas, naturales y exactas

Paseo virtual del Museo Casa Natal de Carlos M. de Céspedes (10.03.2016) (Artículo en colaboración con Irais Aldana Llanes y María Rodríguez Ramírez)

Domínguez Leyva, Arnoldo

SISREAD: Revisiones y auditorías como parte del aseguramiento de la calidad (12.05.2016) (Artículo en colaboración con Arelys Vázquez Riverón)

Enoa Payés, Loyanis

Ingeniera en Ciencias Informáticas  [email protected]

Sistema de gestión de información para la empresa de acueducto y alcantarillados en Granma, Cuba (20.06.2016)

Estepa, Camille

Trabajo de Investigación sobre “Cyber Law”, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico

Record Médico Electrónico. Lucha entre la eficiencia del sistema y la privacidad del individuo (28.05.2016) (Artículo en colaboración con Nestor L. Ortiz, R. Ph.)

Fernández Coello, Reinier

Centro de Gobierno Electrónico. Facultad 3 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera a San Antonio de los Baños, km. 2 1/2 . Torrens, Boyeros, La Habana, Cuba CP 19370.  [email protected]

Componente para la anulación de señalamientos en el Módulo Laboral del Sistema para la Informatización de Gestión de los Tribunales Populares Cubanos (19.06.2016)  (Artículo en colaboración con Yoslenys Roque Hernández, Anabel Cabrera García y Hernán Antonio Sánchez Guzmán)

Desarrollo del proceso de Demanda conjunta del subsistema de Disciplina y derecho laboral del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos  (29.06.2016) (Artículo en colaboración con Hernán Antonio Sánchez Guzmán, Yoslenys Roque Hernández y Danae del Carmen Castillo Domínguez)

Ortiz, Nestor L.

Trabajo de Investigación sobre “Cyber Law”, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico

Record Médico Electrónico. Lucha entre la eficiencia del sistema y la privacidad del individuo (28.05.2016) (Artículo en colaboración con Camille Estepa)

Rodríguez Burgos, Bárbara Lou

Curso “Ciber Law”, impartido por el Profesor Frederick Vega, en la Facultad de Derechos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

El Ciberacoso; del plantel escolar a la sociedad. ¿Listos para la evolución? (16.05.2016) (Artículo en colaboración con María A. Badia Rivera)

Rodríguez Ramírez, María Isabel

Universidad de Granma. Facultad de Ciencias Informáticas, naturales y exactas

Paseo virtual del Museo Casa Natal de Carlos M. de Céspedes (10.03.2016) (Artículo en colaboración con Yenner J. Diaz Núñez y Irais Aldana Llanes)

Roque Hernández, Yoslenys

Centro de Gobierno Electrónico. Facultad 3 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera a San Antonio de los Baños, km. 2 1/2 . Torrens, Boyeros, La Habana, CP 19370.  [email protected]

Implementación del paquete Acto de Requerimiento de Pago al Deudor en el módulo Ejecutivo del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos  (07.06.2016) (Artículo en colaboración con Hernán Antonio Sánchez Guzmán y Anabel Cabrera García)

Componente para la anulación de señalamientos en el Módulo Laboral del Sistema para la Informatización de Gestión de los Tribunales Populares Cubanos (19.06.2016)  (Artículo en colaboración con Ana Cabrera García, Reinier Fernández Coello y Hernán Antonio Sánchez Guzmán)

Desarrollo del proceso de Demanda conjunta del subsistema de Disciplina y derecho laboral del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos   (29.06.2016) (Artículo en colaboración con Reinier Fernández Coello, Hernan Antonio Sánchez Guzmán y Danae del Carmen Castillo Domínguez)

Sánchez Guzmán, Hernan Antonio

Centro de Gobierno Electrónico. Facultad 3 Universidad de las Ciencias Informáticas. Carretera a San Antonio de los Baños, km. 2 1/2 . Torrens, Boyeros, La Habana, CP 19370.  [email protected]

Implementación del paquete Acto de Requerimiento de Pago al Deudor en el módulo Ejecutivo del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos  (07.06.2016) (Artículo en colaboración con Anabel Cabrera García y Yoslenys Roque Hernández)

Componente para la anulación de señalamientos en el Módulo Laboral del Sistema para la Informatización de Gestión de los Tribunales Populares Cubanos (19.06.2016)  (Artículo en colaboración con Yoslenys Roque Hernández, Reinier Fernández Coello y Anabel Cabrera García)

Desarrollo del proceso de Demanda conjunta del subsistema de Disciplina y derecho laboral del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos   (29.06.2016) (Artículo en colaboración con Reinier Fernández Coello, Yoslenys Roque Hernández y Danae del Carmen Castillo Domínguez)

Vázquez Riverón, Areys

SISREAD: Revisiones y auditorías como parte del aseguramiento de la calidad (12.05.2016) (Artículo en colaboración con Arnoldo Domínguez Leyva)

19Abr/16

Southwestern Law School. Los Angeles. California, USA

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LL.M. in Entertainment and Media Law 

All Courses:

Advanced Copyright Law Seminar

Comparative Media Law

Copyright Law

Cyberlaw

Defamation, Privacy, Publicity and Celebrity

Intellectual Property Law

International and Comparative Copyright Law

Mass Media Law

Media as an International Human Right

 

19Abr/16

Seton Hall University. School of Law. Newark, New Jersey, USA

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J.D. CONCENTRATIONS

The law school has three formal “concentrations” (Health Law, Intellectual Property, and Compliance.) Select one of the following to learn more and remember to check for detailed instructions in registration materials distributed to students in the fall and spring semesters.

JD Intellectual Property Law Concentration

  1. Intellectual Property Law Track
  2. Technology Law and Business Track
  3. Privacy and Security Law Track
  4. Entertainment and New Media Law Track

19Abr/16

Real Colegio Universitario Escorial-María Cristina

Máster en Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la Información

La superación de los tres cursos de especialista universitario, en el orden que desees, da la posibilidad, mediante un breve curso de actualización, de conseguir este título:

Especialista en Comercio Electrónico

Especialista en Protección de Datos

Especialista en Contratación Informática

 

05Abr/16

Decreto nº 260 Ley Especial contra Delitos Informáticos y conexos

Decreto nº 260 Ley Especial contra Delitos Informáticos y conexos (Diario Oficial de la República de El Salvador en la América Central, tomo nº 410, número 40 del viernes 26 de febrero de 2016)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución de la República, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común;

II. Que mediante Decreto Legislativo nº 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial nº 105, tomo 335, del 10 de junio del mismo año, se emitió el Código Penal;

III. Que en la actualidad, los instrumentos electrónicos por medio de los cuales se envía, recibe o resguarda la información, han adquirido una especial relevancia, tanto a nivel internacional como nacional, para el desarrollo económico, político, social y cultural del país; por lo que se vuelve prioridad del Estado, proteger dicha información, ya que al no protegerla se atenta contra la confidencialidad, integridad, seguridad y disponibilidad de los datos en general; y,

IV. Que esta diversidad de actividades delincuenciales que pueden cometerse a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no se encuentran suficientemente reguladas en nuestra normativa penal vigente, generándose una impunidad para quienes cometen estos tipos de delitos; en consecuencia, resulta necesaria su tipificación y la adopción de mecanismos suficientes para facilitar su detección, investigación y sanción de estos nuevos tipos de delitos.

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Douglas Leonardo Mejía Avilés, de los Períodos Legislativos 2009-2012 y 2012-2015.

DECRETA, la siguiente:

LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger los bienes jurídicos de aquellas conductas delictivas cometidas por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los datos almacenados, procesados o transferidos; los sistemas, su infraestructura o cualquiera de sus componentes, o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad, propriedad, intimidad e imagen de las personas naturales o jurídicas en los términos aplicables y previstos en la presente Ley.

Ámbito de Aplicación

Artículo 2.- La presente Ley se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio nacional o en los lugares sometidos a su jurisdicción. También se aplicará a cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, por delitos que afecten bienes jurídicos del Estado, de sus habitantes o protegidos por Pactos o Tratados Internacionales ratificados por El Salvador.

De igual forma, se aplicará la presente Ley si la ejecución del hecho, se inició en territorio extranjero y se consumó en territorio nacional o si se hubieren realizado, utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación instaladas en el territorio nacional y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho por tribunales extranjeros o ha evadido el juzgamiento o la condena.

Definiciones

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Delito informático: se considerará la comisión de este delito, cuando se haga uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo por objeto la realización de la conducta típica y antijurídica para la obtención, manipulación o perjuicio de la información;

b) Bien jurídico Protegido; es la información que garantice y proteja el ejercicio de derechos fundamentales como la intimidad, honor, integridad sexual, propriedad, propriedad intelectual, seguridad pública, entre otros;

c) Datos Informáticos: es cualquier representación de hechos, información o conceptos en un formato digital o análogos, que puedan ser almacenados, procesados o transmitidos en un sistema informático, cualquiera que sea su ubicación, así como las características y especificaciones que permiten describir, identificar, descubrir, valorar y administrar los datos;

d) Medio de Almacenamiento de Datos Informáticos; es cualquier dispositivo a partir del cual la información es capaz de ser leída, grabada, reproducida o transmitida con o sin la ayuda de cualquier otro medio idóneo;

e) Sistema Informático: es un elemento o grupo de elementos interconectados o relacionados, pudiendo ser electrónicos, programas informáticos, enlaces de comunicación o la tecnología que en el futuro los reemplace, orientados al tratamiento y administración de datos e información;

f) Comunicación Electrónica: es toda transmisión de datos informáticos, cuyo contenido puede consistir en audio, texto, imágenes, vídeos, caracteres alfanuméricos, signos, gráficos de diversa índole o cualquier otra forma de expresión equivalente, entre un remitente y un destinatario a través de un sistema informático y las demás relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación;

g) Dispositivo: es cualquier mecanismo, instrumento, aparato, medio que se utiliza o puede ser utilizado para ejecutar cualquier función de la Tecnología de la Información y la Comunicación;

h) Interceptar: es la acción de apropiarse, interrumpir, escuchar o grabar datos informáticos contenidos o transmitidos en cualquier medio informático antes de llegar a su destino;

i) Programa Informático: es la rutina o secuencia de instrucciones en un lenguaje informático determinado que se ejecuta en un sistema informático, pudiendo ser ése un ordenador, servidor o cualquier dispositivo, con el propósito que realice el procesamiento y comunicación de los datos informáticos;

j) Proveedor de Servicios: es la persona natural  o jurídica que ofrece uno o más servicios de información o comunicación por medio de sistemas informáticos, procesamiento o almacenamiento de datos;

k) Tráfico de Datos Informáticos: son aquellos que se transmiten por cualquier medio tecnológico, pudiendo mostrar el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño, duración de la comunicación, entre otros;

l)  Tecnologías de la Información y la Comunicación: es el conjunto de tecnologías que permiten el tratamiento, la comunicación de los datos, el registro, presentación, creación, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de información en forma automática, de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre otros;

m) Datos Personales: es la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra similar;

n) Datos Personales Sensibles: son los que corresponden a una persona en lo referente al credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación moral, familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza o que pudieran afectar al derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar;

o) Material Pornográfico de Niñas, Niños y Adolescentes: es toda representación auditiva o visual, ya sea en imagen o en vídeo, adoptando un comportamiento sexualmente explícito, real o simulado de una persona que aparente ser niña, niño o adolescente adoptando tal comportamiento. También se considerará material pornográfico, las imágenes realistas que representen a una niña, niño o adolescente adoptando un comportamiento sexualmente explícito o las imágenes o simuladas de las partes genitales o desnudos de una niña, niño o adolescente con fines sexuales;

p) Tarjeta Inteligente: es el dispositivo que permite mediante la ejecución de un programa la obtención de bienes, servicios, propriedades o información; y,

q) Redes Sociales: es la estructura o comunidad virtual que hace uso de medios tecnológicos y de la comunicación para acceder, establecer y mantener algún tipo de vínculo o relación, mediante el intercambio de información.

TÍTULO II.- DE LOS DELITOS

CAPÍTULO I.- DE LOS DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INFORMACIÓN

Acceso Indebido a Sistemas Informáticos

Artículo 4.- El que intencionalmente y sin autorización o excedido la que se hubiere concedido, acceda, intercepte o utilice parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información o la Comunicación, será sancionada con prisión de uno a cuatro años.

