Decreto Ejecutivo nº 372, de 19 de abril del 2018, publicado en el Registro Oficial nº 234, del 4 de mayo de 2018, se declara como política de Estado la mejora  regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental , mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la competitividad y el emprendimiento, propender a la eficiencia en la economía y garantizar la seguridad jurídica.

Decreto Ejecutivo 372, publicado en Registro Oficial Suplemento 234 de 4 de Mayo de 2018.

Lenín Moreno Garcés. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República establece que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;

Que, el artículo 53 de la Constitución de la República establece que las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación;

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho de acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;

Que, el artículo 82 de la Constitución, preceptúa que, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas a las autoridades competentes;

Que, el artículo 277 de la Constitución, prescribe como deberes generales del Estado para la consecución del buen vivir, entre otros: “1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza; 4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos; 5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones públicas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el Objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 apunta al incentivo de una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía y, plantea como políticas:

7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas;

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública;

7.6 Mejorar la calidad de las regulaciones y mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar su efectividad en el bienestar económico y social y,

7.9 Promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado;

Que, la disposición transitoria quinta del Código Orgánico Administrativo dispone que en el plazo de dos años contado s a partir de la fecha de su publicación, las entidades u órganos responsables del diseño de procesos dentro de la correspondiente administración pública, pondrán a disposición de la máxima autoridad administrativa, un estudio de reingeniería de los procedimientos administrativos dirigidos a cumplir de manera general a la simplificación de trámites;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 252 de 22 de diciembre de 2017, se declaró como política de Estado la atracción y promoción de inversiones;

Que, mediante Decreto Ejecutivo nº 149, publicado en el Suplemento del Registro Oficial nº 146 de 18 de diciembre de 2013, se emitieron disposiciones respecto de la implementación del gobierno electrónico y simplificación de trámites en la Administración Pública; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República y los literales a), b) y f) del artículo 11 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Decreta:

Artículo 1

Se declara como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental, mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la competitividad y el emprendimiento, propender a la eficiencia en la economía y garantizar la seguridad jurídica.

Artículo 2

Son fines de la mejora regulatoria y la simplificación de administrativa y de trámites los siguientes:

a. Garantizar los derechos, el bien común y mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con el sector público;

b. Garantizar la seguridad jurídica, mejorar el entorno regulatorio de la Administración Pública y fortalecer la confianza de los ciudadanos frente a la institucionalidad pública y privada;

c. Mejorar el clima de negocios e inversiones, promover la innovación e impulsar la economía popular y solidaria y, el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, reduciendo la imposición de costos y cargas administrativas;

d. Establecer estrategias y acciones que faciliten y mejoren el desarrollo de las actividades económicas mediante políticas que aseguren la calidad regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites;

e. Reducir la carga regulatoria y los costos de su cumplimiento a través de análisis de impacto, costo beneficio, decisiones basadas en evidencia y datos, el uso, interconexión e integración de plataformas tecnológicas, así como la participación de actores interesados, entre otros;

f. Fomentar capacidades internas y externas para gestionar los procesos de mejora regulatoria y simplificación administrativa y de trámites;

g. Propender al ahorro fiscal y, eliminar la burocracia y cargas burocráticas innecesarias; y,

h. Agilizar la prestación de servicios públicos y fomentar el uso y convergencia de plataformas tecnológicas.

Artículo 3

Las entidades de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades que dependen de la Función Ejecutiva están obligadas a implementar procesos de mejora regulatoria y simplificación administrativa y de trámites, los mismos que deben estar orientados a:

a. Simplificar los procedimientos administrativos y reducir al mínimo indispensable los requisitos y exigencias a los ciudadanos en su relación con la Administración Pública;

b. Suprimir los trámites, requisitos y procedimientos que conlleven costos de transacción y cumplimiento injustificados, innecesarios y redundantes, aquellos que hagan menos eficiente el funcionamiento de la Administración Pública y las actividades de sus destinatarios, así como los que se sujeten exclusivamente a la discrecionalidad de los servidores públicos;

c. Llevar a cabo un levantamiento sistemático y permanente de los trámites y procedimientos administrativos de su institución, así como su actualización;

d. Simplificar los procedimientos para el cumplimiento de los trámites por parte de los ciudadanos; y,

e. Implementar el uso progresivo de herramientas tecnológicas.