Acceso Indebido a los Programas o Datos Informáticos

Artículo 5.– El que a sabiendas y con la intención de usar cualquier dispositivo de la Tecnología de la Información o la Comunicación, accediera parcial o totalmente a cualquier programa o a los datos almacenados en él, con el propósito de apropiarse de ellos o cometer otro delito con éstos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Interferencia del Sistema Informático

Artículo 6.- El que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático, de forma temporal o permanente, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Se considerará agravada la interferencia o alteración, si ésta recayera en programas o sistemas informáticos públicos o en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión y transporte de energía, de medios de transporte u otros de servicio público, o destinados a la prestación de servicios financieros, la sanción será de tres a seis años.

Daños a Sistemas Informáticos

Artículo 7.– El que destruya, dañe, modifique, ejecute un programa o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inhabilite parcial o totalmente un sistemas informático que utilice la Tecnología de la Información y la Comunicación o cualquiera de los componentes que las conforman, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Si el delito previsto en el presente artículo se cometiere de forma culposa, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Si el delito previsto en el presente artículo se cometiere en contra de cualquiera de los componentes de un sistema informático que utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estén destinadas a la prestación de servicios públicos o financieros, o que contengan información personal, confidencial, reservada, patrimonial, técnica o propia de personas naturales o jurídicas, la sanción de prisión será de tres a seis años.

Posesión de Equipos o Prestación de Servicios para la Vulneración de la Seguridad.

Artículo 8.– El que utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación posea, produzca, facilite, venda equipos, dispositivos, programas informáticos, contraseñas o códigos de acceso; con el propósito de vulnerar, eliminar ilegítimamente la seguridad de cualquier sistema informático, ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines para cometer cualquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Violación de la Seguridad del Sistema

Artículo 9.– La persona que sin poseer la autorización correspondiente transgreda la seguridad de un sistema informático restringido o protegido con mecanismo de seguridad específico, será sancionado con prisión de tres a seis años.

En igual sanción incurrirá quien induzca a un tercero para que de forma involuntaria, ejecute un programa, mensaje, instrucciones o secuencias para violar medidas de seguridad.

No incurrirá en sanción alguna quien ejecute las conductas descritas en los Artículos 8 y 9 inciso primero de la presente Ley, cuando con autorización de la persona facultada se realicen acciones con el objeto de conducir pruebas técnicas o auditorías de funcionamiento de equipos, procesos o programas.

CAPÍTULO II.- DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Estafa Informática

Artículo 10.- El que manipule o influya en el ingreso, el procesamiento o resultado de los datos de un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya sea mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos o programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico o por cualquier otra acción que incida en el procedimiento de los datos del sistema o que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure u obtenga un beneficio patrimonial indebido para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Se sancionará con prisión de cinco a ocho años, si las conductas descritas en el inciso anterior se cometieren bajo los siguientes presupuestos:

a) En perjuicio de propriedades del Estado;

b) Contra sistemas bancarios y entidades financieras;

c) Cuando el autor sea un empleado encargado de administrar, dar soporte al sistema, red informática, telemática o que en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema, red, contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Fraude Informático

Artículo 11.– El que por medio del uso indebido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas informáticos o cualquiera de sus componentes, datos informáticos o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Espionaje Informático

Artículo 12.– El que con fines indebidos obtenga datos, información reservada o confidencial contenidas en sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se cometieren con el fin de obtener beneficio para sí o para otro, se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas, resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de la información de carácter reservada, confidencial o sujeta a secreto bancario, la sanción será de seis a diez años de prisión.

Hurto por Medios Informáticos

Artículo 13.- El que por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se apodere de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter personal o patrimonial, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Técnica de Denegación de Servicio

Artículo 14.- El que de manera intencionada, utilizando las técnicas de la denegación de servicio o prácticas equivalentes que afectaren a los usuarios que tienen pertenencia en el sistema  o red afectada, imposibilite obtener el servicio, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

CAPÍTULO III.- DELITOS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO DE LOS DATOS

Manipulación de Registros

Artículo 15.– Los Administradores de las Plataformas de instituciones públicas o privadas, que deshabiliten, alteren, oculten, destruyan, o inutilicen en todo o en parte cualquier información, dato contenido en un registro de acceso, uso de los componentes de éstos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Si las conductas descritas en el inciso anterior, favorecieren la comisión de otro delito, la sanción se agravará hasta en una tercera parte del máximo señalado.

Manipulación Fraudulenta de Tarjetas Inteligentes o Instrumentos Similares

Artículo 16.- El que intencionalmente y sin la debida autorización por cualquier medio cree, capture, grabe, copie, duplique, clone o elimine datos informáticos contenidos en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines, con el objeto de incorporar, modificar usuarios, cuentas, registros, consumos no reconocidos, la configuración de éstos o de los datos en el sistema, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

En la misma pena incurrirá quien, sin haber tomado parte en los hechos anteriores adquiera, comercialice, posea, distribuya, venda, realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas inteligentes o instrumentos destinados al mismo fin o de datos informáticos contenidos en ellos o en un sistema.

Obtención Indebida de bienes o servicios por medio de Tarjetas Inteligentes o Medios Similares

Artículo 17.- El que sin autorización utilice una tarjeta inteligente ajena o instrumento destinado a los mismos fines, utilice indebidamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la obtención de cualquier bien o servicio, realice cualquier tipo de pago sin erogar o asumir obligación alguna por la contraprestación obtenida, será sancionado con prisión de tres a ocho años.

Provisión Indebida de Bienes o Servicios

Artículo 18.- El que sin justificación, a través de un sistema informático utilice tarjetas inteligentes o instrumentos similares destinados a los mismos fines, cuya vigencia haya caducado o haya sido revocada por la institución que la emitió, o que se haya obtenido con el fin de suplantar la identidad contenida en dichas tarjetas inteligentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

El que falsifique o altere los datos de las tarjetas inteligentes o instrumentos similares, con el fin de proveer a quien los presente, dinero, bienes o servicios, o cualquier otro objeto de valor económico, la sanción aumentará hasta una tercera parte del máximo de la pena prevista en el inciso anterior.

Alteración, Daño a la Integridad y Disponibilidad de los Datos

Artículo 19.- El que violando la seguridad de un sistema informático destruya, altere, duplique, inutilice o dañe la información, datos o procesos, en cuanto a su integridad, disponibilidad y confidencialidad en cualquiera de sus estados de ingreso, procesamiento, transmisión o almacenamiento, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Interferencias de Datos

Artículo 20.- El que interfiera, obstruya o interrumpa el uso legítimo de datos o los produzca nocivos e ineficaces, para alterar o destruir los datos de un tercero, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior recae sobre datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos o sobre datos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, sistemas bancarios, entidades financieras, de provisión y transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público, la sanción de prisión será de cinco a ocho años.

Interceptación de Trasmisiones entre Sistemas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Artículo 21.- La persona que sin justificación intercepte por medios tecnológicos cualquier tansmisión hacia, desde o dentro de un sistema informático que no está disponible al público; o las emisiones electromagnéticas que están llevando datos de un sistema informático, será sancionado con prisión de siete a diez años.

Hurto de Identidad

Artículo 22.– El que suplantare o se apodere de la identidad de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Si con la conducta descrita en el inciso anterior se daña, extorsiona, defrauda, injuria o amenaza a otra persona para ocasionar perjuicio u obtener beneficios para sí mismo o para terceros y el apoderamiento recae sobre datos personales, confidenciales o sensibles definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Divulgación No Autorizada

Artículo 23.- El que sin autorización da a conocer un código, contraseña o cualquier otro medio de acceder a un programa o datos almacenados en un equipo o dispositivo tecnológico, con el fin de lucrarse a sí mismo, a un tercero o para cometer un delito, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Igual sanción tendrá el que sin autorización revele o difunda los datos o información, contenidos en un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro.

Si alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores pusieren en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas, como consecuencia de la revelación de las informaciones de carácter reservado, será sancionado con prisión de seis a doce años.

Utilización de Datos Personales

Artículo 24.- El que sin autorización utilice datos personales a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, insertando o modificando los datos en perjuicio de un tercero, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La sanción aumentará hasta una tercera parte del máximo de la pena prevista en el inciso anterior a quien proporcione o revele a otro, información registrada en un archivo o en banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar.

Obtención y Transferencia de Información de Carácter Confidencial

Artículo 25.-  El que deliberadamente obtenga y transfiera información de carácter confidencial y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos apoyándose en cualquier clase de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluidas las emisiones electromagnéticas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Revelación Indebida de Datos e Información de Carácter Personal

Artículo 26.- El que sin el consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal revele, difunda o ceda en todo o en parte, dicha información o datos a los que se refiere el presente artículo, sean éstos en imágenes, vídeo, texto, audio u otros, obtenidos por alguno de los medios indicados en los artículos precedentes, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Sí alguna de las conductas descritas en el inciso anterior, se hubiese realizado con ánimo de lucro, la comisión de otro delito o se difunda material sexual explícito en perjuicio de un tercero, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Se impondrá el límite máximo de la pena del inciso anterior, aumentado hasta en una tercera parte, si alguna de las conductas descritas en el inciso primero del presente artículo, recae sobre datos personales confidenciales o sensibles definidios en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acoso a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 27.- El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

CAPÍTULO IV.- DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pornografía a través del Uso de Tecnologías de Información y la Comunicación.

Artículo 28.– El que por cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación fabrique, transfiera, difunda, distribuya, alquile, venda, ofrezca, produzca, ejecute, exhiba o muestre material pornográfico, sexual entre niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Quien no advierta de forma visible el contenido del material pornográfico o sexual que se transmita mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no apto para niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 29.- El que por cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación produzca, reproduzca, distribuya, publique, importe, exporte, ofrezca, financie, venda, comercie o difunda de cualquier forma, imágenes, vídeos o exhiba en actividades sexuales, eróticas o inequívocas de naturaleza sexual, explícitas o no, reales o simuladas, o utilice la voz de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Igual sanción se impondrá a quien por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación organice o participe en espectáculos públicos o privados, en los que se hace participar a las personas señaladas en el inciso anterior, en acciones pornográficas o eróticas.

Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas, Niños o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Artículo 30.- El que adquiera para sí o para un tercero a través de cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, o posea material pornográfico en el que se haya utilizado a una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad o su imagen para su producción, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Igual sanción se aplicará al que posea en dispositivos de almacenamiento de datos informáticos o a través de cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, material pornográfico en el que se haya utilizado a una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad o su impagen para su producción.

Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 31.- El que mantenga, promueva o facilite la corrupción de una niña, adolescente o persona con discapacidad con fines eróticos, pornográficos u obscenos, por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aunque la niña, niño, adolescente o persona con discapacidad lo consienta, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Igual sanción se impondrá a quien haga propuestas implícitas o explícitas para sostener encuentros de carácter sexual o erótico, o para la producción de pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para si, para otro o para grupos, con una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad.

Acoso a Niñas, Niños y Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 32.- Quien atormente, hostigue, humille, insulte, deniegue u otro tipo de conducta que afecte el normal desarrollo de la personalidad, amenace la estabilidad psicológica o emocional, ponga en riesgo la vida o la seguridad física, de un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, por medio del uso de las Tecnologías de la Información o Comunicación, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La pena se agravará con prisión de cuatro a ocho años, para quien realice conducta que implique frases, señas u otra acción inequívoca de naturaleza o contenido sexual contra una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Condiciones Agravantes Comunes.

Artículo 33.- Los delitos referidos en el presente Capítulo serán sancionados con la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte del máximo establecido de la pena y la inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena, si cualquiera de las acciones descritas fuera realizada por:

a) Ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados, cónyuges, conviviente y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

b) Funcionarios, empleados públicos y municipales, autoridad púbica y agente de autoridad;

c) La persona encargada de la tutela, protección o vigilancia de la víctima; y

d) Toda persona que prevaliéndose de la superioridad originada por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra relación.

CAPÍTULO V.- DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

Suplantación de actos de comercialización

Artículo 34.- El que sin autorización y a nombre de un tercero mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, venda o comercialice bienes o servicios, suplantando la identidad del productor, proveedor o distribuidor autorizado, será sancionado con prisión de tes a cinco años.

La conducta descrita en el inciso anterior se agravará con pena de prisión de cuatro a seis años, cuando la venta o comercialización se trate de medicamentos, suplementos o productos alimenticios, bebidas o cualquier producto de consumo humano.

TÍTULO III.- DISPOSICIONES FINALES

Otras Responsabilidades

Artículo 35.– Las sanciones previstas en la presente Ley, serán aplicable sin perjuicio de otras responsabilidades penales, civiles o administrativas en que se incurra.

Para la deducción de la responsabilidad civil se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Vigencia

Artículo 36.– El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE, PRIMER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, SEGUNDA VICEPRESIDENTA

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, TERCER VICEPRESIDENTE

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO, QUINTO VICEPRESIDENTE

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, PRIMER SECRETARIO

DAVID ERNESTO REYES MOLINA, SEGUNDO SECRETARIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO, TERCER SECRETARIO

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, CUARTO SECRETARIO

JACKELINE NOEMÍ RIVERA AVALOS, QUINTA SECRETARIA

JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL, SEXTO SECRETARIO

ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR, SÉPTIMO SECRETARIO

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ, OCTAVO SECRETARIO

CASA PRESIDENCIA, San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ  CERÉN, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

25Feb/16

CASE OF MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE AND INDEX.HU ZRT v. HUNGARY

 

JUDGMENT

STRASBOURG

2 February 2016

 

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

 

In the case of Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary,

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:

Vincent A. De Gaetano, President,
András Sajó,
Boštjan M. Zupančič,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judges,
and Françoise Elens-Passos, Section Registrar,

Having deliberated in private on 5 January 2016,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

  1. The case originated in an application (no. 22947/13) against Hungary lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by two legal entities registered under Hungarian law, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt (“the applicants”), on 28 March 2013 respectively.
  2. The applicants were represented by Mr L. Bodolai, a lawyer practising in Budaörs. The Hungarian Government (“the Government”) were represented by Mr Z. Tallódi, Agent, Ministry of Justice.
  3. The applicants complained under Article 10 of the Convention that, by effectively requiring them to moderate the contents of comments made by readers on their websites, the domestic courts unduly restricted their freedom of expression and thus the liberty of internet commenting.
  4. On 22 January 2014 the application was communicated to the Government.

THE FACTS

  1. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

 

5. The first applicant, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (“MTE”) is an        association seated in Budapest. It is the self-regulatory body of Hungarian Internet  content providers, monitoring the implementation of a professional code of Internet  content providing and a code of ethics, as well as operating an arbitration  commission whose decision are binding on its eleven members.

The second applicant, Index.hu Zrt (“Index”) is a company limited by shares, seated in Budapest. It is the owner of one of the major Internet news portals in Hungary.

  1. At the material time both applicants allowed users to comment on the publications appearing on their portals. Comments could be uploaded following registration and were not previously edited or moderated by the applicants.
  2. The applicants advised their readers, in the form of disclaimers, that the comments did not reflect the portals’ own opinion and that the authors of comments were responsible for their contents.
  3. Both applicants put in place a system of notice-and-take-down, namely, any reader could notify the service provider of any comment of concern and request its deletion. In addition, in the case of Index, comments were partially moderated, and removed, if necessary.
  4. Both portals stated that comments infringing the personality rights of others could not be uploaded on the websites.
  5. Index’s “Principles of moderation” contained the following:

 

“I. Deletion of comments

1.1. Especially forbidden are:

  1. comments that, at the time of their posting, infringe the laws of Hungary, indicate or incite to crime or any other unlawful act…
  2. vulgar, aggressive, threatening comments. What is vulgar, aggressive or threatening has to be decided by the moderators, in the light of the given topic…”

 

  1. On 5 February 2010 MTE published an opinion under the title “Another unethical commercial conduct on the net” about two real estate management websites, owned by the same company. According to the opinion, the two websites provided thirty-day long advertising service for their users free of charge. Following the expiry of the thirty-day free period, the service became subject to a fee; and this without prior notification of the users. This was possible because, by registering on the website, the users accepted the terms and conditions stipulating that they could be changed unilaterally by the service provider. The opinion also noted that the service provider removed any obsolete advertisements and personal data from the websites only if any overdue charges were paid. The opinion concluded that the conduct of the service provider was unethical and misleading.
  2. The opinion attracted some comments of users, acting under pseudonyms, amongst which there were the following:

 

“They have talked about these two rubbish real estate websites (“két szemét ingatlanos oldalról”) a thousand times already.”

“Is this not that Benkő-Sándor-sort-of sly, rubbish, mug company (“benkősándoros sunyi szemét lehúzó cég”) again? I ran into it two years ago, since then they have kept sending me emails about my overdue debts and this and that. I am above 100,000 [Hungarian forints] now. I have not paid and I am not going to. That’s it.”

 

  1. On 8 February 2010 the Internet portal www.vg.hu, operated by Zöld Újság Zrt, reproduced the opinion word by word under the title “Another mug scandal”.
  2. The consumer protection column of Index also wrote about the opinion under the title “Content providers condemn [one of the incriminated property websites]”, publishing the full text of the opinion. One of the user comments posted on Index by a reader acting under a pseudonym read as follows:

 

“People like this should go and shit a hedgehog and spend all their money on their mothers’ tombs until they drop dead.” (“Azért az ilyenek szarjanak sünt és költsék az összes bevételüket anyjuk sírjára, amíg meg nem dögölnek.”)

“People like this should go and shit a hedgehog and spend all their money on their mothers’

  1. On 17 February 2010 the company operating the websites concerned brought a civil action before the Budapest Regional Court against the applicants and Zöld Újság Zrt. The plaintiff claimed that the opinion, whose content was false and offensive, and the subsequent comments had infringed its right to good reputation.

Once learning of the impending court action, the applicants removed the impugned comments at once.

  1. In their counterclaims before the Regional Court, the applicants argued that they, as intermediary publishers under Act no. CVIII of 2001, were not liable for the user comments. They noted that the business practice of the plaintiff, affecting wide ranges of consumers, attracted numerous complaints to the consumer protection organs and prompted several procedures against the company.
  2. On 31 March 2011 the Regional Court partially sustained the claim, holding that the plaintiff’s right to good reputation had been infringed. As a preliminary remark, the court observed that consumer protection bodies had instituted various proceedings against the plaintiff company, since it had not informed its clients adequately about its business policies.

The Court found that the comments (see paragraphs 12 and 14 above) were offensive, insulting and humiliating and went beyond the acceptable limits of freedom of expression. The court rejected the applicants’ argument that they were only intermediaries and their sole obligation was to remove certain contents, in case of a complaint. It found that the comments constituted edited content, fell in the same category as readers’ letters and the respondents were liable for enabling their publication, notwithstanding the fact that later on they had removed them.

As regards the content of the opinion as such, the court found that it had contributed to an on-going social and professional debate on the questionable conduct of the real estate websites and did not exceed the acceptable level of criticism.

  1. Both parties appealed. In their appeal the applicants argued that the plaintiff had not requested them to remove the offensive comments. Nonetheless, they had done so as soon as soon as they had been informed of the plaintiff’s action. They also argued that users’ comments were to be distinguished from readers’ letters, since these latter were only published on the basis of editorial decisions, whereas comments did not constitute edited content. They argued that, in respect of comments, they had only acted as service providers of information storage.
  2. On 27 October 2011 the Budapest Court of Appeal upheld in essence the first-instance decision but amended its reasoning. It ordered each applicant to pay 5,000 Hungarian forints (HUF) as first-instance and HUF 36,000 as second-instance procedural fee.
  3. The Court of Appeal held that – as opposed to readers’ letters whose publication was dependent on editorial decisions – the comments, unedited, reflected the opinions of the sole commenters. Notwithstanding that, the owner of the website concerned was liable for them. According to the court’s reasoning, Act no. CVIII of 2001, transposing Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce into Hungarian law, did not apply to the applicants’ case since it only related to electronic services of commercial nature, in particular to purchases through the Internet. Under section 2(3) of the Act, electronic commercial services were information society-related services whose purpose was the sale, purchase or exchange of a tangible and moveable property, which was not the situation in the applicants’ case. In any event, pursuant to its section 1(4), the scope of the Act did not extend to expressions made by persons acting outside the sphere of economic or professional activities or public duties, even if uttered in connection with a purchase through the Internet. For the Court of Appeal, the comments were private utterances which did not fall under Act no. CVIII of 2001 on Electronic Commercial Services. Thus, there was no reason to assess the meaning of the terms of ‘hosting service providers’ and ‘intermediaries’ under that Act. Nonetheless, the comments attracted the applicability of the Civil Code rules on personality rights, notably Article 78. Since the comments were injurious for the plaintiff, the applicants bore objective liability for their publication, irrespectively of the subsequent removal, which was only relevant for the assessment of any compensation.
  4. The applicants lodged a petition for review with the Kúria. They argued that, in their interpretation of the relevant law, they were under no obligation to monitor or edit the comments uploaded by readers on their websites.
  5. On 13 June 2012 the Kúriaupheld the previous judgments. It stressed that the applicants, by enabling readers to make comments on their websites, had assumed objective liability for any injurious or unlawful comments made by those readers. It rejected the applicants’ argument that they were only intermediary providers which allowed them to escape any liability for the contents of comments, other than removing them if injurious to a third party. The Kúriaheld that the applicants were not intermediaries in terms of section 2(lc) of Act no. CVIII and they could not invoke the limited liability of hosting service providers. It shared the Court of Appeal’s view in finding that the comments were capable of harming the plaintiff’s good reputation and that the applicants’ liability consisted of their having allowed their publication.

The Kúria imposed HUF 75,000 on each applicant as review costs, including the costs of the plaintiff’s legal representation.

This decision was served on 2 October 2012.

  1. The applicants introduced a constitutional complaint on 3 January 2013, arguing in essence that the courts’ rulings holding them responsible for the contents of the comments amounted to an unjustified restriction on their freedom of expression.
  2. On 11 March 2013 the Constitutional Court declared the complaint admissible.
  3. On 27 May 2014 the Constitutional Court dismissed the constitutional complaint, (decision no. 19/2014. (V.30.) AB). In the analysis of the proportionality of the interference, the Constitutional Court explained the absence of unconstitutionality in the case as follows.

“[43] In the case concerned by the Kúria’s judgment, the operator of the webpage did not moderate the comments. The identities of those primarily responsible, unless figuring nominatively, are unknown; and for that reason, the liability lies with the operator of the webpage.

[44] In the present case, the aggrieved fundamental right is not the right to freedom of expression as such, but one of its particular elements, the right to freedom of the press.

[50] It is without doubt that blogs and comments constitute expressions and as such attract the protection of Chapter IX of the Fundamental Law.

[59] The liability incumbent on the operator of the webpage obviously restricts freedom of the press – which includes, without doubt, communication on the Internet.

[63] The legislation pursues a constitutionally justified aim. It is also suitable for that purpose in that, without the liability of the operator of the webpage, the person concerned could hardly receive compensation for the grievance. However, the proportionality of the restriction is open to doubt from two perspectives: is it proportionate to hold the operator of the webpage liable for the expression which proved to be unlawful; and moreover, is the extent of the liability (that is, the amount of compensation) proportionate?

[65] If the liability for the publication of comments is based on the very fact of the publication itself, it is not justified to distinguish between moderated and non-moderated comments in regard to the proportionality of the restriction on the fundamental right in question. … The Constitutional Court has already held that the liability of press organs – not of the author – as applied in order to protect personality rights is constitutional.”

 

 

II.- RELEVANT DOMESTIC LAW

 

26. Act no. IV of 1959 on the Civil Code, as in force at the material time, provides:

 

Article 75

“(1) Personality rights shall be respected by everyone. Personality rights are protected under this Act.

(2) The rules governing the protection of personality rights are also applicable to legal personalities, except the cases where such protection can, due to its character, they only apply to private individuals.

(3) Personality rights will not be violated by conducts to which the holder of rights has given consent, unless such consent violates or endangers an interest of society. In any other case a contract or unilateral declaration restricting personality rights shall be null and void.”

Article 78

“(1) The protection of personality rights shall also include the protection of reputation.