La simplificación de trámites debe vincular la evaluación ex ante de las regulaciones, su revisión ex post y su actualización gradual.

Artículo 4

Las entidades de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades que dependen de la Función Ejecutiva para proceder con la creación de un nuevo trámite o procedimiento administrativo deberán observar de manera obligatoria lo siguiente:

a. Justificar que la creación del nuevo trámite o requisito administrativo sea indispensable y no genere cargas o costos innecesarios a través de un análisis de costo- beneficio e impacto regulatorio.

b. Todo trámite o carga administrativa debe ser creado por acto normativo, ser publicado en la página web de la institución junto con el análisis técnico y jurídico que lo sustenta, de conformidad con este Decreto y normas técnicas aplicables y, deberá ser notificado a la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Para que el nuevo trámite o carga administrativa sea exigible a los administrados, el acto normativo correspondiente deberá ser publicado en el Registro Oficial.

Artículo 5

Las entidades de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades que dependen de la Función Ejecutiva, en el ámbito de sus competencias, elaborarán sus respectivos planes institucionales de simplificación administrativa y de trámites de acuerdo a los lineamientos, normativa, instrumentos, mecanismos y herramientas que para el efecto emita la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Los planes institucionales de simplificación administrativa y de trámites deben ser elaborados anualmente, y serán aprobados por la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Artículo 6

Créase el Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites, como un cuerpo colegiado que tendrá la finalidad de coordinar, fomentar y cooperar en materia de política regulatoria, así como en la eliminación, reducción, optimización, simplificación y automatización administrativa y de trámites en la Administración Pública Central, Institucional, y entidades que dependen de la Función Ejecutiva, además de otras instituciones del sector público o niveles de gobierno.

Artículo 7

El Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites estará integrado por:

a. El titular de la Secretaría General de la Presidencia o su delegado, quien lo presidirá, y tendrá voto dirimente;

b. La máxima autoridad de la entidad rectora en planificación nacional;

c. La máxima autoridad de la entidad rectora del trabajo; y,

d. La máxima autoridad de la entidad rectora en las telecomunicaciones.

El presidente del Comité podrá por iniciativa propia o por pedido de alguno de los miembros del Comité, invitar a otras entidades públicas o privadas para que en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a la materia o relevancia de los temas a ser tratados en su seno, participen en lo relativo a materia de política regulatoria y simplificación administrativa y de trámites.

Los delegados deberán tener al menos rango de subsecretarios y la entidad que preside el Comité ejercerá la secretaría del mismo.

Artículo 8

Son atribuciones del Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites, las siguientes:

a. Impulsar planes, proyectos, programas, metodologías interinstitucionales de mejora regulatoria y simplificación administrativa y de trámites, entre otros;

b. Aprobar el Plan Nacional de Política Regulatoria;

c. Aprobar el Plan Nacional de Simplificación de Trámites;

d. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento del el Plan Nacional de Política Regulatoria y el Plan Nacional de Simplificación de Trámites;

e. Coordinar con las entidades de la Función Ejecutiva, el levantamiento sistemático y permanente de los procedimientos y trámites administrativos para identificar aquellos que requieren de supresión y simplificación, así como su actualización;

f. Coordinar con las demás funciones del Estado y niveles de gobierno, el alineamiento de sus regulaciones y procedimientos con los objetivos de la política regulatoria, la simplificación administrativa y de trámites y la aplicación de políticas, metodologías y herramientas desarrolladas para el efecto;

g. Coordinar con el sector privado y la academia la identificación de trámites innecesarios en su relación con los usuarios, así como la progresiva simplificación y digitalización de sus servicios; y,

h. Las demás atribuciones que le sean asignadas por el Presidente de la República.

El Comité deberá presentar anualmente y de manera obligatoria un informe del cumplimiento del Plan de Mejora Regulatoria y Plan de Simplificación de Trámites en el sector público al Presidente de la República.