(2) In particular, the statement or dissemination of an injurious and untrue fact concerning another person, or the presentation with untrue implications of a true fact relating to another person, shall constitute defamation.”

  1. Act no. CVIII of 2001 on Electronic Commercial Services etc. provides as follows:

 

Section 1

“(4) The scope of this Act shall not extend to communications, including contractual statements, made by persons acting outside the sphere of economic or professional activities or public duties by making use of an information society-related service.”

Section 2

“For the purposes of this Act:

  1. a) Electronic commercial service is an information-society service for selling, buying, exchanging or obtaining in any other manner of a tangible, negotiable movable property – including money, financial securities and natural forces which can be treated in the same way as a property – a service, a real estate or a right having pecuniary value (henceforth together: goods); …
  2. l) Provider of intermediary services: any natural or legal person providing an information society service, who

  1. lc) stores information provided by a recipient of the service (hosting) (tárhelyszolgáltatás)”

 

III. RELEVANT INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW

  1. The relevant material found in the instruments of the Council of Europe, the United Nations and the European Union as well as in the national law of various Member States is outlined in paragraphs 44 to 58 of the judgment Delfi ASv. Estonia [GC] (no. 64569/09, ECHR 2015).

THE LAW

  1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 10 OF THE CONVENTION

29.- The applicants complained that the rulings of the Hungarian courts    establishing objective liability on the side of Internet websites for the contents of  users’ comments amounts to an infringement of freedom of expression as provided  in Article 10 of the Convention, which reads as follows:

“1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include    freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without  interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not  prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema  enterprises.

  1. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

 

  1. The Government contested that argument.

 

A. Admissibility

  1. The Court notes that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

 

B. Merits 

  1. The parties’ submissions

 

(a) The applicants

  1. At the outset, the applicants drew attention to the EU framework governing intermediary liability and the relevant international standards developed by the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression as well as the Council of Europe expressed notably by the Committee of Ministers.
  2. Moreover, in their view, it was immaterial which precise domestic legal provisions had served as the basis of the restriction complained of. The State interference resulted in the applicants’ objective liability for the comments made on their websites.
  3. They disputed the rulings of the Hungarian courts according to which the comments had violated others’ right to good reputation. Those comments had appeared in a public debate on a matter of common interest. The debate concerned the unethical conduct of a service-provider, where there should be little restriction on expressions, even disturbing ones, especially when it comes to value judgments as in the present case. In any case, the comments could not be equated with edited readers’ letters.
  4. The applicants also contended that the lawfulness of the interference leaves a lot to be desired because the domestic legal practice was divergent in such cases.
  5. As to the Government’s suggestion that liability for comments could be avoided either by pre-moderation or by disabling commenting altogether, the applicants argued that both solutions would work against the very essence of free expression on the Internet by having an undue chilling effect.
  6. The applicants furthermore contended that imposing strict liability on online publications for all third-party contents would amount to a duty imposed on websites to prevent the posting, for any period of time, of any user-generated content that might be defamatory. Such a duty would place an undue burden on many protagonists of the Internet scene and produce significant censoring, or even complete elimination, of user comments to steer clear of legal trouble – whereas those comments tend to enrich and democratise online debates.
  7. It was noteworthy that the law of the European Union and some national jurisdictions contained less restrictive rules for the protection of rights of others and to manage liability of hosting service providers. Indeed, the application of the “notice and take down” rule was the adequate way of enforcing the protection of reputation of others.
  8. The stance of the Hungarian authorities had resulted in disproportionate restriction on the applicants’ freedom of expression in that they had had to face a successful civil action against them, even though they had removed the disputed contents at once after they had learnt, from the court action, that the company concerned had perceived them as injurious. The legal procedure, along with the fees payable, must be seen as having a chilling effect.
  9. To conclude, the applicants maintained that the simple application of the traditional rules of editorial responsibility, namely strict liability, was not the answer to the new challenges of the digital era. Imposing strict liability on online publications for all third-party content would have serious adverse repercussions for the freedom of expression and the democratic openness in the age of Internet.

 

(b) The Government

  1. The Government conceded that there had been an interference with the applicants’ right to freedom of expression, albeit one prescribed by law and pursuing the legitimate aim of the protection of the rights of others. In their view, the authorities had acted within their margin of appreciation essentially because by displaying the comments the applicants had exceeded the limits of freedom of expression as guaranteed under the Convention.
  2. The Government noted that the courts had not availed themselves of the notion of objective liability to be borne by Internet service providers for users’ comments. Pursuant to its Section 1(4), Act no. CVIII of 2001 on Electronic Commercial Services (see paragraph 22 above) had not been applicable in the case, since its scope did not extend to communications made by persons acting outside the sphere of economic or professional activities or public duties by making use of an information society-related service. The applicants’ objective liability had occurred since they had disseminated opinions privately expressed by other persons in a manner violating the law. Consequently, the general provisions of the Civil Code governing the protection of personality rights had been relied on by the courts. As they stated, an expression damaging reputation might also be committed by imparting and disseminating information obtained from other persons. The expressions published had contained unduly injurious, insulting and humiliating statements of facts which were contrary to the rules governing the expression of opinions. The publication of a fact might also amount to an opinion since the circumstances of the publication might reflect an opinion. Honour and reputation, however, did constitute an outer limit even to opinions or value judgments. Under Articles 75(1) and 78(1)-(2) of the Civil Code, the statement or dissemination of an injurious and untrue fact concerning another person, or the presentation with untrue implications of a true fact relating to another person constituted defamation.
  3. The applicants’ own right to impart and disseminate information and ideas was in no way violated. Indeed, they had not disputed that the comments had infringed the plaintiff’s personality rights. As regards the publication of the ideas of others, to avoid the legal consequences of allowing the comments the applicants could have pre-moderated them or not disallowed them altogether. Those who enabled the display of unmoderated comments on their websites should foresee that unlawful expressions might also be displayed – and sanctioned under the rules of civil law.
  4. In assessing the necessity of the interference, the Government argued that the case involved a conflict between the right to freedom of expression and the protection of the honour and rights of others. The national courts had solved the conflict by weighing the relevant considerations in a manner complying with the principles laid down in Article 10 of the Convention. The comments were undoubtedly unlawful; and the sanctions applied were not disproportionate in that the courts limited themselves to establishing the breach of the law and obliging the applicants to pay only the court fees.

 

  1. The Court’s assessment

 

  1. The Court notes that it was not in dispute between the parties that the applicants’ freedom of expression guaranteed under Article 10 of the Convention had been interfered with by the domestic courts’ decisions. The Court sees no reason to hold otherwise.
  2. Such an interference with the applicant company’s right to freedom of expression must be “prescribed by law”, have one or more legitimate aims in the light of paragraph 2 of Article 10, and be “necessary in a democratic society”.
  3. In the present case the parties’ opinion differed as to whether the interference with the applicants’ freedom of expression was “prescribed by law”. The applicants argued that under the European legislation hosting service providers had restricted liability for third-party comments. The Government referred to section 1(4) of Act no. CVIII of 2001 to the effect that private expressions, such as the impugned comments, fell outside the scope of that Act. They relied on section 75(1) and 78(1)-(2) of the Civil Code and argued that the applicants were liable for imparting and disseminating private opinions expressed by third-parties.
  4. The Court observes that the Court of Appeal concluded that the applicants’ case did not concern electronic commercial activities, and, in any case, pursuant to its section 1(4), Act no. CVIII of 2001 was not applicable to the impugned comments (see paragraph 20 above). The Kúria,while upholding the second-instance judgment found, without further explanation, that the applicants were not intermediaries in terms of section 2(lc) of that Act (see paragraph 22 above).

The domestic courts, thus, chose to apply Article 78 of the Civil Code, although, apparently, for different reasons.

  1. The Court reiterates in this context that it is not its task to take the place of the domestic courts. It is primarily for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law (see, among others, Rekvényi v. Hungary[GC], no. 25390/94, § 35, ECHR 1999‑III). The Court also reiterates that it is not for it to express a view on the appropriateness of methods chosen by the legislature of a respondent State to regulate a given field. Its task is confined to determining whether the methods adopted and the effects they entail are in conformity with the Convention (see Gorzelik and Others v. Poland[GC], no. 44158/98, § 67, ECHR 2004‑I). Thus, the Court confines itself to examining whether the Kúria’s application of the relevant provisions of the Civil Code to the applicants’ situation was foreseeable for the purposes of Article 10 § 2 of the Convention. As the Court has previously held, the level of precision required of domestic legislation – which cannot provide for every eventuality – depends to a considerable degree on the content of the law in question, the field it is designed to cover and the number and status of those to whom it is addressed (see Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [GC], no.38433/09, § 142, ECHR 2012). The Court has found that persons carrying on a professional activity, who are used to having to proceed with a high degree of caution when pursuing their occupation, can on this account be expected to take special care in assessing the risks that such activity entails (see Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France [GC], nos. 21279/02 and 36448/02, § 41, ECHR 2007‑IV).
  2. The Court notes that the Kúria did not embark on an explanation whether and how Directive 2000/31/EC was taken into account when interpreting section 2(lc) of Act no. CVIII of 2001 and arriving to the conclusion that the applicants were not intermediaries in terms of that provision, despite the applicants’ suggestion that the correct application of the EU law should have exculpated them in the circumstances.
  3. Nonetheless, the Court is satisfied on the facts of this case that the provisions of the Civil Code made it foreseeable for a media publisher running a large Internet news portal for an economic purpose and for a self-regulatory body of Internet content providers, that they could, in principle, be held liable under domestic law for unlawful comments of third-parties. Thus, the Court considers that the applicants was in a position to assess the risks related to their activities and that they must have been able to foresee, to a reasonable degree, the consequences which these could entail. It therefore concludes that the interference in issue was “prescribed by law” within the meaning of the second paragraph of Article 10 of the Convention (see mutatis mutandis, Delfi AS, cited above, §§ 125 to 129).
  4. The Government submitted that the interference pursued the legitimate aim of protecting the rights of others. The Court accepts this.
  5. It thus remains to be ascertained whether it was “necessary in a democratic society” in order to achieve the aim pursued.

 

(a) General principles

 

  1. The fundamental principles concerning the question whether an interference with freedom of expression is “necessary in a democratic society” are well established in the Court’s case-law and have been summarised as follows (see, among other authorities, Hertel v. Switzerland, 25 August 1998, § 46, Reports of Judgments and Decisions1998‑VI; Steel and Morris v. the United Kingdom, no. 68416/01, § 87, ECHR 2005‑II; Mouvement raëlien suisse v. Switzerland[GC], no. 16354/06, § 48, ECHR 2012; Animal Defenders International v. the United Kingdom[GC], no. 48876/08, § 100, ECHR 2013; and most recently in Delfi AS, cited above, § 131):

 

“(i) Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’. As set forth in Article 10, this freedom is subject to exceptions, which … must, however, be construed strictly, and the need for any restrictions must be established convincingly …

(ii) The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 § 2, implies the existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States have a certain margin of appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, even those given by an independent court. The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10.

(iii) The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 the decisions they delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was ‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’… In doing so, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant facts …”

“(i) Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic

  1. Furthermore, the Court has emphasised the essential function the press fulfils in a democratic society. Although the press must not overstep certain bounds, particularly as regards the reputation and rights of others and the need to prevent the disclosure of confidential information, its duty is nevertheless to impart – in a manner consistent with its obligations and responsibilities – information and ideas on all matters of public interest (see Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway[GC], no. 21980/93, § 58, ECHR 1999‑III;Jersild v. Denmark, 23 September 1994, § 31, Series A no. 298; and De Haes and Gijsels v. Belgium, 24 February 1997, § 37, Reports1997‑I). Journalistic freedom also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation (see Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France [GC] (no. 40454/07, § 89, 10 November 2015; Bladet Tromsø and Stensaas, cited above, § 59; and Prager and Oberschlick v. Austria, 26 April 1995, § 38, Series A no. 313). The limits of permissible criticism are narrower in relation to a private citizen than in relation to politicians or governments (see, for example, Delfi AS, cited above, § 132; Castells v. Spain, 23 April 1992, § 46, Series A no. 236;Incal v. Turkey, 9 June 1998, § 54, Reports 1998‑IV; and Tammer v. Estonia, no. 41205/98, § 62, ECHR 2001‑I).
  2. Moreover, the Court has previously held that in the light of its accessibility and its capacity to store and communicate vast amounts of information, the Internet plays an important role in enhancing the public’s access to news and facilitating the dissemination of information in general (see Ahmet Yıldırım v. Turkey, no. 3111/10, § 48, ECHR 2012;Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (nos. 1 and 2), nos. 3002/03 and 23676/03, § 27, ECHR 2009; and Delfi, cited above, § 133). At the same time, in considering the “duties and responsibilities” of a journalist, the potential impact of the medium concerned is an important factor (see Delfi, cited above, § 134; see also Jersild v. Denmark, cited above, § 31).
  3. The Court further reiterates that the right to protection of reputation is a right which is protected by Article 8 of the Convention as part of the right to respect for private life (see Chauvy and Others v. France, no. 64915/01, § 70, ECHR 2004‑VI; and Polanco Torres and Movilla Polancov. Spain, no. 34147/06, § 40, 21 September 2010). In order for Article 8 to come into play, however, an attack on a person’s reputation must attain a certain level of seriousness and be made in a manner causing prejudice to personal enjoyment of the right to respect for private life (see Delfi AS, cited above, § 137; Axel Springer AG v. Germany[GC], no. 39954/08, § 83, 7 February 2012; and A. v. Norway, no. 28070/06, § 64, 9 April 2009).
  4. When examining whether there is a need for an interference with freedom of expression in a democratic society in the interests of the “protection of the reputation or rights of others”, the Court may be required to ascertain whether the domestic authorities have struck a fair balance when protecting two values guaranteed by the Convention which may come into conflict with each other in certain cases, namely on the one hand freedom of expression protected by Article 10, and on the other the right to respect for private life enshrined in Article 8 (see Delfi AS, cited above, § 138; Axel Springer AG, cited above, § 84; Hachette Filipacchi Associés v. France, no. 71111/01, § 43, 14 June 2007;MGN Limited v. the United Kingdom, no. 39401/04, § 142, 18 January 2011).
  5. The Court has found that, as a matter of principle, the rights guaranteed under Articles 8 and 10 deserve equal respect, and the outcome of an application should not vary according to whether it has been lodged with the Court under Article 10 of the Convention by the publisher of an offending article or under Article 8 of the Convention by the person who has been the subject of that article. Accordingly, the margin of appreciation should in principle be the same in both cases (see Axel Springer AG, cited above, § 87, and Von Hannover v. Germany (no. 2)[GC], nos. 40660/08 and 60641/08, § 106, ECHR 2012, with further references to the cases of Hachette Filipacchi Associés, cited above, § 41; Timciuc v. Romania(dec.), no. 28999/03, § 144, 12 October 2010; and Mosley v. the United Kingdom, no. 48009/08, § 111, 10 May 2011). Where the balancing exercise between those two rights has been undertaken by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court’s case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts (see Axel Springer AG, cited above, § 88, and Von Hannover (no. 2), cited above, § 107, with further references to MGN Limited, cited above, §§ 150 and 155; and Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, § 57, 12 September 2011). In other words, there will usually be a wide margin afforded by the Court if the State is required to strike a balance between competing private interests or competing Convention rights (see Delfi AS, cited above, § 139; Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 77, ECHR 2007‑I; Chassagnou and Others v. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 and 28443/95, § 113, ECHR 1999‑III; and Ashby Donald and Others v. France, no. 36769/08, § 40, 10 January 2013).

 

(b) Application of those principles to the present case

 

(i) Preliminary remarks and applicable criteria

 

  1. In order to determine the standards applicable in the instant case, the Court will consider the nature of the applicants’ rights of expression in view of their role in the process of communication and the specific interest protected by the interference, namely – as was implied by the domestic courts – the rights of others.
  2. The Court notes that both the first applicant, as a self-regulatory body of internet service providers, and the second applicant, as a large news portal, provided forum for the exercise of expression rights, enabling the public to impart information and ideas. Thus, the Court shares the Constitutional Court’s view according to which the applicants’ conduct must be assessed in the light of the principles applicable to the press (see paragraph 25 above).
  3. The Court reiterates in this regard that although not publishers of the comments in the traditional sense, Internet news portals must, in principle, assume duties and responsibilities. Because of the particular nature of the Internet, those duties and responsibilities may differ to some degree from those of a traditional publisher, notably as regards third-party contents (see Delfi AS,cited above, § 113).
  4. In particular, the Court has examined in the case of Delfi ASthe duties and responsibilities under Article 10 § 2 of large Internet news portalswhere they provide, for economic purposes, a platform for user-generated comments and where the users of such platforms engage in clearly unlawful expressions, amounting to hate speech and incitement to violence.
  5. However, the present case is different. Although offensive and vulgar (see paragraphs 12 and 14 above), the incriminated comments did not constitute clearly unlawful speech; and they certainly did not amount to hate speech or incitement to violence. Furthermore, while the second applicant is the owner of a large media outlet which must be regarded as having economic interests, the first applicant is a non-profit self-regulatory association of Internet service providers, with no known such interests.
  6. The domestic courts found that the impugned statements violated the personality rights and reputation of the plaintiff company, a moral person. At this juncture the Court notes that the domestic authorities accepted without any further analysis or justification that the impugned statements were unlawful as being injurious to the reputation of the plaintiff company.
  7. As the Court has previously held, legal persons could not claim to be a victim of a violation of personality rights, whose holders could only be natural persons (seeSdružení Jihočeské Matky v. Czech Republic (dec.), no. 19101/03, 10 July 2006). There is a difference between the commercial reputational interests of a company and the reputation of an individual concerning his or her social status. Whereas the latter might have repercussions on one’s dignity, for the Court, interests of commercial reputation are devoid of that moral dimension (see Uj v. Hungary, no. 23954/10, § 22, 19 July 2011). Moreover, the Court reiterates that there is an interest in protecting the commercial success and viability of companies, for the benefit of shareholders and employees, but also for the wider economic good. The State therefore enjoys a margin of appreciation as to the means it provides under domestic law to enable a company to challenge the truth, and limit the damage, of allegations which risk harming its reputation (see Steel and Morris v. the United Kingdom, no. 68416/01, § 94, ECHR 2005-II; Kuliś and Różycki v. Poland, no. 27209/03, § 35, ECHR 2009).
  8. However, in the present case it is not necessary to decide whether the plaintiff company could justifiably rely on its right to reputation, seen from the perspective of Article 8 of the Convention. It suffices to observe that the domestic courts found that the comments in question constituted an infringement of its personality rights. Indeed, it cannot be excluded that the impugned comments were injurious towards the natural person behind the company and that, in this sense, the decisions of the domestic courts intended to protect, in an indirect manner, that person from defamatory statements. The Court will therefore proceed under the assumption that – giving the benefit of the doubt to the domestic courts’ stance identifying a valid reputational interest – there was to be a balancing between the applicants’ Article 10 rights and the plaintiff’s Article 8 rights.
  9. The Court has already had occasion to lay down the relevant principles which must guide its assessment in the area of balancing the protection of freedom of expression as enshrined in Article 10 and the protection of the reputation of those against whom allegations were made, a right which, as an aspect of private life, is protected by Article 8 of the Convention. It identified a number of relevant criteria, out of which the particularly pertinent in the present case, to which the Court will revert below, are: contribution to a debate of public interest, the subject of the report, the prior conduct of the person concerned, the content, form and consequences of the publication, and the gravity of the penalty imposed on the journalists or publishers (see Couderc and Hachette Filipacchi Associésv. France [GC], cited above, § 93; Von Hannover v. (no. 2), cited above, §§ 108 to 113, ECHR 2012; and Axel Springer AG, cited above, §§ 90-95, 7 February 2012). At this juncture the Court would add that the outcome of such a balancing performed by the domestic courts will be acceptable in so far as those courts applied the appropriate criteria and, moreover, weighed the relative importance of each criterion with due respect paid to the particular circumstances of the case.
  10. In the case of Delfi AS, the Grand Chamber identified the following specific aspects of freedom of expression in terms of protagonists playing an intermediary role on the Internet, as being relevant for the concrete assessment of the interference in question: the context of the comments, the measures applied by the applicant company in order to prevent or remove defamatory comments, the liability of the actual authors of the comments as an alternative to the intermediary’s liability, and the consequences of the domestic proceedings for the applicant company (see Delfi AS,cited above, §§ 142-43).
  11. These latter criteria were established so as to assess the liability of large Internet news portals for not having removed from their websites, without delay after publication, comments that amounted to hate speech and incitement to violence. However, for the Court, they are also relevant for the assessment of the proportionality of the interference in the present case, free of the pivotal element of hate speech. It is therefore convenient to examine the balancing, if any, performed by the domestic courts and the extent to which the relevant criteria (see Von Hannover (no. 2), cited above, §§ 108 to 113) were applied in that process, with regard to the specific aspects dictated by the applicants’ respective positions (see Delfi AS,cited above, §§ 142-43).
  12. Consequently, it has to be ascertained if the domestic authorities struck an appropriate balance between the applicants’ right under Article 10, as protagonists in providing Internet platform for, or inviting expressions from, third-parties on the one hand, and the rights of the plaintiff company not to sustain allegations infringing its rights under Article 8, on the other. In particular, in the light of the Kúria’s reasoning, the Court must examine whether the domestic courts’ imposition of liability on the applicants for third-party comments was based on relevant and sufficient reasons in the particular circumstances of the case.

The Court itself will proceed to assess the relevant criteria as laid down in its case-law to the extent that the domestic authorities failed to do so.

 

(ii) Context and content of the impugned comments

 

  1. As regards the context of the comments, the Court notes that the underlying article concerned the business practice of two large real estate websites, which was deemed misleading and injurious to their clients, thus there was a public interest in ensuring an informed public debate over a matter concerning many consumers and Internet users. The conduct in question had already generated numerous complaints to the consumer protection organs and prompted various procedures against the company concerned (see paragraph 16 above). The Court is therefore satisfied that the comments triggered by the article can be regarded as going to a matter of public interest.

Moreover, against this background, the article cannot be considered to be devoid of a factual basis or provoking gratuitously offensive comments.

  1. The Court attaches importance to the fact that the second applicant is the owner of a large news portal, run on a commercial basis and obviously attracting a large number of comments. On the contrary, there is no appearance that the situation of the first applicant, the self-regulatory association of Internet content providers, was in any manner similar; indeed, the latter’s publication of contents of predominantly professional nature was unlikely to provoke heated discussions on the Internet. At any rate, the domestic courts appear to have paid no attention to the role, if any, which the applicants respectively played in generating the comments.
  2. As regards the contents of the comments, the domestic courts found that they had overstepped the acceptable limits of freedom of opinion and infringed the right to reputation of the plaintiff company, in that they were unreasonably offensive, injurious and degrading.
  3. For the Court, the issue in the instant case is not defamatory statements of fact but value judgments or opinions, as was admitted by the domestic courts. They were denouncements of a commercial conduct and were partly influenced by the commentators’ personal frustration of having been tricked by the company. Indeed, the remarks can be considered as an ill-considered reaction (compare and contrast Palomo Sánchez and Others cited above, § 73). They were posted in the context of a dispute over the business policy of the plaintiff company perceived as being harmful to a number of clients.
  4. Furthermore, the expressions used in the comments were offensive, one of them being outright vulgar. As the Court has previously held, offence may fall outside the protection of freedom of expression if it amounts to wanton denigration, for example where the sole intent of the offensive statement is to insult (see Skałka v. Poland, no.43425/98, § 34, 27 May 2003); but the use of vulgar phrases in itself is not decisive in the assessment of an offensive expression. For the Court, style constitutes part of the communication as the form of expression and is as such protected together with the content of the expression (see Uj, cited above, § 23).
  5. Without losing sight of the effects of defamation on the Internet, especially given the ease, scope and speed of the dissemination of information (see Delfi AS, cited above,§ 147), the Court also considers that regard must be had to the specificities of the style of communication on certain Internet portals. For the Court, the expressions used in the comments, albeit belonging to a low register of style, are common in communication on many Internet portals – a consideration that reduces the impact that can be attributed to those expressions.

 

(iii) Liability of the authors of the comments

 

  1. As regards the establishment, in the civil proceedings, of the commentators’ identities, the Court notes that the domestic authorities did not at all address its feasibility or the lack of it. The Constitutional Court restricted its analysis to stating that the injured party was unlikely to receive any compensation without the liability of the operator of the Internet portal.