Artículo 9

La Secretaría General de la Presidencia de la República será el ente rector de la simplificación de trámites y administrativa, y ejercerá las siguientes atribuciones:

1. Establecer la normativa, lineamientos, políticas y directrices metodológicas sobre simplificación administrativa y de trámites en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;

2. Dictaminar en formar previa, obligatoria y vinculante sobre la creación de un nuevo trámite o requisito administrativo de acuerdo a la norma técnica que se emita para el efecto;

3. Recomendar formalmente la supresión de trámites o requisitos administrativos, para lo cual la entidad correspondiente tendrá el plazo de treinta días para justificarlos, luego de lo cual se dispondrá su permanencia o baja en un plazo de treinta días adicionales. A falta de respuesta justificada de la entidad en el plazo anteriormente previsto, el trámite o requisito administrativo quedará derogado automáticamente;

4. Coordinar con las instituciones de educación superior, personas jurídicas de Derecho Público y Privado, nacionales e internacionales, actividades de cooperación técnica y transferencia de tecnología, conocimiento y capacitación en materia de simplificación de trámites y simplificación administrativa;

5. Brindar asesoría técnica en materia de simplificación administrativa y de trámites al sector público y privado; y,

6. Convocar a las sesiones del Comité Interinstitucional de Simplificación de Trámites.

Artículo 10

Le corresponde a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ejercer la rectoría y regulación en materia de política regulatoria, y ejercerá las siguientes atribuciones:

a. Establecer la normativa, lineamientos, políticas, y directrices metodológicas sobre política regulatoria en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia de la República;

b. Aprobar los planes institucionales de política regulatoria y disponer los mecanismos para el análisis y seguimiento de calidad regulatoria;

c. Emitir informes de pertinencia regulatoria sobre los trámites existentes en la administración pública de acuerdo a la norma técnica que se emita para el efecto;

d. Coordinar con las instituciones de educación superior, personas jurídicas de Derecho Público y Privado, nacionales e internacionales, actividades de cooperación técnica y transferencia de tecnología, conocimiento y capacitación en materia de política regulatoria; y,

e. Desarrollar e implementar metodologías de medición de costos en las que incurren las personas naturales o jurídicas y el Estado, relacionadas con trámites administrativos.

Artículo 11

Le corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a. Facilitar condiciones tecnológicas para que las entidades del sector público aumenten la calidad de conectividad para la atención de los servicios que prestan a la ciudadanía, la generación, interconexión e integración de plataformas de información, la política digital cero papel, y la política de datos abiertos;

b. Implementar, en conjunto con las entidades correspondientes, el proceso de automatización de trámites entre las instituciones del sector público con el fin de digitalizar los servicios, trámites, gestión y procedimientos administrativos;

c. Coordinar con la academia, personas jurídicas de Derecho Público y Privado, nacionales e internacionales, actividades de cooperación técnica y transferencia de tecnología, conocimiento y capacitación;

d. Implementar, regular y administrar el Registro Unico de Trámites y Regulaciones en coordinación la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Artículo 12

Le corresponde al Ministerio del Trabajo el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a. Establecer la metodología para la gestión institucional y herramientas de gestión por procesos y prestación de servicios públicos de la Administración Pública;

b. Recibir propuestas ciudadanas para la mejora de procesos en el sector público;

c. Receptar y tramitar las quejas y denuncias ciudadanas relativas a las disposiciones constantes en la normativa sobre trámites administrativos;

d. Recomendar la mejora y automatización de procesos para el servicio público, simplificación administrativa y de trámites en el sector público, en caso de ser necesario; y,

e. Emitir lineamientos y evaluar la gestión en materia de calidad y excelencia de servicio público de las entidades de la Función Ejecutiva.

Artículo 13

Créase el Registro Nacional Único de Trámites y Regulaciones, con el objeto de generar, registrar, administrar y proveer información oportuna a los ciudadanos, sector público y privado, respecto de los requisitos y de las entidades responsables de cada trámite y regulación. Se creará un subregistro público individualizado y simplificado con los procedimientos y trámites que los emprendedores y empresas deban realizar frente al Estado.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información será la entidad encargada de diseñar y administrar el Registro Nacional Único de Trámites y Regulaciones para la consulta ágil, precisa y oportuna de la ciudadanía, el cuál debe contener información completa y vigente de trámites y regulaciones del Estado.