At this juncture, the Court notes that there is no appearance that the domestic courts enquired into the conditions of commenting as such or into the system of registration enabling readers to make comments on the applicants’ websites.

  1. The national courts were satisfied that it was the applicants that bore a certain level of liability for the comments, since they had “disseminated” defamatory statements (see paragraph 42 above), however without embarking on a proportionality analysis of the liability of the actual authors of the comments and that of the applicants. For the Court, the conduct of the applicants providing platform for third-parties to exercise their freedom of expression by posting comments is a journalistic activity of a particular nature (seeDelfi AS, cited above§§ 112-13). Even accepting the domestic courts’ qualification of the applicants’ conduct as “disseminating” defamatory statements, the applicant’s liability is difficult to reconcile with the existing case-law according to which “punishment of a journalist for assisting in the dissemination of statements made by another person in an interview would seriously hamper the contribution of the press to discussion of matters of public interest and should not be envisaged unless there are particularly strong reasons for doing so” (see Jersild, cited above, § 35; Thoma v. Luxembourg, no. 38432/97, § 62, ECHR 2001‑III; and, mutatis mutandis, Verlagsgruppe News GmbH v. Austria, no.76918/01, § 31, 14 December 2006, Print Zeitungsverlag GmbHv. Austria, no. 26547/07, § 39, 10 October 2013; and Delfi AS, cited above, § 135).

 

(iv) Measures taken by the applicants and the conduct of the injured party

 

  1. The Court observes that although the applicants immediately removed the comments in question from their websites upon notification of the initiation of civil proceedings (see paragraphs 15 above), the Kúriafound them liable on the basis of the Civil Code, since by enabling readers to make comments on those websites and in connection to the impugned article, they had assumed objective liability for any injurious or unlawful comments made by those readers. As the Budapest Court of Appeal held, the circumstances of removing the comments were not a matter relevant for the assessment of objective liability but one for the assessment of any compensation (see paragraph 20 above).
  2. The Court observes that the applicants took certain general measures to prevent defamatory comments on their portals or to remove them. Both applicants had a disclaimer in their General terms and conditions stipulating that the writers of comments – rather than the applicants – were accountable for the comments. The posting of comments injurious to the rights of third parties were prohibited. Furthermore, according to the Rules of moderation of the second applicant, “unlawful comments” were also prohibited. The second applicant set up a team of moderators performing partial follow-up moderation of comments posted on its portal. In addition, both applicants had a notice-and-take-down system in place, whereby anybody could indicate unlawful comments to the service provider so that they be removed. The moderators and the service providers could remove comments deemed unlawful at their discretion (see paragraphs 7-10 above).
  3. The domestic courts held that, by allowing unfiltered comments, the applicants should have expected that some of those might be in breach of the law. For the Court, this amounts to requiring excessive and impracticable forethought capable of undermining freedom of the right to impart information on the Internet.
  4. The Court also observes that the injured company never requested the applicants to remove the comments but opted to seek justice directly in court – an element that did not attract any attention in the domestic evaluation of the circumstances.

Indeed, the domestic courts imposed objective liability on the applicants for “having provided space for injurious and degrading comments” and did not perform any examination of the conduct of either the applicants or the plaintiff.

 

(v) Consequences of the comments for the injured party

 

  1. As the Court has previously held in the context of compensation for the protraction of civil proceedings, juristic persons may be awarded compensation for non-pecuniary damage, where consideration should be given to the company’s reputation (see Comingersoll S.A. v. Portugal[GC], no. 35382/97, § 35, ECHR 2000‑IV). However, the Court reiterates that there is a difference between the commercial reputational interests of a company and the reputation of an individual concerning his or her social status. Whereas the latter might have repercussions on one’s dignity, for the Court interests of commercial reputation are primarily of business nature and devoid of the same moral dimension which the reputation of individuals encompasses. In the instant application, the reputational interest at stake is that of a private company; it is thus a commercial one without relevance to moral character (see, mutatis mutandis, Uj, cited above, § 22).
  2. The consequences of the comments must nevertheless be put into perspective. At the time of the publication of the article and the impugned comments, there were already ongoing inquiries into the plaintiff company’s business conduct (see paragraph 17 above). Against this background, the Court is not convinced that the comments in question were capable of making any additional and significant impact on the attitude of the consumers concerned. However, the domestic courts do not appear to have evaluated whether the comments reached the requisite level of seriousness and whether they were made in a manner actually causing prejudice to a legal person’s right to professional reputation (see paragraph 57 above).

 

(vi) Consequences for the applicants

 

  1. The applicants were obliged to pay the court fees, including the fee paid by the injured party for its legal representation (see paragraph 22 above), but no awards were made for non-pecuniary damage. However, it cannot be excluded that the court decision finding against the applicants in the present case might produce legal basis for a further legal action resulting a damage award. In any event, the Court is of the view that the decisive question when assessing the consequence for the applicants is not the absence of damages payable, but the manner in which Internet portals such as theirs can be held liable for third-party comments. Such liability may have foreseeable negative consequences on the comment environment of an Internet portal, for example by impelling it to close the commenting space altogether. For the Court, these consequences may have, directly or indirectly, a chilling effect on the freedom of expression on the Internet. This effect could be particularly detrimental for a non-commercial website such as the first applicant (compare and contrast Delfi AS, cited above, § 161).
  2. The Constitutional Court held that the operation of Internet portals allowing comments without prior moderation was a forum of the exercise of freedom of expression (see paragraph 25 above). Indeed, the Court stressed on many occasions the essential role which the press plays in a democratic society (see De Haes and Gijsels v. Belgium, cited above, § 37) – a concept which in modern society undoubtedly encompasses the electronic media including the Internet.
  3. However, the Court cannot but observe that the Hungarian courts paid no heed to what was at stake for the applicants as protagonists of the free electronic media. They did not embark on any assessment of how the application of civil-law liability to a news portal operator will affect freedom of expression on the Internet. Indeed, when allocating liability in the case, those courts did not perform any balancing at all between this interest and that of the plaintiff. This fact alone calls into question the adequacy of the protection of the applicants’ freedom-of-expression rights on the domestic level.

 

(vii) Conclusion

 

  1. The Court considers that the rigid stance of the Hungarian courts reflects a notion of liability which effectively precludes the balancing between the competing rights according to the criteria laid down in the Court’s case law (see Von Hannover (no. 2), cited above, § 107).
  2. At this juncture, the Court reiterates that it is not for it to express a view on the appropriateness of methods chosen by the legislature of a respondent State to regulate a given field. Its task is confined to determining whether the methods adopted and the effects they entail are in conformity with the Convention (see Gorzelik and Others v. Poland, cited above, § 67).
  3. However, in the case of Delfi AS, the Court found that if accompanied by effective procedures allowing for rapid response, the notice-and-take-down-system could function in many cases as an appropriate tool for balancing the rights and interests of all those involved. The Court sees no reason to hold that such a system could not have provided a viable avenue to protect the commercial reputation of the plaintiff. It is true that, in cases where third-party user comments take the form of hate speech and direct threats to the physical integrity of individuals, the rights and interests of others and of the society as a whole might entitle Contracting States to impose liability on Internet news portals if they failed to take measures to remove clearly unlawful comments without delay, even without notice from the alleged victim or from third parties (see Delfi AS, cited above, § 159). However, the present case did not involve such utterances.

The foregoing considerations are sufficient for the Court to conclude that there has been a violation of Article 10 of the Convention.

II.- APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

92. Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

 

A. Damage

 

  1. The applicants made no damage claim.

 

B. Costs and expenses

 

  1. The applicants, jointly, claimed 5,100 euros (EUR) for the costs and expenses incurred before the Court. This sum corresponds to 85 hours of legal work billable by their lawyer at an hourly rate of EUR 60.
  2. The Government contested this claim.
  3. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award the full sum claimed.

 

C. Default interest

 

  1. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

 

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

  1. Declaresthe application admissible;

 

  1. Holdsthat there has been a violation of Article 10 of the Convention;

 

  1. Holds

 

(a) that the respondent State is to pay the applicants, jointly, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 5,100 (five thousand one hundred euros), plus any tax that may be chargeable to the applicants, in respect of costs and expenses, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

 

 

Done in English, and notified in writing on 2 February 2016, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Françoise Elens-Passos.- Registrar

Vincent De Gaetano.- Vice-President

 

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the separate opinion of Judge Kūris is annexed to this judgment.

 

CONCURRING OPINION OF JUDGE KŪRIS

  1. Somewhat similarly to Delfi AS v. Estonia(GC] (no. 64569/09, ECHR 2015), which was, in the Court’s own words, “the first case in which the Court has been called upon to examine a complaint of this type [regarding the liability of Internet providers for the contents of comments]”, the present case is the first in which the principles set forth in Delfi AS, to the balanced reasoning in which I subscribe, have been called upon to be applied and, at the same time, tested.

 

  1. Together with my colleagues, I voted for the finding of a violation of Article 10 of the Convention. The vulgar and offensive comments dealt with in the present case were value judgments of no value whatsoever; however, they did not incite violence, did not stoop to the level of hate speech and, at least in this most important respect, could not a prioribe viewed by the applicants as “clearly unlawful”. This is essentially what distinguishes these comments from the hate speech dealt with in Delfi AS. This decisive difference is rightly noted in, inter alia, paragraph 64 of the judgment. Thus, although it results in the opposite conclusion to that found in Delfi AS, the present judgment does not, in my opinion, depart from the Delfi ASprinciples.

 

  1. Consequently, this judgment should in no way be employed by Internet providers, in particular those who benefit financially from the dissemination of comments, whatever their contents, to shield themselves from their own liability, alternative or complementary to that of those persons who post degrading comments, for failing to take appropriate measures against these envenoming statements. If it is nevertheless used for that purpose, this judgment could become an instrument for (again!) whitewashing the Internet business model, aimed at profit at anycost.

 

If, alas, such a regrettable turn of events should occur, those in the Internet business would not stand alone in their moral responsibility for further contamination of the public sphere. And we cannot pretend that we do not know who – if not personally, still certainly institutionally – would have to share that responsibility. If things develop in that direction, then Judge Boštjan Zupančič’s pointed remark in his concurring opinion in Delfi AS would become even more pertinent (emphasis added):

 

“I do not know why the national courts hesitate in adjudicating these kinds of cases and affording strict protection of personality rights and decent compensation to those who have been subject to these kinds of abusive verbal injuries, but I suspect that our own case-law has something to do with it.”

 

  1. This is the first post-Delfijudgment, but, of course, it will not be the last. It is confined to the individual circumstances of this particular case. There will inevitably be other cases dealing with liability for the contents of Internet messages and the administration thereof. Today, it is too early to draw generalising conclusions. One should look forward to these future cases, with the hope that the present judgment, although it may now appear to some as a step back from Delfi AS, will prove to be merely further evidence that the balance to be achieved in cases of this type is a very subtle one.
12Feb/16

Pennsylvania State University. Dickinson School of Law, University Park, Pennsylvania, USA

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11Feb/16

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, prevé que las Comunidades Autónomas que así lo decidan puedan crear sus propios órganos independientes para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública. Con este objetivo, el artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía creó el Consejo de Transparencia y Protección de Datos como la autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de la previsión antes indicada, junto con la contenida en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. Igualmente, la regulación contenida en el Capítulo II del Título V de la citada Ley andaluza establece en su artículo 46.2 que la constitución efectiva del Consejo tendrá lugar conforme a lo que determinen sus estatutos, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno y que contendrán en todo caso su estructura, competencias, organización y funcionamiento.

Los Estatutos se componen de 20 artículos, divididos en tres capítulos, que regulan aspectos relacionados con la organización y las funciones del Consejo.

El primero de ellos aborda los aspectos generales del organismo, como su naturaleza jurídica, independencia o régimen jurídico. El Capítulo II desarrolla la elección, composición y funcionamiento de los órganos del Consejo, dedicando una Sección a la Dirección del Consejo y otra a la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos. El Capítulo III está dedicado al régimen de personal, de contratación, patrimonial, económico y presupuestario. Los Estatutos han concretado el sistema de elección y cese tanto de la persona que ejerza la Dirección como de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos. Respecto a la organización, la actividad ordinaria del Consejo girará sobre la Dirección, de la que dependerán dos Áreas (de Transparencia y de Protección de Datos), una Asesoría Jurídica y una Secretaría General.

El Decreto se completa con diversas disposiciones que se dedican a la actividad necesaria a desplegar para su puesta en funcionamiento de un modo efectivo. Concretamente, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales. El régimen transitorio incluye el procedimiento inicial de nombramiento de la persona titular de la Dirección y de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, así como la provisión inicial de los puestos de trabajo del Consejo, caracterizada por la contención del gasto. Igualmente, el período transitorio se caracteriza por la colaboración y coordinación de las Consejería de la Presidencia y Administración Local y de Hacienda y Administración Pública para la efectiva entrada en funcionamiento del Consejo. En materia de protección de datos, se prevé un régimen que permite la asunción gradual de competencias dado que la Agencia Española de Protección de Datos viene ejerciendo estas funciones y queda asegurada su correcta ejecución sin merma en la seguridad jurídica. De esta manera, el Consejo ejercerá plenamente las competencias en materia de transparencia desde el inicio, siendo imprescindible para el ejercicio por la Comunidad Autónoma de competencias en protección de datos, la tramitación y aprobación de los instrumentos que sean necesarios de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, produciéndose así una transición ordenada en la asunción y aplicación de las mismas

En la tramitación de la presente norma se ha cumplimentado el trámite de información pública a que se refiere el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en coherencia con la normativa de transparencia y el principio de participación de los ciudadanos, para garantizar la efectividad de los derechos en materia de transparencia y protección de datos.
Este Decreto encuentra fundamento competencial directo en el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que reconoce a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos. Asimismo, el Decreto constituye una herramienta para el logro de los objetivos y principios que el propio Estatuto fija en los artículos 82, en cuanto reconoce competencias ejecutivas en materia de protección de datos, y los artículos 10.1, 10.3.19.º y 30.1, en lo referente a la materia de transparencia pública, que otorgan a la Comunidad la facultad de promover las medidas de acción y mecanismos de información necesarios para hacer realidad el derecho de participación ciudadana, como elementos favorecedores de una mejor calidad democrática.

Por todo ello, en virtud de las citadas competencias estatutarias y de las previstas en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 29 de septiembre de 2015,

dispongo:

Artículo único. Aprobación de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
Se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el ejercicio de la previsión contenida en el artículo 46.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Disposición adicional única. Representación en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos
La Dirección del Consejo representará a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Disposición transitoria primera. Nombramientos iniciales
1. Tras la entrada en vigor del Decreto, la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia solicitará al Parlamento de Andalucía la designación de la persona titular de la Dirección, que será nombrada por el Consejo de Gobierno una vez comunicada.
2. En el plazo máximo de cinco días desde el nombramiento de la persona titular de la Dirección, la Consejería de la Presidencia y Administración Local solicitará a las entidades a quienes corresponde proponer los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos la remisión en el plazo de veinte días desde su recepción de su propuesta de nombramiento, que incluirá una persona titular y otra suplente.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de puestos de trabajo
1. Tras la elección de la persona titular de la Dirección, y hasta la aprobación y cobertura de la relación de puestos de trabajo del Consejo en el modo previsto en esta disposición, la Consejería competente en materia de transparencia y la competente en materia de Administración Pública proporcionarán el apoyo necesario a la Dirección del Consejo para el ejercicio de sus funciones.
2. La persona titular de la Dirección, con la colaboración de la Consejería competente en materia de Administración Pública, elaborará la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y la remitirá al órgano competente para su aprobación, en el plazo máximo de seis meses desde su nombramiento.

Disposición transitoria tercera. Competencias en materia de protección de datos
El Consejo asumirá las funciones en materia de protección de datos que tiene atribuidas de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias para su asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. En tanto se lleve cabo la aprobación y ejecución de dichas disposiciones continuarán siendo ejercidas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Hasta que se produzca la asunción efectiva del ejercicio de las competencias en materia de protección de datos, el Consejo y la Agencia Española de Protección de Datos podrán adoptar en el ámbito de la cooperación institucional los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final primera. Habilitación a Consejerías
1. Se habilita a la Consejería competente en materia de transparencia para dictar las disposiciones y realizar las actuaciones que sean necesarias para la puesta en funcionamiento y favorecer el ejercicio de las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
2. La Consejería competente en materia de Hacienda, dentro de las disponibilidades presupuestarias, habilitará los créditos necesarios y realizará las oportunas modificaciones presupuestarias para la puesta en marcha, funcionamiento y ejercicio de las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
3. Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para realizar las oportunas adaptaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria, al objeto de facilitar la puesta en marcha, funcionamiento y ejercicio de las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, así como para realizar las creaciones, supresiones y modificaciones precisas en cualquiera de los puestos de trabajo, atendiendo a los principios de eficacia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El Consejo se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos.

Artículo 2. Independencia
El Consejo ejercerá sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las mismas.

Artículo 3. Finalidad del Consejo
1. El Consejo tendrá como finalidad, en materia de transparencia, velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública.
2. El Consejo tiene como finalidad, en materia de protección de datos, velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma.
3. El Consejo ejercerá las funciones en materia de transparencia y de protección de datos atribuidas por el Capítulo II del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Artículo 4. Principios de funcionamiento
1. La actuación del Consejo debe inspirarse en los principios previstos en los artículos 6 y 43.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio.
2. El Consejo prestará especial atención en el ejercicio de sus funciones al contenido de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
3. El Consejo, en el desarrollo de sus fines y en el ejercicio de sus funciones, ponderará el interés público en el derecho de acceso a la información pública derivado de los principios de publicidad y transparencia de la actuación de los poderes públicos, con el derecho de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información publicada o solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el resto de límites previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 5. Ámbito de actuación del Consejo
1. En materia de transparencia pública, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las personas y entidades a las que se refieren los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, salvo las excepciones, en materia de reclamaciones, previstas en el artículo 33.2 de dicha Ley.
2. En materia de protección de datos, y en aplicación del artículo 82 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones Locales, las universidades del sistema universitario andaluz, así como las entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas.

Artículo 6. Sede del Consejo
El Consejo tiene su sede en la ciudad de Sevilla.

Artículo 7. Régimen jurídico del Consejo
1. El Consejo tendrá la consideración de Administración Institucional a los efectos previstos en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. En consecuencia, se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones.
2. El Consejo se regirá por estos Estatutos, y por lo establecido en las siguientes normas:
a) La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y su normativa de desarrollo.
b) La Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y supletoriamente por lo dispuesto en la misma Ley para las agencias administrativas.
c) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y su normativa de desarrollo, en aquellos artículos que tengan el carácter de básico.
d) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y en su normativa de desarrollo.
f) Las demás normas que resulten de aplicación.

CAPÍTULO II.- De la organización del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Artículo 8. Estructura y funcionamiento del Consejo
1. El Consejo se estructura en los siguientes órganos:
a) La Dirección del Consejo (en adelante la Dirección), órgano de carácter unipersonal.
b) La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos (en adelante la Comisión Consultiva).
2. A la Dirección se adscribirán las diversas áreas y unidades administrativas que se incluyan en la relación de puestos de trabajo, y que tendrán asignadas la gestión de las competencias de la misma, de la que dependerán orgánica y funcionalmente. Su estructura básica, que se podrá ampliar, se compondrá al menos de las siguientes áreas y unidades:
a) Área de Transparencia, que desarrollará las tareas de ordenación, tramitación, gestión y propuesta, de las funciones relacionadas con la materia de transparencia pública, así como otras que le sean encomendadas por la Dirección.
b) Área de Protección de Datos, que desarrollará las tareas de ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las funciones relacionadas con la materia de protección de datos, así como otras que le sean encomendadas por la Dirección.
c) Secretaría General, que será responsable de la gestión interna y asuntos de la administración general y de funcionamiento del Consejo, de los servicios informáticos y telecomunicaciones, así como de los asuntos atribuidos por estos Estatutos.
d) Asesoría Jurídica, que tendrá como cometido el asesoramiento jurídico del Consejo.
3. Las personas responsables de las Áreas y de la Secretaría General serán nombradas por la persona titular de la Dirección, de entre personas que ostenten la condición de personal funcionario de carrera del Subgrupo A1, a través del procedimiento de libre designación.
La Asesoría Jurídica podrá ser provista por el procedimiento anterior o encomendada al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía mediante convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, en conexión con el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
4. La persona responsable de la Secretaría General sustituirá a la de las Áreas en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Aquella será sustituida por la persona responsable del Área de Transparencia o de Protección de Datos, en ese orden, en los mismos supuestos, sin perjuicio de lo previsto para la suplencia de la Secretaría de la Comisión Consultiva.
5. Las distintas unidades ejercerán sus funciones coordinadamente, especialmente en la ponderación de los derechos, principios e intereses relacionados con la transparencia pública y la protección de datos, en los términos de la Ley 1/2014, de 24 de junio, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el resto de normativa sectorial en esas materias. Para ello, la Dirección podrá crear grupos o comisiones de trabajo para mejorar la coordinación de sus actividades, así como asignar provisionalmente al personal del Consejo a dichos grupos o comisiones.
6. La representación y defensa jurisdiccional del Consejo podrán ser encomendadas al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, mediante el correspondiente convenio, que, en su caso, deberá incluir una cláusula para los supuestos en los que exista contraposición de intereses, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, en conexión con el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
7. El Consejo ejercerá sus funciones a través de su Dirección, cuyos actos serán ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa.

Sección 1.ª- De la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Artículo 9. Rango e incompatibilidades de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. La persona nombrada tendrá la consideración de Alto Cargo, con rango asimilado al de persona titular de Viceconsejería, y ejercerá sus funciones con plena independencia, neutralidad, dedicación exclusiva y objetividad, no estando sujeta a instrucción o indicación alguna en el desempeño de aquellas. No obstante, la Dirección deberá oír a la Comisión Consultiva en los supuestos en los que esta deba ser o sea consultada.
2. La persona titular de la Dirección estará sujeta al régimen de incompatibilidades y obligaciones de los Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyas normas serán de aplicación además de las previstas en estos Estatutos. Igualmente, le resulta de aplicación el régimen de buen gobierno previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
3. El cargo es, asimismo, incompatible con:
a) El ejercicio de cualquier cargo electo o de designación política.
b) El desarrollo de cualquier cargo o puesto en las Administraciones Públicas o sus entidades públicas o privadas adscritas o dependientes.
c) La representación de cualquier Administración en los órganos de gobierno o consejos de dirección de empresas de capital público.
d) La afiliación o el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales.
e) El ejercicio de cualquier cargo o puesto de dirección o ejecutivas en fundaciones o asociaciones relacionadas con las competencias del Consejo.
f) Tener directa o indirectamente intereses en empresas, entidades o sociedades cuyo objeto social o actividad estén relacionados con las competencias del Consejo.

Artículo 10. Funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. La persona titular de la dirección ejerce las funciones de dirección, gestión y representación legal del Consejo, y la Presidencia de la Comisión Consultiva.
2. Corresponde a la Dirección las funciones atribuidas en el artículo 48.1 y la disposición adicional tercera de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
3. Además, le corresponde a la Dirección:
a) Planificar, coordinar, impulsar y dirigir las actividades del Consejo, así como la promoción y alcance de sus objetivos y funciones.
b) Dictar los actos, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las funciones del Consejo.
c) Las relaciones con la Consejería de la Presidencia y Administración Local en el desarrollo de las funciones del Consejo.
d) Dictar recomendaciones y directrices en materia de transparencia pública y protección de datos.
e) Aprobar y remitir el Informe anual al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos, así como comparecer ante el Parlamento para su presentación.
f) Representar al Consejo en las reuniones de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
g) Firmar convenios y otros instrumentos de colaboración en materias específicas dentro del ámbito de sus actuaciones y competencia.
h) Acordar el ejercicio de acciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicia.
i) El ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación del artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
4. Asimismo, le corresponde, respecto a la gestión y administración del Consejo:
a) Ejercer la superior dirección del personal del Consejo.
b) Elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y remitirla al órgano competente.
c) Garantizar que el Consejo integre la perspectiva de género en cuantas actuaciones internas o externas lleve a cabo.
d) Aprobar y remitir a la Consejería de la Presidencia y Administración Local el Anteproyecto de Presupuestos del Consejo.
e) Presentar la rendición de cuentas ante los órganos que prevea la legislación vigente.
f) Autorizar y disponer los gastos, ordenar los pagos, ejercer las facultades atribuidas a los órganos de contratación.
g) Dictar instrucciones de funcionamiento interno del Consejo.

Artículo 11. Nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. La designación de la persona titular de la Dirección corresponde al Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta de sus miembros, por el procedimiento que determine la Cámara. La designación deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional, con una experiencia mínima de quince años en materias relacionadas con la administración pública y que no esté incursa en las incompatibilidades indicadas en el artículo 9.
2. La persona que ejerza la Dirección será nombrada por decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con la designación efectuada por el Parlamento de Andalucía y a propuesta de la Consejería competente en materia de transparencia, por un período de cinco años no renovable, y con los efectos previstos en el artículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
3. La persona que ejerza la Dirección sólo cesará antes de la expiración de su periodo de mandato por alguna de las siguientes causas:
a) Muerte o incapacitación judicial declarada en sentencia firme.
b) Renuncia, que será comunicada al Parlamento de Andalucía y será efectiva a partir de la fecha de entrada en el registro del mismo.
c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que necesariamente será oída la Comisión Consultiva, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso por sentencia firme.
En los supuestos de cese anticipado, la Consejería competente en materia de transparencia, en el plazo máximo de quince días desde que fuera efectivo el cese, solicitará al Parlamento una nueva designación, sin perjuicio de que el Parlamento lleve a cabo dicha designación por el procedimiento que determine su normativa.
4. En el supuesto de muerte, incapacitación judicial, renuncia o cualquier otra causa legal, las funciones del cargo serán desarrolladas por la persona titular de la Secretaría General hasta la efectividad del nuevo nombramiento.
5. En el supuesto de separación, el expediente será incoado y tramitado por la Consejería competente en materia de transparencia. Durante la tramitación del expediente y, en su caso, tras su resolución si se acordara el cese, las funciones del cargo serán desarrolladas por la persona titular de la Secretaría General hasta la efectividad del nuevo nombramiento.
6. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, o bien cuando concurra alguna causa de abstención o recusación, la persona titular de la Dirección será sustituida por la persona que ocupe la Secretaría General.
7. Una vez expirado su mandato, la persona titular de la Dirección continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la efectividad del nuevo nombramiento.
La Consejería de la Presidencia y Administración Local informará al Parlamento de Andalucía del fin del mandato ordinario con una antelación de tres meses a que este se produzca.

Sección 2.-. De la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

Artículo 12. Composición y estatuto personal de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. La Comisión Consultiva se constituye como órgano de participación y consulta en Andalucía en materia de transparencia pública y protección de datos.
2. La Comisión Consultiva estará compuesta por la persona que ejerza la Dirección, que la presidirá, y por catorce miembros, que serán nombrados por la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia. Los nombramientos serán efectivos desde la fecha de publicación de los mismos en el BOJA.
3. La Consejería competente en materia de transparencia solicitará las propuestas con una antelación mínima de un mes a la fecha de expiración del mandato. Las propuestas incluirán tanto el nombre de la persona que ejercerá el cargo como titular, así como de la que lo ejerza como suplente, que deberá gozar de la misma condición exigida a aquella. Las entidades proponentes serán:
a) La Administración de la Junta de Andalucía, dos miembros designados por la Consejería competente en materia de transparencia.
b) El Parlamento de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Diputado o Diputada.
c) La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, un miembro.
d) La Cámara de Cuentas de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Consejero o Consejera de la misma.
e) Las Administraciones Locales andaluzas, un miembro, a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación.
f) Las Universidades Públicas andaluzas, un miembro, a través del Consejo Andaluz de Universidades.
g) Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias, un miembro, a través del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.
h) Las entidades representativas de los intereses sociales, dos miembros, en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Andalucía.
i) Las entidades representativas de los intereses económicos, un miembro, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Andalucía.
j) Tres personas expertas en la materia de transparencia o de protección de datos, designadas por la Consejería competente en materia de transparencia, que podrán provenir de entidades que representen a colectivos de profesionales de archivos, de la documentación, de entidades dedicadas al fomento de la transparencia, de entidades relacionadas con la protección de datos, y del ámbito universitario, entre otras.
4. Las propuestas deberán recaer en personas con conocimiento en las materias competencia del Consejo. Se garantizará el principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres.
5. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad o causa de abstención o recusación del miembro titular, esta será sustituido por el miembro suplente. La Presidencia decidirá sobre la concurrencia de causa de recusación en cualquiera de los miembros o de la persona que ejerza la Secretaría, o bien la mayoría absoluta de miembros si fuera la persona que ejerza la Presidencia en la que concurra la posible causa.

Artículo 13. Mandato, renovación y cese de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. Las personas titulares y suplentes de la Comisión Consultiva desempeñarán su cargo durante cinco años desde la publicación de su nombramiento. Su mandato podrá ser prorrogado por una sola vez, salvo comunicación de propuesta de nueva persona titular o suplente con una antelación de un mes a la expiración del mandato.
2. Estos cesarán anticipadamente:
a) En los mismos supuestos de cese anticipado de la persona titular de la Dirección previstos en el artículo 11.3.
b) Por decisión de la entidad proponente.
c) Por la pérdida de la condición que habilite su designación, en su caso.
3. La entidad proponente comunicará el cese anticipado a la Consejería competente en materia de transparencia e incluirá una nueva propuesta de nombramiento. Recibida la propuesta, la Consejería procederá a su nombramiento y publicación en el BOJA.
4. Si el cese anticipado afectara tanto a la persona titular como a la persona suplente, en los casos de renuncia, de decisión de la entidad proponente o de pérdida de la condición que habilite la designación, estos seguirán desempeñando sus funciones hasta el nombramiento de las nuevas personas. Las nuevas personas titulares o suplentes desarrollarán sus funciones durante el tiempo que reste para completar el mandato de quien causó la vacante a cubrir, sin perjuicio de la posible prórroga de su nombramiento para el siguiente mandato.

Artículo 14. Régimen de funcionamiento de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. Los miembros de la Comisión Consultiva estarán sujetos al régimen de abstención y recusación previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
2. La Comisión Consultiva podrá invitar a través de su Presidencia a personas de reconocido prestigio y experiencia a asesorar a la misma en alguna de sus reuniones.
3. El desempeño de la condición de miembro o asesor de la Comisión Consultiva no conllevará retribución alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones previstas para la asistencia a sus sesiones, que se regirá por lo dispuesto en la normativa de la Administración de la Junta de Andalucía.
4. Las decisiones de la Comisión Consultiva se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
5. La Comisión Consultiva se reunirá con carácter ordinario cada tres meses, sin perjuicio de las convocatorias extraordinarias acordadas por la Presidencia a decisión propia o por solicitud motivada de un tercio de sus miembros. Se facilitará el uso de medios telemáticos para la celebración de las reuniones, así como para la remisión de la información.
6. La Secretaría de la Comisión Consultiva será ejercida por la persona titular de la Secretaría General, que participará con voz y sin voto, pudiendo contar con el auxilio del personal funcionario del Consejo que se determine. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, o causa de abstención o recusación, ejercerá sus funciones quien indique la persona titular de la Dirección de entre el personal funcionario del Consejo pertenecientes al Subgrupo A1.
7. Las actas de la Comisión Consultiva serán públicas y se publicarán en la página web o sede electrónica del Consejo, sin perjuicio de la aplicación de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
8. La Comisión Consultiva quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, si están presentes la Presidencia, la Secretaría y al menos la mitad de sus miembros; y en segunda convocatoria, si están presentes la Presidencia, la Secretaría y al menos un tercio de sus miembros.
9. La Comisión Consultiva aprobará un reglamento de funcionamiento interno en el marco de lo previsto en este Estatuto, a propuesta de la Dirección.

Artículo 15. Funciones de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. La Comisión Consultiva desarrollará las siguientes funciones:
a) Asesorar a la Dirección en el ejercicio de sus funciones.
b) Formular propuestas a la Dirección en el ámbito de las competencias del Consejo, especialmente en la elaboración de recomendaciones y directrices en las materias propias del Consejo.
c) Ser oída en el procedimiento sobre la separación de la persona titular de la Dirección en los supuestos del artículo 47.4 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, así como de sus miembros.
d) Informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales sobre las materias competencia del Consejo.
e) Analizar la propuesta de Informe anual con carácter previo a su remisión al Parlamento de Andalucía.
f) Aquellas otras que se le puedan atribuir por la Dirección.
2. La Comisión Consultiva podrá solicitar a la Dirección la información que estime oportuna para el desarrollo de sus funciones, ya sea del propio Consejo o de las personas y entidades incluidas en el ámbito de actuación del mismo.
3. Sin perjuicio del envío de la documentación necesaria para el desarrollo de las reuniones, la Dirección remitirá trimestralmente en formato electrónico a los miembros de la Comisión Consultiva información sobre la actividad del Consejo y las materias de su competencia.
4. La Comisión Consultiva podrá crear subcomisiones o grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus competencias, que estarán compuestas por sus propios miembros.

CAPÍTULO III.- Régimen de Personal, Contratación, Patrimonial, Económico y Presupuestario

Artículo 16. Personal
1. El personal al servicio del Consejo vendrá determinado por la correspondiente relación de puestos de trabajo. La provisión de puestos y el régimen de personal del Consejo estarán sometidos a la legislación de función pública de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. La propuesta de relación de puestos de trabajo será elaborada por la Dirección y deberán constar los puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal funcionario, así como la determinación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso a que estén adscritos, los sistemas de provisión de puestos y las retribuciones complementarias, según lo previsto en el Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación de las relaciones de puestos de trabajo.
3. El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta de potestades públicas o salvaguardia de interés generales, será exclusivamente atribuido al personal que ostente la condición de funcionario de carrera.
4. Todo el personal del Consejo estará obligado a guardar reserva sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.
5. El personal funcionario del Consejo cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrán el carácter de agente de la autoridad.

Artículo 17. Contratación
1. El Consejo tiene la consideración de administración pública a los efectos de la legislación de contratos del sector público, según lo previsto en el artículo 3.2 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. El órgano de contratación es la Dirección, sin perjuicio de las competencias que pueda delegar.

Artículo 18. Patrimonio
1. El régimen de patrimonio del Consejo se ajustará a las previsiones de la legislación de patrimonio de Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de carácter básico.
2. El patrimonio del Consejo estará integrado por los bienes y derechos que le sean adscritos o cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquier otra Administración Pública, así como por todos aquellos bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 19. Recursos económicos
La financiación del Consejo se hará con cargo a los siguientes recursos:
a) Las asignaciones presupuestarias establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Las subvenciones que le sean concedidas.
c) Los rendimientos de las publicaciones, estudios y demás actuaciones del Consejo.
d) Contraprestaciones derivadas de los convenios firmados por el Consejo.
e) Los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio.
f) Cualesquiera otros que pudiera recibir según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Artículo 20. Régimen presupuestario y de control
1. Corresponde a la Dirección aprobar el Anteproyecto de Presupuesto, que será remitido a la Consejería competente en materia de Hacienda a través de la Consejería competente en materia de transparencia, para su incorporación como sección del Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año que corresponda.
2. El Consejo está sometido al régimen de presupuestos, intervención y contabilidad establecidos por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, por la Ley de Presupuestos para cada ejercicio, así como a las demás determinaciones establecidas al respecto en las disposiciones que las desarrollan.
3. Las funciones de control interno y contabilidad del Consejo corresponderán a una Intervención Delegada, en los términos previstos por la normativa vigente.

11Feb/16

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10Ene/16

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L6162 Unfair Competition & Related Topics in Intellectual Property

L6341 Copyright Law

L8168 S. perty in the Digital Age

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L9323 S. Intellectual Property in the Digital age

L9325 Computers, Privacy and the Law

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07Ene/16

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Fundada el 14 de abril de 2000, CEFORA es una empresa de consultoría que provee de soluciones estratégicas a empresas e instituciones, del ámbito público y privado, en distintas áreas de especialización como la formación, el desarrollo estratégico y la consultoría internacional.

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