Las entidades que formen parte del Registro, deberán actualizar la información de manera periódica e informar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información sobre cualquier cambio en la información ingresada en el Registro.

Artículo 14

Previo a la remisión de una propuesta de un anteproyecto normativo, la entidad proponente deberá remitir un análisis de impacto regulatorio y de simplificación administrativa y de trámites de conformidad a la normativa que emita la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICION GENERAL UNICA:

Prohíbase a las órganos de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades que dependan de la Función Ejecutiva, exigir documentos o certificados que sean producidos o se encuentren a cargo de las entidades comprendidas dentro de este ámbito para la realización de trámites o gestiones administrativas. Para el cumplimiento de esta disposición se recurrirá a los respectivos portales institucionales, interconexión e interacción de información de registro de datos públicos y acceso a otro tipo de registros de libre acceso a través de internet.

Prohíbase además todo requisito de certificación o declaración ante Notario Público salvo que esté expresamente prescrito en la Ley.

La inobservancia de esta disposición será causal de sanción disciplinaria de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

En el plazo de 30 días contados a partir de la expedición del presente Decreto Ejecutivo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría General de la Presidencia de la República emitirán el acuerdo interministerial que desarrolle la norma técnica para el levantamiento de trámites administrativos.

SEGUNDA

En el plazo máximo de 90 días partir de la emisión del acuerdo interministerial descrito en la disposición precedente, las entidades públicas de la Función Ejecutiva deberán presentar a la Secretaría General de la Presidencia de la República un informe que contenga el levantamiento de sus trámites administrativos, así como sus tiempos, costos administrativos y de personal e ingresos asociados. El informe contendrá la recomendación de la máxima autoridad de la eliminación de los trámites que sean innecesarios y la justificación técnica que sustente la permanencia de aquellos que se consideren indispensables. De los trámites y procedimientos, cuya permanencia sea recomendada, el informe establecerá aquellos que puedan ser gestionados en línea, así como la recomendación de su plazo de implementación.

Vencido este plazo, el Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites, conocerá y validará los informes remitidos y dispondrá la ratificación o derogatoria de los trámites correspondientes en un plazo adicional de 60 días, de conformidad con el procedimiento que se establezca en la norma técnica establecida en la disposición precedente.

TERCERA

En el plazo de 60 días contados a partir de la expedición del presente Decreto Ejecutivo, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la plataforma informática que contendrá el Registro Único de Trámites y Regulaciones, así como sus correspondientes subregistros. Este plazo incluirá la emisión de la norma técnica que se determina en la disposición subsiguiente.

CUARTA

En el plazo máximo de 60 días contados a partir del establecimiento de la plataforma informática descrita en la disposición precedente, todas las entidades públicas de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades que dependen de la Función Ejecutiva, deberán incorporar en la plataforma del Registro Único de Trámites y Regulaciones la información correspondiente a cada uno de los trámites que tienen a su cargo, conjuntamente con sus requisitos y procedimientos, de conformidad a la norma técnica emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

QUINTA

En el plazo de 90 días contados a partir de expedición del presente Decreto Ejecutivo, las entidades que conforman el Comité de Simplificación de Trámites Interinstitucional, emitirán las normas técnicas para regular el proceso de política regulatoria y simplificación de trámites, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA

Deróguese los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto Ejecutivo nº 149, publicado en el Suplemento del Registro Oficial nº 146 de 18 de diciembre de 2013, y sus posteriores reformas.

SEGUNDA

Deróguese cualquier disposición de igual o menor jerarquía contrario a lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICION FINAL

De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Secretaría General de la Presidencia, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y al Ministerio del Trabajo.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de abril del 2018.

Fdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Fdo. Andrés Mideros Mora, Secretario General de la Presidencia de la República.

Quito, 23 de abril del 2018, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez. SECRETARIA GENERAL JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR